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Sanidad acuerda en Mesa Sectorial un aumento de plazas para Facultativos Especialistas y Auxiliares de Enfermería

En la reunión se negoció igualmente la convocatoria de plazas de los grupos A1 y A2 sanitarios

La directora del Servicio Canario de la Salud (SCS), Blanca Méndez, acompañada por el director general de Recursos Humanos, Francisco Artiles, presidió esta mañana una reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad, continuación de la que tuvo que ser aplazada el pasado 31 de enero. En el encuentro se acordó aumentar las plazas de las convocatorias en curso de Facultativos Especialistas de Área (FEAS) y Auxiliares de Enfermería, utilizando para ello parte de las plazas correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2019.

Entre otras categorías, la Oferta de 2019 incluyó 106 plazas de FEAS y 50 de auxiliar de Enfermería (cuyas convocatorias de proceso selectivo y concurso de traslado se publicaron el pasado noviembre), que se sumarán a las actualmente convocadas tras el acuerdo alcanzado en la jornada de hoy. Estos procesos han supuesto la convocatoria de 997 plazas en el caso de los FEAS, repartidas en 44 especialidades médicas, y de 1.501 plazas de Auxiliares de Enfermería.

En relación al resto de plazas ofertadas en la OEP 2019, se pretende su acumulación a las convocatorias de proceso selectivo a publicar en 2020. También se negociaron las bases del proceso selectivo y concurso de traslados de las OEPs acumuladas de 2017 a 2019, de las categorías del Grupo A1 y A2 Sanitario: Médico/a de Admisión y Documentación Clínica (7 plazas), Médico/a de Familia (507 plazas), Médico/a de Urgencia Hospitalaria (69 plazas), Odontoestomatólogo (11 plazas), Pediatra de Equipo de Atención Primaria (144 plazas), Técnico/a de Salud Pública, Logopeda (6 plazas) y Terapeuta Ocupacional (5 plazas).

Esta propuesta planteada desde el Servicio Canario de la Salud fue aceptada por los sindicatos CCOO y UGT, en una jornada de negociación en la que tanto administración como sindicatos exhibieron su firme voluntad de alcanzar acuerdos. De esta forma, el SCS se mostró dispuesto a estudiar varias de las propuestas formuladas por aquellas organizaciones sindicales que presentaron objeciones a esas bases, emplazándose las partes a una nueva convocatoria de la Mesa Sectorial la próxima semana.

Durante la mesa la consejería de Sanidad asumió el compromiso de presentar al Gobierno las plantillas estructurales del Servicio Canario de la Salud, a fin de solicitar los créditos que fueran necesarios para la consolidación de las plantillas. Además, la directora del SCS Blanca Méndez resaltó que la actual OPE “no se va a suspender”, anunciando que el examen de convocatoria de FEAS no se celebrará antes de noviembre del presente año y comprometiéndose a dar la próxima semana la fecha aproximada de celebración de los diferentes exámenes del resto de convocatorias en curso.

Por su parte, el director de Recursos Humanos del SCS, Francisco Artiles, valoró “el compromiso de transparencia” asumido por el actual equipo de la Consejería, incidiendo en el objetivo de la estabilización de un personal “que no es un gasto sino un capital y al que debemos fidelizar para dar una respuesta a nuestro eje central, que es el paciente”, de forma que “ningún especialista ni trabajador deba salir de nuestro sistema” bajo la premisa de “retener el talento”.

Tras una intensa Mesa Sectorial que se prolongó por espacio de casi seis horas, las partes se emplazaron a una nueva convocatoria que tendrá lugar la próxima semana, con el objetivo de continuar avanzando dentro de una política de predisposición al entendimiento que repercuta en beneficio de los profesionales y usuarios del Servicio Canario de la Salud.

Las ofertas públicas de empleo acumuladas de años anteriores suponen 7.198 plazas distribuidas en 107 categorías/especialidades, cuyos procesos selectivos y concursos de traslados se han comenzado a convocar en el trascurso de 2019. A estas ofertas de los años 2016 a 2018 se suma la oferta pública de empleo de 2019, recién publicada el pasado 31 diciembre, que oferta 633 plazas más, lo que supondrá la consolidación del empleo de 7.831 profesionales.

 

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Aprobados 2,1 millones para el proyecto de circunvalación de La Laguna que mejorará el tráfico por la TF-5

Consejo de Gobierno

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda impulsa la realización de un proyecto aprobado en 2007 y que nunca se puso en marcha; evitará que más de 70.000 vehículos diarios atraviesen el entramado urbano de La Laguna

El Consejo del Gobierno ha aprobado hoy, a petición del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, el gasto plurianual de 2.189.890 euros correspondiente al expediente denominado Servicios de redacción del proyecto de trazado y construcción Circunvalación Área Metropolitana de Tenerife Variante TF-5: P. Anchieta Los Rodeos. Fase 1: Circunvalación de La Laguna. Esta obra ahora la impulsa la Consejería después de más de 12 años de paralización, pues el expediente fue aprobado técnicamente por la propia Consejería en diciembre de 2007.

Con la aprobación del gasto acordado hoy se inicia el proceso para la contratación de la redacción de un ambicioso proyecto que contempla una nueva vía que rodee el casco de La Laguna por un lateral del aeropuerto de Los Rodeos y que aliviará en más de 70.000 vehículos diarios el paso a través del estrechamiento que supone el entramado urbano de esta ciudad y la rotonda de Padre Anchieta para la circulación por la TF-5.

Se trata de un desahogo fundamental para la circulación en el norte de Tenerife, ya que aliviaría en gran parte las numerosas retenciones que actualmente sufre la TF-5 en el tramo que atraviesa el municipio de La Laguna, que cuenta con una intensidad media diaria (IMD) superior a los 110.000 vehículos.

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda pondrá en marcha ahora todos los trámites para iniciar la contratación de la redacción de este proyecto, para lo que dispondrá ya este año de 200.000 euros de la partida aprobada hoy en el Consejo de Gobierno.

Se prevé que en verano salga a licitación la redacción del proyecto para que la empresa adjudicataria pueda iniciar su redacción el próximo mes de otoño y sea entregado a la Consejería, por su especial complejidad, a finales de 2021. Una vez ese proyecto obtenga el visto bueno de los técnicos de la Consejería, se pondrá en marcha la licitación de la obra, que está incluida dentro del Convenio de Carreteras 2018-2027.

El proyecto técnico que tendrá que redactarse ahora supone prolongar la autopista TF-5 por una variante de seis kilómetros de largo que unirá el enlace de Guamasa con la Vía de Ronda, junto al Campus de Guajara, para luego volver a enlazar con el actual trazado de la autopista hacia Santa Cruz. Además, gran parte de este trazado se ejecutará en túneles para no afectar a zonas habitadas ni a la zona de servicio del aeropuerto de Los Rodeos.

Una de las ventajas a la hora de ejecutar el proyecto es que las obras de esta variante no afectarán al tráfico que circule por el actual trazado de la TF-5, por lo que se evitan nuevos perjuicios a los usuarios de esa concurrida vía del norte de Tenerife, una de las más densas de España.

El Gobierno desbloquea por razones de interés general 9,7 millones de euros para la ejecución de varias obras

Al disponer de esta cantidad se evitarán retrasos en las certificaciones de obra ante la Administración General del Estado lo que permitirá poder continuar dichas obras, impulsar los procesos de licitación en curso e iniciar otros nuevos

El consejo del Gobierno de Canarias, a propuesta del consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha aprobado hoy declarar en situación de disponibilidad, por razones de interés general, una partida de 9.700,806,75 euros tanto para continuar con las obras ya licitadas como para continuar con los procesos de licitación en curso e iniciar otros nuevos durante le presente año 2020.

Esta decisión del Consejo de Gobierno se produce después de que la Dirección General de Infraestructura Viaria de la Consejería emitiese una propuesta de disponibilidad de crédito, por importe de 9.700.806,75 euros, para liberar fondos del Estado destinados al actual Convenio de Carreteras 2018-2027.

Estos fondos se declaran no disponibles en virtud del artículo 73.1 de la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 que señala que los créditos que cuenten con financiación del Estado figurarán en un 25% en situación de no disponibilidad al principio del ejercicio. El consejero Franquis ha explicado durante el consejo de Gobierno de hoy que su área ha hecho valer otra premisa del citado artículo en el que se especifica que el Gobierno podrá modificar por razones de interés general dicha limitación.

Las razones de interés general esgrimidas por el consejero han sido la imposibilidad de continuar con muchas de las obras que ya están en marcha, o iniciar otras nuevas del convenio de Carreteras, en el caso de considerar como no disponible esta cantidad cercana a los 10 millones de euros. Al disponer de esta cantidad se evitarán retrasos en las certificaciones de obra ante la Administración General del Estado lo que permitirá poder continuar dichas obras, impulsar los procesos de licitación en curso e iniciar otros nuevos.

Tijarafe, Puntagorda y Garafía contarán con guardias médicas presenciales las 24 horas fines de semana y festivos

Sanidad responde a una demanda histórica de los tres municipios del noroeste de la isla de La Palma

Los municipios palmeros de Tijarafe, Puntagorda y Garafía contarán con guardias médicas presenciales las 24 horas del día los fines de semana. De esta forma, la consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias responde a una demanda histórica planteada por los tres municipios de la zona noroeste de la isla.

Hasta este momento, las guardias correspondientes a los fines de semana y festivos eran de carácter semipresencial, con 12 horas de presencia física y otras tantas de localización, tanto para los facultativos del Centro de Salud Tijarafe-Puntagorda como para los del Centro de Salud de Garafía.

El director del Área de Salud de La Palma, Kilian Sánchez, resaltó “la respuesta eficaz, en tiempo y forma, de la Consejería para dotar de una mayor cobertura sanitaria en Urgencias a esta zona”. Por su parte, la gerente de Servicios Sanitarios de La Palma, Mercedes Coello, valoró “este magnífico logro para la atención sanitaria de esta comarca, la más alejada de toda la isla del Hospital General de La Palma”.

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2,7 millones para implantar siete proyectos de renovables y eficiencia energética en La Gomera

2,7 millones para implantar siete proyectos de renovables y eficiencia energética en La Gomera

El objetivo es implantar en la isla un modelo energético sostenible, basado en soluciones de innovación tecnológica en generación de energía renovable

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves la firma de un convenio, por cinco años prorrogables, entre la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, el Cabildo Insular de La Gomera y el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), dependiente de esta Consejería, para la implantación del plan de acción La Gomera 100% Sostenible. El acuerdo contempla una inversión de 2,7 millones de euros para la puesta en marcha de siete proyectos innovadores y singulares, desarrollados por el ITC, orientados al autoconsumo energético con gestión inteligente, energía solar fotovoltaica y almacenamiento energético a sociado a microrredes eléctricas. El Cabildo de La Gomera ha colaborado de forma estrecha en la definición de los proyectos incluidos en este acuerdo, todos integrados en la Estrategia verde de esa Corporación insular.

El convenio regulará la cooperación entre Consejería, Cabildo e ITC para la ejecución del programa La Gomera 100% Sostenible, que tiene como objetivo implantar en la isla, una de las más pequeñas del Archipiélago, un modelo energético sostenible, basado en soluciones de innovación tecnológica en generación de energía renovable, microrredes, autoconsumo y eficiencia energética.

En concreto, los proyectos incluidos en el programa persiguen generar la energía eléctrica localmente para cubrir parte de los consumos asociados a algunos edificios gestionados por el Cabildo de La Gomera; promover medidas de eficiencia energética innovadoras, integrando la gestión de la demanda en edificios públicos y asociándolos a su propia generación eléctrica y térmica local, así como promover la instalación de microrredes eléctricas en la red de distribución de la isla, mediante la instalación de sistemas de generación híbridos fotovoltaicos con baterías.

De este modo, su puesta en marcha permitirá el desarrollo de una plataforma única inteligente de gestión de la energía, extrapolable a futuras instalaciones en La Gomera, y sentará las bases de un nuevo modelo de explotación económica y de generación de oportunidades en materia de innovación, además de contribuir a disminuir la factura energética de parte de los edificios públicos de la isla.

La Gomera 100% Sostenible incluye, entre otros, proyectos para el desarrollo de un sistema integrado de autoconsumo en el edificio del Cabildo de La Gomera; para la instalación y puesta funcionamiento de sistemas de generación fotovoltaicos en el Matadero Insular, el Centro de Mayores de Alajeró (con almacenamiento en baterías), la estación de bombeo de Altito Reyes, el Centro de Talasoterapia y Piscina Pública de Santa Catalina, en Hermigua, así como un sistema híbrido fotovoltaico con baterías conectado a la red de distribución en la localidad de Alojera, en Vallehermoso.

El Consejo recibe la cuenta de ayudas por valor de 30 millones del Plan de Empleo Social 2019-20

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo informa también de la modificación de subvenciones por importe de 1,8 millones durante el periodo 2018-2019 a causa del aumento en el salario mínimo interprofesional

El Consejo de Gobierno recibió este jueves la dación de cuenta de las subvenciones directas concedidas por la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo a los ayuntamientos isleños durante el periodo 2019-2020 con cargo al Plan Extraordinario de Empleo Social, por un importe de 29.978.277,53 euros.

De este modo, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, rindió cuentas de su ejercicio de la delegación de competencia para autorizar el otorgamiento de ayudas, superiores a 150.000 euros, dentro del plazo establecido por la normativa vigente, fijado en el primer trimestre de 2020 (Decreto 347/2019). Según las correspondientes órdenes, ya publicadas en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) y ahora trasladadas al Consejo de Gobierno, las subvenciones directas para empleo social con mayor cuantía a lo largo del periodo 2019-2020 correspondieron a los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria (3.143.181,23 euros), Santa Cruz de Tenerife (1.762.508,40) y San Cristóbal de La Laguna (1.381.603,69 euros).

Además, la titular de Economía también informó al Consejo de Gobierno de la modificación de las subvenciones por un montante de 1.872.171,15 euros en el marco del Plan Extraordinario de Empleo Social durante el periodo 2018-2019 como consecuencia de la actualización de los costes tras el aumento del salario mínimo interprofesional, hasta 900 euros mensuales por entonces.

La CAPJS celebra la modificación de la regulación legal de los contratos menores

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recalca que esta modificación tiene especial trascendencia en los pequeños municipios en los que por sus características tiene mayor relevancia la contratación menor, y viene a confirmar, en gran medida, los criterios de eficiencia y simplificación expuestos por la Junta Consultiva de Contratación de Canarias

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy el Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales. El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, aplaude la simplificación de los procedimientos de contratación, especialmente en el ámbito de los contratos menores.

La nueva norma modifica la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público que recogió el decaído proyecto ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, al resultar urgente y necesario por razones de seguridad jurídica solucionar los graves problemas técnicos que planteaba el actual artículo 118.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Pérez recalca que esta modificación legal tiene especial trascendencia en aquellos pequeños municipios en los que por sus características tiene mayor relevancia la contratación menor y viene a confirmar, en gran medida, los criterios de eficiencia y simplificación expuestos por la Junta Consultiva de Contratación de Canarias en su Recomendación 1/2019, de 4 de diciembre, sobre eficiencia en la contratación pública relativa a los contratos menores o de escasa cuantía.

No obstante, explica el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, la virtualidad del contrato menor no debe hacer olvidar la conveniencia de una adecuada planificación de la contratación y de las ventajas que dan los sistemas de racionalización de la contratación pública, cómo pueden ser las centrales de contratación que puedan crearse en los cabildos y la propia Comunidad Autónoma de Canarias, a fin de que los pequeños y medianos municipios puedan adherirse.

Estos servicios especializados, puntualiza Rodríguez, procederían a la tramitación de los expedientes de manera más eficiente, en tiempo y coste, celebrando acuerdos marco y sistemas dinámicos de adquisición para la realización de obras, suministros o servicios.

En concreto, la norma establece que se consideran contratos menores los de valor estimado inferior a 40.000 euros cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios.

En los contratos menores, señala la norma, la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior. Sin embargo, esto no será de aplicación en los contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros.

Asimismo, requiere la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, y aclara que en el contrato menor de obras deberá añadirse, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión cuando el trabajo afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra.

Otros asuntos

Entre otros muchos asuntos, el decreto hace la transposición de distintas directivas europeas en materia de seguros; las actividades y la supervisión de los fondos de pensiones de empleo; la imposición de los intercambios entre los Estados de la UE, y los mecanismos de resolución de litigios fiscales en la Unión Europea.

En lo que se refiere al sistema legal de contratación pública, afirma que es en comparación con su antecesora la Ley 31/2007, de 30 de octubre, “inequívocamente más ambicioso y extenso”, en gran medida por imperativo de las directivas comunitarias que transpone, y que persigue aclarar las normas vigentes en aras de una mayor seguridad jurídica.

En concreto, en lo relativo a la contratación explica que el contenido se centra en la transposición parcial de la nueva Directiva 2014/25/UE respecto de todas las entidades que no sean la Administración Pública, e introduce la contratación electrónica obligatoria, fomentando así el empleo de nuevas técnicas de contratación que con un enfoque menos ambicioso ya aparecían en la anterior regulación. La norma también señala como principios que han de regir la contratación los ya tradicionales de no discriminación, reconocimiento mutuo, proporcionalidad, igualdad de trato y transparencia a los que, como novedad, añade el de libre competencia, y los de garantía de la unidad de mercado y de garantía de la unidad de mercado.

Además, incluye un mandato inequívoco para que se incorpore de manera transversal, tanto en la configuración como en la sustanciación del procedimiento, consideraciones de naturaleza social, medioambiental y de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y se impone la obligación de tomar medidas para garantizar que en la ejecución de sus contratos las empresas cumplen las obligaciones de tipo medioambiental, social y laboral, pudiendo llegar a imponer penalidades por incumplimiento de estas obligaciones.

También se regulan, por primera vez, las consultas al mercado tanto para planificar las licitaciones como para informar de sus planes de contratación, y se exige, con carácter general, que se dé acceso a los pliegos de condiciones y a las prescripciones técnicas por medios electrónicos a través del perfil de contratante; además de imponer la obligación de contar con un perfil de contratante que deberá alojarse bien en la Plataforma de Contratación del Sector Público o bien en otra plataforma equivalente, según el tipo de entidad contratante.

El Gobierno aprueba el reglamento de organización de la Comisión Técnica de Memoria Histórica

El Gobierno aprueba el reglamento de organización de la Comisión Técnica de Memoria Histórica

Con el acuerdo se da cumplimiento a la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista

El Gobierno de Canarias ha dado el visto bueno hoy, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, al decreto por el que se aprueba el reglamento de organización y funcionamiento de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, órgano colegiado que tiene como objetivo diseñar la estrategia e implantar las medidas concretas para asegurar los fines que prevé la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista. La sesión constitutiva de la Comisión se celebrará en el plazo de un mes desde la entrada en vigor del presente decreto.

Con esta norma se da cumplimiento a dicha ley canaria, que prevé en su artículo 11 la creación de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica como órgano colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor. Asimismo, ese artículo recoge un mandato al Ejecutivo canario para establecer reglamentariamente el régimen de organización y funcionamiento de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica.

El decreto recoge la funciones de la Comisión Técnica, entre las que están las de informar, antes de su aprobación, sobre los proyectos de disposiciones reglamentarias de desarrollo de la Ley 5/2018; elaborar informes y recomendaciones para su remisión al Gobierno de Canarias en materia de incorporación de contenidos curriculares sobre memoria histórica en Canarias en las distintas etapas educativas, e informar, antes de su aprobación, de los protocolos de exhumación e identificación de restos de víctimas, así como proponer al Gobierno de Canarias su actualización.

También corresponde a la Comisión proponer al Ejecutivo canario la modificación del registro de víctimas canarias, del mapa de fosas y del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Canarias, emitir informe previo a la declaración de lugares o monumentos para la Memoria Histórica de Canarias, así como informar previamente a la incoación del procedimiento para la localización y, en su caso, exhumación e identificación de los restos de víctimas.

Asimismo, atañe a la Comisión Técnica la aprobación de sus normas de funcionamiento interno que sean necesarias en desarrollo del presente reglamento, el asesoramiento a los órganos y organismos públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en materia de memoria histórica, cuando así se le requiera; el conocimiento del informe de evaluación de las actuaciones realizadas en cumplimiento de lo establecido en la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, con anterioridad a su elevación al Gobierno de Canarias, y el seguimiento de las actuaciones llevadas cabo la materia.

Composición de la Comisión

El decreto, que incluye las observaciones recogidas en el informe favorable del Consejo Consultivo de Canarias, establece que la citada Comisión estará compuesta por una presidencia, tres vicepresidencias y un máximo de 12 vocales, así como una persona en la Secretaría. La presidencia estará ocupada por la persona titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de memoria histórica o la persona designada por ella.

Habrá tres vicepresidencias. La primera corresponderá a la persona titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de patrimonio cultural o la persona designada por ella; la segunda, a la persona titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de educación o la persona designada por ella, y la tercera, a una persona de entre las personas vocales representantes de las asociaciones de la memoria histórica de ámbito canario.

Respecto a las personas que ocuparán las vocalías, tres serán designadas por las asociaciones para la memoria histórica de ámbito canario, una de las cuales será la que desempeñe la Vicepresidencia tercera de la Comisión; otra persona será designada por las asociaciones canarias de menores sustraídos en el ámbito de aplicación de esta ley, y otra más por los institutos de medicina legal de ámbito canario.

Las universidades de La Laguna y de Las Palmas de Gran Canaria elegirán una persona por cada institución académica, otra será propuesta por cada uno de los archivos históricos provinciales de Canarias; una más por la Federación Canaria de Municipios y otra persona será designada por la Federación Canaria de Islas.

Además, cuando en el orden del día de una sesión plenaria se determine la coordinación de acciones conjuntas con algún cabildo insular o corporación municipal, estas entidades designarán un máximo de dos vocales que las representen.

El Gobierno de Canarias impugna 12 acuerdos de entidades locales durante el segundo semestre de 2019

La Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia es la competente para acordar el ejercicio de acciones judiciales en materia de control de legalidad de los actos y acuerdos de las corporaciones locales

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio hoy cuenta al Gobierno de Canarias de las resoluciones dictadas por la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia durante el segundo semestre de 2019 para acordar el ejercicio de acciones judiciales en materia de control de la legalidad de los actos y acuerdos de las entidades locales, e informó de que en dicho período se han llevado a cabo 12 impugnaciones y cuatro desistimientos.

Las impugnaciones tienen que ver con actos o acuerdos del Cabildo de El Hierro y de los ayuntamientos de Garachico, Valleseco, Agulo, Mogán (2), La Orotava, Tijarafe, Los Llanos de Aridane, Tejeda, Garafía y Los Silos. Además, se dieron cuatro desistimientos de las acciones jurisdiccionales de impugnación de actos o actuaciones de entidades locales al desparecer el objeto del proceso.

En virtud del Decreto 157/2011, de 16 de junio, el Gobierno delegó en la Viceconsejería competente en materia de administración local la competencia para acordar el ejercicio de acciones judiciales en materia de control de legalidad de los actos y acuerdos de las entidades locales, según lo contemplado en la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y en la Ley Territorial 14/1990, de 26 de julio, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas de Canarias.

De conformidad con el artículo 48 del Reglamento Orgánico de la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, aprobado por el Decreto 382/2015, de 28 de diciembre, la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia asume las competencias en materia de administración local.