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El Gobierno desarrolla un plan funcional para adaptar los espacios judiciales a las necesidades de las víctimas

El proyecto comenzará con la Casa de la Infancia, que se construirá en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, dando cumplimiento a la recientemente aprobada Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, está desarrollando un plan funcional sobre el espacio, mobiliario y dependencias de uso de las víctimas dentro de los órganos judiciales con el fin de adaptar estos espacios judiciales a nuevos modelos organizativos que respondan a las necesidades específicas de las personas que los usan y trabajan en ellos. El primero de estos espacios adaptados será el de la Casa de la Infancia, que comenzará en breve su construcción en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el resto de edificios judiciales irá adaptándose entre 2022 y 2023.

Con el planteamiento de estas nuevas salas de espera, atención y declaración específicas para las víctimas se busca evitar situaciones en las que estas puedan verse expuestas públicamente, lo que provoca su doble victimización, así como dotar el proceso de declaración y toma de pruebas de una mayor seguridad, lo que permitirá prevenir el aumento del estrés de estas personas.

Esta mejora en la atención está impulsada desde la Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, que ha encargado el análisis de las instalaciones judiciales en las Islas y el diseño del proyecto.

Casa de la Infancia

La Casa de la Infancia adaptará los espacios judiciales en los que se trata con víctimas menores de edad a nuevos modelos organizativos que promoverán evitar el contacto entre ellas y el procesado en cualquier fase del procedimiento y que tratarán de evitar, siempre que sea posible, que las y los menores de edad deban prestar declaración en el plenario.

Según señala la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, el espacio dará cumplimiento a la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que fue aprobada el pasado mes de junio. En ella se remarca la importancia de los espacios como entornos adaptados a las víctimas menores de edad.

En concreto, en esta normativa, en el artículo 10, se apunta sobre el derecho de las víctimas a ser escuchadas y, para ello, se hace hincapié en que para ello se asegurará la adecuada preparación y especialización de profesionales, metodologías y espacios con el fin de que el testimonio de la víctima se obtenga con rigor, tacto y respeto. Además, el artículo 11 recoge que las administraciones públicas procurarán que la atención a las personas menores víctimas de violencia se realice en espacios que cuenten con un entorno amigable adaptado.

En la actualidad se cuenta con varias salas de espera adaptadas para menores que serán renovadas con este nuevo diseño. En concreto, el proyecto unirá estas en una gran sala de espera en las que las víctimas podrán deambular, aparte de dos salas de espera privadas para casos especiales. Estas serán espacios cálidos que contarán con vegetación interior y mobiliario en tonos cálidos y ergonómicos para mejorar la confianza de las personas.

También se reordenará el espacio dedicado a las salas Gessel, pasando a contar con cuatro salas de este tipo y dos polivalentes para la toma de declaración de menores por videoconferencia, entrevistas a menores o para pruebas constituidas. Así mismo, todos estos espacios contarán con luz y ventilación natural.

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Los Palacios de Justicia de Arrecife y Santa Cruz de Tenerife miden la calidad del aire para mejorar la salud

Los Palacios de Justicia de Arrecife y Santa Cruz de Tenerife miden la calidad del aire para mejorar la salud en el trabajo

La colocación de sensores de monitorización se incluye en la Estrategia de Transformación Digital de la Administración de Justicia en Canarias 2021-2023 y se realizará en todos los edificios judiciales de Canarias para hacerlos más seguros y sostenibles

Actualmente, y con motivo de la crisis de la Covid-19, hay instalados además 451 equipos de esterilización de aire en diversos edificios judiciales de las Islas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha puesto en funcionamiento en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife y en el Edificio Judicial de Arrecife sensores que monitorizan la calidad del aire en los puestos de trabajo como elemento fundamental en la prevención de riesgos laborales. Este proyecto, que se implantará en todos los edificios judiciales de Canarias, se concibe no solo para evitar la expansión del Coronavirus, sino como una herramienta indispensable para mejorar las condiciones medioambientales y de salud tanto del personal público como de las personas usuarias.

Esta medida se alinea con el Plan de Justicia 2030 del Ministerio de Justicia y se incluye en la Estrategia de Transformación Digital de la Administración de Justicia en Canarias 2021-2023, aprobada el pasado 18 de marzo, según detalla la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet. Con esta actuación, afirma, los edificios son más seguros y sostenibles, ya que los aparatos de extracción de aire solo entran en funcionamiento cuando los sensores determinan que es necesario, por lo que se encuadra también en la Agenda de Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias.

Bonnet informa de que el plazo previsto para la instalación de sensores en todos los edificios judiciales de Canarias es de unos cuatro meses y el presupuesto total del proyecto asciende a un millón de euros, 550.000 euros de los cuales ya se han ejecutado.

Medición, respuesta y esterilización

Con este proyecto se controla la calidad del aire en las dependencias judiciales públicas a través de la medición de aspectos como humedad, temperatura, dióxido de carbono (CO2), monóxido de carbono (CO), partículas en suspensión o compuestos volátiles orgánicos; la respuesta automática cuando sea necesario mejorar la calidad del aire; y la esterilización del aire en los supuestos en los que proceda.

Así, los datos recogidos se monitorizan y cuando se alcanzan niveles no aconsejables se desencadena una respuesta para poner en marcha la extracción del aire, incrementar la potencia de extracción de aire o poner en marcha sistemas de higienización, de forma que se pueda garantizar que los parámetros del aire que se miden estén siempre dentro de los limites aconsejables por las autoridades sanitarias.

Además de los sensores colocados en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife y en el Edificio Judicial de Arrecife, y debido a la situación provocada por la Covid-19, actualmente hay instalados 451 equipos de esterilización de aire en aquellos edificios con peores condiciones de ventilación y extracción de aire. Así, estos equipos están instalados en los edificios judiciales de Arrecife y Puerto del Rosario, en los juzgados de Telde, La Gomera, El Hierro y La Palma, así como en los de Icod y La Orotava y en el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife.

Calidad del aire

Para garantizar que la calidad del aire es apta para las personas hay que monitorizar las cualidades del mismo para determinar si cumple los mínimos recomendables o para justificar la adopción de medidas correctoras. Para ello, se despliegan los sensores o unidades de medición en diversas localizaciones dentro de cada edificio judicial y la información recogida por ellos es remitida vía wifi a una aplicación informática que permitirá su tratamiento y explotación, elaborando informes periódicos a los efectos que procedan.

Asimismo, dichos sensores estarán conectados a la Central de Alarmas provincial a la que corresponda el edificio judicial, atendida 24 horas al día por personal de seguridad, para el control de valores que superen los parámetros aconsejados.

Entre las medidas que se pueden adoptar para mejorar la calidad del aire están la ventilación natural y la extracción de aire, y en casos determinados la esterilización del mismo mediante máquinas especializadas. En cada uno de los edificios se realizará un estudio de las posibilidades específicas de actuación que se puedan desplegar complementando estas tres soluciones y estableciendo un protocolo de actuación específico en función de la gravedad de los valores recogidos.

La Central de Alarmas desplegará de forma automática la actuación que corresponda, según el protocolo establecido, cuando los valores remitidos superen los aconsejables por las autoridades y especialistas en la materia. Dichas actuaciones pueden ir desde el arranque de la extracción de aire o el incremento de su intensidad, la apertura de ventanas para favorecer la ventilación, la puesta en marcha de las máquinas esterilizadoras de aire, la reducción de actividad o incluso el desalojo de determinadas dependencias en los casos más graves.

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