La Conferencia Sectorial de Administración de Justicia celebrada en Avilés reparte la totalidad de los Fondos Next Generation asignados a esta materia
El consejero Julio Pérez insiste en que se sintonicen los cambios normativos con un plan para su implantación efectiva
El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad considera esencial modernizar y actualizar el diseño de los edificios judiciales para adaptarlos al nuevo modelo de organización que se implantará
Demanda conocer cuanto antes el detalle de las unidades judiciales de nueva creación a poner en marcha en este ejercicio, para preparar su instalación
Canarias recibirá 15.079.522 euros más de los Fondos Next Generation asignados a mejoras de la justicia, cantidad que se suma a los 10.079.505 ya recibidos el año pasado, según lo ha acordado este viernes el pleno de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia, celebrado en Avilés, bajo la presidencia de la ministra Pilar Llop, y al que han asistido, representado a la Comunidad Autónoma de Canarias, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, de forma telemática, y la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, de forma presencial.
En dicho encuentro, que se ha desarrollado durante cinco horas, se ha dado el visto bueno a los criterios de distribución y reparto material de la totalidad de los Fondos Next Generation asignados a Justicia. Para ello, se han fijado 16 proyectos prioritarios, divididos en tres grupos. Proyecto 0, infraestructuras digitales; Proyecto País, iniciativas comunes que garanticen una serie de servicios mínimos e interoperables en todo el territorio, y Proyectos de Iniciativa Autonómica, donde Canarias ha presentado cuatro, por importe de 6.715.456 euros, que han sido aprobados.
En concreto, y de acuerdo con el programa acordado entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia, este dinero se tendrá que destinar a la adquisición de infraestructuras tecnológicas; a servicios homogéneos, a través de los cuales se pretenden desarrollar los sistemas de gestión procesal de cada comunidad autónoma, garantizando una serie de servicios comunes que permitan la integra y eficaz gestión telemática; y a proyectos de ciberseguridad. Cada proyecto tiene una ficha de financiación determinada y su cumplimiento se determina en base a hitos y objetivos, tal y como exigen los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).
El pleno también ha aprobado el Marco Común de Igualdad, documento que pretende establecer las directrices que deben contener los planes de igualdad que se aprueben en las comunidades autónomas en el ámbito de la Administración de Justicia; la propuesta estándar de rehabilitaciones sostenibles, una guía que recoge los criterios a tener en cuenta en relación a la rehabilitación de edificios, y la apertura y accesibilidad del portal de Datos de Justicia.
Además, el Ministerio ha informado del estado de la tramitación de las leyes de eficiencia que tiene previsto aprobar, así como del nivel de implantación del nuevo modelo organizativo, más en concreto del apoyo técnico y la asistencia que se recibirá para el diseño de las oficinas judiciales.
En su intervención, el consejero Julio Pérez ha insistido en la importancia de que la elaboración y aprobación de las nuevas leyes y normas se acompañen de un plan detallado para llevar a cabo su implantación efectiva. Ha recordado que, en algunas reformas anteriores, como la nueva oficina judicial, ha costado años o incluso lustros su implantación. Eso no debería pasar ahora, ha dicho, especialmente a la vista de la importancia de la gran transformación de la justicia que entrañan las reformas proyectadas para la mejora de la eficiencia procesal, digital y organizativa de los juzgados y tribunales.
También se ha referido, como en anteriores conferencias, a la necesidad e importancia de que el diseño de los nuevos edificios judiciales, que en Canarias son varios y en varias islas, se atenga al nuevo modelo de organización de la justicia y no se limite a reproducir o a aumentar los espacios y la distribución tradicionales.
Julio Pérez ha hablado de la necesidad de conocer cuanto antes el detalle de las unidades judiciales de nueva creación que podrán ponerse en marcha en este ejercicio, para preparar su instalación, que, en algunos sitios, como Santa Cruz de Tenerife, suele necesitar una preparación muy laboriosa, a diferencia de otros partidos judiciales, como La Laguna o Las Palmas de Gran Canaria, en donde los edificios actuales permiten contar con espacios susceptibles de acoger más órganos judiciales de forma casi instantánea.
