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La ULL señala que la legislación dictada por la Covid-19 tiene un impacto positivo de género

RP presentación estudio ULL impacto de género crisis Covid-19

La Consejería de Administraciones Públicas Justicia y Seguridad encargó un informe técnico-jurídico al Instituto de Estudio de las Mujeres (ULL) dado que la naturaleza y características de la crisis sanitaria y social de la pandemia afectan especialmente a las mujeres

En el estudio se relaciona el conjunto de disposiciones normativas dictadas por el Gobierno de España que guardan relación con la igualdad, se analiza la legislación de la Covid-19 verificando su contenido y su impacto de género y se examinan las medidas que se han adoptado en el año 2020 para combatir la violencia de género

La legislación española dictada a lo largo de 2020 para hacer frente a los efectos derivados de la pandemia de la Covid-19 tiene, en general, un impacto positivo de género al incluir medidas que inciden en el empleo, la salud, el bienestar y el acceso a ingresos y recursos por parte de las mujeres. Sin embargo, el lenguaje de las disposiciones normativas se caracteriza por ser sexista y androcéntrico, lo que invisibiliza en muchas ocasiones a las mujeres. Solo se realiza un uso del lenguaje más inclusivo cuando se trata de asuntos relacionados directamente con la violencia de género.

Así se desprende del informe técnico-jurídico ‘Impacto de género de la crisis de la Covid-19. Incidencia sobre las mujeres víctimas de violencia de género’ que ha elaborado un grupo de investigadoras del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, a través de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, por encargo de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia dependiente la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Este trabajo, realizado con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, fue presentado hoy por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la coordinadora del estudio y directora del Instituto de Estudios de las Mujeres, Margarita Isabel Ramos. En la elaboración del informe han participado las doctoras María Elena Sánchez, Sarai Rodríguez y Laura Aguilera y la profesora Juana Pilar Rodríguez.

Julio Pérez justificó el estudio dado que la naturaleza y características de la crisis sanitaria y social de la Covid-19 afectan especialmente a las mujeres porque los cuidados esenciales recaen mayoritariamente sobre ellas, así como por la incidencia de la crisis sanitaria desde el punto de vista del empleo femenino, mayoritario en el sector sociosanitario, pero igualmente más precario en otros sectores, donde es posible que las mujeres se vean abocadas con mayor facilidad a situaciones de desempleo y exclusión. Asimismo, dijo que hay que examinar las medidas adoptadas para hacer frente a la violencia de género ya que esta se ha incrementado durante la pandemia.

Pérez destacó que la historia pone de relieve que en las épocas de desventuras el peligro de retroceder y perder conquistas es real, así como de que el impacto de dichas adversidades se produzca con mayor intensidad en las personas más vulnerables.

Indicó que el impacto de la Covid-19 en el ordenamiento jurídico ha sido enorme y señaló que en este contexto de crisis es importante saber si el conjunto de las administraciones públicas está haciendo una buena labor. Al respecto, señaló que el estudio responde a dicha pregunta y permite orientar acciones futuras.

Violencia de género

Rosell afirmó que la crisis motivada por la Covid-19, como todas las crisis, afecta de manera desigual a mujeres y hombres y señaló la evidente sobrecarga de trabajo sanitario y de servicios esenciales de las mujeres, así como de las tareas de cuidados o la mayor precariedad y pobreza laboral. En cuanto a la violencia de género, explicó que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha enfocado la crisis para no dejar atrás más a las mujeres cuando la recomendación sanitaria era estar confinada con un agresor. Al respecto, informó de que durante la pandemia se incrementaron las consultas online al 016 un 457% y las propias llamadas al 016 un 57,9%.

Destacó que el Gobierno de España a las 48 horas de declaración del estado de alarma, entre otras actuaciones, aprobó un plan de contingencia para víctimas de violencia de género y declaró esenciales los servicios de atención y protección a víctimas de violencia de género. En cuanto a la actuación del Gobierno de Canarias, Rosell dijo que el Ejecutivo canario ha sido un auténtico referente, recordó la campaña mascarilla-19 del Instituto Canario de Igualdad y toda la labor desarrollada durante la pandemia y sostuvo que el Gobierno canario es un ejemplo en hacer transversales los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de aplicar esos fondos en el ámbito judicial.

Análisis de la legislación

En el estudio se relaciona el conjunto de disposiciones normativas dictadas por el Gobierno de España que guardan relación con la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se realiza un análisis exhaustivo de la legislación de la Covid-19 verificando cuáles han sido sus contenidos y cuáles de ellos tienen un especial impacto de género y se examinan las medidas que se han adoptado en el año 2020 para combatir la violencia de género.

Ramos explicó las conclusiones del estudio y detalló que las medidas de protección social, como derecho a la vivienda, suministros básicos o prestaciones y subsidios por causa del desempleo contempladas en la normativa analizada tienen un impacto favorable para las mujeres, así como aquellas relacionadas con las ayudas a los sectores de comercio, hostelería y turismo, que tienen, dijo, un indudable efecto en las condiciones laborales y de vida de las mujeres.

Respecto a las medidas de protección social a la población trabajadora, Ramos expuso que a lo largo de 2020 múltiples medidas fueron adoptadas a fin de sostener la cohesión social con la puesta en marcha de iniciativas básicamente financiadas por el sistema de la Seguridad Social para atender necesidades derivadas de enfermedades, particularmente, de estar en riesgo o haber contraído el virus del COVID-19, haber caído en desempleo, medidas de apoyo a las empresas y personas que trabajan de forma autónoma, carencia general de ingresos de las personas o de las unidades familiares, con particular atención a familias monoparentales.

Entre ellas, destacó la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las medidas más novedosas dictadas durante la pandemia por cuanto crea una nueva prestación no contributiva dentro del sistema de la Seguridad Social, y manifestó que su implementación tiene y tendrá consecuencias directas en la consecución de la igualdad de género.

Medidas de conciliación

En las conclusiones del estudio se indica que las medidas de intervención pública para la conciliación entre la vida personal y familiar y el tiempo de trabajo constituyen una iniciativa que es preciso aplaudir. Se ha podido comprobar que las dificultades de conciliación de las mujeres unido a un gran déficit de corresponsabilidad de los hombres constituyen una de las causas más relevantes de la discriminación de las mujeres en el ámbito de las relaciones de trabajo, en la brecha salarial, en la promoción profesional y en las dificultades de acceso a puestos de liderazgo y de poder. El informe destaca que aún no se puede afirmar que los derechos de conciliación y las medidas de corresponsabilidad sean suficientes y completamente eficaces.

Otras de las medidas objeto de análisis han sido las procesales y organizativas adoptadas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia con referencias a la actividad procesal, a los órganos judiciales y los cargos que los ocupan. El informe denuncia la generalizada utilización de un lenguaje claramente masculino en este marco legislativo, lo que supone la invisibilización casi absoluta de la alta tasa de participación que actualmente representan las mujeres en el ámbito de la Administración de Justicia.

Víctimas de violencia de género

En cuanto a la legislación dictada por la Covid-19 en relación con la violencia de género y aunque algunas normas no contemplan directamente a las víctimas, estas se ven beneficiadas de muchas medidas de ayuda y apoyo social que han sido establecidas al formar parte de un colectivo vulnerable desde el punto de vista social y económico. Asimismo, se han articulado medidas específicas adoptadas de forma rápida para garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios de protección y atención a las víctimas durante la pandemia.

En cuanto al uso que se hace del lenguaje en el conjunto de las disposiciones normativas analizadas se afirma que, por lo general tiende a caracterizarse por ser sexista, un lenguaje que se utiliza en clave masculina. No obstante, recoge algunas observaciones que indican que se está tratando de avanzar en la dirección de visibilizar a las mujeres en el ámbito de la producción normativa, como es el caso de algunos textos, como los relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral en particular, o con el empleo  y la ocupación en general, donde sí se advierte un esfuerzo por emplear palabras neutras como personas trabajadoras o personas vulnerables, pero en muy pocas ocasiones se emplean las palabras en femenino. La necesidad de utilizar un lenguaje inclusivo es fundamental para visibilizar la contribución de las mujeres a la vida económica y social.

 

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Justicia implanta un sistema automatizado que informa de la prestación de los servicios mientras dure la alarma

Chatbot de Justicia

Se trata de un chatbot al que se accede desde la web de Justicia de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Este programa informático utiliza mensajes estructurados para ofrecer información, resolver dudas y aportar sugerencias sobre la prestación de los servicios que prestan tribunales y juzgados mientras dure el estado de alarma

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, pone en marcha un sistema automatizado para brindar información a la ciudadanía sobre las implicaciones del estado de alarma en la forma en que se prestan los servicios esenciales en los juzgados y tribunales durante este periodo y el acceso a la Administración de Justicia en general.

Se trata de un chatbot, tecnología que emplea inteligencia artificial para ofrecer, a modo de conversación, información a quien lo consulte a fin de resolver dudas en temas concretos y aportar sugerencias sobre la prestación de los servicios que prestan tribunales y juzgados mientras dure el estado de alarma.

Las áreas temáticas sobre las que se puede consultar en el chatbot incluyen dudas y autodiagnóstico sobre la Covid-19; preguntas comunes del estado de alarma; Registro Civil y cuidado de menores; Derecho Civil y Trámites notariales y tributarios; Juzgados de Guardia y Justicia Penal, y violencia de género.

Los contenidos serán objeto de actualización constante, al tiempo que las respuestas se irán perfeccionando a medida que aumenten las consultas.

Esta labor de actualización se lleva a cabo con la colaboración de la asociación Jueces y juezas para la democracia en Canarias, que participa en el proyecto mediante la aportación de información que, una vez tratada, constituye la base con la que el sistema interactúa y responde a las preguntas de la ciudadanía.

La tecnología

El chatbot ofrece servicios de información con carácter general y de forma inmediata, por lo que minora los tiempos de espera en relación a la atención presencial y telefónica en las oficinas judiciales. Además, es capaz de tender múltiples solicitudes de forma simultánea.

Brinda una atención inteligente al retroalimentarse mediante demanda o nuevos contenidos vinculados a reformas organizativas o legales, al tiempo que emplea un lenguaje adecuado y de forma personalizada.

Asimismo, permite obtener información sobre las necesidades futuras de la ciudadanía vinculada a la Administración de Justicia, y aporta conocimiento que permite detectar incrementos en asuntos de entrada o necesidades futuras.

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Canarias cerró 2019 con 431.100 mujeres ocupadas, la cifra más alta de la historia de la comunidad autónoma

Elena Máñez

El informe del Obecan sobre trabajo y género, elaborado con motivo de la celebración del Día Internacional de la Mujer, revela que el porcentaje de mujeres ocupadas en puestos de gerencia y directivos es solo del 30,47% frente a un 69,53% de hombres

Elena Máñez afirma que la igualdad de género “es una cuestión de justicia social y calidad democrática irrenunciable por este Gobierno feminista”

Canarias terminó 2019 con un total de 431.100 mujeres ocupadas, la cifra más alta en la historia de la comunidad autónoma, situándose ya a partir del tercer trimestre de 2015 en números que no se veían desde antes de la crisis. Así lo revela el informe ‘Mercado de trabajo y género’, elaborado por el Observatorio Canario de Empleo (Obecan) con motivo de la celebración, el 8 de marzo, del Día Internacional de la Mujer, un documento del que se extraen, además, datos como que entre 2014 y 2019 el paro femenino se ha reducido en 62.900 mujeres o que el número de mujeres trabajadoras autónomas apenas ha mostrado variación en 10 años, con unos porcentajes que siguen siendo “muy bajos”.

Como explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, la igualdad de género “es fundamental para lograr una economía sólida, próspera y una sociedad justa”. “La mitad del talento de Canarias es vital para el crecimiento, la competitividad y el futuro de nuestra economía”, señala Máñez, que además afirma que afrontar los grandes retos que tiene Canarias e impulsar un modelo social y económico basado en el desarrollo sostenible “es inconcebible sin lograr avances en la igualdad real entre hombres y mujeres”. “La igualdad de género es una cuestión de justicia social y calidad democrática irrenunciable por este Gobierno feminista”, añade.

Más preparadas, menos empoderadas

El informe del Obecan pone de manifiesto otro hecho: mientras que un 50,94% de las mujeres con trabajo cuenta con estudios superiores frente a un 49.06% de los hombres, a la hora de ocupar puestos de dirección y gerencia su porcentaje baja hasta el 30,47% frente a un 69,53% de hombres. “Que una mujer posea una carrera universitaria o una mayor formación no la libra de ser discriminada en el ámbito laboral”, asevera Elena Máñez, que se refiere también a los datos que evidencian “una menor presencia de las mujeres en las carreras universitarias científicas y técnicas”. En la actualidad, en torno al 60% de las personas matriculadas en las dos universidades públicas canarias son mujeres, pero en las carreras científicas y tecnológicas no llegan al 30%.

En este sentido, el informe muestra que en los últimos diez años, pese al incremento del número de mujeres ocupadas, también ha aumentado la incorporación de estas a la búsqueda activa de empleo, lo que ha supuesto que la tasa de paro femenina actual, de un 20,27%, no haya alcanzado aún niveles precrisis. Además, la participación de la mujer en el mercado trabajo se ha mantenido estable desde 2011 hasta la actualidad, con una tasa de actividad de entre el 55 y 56%, todavía diez puntos por debajo de los hombres.

El sector público, motor de igualdad

Según los datos del Obecan, el sector público se ha convertido en el “motor de igualdad” en el empleo en Canarias, con un 53,81% de mujeres asalariadas frente a un 46,19% de hombres. Por el contrario, un 35,28% de las personas empresarias con personal asalariado son mujeres, un porcentaje que llega solo hasta el 36,8% en el caso de las trabajadoras independientes o empresarias sin personas asalariadas. “Los avances en materia de igualdad laboral son avances para la economía”, apunta la consejera, para quien cuestiones como la brecha salarial entre hombres y mujeres, de un 11,5% en el caso de Canarias, constituyen, “además de una injusticia social, un indicador negativo para nuestro desarrollo económico”. “Todo lo que afecta a la productividad, y desde luego que la precariedad por género influye, tendrá efectos en nuestra economía”, explica.

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo afirma que desde el departamento que dirige se está trabajando para reducir esta brecha en el mercado laboral, con la incorporación de medidas de discriminación positiva; la perspectiva de género como eje transversal de todas las políticas; bonificaciones a la hora de puntuar los requisitos para las subvenciones del Servicio Canario de Empleo y de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información o los programas de apoyo a proyectos innovadores liderados por mujeres de la Viceconsejería de Economía e Internacionalización.

De hecho, los documentos de las estrategias de Economía Azul y Economía Circular, así como el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022, incorporan, por primera vez, “un compromiso con la igualdad real y efectiva a través de la implantación del enfoque de género en todas las acciones de la Consejería”. “Las mujeres somos más de la mitad de la población y no podremos avanzar en los Objetivos de Desarrollo Sostenible si no incorporamos a todas las personas en este esfuerzo compartido de cumplir con la Agenda 2030 de Naciones Unidas”, concluye.

Para más información, así como datos por islas, puede consultar el informe completo sobre Mercado de Trabajo y Género en la sede electrónica del Obecan.

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La Consejería de Economía aprueba un Plan Estratégico de Subvenciones con más de 124 millones hasta 2022

Elena Mánez

El documento programático, condicionado a los presupuestos, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas

El departamento dirigido por Elena Máñez incluye la “efectiva consecución de la igualdad” en las bases de las ayudas

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado la aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias para el periodo 2020-2022, con líneas por un importe de 124.200.458,54 euros de acuerdo con las prioridades políticas y disponibilidades presupuestarias durante el trienio.

La orden firmada por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, detalla un documento de carácter programático, con efectividad condicionada a las disponibilidades financieras del correspondiente ejercicio y al preceptivo cumplimiento de la estabilidad presupuestaria de la comunidad autónoma.

En general, el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 pretende contribuir al progreso de Canarias potenciando, a través de diferentes líneas, “el crecimiento económico equilibrado e integrador, el conocimiento, la investigación, la innovación, la sociedad de la información, el desarrollo sostenible” en paralelo a “la creación de un empleo digno y de calidad”, según la propia resolución.

Desde el pasado julio, la nueva estructura de la administración autonómica facilita, “por primera vez, la unión del conocimiento, la economía y el empleo como un sistema que se retroalimenta a favor del desarrollo de nuestra sociedad”, ya que permite potenciar la investigación y la innovación como base necesaria para una mayor productividad y competitividad con la consiguiente generación empleo.

Además, la ejecución de los objetivos del documento se alinea con la Estrategia Europea 2020, la Estrategia de Especialización Inteligente de Canarias 2014-2020 (RIS3), el Programa Operativo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) Canarias 2014-2020 y el Fondo Social Europeo (FSE) Canarias 2014-2020 junto al despliegue de la Estrategia Canaria para Desarrollo Sostenible para el cumplimiento de Agenda 2030, en referencia a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) aprobados por la Asamblea de Naciones Unidas (ONU).

Igualmente, el nuevo plan manifiesta el “compromiso con la igualdad real y efectiva a través de la implantación progresiva del enfoque de género en todas las acciones” de la Consejería y, de hecho, puntualiza que “si en el ámbito en que se desarrolla la línea se subvención se detectan situaciones de desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres (…), se recogerá la necesidad de incluir en las bases reguladoras la valoración de actuaciones para alcanzar la efectiva consecución de la igualdad” como medidas de conciliación familiar o responsabilidad social empresarial ya contempladas por la legislación vigente.

Por todo ello, tanto la convocatoria de las subvenciones en concurrencia competitiva como la concesión de ayudas por vía directa “velará por la incorporación de obligaciones de contenido social y de desarrollo sostenible por parte de los beneficiarios, de forma que se garantice el crecimiento económico equilibrado, sostenible, inclusivo e igualitario y distribuido equitativamente entre toda la población de las Islas”

Casi 75 millones para la Agencia Canaria de Investigación

Por razones de eficacia procedimental y regularidad gestora, la reciente estrategia dispone de una vigencia de tres años y comprende a todos los órganos del departamento, con la excepción del Servicio Canario de Empleo (SCE), que dispone de un plan propio a causa de su mayor volumen de ayudas económicas.

En concreto, la orden asigna a la Viceconsejería de Economía e Internacionalización alrededor de 2.159.070 euros para el programa de becas en negocios internacionales durante el periodo 2020-2022. Dependientes de esta área, dirigida por Almudena Estévez, las direcciones generales de Promoción Económica y de Asuntos Económicos con África cuentan a lo largo del trienio con 32.045.529 y 1.230.216 euros, respectivamente, destinados en el primer caso al fomento de la actividad económica y desarrollo empresarial y al programa de internacionalización de empresas canarias en su mayoría (22.458.441 y 5.987.088 euros) y en el segundo a las becas universitarias en su totalidad.

Integrada en la Viceconsejería de Empleo, a cargo de Gustavo Santana, la Dirección General de Trabajo recibe 13.905.000 euros en tres años, principalmente dedicados al plan de actuación del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel, con tres millones), a la participación institucional (5,4) o a la implementación y seguimiento de los ODS en las empresas (1,2). Por encima del millón de euros también se sitúan el programa de prevención de riesgos laborales y los planes de igualdad en las empresas (1,2 en cada línea).

Con rango de dirección general, la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi) dispone hasta 2022 de 74.860.643,54 euros, con la Estrategia Canaria de Especialización Inteligente (RIS3, 13.979.199 euros), el apoyo a la actividad de investigación, desarrollo e innovación (I+D+i, 13.269.753) y la formación de personal investigador (11.760.069) como mayores líneas. A cargo de la Aciisi también contempla el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo 2020-2022 las ayudas para la incorporación de personal innovador al tejido productivo (seis millones), a las infraestructuras científicas tecnológicas (4,5 millones) o el desarrollo de la economía digital (3,6).

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Elena Máñez apela a la negociación colectiva para avanzar en la igualdad real del mercado laboral

Elena Máñez, durante la jornada

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo anuncia subvenciones por un total de 800.000 euros para asesorar a sindicatos y patronales en la negociación de planes de igualdad y Objetivos de Desarrollo Sostenible

Más de un centenar de personas participan en la jornada organizada en la capital grancanaria por el Consejo Canario de Relaciones Laborales con motivo del Día Europeo de la Igualdad Salarial

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, apeló este viernes, víspera del Día Europeo de la Igualdad Salarial (22 de febrero), al diálogo social y a la negociación colectiva como vía fundamental para avanzar hacia la equiparación real de mujeres y hombres en el mercado laboral.

Durante la inauguración de la jornada Negociación colectiva e igualdad en las relaciones laborales, Máñez lamentó que “siga existiendo una brecha muy importante en el ámbito salarial, una de las tantas que nos afectan a las mujeres”. En este sentido, explicó que la media de la retribución anual de las mujeres trabajadoras canarias es unos 2.300 euros anuales inferior (un 11,15% menos) que la de sus colegas masculinos, algo que a su juicio supone “una injusticia social, pero también es malo para la economía”.

Inauguración de la jornada
Inauguración de la jornada

“Todo aquello que afecta a la productividad, y desde luego que la precariedad influye, es un indicador negativo para nuestro desarrollo económico”, advirtió la consejera durante su intervención en el encuentro, convocado en la capital grancanaria por el Consejo Canario de Relaciones Laborales, órgano colegiado dependiente del departamento autonómico.

Además, Elena Máñez aprovechó el evento para anunciar una “novedosa medida” puesta en marcha por la Consejería para impulsar la formación y el asesoramiento en materia de negociación de planes de igualdad y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), gracias a la implantación de una línea de subvenciones por un importe global de 800.000 euros a lo largo de 2020. En su opinión, “la negociación es fundamental, pero también el conocimiento para que los planes de igualdad en las empresas sean efectivos”.

“Si queremos afrontar los grandes retos de Canarias, tenemos que hacerlo de la mano de los agentes sociales y económicos y sociales”, afirmó la consejera, que consideró que “no puede haber desarrollo sostenible, otro objetivo prioritario de este Gobierno, si no avanzamos en la igualdad real entre mujeres y hombres”.

Ponencias y debates

Con más de un centenar de personas asistentes, la jornada Negociación colectiva e igualdad en las relaciones laborales contó en la sesión inaugural con, además de Elena Máñez, el secretario de Política Institucional de la Unión General de Trabajadores (UGT) Canarias, Pedro Martínez; la secretaria de Acción Sindical, Mujer y Juventud de Comisiones Obreras (CCOO) Canarias, Esther Martín; la vicepresidenta de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) de Las Palmas, María de la Salud Gil; y la representante de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) Tenerife, Elba Leandro.

A lo largo de la mañana, mediante ponencias y debates, intervinieron Margarita Ramos, catedrática del Derecho del Trabajo en la Universidad de La Laguna; Ana Puig, experta en igualdad de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Canarias; Alejandro Ramos, director general de Trabajo del Gobierno de Canarias; el letrado Daniel Miñana, de Navarro y Asociados Abogados; Ane Miren Fernández Gómez, técnica del Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer; o Silvia Jaén, viceconsejera autonómica de Igualdad del Gobierno de Canarias, antes de la clausura del encuentro en el Centro Cultural Cicca a cargo del viceconsejero canario de Empleo, Gustavo Santana.

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