Logo del Gobierno de Canarias

El Gobierno canario reitera que debe ser la UE quien asuma la gestión de las fronteras y los flujos migratorios

El Gobierno canario reitera que debe ser la UE quien asuma la gestión de las fronteras y los flujos migratorios

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, afirma que las islas se hacen cargo por puro sentido de responsabilidad, pues desborda su capacidad y competencias. La cifra de llegadas se ha multiplicado por 50 en cinco años, al pasar de 400 en 2017 a 20.000 en 2021

Julio Pérez insiste, igualmente, en un cambio en la legislación española para obligar a las comunidades autónomas a colaborar en la acogida de los niños que llegan no acompañados, ya que ante 2.500 que hay en las islas la respuesta solidaria de éstas se reduce a 200

A su juicio, el objetivo no debe ser solo impedir que salgan de su país, sino que no exista el impulso para que lo hagan, lo que se debe lograr con la prestación de la ayuda necesaria y de manera eficiente

El último convenio suscrito entre la Consejería y el CGPJ convierte a Canarias en sede permanente del Foro de Inmigración para la realización de actividades de estudio y formación sobre el fenómeno migratorio

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, ha reiterado este lunes, durante la inauguración de unas jornadas sobre inmigración, organizadas en Santa Cruz de Tenerife por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en colaboración con el Ejecutivo canario, que debe ser la Unión Europea quien asuma la gestión de las fronteras y los flujos migratorios, tal y como le atribuye el artículo 67 del Tratado de la UE, y no la administración del lugar en el que están situadas.

Julio Pérez, que ha intervenido tras el vocal del CGPJ delegado para Canarias, Álvaro Cuesta, quien ha definido el archipiélago como referente de los estudios migratorios, ha afirmado que las islas se hacen cargo de la llegada de los inmigrantes a sus costas por puro sentido de la responsabilidad, pues esta tarea desborda tanto su capacidad como sus competencias. Se trata, ha dicho, de una materia que no solo es objeto de atención y preocupación para el Gobierno de Canarias, sino una prioridad política, tanto atenderla como que sea atendida.

En este sentido, ha recordado que, en cinco años, desde 2017, que arribaron al archipiélago cerca de 400 inmigrantes, hasta 2021, que se registraron más de 20.000, la cifra de llegadas se ha multiplicado por 50, y todo hace suponer, tras observar los datos de los primeros meses de 2022, que la tendencia se va a mantener.

Ha abogado, igualmente, por un cambio de la legislación española en materia de atención a los niños inmigrantes que arriban no acompañados, para obligar a las comunidades autónomas a colaborar en su acogida, ya que la respuesta solidaria hasta ahora para los 2.500 que hay en las islas se reduce a 200 niños.

A su juicio, el objetivo de la gestión de la migración no debe ser solo impedir la salida de estas personas de su país, pues eso va contra el respeto a su dignidad, sino que no exista el impulso para que lo hagan, lo que se debe lograr con la prestación de la ayuda necesaria y de manera eficiente.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha reconocido la calidad e interés de las materias incluidas en estas jornadas, que se celebran en el marco de un escenario se cooperación de varios años entre el Gobierno canario y el CGPJ. Marco que se ha visto reforzado recientemente con la firma de un convenio que hace de Canarias la sede permanente del Foro de Inmigración del poder judicial, con el fin de llevar a cabo actividades de estudio y formación, y que pretende implicar a otras instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. Ha agradecido al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo, su dirección, y al magistrado Ángel Llorente, su coordinación.

Igualmente, ha tenido palabras de gratitud para algunos de los ponentes presentes en la sala que, durante tres días, acoge estas jornadas en el hotel AC Santa Cruz de Tenerife, como el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro; el presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Manuel Estrella; el jefe superior de Policía de Canarias, Rafael Martínez, y el director general de Casa África, José Segura. Y para la viceconsejera de Justicia del Gobierno canario, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de la Justicia, Mónica Ceballos.

Conocimiento

Durante estos tres días, también está previsto que participen el vocal del CGPJ y magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, Gerardo Martínez; el presidente de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC, Pedro Hernández; la magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ de Canarias, Pilar Alonso; el magistrado del Juzgado de lo Contencioso-administrativo n.º 1 de Santa Cruz de Tenerife, Francisco Úbeda; la magistrada del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias Sánchez; el teniente general del Mando de Fronteras y Policía Marítima de la Dirección General de la Guardia Civil, Juan Luis Pérez; el magistrado especialista de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Óscar González; la representante de ACNUR en España, Sophie Müller; la jefa de misión en España de la Organización Internacional de Migraciones de Naciones Unidas (OIM), María Jesús Herrera, y la periodista de El País María Martín. La clausura correrá a cargo del vocal del CGPJ Gerardo Martínez.

Antes de finalizar, Julio Pérez ha animado a los participantes a convertir estas jornadas en espacios de aprendizaje y conocimiento ante un asunto tan importante como la inmigración, que desde el continente africano tienen unas connotaciones de peligrosidad que no se dan en otros casos.

En esta línea, ha apuntado que los últimos acontecimientos vividos tanto en Canarias como en el resto del mundo han puesto en valor que la gestión política se fundamenta en el conocimiento, que es imprescindible, e incluso decisivo, para no dar pie a la improvisación, la ocurrencia y el disparate.

Etiquetas

La ULL señala que la legislación dictada por la Covid-19 tiene un impacto positivo de género

RP presentación estudio ULL impacto de género crisis Covid-19

La Consejería de Administraciones Públicas Justicia y Seguridad encargó un informe técnico-jurídico al Instituto de Estudio de las Mujeres (ULL) dado que la naturaleza y características de la crisis sanitaria y social de la pandemia afectan especialmente a las mujeres

En el estudio se relaciona el conjunto de disposiciones normativas dictadas por el Gobierno de España que guardan relación con la igualdad, se analiza la legislación de la Covid-19 verificando su contenido y su impacto de género y se examinan las medidas que se han adoptado en el año 2020 para combatir la violencia de género

La legislación española dictada a lo largo de 2020 para hacer frente a los efectos derivados de la pandemia de la Covid-19 tiene, en general, un impacto positivo de género al incluir medidas que inciden en el empleo, la salud, el bienestar y el acceso a ingresos y recursos por parte de las mujeres. Sin embargo, el lenguaje de las disposiciones normativas se caracteriza por ser sexista y androcéntrico, lo que invisibiliza en muchas ocasiones a las mujeres. Solo se realiza un uso del lenguaje más inclusivo cuando se trata de asuntos relacionados directamente con la violencia de género.

Así se desprende del informe técnico-jurídico ‘Impacto de género de la crisis de la Covid-19. Incidencia sobre las mujeres víctimas de violencia de género’ que ha elaborado un grupo de investigadoras del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, a través de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, por encargo de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia dependiente la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Este trabajo, realizado con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, fue presentado hoy por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la coordinadora del estudio y directora del Instituto de Estudios de las Mujeres, Margarita Isabel Ramos. En la elaboración del informe han participado las doctoras María Elena Sánchez, Sarai Rodríguez y Laura Aguilera y la profesora Juana Pilar Rodríguez.

Julio Pérez justificó el estudio dado que la naturaleza y características de la crisis sanitaria y social de la Covid-19 afectan especialmente a las mujeres porque los cuidados esenciales recaen mayoritariamente sobre ellas, así como por la incidencia de la crisis sanitaria desde el punto de vista del empleo femenino, mayoritario en el sector sociosanitario, pero igualmente más precario en otros sectores, donde es posible que las mujeres se vean abocadas con mayor facilidad a situaciones de desempleo y exclusión. Asimismo, dijo que hay que examinar las medidas adoptadas para hacer frente a la violencia de género ya que esta se ha incrementado durante la pandemia.

Pérez destacó que la historia pone de relieve que en las épocas de desventuras el peligro de retroceder y perder conquistas es real, así como de que el impacto de dichas adversidades se produzca con mayor intensidad en las personas más vulnerables.

Indicó que el impacto de la Covid-19 en el ordenamiento jurídico ha sido enorme y señaló que en este contexto de crisis es importante saber si el conjunto de las administraciones públicas está haciendo una buena labor. Al respecto, señaló que el estudio responde a dicha pregunta y permite orientar acciones futuras.

Violencia de género

Rosell afirmó que la crisis motivada por la Covid-19, como todas las crisis, afecta de manera desigual a mujeres y hombres y señaló la evidente sobrecarga de trabajo sanitario y de servicios esenciales de las mujeres, así como de las tareas de cuidados o la mayor precariedad y pobreza laboral. En cuanto a la violencia de género, explicó que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha enfocado la crisis para no dejar atrás más a las mujeres cuando la recomendación sanitaria era estar confinada con un agresor. Al respecto, informó de que durante la pandemia se incrementaron las consultas online al 016 un 457% y las propias llamadas al 016 un 57,9%.

Destacó que el Gobierno de España a las 48 horas de declaración del estado de alarma, entre otras actuaciones, aprobó un plan de contingencia para víctimas de violencia de género y declaró esenciales los servicios de atención y protección a víctimas de violencia de género. En cuanto a la actuación del Gobierno de Canarias, Rosell dijo que el Ejecutivo canario ha sido un auténtico referente, recordó la campaña mascarilla-19 del Instituto Canario de Igualdad y toda la labor desarrollada durante la pandemia y sostuvo que el Gobierno canario es un ejemplo en hacer transversales los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de aplicar esos fondos en el ámbito judicial.

Análisis de la legislación

En el estudio se relaciona el conjunto de disposiciones normativas dictadas por el Gobierno de España que guardan relación con la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se realiza un análisis exhaustivo de la legislación de la Covid-19 verificando cuáles han sido sus contenidos y cuáles de ellos tienen un especial impacto de género y se examinan las medidas que se han adoptado en el año 2020 para combatir la violencia de género.

Ramos explicó las conclusiones del estudio y detalló que las medidas de protección social, como derecho a la vivienda, suministros básicos o prestaciones y subsidios por causa del desempleo contempladas en la normativa analizada tienen un impacto favorable para las mujeres, así como aquellas relacionadas con las ayudas a los sectores de comercio, hostelería y turismo, que tienen, dijo, un indudable efecto en las condiciones laborales y de vida de las mujeres.

Respecto a las medidas de protección social a la población trabajadora, Ramos expuso que a lo largo de 2020 múltiples medidas fueron adoptadas a fin de sostener la cohesión social con la puesta en marcha de iniciativas básicamente financiadas por el sistema de la Seguridad Social para atender necesidades derivadas de enfermedades, particularmente, de estar en riesgo o haber contraído el virus del COVID-19, haber caído en desempleo, medidas de apoyo a las empresas y personas que trabajan de forma autónoma, carencia general de ingresos de las personas o de las unidades familiares, con particular atención a familias monoparentales.

Entre ellas, destacó la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las medidas más novedosas dictadas durante la pandemia por cuanto crea una nueva prestación no contributiva dentro del sistema de la Seguridad Social, y manifestó que su implementación tiene y tendrá consecuencias directas en la consecución de la igualdad de género.

Medidas de conciliación

En las conclusiones del estudio se indica que las medidas de intervención pública para la conciliación entre la vida personal y familiar y el tiempo de trabajo constituyen una iniciativa que es preciso aplaudir. Se ha podido comprobar que las dificultades de conciliación de las mujeres unido a un gran déficit de corresponsabilidad de los hombres constituyen una de las causas más relevantes de la discriminación de las mujeres en el ámbito de las relaciones de trabajo, en la brecha salarial, en la promoción profesional y en las dificultades de acceso a puestos de liderazgo y de poder. El informe destaca que aún no se puede afirmar que los derechos de conciliación y las medidas de corresponsabilidad sean suficientes y completamente eficaces.

Otras de las medidas objeto de análisis han sido las procesales y organizativas adoptadas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia con referencias a la actividad procesal, a los órganos judiciales y los cargos que los ocupan. El informe denuncia la generalizada utilización de un lenguaje claramente masculino en este marco legislativo, lo que supone la invisibilización casi absoluta de la alta tasa de participación que actualmente representan las mujeres en el ámbito de la Administración de Justicia.

Víctimas de violencia de género

En cuanto a la legislación dictada por la Covid-19 en relación con la violencia de género y aunque algunas normas no contemplan directamente a las víctimas, estas se ven beneficiadas de muchas medidas de ayuda y apoyo social que han sido establecidas al formar parte de un colectivo vulnerable desde el punto de vista social y económico. Asimismo, se han articulado medidas específicas adoptadas de forma rápida para garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios de protección y atención a las víctimas durante la pandemia.

En cuanto al uso que se hace del lenguaje en el conjunto de las disposiciones normativas analizadas se afirma que, por lo general tiende a caracterizarse por ser sexista, un lenguaje que se utiliza en clave masculina. No obstante, recoge algunas observaciones que indican que se está tratando de avanzar en la dirección de visibilizar a las mujeres en el ámbito de la producción normativa, como es el caso de algunos textos, como los relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral en particular, o con el empleo  y la ocupación en general, donde sí se advierte un esfuerzo por emplear palabras neutras como personas trabajadoras o personas vulnerables, pero en muy pocas ocasiones se emplean las palabras en femenino. La necesidad de utilizar un lenguaje inclusivo es fundamental para visibilizar la contribución de las mujeres a la vida económica y social.

 

Etiquetas