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Migdalia Machín destina más de 18 millones de euros para la ejecución del proyecto Spain Living Lab

La finalidad de esta actuación es generar un ecosistema estratégico y tractor para la innovación en Inteligencia Artificial aplicada al sector turístico

La consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura (CUCIC), Migdalia Machín, ha asignado 18.440.380 euros a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), a la Universidad de La Laguna (ULL) y a Viajes Insulares para la ejecución del proyecto Spain Living Lab, aprobado en el marco del Programa de Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH), financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

El objetivo principal de esta iniciativa es crear un ecosistema estratégico y tractor para la innovación en Inteligencia Artificial aplicada al sector turístico. Según Migdalia Machín, “este proyecto situará al sector turístico como referente en la aplicación de la inteligencia artificial para mejorar la productividad y la competitividad”.

El proyecto Spain Living Lab de Turismo Inteligente, liderado por Canarias, también cuenta con la participación de Baleares, Andalucía, Aragón, Navarra, Asturias y Castilla-La Mancha. Su meta es diseñar un ecosistema estratégico y tractor, a nivel nacional, para la innovación abierta en inteligencia artificial aplicada al sector turístico y al comportamiento humano, mediante una exhaustiva recopilación de datos en toda la cadena de valor del sector y su posterior tratamiento.

Javier Franco, director de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información, explicó que “el principal objetivo del proyecto es crear un ecosistema de innovación para el sector turístico basado en datos y en su procesamiento, utilizando, entre otras, tecnologías de inteligencia artificial. Los datos serán generados por hoteles, agencias de viajes y destinos turísticos, entre otros”.

El proyecto se estructura en dos Misiones País de I+D en Inteligencia Artificial:

  1. MISIÓN 1: I+D de Inteligencia Artificial en Comportamiento del Metaverso y Teletransporte en Turismo.
  2. MISIÓN 2: I+D de Inteligencia Artificial en Comportamiento del Turista.

El Programa RETECH constituye uno de los ejes transversales de la Agenda España Digital 2026 promovidos por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y está alineado con dos de las principales metas de la Agenda, como son, liderar la transformación digital de manera inclusiva y sostenible y focalizar los esfuerzos de digitalización en sectores económicos clave.

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El Instituto de Medicina Legal y el Servicio Canario de Salud formalizan su colaboración en La Palma

El Instituto de Medicina Legal y el Servicio Canario de Salud formalizan su colaboración en La Palma

Establecen los protocolos a seguir para continuar realizando autopsias y otros servicios mediante el uso de las instalaciones del centro sanitario palmero

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Mónica Ceballos, subraya el interés por alcanzar la excelencia en la práctica científica y técnica de autopsias, asegurando el desarrollo básico de las tareas y la reducción de los tiempos

El director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, destaca la importancia de la medida, pues garantiza el correcto desarrollo del proceso que rige la realización de autopsias judiciales en la isla

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Mónica Ceballos, ha visitado esta semana, junto con el director de Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, las instalaciones del Hospital Universitario de La Palma que el Servicio Canario de la Salud viene cediendo, para el desarrollo de actividades propias del Servicio de Patología Forense, colaboración que ahora se ha formalizado a través de una resolución conjunta suscrita por la propia Ceballos y la directora del Servicio Canario de la Salud, Elizabeth Hernández.

Esta resolución establece el procedimiento de actuación entre el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Santa Cruz de Tenerife (IMLCF-TF), adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, y la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma del Servicio Canario de la Salud, para formalizar la cooperación que viene prestando el Hospital Universitario de La Palma a la realización de autopsias, autorizando a dicho instituto el uso de zonas de autopsias y servicios asociados.

En ella se plasma también que, en los supuestos excepcionales en los que no pueda desplazarse a La Palma personal auxiliar adscrito al IMLCF-TF, para realizar autopsias con el médico forense, la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Palma facilita la disposición de una persona técnica en anatomía patológica que realice las funciones de auxiliar de autopsias con disponibilidad horaria para la práctica de las autopsias judiciales, lo que permite reducir los tiempos.

Durante la visita al centro sanitario de La Palma, Ceballos ha apuntado el interés, por parte de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, de “alcanzar la excelencia en la práctica científica y técnica de autopsias, asegurándose el desarrollo básico de las tareas”.

En este sentido, y con el fin de adecuar las instalaciones del hospital a las nuevas necesidades, se ha comprometido a iniciar el procedimiento para adquirir cuatro cámaras de conservación de cadáveres, así como una campana extractora para manipulación de formol, que serán instaladas en el Hospital Universitario de La Palma, y que, junto a las cuatro cámaras existentes actualmente, serán de uso compartido por parte de dicho hospital y el servicio de patología forense del IMLCF-TF.

Asimismo, Ceballos se ha referido al protocolo de recogida, entrada y salida de cadáveres, así como su custodia, en el IMLCF-TF en la isla de La Palma, que refuerza las garantías legales en la práctica de las autopsias.

Por su parte, el director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, ha resaltado la importancia de esta resolución conjunta, “pues garantiza el correcto desarrollo del proceso que rige la realización de autopsias judiciales en la isla, tanto por las mejoras en equipamiento técnico como por el apoyo que los profesionales sanitarios de La Palma prestarán a los trabajadores del Instituto de Medicina Legal cuando no se puedan desplazar a la isla”.

A la visita al Hospital Universitario de La Palma han asistido también el director del IMLCF-TF, Jesús Vega; la directora de Gestión y Recursos Generales del Área de Salud de La Palma, Raquel Alonso; la directora médica de Atención Hospitalaria, Diheva Fernández; y el director de enfermería de Atención Hospitalaria, Javier Jerónimo.

 

Conviene recordar, por último, que el IMLCF-TF tiene como misión asesorar y auxiliar a los juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del Registro Civil de los partidos judiciales de su ámbito de actuación, mediante la práctica de pruebas periciales, tanto tanatológicas como clínicas y de laboratorio. En esta línea, el Servicio de Patología Forense, como órgano de funcionamiento del IMLCF-TF, tiene encomendadas las funciones de investigación médico-legal, y efectuó 46 autopsias en La Palma en 2022, con un tiempo medio de realización de 24 horas.

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Julio Pérez dice que culminar el concurso de méritos es un hito y su propósito es convocarlo con mayor regularidad

Julio Pérez dice que culminar el concurso de méritos es un hito y su propósito es convocarlo con mayor regularidad

Se trata de uno de los primeros compromisos adquiridos por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad al inicio de la legislatura

En algunos cuerpos y escalas, este proceso no se había llevado a cabo nunca o hay que remontarse a 2006, 2007, 2008 o 2015 para situar el último

Afirma que “ahora se genera un nuevo desafío, convocar concursos con la periodicidad que marca la ley”

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha manifestado esta semana, en el Parlamento de Canarias, que la resolución de la Dirección General de la Función Pública por la que se aprueba la lista definitiva de los 1.374 adjudicatarios correspondientes al concurso de méritos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias es “un hito que obliga a seguir caminando con el propósito de convocarlo con mayor regularidad”, pues aunque ha salido adelante en un tiempo récord, 15 meses, es necesario “reducir los plazos”.

A su juicio, puede valorarse como “muy satisfactoria” la culminación de este proceso, en el que se ofertaron 4.723 puestos de trabajo adscritos a los distintos departamentos y organismos, así como a los grupos, subgrupos, cuerpos, escalas y, en su caso, especialidades, que conforman dicha administración, y al que se presentaron 1.711 solicitudes.

La celebración de este concurso, postergado largamente, “es uno de los primeros compromisos” adquiridos por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, al inicio de la legislatura, y se convirtió en un mandato legal que el Gobierno de Canarias se impuso a sí mismo a través del Decreto ley 6/2019, de 10 de octubre, que fijaba junio de 2021 como fecha tope para la convocatoria del concurso. Además, algunas sentencias judiciales habían ordenado, por su parte, la celebración del concurso, atendiendo a reclamaciones del personal público.

Julio Pérez ha afirmado, en este sentido, que “se puede decir, modestamente, que hemos cumplido un compromiso. Nos quedan otros muy importantes, que están en curso de cumplimiento, pero este fue uno de los primeros que asumimos”. Además, ha señalado que “ahora se genera un nuevo desafío, que es convocar concursos regularmente, con la periodicidad que manda la ley”.

De los 4.723 puestos de trabajo ofertados –todos los vigentes en la RPT cuya forma de provisión sea a través del concurso de méritos o concurso de méritos específico– 1.643 ya estaban ocupados de forma definitiva o con reserva legal (puestos a resultas) y 3.080 no tenían persona titular, bien estaban libres u ocupados con carácter provisional (puestos vacantes).

En la resolución dictada por Función Pública se recoge también el calendario de los ceses por cuerpos, escalas y especialidades de las personas que hasta ahora venían ocupando las plazas, que se está haciendo de forma escalonada, desde el pasado martes 20 de septiembre, que se produjeron los primeros ceses –los últimos están fijados para el 20 de enero de 2023–, así como la posterior toma de posesión de las adjudicatarias de las mismas.

Del mismo modo, la resolución dispone que el personal funcionario interesado podrá presentar, contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife, en el plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), el lunes 19 de septiembre –http://www.gobiernodecanarias.org/boc/archivo/2022/185/–.

Según el resultado definitivo, en la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa se ha adjudicado un puesto; en la Agencia Canaria de Protección del Medio Natural, 21; en la Agencia Tributaria Canaria, 193; en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca, 120; en la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, 91; en la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, 73; en la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, 120; en la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, 93; en la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, 54; en la Consejería de Turismo, Industria y Comercio, 110; en la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, 159; en la Consejería de Sanidad, nueve; y en la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, 53.

Igualmente, se han adjudicado puestos en el Consejo Económico y Social (CES), tres; en el Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), cuatro; en el Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH), uno; en el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA), 17; en el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), 19; en el Instituto Canario de Estadística (Istac), dos; en el Instituto Canario de Igualdad (ICI), ocho; en el Instituto Canario de la Vivienda (ICV), 14; en Presidencia del Gobierno, 24; en el Servicio Canario de Empleo (SCE), 58; en el Servicio Canario de Salud (SCS), 126; y en las plazas delegadas de Parques Nacionales, una.

De los 1.374 puestos adjudicados en este concurso de méritos, 422 corresponden al Subgrupo A1; 259, al Subgrupo A2; 330, al Subgrupo C1; 352, al Subgrupo C2; y once, al Grupo E. De los 422 correspondientes al A1, 218 pertenecen al Cuerpo Superior de Administradores; once, al Cuerpo Superior de Investigadores Agrarios; y 193, al Cuerpo Superior Facultativo. De los 259 del A2, 101 pertenecen al Cuerpo de Gestión; dos, al Cuerpo Facultativo de Investigadores Agrarios; y 156, al Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio.

Los 330 del C1 están distribuidos en cuatro cuerpos. 299 del Cuerpo Administrativo, 19 del Cuerpo Administrativo Técnico-Agentes Tributarios, nueve del Cuerpo de Agentes de Medio Ambiente y tres del Cuerpo de Auxiliares Técnicos. Los 352 del C2 pertenecen todos al Cuerpo Auxiliar y los once del Grupo E corresponden a la Agrupación Profesional de Subalternos.

El concurso de méritos, que en algunos cuerpos y escalas –es el caso del cuerpo facultativo, escala de profesores numerarios de formación profesional marítimo pesquera y para la escala de maestros de taller de formación profesional marítimo pesquera– no se había realizado nunca –en este ha movido a doce funcionarios–, o hay que remontarse a 2006 para encontrar la última convocatoria –ingenieros técnicos agrícolas, ahora se han movido 54 funcionarios–, 2007 –cuerpo auxiliar, 348 funcionarios se han movido ahora–, 2008 –cuerpo administrativo, 299 funcionarios se han trasladado ahora–, o 2015 –agrupación profesional subalterno, 10 se han movido ahora– fue convocado por la Dirección General de la Función Pública el 28 de junio de 2021, a través de una resolución que fue publicada en el BOC dos días después, que también recogía las bases específicas que han regido el mismo.

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El Gobierno aprueba las medidas preventivas para el personal público y da prioridad al trabajo a distancia

Edificio Múltiples II de Santa Cruz de Tenerife

Función Pública recoge en su resolución las aportaciones de las organizaciones sindicales realizadas en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos que abordó la semana pasada el desarrollo de las medidas de prevención para la vuelta gradual del personal a las oficinas

La Dirección General de la Función Pública dictó ayer la Resolución 505, de 19 de mayo de 2020, por la que se establece el marco organizativo y se fijan los criterios de recuperación gradual de la actividad administrativa presencial en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, en el marco de los planes de desescalada del COVID-19. Tiene por objeto ajustar la prestación de los servicios por parte del personal de la Administración autonómica canaria (Administración General) a partir del 25 de mayo próximo, regulando las distintas modalidades en que a partir de dicha fecha podrá desarrollarse la prestación de esos servicios, y garantizando la actuación coordinada y homogénea de los distintos Departamentos y Organismos Autónomos. Entre los puntos a destacar figura la priorización del trabajo no presencial.

El cumplimiento de las medidas previstas en esa resolución se ajusta a los principios generales de continuidad de la prestación del servicio público; de garantía de la seguridad y salud, tanto del personal al servicio de la Administración autonómica, como de los usuarios de los servicios; de protección del personal especialmente sensible; de conciliación de la vida personal, laboral y familiar; de priorización de las modalidades de trabajo no presenciales, incluido el teletrabajo, y de flexibilidad horaria y planificación del trabajo mediante distintas fórmulas, como el establecimiento de franjas horarias, para evitar la aglomeración de personas.

La resolución señala que la aplicación de las distintas modalidades de prestación de servicios (presencial, no presencial y mixta) tendrá carácter estrictamente individual, y se efectuará teniendo en cuenta, tanto la garantía del servicio público, como las medidas organizativas que se establezcan por los distintos Departamentos, Organismos y Centros Directivos, así como en el propio servicio o unidad administrativa, y las preferencias del empleado/a, siempre que en atención a las características y contenidos funcionales del puesto desempeñado sea posible la prestación bajo distintas modalidades.

Trabajo presencial, no presencial y jornadas

Establece la resolución que durante su vigencia, y siempre que sea compatible con la naturaleza del trabajo desempeñado, se priorizará la prestación de los servicios en modalidades no presenciales, evitando de esta forma la concentración de personas en los centros de trabajo. Esta modalidad de trabajo podrá ser total o parcial, según que su aplicación requiera o no de la prestación de servicios de forma presencial en uno o más días de la semana.

El personal que no pueda desarrollar la prestación de sus servicios a través de cualquiera de las modalidades no presenciales efectuará dicha prestación de forma presencial. Para ello, deberá observar de modo muy especial las previsiones contenidas en el Procedimiento para la implantación de medidas de Prevención de Riesgos Laborales frente al riesgo de exposición al SARS-CoV-2, debiendo los responsables de cada Servicio, en coordinación y bajo las directrices de los titulares de los centros directivos y de las respectivas Secretarías Generales Técnicas u órganos equivalentes de los Organismos Autónomos, planificar las tareas y procesos laborales de forma que el personal pueda desarrollar su actividad con las mayores garantías para su seguridad y salud en el trabajo, adoptando cuantas medidas sean necesarias a tal fin, tanto en lo que se refiere a la organización del trabajo propiamente dicho, como en lo relativo a la gestión de espacios y otros aspectos.

Según la modalidad en que se efectúe la prestación de servicios será la aplicación del régimen de jornada y horarios. En el caso de las modalidades no presenciales, se aplicarán criterios de máxima flexibilización en la jornada laboral, si bien se mantiene la obligatoriedad de la jornada mínima diaria de seis horas, o la que proporcionalmente proceda, en los casos de jornada reducida, en los términos establecidos por la normativa de referencia.

A fin de conjugar esta flexibilización de la actividad laboral con el normal funcionamiento del servicio, los empleados y empleadas públicas deberán adoptar las medidas para asegurar la correcta coordinación y eficacia en el desarrollo de su actividad laboral, mediante las comunicaciones pertinentes a sus respectivos responsables funcionales.

En los supuestos de prestación de servicios en la modalidad presencial, o en las jornadas de prestación presencial del personal que tenga autorizada prestación de servicios en la modalidad no presencial parcial, el desarrollo de la actividad laboral se deberá ajustar a los límites establecidos en las normas antes citadas, en el periodo horario comprendido entre las 7.00 y las 17.00 horas, debiendo establecerse medidas que favorezcan la paulatina y gradual entrada del personal en los centros de trabajo, evitando acumulaciones en los momentos de entrada y salida a los mismos, o incluso durante el transcurso de la jornada laboral.

Además, se establece que en los supuestos en que la prestación de servicios se realice de forma presencial, con independencia de la prestación bajo esta modalidad se produzca de forma total o parcial, la realización de trabajos que excedan de la duración de la jornada semanal y de horas o servicios extraordinarios estará sujeta al régimen vigente en cuanto a su realización y a su compensación.

Procedimiento para la implantación de medidas de prevención

Por otra parte, el Gobierno de Canarias ha desarrollado el Procedimiento para la implantación de medidas de prevención de riesgos laborales frente al riesgo de exposición al sars-cov-2, que amplía el Anexo I de la Resolución 313 de 12 de marzo de la Dirección General de la Función Pública (DGFP), por la que se aprueban las medidas a adoptar en los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias con motivo del COVID-19.

La Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos abordó este asunto el pasado miércoles. Las organizaciones sindicales trasladaron entonces tanto al viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, como a la directora general de Función Pública, Laura Martín, numerosas aportaciones que el Gobierno de Canarias estudió a fin de mejorar la propuesta inicial que el Ejecutivo presentó ese día. De esta forma, se han marcado pautas ante las distintas situaciones laborales que pudieran aumentar el riesgo del personal autonómico a sufrir contagio por el mencionado virus.

Por un lado, el desarrollo de las medidas aborda la atención al público de manera continuada, como la desempeñada en oficinas de atención ciudadana, oficinas de registro, oficinas de atención tributaria, oficinas de empleo, centros de valoración de la dependencia, bibliotecas públicas u oficinas judiciales. Por otro lado, incluye la vuelta al centro de trabajo habitual y la realización de las tareas rutinarias.

En todo caso, se establece la prioridad en la adopción de medidas preventivas colectivas, de tipo técnico u organizativo (distancia de seguridad interpersonal de dos metros, reorganización de tareas y procedimientos de trabajo, de los espacios de trabajo, trabajos a turnos, gestión de colas o el uso de barreras físicas, entre otras) frente a las de protección individual mediante el uso de equipos de protección individual (mascarillas y/o guantes).

Asimismo, la DGFP aclara que el desarrollo de estas medidas de prevención no modifica las pautas de actuación respecto del personal especialmente sensible, la forma de seguimiento y valoración de los contactos, y los aspectos previstos en caso de detectarse determinadas situaciones entre el personal establecido a través la Instrucción actualizada de 31 de marzo de 2020.

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