La consejera de Sanidad participó hoy en la mesa de debate ‘Nuevos desafíos para afrontar la fragmentación y desigualdades territoriales’, dentro de la programación de los cursos de verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

Destaca la implantación del Visor de Historia Clínica Unificada y los avances para para ampliar la interoperabilidad con la Historia Clínica Electrónica Única, un proyecto que se desarrollará por fases con el objetivo de culminar su implantación en 2031

Explicó que su departamento está haciendo una apuesta estratégica en la atención al cáncer para disponer de ciclotrones en Canarias y de Protonterapia con una inversión superior a los cuarenta millones de euros, lo que permitirá a Canarias dejar de depender de Península para disponer de los isótopos necesarios para la realización de las pruebas PET

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, participó este miércoles, día 26 de agosto, en el ‘Encuentro sobre Políticas Sanitarias y Estado de las Autonomías’, organizado por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) en el Palacio de la Magdalena de Santander. El foro reúne a representantes autonómicos y expertos sanitarios de todo el país para debatir sobre los retos actuales del Sistema Nacional de Salud (SNS).

Concretamente, Monzón intervino en la mesa de debate denominada ‘Nuevos desafíos para afrontar la fragmentación y desigualdades territoriales’, que estuvo moderada por César Pascual, consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, y en la que también participaron María Martín, consejera de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja, y Antonio Gómez, consejero de Sanidade de la Xunta de Galicia, entre otros.

Durante su intervención, Esther Monzón expuso los retos en materia sanitaria que tiene Canarias para garantizar la equidad en el acceso a los servicios sanitarios, por sus condiciones de territorio archipiélagico y ultraperiférico. Al respecto, destacó el impulso de estrategias propias como el refuerzo del transporte sanitario interinsular, la inversión en telemedicina o la planificación específica de recursos hospitalarios y de Atención Primaria en cada isla.

Interoperabilidad, digitalización e innovación

La consejera de Sanidad analizó las herramientas puestas en marcha por el Servicio Canario de la Salud (SCS) para afrontar la transformación digital y desarrollar la telemedicina y las acciones de interoperabilidad como vías para afrontar las barreras geográficas.

Monzón puso en valor la implementación en todas las islas del archipiélago del Visor de Historia Clínica Unificada. “Desde hace más de un año, todos los profesionales sanitarios de los centros de salud y hospitales públicos de Canarias cuentan con este sistema que les permite consultar de forma inmediata y centralizada el historial clínico completo de cualquier paciente, sin importar en qué centro haya sido atendido, ya sea de Atención Primaria y Hospitalaria”, apostilló.

Tras la implantación del Visor se trabaja para ampliar la interoperabilidad con la Historia Clínica Electrónica Única, un proyecto complejo que se desarrollará por fases con el objetivo de culminar su implantación en 2031 y que permitirá unificar el sistema operativo y la gestión de los datos sanitarios, logrando la operatividad total en tiempo real.

Monzón puso en valor la interoperabilidad y sus beneficios para el Sistema Nacional de Salud y puso como ejemplo el trabajo desarrollado entre Canarias y Extremadura, como comunidades pioneras en la puesta en marcha de la receta electrónica interoperable en España. “Un trabajo que sirvió como base para extender la interoperabilidad farmacéutica al resto de comunidades y, posteriormente, a la Unión Europea”, dijo. Igualmente recordó la participación de Canarias en iniciativas como el proyecto nacional de enfermedades raras (UNICAS) o la red de integración de imagen médica (RIIMS), que facilitan la interoperabilidad y agilizan la calidad diagnóstica y terapéutica.

Por otro lado, y en cuanto a las herramientas de innovación tecnológica e Inteligencia Artificial, apostó por reforzar los lazos de colaboración entre las distintas comunidades, para que los sistemas sean más eficientes y los pacientes reciban una mejor atención.

Más de 40 millones en inversión para el tratamiento del cáncer

La consejera de Sanidad hizo hincapié en que la innovación va a ser determinante para afrontar los retos que afronta Canarias. En este sentido, explicó que “frente a esta situación, hemos priorizado la atención al cáncer con una estrategia específica que contemple la prevención, tratamiento y cuidados paliativos, así como la apuesta por la tecnología para reducir la dependencia de la Península.

Por ello, se está trabajando para implementar la protonterapia y los ciclotrones en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y poner en marcha un ciclotrón del HUC, en Tenerife, con inversiones previstas de 31 y doce millones de euros, respectivamente. Estas infraestructuras son indispensables para mejorar la atención a los pacientes oncológicos de las islas, al permitir la incorporación de los tratamientos de protonterapia y la producción local de isótopos, lo que evitará la dependencia histórica de centros peninsulares para el suministro de radiofármacos, utilizados en las pruebas PET”, apostilló.

Sostenibilidad

Monzón también destacó la apuesta de Canarias por la sostenibilidad ante el reto del cambio climático, con el desarrollo de la Estrategia Salud Zer0 Emisiones Netas 2030, que integra eficiencia energética, digitalización, resiliencia climática y movilidad sostenible dentro de una misma visión de sistema. En el marco esta Estrategia se han realizado catorce proyectos fotovoltáicos en centros sanitarios y se han invertido trece millones de euros en renovación de climatización y enfriadoras, entre otros proyectos.

La atención sanitaria ante la doble insularidad

Además, Esther Monzón aprovechó su intervención para poner el foco en las acciones para evitar las desigualdades interinsulares y repasó las medidas puestas en marcha por el SCS para acercar servicios y reducir la necesidad de desplazamientos para acceder a especialidades médicas.

Así, recordó que entre los objetivos estratégicos del SCS figuran que la ciudadanía pueda recibir la mayor parte de la atención sanitaria especializada en su isla de residencia, reservando los desplazamientos interinsulares para procedimientos de alta complejidad que, por razones de calidad y seguridad, deban realizarse en los hospitales de referencia.

También explicó que el SCS está desarrollando una estrategia integral basada en dos líneas de actuación: acercar la asistencia mediante herramientas digitales, como la telemedicina, la teleconsulta hospitalaria e interconsulta virtual, reforzando además los circuitos diagnósticos; y el desplazamiento de especialista, a través de planes de refuerzo, para incrementar la capacidad resolutiva local.

Por otro lado, recordó que el pasado mes de julio se incrementaron en un 41,18 por ciento las dietas por concepto de alojamiento y manutención para pacientes y acompañantes cuando precisen recibir asistencia sanitaria en otra isla diferente a la de su residencia, dado que pasan de los 103,7 a los 145,94 euros por persona y día. “Con esta actualización, que no se producía desde 2018, la dieta por alojamiento aumenta un 62 por ciento, hasta alcanzar los 106,94 euros por persona y día, mientras que la de manutención crece un cuatro por ciento, situándose en los 39 euros por persona y día” explicó.

Plan de Salud de Canarias 2026-2031

La consejera resaltó la puesta en marcha del Plan de Salud de Canarias 2026–2031, que marca la hoja de ruta del sistema sanitario para los próximos años, con un enfoque claramente preventivo, moderno y centrado en las personas. Los dos pilares fundamentales de este Plan son la atención a la cronicidad y a la salud mental, precisó Monzón, quien destacó acciones como la creación de la Estrategia de abordaje a la cronicidad en Canarias, que integra el Plan 5C, destinado a pacientes crónicos complejos que ha supuesto un cambio del modelo de atención a los pacientes crónicos.

Igualmente se refirió al programa AP2 Cuidados, premiado a nivel nacional, que busca garantizar una atención integral y coordinada para pacientes hospitalizados, facilitando la continuidad asistencial entre los niveles de Atención Hospitalaria y Primaria a través de tecnología digital. En el ámbito de la salud mental, destacó la puesta en marcha en esta legislatura de más de 14 nuevos recursos destinados tanto a población adulta como infanto juvenil.

Financiación

En cuanto a los principales retos del sistema sanitario, Monzón remarcó que el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la igualdad de derechos en todo el territorio, y la equidad, corrigiendo desequilibrios económicos, sociales y geográficos.

“Y para ello el reparto presupuestario de una manera justa y equilibrada es vital”, afirmó la consejera, quien recordó que el modelo de financiación autonómica busca asegurar que todas las comunidades puedan ofrecer servicios sanitarios de calidad, “pero el reparto no siempre garantiza la equidad real en el acceso, especialmente en territorios con características singulares como Canarias donde el coste de la prestación de servicios se dispar”.

Asimismo, apuntó que desde Canarias se considera fundamental reforzar los órganos de coordinación como el Consejo Interterritorial y las conferencias sectoriales, dotándolas de mayor eficiencia, capacidad de decisión y apoyo técnico “para que lo acordado se convierta en políticas efectivas”. “Para nosotros son un espacio imprescindible para garantizar la cohesión y la equidad en el acceso a los servicios públicos en todo el territorio” apostilló.

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Permitirá, por un lado, sustituir la conservación en soporte papel por su preservación digital permanente, y, por otro, fomentar la transparencia, la interoperabilidad y la explotación de datos, que estarán recogidos en un entorno abierto gracias a la metadatación

Se trata de un proyecto piloto, financiado con fondos Next Generation EU, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que cuenta con un presupuesto de 1.304.999,99 euros y un plazo de ejecución de 14 meses

Durante algo más de un año, se llevará a cabo la digitalización de más de cinco millones de páginas pertenecientes a expedientes administrativos ubicados en diferentes archivos departamentales

El objetivo, además de la conservación permanente de la documentación del Archivo General, es su posterior integración en el archivo electrónico único, para su puesta a disposición de las personas investigadoras, otras administraciones y la ciudadanía en general

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, ha iniciado, a propuesta de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, la digitalización del Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (CAC) y el proceso de digitalización de documentación con vigencia administrativa, un proyecto piloto, financiado con fondos Next Generation, con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), que cuenta con un presupuesto de 1.304.999,99 euros y un plazo de ejecución de catorce meses.

Esta iniciativa tiene como objetivo ejecutar la primera fase de la transición del actual Archivo General de la Administración Pública autonómica al Archivo General Digital, mediante la implementación de actuaciones masivas de digitalización y metadatación –los datos relevantes se registran en un entorno abierto– de una parte de la documentación conservada de forma permanente en el citado archivo, y su posterior importación e integración en el archivo electrónico único, para que actúe como unificador y conservador del patrimonio documental de la Administración Pública de la CAC.

Con ello también se persigue facilitar la puesta a disposición de las personas investigadoras, otras administraciones y de la ciudadanía en general de este patrimonio, fomentando, de este modo, la transparencia, la interoperabilidad y la explotación de datos –que estarán recogidos en un entorno abierto–, con la previsión de sustituir la conservación en soporte papel por su preservación digital permanente en el Archivo Electrónico Único de la Administración Pública autonómica.

Además, en esta primera fase, está prevista la transformación en documentación electrónica e integración en su correspondiente expediente digital de documentación con valor histórico e informativo, pero con vigencia administrativa, como puede ser toda la relativa al movimiento asociativo.

A través de este proyecto piloto se quiere determinar el alcance en coste y tiempo de estos procesos de digitalización sustitutiva, con el propósito de planificar sucesivas anualidades hasta la configuración completa del Archivo General Digital de la Administración Pública de la CAC.

Teniendo en cuenta que se trata de un proyecto innovador, en el que se incluye, además, un subproyecto piloto de incorporación de Inteligencia Artificial al metadatado para su evaluación, el sistema y los resultados obtenidos permitirán protocolizar y regular los requerimientos y directrices de los procesos de digitalización sustitutiva que garanticen jurídicamente, en aquellos casos que sea posible, la eliminación de los originales físicos sustituidos por expedientes electrónicos auténticos e interoperables. Unas pautas que podrán servir de orientación a otras administraciones que decidan emprender iniciativas similares.

Con este motivo, recientemente tuvo lugar un encuentro entre representantes del Gobierno de Canarias y de la empresa adjudicataria, en el que se expuso que, durante algo más de un año, se llevará a cabo la digitalización de más de cinco millones de páginas pertenecientes a expedientes administrativos ubicados en diferentes archivos departamentales.

Seguridad y confidencialidad

Este proceso se realizará en instalaciones del Gobierno por personal propio de la empresa y bajo estrictas medidas de seguridad y confidencialidad, incluyendo la extracción de datos relevantes de los documentos que permitan una gestión más eficiente de los expedientes, y por tanto una mejora en la atención a los ciudadanos.

Conviene recordar que, en sus orígenes, y al amparo del artículo 14 de la Ley 3/1990, de 22 de febrero, de Patrimonio Documental y Archivos de Canarias, el Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias tuvo como principal atribución la competencia de recoger, conservar y servir toda la documentación de las instituciones propias de la CAC y recopilar en el soporte adecuado la documentación histórica.

Años después, en el Decreto 76/2003, de 12 de mayo, por el que se aprobó el Reglamento del Sistema de Gestión Documental y Organización de los archivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se configuró el Archivo General como un centro director del Sistema de Archivos y se ampliaron sus funciones iniciales, eminentemente de custodia y conservación, a las de organización, tratamiento y servicio de los documentos con valor histórico, determinándose también su participación en el establecimiento de los valores de la documentación para disponer la conservación, eliminación y difusión de la misma.

Consecuentemente, el Archivo General se constituía como centro coordinador de los archivos centrales de todas las consejerías, organismos autónomos y entidades públicas empresariales, que recibiría de estos los documentos con valor histórico para garantizar su integridad y conservación permanente, por cuanto constituían y constituyen parte del patrimonio documental canario.

Finalmente, es el actualmente vigente Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por el que se aprobó el Reglamento de Gestión Documental y Organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, el que configura el Archivo General como unidad administrativa adscrita a la consejería competente en materia de archivos, ratificándose sus funciones como archivo receptor de las series documentales con valor histórico custodiadas en los archivos centrales departamentales y como garante de la integridad y conservación permanente de dichos documentos.

Sin embargo, 32 años después de su creación por la citada Ley 3/1990, de 22 de febrero, el Archivo General de la Administración Pública de la CAC nunca ha tenido entidad física ni contado con instalaciones de depósito, por lo que en ningún momento ha podido ejecutar el fin para el cual fue concebido, es decir, como sistema receptor, conservador y difusor del patrimonio documental canario.

Como consecuencia de ello, la documentación con valor histórico de la Administración Pública de la CAC ha permanecido custodiada todos estos años por los archivos centrales departamentales, muchos de los cuales no cumplen los requisitos mínimos para la preservación documental a largo plazo, con el subyacente riesgo de pérdida o deterioro del patrimonio documental canario.

En el marco de la modernización y de la administración digital, que lleva implícita la adaptación al escenario del expediente electrónico, con el consecuente objetivo de cero papel, la constitución de un depósito de custodia de documentación tradicional, en soporte papel, pierde el sentido, pero se mantiene la acuciante necesidad de configurar e implementar un archivo unificador y conservador del patrimonio documental canario, dotado, además, de todas las herramientas para facilitar su uso.

De ahí que se haya considerado determinante configurar en formato digital el Archivo General de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias previsto en la Ley 3/1990 de 22 de febrero, y regulado en el Decreto 160/2006, de 8 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Sistema de Gestión Documental y Organización de los archivos dependientes de la Administración Pública de la CAC, como fase definitiva del Archivo Electrónico Único reglado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y eslabón imprescindible en la cadena evolutiva digital.

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El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad resalta que la aprobación de la nueva norma, además de ser obligatoria, va a permitir medir la productividad de los empleados públicos

El presidente de la patronal de la construcción agradece la disponibilidad del Gobierno y confía en que su aplicación mejore también la agilidad y eficacia de la Administración Pública

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha mantenido un encuentro con miembros de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), encabezados por su presidente, Óscar Izquierdo, donde les ha expuesto el contenido y los objetivos del recién aprobado decreto que regula la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo del personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos autónomos y entidades públicas dependientes.

Acompañado de la viceconsejera de Administraciones Públicas y Transparencia, Alicia Álvarez, y los directores generales de Modernización y Calidad de los Servicios, Amaya Conde, y de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías, Víctor Melián, el consejero ha indicado que la aprobación de este decreto es una obligación legal que, además, va a permitir medir la productividad del empleado público, al establecer un sistema de objetivos a cada uno de ellos.

Julio Pérez ha resaltado la necesidad de que los trabajadores tengan un plan personal de trabajo para poder acogerse a esta modalidad, régimen que es reversible, y ha detallado las circunstancias, requisitos –de carácter personal, organizativos o tecnológicos– y el procedimiento para hacerlo, así como los servicios que quedan excluidos debido a la naturaleza del puesto de trabajo, cuestiones que hasta ahora no estaban establecidas si se decidía optar por esta fórmula.

El presidente de Fepeco ha agradecido la disponibilidad del consejero y las explicaciones ofrecidas a la patronal de la construcción de la provincia de Santa Cruz de Tenerife sobre el texto y propósitos del decreto, y ha mostrado su confianza en que su aplicación sirva para mejorar el rendimiento de los empleados públicos y también la agilidad y eficacia de la Administración.

Durante el encuentro, se han puesto también sobre la mesa las ventajas que ofrece la utilización de la administración electrónica y conocer el funcionamiento de los mecanismos públicos a la hora de relacionarse son la Administración, y, en este sentido, Julio Pérez ha recordado que todos los servicios de atención al público se mantienen de forma presencial, que la cita previa se da para el mismo día, aunque se atiende sin cita previa a quien acude sin ella, y que, además, se puede acceder a la línea telefónica del 012, que está permanentemente disponible y atiende diariamente miles de llamadas.

Igualmente, ha enumerado algunas de las medidas adoptadas y en las que se trabaja para simplificar a la ciudadanía su relación con la Administración, bien incrementando el número de conceptos a resolver a través de la interoperabilidad, lo que agiliza los procedimientos, o bien con la introducción de herramientas que amplíen, por ejemplo, el número de entidades financieras en las que realizar los pagos desde la sede electrónica.

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