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El Gobierno aprueba las medidas preventivas para el personal público y da prioridad al trabajo a distancia

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Función Pública recoge en su resolución las aportaciones de las organizaciones sindicales realizadas en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos que abordó la semana pasada el desarrollo de las medidas de prevención para la vuelta gradual del personal a las oficinas

La Dirección General de la Función Pública dictó ayer la Resolución 505, de 19 de mayo de 2020, por la que se establece el marco organizativo y se fijan los criterios de recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de los planes de desescalada del COVID-19. Tiene por objeto ajustar la prestación de los servicios por parte del personal de la Administración autonómica canaria (Administración General) a partir del 25 de mayo próximo, regulando las distintas modalidades en que a partir de dicha fecha podrá desarrollarse la prestación de esos servicios, y garantizando la actuación coordinada y homogénea de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos. Entre los puntos a destacar figura la priorización del trabajo no presencial.

El cumplimiento de las medidas previstas en esa resolución se ajusta a los principios generales de continuidad de la prestación del servicio público; de garantía de la seguridad y salud, tanto del personal al servicio de la Administración autonómica, como de los usuarios de los servicios; de protección del personal especialmente sensible; de conciliación de la vida personal, laboral y familiar; de priorización de las modalidades de trabajo no presenciales, incluido el teletrabajo, y de flexibilidad horaria y planificación del trabajo mediante distintas fórmulas, como el establecimiento de franjas horarias, para evitar la aglomeración de personas.

La resolución señala que la aplicación de las distintas modalidades de prestación de servicios (presencial, no presencial y mixta) tendrá carácter estrictamente individual, y se efectuará teniendo en cuenta, tanto la garantía del servicio público, como las medidas organizativas que se establezcan por los distintos Departamentos, Organismos y Centros Directivos, así como en el propio servicio o unidad administrativa, y las preferencias del empleado/a, siempre que en atención a las características y contenidos funcionales del puesto desempeñado sea posible la prestación bajo distintas modalidades.

Trabajo presencial, no presencial y jornadas

Establece la resolución que durante su vigencia, y siempre que sea compatible con la naturaleza del trabajo desempeñado, se priorizará la prestación de los servicios en modalidades no presenciales, evitando de esta forma la concentración de personas en los centros de trabajo. Esta modalidad de trabajo podrá ser total o parcial, según que su aplicación requiera o no de la prestación de servicios de forma presencial en uno o más días de la semana.

El personal que no pueda desarrollar la prestación de sus servicios a través de cualquiera de las modalidades no presenciales efectuará dicha prestación de forma presencial. Para ello, deberá observar de modo muy especial las previsiones contenidas en el Procedimiento para la implantación de medidas de Prevención de Riesgos Laborales frente al riesgo de exposición al SARS-CoV-2, debiendo los responsables de cada Servicio, en coordinación y bajo las directrices de los titulares de los centros directivos y de las respectivas Secretarías Generales Técnicas u órganos equivalentes de los Organismos Autónomos, planificar las tareas y procesos laborales de forma que el personal pueda desarrollar su actividad con las mayores garantías para su seguridad y salud en el trabajo, adoptando cuantas medidas sean necesarias a tal fin, tanto en lo que se refiere a la organización del trabajo propiamente dicho, como en lo relativo a la gestión de espacios y otros aspectos.

Según la modalidad en que se efectúe la prestación de servicios será la aplicación del régimen de jornada y horarios. En el caso de las modalidades no presenciales, se aplicarán criterios de máxima flexibilización en la jornada laboral, si bien se mantiene la obligatoriedad de la jornada mínima diaria de seis horas, o la que proporcionalmente proceda, en los casos de jornada reducida, en los términos establecidos por la normativa de referencia.

A fin de conjugar esta flexibilización de la actividad laboral con el normal funcionamiento del servicio, los empleados y empleadas públicas deberán adoptar las medidas para asegurar la correcta coordinación y eficacia en el desarrollo de su actividad laboral, mediante las comunicaciones pertinentes a sus respectivos responsables funcionales.

En los supuestos de prestación de servicios en la modalidad presencial, o en las jornadas de prestación presencial del personal que tenga autorizada prestación de servicios en la modalidad no presencial parcial, el desarrollo de la actividad laboral se deberá ajustar a los límites establecidos en las normas antes citadas, en el periodo horario comprendido entre las 7.00 y las 17.00 horas, debiendo establecerse medidas que favorezcan la paulatina y gradual entrada del personal en los centros de trabajo, evitando acumulaciones en los momentos de entrada y salida a los mismos, o incluso durante el transcurso de la jornada laboral.

Además, se establece que en los supuestos en que la prestación de servicios se realice de forma presencial, con independencia de la prestación bajo esta modalidad se produzca de forma total o parcial, la realización de trabajos que excedan de la duración de la jornada semanal y de horas o servicios extraordinarios estará sujeta al régimen vigente en cuanto a su realización y a su compensación.

Procedimiento para la implantación de medidas de prevención

Por otra parte, el Gobierno de Canarias ha desarrollado el Procedimiento para la implantación de medidas de prevención de riesgos laborales frente al riesgo de exposición al sars-cov-2, que amplía el Anexo I de la Resolución 313 de 12 de marzo de la Dirección General de la Función Pública (DGFP), por la que se aprueban las medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias con motivo del COVID-19.

La Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos abordó este asunto el pasado miércoles. Las organizaciones sindicales trasladaron entonces tanto al viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, como a la directora general de Función Pública, Laura Martín, numerosas aportaciones que el Gobierno de Canarias estudió a fin de mejorar la propuesta inicial que el Ejecutivo presentó ese día. De esta forma, se han marcado pautas ante las distintas situaciones laborales que pudieran aumentar el riesgo del personal autonómico a sufrir contagio por el mencionado virus.

Por un lado, el desarrollo de las medidas aborda la atención al público de manera continuada, como la desempeñada en oficinas de atención ciudadana, oficinas de registro, oficinas de atención tributaria, oficinas de empleo, centros de valoración de la dependencia, bibliotecas públicas u oficinas judiciales. Por otro lado, incluye la vuelta al centro de trabajo habitual y la realización de las tareas rutinarias.

En todo caso, se establece la prioridad en la adopción de medidas preventivas colectivas, de tipo técnico u organizativo (distancia de seguridad interpersonal de dos metros, reorganización de tareas y procedimientos de trabajo, de los espacios de trabajo, trabajos a turnos, gestión de colas o el uso de barreras físicas, entre otras) frente a las de protección individual mediante el uso de equipos de protección individual (mascarillas y/o guantes).

Asimismo, la DGFP aclara que el desarrollo de estas medidas de prevención no modifica las pautas de actuación respecto del personal especialmente sensible, la forma de seguimiento y valoración de los contactos, y los aspectos previstos en caso de detectarse determinadas situaciones entre el personal establecido a través la Instrucción actualizada de 31 de marzo de 2020.

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El Gobierno de Canarias aprueba un protocolo de medidas preventivas para el personal de la Comunidad Autónoma

El Gobierno de Canarias aprueba un protocolo de medidas preventivas para el personal de la Comunidad Autónoma

Se trata de un conjunto de medidas para salvaguardar la salud de los empleados y empleadas públicas y garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos ante la situación derivada del escenario de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional declarada por OMS derivado de un brote por el coronavirus que da lugar al COVID-19

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, anuncia la aprobación de un protocolo de medidas preventivas dirigido al personal público de la Comunidad Autónoma de Canarias con el fin de salvaguardar la salud de los empleados y empleadas públicas y garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos ante la situación derivada del escenario de Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional declarada por OMS derivado de un brote por el coronavirus que da lugar al COVID-19.

Así, se establecen medidas destinadas a reducir el riesgo a la exposición y, asimismo, procedimientos de actuación para distintos casos que pueden producirse, incluyendo también recomendaciones de fomento del distanciamiento social como técnica más efectiva de contención del citado patógeno, en el actual escenario. Este protocolo es de aplicación en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus Organismos Autónomos, con las adaptaciones y desarrollos que resulten precisas en los ámbitos específicos o competenciales que lo requirieran, como Sanidad, Educación, Justicia y Policía Canaria, entre otros.

Procedimiento en caso de sospecha de infección

Siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias para la población general, si un trabajador/a de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias sospecha que pudiera estar infectado/a por darse las siguientes situaciones:

1)      Ha viajado recientemente a alguno de las zonas consideradas de riesgo según el Ministerio de Sanidad:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/situacionActual.htm

y/o

2)      Ha tenido contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección por COVID-19

y/o

3)      Presenta síntomas de enfermedad respiratoria: fiebre, tos y sensación de falta de aire.

El trabajador deberá:

Llamar al 900112061 y permanecer en su domicilio siguiendo las instrucciones que le facilite el Servicio Canario de la Salud. En caso de que el trabajador esté en su puesto de trabajo se contactará con el 900112061, y hasta su valoración por parte de los servicios médicos, se separará a la persona enferma del resto del personal, manteniendo al menos dos metros de distancia y, si es posible, se la reubicará en una habitación separada que se mantenga aireada, instándola a adoptar medidas de higiene respiratoria.
Trasladar la información facilitada, y en su caso el diagnóstico, vía telefónica a su Servicio de Personal, de forma que pueda comenzar a aplicarse, de forma inmediata, las medidas que se consideren necesarias a fin de prevenir el riesgo de contagio.

En el caso de que un trabajador/a tenga conocimiento de haber tenido contacto estrecho con un caso probable o confirmado de infección por COVID-19, aunque no presente síntomas, informará vía telefónica, al 900112061 y seguirá las instrucciones que le faciliten.

Procedimiento si no hay sospecha de infección, pero presenta síntomas

Si un trabajador/a no tiene sospecha de estar infectado por el nuevo coronavirus, por no haberse dado ninguna de las situaciones indicadas en el apartado anterior, pero presenta síntomas de infección respiratoria, informará de la situación a su superior inmediato, y solicitará cita telefónica de su centro de atención primaria. Una vez tenga diagnóstico de su médico de atención primaria, y si este descarta la infección por COVID-19, el/la trabajador/a contactará con el Servicio de Personal para informar de su situación, y seguir las recomendaciones que se le indiquen.

Actuación en caso de detectarse un positivo entre el personal

El/la trabajador/a informará de inmediato, vía telefónica o correo electrónico, al Servicio de Personal o, en su ausencia, a su superior jerárquico quien lo notificará a su Secretaría General Técnica, o al órgano equivalente en el ámbito de la Administración Sanitaria, Educativa y de Justicia, según corresponda. Además, no accederá a su centro de trabajo hasta que así lo determinen las Autoridades Sanitarias.

Se estudiará cada caso con carácter particular junto con la Dirección General de Salud Pública, según el escenario específico, adoptándose acciones concretas dependiendo del centro de trabajo, actividad laboral y número de contactos estrechos, entre otros aspectos, y se determinarán las áreas de trabajo que requerirían limpieza y desinfección especial dándose indicaciones específicas al personal afectado.

Incapacidad temporal y aislamiento

La expedición de los partes de baja y de sus confirmaciones se efectuará preferentemente por medios telemáticos, y su entrega se realizará preferentemente utilizando la sede electrónica. Si se tratara de un empleado/a público/a en régimen de cotización a la Seguridad Social, deberá llamar al 012 o 9000112061 y solicitar cita telefónica con su médico de Atención Primaria, pero si fuera mutualista de MUFACE o MUGEJU, deberá ponerse en contacto telefónico con ellos.

En los supuestos de que los profesionales sanitarios aconsejen una medida de aislamiento o “cuarentena”, el/la trabajador/a lo comunicará telefónicamente o por correo electrónico a su Servicio de Personal correspondiente. La acreditación de dicha medida conllevará la consideración de deber inexcusable y, según el Decreto Ley, la asimilación a incapacidad temporal por accidente laboral.

Viajes a zonas de riesgo por motivos ajenos al trabajo y conciliación

Si algún trabajador/a ha realizado o tiene previsto realizar viajes, por motivos distintos a los laborales, a zonas declaradas de riesgo por infección de COVID-19, tendrá la responsabilidad de informar, de inmediato, al Servicio de Personal de su Departamento.

Al personal que tenga a su cargo menores o mayores dependientes que pudieran verse afectados por el cierre de centros educativos o de mayores, les será de aplicación medidas de flexibilización y/o permanencia en domicilio.

Instrucciones laborales

En el actual escenario, de acuerdo con las recomendaciones generales de las autoridades de salud pública, es conveniente el seguimiento de pautas de actuación que promuevan el distanciamiento físico entre los empleados públicos. Para ello, en el ámbito de las relaciones de trabajo de la Administración autonómica se adoptarán, por los correspondientes centros directivos las siguientes medidas:

Control horario, atención al público, reuniones

Se podrá utilizar un sistema de control horario alternativo al actual y de carácter voluntario que permitirá el debido seguimiento de la jornada de trabajo a través de un aplicativo en los teléfonos móviles.

En los servicios de atención al público se priorizará la atención telefónica y, en particular, la telemática. Se promueven sistemas de cita previa y se restringen, en la medida de lo posible, el acceso a las zonas no específicas de atención al público.

En la medida de lo posible, se incrementarán la realización de las reuniones de trabajo a través del uso de videoconferencia u otros medios telemáticos.

Cursos, procesos selectivos, viajes

Se fomentará la utilización de medios telemáticos como alternativa a la formación presencial, cuando resulte posible, en los casos en que el número de asistentes o las características físicas de las instalaciones lo hagan aconsejable.

Se mantendrán los procesos selectivos en los que se pueda asegurar una distancia correcta entre aspirantes y tribunales y colaboradores.

De acuerdo con las recomendaciones generales, se realizarán los viajes de trabajo que sean imprescindibles para la normal prestación de servicios esenciales. Pueden realizarse con normalidad viajes de carácter interinsular, sin perjuicio del fomento de las reuniones a través de videoconferencia u otros medios telemáticos.

Medidas extraordinarias de flexibilización

Las medidas de prevención, de seguirse rigurosamente, se han mostrado efectivas en el control de epidemias similares. No obstante, y si bien la situación actual no requiere de la adopción de otras medidas excepcionales o extraordinarias, atendiendo a las circunstancias de cada centro directivo y siguiendo las instrucciones de la autoridad sanitaria, se podrán habilitar otros sistemas de prestación de servicios.

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