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La ULL señala que la legislación dictada por la Covid-19 tiene un impacto positivo de género

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La Consejería de Administraciones Públicas Justicia y Seguridad encargó un informe técnico-jurídico al Instituto de Estudio de las Mujeres (ULL) dado que la naturaleza y características de la crisis sanitaria y social de la pandemia afectan especialmente a las mujeres

En el estudio se relaciona el conjunto de disposiciones normativas dictadas por el Gobierno de España que guardan relación con la igualdad, se analiza la legislación de la Covid-19 verificando su contenido y su impacto de género y se examinan las medidas que se han adoptado en el año 2020 para combatir la violencia de género

La legislación española dictada a lo largo de 2020 para hacer frente a los efectos derivados de la pandemia de la Covid-19 tiene, en general, un impacto positivo de género al incluir medidas que inciden en el empleo, la salud, el bienestar y el acceso a ingresos y recursos por parte de las mujeres. Sin embargo, el lenguaje de las disposiciones normativas se caracteriza por ser sexista y androcéntrico, lo que invisibiliza en muchas ocasiones a las mujeres. Solo se realiza un uso del lenguaje más inclusivo cuando se trata de asuntos relacionados directamente con la violencia de género.

Así se desprende del informe técnico-jurídico ‘Impacto de género de la crisis de la Covid-19. Incidencia sobre las mujeres víctimas de violencia de género’ que ha elaborado un grupo de investigadoras del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, a través de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, por encargo de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia dependiente la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Este trabajo, realizado con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, fue presentado hoy por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la coordinadora del estudio y directora del Instituto de Estudios de las Mujeres, Margarita Isabel Ramos. En la elaboración del informe han participado las doctoras María Elena Sánchez, Sarai Rodríguez y Laura Aguilera y la profesora Juana Pilar Rodríguez.

Julio Pérez justificó el estudio dado que la naturaleza y características de la crisis sanitaria y social de la Covid-19 afectan especialmente a las mujeres porque los cuidados esenciales recaen mayoritariamente sobre ellas, así como por la incidencia de la crisis sanitaria desde el punto de vista del empleo femenino, mayoritario en el sector sociosanitario, pero igualmente más precario en otros sectores, donde es posible que las mujeres se vean abocadas con mayor facilidad a situaciones de desempleo y exclusión. Asimismo, dijo que hay que examinar las medidas adoptadas para hacer frente a la violencia de género ya que esta se ha incrementado durante la pandemia.

Pérez destacó que la historia pone de relieve que en las épocas de desventuras el peligro de retroceder y perder conquistas es real, así como de que el impacto de dichas adversidades se produzca con mayor intensidad en las personas más vulnerables.

Indicó que el impacto de la Covid-19 en el ordenamiento jurídico ha sido enorme y señaló que en este contexto de crisis es importante saber si el conjunto de las administraciones públicas está haciendo una buena labor. Al respecto, señaló que el estudio responde a dicha pregunta y permite orientar acciones futuras.

Violencia de género

Rosell afirmó que la crisis motivada por la Covid-19, como todas las crisis, afecta de manera desigual a mujeres y hombres y señaló la evidente sobrecarga de trabajo sanitario y de servicios esenciales de las mujeres, así como de las tareas de cuidados o la mayor precariedad y pobreza laboral. En cuanto a la violencia de género, explicó que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha enfocado la crisis para no dejar atrás más a las mujeres cuando la recomendación sanitaria era estar confinada con un agresor. Al respecto, informó de que durante la pandemia se incrementaron las consultas online al 016 un 457% y las propias llamadas al 016 un 57,9%.

Destacó que el Gobierno de España a las 48 horas de declaración del estado de alarma, entre otras actuaciones, aprobó un plan de contingencia para víctimas de violencia de género y declaró esenciales los servicios de atención y protección a víctimas de violencia de género. En cuanto a la actuación del Gobierno de Canarias, Rosell dijo que el Ejecutivo canario ha sido un auténtico referente, recordó la campaña mascarilla-19 del Instituto Canario de Igualdad y toda la labor desarrollada durante la pandemia y sostuvo que el Gobierno canario es un ejemplo en hacer transversales los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de aplicar esos fondos en el ámbito judicial.

Análisis de la legislación

En el estudio se relaciona el conjunto de disposiciones normativas dictadas por el Gobierno de España que guardan relación con la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se realiza un análisis exhaustivo de la legislación de la Covid-19 verificando cuáles han sido sus contenidos y cuáles de ellos tienen un especial impacto de género y se examinan las medidas que se han adoptado en el año 2020 para combatir la violencia de género.

Ramos explicó las conclusiones del estudio y detalló que las medidas de protección social, como derecho a la vivienda, suministros básicos o prestaciones y subsidios por causa del desempleo contempladas en la normativa analizada tienen un impacto favorable para las mujeres, así como aquellas relacionadas con las ayudas a los sectores de comercio, hostelería y turismo, que tienen, dijo, un indudable efecto en las condiciones laborales y de vida de las mujeres.

Respecto a las medidas de protección social a la población trabajadora, Ramos expuso que a lo largo de 2020 múltiples medidas fueron adoptadas a fin de sostener la cohesión social con la puesta en marcha de iniciativas básicamente financiadas por el sistema de la Seguridad Social para atender necesidades derivadas de enfermedades, particularmente, de estar en riesgo o haber contraído el virus del COVID-19, haber caído en desempleo, medidas de apoyo a las empresas y personas que trabajan de forma autónoma, carencia general de ingresos de las personas o de las unidades familiares, con particular atención a familias monoparentales.

Entre ellas, destacó la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las medidas más novedosas dictadas durante la pandemia por cuanto crea una nueva prestación no contributiva dentro del sistema de la Seguridad Social, y manifestó que su implementación tiene y tendrá consecuencias directas en la consecución de la igualdad de género.

Medidas de conciliación

En las conclusiones del estudio se indica que las medidas de intervención pública para la conciliación entre la vida personal y familiar y el tiempo de trabajo constituyen una iniciativa que es preciso aplaudir. Se ha podido comprobar que las dificultades de conciliación de las mujeres unido a un gran déficit de corresponsabilidad de los hombres constituyen una de las causas más relevantes de la discriminación de las mujeres en el ámbito de las relaciones de trabajo, en la brecha salarial, en la promoción profesional y en las dificultades de acceso a puestos de liderazgo y de poder. El informe destaca que aún no se puede afirmar que los derechos de conciliación y las medidas de corresponsabilidad sean suficientes y completamente eficaces.

Otras de las medidas objeto de análisis han sido las procesales y organizativas adoptadas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia con referencias a la actividad procesal, a los órganos judiciales y los cargos que los ocupan. El informe denuncia la generalizada utilización de un lenguaje claramente masculino en este marco legislativo, lo que supone la invisibilización casi absoluta de la alta tasa de participación que actualmente representan las mujeres en el ámbito de la Administración de Justicia.

Víctimas de violencia de género

En cuanto a la legislación dictada por la Covid-19 en relación con la violencia de género y aunque algunas normas no contemplan directamente a las víctimas, estas se ven beneficiadas de muchas medidas de ayuda y apoyo social que han sido establecidas al formar parte de un colectivo vulnerable desde el punto de vista social y económico. Asimismo, se han articulado medidas específicas adoptadas de forma rápida para garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios de protección y atención a las víctimas durante la pandemia.

En cuanto al uso que se hace del lenguaje en el conjunto de las disposiciones normativas analizadas se afirma que, por lo general tiende a caracterizarse por ser sexista, un lenguaje que se utiliza en clave masculina. No obstante, recoge algunas observaciones que indican que se está tratando de avanzar en la dirección de visibilizar a las mujeres en el ámbito de la producción normativa, como es el caso de algunos textos, como los relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral en particular, o con el empleo  y la ocupación en general, donde sí se advierte un esfuerzo por emplear palabras neutras como personas trabajadoras o personas vulnerables, pero en muy pocas ocasiones se emplean las palabras en femenino. La necesidad de utilizar un lenguaje inclusivo es fundamental para visibilizar la contribución de las mujeres a la vida económica y social.

 

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La UE se compromete con el Gobierno regional a aportar recursos para afrontar la crisis migratoria

Comité de las Regiones - RUP - UE

Torres se congratula de que la comisaria europea de Interior y los partidos que han intervenido en el Comité de las Regiones compartan que haya una “solidaridad concreta y efectiva” de todos los estados respecto a ese fenómeno

El presidente también resalta las palabras de Pedro Sánchez en pro de la colaboración entre regiones y la aportación de financiación estatal para los menores migrantes en las Islas, a los que Canarias ha destinado 14 millones

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, indicó esta mañana (jueves 10 de diciembre), antes del comienzo del Consejo de Gobierno en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife, que hoy le ha planteado a la comisaria europea de Interior, Ilva Johansson, que la solidaridad entre los territorios de Europa debe ser “concreta y efectiva” y agradece que la postura de la dirigente comunitaria vaya en esa misma línea, según su intervención durante la sesión oficial celebrada hoy por el Comité de las Regiones de la UE mediante videoconferencia. Según resaltó, la cita ha servido también para la confirmación de que la Unión Europea (UE), a través del Gobierno español, aportará financiación para la atención de migrantes en las Islas.

En declaraciones a los medios, Torres explicó que ha tomado la palabra en las dos jornadas que se han celebrado, este miércoles y hoy (jueves), del pleno del Comité de las Regiones y considera muy relevante que la postura de los partidos políticos que intervinieron en la reunión coincida con esos criterios de solidaridad. Según recalcó, el nuevo Pacto sobre Asilo y Migración que prepara la UE necesita esa visión de conjunto y colaborativa ante retos como la vía migratoria abierta por el Atlántico hacia Canarias, por donde han entrado en este 2020 unas 20.000 personas. “Esto exige que haya solidaridad por parte del resto de estados de la UE y, por supuesto, también entre las regiones de nuestro país”, remarcó.

En esta línea, Torres también valora las palabras del presidente de España, Pedro Sánchez, durante su entrevista televisiva de la noche de este miércoles “porque, ante una pregunta concreta, respondía con claridad y decía que, al igual que España le pide a Europa solidaridad entre todos los estados miembros, tenemos que ser solidarios dentro de nuestro país. Y Canarias, que está recibiendo miles de migrantes, forma parte tanto de España como de la UE”. Por eso, se congratula de que hoy se haya ratificado que, a través precisamente del Ejecutivo central, la UE aportará recursos económicos al Archipiélago para atender mejor sus competencias en esta materia, limitadas, junto a los cabildos insulares, a los menores migrantes no acompañados, si bien Canarias se ha volcado en todas las aristas de este fenómeno por responsabilidad y humanidad. Según los datos que esgrimió, el Ejecutivo autonómico ha destinado 14 millones de euros propios en lo que va de 2020 a la atención de esos menores, que han superado los 2.000 hasta ahora.

En este sentido, considera muy relevante que se haya confirmado también que el Gobierno central ha aprobado una partida extraordinaria para esos menores, de 10 millones de euros, “porque estamos hablando de acogimiento, formación y educación. Además, hemos trabajado con otras comunidades para que puedan producirse derivaciones y ya hay cinco que le han dado el visto bueno al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aparte de otras que también están respondiendo solidariamente a nuestra petición”.

Posturas insolidarias y claridad en la ley sobre el tránsito reglado y libre

Torres se mostró contrariado con algunos dirigentes de comunidades y de formaciones políticas “que critican que haya migrantes en su territorio” y se pregunta si su planteamiento consiste en que “toda la migración quede en Canarias. Eso no es solidaridad entre los estados miembros ni entre las regiones de nuestro país, y va en contra de lo que defienden los representantes de esos partidos en Canarias, que es que haya solidaridad en el conjunto de España respecto a los que lleguen a las Islas”.

El presidente subraya que, en muchos casos, se trata de personas vulnerables, mujeres y niños, aparte de aclarar que se está produciendo, a su vez, “un tránsito reglado de personas que tienen documentación para poder caminar con libertad una vez pasan las primeras 72 horas. En esto solo cabe aplicar la ley, que dice claramente que pueden moverse con libertad, con lo que pueden entrar en Canarias, pero también estar en el resto del territorio español y de la UE”, subrayó el titular del Ejecutivo autonómico.

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Torres considera que el Gobierno de España “responde a Canarias” al garantizar la financiación en 2021

Reunión con Ciudadanos

El presidente de Canarias se reúne con Ciudadanos y espera que, una vez disipadas las dudas financieras, se sumen a la mayoría social, económica, política e institucional que apoya el Plan Reactiva

El presidente de Canarias se ha reunido este martes, 6 de octubre, con la portavoz parlamentaria del Grupo Mixto (Ciudadanos), Vidina Espino. En ese encuentro, celebrado en la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres ha explicado a Espino los detalles del Plan Reactiva y espera que tanto Ciudadanos como el Partido Popular, que son las únicas formaciones que no han respaldado el Plan para la Reactivación Social y Económica, se adhieran al consenso y el apoyo que ya ha otorgado al documento la mayoría social, económica, política e institucional del Archipiélago. Sobre todo, después de que el Gobierno de España haya dado certidumbres económicas de cara al año 2021 tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer.

Ángel Víctor Torres remarcó que la propuesta anunciada por la ministra de Hacienda deja claro que “el Gobierno de España responde a las necesidades de Canarias y de las administraciones locales de las Islas, como son los ayuntamientos y los cabildos, al dar garantía financiera para el próximo ejercicio”.

El jefe del Ejecutivo canario resaltó la importancia del acuerdo de ayer porque “tendremos las entregas a cuenta aseguradas -que habrá que devolverlas posteriormente-, y eso significa que, aunque tengamos menos ingresos tributarios, podremos mantener el nivel de gasto”, explicó. El presidente enumeró otros conceptos logrados como el uso del superávit y de remanentes, poder recurrir al endeudamiento y disponer de unos ingresos extraordinarios de fondos europeos “que calculamos se traduzcan en unos 400 millones de euros para Canarias”.

Con todas estas certidumbres, Ángel Víctor Torres espera que, una vez despejadas las dudas que planteaban algunos partidos sobre la estabilidad financiera en el próximo ejercicio, se adhieran al Plan los que aún no lo han hecho. Para Torres, el Plan es un documento vivo, que puede recibir aportaciones en la Cámara autonómica por medio de propuestas de resolución y que es la mejor fórmula para reactivar las Islas y revindicar los derechos de Canarias ante otras administraciones”, aseguró.

El presidente anunció que esta semana mantendrá otra reunión con la portavoz del Partido Popular, para abordar este mismo asunto, y que la voluntad es que este mismo mes se apruebe el documento en el Parlamento.

Por último, Ángel Víctor Torres también destacó la necesidad de que haya unos Presupuestos Generales del Estado en 2021, en los que, “por primera vez, se recogerán herramientas tan importantes como el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y el Régimen Económico y Fiscal”, concluyó.

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El Gobierno logra un amplio consenso en torno a la redacción del Plan para la Reactivación Social y Económica

El Gobierno logra un amplio consenso en torno a la redacción del Plan para la Reactivación Social y Económica

Torres preside la cita con las administraciones, la mayoría de partidos, empresarios, sindicatos y el Tercer Rector, antes de aprobarlo presumiblemente en el Consejo del 1 de octubre, ya con los últimos detalles incorporados y para remitirlo al Parlamento

El Gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, dejó casi cerrado esta tarde, en una reunión en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife, el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias (Reactiva Canarias) por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 en los sectores sanitario y socioeconómico, lo que logró con las administraciones públicas, partidos políticos y agentes económicos y sociales que suscribieron el pasado 30 de mayo el Pacto que da origen a ese amplio conjunto de ejes y medidas, con partidas ya fijas y específicas para este 2020 que suman un total de 1.425 millones de euros. Esta cifra forma parte de un global presupuestario para ese mismo año de 18.536 millones (la suma de todas las aportaciones de las administraciones públicas y de los agentes privados en 2020).

Con esa iniciativa se pretende que los efectos del coronavirus sean los menores posibles en las Islas, región marcada por el peso del sector turístico, a la vez que garantizar y fortalecer el Estado de Bienestar, para lo que se plantea recuperar cuanto antes la actividad económica principal y el empleo, readaptar el modelo productivo poco a poco a las nuevas tecnologías y la sostenibilidad, y conseguir que “nadie se quede atrás”, por lo que se da prioridad a los sectores más vulnerables.

Como remarcó el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, tras la reunión, esos 1.425 millones adicionales o específicos para este ejercicio de 2020, que compensarán la merma de ingresos por la pandemia, se diferencian de los cálculos solo orientativos para el periodo 2021-23, fijados en unos 4.300 millones (la suma de ambos alcanza los 5.725 millones). Además, sumada la primera cantidad (1.425 millones) al presupuesto regional, las aportaciones de otras administraciones públicas y del sector privado, la cifra para este 2020 alcanza los 18.536 millones, cumpliéndose así las previsiones indicadas a los firmantes del Pacto durante el mes de mayo. Por ello, como explicó Olivera, “no cabe hablar de recortes”.

En declaraciones a los medios, el viceconsejero destacó la buena acogida al borrador del Plan entregado a los firmantes el pasado jueves, la labor de coordinación del Gobierno, reconocida por los participantes, y sobre todo el “trabajo colectivo” desarrollado. “Esa era -expuso- una de las principales virtudes del documento: la unidad y los puntos de encuentro frente a las discrepancias que suelen ser habituales y legítimas en otros ámbitos”.

A su juicio, ha habido “generosidad” por las entidades firmantes, aparte de que el Gobierno sigue confiando en que se sumen al Plan otros partidos que se han quedado fuera (PP y Cs) y que esto se haga durante el proceso parlamentario. Según recalcó el viceconsejero, todos los participantes comprendieron en la cita de hoy la diferencia entre la ficha financiera específica para 2020 (1.425 millones), los cálculos de 2021 a 2023 (4.300 millones) y el conjunto global de partidas de todo el sector público y del privado para el año en curso (2020), los reseñados 18.536 millones.

Olivera insistió en que no se pueden conocer aún los ingresos desde 2021 en adelante por las incertidumbres existentes, pero sí las acciones generales de inversión y el gasto previsible a realizar en ese trienio. En su opinión, “la fortaleza es tener este Plan, pues así contaremos con más fuerza para lograr los ingresos necesarios para realizar las inversiones proyectadas”.

El Plan, nacido precisamente en busca del mayor consenso, realismo y fiscalización posible, lo apoyan la Federación de Cabildos (Fecai), los 88 municipios canarios (mediante la Fecam), las organizaciones empresariales CEOE y CCE, las cámaras de comercio, los sindicatos UGT y CCOO, los colegios profesionales de Trabajo Social, los agentes del Tercer Sector y el 80% de los diputados del Parlamento (PSOE, CC-PNC, NC, Sí Podemos y ASG).

Tras la reunión de esta tarde, que completa numerosas citas de trabajo y borradores previos y en la que los firmantes han hecho nuevas aportaciones, el objetivo pasa por realizar otros encuentros pormenorizados con cada organización firmante para preparar el documento que se aprobará presumiblemente en el Consejo del próximo 1 de octubre. Luego, se elevará para su debate a la Cámara regional.

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El Gobierno culmina el Plan para la Reactivación con una inversión de 5.725 millones en el periodo 2020-23

Consejo de Gobierno de Canarias

El documento borrador que se ha ido consensuando con las administraciones públicas, los agentes sociales y económicos, el Tercer Sector y la mayoría de partidos incluye medidas por valor de 1.425 millones para 2020 en sus siete prioridades estratégicas

El texto aboga por la unidad de acción ante la Unión Europea y el Ejecutivo central para mantener el Estado de bienestar y los logros conseguidos por Canarias en los nuevos REF y Estatuto de Autonomía

El Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias (Plan Reactiva Canarias), concebido para combatir los efectos de la pandemia COVID-19, prevé una inversión inicial de 5.725,7 millones de euros en las Islas desde este año hasta 2023; de ellos, 1.425 millones se reservan al ejercicio 2020, estos con ficha ya cerrada. Así se contempla en el borrador casi definitivo visto hoy por el Consejo de Gobierno y ya entregado a los firmantes del Pacto del mismo nombre, del que emana esta iniciativa, rubricada el pasado 30 de mayo (Día de Canarias) y negociada desde entonces con numerosas reuniones celebradas entre los integrantes de ese foro.

El objetivo central de ese proyecto integral pasa por mantener y fortalecer los servicios básicos, como la sanidad, la educación, los derechos sociales y la vivienda, de manera que nadie se quede atrás por esta crisis imprevista y mundial, especialmente los colectivos más vulnerables. Además, el Plan para la Reactivación aspira a que el Archipiélago salga de esta situación con sus distintos sectores reforzados, con el empleo recuperado, con mayor sostenibilidad integral gracias a la aplicación de la Agenda 2030, con un turismo más competitivo, con más acceso a la vivienda pública, con una administración más moderna y con el máximo desarrollo posible de textos legales clave para Canarias, como son los nuevos Estatuto de Autonomía y Régimen Económico y Fiscal (REF), cuyas reformas se aprobaron en octubre de 2018, así como el refuerzo de la condición de Canarias como región ultraperiférica (RUP) en la Unión Europea (UE).

El documento, también denominado Plan Reactiva Canarias, aún puede ser modificado estos días durante la última revisión de los participantes en su redacción: los cabildos, a través de la Fecai; los 88 municipios canarios (con la Fecam), las organizaciones empresariales CEOE y CCE; las cámaras de comercio; los sindicatos UGT y CCOO; los colegios profesionales de Trabajo Social; los agentes del Tercer Sector, y los partidos signatarios, que representan el 80% de los diputados del Parlamento regional, al ser apoyado ese Pacto por PSOE, CC-PNC, NC, Sí Podemos y ASG. El planteamiento inicial es que sea aprobado por el Consejo de Gobierno el próximo 1 de octubre, para luego ser debatido en la Cámara autonómica, en principio en el pleno del 27 de ese mismo mes.

La intención es desarrollarlo al completo (este año hay muchas medidas que ya se están aplicando o se han implantado desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo pasado) hasta el año 2023. De hecho, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, abogó desde el día siguiente a aquel sábado 14 de marzo por la elaboración de un plan específico para la recuperación de las Islas ante una situación de amplia crisis, con especial afección en Canarias dentro de España y de la UE debido al elevado peso del turismo en las Islas (35% del PIB regional y 40% del empleo). Se busca un Plan que sea lo más consensuado posible y además urgente, realista, eficaz, adaptable, fiscalizable y con fichas financieras concretas para todos sus ejes, actuaciones y medidas. Para su control y seguimiento, de hecho, el proyecto incluye mecanismos pormenorizados de fiscalización de su cumplimiento por parte de los firmantes.

La búsqueda de esa unidad y del acuerdo masivo derivó en el Pacto del 30 de mayo pasado, en el que se definió un total de siete prioridades estratégicas o bloques que, en el caso del presente ejercicio de 2020, incluyen una ficha financiera de 1.425 millones de euros (financiación ya cerrada).

De los 1.425 millones de euros para 2020 (como se puede comprobar en el cuadro incluido al final de esta nota), el mantenimiento de los servicios básicos y el refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias contarán con la suma de 440,4 millones.

547 millones para actividad económica y 190 para empleo en 2020

Otros bloques estratégicos, como la atención a los sectores poblaciones más vulnerables (los mayores, las mujeres, la pobreza infantil, las víctimas de malos tratos, los discapacitados, dependientes, migrantes, colectivos LGTBI…), dispondrán de 45 millones en este 2020. Sin embargo, los esfuerzos principales se dirigirán a la actividad económica, el empleo y la agilización administrativa. Así, solo al impulso económico y empresarial se reservan 547,38 millones, mientras que para la recuperación y el mantenimiento del empleo son 190,84. La simplificación y coordinación administrativa, por su parte, acapara 200,5 millones, con los que se pretende facilitar los proyectos y licencias, ahorrar pasos burocráticos y dinamizar así la economía y el empleo. La inversión se completa con 500.000 euros para la Agenda 2030 de Canarias.

Aquellos 1.425 millones de euros para 2020 suponen un considerable esfuerzo por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias y de la Administración General del Estado debido a la merma de ingresos tributarios por la pandemia en este ejercicio, sobre todo teniendo en cuenta el sistema fiscal singular con que se cuenta en las Islas. Para alcanzar esa cifra, se han incluido 373 millones no reembolsables que corresponden al Archipiélago del Fondo COVID aprobado por el Gobierno central mediante el Real Decreto Ley 22/2020, del 16 de junio. Con ellos, se pretende compensar los aumentos de los gastos en sanidad, educación y transporte. Asimismo, se introducen 176 millones para cubrir la reducción de la recaudación tributaria en las Islas y hasta 389 millones por autorizarse el uso de superávit de ejercicios anteriores de la Comunidad Autónoma. Esa cifra se aplica por la merma de ingresos por impuestos propios o derivados del Bloque de Financiación Canario en este 2020.

Para este ejercicio, el Gobierno central también aporta 14 millones con el fin de reforzar los servicios sociales, en función del Real Decreto 8/2020, del 17 de marzo. Por su parte, el Ejecutivo canario ha reajustado 100 millones del Presupuesto regional vigente, cantidad que se añade a otros 373 obtenidos de partidas contempladas en esas cuentas que se consideran útiles ante lo sucedido por la pandemia de la COVID-19.

La financiación prevista en el trienio 2021-23

Aunque se trata de una cifra potencialmente modificable porque aún deben confirmarse presupuestos a distintas escalas, pues existen incertidumbres sobre los ingresos tributarios y porque el Plan seguirá estando abierto y adaptable a la evolución socioeconómica y de la pandemia, para el periodo 2021-2023 se ha calculado inicialmente un total de 3.400,7 millones de euros.

Igualmente, para el citado periodo de tres años se establece un refuerzo financiero total de 900 millones en servicios esenciales (sanidad, educación, derechos sociales y vivienda), lo que da un resultado global de gasto para 2021-2023 de 4.300,7 millones de euros.

Las cifras más relevantes, de nuevo, atienden en 2021-2023 a la reactivación económica y la generación de empleo. En este sentido, se proyecta, de momento, un desembolso de hasta 2.028 millones para el reimpulso empresarial y económico y de 741 millones para el empleo. En los casos de la Agenda 2030 y de la agilización administrativa, lo más relevante son las medidas relacionadas con la progresiva implantación e incorporación de esas acciones a los procesos de gestión pública; por ello, la ficha financiera tiene un papel secundario en tales prioridades estratégicas.

Los presupuestos del Estado para 2021 y el Fondo Europeo de Recuperación

Desde 2021, los siete bloques prioritarios y los ejes de actuación del Plan Reactiva Canarias dependerán en gran medida de que el Gobierno central logre aprobar unos nuevos presupuestos estatales. De esta manera, se dejarán atrás las cuentas prorrogadas desde 2018, que, entre otras cosas, han impedido desarrollar documentos clave para las Islas como los nuevos REF y Estatuto de Autonomía, a pesar de contar con 1.399 millones para aspectos económicos dentro de ese régimen especial y de 750 adicionales para gastos corrientes y de capital.

Además, resulta esencial que Canarias haga valer sus singularidades por la lejanía y la insularidad ante la UE, su actual condición de región RUP, a la hora de obtener ayudas o financiación pública para proyectos que a incluir en el Fondo Europeo de Recuperación, dada la mayor afección de la pandemia en las Islas por su modelo económico. Unos efectos que se suman a las debilidades estructurales que ya presentaba el Archipiélago en cuanto a diversificación económica, empleo, salarios y otros parámetros.

El Plan Reactiva Canarias también podrá costearse con recursos del proyecto de la UE Next Generation (se aspira a un global de hasta 3.750 millones), con los Fondos Estructurales europeos de los periodos 2014-20 y 2021-27 y con las cuentas estatales hasta 2023 y además las regionales, que se espera que dispongan de forma creciente de más ingresos tributarios a medida que se reduzcan los efectos de la pandemia.

Con el fin de que los efectos de la COVID-19 fueran los mínimos posibles manteniéndose los gastos públicos, el Gobierno regional ha inyectado hasta ahora, en 2020, unos 8.067 millones en la economía isleña, mientras que los cabildos han aportado 1.652 y los consistorios, 2.106. Junto al Ejecutivo central, el esfuerzo global en el Archipiélago asciende a 16.800 millones.

Como se ha indicado hasta ahora, el Plan Reactiva Canarias da especial prioridad al mantenimiento de la capacidad asistencial en la sanidad pública canaria y a la estabilidad laboral de sus trabajadores. Se hace no solo por mejorar este pilar fundamental del Estado de bienestar para los residentes y ante la evolución de la pandemia, sino como atractivo y garantía de presente y futuro para el turismo. Así, se pretende mejorar los hospitales, garantizar corredores seguros del coronavirus, potenciar la atención primaria, las urgencias, la detección precoz, la vigilancia epidemiológica, la investigación (en coordinación con las universidades canarias) y las nuevas tecnologías, entre otras medidas.

En el ámbito social, además se prevé desarrollar la Ley de Servicios Sociales aprobada en 2019 y fortalecer al máximo los servicios sociosanitarios con más y mejores conciertos con el Tercer Sector y una mayor coordinación interadministrativa. Así, se quiere aligerar los hospitales en el capítulo de enfermos crónicos mediante una red potenciada de centros para mayores y con una mejor teleasistencia o atención en el hogar. Además, lejos de debilitarse, se atiende mejor la dependencia y la discapacidad.

Otro de los objetivos clave pasa por mejorar la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que ahora queda reforzada con el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno central y que se completa con la Renta Canaria de Ciudadanía. Se calcula que ese Ingreso Mínimo que aporta el Estado supondrá unos 180 millones anuales en las Islas.

En educación, con la seguridad de los alumnos y del personal docente ante la COVID como prioridad máxima, también se quiere estrechar la brecha digital que el confinamiento evidenció, aparte de reforzar todo lo posible la educación a distancia, mejorar el apoyo a las familias con menos recursos y la educación de 0 a 3 años en beneficio de la conciliación familiar y del acceso al mercado laboral en condiciones igualitarias.

Con el objetivo doble de reimpulsar el subsector de la construcción, y en aras a cumplir un derecho básico de la ciudadanía, se busca ampliar el parque de vivienda de alquiler social, con más ayudas para las familias con pocos recursos y el pago de los suministros básicos.

Recuperar y adaptar la economía, con un subsector turístico más moderno

En cuanto al ámbito económico y el empleo, se defiende el mantenimiento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor durante el tiempo necesario, adaptados a la recuperación de la actividad productiva y sin merma de ingresos para los trabajadores, beneficiándose no solo el subsector turístico (el principal en Canarias), sino además el resto de actividades vinculadas y otras afectadas por el virus. El documento, eso sí, recuerda que, entre abril y agosto, esta medida tomada desde el principio de la pandemia por el Gobierno central ha supuesto un desembolso en las Islas de 1.188 millones para ayudar a empresas y trabajadores. A esa cifra hay que añadir otros 80 millones en apoyo de los autónomos por el cese de actividad.

Además, el Plan apuesta por garantizar cada año los 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y diversas medidas de modernización del Servicio Canario de Empleo, de formación de sectores poblacionales con más dificultades de reincorporación laboral y de apoyo a los autónomos, empresas de economía social, cooperativas o compañías de integración social. Para todos ellos, aparte de las líneas de crédito ICO (que han aportado a empresas de Canarias 3.600 millones hasta agosto) y del Banco Europeo de Inversiones, se reforzarán mecanismos regionales como la Sociedad de Garantía Recíproca de Canarias (AvalCanarias) o la Sociedad de Desarrollo de Canarias (Sodecan). En este ejercicio de 2020, se incluyen 180 millones para ayudas a empresas y 66 a autónomos.

El esfuerzo por la formación se orientará, en especial, al ámbito turístico (idiomas…), así como a las nuevas tecnologías y el I+D+i. Además, el Plan pretende una lucha más activa contra la economía sumergida y ayudas a las empresas, reduciendo la morosidad con el reordenamiento de pagos o mayores garantías de deuda. Para esto, en este 2020 se reservan 20 millones.

El desarrollo del REF incluye la adaptación de los instrumentos fiscales a la nueva realidad generada por el coronavirus, así como el mejor aprovechamiento de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), la Deducción por Inversiones, la Zona Especial Canaria (ZEC) o los incentivos económicos regionales, de manera que se impulse la inversión y la creación de empresas y empleos.

Por supuesto, el turismo, su recuperación y modernización resultan esenciales en este Plan. Para ello, siguiendo el proyecto Canarias Fortaleza, se apuesta por promocionar nuevos productos en ese ámbito clave, por apoyar al máximo las inversiones, adaptar los espacios públicos y privados a las nuevas tecnologías y energías limpias, reforzar la conectividad y garantizar la máxima seguridad sanitaria.

También se prevé apostar por los eventos culturales y deportivos como atractivos añadidos y por el consumo de productos canarios (de cercanía o kilómetro cero, con mucho menor huella de carbono), en cumplimiento también de la Agenda 2030 y reforzando así la marca Elaborado en Canarias y la soberanía alimentaria. En esta misma línea, ahora ligándola al ámbito sanitario, se contempla impulsar la producción de material sanitario en las Islas.

Sin salir de la economía, el impulso a la construcción no solo se busca con nueva vivienda social y con reformas de éstas, sino vinculándolo a la modernización turística y hotelera, así como a la obra pública (carreteras, centros docentes, sanitarios…), siempre atendiendo a los criterios de sostenibilidad.

En cuanto al transporte, se compensará a las empresas del subsector por las consecuencias de la pandemia (175 millones en ayudas globales en 2020), se tomarán todas las medidas para que se cumpla con la bonificación del 75% de los billetes de avión y barco para los residentes, se impulsará la movilidad sostenible y se modernizarán puertos y aeropuertos.

El Plan Reactiva Canarias apoya al sector primario con la búsqueda del adelanto de las ayudas del Posei comunitario y del Posei adicional, con especial atención a cultivos como el tomate y el plátano, entre otros, reduciendo los costes de los insumos de la ganadería (REA), reforzando las subvenciones a las explotaciones agrícolas, ganaderas y acuícola, y exigiendo las ayudas al agua de riego contempladas en los Presupuestos estatales (ocho millones de euros).

Mecanismos de control y cumplimiento de lo previsto

En busca del mayor rigor, fiscalización y cumplimiento de este Plan, la iniciativa contempla un punto final, el 10, denominado Cuadro de mando. Ello permitirá una continua y adecuada evaluación de su desarrollo, de sus resultados y de su contribución a alcanzar las metas fijadas. Para ello, habrá una comisión de seguimiento del Plan, con reuniones trimestrales y una sesión de control monográfica de periodicidad anual.

 

  • ANEXOS CON TABLAS FINANCIERAS PARA 2020 y 2021-23

I) Ficha financiera para las medidas impulsadas en el año 2020

PRIORIDAD ESTRATÉGICA Presupuesto
1. Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales 424.746.983,58 €
2. Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias 15.689.776,00 €
3. Atención y apoyo a las personas vulnerables 45.069.883,39 €
4. El mantenimiento y recuperación del empleo 190.848.804,00 €
5. Impulso de la actividad económica 547.389.223,30 €
6. Agilidad, simplificación, cooperación y coordinación administrativa 200.834.161,85 €
7. Impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS) 500.000,00 €
TOTAL 1.425.018.831,20 €

II) Ficha financiera para los instrumentos de planificación previstos en el periodo 2021-2023

PRIORIDAD ESTRATÉGICA Presupuesto
1. Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales 429.700.000,00 €
2. Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias 93.000.000,00 €
3. Atención y apoyo a las personas vulnerables 75.500.000,00 €
4. El mantenimiento y recuperación del empleo 741.030.000,00 €
5. Impulso de la actividad económica 2.012.265.496,78 €
6. Agilidad, simplificación, cooperación y coordinación administrativa 310.000,00 €
7. Impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS) 0,00 €
TOTAL 3.384.805.496,78 €

 

Se debe tener en cuenta que la aportación total del Plan Reactiva Canarias para el periodo de ejecución 2020-23 (cuatro años), la de 5.725,7 millones, incluye los 900 millones de refuerzo en servicios esenciales (sanidad, educación, derechos sociales y vivienda) durante el trienio 2021-23, lo que da el resultado global de gasto ya indicado: 5.725,7 millones. Esta cifra resulta de sumar la ficha cerrada para 2020, 1.425 millones; la prevista para el periodo 2021-23, 3.400,7, y los 900 millones reseñados.

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El Gobierno ultima el documento final del Plan para la Reactivación Social y Económica por la crisis de la COVID-19

Plan de Reactivación - Canarias

Ese trabajo, que se someterá en dos semanas al análisis de los participantes en el Pacto en busca del consenso final, luego se elevará a la aprobación del Consejo de Gobierno y de ahí pasará al Parlamento de Canarias

El viceconsejero de la Presidencia recalca que se incluirán todas las aportaciones de los firmantes del Pacto y habrá un control exhaustivo de las medidas y ejes incluidos

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, participó esta tarde en otra reunión de la comisión de preparación del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias por la crisis desatada debido a la pandemia de la COVID-19. Tras el Consejo de Gobierno celebrado en Santa Cruz de Tenerife, que tendrá continuidad en la tarde de mañana, viernes 4 de septiembre, precisamente por solaparse con esa reunión de trabajo, la cita sirvió para que el Ejecutivo regional anunciara que el último borrador del Plan estará cerrado, con partidas concretas, en dos semanas. Entonces, se someterá al análisis de los integrantes en busca del consenso final, lo que se hará en una nueva reunión, y el documento resultante se elevará al Consejo de Gobierno y de ahí saldrá hacia el Parlamento de Canarias.

El Ejecutivo autonómico trasladó esa fecha a los grupos parlamentarios (PSOE, CC, NC, Sí Podemos y ASG), a representantes de los cabildos (Fecai), municipios isleños (Fecam), entidades empresariales (CEOE y CCE), sindicatos (UGT y CCOO), cámaras de comercio, Tercer Sector y los colegios profesionales de Trabajo Social, que fueron los que firmaron el pasado 30 de mayo dicho Pacto.

Según explicó el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, tras la reunión, se trata de la “penúltima” cita de trabajo de este Plan, que también sirvió para abordar el enfoque en el periodo 2021-23, centrándose en las prioridades y las líneas con continuidad a partir de este 2020 “tan duro”.

Olivera recalcó que el documento a presentar en dos semanas incluirá las aportaciones que hagan todos los participantes en el Pacto, con el fin de elevarlo cuanto antes al Consejo de Gobierno para su aprobación inicial, pasando luego por el Parlamento canario para su debate y volviendo al Ejecutivo regional para su respaldo definitivo. Ese último borrador, según indicó Olivera, incluirá las medidas urgentes que ya se están desarrollando “y el resto de elementos de planificación para los próximos años”.

El proyecto contará también con un modelo de gobernanza, control y seguimiento de sus iniciativas con el fin de que se pueda hacer una fiscalización “pormenorizada y en tiempo real” de todo lo contemplado. El viceconsejero anunció dos próximas semanas “muy activas” para cerrar el borrador definitivo.

Ante los medios de comunicación, Olivera añadió que en la reunión se analizó la difícil situación que está atravesando el turismo y sus subsectores vinculados en Canarias. Según dijo, se trata de una caída generalizada en todo el mundo “porque la gente no quiere viajar. Se está reservando para más adelante y, por tanto, hay un problema de demanda”. Por eso, consideró que, para la recuperación turística, resulta clave “poner bajo control los parámetros sanitarios. Seguramente ya no importa única y exclusivamente lo que haga Canarias, que haremos todo lo que esté en nuestra mano -subrayó- para que las idas y venidas de turistas sean lo más seguras posibles, sino que vamos a necesitar que en el conjunto de la economía global, al menos en la europea, se recobre la confianza y la gente quiera volver a viajar y disfrutar de las ventajas de nuestro clima”.

Aparte del presidente Torres y Olivera, a la cita de hoy acudió por parte del Gobierno su vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez; la responsable de Turismo, Yaiza Castilla, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, y el viceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez.

 

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El Servicio Canario de Empleo ofrece ayudas por valor de 7,5 millones para formar y contratar a 550 jóvenes

Elena Máñez

El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo publica las bases y convocatoria para los proyectos de formación en alternancia con el empleo-garantía juvenil de corporaciones locales, universidades públicas y entidades sin ánimo de lucro en 2020

El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, convoca subvenciones por importe de 7.519.703,98 euros para las corporaciones locales, universidades públicas, asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro con el objetivo de financiar los proyectos de formación en alternancia con el empleo-garantía juvenil (PFAE-GJ) en el ejercicio de 2020.

Publicada este jueves en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la resolución firmada por la consejera de Economía como presidenta del SCE, Elena Máñez, beneficiará a unas 550 personas jóvenes de 16 a 30 años desocupadas sin o con baja cualificación profesional y no integradas en los sistemas de educación o formación, al facilitar la adquisición de aptitudes y competencias necesarias para mejorar su empleabilidad y lograr su inserción en el mercado laboral de forma estable y duradera.

Cofinanciadas al 91,89% por el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 en el marco del Fondo Social Europeo, las ayudas a las acciones mixtas de formación y contratación se convocan bajo el régimen de concurrencia competitiva en un periodo clave, además, para afrontar el actual proceso de reactivación económica como consecuencia de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19.

De hecho, el impulso de las políticas activas de empleo, como la nueva edición de los proyectos PFAE-GJ, figura entre las prioridades estratégicas del Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias, firmado por iniciativa del Gobierno autonómico el pasado 30 de mayo tras su consenso con una mayoritaria representación de la sociedad isleña ante la enfermedad por coronavirus.

Según la resolución publicada en el BOC, que incluye tanto las bases reguladoras como la convocatoria vigente, las entidades interesadas disponen de 20 días de plazo para presentar las solicitudes a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias (https://sede.gobcan.es).

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El Plan de Reactivación Social y Económica contempla hasta la fecha 914 millones en acciones concretas para 2020

Mesa de seguimiento del Pacto de Canarias

A esa cantidad se añadirán partidas adicionales que pueden estar por encima de los 400 millones en este mismo ejercicio

El presidente de Canarias avanza las primeras 247 medidas con ficha financiera que forman parte del Plan en su fase A, entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre, a las que se seguirán sumando otras

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha convocado en la tarde de este lunes, 13 de julio, una mesa de diálogo institucional con todos los firmantes del Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias. En esta mesa de seguimiento se ha analizado la ejecución de las medidas contempladas en el Pacto suscrito el pasado 30 de mayo por la mayoría de los grupos parlamentarios canarios (PSOE, CC, Nueva Canarias, ASG y Sí Podemos), los cabildos (Fecai), los municipios (Fecam), las principales centrales sindicales (UGT y CCOO), la patronal (CEOE y CCE), las cámaras de comercio, el Tercer Sector y los colegios profesionales de Trabajo Social.

En el encuentro, celebrado en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, se ha planteado la dinámica para el seguimiento del Pacto y de las medidas contempladas en el Plan que está resultando de ese compromiso. “Un Plan para la Reactivación Social y Económica”, explicó el presidente de Canarias, “que ya comenzó a aplicarse desde el 14 de marzo, día en que se decretó el estado de alarma por la COVID-19”.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha propuesto que el Plan se desarrolle por fases. La primera, la fase A, es la que engloba todas las acciones que se efectuarán este año, subdividida, a su vez, en dos tramos temporales: las medidas que se han tomado desde el 14 de marzo hasta el 14 de julio y las que se van a llevar a cabo desde el 14 de julio hasta el 31 de diciembre. La fase B del Plan comenzará en 2021 y tendrá vigencia hasta el final de la legislatura, en 2023.

Desde el Gobierno de Canarias se han analizado las líneas de trabajo que cuentan ya con ficha financiera y que han sido impulsadas en la fase A.

En un primer balance se han contabilizado 247 medidas que giran en torno a 106 ejes de actuación y que están cuantificadas en 914.459.441 euros con fondos generados por el Gobierno de Canarias.

Todas esas medidas, a las que se irán sumando otras, están encuadradas en las siete prioridades estratégicas que establece el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias:

1)    Conservar los servicios públicos fundamentales:

10 ejes / 49 medidas / 29,8 millones de euros

2)    Reforzar las capacidades sanitarias y sociosanitarias:

16 ejes / 52 medidas / 18,1 millones de euros

3)    Atender a los más vulnerables:

3 ejes / 8 medidas / 45 millones de euros

4)    Mantener y recuperar el empleo:

17 ejes / 25 medidas / 75,8 millones de euros

5)    Impulso de la actividad económica:

45 ejes / 82 medidas / 545,21 millones de euros

6)    Agilizar, simplificar, cooperar y coordinar los trámites administrativos:

8 ejes / 15 medidas / 200,3 millones de euros

7)    Impulsar la Agenda 2030 en Canarias con sus objetivos de desarrollo sostenible:

7 ejes / 16 medidas

Agilización administrativa y ejecución presupuestaria

En la reunión de seguimiento, el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, dio detalles del estado de ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 y destacó que, “a pesar de haber vivido un parón total de la actividad con el estado de alarma por la pandemia, estamos por encima de los niveles de ejecución presupuestaria que había el año pasado por estas fechas”.

Antonio Olivera recalcó que hasta el mes de junio los gastos en servicios esenciales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) se han incrementado el 7,1 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior (193,4 millones más). En cuanto a las inversiones reales, el incremento con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior ha sido del 29,4 por ciento en su ejecución (14,2 millones más). Ha habido un mayor grado de gasto registrado a mitad de año que “también corrobora el cumplimiento de uno de los compromisos que se adquirieron en el Pacto firmado el 30 de mayo: el de agilizar los procedimientos administrativos”, añadió Ángel Víctor Torres.

Certidumbres económicas

Desde que se firmara el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias el Día de Canarias, se han producido acuerdos, reuniones y anuncios por parte de la administraciones autonómica y estatal, que han contribuido a generar más certidumbre económica. Uno de esos anuncios fue la creación de un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros por parte del Gobierno de España, a distribuir entre las comunidades autónomas. De los cálculos realizados según los criterios establecidos de reparto, se concluye que Canarias recibirá una cuantía global de 549,6 millones de euros, de los que 373 millones son recursos adicionales que se destinarán a la adopción de medidas vinculadas al Plan para la Reactivación Económica y Social de Canarias.

Otra de las certidumbres con las que cuenta Canarias es que podrá hacer uso del superávit y la administración autonómica no estará obligada a aumentar las cantidades destinadas a amortización de deuda.

A esto hay que sumar, dentro del superávit, la posibilidad de usar los 500 millones de euros de la sentencia de carreteras. Además, la información procedente de las diferentes consejerías del Gobierno de Canarias indica que los reajustes presupuestarios pueden permitir disponer de una cantidad que estaría entre los 100 y los 150 millones de euros adicionales para este ejercicio.

El presidente de Canarias aseguró que este es “un plan vivo, cambiante, sujeto a ingresos adicionales que puedan darse, pero también a imprevistos presupuestarios a los que haya que hacer frente por un brote o rebrote”. Ángel Víctor Torres también apuntó que se trata de “un documento abierto y participativo en el que, además de dar cuenta de las cifras del Gobierno, también se da la oportunidad de que los firmantes hagan sus aportaciones y trasladen qué contribuciones están haciendo para el cumplimiento del Pacto”.

La voluntad del Ejecutivo es que el documento que resulte de estas reuniones de trabajo pueda ser aprobado en septiembre en el Consejo de Gobierno y que, posteriormente, sea sometido a la consideración de todos los partidos representados en el Parlamento.

Una nueva reunión el 6 de agosto

La próxima reunión de seguimiento del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias se celebrará el 6 de agosto en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife. En ese segundo encuentro se hará un nuevo balance de las medidas aplicadas en la fase A, se recogerán las aportaciones que hagan los firmantes según el documento presentado hoy y se analizarán los efectos de las medidas adoptadas hasta el momento.

Asimismo, en la próxima cita se estudiarán los acuerdos que se adopten en el Consejo Europeo próximo en torno al plan de reconstrucción europeo 2021/2023.

Participantes:

PRESIDENTE DE CANARIAS

  • Ángel Víctor Torres Pérez

VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS

  • Román Rodríguez Rodríguez

CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD

  •  Noemí Santana Perera

CONSEJERA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

  • Yaiza Castilla Herrera (por videoconferencia)

VICECONSEJERO DE LA PRESIDENCIA

  • Antonio Olivera Herrera

CEOE

  • José Carlos Francisco Díaz

CCE

  • Agustín Manrique de Lara

CC.OO

  • Inocencio González

UGT

  • Francisco Bautista Yánez

FECAI

  • María Dolores Corujo. Presidenta

FECAM

  • Mari Brito. Presidenta Fecam

TERCER SECTOR

  • Antonio Rico. Representante del tercer sector. Presidente Cruz Roja

TRABAJO SOCIAL

  • Laura Monroy (Colegio Trabajo Social de Las Palmas). Representa a los colegios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

PORTAVOCES GRUPOS PARLAMENTARIOS

  •  PSOE: Nira Fierro.
  • SÍ PODEMOS CANARIAS: Manuel Marrero
  • NC: Luis Campos
  • ASG: Melody Mendoza
  • CC: José Miguel Barragán

CÁMARAS DE COMERCIO

  • José Sánchez Tinoco. Presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas.
  • Santiago Sesé (por videoconferencia) Presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

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El Consejo de Gobierno informa del desarrollo del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias

Consejo de Gobierno de Canarias

Tras la celebración del Consejo de Gobierno, el portavoz ha informado asimismo de la flexibilización de restricciones ante la favorable evolución epidemiológica en Canarias

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno celebrado este jueves del desarrollo del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias que abarca no solo acciones inmediatas, sino que se alargan en el tiempo, ha informado el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez. “Se están despejando dudas sobre tres aspectos fundamentales del Pacto como son la utilización del superávit, la distribución del fondo no reembolsable, y la iniciación de una vía de entendimiento entre el Ministerio de Hacienda y los cabildos”, añadió.

Asimismo, Pérez ha informado de que el Gobierno ha identificado más de 100 acciones concretas, algunas de las cuales ya se han puesto en marcha, y otras lo harán a partir de ahora y hasta el 31 de diciembre de este año.

Según afirmó, para el Gobierno es importante enlazar estas acciones con las contempladas en el pacto de gobierno y en la agenda 2030 de objetivos de desarrollo sostenible. “Es fundamental tener todas estas piezas en un solo proyecto ordenado y financiado”, agregó.

Con relación al vuelo de la Organización Mundial del Turismo que llegó ayer a Canarias para confirmar la seguridad sanitaria y turística del destino, Pérez se refirió a la satisfacción y la esperanza del Ejecutivo autonómico ante las observaciones en positivo realizadas por los miembros de la comitiva. “Hemos coincidido en resaltar el excelente comportamiento de la población canaria que ha permitido que el trabajo del Gobierno cunda”, apostilló.

A este espaldarazo a Canarias como destino turístico abierto y seguro por parte de los líderes mundiales de la organización dependiente de Naciones Unidas, Julio Pérez sumó la importancia del anuncio realizado ayer en la visita por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, de que el Gobierno de España defenderá ante la Unión Europea un plan específico de inversiones para el turismo en Canarias.

Flexibilización de las restricciones

El portavoz del Ejecutivo resaltó que la situación sanitaria y epidemiológica en Canarias sigue siendo favorable, que no se han producidas rebrotes. “Cada día se hace seguimiento a varios centenares de sospechosos, pero finalmente resultan muy pocos casos de contagio”, añadió. En el caso de positivos detectados entre grupos de migrantes que han llegado en embarcaciones irregulares insistió que están siendo controlados con una actuación muy intensa por parte de los equipos sanitarios.

Esta evolución de la pandemia ha permitido al Gobierno revisar paulatinamente las restricciones contempladas en el decreto de nueva normalidad. En ese sentido, el Consejo de Gobierno ha acordado la modificación del límite de aforo para eventos al aire libre, que pasa de 1.000 personas a 1.300, y para eventos en espacios cerrados, que pasa de 300 a 500 personas.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha acordado aclarar de forma expresa la prohibición del uso de shishas o cachimbas, pues al ser utilizadas por varias personas a la vez suponen un riesgo de contagio.

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El Consejo General de Empleo aprueba ayudas por 7,5 millones para formar y contratar a personas jóvenes

El Servicio Canario de Empleo agiliza las subvenciones al trabajo autónomo en cumplimiento del Pacto de Reactivación Social y Económica tras la COVID-19

El Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este miércoles el Programa de Formación en Alternancia con el Empleo-Garantía Juvenil para 2020 por un importe de 7,5 millones de euros (7.519.703,98), cofinanciado al 91,89% por el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo.

Presidido por la consejera autonómica de Economía, Elena Máñez, el Consejo General de Empleo avaló la propuesta de resolución con las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para financiar los proyectos destinados a incrementar la cualificación profesional y la inserción laboral de personas desempleadas de 16 a 30 años en el Archipiélago.

Como novedad, la duración de las actuaciones en la convocatoria de 2020 se reduce de once a nueve meses y la excepcionalidad se debe a la finalización del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo, según argumenta el documento aprobado por el órgano colegiado del SCE, integrado por responsables de la administración autonómica junto a dirigentes de los sindicatos y patronales con mayor representatividad.

Además de Elena Máñez, la sesión ordinaria del Consejo General de Empleo contó con la participación del viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; la directora del SCE, Dunnia Rodríguez; y el director general de Ordenación y Promoción Turística, Ciprián Rivas; entre otros responsables de la administración autonómica, junto a representantes de las confederaciones empresariales provinciales (CCE Las Palmas y CEOE-Tenerife) y las principales organizaciones sindicales (CCOO y UGT).

Más plazo y menos trámite

También emitió un informe favorable a la modificación del procedimiento de subvenciones directas para la promoción del empleo autónomo en cumplimiento con el compromiso para “el impulso decidido de la agilidad y la simplificación administrativa” adquirido en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, firmado por iniciativa del Gobierno autonómico el pasado 30 de mayo por una mayoritaria representación de la sociedad isleña ante la pandemia de COVID-19.

Entre otras cuestiones, la orden elimina para las personas beneficiarias el requisito de inscripción en el servicio de promoción del empleo autónomo de las oficinas del SCE y amplía el plazo de solicitud de ocho meses a un año desde su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Igualmente, el Consejo General de Empleo informó a favor del convenio de cooperación entre el SCE y el Cabildo de Fuerteventura para para la puesta en marcha de los proyectos de apoyo a la empleabilidad en la isla majorera derivados de la situación sobrevenida de la declaración del estado de alarma por el COVID-19.

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