Logo del Gobierno de Canarias

Román Rodríguez reivindica que los Presupuestos estatales de 2020 respeten REF y Estatuto

El vicepresidente del Gobierno apela al consenso social, económico, político e institucional para defender los derechos del Archipiélago

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, reivindicó hoy en el Parlamento la inclusión de los contenidos del Régimen Económico y Fiscal (REF) y del nuevo Estatuto de Autonomía en los Presupuestos estatales de 2020.

En un comparecencia parlamentaria, Rodríguez recordó que las cuentas estatales habrán de cumplir el REF y dar continuidad a los programas consolidados en anteriores Presupuestos, como el de infraestructuras educativas; el plan integral de empleo; el nuevo programa de lucha contra la pobreza y la exclusión social; el plan de inversiones en infraestructuras turísticas; la financiación de los sobrecostes de banda ancha; el plan de inversiones hidráulicas; la financiación del POSEI Adicional o la ayuda al agua de riego agrícola.

Del mismo modo, el Estado deberá dar cumplimiento al artículo 166 del Estatuto de Autonomía de Canarias y del artículo 3 de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal (REF) de Canarias, relativas a situar a Canarias en la financiación media de las Comunidades Autónomas para garantizar el acceso de todos los ciudadanos del Archipiélago a los servicios públicos esenciales en condiciones de igualdad.

Rodríguez también recordó que el Ejecutivo central tiene que cumplir las sentencias judiciales del Tribunal Supremo sobre el pago de la deuda relativa al Convenio en materia de Carreteras 2006-2017.

Todas estas reivindicaciones están incluidas en el Pacto de Progreso en Canarias y en el acuerdo para la gobernabilidad del Estado, un compromiso que pasa, entre otras cosas, por el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Canarias con la negociación de las competencias pendientes de transferir, con los correspondientes medios humanos y materiales.

En cualquier caso, el vicepresidente apeló a la unidad de los actores políticos, económicos, sociales e institucionales canarios para la defensa de los derechos históricos del Archipiélago ante terceros.

Rodríguez recordó que Canarias ha conquistado un estatus de reconocimiento de sus singularidades muy importante a nivel europeo y español, “pero que hay que estar vigilantes para no retroceder en esas conquistas”.

Rodríguez señaló a ese respecto que “la historia nos dice que no podemos estar tranquilos porque en determinadas etapas, en algunas más que en otras, los gobiernos españoles han vulnerado esos derechos”.

Ante esa eventualidad, el vicepresidente reivindicó la unidad y el consenso político, económico y social como elemento clave para la defensa de la posición de Canarias ante el Gobierno de España y la Unión Europea.

El presidente de Canarias recibe en el Parlamento al responsable del Tribunal Supremo de Cuba

Canarias Cuba

Ángel Víctor Torres y Rubén Remigio Ferro departen sobre las relaciones entre las Islas y el país caribeño

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro, mantuvieron una reunión este martes en la sede del Parlamento regional, en Santa Cruz de Tenerife. En la cita también participaron el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y otros altos cargos de Presidencia del Gobierno y de esa misma consejería.

El contacto entre el representante cubano de aquel órgano judicial y los miembros del Ejecutivo autonómico fue protocolario y sirvió para repasar el estado de las relaciones actuales entre el Archipiélago y el país caribeño. En ese contacto se subrayó la relación histórica entre los cubanos y los canarios y se destacó el papel jugado por el país americano en la atención de emigrantes llegados desde las Islas.

El Tribunal Constitucional consolida el fondo de Acción Social de 2019 del Gobierno de Canarias

Libros de estudio

La sentencia del TC sobre el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Estado contra las ayudas de acción social estima parcialmente las alegaciones del Gobierno de Canarias

El pleno del Tribunal Constitucional (TC) estimó parcialmente las alegaciones efectuadas por el Gobierno de Canarias el pasado 13 de febrero ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por la Administración General del Estado sobre el artículo 47.1 de la Ley de Presupuestos de Canarias para 2019 contra las ayudas de Acción Social. Con esta sentencia, que el Ejecutivo autonómico ha conocido ayer, se consigue consolidar un fondo de Acción Social igual al que ya se estableció en 2016 por importe de 6.750.000 euros.

El TC estimó que la pretendida declaración de inconstitucionalidad sobre el importe del Fondo de Acción Social debe proyectarse tan solo sobre el exceso inicialmente presupuestado en 2019. Así, la cuantía correcta -a juicio del TC- ha de ser de igual que la presupuestada para el ejercicio 2018. De esta forma, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad podrá ordenar el abono de las cuantías concedidas al personal público del Gobierno de Canarias que estaba pendiente de pago desde enero de 2019.

En ejercicio de la competencia contenida en el artículo 107.1 del Estatuto de Autonomía de Canarias, el Gobierno autonómico promovió en 2015 y 2016 el incremento progresivo de las dotaciones del fondo de acción social, entre cuyos objetivos legítimos que persigue, se encuentran, garantizar el principio de igualdad constitucional y no discriminación, en particular, en la asunción de las cargas familiares, mediante la previsión de ayudas en la asunción de gastos de guardería, para hijos de 0 a 3 años.

Dicha medida de restitución de derechos del personal del sector público está en consonancia con el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos para la mejora del empleo público y las condiciones de trabajo publicado por resolución de 22 de marzo de 2018, de la Secretaría de Estado de Función Pública.

Solo afecta la cuantía

El TC ha reconocido que en todo caso, y de acuerdo con lo alegado por la representación del Parlamento canario, el objeto del recurso debía quedar ceñido a los párrafos del precepto donde se fija la cuantía del Fondo de Acción Social y su distribución, y que debían quedar al margen los apartados que contienen normas respecto de las que nada se alegó en el recurso de inconstitucionalidad y que pueden, además, permanecer vigentes aun cuando el importe del Fondo de Acción Social, único contenido del precepto controvertido por el recurrente, hubiese sido declarado inconstitucional. Este fue el motivo por el que el Gobierno de Canarias solicitó el levantamiento de la suspensión de la aplicación de la norma recurrida.

Los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias también argumentaron que no concurrían los presupuestos fácticos excepcionales, vinculados a la crisis económica de 2008, que justificaban el empleo de estas potestades excepcionales en ejercicios anteriores, puesto que si el Real Decreto-ley 24/2018 autoriza un incremento de las retribuciones de hasta un 2,5 por ciento porque la coyuntura económica lo permite, no se justifica entonces la prohibición de incrementar los gastos de acción social con los que la Comunidad Autónoma pretendía cumplir con obligaciones asumidas (abono de las primas de pólizas de seguros concertadas) y restituir derechos y beneficios que se han ido progresivamente cercenando, en legítimo ejercicio de sus competencias sobre acción social cuestionando.

Abono de las cantidades resultantes, en marzo

En la convocatoria de 2019 se presentaron 14.310 solicitudes, de las que 12.724 resultaron admitidas al cumplir los requisitos de las bases de la convocatoria. Los conceptos más relevantes de las solicitudes son los que se refieren a Ayudas a la educación y a la formación, con 11.537 solicitudes, y Prótesis Dentarias, con 12.883 solicitudes, seguidas por las solicitudes de ayudas para Prótesis oculares (4.526 solicitudes) y para prótesis dentarias de cónyuges e hijos (2.135 solicitudes).

Por lo tanto, y según las Bases de la convocatoria, será la Dirección General de la Función Pública la que determinará la proporción en la que, por igual para todas las ayudas de Acción Social concedidas, ha de reducirse el importe a la luz de la sentencia conocida ayer.

La Dirección General de la Función Pública dará traslado de la resolución definitiva a la Dirección General de Planificación y Presupuesto a los efectos de las correspondientes transferencias de crédito a las consejerías u organismos para su posterior abono en las nóminas en las que perciben sus retribuciones las personas beneficiarias. Con carácter general serán las Secretarías Generales Técnicas (y en órgano de análoga naturaleza) las encargadas del abono de las ayudas. Se prevé que el abono se pueda efectuar en la nómina correspondiente al mes de marzo del año en curso.

De forma paralela, el 17 de febrero se ha abierto el plazo de presentación de solicitudes de Acción Social para el ejercicio 2020, que finalizará el próximo 17 de marzo. La Dirección General de la Función Pública ha abierto un canal de comunicación a fin de que la formulación y tramitación de dichas solicitudes se efectúe telemáticamente, buscando así una reducción de los plazos finales de resolución.

Etiquetas

El Gobierno y el Tribunal Supremo de Cuba ratifican la voluntad de impulsar su protocolo de colaboración

Encuentro del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, recibe en la capital tinerfeña al presidente el Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en representación del Gobierno de Canarias, y el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, Rubén Remigio Ferro, han suscrito hoy una carta de intenciones en la que se ratifica la voluntad de ambas partes de impulsar a partir de este año el protocolo de colaboración suscrito en junio de 2001 cuyo objetivo es, en líneas generales, acordar acciones de cooperación entre las dos instituciones.

El documento contempla continuar con la línea de colaboración en materia informática, a través del envío de ordenadores, en función de la disponibilidad que en cada ejercicio tenga la Administración de Justicia Canaria; así como impulsar el sistema de estancias de estudio, con la finalidad de estrechar lazos entre las personas que trabajan en el sector público y ahondar en el conocimiento recíproco de los respectivos sistemas de justicia.

El texto también recoge la voluntad de trabajar de forma conjunta en el ámbito judicial y restablecer una colaboración institucional a través de intercambios de experiencias y de realización de actividades conjuntas que permitan mejorar las relaciones de cooperación y amistad existentes.

La firma del documento se ha producido en el marco de la visita que estos días realiza a las Islas el presidente del Tribunal Supremo de Cuba, quien fue recibido esta mañana por Julio Pérez en su despacho de la capital tinerfeña. En el acto, Ferro y Pérez estuvieron acompañados de la Viceconsejera de Justicia y de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Carla Vallejo y Marta Bonnet, respectivamente, así como del juez cubano Pedro E. Medina.

Durante su estancia en Canarias, Rubén Remigio Ferro también ha realizado una visita a la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria donde pudo ver el material informático que el Ejecutivo canario, a través del área de Justicia, enviará a Cuba.

Etiquetas

Rodríguez cree que el Estado tiene margen de maniobra para flexibilizar la regla de gasto

El vicepresidente reitera que el Gobierno canario seguirá trabajando para poder destinar el superávit a los servicios públicos y a las infraestructuras

Canarias exigirá también que no se rebajen los recursos fiscales de REF en la negociación para la reforma del sistema de Financiación Autonómica

El vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, consideró hoy que el Estado tiene margen de maniobra para modificar la Ley de Estabilidad Financiera y flexibilizar la regla de gasto, e insistió en que el Ejecutivo canario trabajará desde esa convicción.

Rodríguez explicó en el Parlamento canario que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se comprometió a crear un grupo de trabajo en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera para permitir a las administraciones cumplidoras -comunidades autónomas y corporaciones locales- de las normas fiscales que utilicen el superávit acumulado en sus cuentas para el gasto en servicios públicos o infraestructuras. En la actualidad, ese dinero solo se puede usar para amortizar deuda o para inversiones financieramente sostenibles.

Rodríguez señaló, en cualquier caso, que el Gobierno de Canarias trabajará en la búsqueda de los mecanismos que permitan flexibilizar la regla de gasto, un condicionante de las cuentas públicas “que siempre he criticado, aun cuando durante la crisis económica pudiera haber tenido cierta justificación”.

“No es el caso actual -continuó el vicepresidente- cuando el 85 por ciento de las administraciones locales españoles tienen superávit desde el año 2014 y cinco comunidades autónomas también”.

En Canarias las administraciones públicas han llegado a acumular 5.000 millones de euros en superávit, mientras que las corporaciones locales en el conjunto de España han acumulado 30.000 millones.

Rodríguez recordó que la regla de gasto ha sido “una espada de Damocles” para todas las administraciones públicas y que “ahora mismo no tienen ningún sentido”.

El vicepresidente también se refirió a la modificación del sistema de Financiación Autonómica, otras de las demandas planteadas por Canarias en la última reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Rodríguez indicó a este respecto que Canarias defiende el mantenimiento de su estatus, si bien alertó de que la modificación no podrá concretarse “si solo se habla del reparto del gasto y no de los ingresos”.

En este sentido, el Archipiélago exigirá que no se rebajen los recursos fiscales del REF en la negociación para la reforma del sistema, además de que “serán necesarios recursos adicionales”.

“Desde el Gobierno de Canarias confiamos en que las comunidades autónomas acudan a esa negociación con la mejor de las actitudes para lograr cerrar un nuevo modelo que sea justo, duradero, solidario y que garantice la igualdad en el acceso a los servicios públicos”, dijo.

Desde la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos se ha reclamado, por un lado, que Canarias mantenga su posición actual y, por otro lado, añadir más recursos económicos y margen normativo para fortalecer los servicios públicos e impulsar las infraestructuras pendientes en el Archipiélago.

“No hay que olvidar que la financiación autonómica es clave para la articulación del Estado, en la medida que permite a las comunidades desarrollar sus competencias, siempre que existan los recursos financieros que lo hagan posible. Para ello -continuó el vicepresidente- se precisará del esfuerzo de todos para llegar a un acuerdo en la negociación, especialmente en materia fiscal. Si solo hablamos del reparto del gasto consolidado y no de esfuerzo fiscal o de ingresos, no podremos cerrar ese círculo.

Economía, Conocimiento y Empleo impulsa la nueva Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias

Elena Máñez, en el pleno

La consejera, Elena Máñez, adelanta que el anteproyecto se someterá en breve a información pública y se abrirá una consulta con los agentes sociales y económicos para contar con una norma “de máximo consenso”

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, anunció este martes que el Gobierno de Canarias está agilizando la tramitación del Anteproyecto de Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias, que en breve saldrá a información pública y que, a partir de ese momento, se abrirá una ronda de consultas con los agentes sociales y económicos implicados para lograr “un amplio consenso” en torno a la nueva norma, que recordó que es “una reivindicación histórica”. “Este Gobierno cree profundamente en la economía social y si alguien representa ese modelo, esas son las cooperativas”, afirmó.

Máñez recordó que las cooperativas “encarnan las ideas de solidaridad, cooperación, igualdad y progreso social que defiende este Gobierno de progreso”.

La consejera, tras considerar que “urge que Canarias cuente con esta ley”, explicó que el anterior anteproyecto, iniciado la pasada legislatura y que no llegó a tramitarse en el Parlamento de Canarias, “fue objeto de reparos del Consejo Económico y Social de Canarias” (CES). Unas cuestiones, detalló, que ahora “hay que analizar de manera rigurosa”.

Una vez efectuada la consulta pública y subsanadas las apreciaciones hechas por el CES, la Consejería remitirá al Parlamento un Proyecto de Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias “actualizado y que cuente con un amplio consenso de la sociedad canaria y de los agentes sociales y económicos”.

“En nuestra aspiración de avanzar en un modelo de sociedad más justa, más equitativa y con más cohesión social, impulsar esta ley es vital”, concluyó la consejera.

Etiquetas

Pistoletazo de salida al proyecto macaronésico que desarrolla una estrategia común en ámbitos económico y social

Reunión macaronésica

La iniciativa, compartida por Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde, pertenece al programa Interreg MAC 2014-20, se ha denominado ‘Integra’, cuenta con un presupuesto total de 720.000 euros y tiene como plazo de desarrollo hasta 2022

Canarias vuelve a apostar por estar cada vez mejor relacionada y más cerca de las otras regiones que forman la Macaronesia: Azores y Madeira, dentro de Portugal, y Cabo Verde. Con este objetivo genérico, este martes, 18 de febrero de 2020, se iniciaron en la sede de Presidencia del Gobierno de Las Palmas de Gran Canaria los trabajos técnicos presenciales relacionados con el programa Interreg MAC 2014-20 denominado Integración de mercados y desarrollo de la vecindad económica y social de la regional de la Macaronesia (Integra). Esta iniciativa pública cuenta con tres socios comunitarios: Canarias, Madeira y Azores, todas regiones ultraperiféricas (RUP) de la Unión Europea (UE), y con un país tercero, en este caso Cabo Verde.

Esa primera reunión la presidió como representante del Ejecutivo canario el director general de Relaciones Exteriores (departamento integrado en la Viceconsejería de Acción Exterior), Juan Francisco Trujillo, y a ella además asistieron, por parte de las otras regiones lusas y de Cabo Verde, los siguientes cargos públicos: André Craveiro, adjunto al gabinete del secretario regional y a la Presidencia para las Relaciones Externas del Gobierno de Azores; Fernanda Cardoso, directora regional de Asuntos Europeos del Gobierno de Madeira, y Sérgio Mendonça, director del Servicio de las Políticas de la Unión Europea y de Asuntos de la Ultraperiferia del Gobierno de Madeira.

Aquel proyecto Interreg MAC 2014-20 tiene como fin principal la mejora de la capacidad institucional y de la eficiencia en la gestión de las autoridades de la región macaronésica, lo que se prevé potenciar mediante la promoción de una estrategia de desarrollo común en los ámbitos económico y social de tales territorios. Ello sin duda favorecerá la mayor integración de los servicios públicos en esas regiones, se explica en la justificación de la iniciativa Integra.

Tras la reunión, Francisco Trujillo se refirió a las bondades del proyecto, del que destacó su utilidad para “buscar líneas de participación y cooperación en materia de negocios y de nuevos nichos de inversión extranjera en la economía azul, la economía verde, el turismo y las comunicaciones aéreas y marítimas de la Macaronesia”.

En la reunión han acordado el cronograma de trabajo y la realización de tres estudios técnicos, dos de los cuales realizará Canarias y uno Madeira, y la celebración de una cumbre en Azores este año, una segunda en Madeira en 2021, y la última en 2022 Canarias, en la que presentarán las conclusiones del proyecto.

Los socios comunitarios de ese proyecto multirregional, que cuenta con un presupuesto de casi 720.000 euros (el 85% aportado por la UE a través del fondo estructural Feder), son la Viceconsejería de Acción Exterior del Gobierno de Canarias, que actúa como beneficiario principal de la iniciativa pública; la Vicepresidencia del Gobierno y Asuntos Parlamentarios del Gobierno Regional de Madeira, y la Secretaría Regional Adjunta de la Presidencia para las Relaciones Externas del Gobierno Regional de Azores. Como socio de país tercero se halla el Ministerio de Negocios Extranjeros de Cabo Verde.

En relación con el desarrollo del citado proyecto, hay que decir que éste se prolongará hasta el año 2022, con el arranque de las actividades aprobadas de inmediato. El programa que se seguirá contempla la celebración de tres cumbres macaronésicas en el trienio 2020-22. Además, hay otras acciones previstas, entre ellas las siguientes:

– Estudios del espacio de cooperación relacionados con la identificación de los sectores productivos con alto valor añadido, estado de la inversión extranjera, y políticas comunitarias, nacionales y regionales.

– Puesta en marcha de los equipos de trabajo interdisciplinar y del laboratorio de ideas (think tank) para compartir estrategias comunes en esas regiones macaronésicas.

– Implantación del programa de intercambio de experiencias a escala institucional entre las cuatro partes integrantes.

– Preparación de la celebración de tres cumbres de la Macaronesia a lo largo del desarrollo de la iniciativa, entre 2020 y 2022.

Sanidad garantiza la prestación ortoprotésica en el Servicio Canario de la Salud

Pacientes demandantes de sillas de ruedas, audífonos y material ortoprotésico podrán acceder a estos productos con mayor facilidad

Teresa Cruz explica en sede parlamentaria las medidas adoptadas a este respecto por la Consejería, que han permitido “garantizar la estabilidad del sector y mejorar las prestaciones que reciben los usuarios”.

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Teresa Cruz Oval, ha explicado hoy en la sesión del Pleno del Parlamento de Canarias las medidas adoptadas por su equipo en lo que respecta a la prestación ortoprotésica, una cuestión “a la que nadie había sido capaz de dar ninguna solución durante décadas”.

De esta forma, Cruz Oval detalló, en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado del PSOE Marcos Francisco Hernández, las actuaciones realizadas, como el incremento de 2’4 millones de euros en el ámbito presupuestario, alcanzando los 8’6 millones en 2020 o la ampliación de la edad de financiación de los audífonos hasta los 26 años.

La consejera puso especialmente en valor la creación de un registro público, de inscripción voluntaria para los establecimientos ortoprotésicos, que estará publicado en la web del Servicio Canario de la Salud para que los usuarios conozcan dónde pueden acudir a retirar sus sillas o prótesis financiadas. Con ello, además, “la administración pagará directamente a los profesionales”, evitando así uno de los principales problemas con los que se venían encontrando tradicionalmente las empresas suministradoras, como es el hecho de que los ortoprotésicos no eran jurídicamente acreedores de la administración sino beneficiarios indirectos de ayudas, por lo que tenían que esperar un plazo excesivo de tiempo para el cobro de sus facturas.

La Orden que aprueba el Catálogo Ortoprotésico, “una regulación pactada con los profesionales que la han calificado, incluso a nivel nacional, como una de las más avanzadas y de mayor calidad técnica de toda España”, ha supuesto “garantizar la estabilidad del sector y mejorar las prestaciones que reciben los usuarios”.

Etiquetas