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El Gobierno logra un amplio consenso en torno a la redacción del Plan para la Reactivación Social y Económica

El Gobierno logra un amplio consenso en torno a la redacción del Plan para la Reactivación Social y Económica

Torres preside la cita con las administraciones, la mayoría de partidos, empresarios, sindicatos y el Tercer Rector, antes de aprobarlo presumiblemente en el Consejo del 1 de octubre, ya con los últimos detalles incorporados y para remitirlo al Parlamento

El Gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, dejó casi cerrado esta tarde, en una reunión en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife, el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias (Reactiva Canarias) por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 en los sectores sanitario y socioeconómico, lo que logró con las administraciones públicas, partidos políticos y agentes económicos y sociales que suscribieron el pasado 30 de mayo el Pacto que da origen a ese amplio conjunto de ejes y medidas, con partidas ya fijas y específicas para este 2020 que suman un total de 1.425 millones de euros. Esta cifra forma parte de un global presupuestario para ese mismo año de 18.536 millones (la suma de todas las aportaciones de las administraciones públicas y de los agentes privados en 2020).

Con esa iniciativa se pretende que los efectos del coronavirus sean los menores posibles en las Islas, región marcada por el peso del sector turístico, a la vez que garantizar y fortalecer el Estado de Bienestar, para lo que se plantea recuperar cuanto antes la actividad económica principal y el empleo, readaptar el modelo productivo poco a poco a las nuevas tecnologías y la sostenibilidad, y conseguir que “nadie se quede atrás”, por lo que se da prioridad a los sectores más vulnerables.

Como remarcó el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, tras la reunión, esos 1.425 millones adicionales o específicos para este ejercicio de 2020, que compensarán la merma de ingresos por la pandemia, se diferencian de los cálculos solo orientativos para el periodo 2021-23, fijados en unos 4.300 millones (la suma de ambos alcanza los 5.725 millones). Además, sumada la primera cantidad (1.425 millones) al presupuesto regional, las aportaciones de otras administraciones públicas y del sector privado, la cifra para este 2020 alcanza los 18.536 millones, cumpliéndose así las previsiones indicadas a los firmantes del Pacto durante el mes de mayo. Por ello, como explicó Olivera, “no cabe hablar de recortes”.

En declaraciones a los medios, el viceconsejero destacó la buena acogida al borrador del Plan entregado a los firmantes el pasado jueves, la labor de coordinación del Gobierno, reconocida por los participantes, y sobre todo el “trabajo colectivo” desarrollado. “Esa era -expuso- una de las principales virtudes del documento: la unidad y los puntos de encuentro frente a las discrepancias que suelen ser habituales y legítimas en otros ámbitos”.

A su juicio, ha habido “generosidad” por las entidades firmantes, aparte de que el Gobierno sigue confiando en que se sumen al Plan otros partidos que se han quedado fuera (PP y Cs) y que esto se haga durante el proceso parlamentario. Según recalcó el viceconsejero, todos los participantes comprendieron en la cita de hoy la diferencia entre la ficha financiera específica para 2020 (1.425 millones), los cálculos de 2021 a 2023 (4.300 millones) y el conjunto global de partidas de todo el sector público y del privado para el año en curso (2020), los reseñados 18.536 millones.

Olivera insistió en que no se pueden conocer aún los ingresos desde 2021 en adelante por las incertidumbres existentes, pero sí las acciones generales de inversión y el gasto previsible a realizar en ese trienio. En su opinión, “la fortaleza es tener este Plan, pues así contaremos con más fuerza para lograr los ingresos necesarios para realizar las inversiones proyectadas”.

El Plan, nacido precisamente en busca del mayor consenso, realismo y fiscalización posible, lo apoyan la Federación de Cabildos (Fecai), los 88 municipios canarios (mediante la Fecam), las organizaciones empresariales CEOE y CCE, las cámaras de comercio, los sindicatos UGT y CCOO, los colegios profesionales de Trabajo Social, los agentes del Tercer Sector y el 80% de los diputados del Parlamento (PSOE, CC-PNC, NC, Sí Podemos y ASG).

Tras la reunión de esta tarde, que completa numerosas citas de trabajo y borradores previos y en la que los firmantes han hecho nuevas aportaciones, el objetivo pasa por realizar otros encuentros pormenorizados con cada organización firmante para preparar el documento que se aprobará presumiblemente en el Consejo del próximo 1 de octubre. Luego, se elevará para su debate a la Cámara regional.

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El Gobierno culmina el Plan para la Reactivación con una inversión de 5.725 millones en el periodo 2020-23

Consejo de Gobierno de Canarias

El documento borrador que se ha ido consensuando con las administraciones públicas, los agentes sociales y económicos, el Tercer Sector y la mayoría de partidos incluye medidas por valor de 1.425 millones para 2020 en sus siete prioridades estratégicas

El texto aboga por la unidad de acción ante la Unión Europea y el Ejecutivo central para mantener el Estado de bienestar y los logros conseguidos por Canarias en los nuevos REF y Estatuto de Autonomía

El Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias (Plan Reactiva Canarias), concebido para combatir los efectos de la pandemia COVID-19, prevé una inversión inicial de 5.725,7 millones de euros en las Islas desde este año hasta 2023; de ellos, 1.425 millones se reservan al ejercicio 2020, estos con ficha ya cerrada. Así se contempla en el borrador casi definitivo visto hoy por el Consejo de Gobierno y ya entregado a los firmantes del Pacto del mismo nombre, del que emana esta iniciativa, rubricada el pasado 30 de mayo (Día de Canarias) y negociada desde entonces con numerosas reuniones celebradas entre los integrantes de ese foro.

El objetivo central de ese proyecto integral pasa por mantener y fortalecer los servicios básicos, como la sanidad, la educación, los derechos sociales y la vivienda, de manera que nadie se quede atrás por esta crisis imprevista y mundial, especialmente los colectivos más vulnerables. Además, el Plan para la Reactivación aspira a que el Archipiélago salga de esta situación con sus distintos sectores reforzados, con el empleo recuperado, con mayor sostenibilidad integral gracias a la aplicación de la Agenda 2030, con un turismo más competitivo, con más acceso a la vivienda pública, con una administración más moderna y con el máximo desarrollo posible de textos legales clave para Canarias, como son los nuevos Estatuto de Autonomía y Régimen Económico y Fiscal (REF), cuyas reformas se aprobaron en octubre de 2018, así como el refuerzo de la condición de Canarias como región ultraperiférica (RUP) en la Unión Europea (UE).

El documento, también denominado Plan Reactiva Canarias, aún puede ser modificado estos días durante la última revisión de los participantes en su redacción: los cabildos, a través de la Fecai; los 88 municipios canarios (con la Fecam), las organizaciones empresariales CEOE y CCE; las cámaras de comercio; los sindicatos UGT y CCOO; los colegios profesionales de Trabajo Social; los agentes del Tercer Sector, y los partidos signatarios, que representan el 80% de los diputados del Parlamento regional, al ser apoyado ese Pacto por PSOE, CC-PNC, NC, Sí Podemos y ASG. El planteamiento inicial es que sea aprobado por el Consejo de Gobierno el próximo 1 de octubre, para luego ser debatido en la Cámara autonómica, en principio en el pleno del 27 de ese mismo mes.

La intención es desarrollarlo al completo (este año hay muchas medidas que ya se están aplicando o se han implantado desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo pasado) hasta el año 2023. De hecho, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, abogó desde el día siguiente a aquel sábado 14 de marzo por la elaboración de un plan específico para la recuperación de las Islas ante una situación de amplia crisis, con especial afección en Canarias dentro de España y de la UE debido al elevado peso del turismo en las Islas (35% del PIB regional y 40% del empleo). Se busca un Plan que sea lo más consensuado posible y además urgente, realista, eficaz, adaptable, fiscalizable y con fichas financieras concretas para todos sus ejes, actuaciones y medidas. Para su control y seguimiento, de hecho, el proyecto incluye mecanismos pormenorizados de fiscalización de su cumplimiento por parte de los firmantes.

La búsqueda de esa unidad y del acuerdo masivo derivó en el Pacto del 30 de mayo pasado, en el que se definió un total de siete prioridades estratégicas o bloques que, en el caso del presente ejercicio de 2020, incluyen una ficha financiera de 1.425 millones de euros (financiación ya cerrada).

De los 1.425 millones de euros para 2020 (como se puede comprobar en el cuadro incluido al final de esta nota), el mantenimiento de los servicios básicos y el refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias contarán con la suma de 440,4 millones.

547 millones para actividad económica y 190 para empleo en 2020

Otros bloques estratégicos, como la atención a los sectores poblaciones más vulnerables (los mayores, las mujeres, la pobreza infantil, las víctimas de malos tratos, los discapacitados, dependientes, migrantes, colectivos LGTBI…), dispondrán de 45 millones en este 2020. Sin embargo, los esfuerzos principales se dirigirán a la actividad económica, el empleo y la agilización administrativa. Así, solo al impulso económico y empresarial se reservan 547,38 millones, mientras que para la recuperación y el mantenimiento del empleo son 190,84. La simplificación y coordinación administrativa, por su parte, acapara 200,5 millones, con los que se pretende facilitar los proyectos y licencias, ahorrar pasos burocráticos y dinamizar así la economía y el empleo. La inversión se completa con 500.000 euros para la Agenda 2030 de Canarias.

Aquellos 1.425 millones de euros para 2020 suponen un considerable esfuerzo por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias y de la Administración General del Estado debido a la merma de ingresos tributarios por la pandemia en este ejercicio, sobre todo teniendo en cuenta el sistema fiscal singular con que se cuenta en las Islas. Para alcanzar esa cifra, se han incluido 373 millones no reembolsables que corresponden al Archipiélago del Fondo COVID aprobado por el Gobierno central mediante el Real Decreto Ley 22/2020, del 16 de junio. Con ellos, se pretende compensar los aumentos de los gastos en sanidad, educación y transporte. Asimismo, se introducen 176 millones para cubrir la reducción de la recaudación tributaria en las Islas y hasta 389 millones por autorizarse el uso de superávit de ejercicios anteriores de la Comunidad Autónoma. Esa cifra se aplica por la merma de ingresos por impuestos propios o derivados del Bloque de Financiación Canario en este 2020.

Para este ejercicio, el Gobierno central también aporta 14 millones con el fin de reforzar los servicios sociales, en función del Real Decreto 8/2020, del 17 de marzo. Por su parte, el Ejecutivo canario ha reajustado 100 millones del Presupuesto regional vigente, cantidad que se añade a otros 373 obtenidos de partidas contempladas en esas cuentas que se consideran útiles ante lo sucedido por la pandemia de la COVID-19.

La financiación prevista en el trienio 2021-23

Aunque se trata de una cifra potencialmente modificable porque aún deben confirmarse presupuestos a distintas escalas, pues existen incertidumbres sobre los ingresos tributarios y porque el Plan seguirá estando abierto y adaptable a la evolución socioeconómica y de la pandemia, para el periodo 2021-2023 se ha calculado inicialmente un total de 3.400,7 millones de euros.

Igualmente, para el citado periodo de tres años se establece un refuerzo financiero total de 900 millones en servicios esenciales (sanidad, educación, derechos sociales y vivienda), lo que da un resultado global de gasto para 2021-2023 de 4.300,7 millones de euros.

Las cifras más relevantes, de nuevo, atienden en 2021-2023 a la reactivación económica y la generación de empleo. En este sentido, se proyecta, de momento, un desembolso de hasta 2.028 millones para el reimpulso empresarial y económico y de 741 millones para el empleo. En los casos de la Agenda 2030 y de la agilización administrativa, lo más relevante son las medidas relacionadas con la progresiva implantación e incorporación de esas acciones a los procesos de gestión pública; por ello, la ficha financiera tiene un papel secundario en tales prioridades estratégicas.

Los presupuestos del Estado para 2021 y el Fondo Europeo de Recuperación

Desde 2021, los siete bloques prioritarios y los ejes de actuación del Plan Reactiva Canarias dependerán en gran medida de que el Gobierno central logre aprobar unos nuevos presupuestos estatales. De esta manera, se dejarán atrás las cuentas prorrogadas desde 2018, que, entre otras cosas, han impedido desarrollar documentos clave para las Islas como los nuevos REF y Estatuto de Autonomía, a pesar de contar con 1.399 millones para aspectos económicos dentro de ese régimen especial y de 750 adicionales para gastos corrientes y de capital.

Además, resulta esencial que Canarias haga valer sus singularidades por la lejanía y la insularidad ante la UE, su actual condición de región RUP, a la hora de obtener ayudas o financiación pública para proyectos que a incluir en el Fondo Europeo de Recuperación, dada la mayor afección de la pandemia en las Islas por su modelo económico. Unos efectos que se suman a las debilidades estructurales que ya presentaba el Archipiélago en cuanto a diversificación económica, empleo, salarios y otros parámetros.

El Plan Reactiva Canarias también podrá costearse con recursos del proyecto de la UE Next Generation (se aspira a un global de hasta 3.750 millones), con los Fondos Estructurales europeos de los periodos 2014-20 y 2021-27 y con las cuentas estatales hasta 2023 y además las regionales, que se espera que dispongan de forma creciente de más ingresos tributarios a medida que se reduzcan los efectos de la pandemia.

Con el fin de que los efectos de la COVID-19 fueran los mínimos posibles manteniéndose los gastos públicos, el Gobierno regional ha inyectado hasta ahora, en 2020, unos 8.067 millones en la economía isleña, mientras que los cabildos han aportado 1.652 y los consistorios, 2.106. Junto al Ejecutivo central, el esfuerzo global en el Archipiélago asciende a 16.800 millones.

Como se ha indicado hasta ahora, el Plan Reactiva Canarias da especial prioridad al mantenimiento de la capacidad asistencial en la sanidad pública canaria y a la estabilidad laboral de sus trabajadores. Se hace no solo por mejorar este pilar fundamental del Estado de bienestar para los residentes y ante la evolución de la pandemia, sino como atractivo y garantía de presente y futuro para el turismo. Así, se pretende mejorar los hospitales, garantizar corredores seguros del coronavirus, potenciar la atención primaria, las urgencias, la detección precoz, la vigilancia epidemiológica, la investigación (en coordinación con las universidades canarias) y las nuevas tecnologías, entre otras medidas.

En el ámbito social, además se prevé desarrollar la Ley de Servicios Sociales aprobada en 2019 y fortalecer al máximo los servicios sociosanitarios con más y mejores conciertos con el Tercer Sector y una mayor coordinación interadministrativa. Así, se quiere aligerar los hospitales en el capítulo de enfermos crónicos mediante una red potenciada de centros para mayores y con una mejor teleasistencia o atención en el hogar. Además, lejos de debilitarse, se atiende mejor la dependencia y la discapacidad.

Otro de los objetivos clave pasa por mejorar la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que ahora queda reforzada con el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno central y que se completa con la Renta Canaria de Ciudadanía. Se calcula que ese Ingreso Mínimo que aporta el Estado supondrá unos 180 millones anuales en las Islas.

En educación, con la seguridad de los alumnos y del personal docente ante la COVID como prioridad máxima, también se quiere estrechar la brecha digital que el confinamiento evidenció, aparte de reforzar todo lo posible la educación a distancia, mejorar el apoyo a las familias con menos recursos y la educación de 0 a 3 años en beneficio de la conciliación familiar y del acceso al mercado laboral en condiciones igualitarias.

Con el objetivo doble de reimpulsar el subsector de la construcción, y en aras a cumplir un derecho básico de la ciudadanía, se busca ampliar el parque de vivienda de alquiler social, con más ayudas para las familias con pocos recursos y el pago de los suministros básicos.

Recuperar y adaptar la economía, con un subsector turístico más moderno

En cuanto al ámbito económico y el empleo, se defiende el mantenimiento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor durante el tiempo necesario, adaptados a la recuperación de la actividad productiva y sin merma de ingresos para los trabajadores, beneficiándose no solo el subsector turístico (el principal en Canarias), sino además el resto de actividades vinculadas y otras afectadas por el virus. El documento, eso sí, recuerda que, entre abril y agosto, esta medida tomada desde el principio de la pandemia por el Gobierno central ha supuesto un desembolso en las Islas de 1.188 millones para ayudar a empresas y trabajadores. A esa cifra hay que añadir otros 80 millones en apoyo de los autónomos por el cese de actividad.

Además, el Plan apuesta por garantizar cada año los 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y diversas medidas de modernización del Servicio Canario de Empleo, de formación de sectores poblacionales con más dificultades de reincorporación laboral y de apoyo a los autónomos, empresas de economía social, cooperativas o compañías de integración social. Para todos ellos, aparte de las líneas de crédito ICO (que han aportado a empresas de Canarias 3.600 millones hasta agosto) y del Banco Europeo de Inversiones, se reforzarán mecanismos regionales como la Sociedad de Garantía Recíproca de Canarias (AvalCanarias) o la Sociedad de Desarrollo de Canarias (Sodecan). En este ejercicio de 2020, se incluyen 180 millones para ayudas a empresas y 66 a autónomos.

El esfuerzo por la formación se orientará, en especial, al ámbito turístico (idiomas…), así como a las nuevas tecnologías y el I+D+i. Además, el Plan pretende una lucha más activa contra la economía sumergida y ayudas a las empresas, reduciendo la morosidad con el reordenamiento de pagos o mayores garantías de deuda. Para esto, en este 2020 se reservan 20 millones.

El desarrollo del REF incluye la adaptación de los instrumentos fiscales a la nueva realidad generada por el coronavirus, así como el mejor aprovechamiento de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), la Deducción por Inversiones, la Zona Especial Canaria (ZEC) o los incentivos económicos regionales, de manera que se impulse la inversión y la creación de empresas y empleos.

Por supuesto, el turismo, su recuperación y modernización resultan esenciales en este Plan. Para ello, siguiendo el proyecto Canarias Fortaleza, se apuesta por promocionar nuevos productos en ese ámbito clave, por apoyar al máximo las inversiones, adaptar los espacios públicos y privados a las nuevas tecnologías y energías limpias, reforzar la conectividad y garantizar la máxima seguridad sanitaria.

También se prevé apostar por los eventos culturales y deportivos como atractivos añadidos y por el consumo de productos canarios (de cercanía o kilómetro cero, con mucho menor huella de carbono), en cumplimiento también de la Agenda 2030 y reforzando así la marca Elaborado en Canarias y la soberanía alimentaria. En esta misma línea, ahora ligándola al ámbito sanitario, se contempla impulsar la producción de material sanitario en las Islas.

Sin salir de la economía, el impulso a la construcción no solo se busca con nueva vivienda social y con reformas de éstas, sino vinculándolo a la modernización turística y hotelera, así como a la obra pública (carreteras, centros docentes, sanitarios…), siempre atendiendo a los criterios de sostenibilidad.

En cuanto al transporte, se compensará a las empresas del subsector por las consecuencias de la pandemia (175 millones en ayudas globales en 2020), se tomarán todas las medidas para que se cumpla con la bonificación del 75% de los billetes de avión y barco para los residentes, se impulsará la movilidad sostenible y se modernizarán puertos y aeropuertos.

El Plan Reactiva Canarias apoya al sector primario con la búsqueda del adelanto de las ayudas del Posei comunitario y del Posei adicional, con especial atención a cultivos como el tomate y el plátano, entre otros, reduciendo los costes de los insumos de la ganadería (REA), reforzando las subvenciones a las explotaciones agrícolas, ganaderas y acuícola, y exigiendo las ayudas al agua de riego contempladas en los Presupuestos estatales (ocho millones de euros).

Mecanismos de control y cumplimiento de lo previsto

En busca del mayor rigor, fiscalización y cumplimiento de este Plan, la iniciativa contempla un punto final, el 10, denominado Cuadro de mando. Ello permitirá una continua y adecuada evaluación de su desarrollo, de sus resultados y de su contribución a alcanzar las metas fijadas. Para ello, habrá una comisión de seguimiento del Plan, con reuniones trimestrales y una sesión de control monográfica de periodicidad anual.

 

  • ANEXOS CON TABLAS FINANCIERAS PARA 2020 y 2021-23

I) Ficha financiera para las medidas impulsadas en el año 2020

PRIORIDAD ESTRATÉGICA Presupuesto
1. Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales 424.746.983,58 €
2. Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias 15.689.776,00 €
3. Atención y apoyo a las personas vulnerables 45.069.883,39 €
4. El mantenimiento y recuperación del empleo 190.848.804,00 €
5. Impulso de la actividad económica 547.389.223,30 €
6. Agilidad, simplificación, cooperación y coordinación administrativa 200.834.161,85 €
7. Impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS) 500.000,00 €
TOTAL 1.425.018.831,20 €

II) Ficha financiera para los instrumentos de planificación previstos en el periodo 2021-2023

PRIORIDAD ESTRATÉGICA Presupuesto
1. Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales 429.700.000,00 €
2. Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias 93.000.000,00 €
3. Atención y apoyo a las personas vulnerables 75.500.000,00 €
4. El mantenimiento y recuperación del empleo 741.030.000,00 €
5. Impulso de la actividad económica 2.012.265.496,78 €
6. Agilidad, simplificación, cooperación y coordinación administrativa 310.000,00 €
7. Impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS) 0,00 €
TOTAL 3.384.805.496,78 €

 

Se debe tener en cuenta que la aportación total del Plan Reactiva Canarias para el periodo de ejecución 2020-23 (cuatro años), la de 5.725,7 millones, incluye los 900 millones de refuerzo en servicios esenciales (sanidad, educación, derechos sociales y vivienda) durante el trienio 2021-23, lo que da el resultado global de gasto ya indicado: 5.725,7 millones. Esta cifra resulta de sumar la ficha cerrada para 2020, 1.425 millones; la prevista para el periodo 2021-23, 3.400,7, y los 900 millones reseñados.

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El Gobierno ultima el documento final del Plan para la Reactivación Social y Económica por la crisis de la COVID-19

Plan de Reactivación - Canarias

Ese trabajo, que se someterá en dos semanas al análisis de los participantes en el Pacto en busca del consenso final, luego se elevará a la aprobación del Consejo de Gobierno y de ahí pasará al Parlamento de Canarias

El viceconsejero de la Presidencia recalca que se incluirán todas las aportaciones de los firmantes del Pacto y habrá un control exhaustivo de las medidas y ejes incluidos

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, participó esta tarde en otra reunión de la comisión de preparación del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias por la crisis desatada debido a la pandemia de la COVID-19. Tras el Consejo de Gobierno celebrado en Santa Cruz de Tenerife, que tendrá continuidad en la tarde de mañana, viernes 4 de septiembre, precisamente por solaparse con esa reunión de trabajo, la cita sirvió para que el Ejecutivo regional anunciara que el último borrador del Plan estará cerrado, con partidas concretas, en dos semanas. Entonces, se someterá al análisis de los integrantes en busca del consenso final, lo que se hará en una nueva reunión, y el documento resultante se elevará al Consejo de Gobierno y de ahí saldrá hacia el Parlamento de Canarias.

El Ejecutivo autonómico trasladó esa fecha a los grupos parlamentarios (PSOE, CC, NC, Sí Podemos y ASG), a representantes de los cabildos (Fecai), municipios isleños (Fecam), entidades empresariales (CEOE y CCE), sindicatos (UGT y CCOO), cámaras de comercio, Tercer Sector y los colegios profesionales de Trabajo Social, que fueron los que firmaron el pasado 30 de mayo dicho Pacto.

Según explicó el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, tras la reunión, se trata de la “penúltima” cita de trabajo de este Plan, que también sirvió para abordar el enfoque en el periodo 2021-23, centrándose en las prioridades y las líneas con continuidad a partir de este 2020 “tan duro”.

Olivera recalcó que el documento a presentar en dos semanas incluirá las aportaciones que hagan todos los participantes en el Pacto, con el fin de elevarlo cuanto antes al Consejo de Gobierno para su aprobación inicial, pasando luego por el Parlamento canario para su debate y volviendo al Ejecutivo regional para su respaldo definitivo. Ese último borrador, según indicó Olivera, incluirá las medidas urgentes que ya se están desarrollando “y el resto de elementos de planificación para los próximos años”.

El proyecto contará también con un modelo de gobernanza, control y seguimiento de sus iniciativas con el fin de que se pueda hacer una fiscalización “pormenorizada y en tiempo real” de todo lo contemplado. El viceconsejero anunció dos próximas semanas “muy activas” para cerrar el borrador definitivo.

Ante los medios de comunicación, Olivera añadió que en la reunión se analizó la difícil situación que está atravesando el turismo y sus subsectores vinculados en Canarias. Según dijo, se trata de una caída generalizada en todo el mundo “porque la gente no quiere viajar. Se está reservando para más adelante y, por tanto, hay un problema de demanda”. Por eso, consideró que, para la recuperación turística, resulta clave “poner bajo control los parámetros sanitarios. Seguramente ya no importa única y exclusivamente lo que haga Canarias, que haremos todo lo que esté en nuestra mano -subrayó- para que las idas y venidas de turistas sean lo más seguras posibles, sino que vamos a necesitar que en el conjunto de la economía global, al menos en la europea, se recobre la confianza y la gente quiera volver a viajar y disfrutar de las ventajas de nuestro clima”.

Aparte del presidente Torres y Olivera, a la cita de hoy acudió por parte del Gobierno su vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez; la responsable de Turismo, Yaiza Castilla, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, y el viceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez.

 

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El Servicio Canario de Empleo ofrece ayudas por valor de 7,5 millones para formar y contratar a 550 jóvenes

Elena Máñez

El organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo publica las bases y convocatoria para los proyectos de formación en alternancia con el empleo-garantía juvenil de corporaciones locales, universidades públicas y entidades sin ánimo de lucro en 2020

El Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, convoca subvenciones por importe de 7.519.703,98 euros para las corporaciones locales, universidades públicas, asociaciones, fundaciones y otras entidades sin ánimo de lucro con el objetivo de financiar los proyectos de formación en alternancia con el empleo-garantía juvenil (PFAE-GJ) en el ejercicio de 2020.

Publicada este jueves en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la resolución firmada por la consejera de Economía como presidenta del SCE, Elena Máñez, beneficiará a unas 550 personas jóvenes de 16 a 30 años desocupadas sin o con baja cualificación profesional y no integradas en los sistemas de educación o formación, al facilitar la adquisición de aptitudes y competencias necesarias para mejorar su empleabilidad y lograr su inserción en el mercado laboral de forma estable y duradera.

Cofinanciadas al 91,89% por el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 en el marco del Fondo Social Europeo, las ayudas a las acciones mixtas de formación y contratación se convocan bajo el régimen de concurrencia competitiva en un periodo clave, además, para afrontar el actual proceso de reactivación económica como consecuencia de la crisis sanitaria por la pandemia de COVID-19.

De hecho, el impulso de las políticas activas de empleo, como la nueva edición de los proyectos PFAE-GJ, figura entre las prioridades estratégicas del Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias, firmado por iniciativa del Gobierno autonómico el pasado 30 de mayo tras su consenso con una mayoritaria representación de la sociedad isleña ante la enfermedad por coronavirus.

Según la resolución publicada en el BOC, que incluye tanto las bases reguladoras como la convocatoria vigente, las entidades interesadas disponen de 20 días de plazo para presentar las solicitudes a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias (https://sede.gobcan.es).

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El Plan de Reactivación Social y Económica contempla hasta la fecha 914 millones en acciones concretas para 2020

Mesa de seguimiento del Pacto de Canarias

A esa cantidad se añadirán partidas adicionales que pueden estar por encima de los 400 millones en este mismo ejercicio

El presidente de Canarias avanza las primeras 247 medidas con ficha financiera que forman parte del Plan en su fase A, entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre, a las que se seguirán sumando otras

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha convocado en la tarde de este lunes, 13 de julio, una mesa de diálogo institucional con todos los firmantes del Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias. En esta mesa de seguimiento se ha analizado la ejecución de las medidas contempladas en el Pacto suscrito el pasado 30 de mayo por la mayoría de los grupos parlamentarios canarios (PSOE, CC, Nueva Canarias, ASG y Sí Podemos), los cabildos (Fecai), los municipios (Fecam), las principales centrales sindicales (UGT y CCOO), la patronal (CEOE y CCE), las cámaras de comercio, el Tercer Sector y los colegios profesionales de Trabajo Social.

En el encuentro, celebrado en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, se ha planteado la dinámica para el seguimiento del Pacto y de las medidas contempladas en el Plan que está resultando de ese compromiso. “Un Plan para la Reactivación Social y Económica”, explicó el presidente de Canarias, “que ya comenzó a aplicarse desde el 14 de marzo, día en que se decretó el estado de alarma por la COVID-19”.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha propuesto que el Plan se desarrolle por fases. La primera, la fase A, es la que engloba todas las acciones que se efectuarán este año, subdividida, a su vez, en dos tramos temporales: las medidas que se han tomado desde el 14 de marzo hasta el 14 de julio y las que se van a llevar a cabo desde el 14 de julio hasta el 31 de diciembre. La fase B del Plan comenzará en 2021 y tendrá vigencia hasta el final de la legislatura, en 2023.

Desde el Gobierno de Canarias se han analizado las líneas de trabajo que cuentan ya con ficha financiera y que han sido impulsadas en la fase A.

En un primer balance se han contabilizado 247 medidas que giran en torno a 106 ejes de actuación y que están cuantificadas en 914.459.441 euros con fondos generados por el Gobierno de Canarias.

Todas esas medidas, a las que se irán sumando otras, están encuadradas en las siete prioridades estratégicas que establece el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias:

1)    Conservar los servicios públicos fundamentales:

10 ejes / 49 medidas / 29,8 millones de euros

2)    Reforzar las capacidades sanitarias y sociosanitarias:

16 ejes / 52 medidas / 18,1 millones de euros

3)    Atender a los más vulnerables:

3 ejes / 8 medidas / 45 millones de euros

4)    Mantener y recuperar el empleo:

17 ejes / 25 medidas / 75,8 millones de euros

5)    Impulso de la actividad económica:

45 ejes / 82 medidas / 545,21 millones de euros

6)    Agilizar, simplificar, cooperar y coordinar los trámites administrativos:

8 ejes / 15 medidas / 200,3 millones de euros

7)    Impulsar la Agenda 2030 en Canarias con sus objetivos de desarrollo sostenible:

7 ejes / 16 medidas

Agilización administrativa y ejecución presupuestaria

En la reunión de seguimiento, el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, dio detalles del estado de ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 y destacó que, “a pesar de haber vivido un parón total de la actividad con el estado de alarma por la pandemia, estamos por encima de los niveles de ejecución presupuestaria que había el año pasado por estas fechas”.

Antonio Olivera recalcó que hasta el mes de junio los gastos en servicios esenciales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) se han incrementado el 7,1 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior (193,4 millones más). En cuanto a las inversiones reales, el incremento con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior ha sido del 29,4 por ciento en su ejecución (14,2 millones más). Ha habido un mayor grado de gasto registrado a mitad de año que “también corrobora el cumplimiento de uno de los compromisos que se adquirieron en el Pacto firmado el 30 de mayo: el de agilizar los procedimientos administrativos”, añadió Ángel Víctor Torres.

Certidumbres económicas

Desde que se firmara el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias el Día de Canarias, se han producido acuerdos, reuniones y anuncios por parte de la administraciones autonómica y estatal, que han contribuido a generar más certidumbre económica. Uno de esos anuncios fue la creación de un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros por parte del Gobierno de España, a distribuir entre las comunidades autónomas. De los cálculos realizados según los criterios establecidos de reparto, se concluye que Canarias recibirá una cuantía global de 549,6 millones de euros, de los que 373 millones son recursos adicionales que se destinarán a la adopción de medidas vinculadas al Plan para la Reactivación Económica y Social de Canarias.

Otra de las certidumbres con las que cuenta Canarias es que podrá hacer uso del superávit y la administración autonómica no estará obligada a aumentar las cantidades destinadas a amortización de deuda.

A esto hay que sumar, dentro del superávit, la posibilidad de usar los 500 millones de euros de la sentencia de carreteras. Además, la información procedente de las diferentes consejerías del Gobierno de Canarias indica que los reajustes presupuestarios pueden permitir disponer de una cantidad que estaría entre los 100 y los 150 millones de euros adicionales para este ejercicio.

El presidente de Canarias aseguró que este es “un plan vivo, cambiante, sujeto a ingresos adicionales que puedan darse, pero también a imprevistos presupuestarios a los que haya que hacer frente por un brote o rebrote”. Ángel Víctor Torres también apuntó que se trata de “un documento abierto y participativo en el que, además de dar cuenta de las cifras del Gobierno, también se da la oportunidad de que los firmantes hagan sus aportaciones y trasladen qué contribuciones están haciendo para el cumplimiento del Pacto”.

La voluntad del Ejecutivo es que el documento que resulte de estas reuniones de trabajo pueda ser aprobado en septiembre en el Consejo de Gobierno y que, posteriormente, sea sometido a la consideración de todos los partidos representados en el Parlamento.

Una nueva reunión el 6 de agosto

La próxima reunión de seguimiento del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias se celebrará el 6 de agosto en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife. En ese segundo encuentro se hará un nuevo balance de las medidas aplicadas en la fase A, se recogerán las aportaciones que hagan los firmantes según el documento presentado hoy y se analizarán los efectos de las medidas adoptadas hasta el momento.

Asimismo, en la próxima cita se estudiarán los acuerdos que se adopten en el Consejo Europeo próximo en torno al plan de reconstrucción europeo 2021/2023.

Participantes:

PRESIDENTE DE CANARIAS

  • Ángel Víctor Torres Pérez

VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS

  • Román Rodríguez Rodríguez

CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD

  •  Noemí Santana Perera

CONSEJERA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

  • Yaiza Castilla Herrera (por videoconferencia)

VICECONSEJERO DE LA PRESIDENCIA

  • Antonio Olivera Herrera

CEOE

  • José Carlos Francisco Díaz

CCE

  • Agustín Manrique de Lara

CC.OO

  • Inocencio González

UGT

  • Francisco Bautista Yánez

FECAI

  • María Dolores Corujo. Presidenta

FECAM

  • Mari Brito. Presidenta Fecam

TERCER SECTOR

  • Antonio Rico. Representante del tercer sector. Presidente Cruz Roja

TRABAJO SOCIAL

  • Laura Monroy (Colegio Trabajo Social de Las Palmas). Representa a los colegios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

PORTAVOCES GRUPOS PARLAMENTARIOS

  •  PSOE: Nira Fierro.
  • SÍ PODEMOS CANARIAS: Manuel Marrero
  • NC: Luis Campos
  • ASG: Melody Mendoza
  • CC: José Miguel Barragán

CÁMARAS DE COMERCIO

  • José Sánchez Tinoco. Presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas.
  • Santiago Sesé (por videoconferencia) Presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

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El Consejo de Gobierno informa del desarrollo del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias

Consejo de Gobierno de Canarias

Tras la celebración del Consejo de Gobierno, el portavoz ha informado asimismo de la flexibilización de restricciones ante la favorable evolución epidemiológica en Canarias

El viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, ha dado cuenta al Consejo de Gobierno celebrado este jueves del desarrollo del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias que abarca no solo acciones inmediatas, sino que se alargan en el tiempo, ha informado el portavoz del Ejecutivo, Julio Pérez. “Se están despejando dudas sobre tres aspectos fundamentales del Pacto como son la utilización del superávit, la distribución del fondo no reembolsable, y la iniciación de una vía de entendimiento entre el Ministerio de Hacienda y los cabildos”, añadió.

Asimismo, Pérez ha informado de que el Gobierno ha identificado más de 100 acciones concretas, algunas de las cuales ya se han puesto en marcha, y otras lo harán a partir de ahora y hasta el 31 de diciembre de este año.

Según afirmó, para el Gobierno es importante enlazar estas acciones con las contempladas en el pacto de gobierno y en la agenda 2030 de objetivos de desarrollo sostenible. “Es fundamental tener todas estas piezas en un solo proyecto ordenado y financiado”, agregó.

Con relación al vuelo de la Organización Mundial del Turismo que llegó ayer a Canarias para confirmar la seguridad sanitaria y turística del destino, Pérez se refirió a la satisfacción y la esperanza del Ejecutivo autonómico ante las observaciones en positivo realizadas por los miembros de la comitiva. “Hemos coincidido en resaltar el excelente comportamiento de la población canaria que ha permitido que el trabajo del Gobierno cunda”, apostilló.

A este espaldarazo a Canarias como destino turístico abierto y seguro por parte de los líderes mundiales de la organización dependiente de Naciones Unidas, Julio Pérez sumó la importancia del anuncio realizado ayer en la visita por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, de que el Gobierno de España defenderá ante la Unión Europea un plan específico de inversiones para el turismo en Canarias.

Flexibilización de las restricciones

El portavoz del Ejecutivo resaltó que la situación sanitaria y epidemiológica en Canarias sigue siendo favorable, que no se han producidas rebrotes. “Cada día se hace seguimiento a varios centenares de sospechosos, pero finalmente resultan muy pocos casos de contagio”, añadió. En el caso de positivos detectados entre grupos de migrantes que han llegado en embarcaciones irregulares insistió que están siendo controlados con una actuación muy intensa por parte de los equipos sanitarios.

Esta evolución de la pandemia ha permitido al Gobierno revisar paulatinamente las restricciones contempladas en el decreto de nueva normalidad. En ese sentido, el Consejo de Gobierno ha acordado la modificación del límite de aforo para eventos al aire libre, que pasa de 1.000 personas a 1.300, y para eventos en espacios cerrados, que pasa de 300 a 500 personas.

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha acordado aclarar de forma expresa la prohibición del uso de shishas o cachimbas, pues al ser utilizadas por varias personas a la vez suponen un riesgo de contagio.

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El Consejo General de Empleo aprueba ayudas por 7,5 millones para formar y contratar a personas jóvenes

El Servicio Canario de Empleo agiliza las subvenciones al trabajo autónomo en cumplimiento del Pacto de Reactivación Social y Económica tras la COVID-19

El Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este miércoles el Programa de Formación en Alternancia con el Empleo-Garantía Juvenil para 2020 por un importe de 7,5 millones de euros (7.519.703,98), cofinanciado al 91,89% por el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo.

Presidido por la consejera autonómica de Economía, Elena Máñez, el Consejo General de Empleo avaló la propuesta de resolución con las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para financiar los proyectos destinados a incrementar la cualificación profesional y la inserción laboral de personas desempleadas de 16 a 30 años en el Archipiélago.

Como novedad, la duración de las actuaciones en la convocatoria de 2020 se reduce de once a nueve meses y la excepcionalidad se debe a la finalización del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo, según argumenta el documento aprobado por el órgano colegiado del SCE, integrado por responsables de la administración autonómica junto a dirigentes de los sindicatos y patronales con mayor representatividad.

Además de Elena Máñez, la sesión ordinaria del Consejo General de Empleo contó con la participación del viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; la directora del SCE, Dunnia Rodríguez; y el director general de Ordenación y Promoción Turística, Ciprián Rivas; entre otros responsables de la administración autonómica, junto a representantes de las confederaciones empresariales provinciales (CCE Las Palmas y CEOE-Tenerife) y las principales organizaciones sindicales (CCOO y UGT).

Más plazo y menos trámite

También emitió un informe favorable a la modificación del procedimiento de subvenciones directas para la promoción del empleo autónomo en cumplimiento con el compromiso para “el impulso decidido de la agilidad y la simplificación administrativa” adquirido en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, firmado por iniciativa del Gobierno autonómico el pasado 30 de mayo por una mayoritaria representación de la sociedad isleña ante la pandemia de COVID-19.

Entre otras cuestiones, la orden elimina para las personas beneficiarias el requisito de inscripción en el servicio de promoción del empleo autónomo de las oficinas del SCE y amplía el plazo de solicitud de ocho meses a un año desde su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Igualmente, el Consejo General de Empleo informó a favor del convenio de cooperación entre el SCE y el Cabildo de Fuerteventura para para la puesta en marcha de los proyectos de apoyo a la empleabilidad en la isla majorera derivados de la situación sobrevenida de la declaración del estado de alarma por el COVID-19.

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Aprobado el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias

Firma Pacto de Canarias

La iniciativa impulsada por el presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, se firma en el Parlamento por todos los grupos políticos, salvo PP y Cs, y obtiene el respaldo de las administraciones locales e insulares (Fecam y Fecai) y de las organizaciones empresariales y sindicales representativas, más los colectivos sociales

Casi un mes después de ser propuesto con un documento base o de partida para su análisis, discusión y participación por el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres (el 1 de mayo pasado), el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias ya está aquí; ha llegado para quedarse.

Hoy, sábado 30 de mayo y Día de Canarias, en la jornada que conmemora el nacimiento de nuestra Comunidad Autónoma en 1983, hace 37 años, el Archipiélago ya cuenta con un Pacto respaldado por el amplio consenso político de los grupos parlamentarios, más del 80% del pleno del Parlamento de Canarias, y avalado por las administraciones públicas insulares y locales, con presencia de la Fecai y la Fecam, aparte de las organizaciones empresariales y sindicales representativas en el Archipiélago, las cámaras de Comercio de las Islas, los colegios profesionales de Trabajo Social y las entidades y colectivos del llamado Tercer Sector.

La rúbrica de ese Pacto para la Reactivación, necesario para proceder a la dinamización económica y a la protección sanitaria y social tras los efectos de la pandemia de la COVID-19, se produjo formalmente este sábado en el Parlamento de Canarias, donde estamparon su firma sobre el documento final hasta 16 representantes de instituciones y organizaciones de ámbitos diferentes. Ese acuerdo, que ya es el Pacto de Canarias, contó con los apoyos de los grupos parlamentarios que respaldan al Gobierno autonómico, con el PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y la Agrupación Socialista Gomera, con mayoría absoluta en la Cámara regional. A estos partidos además se sumó Coalición Canaria-PNC, lo que elevó el apoyo a esa iniciativa en el plano político a más del 80% de los 70 diputados que conforman el Parlamento de Canarias. Solo se quedaron al margen de tan amplio consenso el PP y Ciudadanos, esta formación con dos diputados en el grupo Mixto.

Este Pacto para la Reactivación Social y Económica por la COVID-19 es de los primeros que se aprueba con amplio respaldo político y casi apoyo pleno en los ámbitos administrativo, económico, sindical y social en toda España.

Pensando en los colectivos más vulnerables

Tras confirmarse el amplio apoyo político a la iniciativa lanzada por Torres y el respaldo prácticamente total en los ámbitos administrativos, empresariales, sindicales y sociales de las Islas, el presidente de Canarias se mostró muy satisfecho por el “gran logro conseguido”, un éxito que “es de todos” y hay que atribuírselo, como antes en el mismo lugar se hizo con el Premio Canarias 2020, “a toda la sociedad isleña”. Torres subrayó que ya fija la mirada, junto a su Gobierno, para seguir actuando, ahora con esta nueva guía, y así “evitar que la pandemia derribe los cimientos del Estado del bienestar”.

Como explicó en su intervención el presidente de Canarias, la pandemia de la COVID-19 “nos ha amedrentado con la muerte, y también con la pobreza y las desigualdades”. Por eso, el proceso de reactivación en las Islas, cuya senda primero define el Pacto y luego concretará un plan de desarrollo de acciones con sus fichas financieras específicas, “debe plantearse en sus dimensiones social y económica con el objetivo claro de que nadie se quede atrás” en esta crisis y de que no se produzcan “recortes en los recursos de asistencias esenciales como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Éstas son áreas que no solo han de ser conservadas, sino potenciadas”, recalcó el presidente regional.

El Pacto firmado esta mañana es una manera de afrontar la construcción del futuro en Canarias y una forma de reconocer que, tras la pandemia de la COVID-19, “tendremos que hacer muchos esfuerzos”, indicó Torres. El Pacto que hoy se ratificó en el Parlamento de Canarias “es la herramienta más importante para lograr sobreponernos a la actual situación” de crisis, sostuvo el presidente autonómico, y ahora “se apoya para conservar los servicios públicos fundamentales; reforzar las capacidades sanitarias y sociosanitarias; atender a los más vulnerables; mantener y recuperar el empleo; reimpulsar la actividad económica; agilizar, simplificar, cooperar y coordinar los trámites administrativos, e impulsar la Agenda 2030 en Canarias con sus objetivos de desarrollo sostenible (ODS)”. Éstos son los siete grandes bloques de actuación definidos en el Pacto.

Expuestas esas necesidades generales posCOVID-19 en las Islas, el presidente de Canarias remarcó que el apoyo a ese documento “compromete a los que lo han firmado a defender su contenido y nuestras singularidades en todos los ámbitos posibles: a escalas española y europea; a través de los representantes públicos en las Cortes y en las instituciones comunitarias, y por medio de la capacidad que tienen los empresarios, sindicatos y todas las organizaciones canarias que se han comprometido en la reactivación de nuestra tierra”, detalló Torres.

“Canarias -añadió- es, objetivamente, la comunidad autónoma más afectada por la pandemia en el ámbito económico porque la COVID-19 ha golpeado a nuestro principal sector productivo, el turismo, y además lo ha hecho en el peor momento: en plena temporada alta”, recordó el presidente regional.

Agradecimiento por el trabajo de los que apoyaron y los que no lo hicieron

Amplio consenso en la firma del Pacto para la reactivación
Amplio consenso en la firma del Pacto para la reactivación

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno de España decretó el estado de alarma en el país. A partir de entonces, lamentó Torres, “ya nada fue igual. Se truncó la normalidad. Canarias había empezado bien el año. Los datos de enero, febrero y los primeros 14 días de marzo invitaban al optimismo. Incluso se avanzaba que en 2021 podíamos tener unos índices históricos de empleo, con una tasa de paro inferior al 17%. La economía funcionaba. Las perspectivas eran halagüeñas. Pero el 14 de marzo todo se paró”, relató el presidente de Canarias como muestra de lo rápido que se desencadenaron los acontecimientos de esta crisis inicialmente sanitaria.

Ángel Víctor Torres también tuvo hoy unas palabras de agradecimiento “a los que han apoyado el Pacto con su firma y a quienes finalmente no lo han hecho. He de reconocerles a todas y todos el trabajo realizado”, afirmó. Luego admitió que “todo pacto implica renuncias y generosidad, abandonar posturas individuales y acordar propuestas colectivas. Cualquier pacto siempre es un paso adelante. Pactar nunca es una debilidad. Sinceramente, creo que es una fortaleza. Y en estos momentos, una necesidad. Seguiremos tendiendo la mano”, subrayó el presidente de Canarias.

A continuación, Torres indicó que “hoy, 30 de mayo y Día de Canarias, en este Parlamento, que empezó a funcionar hace exactamente 37 años, comienza una nueva travesía que, si la realizamos con determinación y unidad, la culminaremos con éxito los próximos años”.

El presidente de Canarias cerró su alocución con la afirmación de “que es eso lo que esperan los hombres y mujeres de Canarias: que demos una respuesta firme desde una postura común, coordinada y efectiva. Nuestro pueblo siempre ha demostrado una capacidad de lucha, constancia y resistencia indudables”, concluyó.

Las partes, directrices y previsión presupuestaria para 2020 del Pacto

El documento del Pacto para la Reactivación Social y Económica de las Islas, el Pacto de Canarias, consta de tres bloques: uno, la declaración institucional; dos, el que desarrolla de forma más pormenorizada el Pacto en sí, y tres, el anexo con la previsión presupuestaria.

Esa segunda parte se divide en varios epígrafes y tiene su inicio en la definición del origen y las consecuencias elementales de la que primero fue una crisis sanitaria para luego convertirse en algo más integral con efectos económicas y sociales de gran impacto. El Pacto además analiza los efectos de la pandemia de la COVID-19 en esos tres ámbitos esenciales y estructura los campos generales de actuación en siete. Éstas son las prioridades estratégicas.

A partir de ahí, tras concretar los fines centrales que se persiguen, en esencia reactivar la economía, atender las demandas sociales básicas con solvencia y garantizar la cobertura sanitaria universal, el documento ya rubricado identifica los instrumentos más potentes para pasar a la acción, a saber: la condición de Canarias como región ultraperiférica (RUP) en la Unión Europea (UE); las relaciones Canarias-Estado; el papel de los cabildos y los ayuntamientos; la defensa de los cambios normativos; la capacidad inversora pública y privada; la internacionalización; el diálogo social permanente, y la articulación de una mesa de seguimiento del denominado Pacto de Canarias.

En el cuadro presupuestario que forma parte de ese anexo, que solo puede considerarse como una previsión, se aporta una cifra global de 18.535 millones de euros para 2020. Ese umbral resulta de la suma de las aportaciones previstas al menos desde cinco vías: Comunidad Autónoma de Canarias, que ya aporta su Presupuesto de ingresos para 2020 con la merma prevista por el descenso de la recaudación tributaria en 1.500 millones de euros (7.220 millones de euros); los fondos de los ayuntamientos (2.273 millones); los recursos de los cabildos (1.960); los fondos del Estado (3.163), y la financiación privada (3.919).

Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias

Discurso del presidente de Canarias

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El presidente de Canarias entrega el documento base del Pacto para la Reactivación Social y Económica

El presidente de Canarias entrega el documento base del Pacto para la Reactivación Social y Económica

La propuesta del Ejecutivo se conoció y explicó esta tarde por Ángel Víctor Torres en una reunión por videoconferencia; el documento inicial prevé una batería amplia de medidas para reforzar el sistema sanitario, proteger a los ciudadanos y empresas más vulnerables y reactivar la actividad económica, de manera especial el turismo

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, presentó y explicó esta tarde, viernes Primero de Mayo, el documento que el Gobierno autonómico ha redactado como punto de partida y con múltiples aportaciones para la posterior aprobación por consenso del Pacto para la Reactivación Social y Económica de las Islas. Esa propuesta contempla una batería amplia de medidas dirigidas a reforzar el sistema sanitario y sociosanitario público ante la amenaza de la COVID-19, a proteger a los ciudadanos y empresas más vulnerables ante la crisis socioeconómica derivada de esta emergencia sanitaria y a reactivar de forma integral la economía isleña, con especial atención a la actividad productiva principal en Canarias, que sin duda es el turismo.

El documento base ya ha sido entregado a todos los agentes que intervendrán en el proceso de participación, análisis y discusión que se prevé conduzca a la definición final del Pacto para la Reactivación, entre los que se encuentran los grupos parlamentarios (PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera, estos apoyando al Gobierno, junto a Coalición Canaria-PNC, Partido Popular y Ciudadanos); las administraciones locales, representadas por la Fecai y la Fecam; los municipios más poblados del Archipiélago (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde); las organizaciones empresariales y sindicales más representativas; y los colegios profesionales y entidades del llamado Tercer Sector.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se refirió hoy a esta iniciativa y afirmó que se trata de un proceso con “responsabilidad compartida” que “ojalá” culmine con la aprobación del Pacto a finales de mayo, en torno al 30 de este mes. Ello supondrá tener un documento que refleje “cuál es la situación que nos afecta y cómo debemos afrontarla”, indicó Torres”. También subrayó que la propuesta del Gobierno está concebida para “evitar recortes” en los servicios públicos que garantizan el mejor Estado del bienestar; para activar los mecanismos que potencien la atención sanitaria óptima contra la COVID-19; para tener en cuenta la atención a las familias más vulnerables, y para que haya la menor pérdida posible de empleo. Para cubrir estos objetivos centrales, se tiene que actuar con fondos públicos y privados, advirtió el presidente de Canarias. También previó que, a partir de junio próximo, ya se pueda avanzar en un plan integral de actuación con la ficha financiera definitiva, que, como el Pacto, debe ser consensuado con todos los participantes en esta iniciativa abierta y luego ratificado por el Parlamento Autónomo.

La propuesta redactada por el Gobierno de Canarias se estructura en cinco grandes pilares y detalla las medidas según los focos de actuación principales y teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que ya prepara el Ejecutivo. También se realiza una previsión para atender presupuestariamente las actuaciones que inicialmente se desglosan en el documento base. La cifra estimada de recursos, que solo es una aproximación, se sitúa 14.249 millones de euros para 2020, con 8.712 millones procedentes de Canarias y 5.537 del Estado. En estas cantidades se recogen ya las partidas previstas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, “y habrá que hacer un esfuerzo porque con la caída de los ingresos, los presupuestos canarios apenas superarán los 7.000 millones, y habrá que buscar los 1.500 millones restantes con la implicación de las admnistraciones públicas y privadas”, apuntó el presidente. Esa cuantía presupuestaria solo representa una previsión realizada a partir de las medidas que se contemplan en la propuesta de partida y por ello no puede ser considerada en ningún caso como el objetivo financiero preciso del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, que solo se conocerá tras alcanzarse el consenso entre los participantes en su redacción. Una vez esto ocurra, el Gobierno de Canarias se compromete a desarrollar un plan con esas acciones, sistema integral de recuperación que se elevará a la Cámara regional para que sea ratificado.

La iniciativa institucional que se somete a discusión

El documento base del Gobierno de Canarias emana de propuestas y reflexiones, además del Ejecutivo autonómico, de los grupos parlamentarios canarios, de los agentes económicos y sociales (CCE, CEOE-Tenerife, UGT y CCOO), de las administraciones locales, de los cuatro municipios canarios de más de 100.000 habitantes, de quienes han sido presidentes autonómicos, de los colegios profesionales y de entidades del llamado Tercer Sector.

Esa redacción ha sido posible tras mantener más de 30 reuniones de trabajo desde el 16 de marzo pasado, todas ellas con el objetivo de llegar, tras la presentación de este primer documento, al Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Una vez aprobado el Pacto, este ha de ser plasmado y desarrollado en un plan, que aprobaría el Gobierno de Canarias y luego elevaría al Parlamento para su ratificación.

La propuesta de Pacto incorpora compromisos en firme sobre los principios y las líneas estratégicas a contemplar en el posterior plan de acción. También incluye la tarea imprescindible de negociar un marco presupuestario adecuado, con ficha financiera disponible, para que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda desplegar el paquete de medidas y así atender las necesidades sociales más urgentes y a la vez reactivar la economía regional, junto al refuerzo del sistema sanitario público.

El posible Pacto comprometerá a sus firmantes en la defensa de cinco prioridades estratégicas:

1) El mantenimiento de los servicios públicos fundamentales; esto es, la sanidad, la educación y los derechos sociales, incluyendo la atención a la dependencia y la política de vivienda. Son los pilares básicos, junto a las pensiones, del Estado del bienestar y la principal red de apoyo a la ciudadanía frente a una crisis como la que ya se ha activado tras la pandemia de la COVID-19.

2) El refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias al ser conscientes de la relevancia que adquieren en la recuperación de la confianza y en el paso con garantías a la nueva realidad.

3) La atención y el apoyo a las personas vulnerables, que serán las principales víctimas de estas crisis y las que requieren mayor dedicación por parte de las autoridades públicas para garantizar que nadie se quede por el camino.

4) El mantenimiento y la recuperación del empleo, siempre buscando limitar que los efectos coyunturales de esta crisis se manifiesten en consecuencias permanentes y ampliando el colectivo de personas vulnerables.

5) El impulso de la actividad económica para devolver cuanto antes a Canarias a la dinámica de prosperidad compartida a la que esta comunidad autónoma aspira.

Tal y como se refleja en el documento base, el futuro Pacto se justifica ante el hecho contrastado de que Canarias figura siempre entre las comunidades autónomas de España más gravemente afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los ámbitos social y económico. Dentro de las actividades con mayor presencia en la economía isleña, los efectos más graves se producen, según estimaciones de Ceprede, en la hostelería, con un intervalo de impacto en la actividad para el conjunto del año de entre el -14,3% y el -21,4%. El comercio local también se ve muy dañado con descensos de entre el -4,9% y el -7,4%.

Considerando los efectos directos e indirectos estimados por Exceltur para el sector turístico de las Islas, la contracción del PIB canario en el acumulado del año 2020 puede oscilar entre el 14% y el 19%, con una reducción en la ocupación de entre el 16% (138.000 personas) y el 22% (182.000 puestos de trabajo perdidos).

El ISTAC, en cambio, ha analizado en algunas simulaciones hasta tres escenarios diferentes, en función del confinamiento y su posterior desescalada, así como la fecha de apertura de las actividades afectadas por el estado de alarma, el restablecimiento de las conexiones aéreas y el funcionamiento de los establecimientos turísticos y de ocio. Según ese Instituto canario, la caída del PIB regional para 2020 oscilará entre el 20,4% y el 32,3%.

Aparte de tales impactos macroeconómicos, la actuación del Gobierno de Canarias se justifica en las mayores tasas de pobreza relativa existente en las Islas y en la fuerte caída de la recaudación tributaria. Se prevé que los ingresos fiscales de Canarias se reduzcan al término de 2020 en 955,6 millones de euros. La gravedad de este escenario económico, como es lógico, también se vislumbra en la recaudación tributaria.

Todos esos efectos y parámetros negativos justifican que se pase a la acción y la necesidad de articular medidas de reactivación en los planos sociales y económico, aparte del reforzamiento de los ámbitos sanitario y sociosanitario. Con estos fines, se plantean como prioridades estratégicas el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales y la potenciación de las capacidades sanitarias y sociosanitarias en todas las Islas. Para ello se prevé impulsar los mecanismos y recursos presupuestarios necesarios con el fin de incrementar la capacidad de los laboratorios canarios en la realización de pruebas diarias de PCR y su procesamiento para poder confirmar o descartar lo antes posible casos sospechosos y sus contactos estrechos.

Además, se ampliará el alcance de la red de Atención Primaria, sin obviarse que la reducción de riesgos sanitarios debe incluir la adecuada protección colectiva de la población. Del mismo modo, se acometerán las inversiones necesarias para garantizar que se cuenta en los centros hospitalarios con un incremento adicional de camas para pacientes agudos y críticos.

En el ámbito sanitario y de Atención Primaria, se establecerán mecanismos de vigilancia activa para garantizar la adecuada atención a todas las personas, especialmente las más vulnerables. A todo ello se unirá el impulso de las prestaciones y los servicios de la Ley de Dependencia en Canarias y los instrumentos de apoyo a las familias más vulnerables que culminen con la puesta en marcha de la renta de ciudadanía, aparte de la agilización en la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y el apoyo y el complemento de las medidas estatales en ese mismo campo. Habrá un estímulo con iniciativas propias que contribuyan a compensar periodos sin prestaciones sociales adecuadas.

Otras de las medidas que plantea el documento base presentado hoy, que se adjunta en esta nota, tienen que ver con la recuperación del empleo, con adaptar la formación a distancia para dar cobertura al conjunto de los alumnos de las Islas, con la definición de un Plan Específico de Formación Profesional y con impulsos variados a la actividad económica.

La propuesta también presta mucha atención a las empresas y autónomos, a la actividad industrial y comercial, a la construcción, a la vivienda pública, a la eliminación de los trámites burocráticos, al transporte y la movilidad sostenible, al sector primario y a la tramitación de emergencia de distintas actuaciones. A su vez, se pone la atención en el pago más rápido a proveedores, en la transferencia de créditos entre secciones presupuestarias, en la ampliación de los plazos de justificación de las ayudas y subvenciones, y en la agilización de las licencias de rehabilitación y reformas de establecimientos alojativos. Todo ello se hará con el máximo respeto medioambiental, con la búsqueda de una sociedad más equitativa, con la apuesta por una economía más sólida y resiliente, y con el impulso de las nuevas tecnologías y el teletrabajo, aparte de la mejora de las capacidades financieras y presupuestarias.

Para alcanzar ese último objetivo, el de la financiación pública, el documento recoge la necesidad de acceder al superávit de 2019, por encima de 300 millones de euros en la Comunidad Autónoma de Canarias; la disposición de recurrir al endeudamiento para hacer frente a las necesidades de gasto coyuntural, y la solicitud al Estado de que permita acceder a las condiciones de déficit y endeudamiento necesarias.

Además, se debe permitir que los superávit de las administraciones públicas de Canarias puedan utilizarse en la lucha contra los efectos directos e indirectos de la COVID-19. Sin duda, todo esto también pasa por la defensa incuestionable del REF canario y de sus transferencias vinculadas a programas de gasto e inversión contenidos en los Presupuestos Generales del Estado. Estas acciones deben respetar y tener en cuenta la consideración de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea.

A las medidas descritas, se une otra batería muy relevante contenida en el llamado programa de apoyo específico al sector turístico de las Islas, con una política fiscal que garantice una base sólida de ingresos, con capacidad de revisión normativa, y con inversión y compra públicas estratégicas.

La economía se debe activar con la inversión privada, para lo que hace falta liquidez a bajo coste del sistema financiero, la movilización de los recursos dotados por las empresas y la agilización de los plazos administrativos para la concesión de licencias, entre otras intervenciones.

Documento base del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias

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Los agentes sociales y económicos respaldan la hoja de ruta del Pacto para la Reconstrucción propuesto por Torres

Comité de Gestión Económica

En la reunión del Comité de Gestión Económica celebrado este lunes abordaron las líneas maestras del documento base sobre el futuro acuerdo

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha presidido este lunes una nueva reunión del Comité de Gestión Económica en el que participa una representación de los agentes sociales y económicos de las Islas, quienes han mostrado su respaldo a la hoja de ruta del Pacto para la Reconstrucción Social y Económica de Canarias, una alianza que el jefe del Ejecutivo planteó por primera vez en la sesión del 14 de abril de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias.

En la reunión de hoy, en la que también participan el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, la consejera de Turismo, Industria y Comerio, Yaiza Castilla, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, y el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, abordaron las líneas maestras del documento base sobre el futuro Pacto para afrontar la crisis socioeconómica generada por la emergencia sanitaria de la Covid-19.

El acuerdo, que incluye un programa con medidas específicas, persigue articular una estrategia común con las iniciativas aportadas desde todas las áreas del Gobierno y desde todos los sectores económicos y sociales del Archipiélago, con la finalidad de minimizar en lo posible el impacto sobre nuestra economía, una de las más golpeadas por el freno del sector turístico y los servicios, y que en esa salida de la crisis nadie se quede atrás.

Según ha manifestado el presidente en varias ocasiones, la idea es que pueda ser elevado al Parlamento de Canarias y aprobado por consenso en el mes de mayo, tras la participación y análisis de los grupos parlamentarios, organizaciones y colectivos. En ese sentido, el presidente ya ha presentado las líneas generales del acuerdo a los grupos parlamentarios, los representantes de la Fecam y la Fecai y en esta ocasión también a los agentes sociales y económicos para su análisis y para recoger sus aportaciones.

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