Informes técnicos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias avalan las informaciones del responsable del área, Poli Suárez, sobre el estado de las obras para las nuevas aulas para alumnado de dos a tres años en las Islas, tal y como explicó este miércoles ante el pleno del Parlamento de Canarias.
Estos informes, suscritos por personal de la Unidad Administrativa Provisional (UAP), confirman que la mayoría de obras y suministros necesarios para la puesta en marcha de 1.196 plazas en 65 centros para el curso 23/24, no estaban licitados o adjudicados cuando el Gobierno actual tomó posesión el pasado julio, demostrando así que quienes “no hicieron los deberes” fueron el anterior presidente del Ejecutivo, Ángel Víctor Torres, y la que fuera consejera regional de Educación, Manuela Armas, tal y como ha venido manteniendo Suárez.
“Sobre el papel, había cuatro centros previstos para principios de octubre; trece para finales de octubre; siete centros previstos para mediados de noviembre y ocho para diciembre”, expuso Suárez este miércoles en su intervención en la primera sesión plenaria de la XI Legislatura. Sin embargo, lo cierto es que, en muchos casos, ha habido que replantear el proyecto entero por su falta de definición.
“Encontramos advertencias del tipo ‘Trabajos suspendidos por problemas que requieren modificación de obra’, ‘Obra no iniciada porque hubo que hacer un reformado’, ‘Obras iniciadas pero es posible que haya retraso por falta de material y exceso de obra para una contrata’, ‘Problemas de saneamiento que no estaban previstos’ y ‘Obras no iniciadas porque la empresa adjudicataria debe aportar Plan de Seguridad y Salud’”, ahondó el consejero, para quien “el grueso de los expedientes empezaron a tramitarse demasiado tarde teniendo en cuenta los plazos de administración”.
Ejemplos flagrantes
Según la documentación aportada por la UAP, entre los 65 centros cuyas obras debía haber avanzado el Gobierno saliente para que estuvieran listas durante el curso 2023/2024 figuran las de la Escuela Infantil de Cardones, en el municipio grancanario de Arucas, que el 15 de julio, día de la toma de posesión del nuevo equipo de la Consejería, seguía pendiente de adjudicación, con plazo previsto de finalización en el segundo trimestre de 2024.
La Escuela Infantil de Antigua, en Fuerteventura, estaba sin empezar, con plazo previsto para el primer trimestre de 2024, y, según los informes, “no está en orden de implantación, en proceso de subsanación de informe de Intervención General”.
El CEIP Taibique (El Pinar, El Hierro), al igual que el CEIP Las Huesas (Telde, Gran Canaria), seguía sin iniciar contrato de obra y con plazo sin concretar, ya que, al ser la obra incompatible con la actividad lectiva, debía haberse licitado con anterioridad para aprovechar el período estival.
Por último, sobre el CEIP Playa Blanca, en Lanzarote, al que se ha referido en la prensa la exconsejera Armas asegurando que las obras están acabadas y que allí no se inician las clases porque el nuevo Gobierno no ha querido, los técnicos responden que “es imprescindible ejecutar obras de accesibilidad, la conexión con el CEIP y el comedor, reparar humedades, reparar fachadas; ejecutar el patio de juegos; hubo problemas con la conexión eléctrica”.
Cuestión de responsabilidad
Cabe recordar que esa “mala gestión y falta de planificación” del Gobierno anterior a la que ha venido aludiendo el consejero de Educación, le ha obligado en las últimas semanas a buscar soluciones para las familias que matricularon a sus hijos en unas aulas que, ahora se sabe, simplemente no existían.
Así, el pasado sábado, Suárez anunció que, de manera “temporal y extraordinaria”, el Gobierno de Canarias destinaría cuatro millones de euros para que todos los niños y niñas de las Islas nacidos en 2021 y cuyas familias los hubiesen matriculado en el primer ciclo de Educación Infantil en centros públicos en los que las obras no estuviesen aún terminadas, pudiesen ser escolarizados este curso.
Para ello, el consejero anunció un acuerdo con la red de escuelas privadas de educación infantil así como con las públicas municipales, centros a los que, temporalmente y de forma extraordinaria, será derivado este alumnado y que, a medida que terminasen las obras, iría ocupando sus plazas originales.
Durante su intervención este miércoles en el Parlamento ha mostrado una publicación en redes sociales de abril de 2022 firmada por Ángel Víctor Torres que decía así: “Fructífera reunión, junto a la consejera de Educación, con representantes de las escuelas privadas. Aprobaremos una orden para ayudas a las familias, cuya dotación aumenta en casi un millón de euros frente a 2019. La educación de 0 a 3 años, una prioridad”.
Ante esa comunicación, el actual consejero reprochó a los socialistas “que ahora nos acusen de querer privatizar la educación en Canarias cuando ha sido el PSOE el que nos ha abocado a tomar esta decisión para no perjudicar aún más a las familias”.
“¿Acaso pretendían que hiciéramos lo que, también en el curso anterior, el 2022/2023, ya hicieron a 597 familias a cuyos hijos dejaron en la calle hasta que les terminaron las obras previstas para aquel curso?”, se pregunta Poli Suárez, quien, además, ha señalado que, aquellas obras fueron realizadas mediante contratos menores cuya sencilla tramitación nada tiene que ver con la de los complejos expedientes necesarios para ejecutar las obras del curso 23/24, y que, en su gran mayoría, según los técnicos, el Gobierno de Torres dejó sin licitar o adjudicar.
“Fueron incapaces de resolver a tiempo 34 contratos menores el curso pasado, y ahora nos piden que hagamos en mes y medio todo lo que dejaron sin hacer para este nuevo curso”, concluyó el consejero, zanjando así “una polémica interesada creada por Torres y Armas”, a los que pidió que se quitaran ya “el luto” por no estar en el Gobierno.
“Superen ya esa pena y pónganse a trabajar por Canarias con responsabilidad desde la oposición”, les instó, al tiempo que, una vez más, les tendió la mano en pro de la educación en el Archipiélago.