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El Gobierno y el Comité de Empresa del IML de Las Palmas se reúnen para concretar las necesidades de personal

La finalidad es aprobar una nueva Relación de Puestos de Trabajo ajustada a la actual carga de trabajo

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mari Carmen de León, se ha reunido con representantes del Comité de Empresa del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas para concretar las necesidades de personal del centro para hacer frente al incremento que se ha producido en la carga de trabajo en los últimos años. 

“Tanto en el IML de Las Palmas como en el Tenerife nos hemos encontrado con una plantilla insuficiente, que no se ha ido adecuando al progresivo aumento del número de juzgados y, por lo tanto, al aumento también del volumen de trabajo que deben afrontar ambos centros”, explica De León.

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, de la que depende la Dirección General de Relaciones con la Justicia, se marcó entre sus prioridades al inicio de esta legislatura, hace ahora 9 meses, la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para poner solución a este desajuste que ambos centros arrastran desde hace años.

“La reunión de hoy ha servido para identificar qué especialidades y perfiles profesionales hay que reforzar y seguiremos trabajando conjuntamente con el Comité de Empresa para definir esa nueva RPT”, añade Mari Carmen de León, que aclara que hasta que se creen y se cubran las nuevas plazas, la Dirección General afrontará las carencias de personal con contrataciones temporales, como ha venido haciendo estos últimos meses.

 

 

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La Consejería de Presidencia avanza en la ampliación de la RPT de los Institutos de Medicina Legal

La directora general se ha reunido hoy con el Comité de Empresa del IML de Santa Cruz de Tenerife, que representa al personal laboral

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María del Carmen de León, se reunió hoy con el Comité de Empresa del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife, que representa al personal laboral, con el objeto de seguir avanzando en la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permita incrementar de plantilla existente y adaptarla al Real Decreto 144/2023 por el que se aprueba el reglamento de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El personal laboral del IML está integrado principalmente por psicólogos, trabajadores sociales y auxiliares de autopsias.

La modificación de la RPT es una de las actuaciones que tiene en marcha la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirge Nieves Lady Barreto, para mejorar los dos IML de Canarias, además de ampliar los medios materiales y trabajar en una nueva sede para el IML de la provincia de Santa Cruz de Tenerife.

En esta línea, desde la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se ha reforzado la plantilla con la contratación de dos nuevos auxiliares de autopsia para el Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife, además de la incorporación de un médico forense en el IML para el partido judicial de Arona, dando respuesta a una demandas existente desde hacía más de un año.

En lo que respecta a material fungible, la Dirección General ha multiplicado un 300% el presupuesto, pasando de 15.000 a 50.000 por cada uno de los IML y ha anunciado la inversión de casi cuatro millones con fondos europeos MRR para mejorar los procesos de gestión y la dotación de medios técnicos.

 

 

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La Consejería de Presidencia mejora la dotación de la sala de autopsias del Hospital de La Palma para uso del IML

La adjudicación comprende el suministro e instalación de una cámara mortuoria de refrigeración y una estación de tallado

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha adjudicado el suministro e instalación de una cámara mortuoria de refrigeración para cuatro cadáveres y una estación de tallado en la sala de autopsias del Hospital General de La Palma, para uso del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife en la isla. El importe del contrato es de 46.527, 50 euros y tiene un plazo de ejecución de ocho semanas.

Con la contratación de este equipamiento técnico se da cumplimiento a un convenio de colaboración entre el departamento de Justicia del Gobierno de Canaria y el Servicio Canario de Salud firmado en la pasada legislatura y que no se había ejecutado, por el que se establece el procedimiento de actuación entre el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife y la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de la Palma con el fin de formalizar la cooperación en la realización de autopsias judiciales en el centro hospitalario.

En virtud de este acuerdo, la Dirección General de Administración de Justicia aporta el nuevo equipamiento, que se suma al que ya dispone el hospital, mientras que la Gerencia del Área de Salud pone a disposición una persona técnica que realice las funciones de auxiliar de autopsia para los supuestos en los que no pueda desplazarse a La Palma el personal auxiliar adscrito al IML, lo que permitirá reducir los tiempos de respuesta.

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Nieves Lady Barreto defiende la hoja de ruta para solucionar los problemas que arrastran los dos IML

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad enumeró en el Parlamento las acciones acometidas en los primeros siete meses en dotación de personal y de medios técnicos y materiales

La huelga del IML de Santa Cruz de Tenerife ha sido secundada hoy por ocho personas, un 14,8% de la plantilla

La consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, ha defendido la hoja de ruta puesta en marcha por su departamento para acometer las reformas que necesitan los dos Institutos de Medicina Legal de Canarias (IML) desde una reorganización completa. “Una situación compleja y enquistada desde hace años, que hemos reconocido desde el minuto uno y que estamos afrontando con decisión y responsabilidad para resolver los problemas que arrastran los IML”, aseguró.

Nieves Lady Barreto se refirió a las carencias de personal y de medios técnicos y materiales, además de la falta de unas instalaciones adecuadas en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, que se han quedado obsoletas, y enumeró las acciones llevadas a cabo desde la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia en los primeros seis meses.

En este sentido, la consejera lamentó la falta de voluntad de acuerdo del comité de huelga del IML de Santa Cruz de Tenerife a pesar de haber atendido sus reivindicaciones con celeridad, manteniendo un paro desde el 21 de febrero mientras no se acceda a la petición de dimisión del director, que lleva 14 años en el puesto. Aún así, la consejera mostró su disposición a mantener el diálogo y buscar acuerdos.

Al respecto informó que la huelga empezó siendo secundada por 11 médicos forenses que representan el 20% de la plantilla de 54 trabajadoras y trabajadores ha bajado hoy a un 14,8% de seguimiento (solo 8 trabajadores en huelga), sin que por el momento, ningún miembro de plantilla de psicólogos, trabajadores sociales, educadores y auxiliares de autopsia haya secundado el paro.

En el apartado de personal del IML de Santa Cruz de Tenerife, Nieves Lady Barreto apuntó la contratación de un médico forense adscrito al partido judicial de Arona que llevaban año y medio pidiendo y la incorporación de dos auxiliares de autopsia esta misma semana. Además, anunció que se va a abordar la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para adecuar la plantilla de personal a la carga de trabajo actual.

Entre las actuaciones para solucionar los problemas de las instalaciones, la consejera señaló que se han mantenido conversaciones con la Gerencia Territorial del Ministerio de Justicia y que estamos pendientes de fijar fecha para una reunión con la Universidad de La Laguna (ULL) para ubicar un nuevo edificio para el IML de Tenerife pero que, mientras tanto, se bordan obras de mejora en la sede de Ofra y en la sede del Juzgado de La Laguna.

En lo que respecta a material fungible, la Dirección General ha multiplicado un 300% el presupuesto, pasando de 15.000 a 50.000 por cada uno de los IML. En este apartado, Barreto explicó que la incidencia puntual del pasado domingo por la falta de formol se solución en horas a pesar de ser un festivo para que el forense de guardia pudiera retomar las autopsias.

La consejera también destacó la inversión de casi cuatro millones con fondos europeos MRR para mejorar los procesos de gestión y la dotación de medios técnicos con una unidad de peritación forense para los casos de violencia sexual infantil, con la adquisición de un sistema para el registro digital de evidencia forenses que permita la exploración de los pacientes de la manera más confortable.

Por otro lado, también en ambos IML se implantará un programa informático de administración y gestión que dará respuesta a las necesidades funcionales y tecnológicas para la tramitación de expedientes, la gestión de fichas, el mantenimiento del registro, la gestión de muestras y la elaboración de informes y estadísticas, entre otras cosas.

Además, se dotará al IML de Gran Canaria un aplicativo para la gestión del laboratorio, destinado al registro, trazabilidad y organización de muestras, lo que permitirá, entre otras ventajas, la optimización de los recursos humanos y un seguimiento óptimo de la gestión y el almacenamiento de muestras. Esta dotación informática se completará con la adquisición de varios equipos para la realización de análisis genéticos forenses. Se trata, concretamente, de un equipo de PCR a tiempo real, de un sistema automático de secuenciación capilar y de un equipo de secuenciación masiva de ADN.

La consejera hizo referencia también al ortopantomógrafo, que se adquirió por su departamento para colaborar en la realización de pruebas de edad de los menores migrantes y aclaró que estas pruebas se siguen haciendo con normalidad en los centros sanitarios de Canarias, a petición de la Fiscalía, y que este trabajo no se ha paralizado. Explicó que su ubicación en el IML cumple con las condiciones técnicas necesarias, ya que se trata de una sala de rayos que está plomada y que se pondrá en marcha cuando llegue el ordenador solicitado.

 

 

 

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La Consejería de Presidencia incorpora dos auxiliares de autopsia al Instituto de Medicina Legal de Tenerife

Este refuerzo de plantilla se suma a la contratación de un médico forense para los juzgados de Arona

La Consejería de Presidencia. Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha finalizado el proceso selectivo para la contratación de dos nuevos auxiliares de autopsia para el Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife. La incorporación será con carácter inmediato esta misma semana.

Este refuerzo de plantilla era una de las solicitudes planteadas por el Comité de Huelga, que se está tramitando en tiempo récord, y se suma a la incorporación el pasado día 20 de febrero de un médico forense en el IML para el partido judicial de Arona, dando respuesta a una demanda que llevaba sobre la mesa año y medio.

El plan de reorganización de la Administración de Justicia contempla, a su vez, una reforma de la Relación de Puestos de Trabajo (RAPTO) de los MIL de ambas provincias para paliar las carencias de personal que arrastran los institutos desde hace años.

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La Consejería de Presidencia pide una reunión al Diputado del Común para aclarar dudas sobre el ortopantomógrafo

El viceconsejero Cesáreo Rodríguez informa a Rafael Yanes de todos los pormenores sobre la adquisición y próxima puesta en marcha de los dos aparatos en el IML que determinan la edad de los menores migrantes

El viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, se ha reunido hoy lunes con el Diputado del Común, Rafael Yanes, para explicarle de primera mano la situación en que se encuentra la instalación del aparato de ortopantomografía adquirido por el Gobierno para el Instituto de Medicina Legal (IML) de Santa Cruz de Tenerife y aclarar la dudas al respecto. Este encuentro se ha celebrado a petición de la consejera Nieves Lady Barreto tras tener conocimiento, el pasado viernes, de que esta institución había abierto una investigación de oficio y no tener constancia de haber recibido en su departamento ninguna solicitud de información al respecto.

Cesáreo Rodríguez, que estuvo acompañado por el jefe de servicio de provisión de medios materiales de la Administración de Justicia, Guillermo Menvielle, informó a Yanes que la adquisición del ortopantomógrafo se acordó en una reunión de coordinación mantenida la primera semana de noviembre entre todas las administraciones implicada, con el fin de reforzar los medios con los que ya contaba el Gobierno para realizar este tipo de pruebas de determinación de la edad, ante la llegada masiva en los últimos meses de personas migrantes a las costas de Canarias, muchos de ellos menores sin acompañar. “Desde la Consejería de Presidencia tratamos de colaborar para dar respuesta a esta situación sobrevenida que está requiriendo un esfuerzo sin precedentes del Gobierno de Canarias”, señaló Cesáreo Rodríguez.

El ortopantomógrafo es un equipo radiológico que permite obtener una imagen general de los maxilares, la mandíbula y los dientes y se usa como uno de los medios, que no el único, para determinar la edad a petición de la Fiscalía, cuando la misma es dudosa o incongruente con la apariencia o los datos aportados por el supuesto menor.

El aparato se adquirió el 9 de noviembre, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el ortopantomógrafo llegó a las instalaciones del IML de Santa Cruz de Tenerife el 24 de enero. En estos momentos se está a la espera del ordenador especial que se requiere para su puesta en funcionamiento que, según las previsiones de la empresa proveedora, llegará a lo largo de los próximos días.

Paralelamente, y tal y como detalló el viceconsejero de Justicia al Diputado del Común, se está tramitando la licitación de un segundo aparato para el IML de Las Palmas de Gran Canaria.

La reunión finalizó con el compromiso del viceconsejero de Justicia de ponerse a disposición del Diputado del Común para aclarar cualquier tipo de duda que pueda plantearse en el futuro en torno a este asunto.

 

 

 

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Justicia encarga informes periciales a empresas especializadas y contrata más psicólogos

Justicia encarga informes periciales a empresas especializadas y contrata más psicólogos

La plantilla tradicional descansaba casi solo en médicos y ahora hacen falta más psicólogos y trabajadores sociales

La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, reconoce en el Parlamento las carencias y enumera las actuaciones en marcha para remediarlas

La viceconsejera de Justicia del gobierno de Canarias, Carla Vallejo, ha explicado esta semana que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, está absolutamente comprometida con dar una respuesta definitiva para dimensionar la plantilla de los institutos de medicina legal a la realidad y a las necesidades actuales de la sociedad y la Administración de Justicia. Para ello, ha apuntado, su departamento propondrá una nueva relación de puestos de trabajo (RPT), una vez resueltos otros compromisos como el concurso de méritos o la estabilización y consolidación de personal público.

Carla Vallejo ha expuesto en el Parlamento de Canarias las acciones que se están desarrollando con relación a la plantilla del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, que consta de 26 profesionales de Medicina Forense, 11 de Psicología y 6 de Trabajo Social, el mismo número de personas desde hace más de 15 años. Una plantilla que, para la viceconsejera, no está adaptada a la práctica forense actual y cuyo trabajo se ha visto afectado por situaciones de incapacidad temporal de algunos profesionales de Psicología.

Ha detallado las acciones que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad está desarrollando, tanto de forma inmediata como a medio plazo, para revertir esta situación. Así, y con carácter inmediato, según ha relatado, se ha reforzado la cooperación externa que se realiza a través de empresas especializadas, a las que se ha encomendado la realización de pruebas periciales de carácter urgente.

Del mismo modo, ha indicado, se ha llevado a cabo un proceso de licitación extraordinaria, para reforzar dicha colaboración externa con un programa de nombramiento de profesionales de Psicología con especialización en la atención de víctimas de violencia de género y atención de la infancia víctima de violencia, con cargo a los fondos del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género.

La viceconsejera ha señalado que otra de las actuaciones es la solicitud y obtención de financiación suficiente para contar con personal interino de refuerzo para cubrir la situación de incapacidad temporal de profesionales y la acumulación de carga de trabajo.

“Si bien la justicia de hace unos años, en lo que tiene que ver con la práctica forense, se centraba mucho en la actuación del personal médico forense, la sociedad y los delitos han cambiado mucho y también las necesidades de la Administración de Justicia”, ha remarcado Vallejo, para quien es fundamental la incorporación de profesionales de Psicología y Trabajo Social, así como de personal de laboratorio en los institutos de medicina legal.

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Canarias dispone ya de la primera sala de bioseguridad para autopsias por Covid y otras causas infecciosas

Canarias dispone ya de la primera sala de bioseguridad para autopsias por Covid y otras causas infecciosas

Se ubica en el IML de Las Palmas y se trata de un espacio completamente independiente del resto instalaciones para evitar la contaminación de otras estancias y garantizar la seguridad del personal

La consejería de Administraciones Públicas, Justicia e Igualdad, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha invertido 487.807,18 euros en la obra y el equipamiento de la nueva sala

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha puesto en marcha en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Las Palmas una sala de autopsias de bioseguridad nivel 3 (BSL-3) para la realización de necropsias de personas fallecidas por la Covid-19 y por otras causas infecciosas. Esta sala es la primera de estas características en Canarias y estará también a disposición de los hospitales para la realización autopsias clínicas, con el objeto de avanzar en proyectos de investigación.

Con esta nueva instalación, el IMLCF de Las Palmas se convierte en uno de los institutos de medicina legal punteros en España en el que se podrán realizar, con las máximas garantías de seguridad, aquellas autopsias de personas fallecidas como consecuencia de la Covid-19 y de otro tipo de patógenos como el ébola, gripe aviar, síndrome respiratorio agudo y grave, brucelosis, tuberculosis multirresistente y cualquier otro virus que se pueda desarrollar en el futuro, según explicaron hoy en el acto de presentación de este nuevo espacio Julio Pérez, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la directora del IML de Las Palmas María José Meilán.

Este tipo de salas se caracterizan por una serie de instalaciones dirigidas a aislar el ambiente y evitar la salida de cualquier elemento infectado de las mismas, y es tan específico que actualmente la normativa está en proceso de adaptación existiendo sólo su aplicación en laboratorios de alta seguridad de investigación.

El consejero destacó la seguridad en el trabajo, la calidad del resultado y el progreso en el conocimiento como valores que se incorporan en el sistema público judicial como consecuencia de la puesta en funcionamiento de la sala de bioseguridad. Así, precisó que las y los trabajadores realizarán su labor en condiciones de absoluta seguridad, según los conocimientos que existen actualmente, remarcó el impulso a la calidad del resultado del trabajo profesional y señaló el progreso del conocimiento y el avance de la ciencia médica y judicial.

Pérez indicó que esta actuación se enmarca en las medidas de modernización de la justicia promovidas por el Gobierno de Canarias, desde el que se aspira a que las 15 salas de autopsias disponibles en Canarias –entre dependencias de los IML y de los hospitales públicos- cuenten con la mayor seguridad, lo que dependerá, aclaró, de los espacios disponibles para este tipo de instalaciones y del presupuesto del que se disponga.

Bonnet explicó que la sala de bioseguridad es completamente independiente del resto de instalaciones del Instituto de Medicina Legal para evitar la contaminación de otras estancias y garantizar la seguridad del personal, indicó que se ha construido en un espacio antes ocupado por archivos y resaltó que dicha instalación cubre una necesidad para la realización de autopsias por causas infecciosas puestas de manifiesto y demandadas por las y los profesiones hace tiempo.

La directora general especificó que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha invertido un total de 487.807,18 euros, que incluye la obra civil, sistemas de ventilación y climatización, puertas automáticas, equipamiento y mobiliario, así como equipo de videograbación y digitalizador de aparato de rayos X.

Meilán agradeció la sensibilidad del departamento que dirige Julio Pérez para hacer real esta demanda que surgió tiempo atrás con el Ébola y el SARS, y recordó que la necesidad de disponer de una sala de estas características se detectó en las primeras semanas de la pandemia por la Covid-19. La directora del IML de Las Palmas puso en valor que esta sea la primera sala de estas características que existe en Canarias y habló de la importancia de este tipo de instalaciones para avanzar en las investigaciones que permitan conocer las causas exactas de las muertes por la Covid-19, ya que existen muy pocos estudios al respecto.

Nivel de bioseguridad 3

La sala de autopsias de bioseguridad nivel 3 (BSL-3) se diferencia de una instalación de autopsias normal en que se trata de una sala estanca, separada del resto de instalaciones mediante un sistema de esclusas de doble puerta con cierre sellado y con diferentes presiones que aseguran un flujo de aire hacia el interior impidiendo la salida de gases a otras dependencias.

Para evitar la presencia de virus en forma de aerosoles, dijo, se potencian los sistemas de ventilación y se les dota de filtros especiales, además de incrementar la periodicidad de la renovación de aire.  Asimismo, y para evitar la salida de patógenos a través del agua utilizada o cualquier otro fluido, cuenta con dispositivos especiales de tratamiento químico del agua, de modo que solo se evacúa al saneamiento general una vez tratado.

La sala de nivel 3 cuenta con una cabina de seguridad biológica para la manipulación de las muestras potencialmente contagiosas con el objetivo de que cuando salga una muestra de ese recinto lo haga ya preparada perfectamente para que quien la manipule no tenga riesgo de contaminación.

Esta instalación tiene dos circuitos limpios y diferenciados, que nunca se juntan: uno para las personas que trabajarán con el cadáver y, otra, para el propio cuerpo. En la primera de ellas, las personas tienen que pasar por diferentes estancias para colocarse los Equipos de Protección Individual (EPI) y, al terminar, se accede a una ducha y espacios para que las personas que trabajan con el cadáver puedan realizar una completa descontaminación. Mientras, el cadáver se guarda en una cámara frigorífica y se traslada a la sala de autopsia por otro circuito independiente.

Videograbación de autopsias

Bonnet expuso que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Justicia actualmente, en el marco de las medidas para la digitalización de la Administración, está implantado en parte de sus salas de vistas judiciales el nuevo sistema de grabación de vistas, con el que se ha equipado también a esta nueva sala de autopsias de forma que se pueda compartir la documentación bidireccional entre los juzgados e IML.

Agregó que, en línea con el objetivo de digitalización, acentuado por la situación de pandemia y como práctica dirigida a evitar el contacto y la transmisión del virus, también se ha dotado a las instalaciones del IML de un digitalizador del aparato de radiología.

Asimismo, detalló, todas las instalaciones se han ejecutado con tecnología de domótica de forma que desde un ordenador se puede controlar y comandar el funcionamiento de toda la sala como fijar la temperatura de la sala, apertura y cierre de puertas, encendido, apagado y regulación de la iluminación.

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La Consejería de Justicia y los sindicatos llegan a un acuerdo para estabilizar casi 100 empleados públicos

Imagen de un órgano judicial de Canarias

Julio Pérez señala que esta actuación da respuesta a las necesidades de servicio público, se homogeneizan las plantillas de los órganos judiciales y se muestra la voluntad del Ejecutivo canario de negociar, estabilizar y consolidar el empleo público y reducir la temporalidad

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, y las organizaciones sindicales representativas del sector han acordado la estabilización y ampliación de la plantilla de los órganos judiciales, fiscales e Institutos de Medicina Legal (IML) de Canarias. Así, en las dos provincias se estabilizan 86 plazas, 54 de ellas en la de Las Palmas y 32 en la de Santa Cruz de Tenerife, y se amplían otras 16, ocho por cada una de las provincias, con lo que se completa la plantilla de todos los órganos judiciales de Canarias.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, destaca que con esta actuación se produce la primera estabilización de funcionarios y funcionarias en sus puestos de trabajo en toda la Comunidad Autónoma de Canarias, con lo que se da respuesta a las necesidades de servicio Público y se homogeneizan las plantillas de los órganos judiciales de las Islas. En virtud de este acuerdo, plazas que eran de refuerzo y temporales pasan a integrarse en la plantilla orgánica de los juzgados, pudiendo acceder a ellas personal de carrera mediante concurso de oposiciones.

Pérez recuerda que la última estabilización de la plantilla de justicia en Canarias se produjo en 2008, y remarca que este acuerdo muestra la voluntad del actual Ejecutivo canario de negociar, estabilizar y consolidar el empleo público y reducir la temporalidad con respeto a la legalidad.

El consejero destaca asimismo el aumento en las dos provincias de 16 empleados y empleadas públicas y explica que dicha ampliación supondrá un gasto anual de 543.098,76 euros.

Plazas por provincias

Además de los 54 puestos de trabajo estabilizados en Las Palmas, en esta provincia se han ampliado en ocho plazas para que todos los juzgados queden con la misma plantilla. Las ampliaciones corresponden a un auxilio judicial por cada juzgado de primera instancia, desde el número 12 al 16, de Las Palmas de Gran Canaria, y tres gestores procesales; uno en el juzgado de violencia contra la mujer número 2 de Las Palmas, otro en el juzgado de lo mercantil número 2 de Las Palmas y otro en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, se estabilizan 32 plazas y se amplían ocho. Del total del incremento de plazas, cuatro son de auxilio judicial: uno en el Juzgado de primera instancia número 9 y otro en el número 10 de santa Cruz de Tenerife, uno en el juzgado mixto de San Sebastián de la Gomera (La Gomera) y uno en el juzgado mixto número 1 de Los Llanos de Aridane (La Palma). Se amplía también un tramitador procesal en San Sebastián de La Gomera, dos tramitadores procesales en Arona y un gestor procesal en el juzgado de instrucción número 4 de Arona.

El incremento de plantilla en San Sebastián de La Gomera da respuesta a una reivindicación planteada desde hace más de una década tanto por las y los trabajadores del juzgado como por los vecinos del partido judicial.

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Los IML incorporan a diez profesionales de la psicología para atender a víctimas de violencia de género

La contratación, financiada a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, permite poner en marcha un sistema de periciales psicológicas específico para mujeres y menores víctimas de violencia de género y sexual

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, dirigida por Julio Pérez, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha incorporado a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife diez psicólogas y psicólogos para poner en marcha un proyecto de sistema de periciales psicológicas específico para mujeres y menores víctimas de violencia de género y sexual.

Desde la Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se ha trabajado para llevar a cabo este programa temporal, que podrá renovarse en años sucesivos, seleccionando a diez profesionales cualificados, cinco para cada uno de los IML, que cuentan con formación y experiencia profesional acreditada en el ámbito pericial forense y, en concreto, en la violencia de género, la exploración, evaluación y diagnóstico de menores víctimas de abuso y explotación sexual, así como en trauma y veracidad del testimonio.

El programa, que deberá ejecutarse hasta que finalice este 2020, está financiado con 96.300 euros provenientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y permitirá dotar de los recursos necesarios para reforzar sus actuaciones en materia de intervención específico en los casos de violencia de género y violencia sexual contra mujeres y personas menores de edad, además de asegurar la presencia de los profesionales especializados que permitan de una manera eficaz asegurar la protección de las víctimas, creando equipos de asesoramiento técnico penal especializado.

También garantiza las condiciones para la validez procesal de los procedimientos y reúne las condiciones adecuadas para la exploración de personas de mayor vulnerabilidad y para las prácticas de las pruebas que necesitan en el proceso judicial, así como dar respuesta a la alta demanda de solicitudes por parte de las delegaciones judiciales de actuaciones específicas para víctimas de mayor vulnerabilidad.

Así mismo, con la puesta en marcha de este proyecto, se asegura la atención adecuada de las víctimas realizando las intervenciones en un tiempo más corto, lo que favorece las calidades técnicas de la prueba preconstituida u otras exploraciones o informes que se elaboren, reduciendo los riesgos de la victimización secundaria.

La actuación de estos diez profesionales de la psicología comprende varias funciones como la asistencia y valoración inicial de la prueba preconstituida en las víctimas menores de edad o con discapacidad; la evaluación médico-psicológica de las víctimas a través de entrevistas o pruebas diagnósticas; la elaboración de informes periciales; la asistencia a juicio para defensa del informe pericial, para lo cual podrán ser llamados meses después de finalizado el contrato o, en caso necesario, el traslado a otras islas para la adecuada atención de los casos.

Aparte, los profesionales tendrán que elaborar estadísticas y un informe final que contemple, como mínimo, el número de casos, con detalle del número de citas; los datos objeto de las periciales; estadísticas con datos disgregados en cuanto género, edad y tipo de intervención, así como si los hechos se incardinan dentro de la violencia de género o la violencia sexual; y los déficits detectados con propuestas de mejoras.

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