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La formación de pilotos de drones del Gobierno, premio nacional de buenas prácticas en aeronáutica policial

El director general de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública señala que este reconocimiento viene a confirmar el excelente trabajo que se está haciendo en el campo de la formación

La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, ha sido premiada en las I Distinciones Nacionales a la Aeronáutica Policial, organizadas por la Unión Nacional de Jefes y Directivos de Policía Local (Unijepol) y la Asociación Española de Pilotos y Operadores de RPAS para la Seguridad y Emergencias (Aeporse), como iniciativa y buena práctica en Aeronáutica Policial por su formación de piloto de drones especializada en seguridad y emergencias.

El responsable de la Dirección General de Estudios, Formación e Investigación en Seguridad Pública, José Manuel González, destacó que “el Gobierno de Canarias está haciendo una gran apuesta por la formación en la seguridad y que reconocimientos como este vienen a confirmar el excelente trabajo en el ámbito de los cursos policiales para pilotos y operadores de drones”.

Esta formación, destinada a policías, bomberos o agentes de Protección Civil, tiene como objetivo que se adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para realizar operaciones aéreas especializadas con drones de manera segura, en operativos planificados y/o en situaciones de grave riesgo colectivo, desastre o calamidad pública, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente en materia de protección civil.

Además, los agentes realizan prácticas de operaciones aéreas especializadas in situ con drones para aprender a ejecutarlas con total garantía de seguridad, junto a la evaluación y gestión de los posibles riesgos y amenazas.

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Zapata reclama al Estado “decisiones valientes y presupuesto adecuado” para reforzar la red eléctrica de las islas

El consejero de Transición Ecológica y Energía reclama una intervención urgente del Gobierno central para reforzar las infraestructuras eléctricas en La Palma, El Hierro y La Gomera tras los últimos incidentes de suministro

Zapata defiende en el marco de un foro sobre energía la necesidad de un trato diferenciado para las Islas Verdes y anuncia que Canarias seguirá liderando propuestas para garantizar un suministro seguro y resiliente

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias ha solicitado formalmente al Estado una ampliación extraordinaria de la inversión destinada a reforzar la red de distribución eléctrica en las denominadas Islas Verdes (La Palma, El Hierro y La Gomera), tras los recientes cortes de suministros registrados en La Palma y los problemas recurrentes detectados en los últimos años en las otras islas.

Esta petición se formula desde la Dirección General de Energía del Ejecutivo autonómico, en el marco de la declaración de emergencia energética en vigor desde el 2 de octubre de 2023, que busca paliar los efectos acumulados de años de deterioro e infraestructuras obsoletas que, en el caso de las islas menores, provocan graves consecuencias para la población y la actividad económica.

“Estas islas sufren una doble insularidad, con sistemas eléctricos más pequeños, aislados y frágiles. La calidad del servicio eléctrico que reciben no puede seguir midiendo por los mismos estándares que en el resto del país”, ha señalado el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano H. Zapata. “No hablamos de una simple incidencia técnica: hablamos de afecciones directas en la vida diaria de miles de personas”, añadió.

El Gobierno de Canarias considera que los criterios actuales que rigen la aprobación de inversiones por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) no reflejan adecuadamente la vulnerabilidad y el impacto social real que provocan estos fallos en islas como La Palma. Por eso, solicita una dotación económica adicional, al margen de los planes ordinarios, que permita una actuación inmediata y estructural sobre la red de distribución de las Islas Verdes.

En este sentido, quiso destacar que estas peticiones son también esenciales para propiciar una adecuada transición energética, ya que “sin un buen funcionamiento del sistema eléctrico, será complicado desarrollar acciones que vayan encaminadas a la mejora del porcentaje de penetración de renovables en la isla, que actualmente es de un 8%”.

Avances en materia energética en La Palma

El consejero recordó también que “esta Consejería y su Dirección General de Energía, en solo dos años, han acelerado proyectos clave para la isla”. Así, destacó los anuncios como el corredor sur, un hito histórico por el que los palmeros llevaban esperando más de veinte años y que “es ahora, con nuestro Gobierno, cuando al fin se ha materializado, dando una seguridad a la isla importantísima”.

Asimismo, también ha resaltado la inauguración de las nuevas subestaciones o el desdoblamiento del transporte eléctrico entre las Breñas y Los Llanos, que llevaban décadas sin priorizarse”. “Si esto se hubiera hecho antes, hoy La Palma tendría un sistema eléctrico mucho más seguro y robusto”, afirmó.

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El proyecto de actualización de la Ley del Suelo recibe 180 alegaciones en el trámite de información pública

Política Territorial presenta a las cámaras de comercio y colegios profesionales la propuesta, que está previsto que entre en el Parlamento en el último trimestre del año

La vicepresidenta de la Cámara, María de la Salud Gil, cree se debe analizar la impacto de la norma sobre los precios de la vivienda, garantizar los plazos de participación y alinearla con la estrategia industrial y sociosanitaria del Ejecutivo

 

El proyecto de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias ha recibido 180 alegaciones durante el trámite de información pública. La Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas del Gobierno de Canarias ha presentado esta mañana ante una treintena de empresarios y representantes de colegios profesionales el documento, durante un encuentro celebrado en la sede de la Cámara de Comercio  Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria. La previsión del departamento autonómico es que, una vez analizadas dichas aportaciones, el texto llegue al Parlamento en el último trimestre del año, según ha informado la Viceconsejera de Planificación Territorial y Reto Demográfico, Elena Zárate.

La propuesta, que tiene como objetivo profundizar en la filosofía de la citada norma en lo que respecta a simplificación y agilización de la ordenación del territorio del Archipiélago, ha sido presentado por Zárate y el director general de Ordenación Territorial y Cohesión Territorial, Onán Cruz. La vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación, María de la Salud Gil, ha representado a este organismo empresarial y ha calificado el texto, con carácter general, “persigue la simplificación” de los procedimientos administrativos.

Gil ha explicado que la patronal ha abierto un debate con el Gobierno en referencia a tres aspectos de la propuesta que “consideramos fundamentales: la impacto sobre el precio de la vivienda, que los procesos de participación para los procedimientos de ordenación territorial sean suficientes y que todo el esfuerzo se alinee con las estrategias europeas y del propio Ejecutivo autonómico en materia industrial y sociosanitaria”. “La Ley, por tanto, debe ser una herramienta para declarar de interés público ambas estrategias”, ha señalado.

La vicepresidenta de la Cámara considera que la norma “debe permitir habilitar suelo para desarrollar esas estrategias” y “generar una estructura empresarial sólida y propia para Canarias que le permita afrontar la situación geopolítica que vivimos en estos días y la necesidad del autoabastecimiento”. Gil ha destacado el papel que los instituciones empresarial están jugando en la conformación de “un nuevo marco normativo que facilite la construcción de vivienda en Canarias”, trabajo al que ha pedido se sumen “otros colectivos sociales, económicos y políticos”.

Durante el encuentro, los colectivos empresariales y profesionales han planteado cuestiones referidas a la citada propuesta de actualización de la Ley del Suelo, pero también respecto al proyecto de ley de agilización de licencias urbanísticas. Esta norma está impulsada por las consejerías de Política Territorial y Obras Públicas, y forma parte de las medidas que ha puesto en marcha el Ejecutivo autonómico para afrontar la crisis habitacional que sufre Canarias.

El análisis técnico respecto a la actualización de la Ley del Suelo se desarrolló durante todo 2024 y las 180 alegaciones son el reflejo de un “proceso de participación amplio en el que han participado todos los colectivos que tienen que ver con la ordenación del territorio en Canarias”, ha indicado Zárate. “La planificación territorial”, ha añadido, “es clave para garantizar un desarrollo social y económico del Archipiélago, manteniendo un necesario equilibrio con el medio ambiente”.

La viceconsejera ha destacado los valores de esta propuesta de actualización, que reduce el contenido de los planes generales hasta un 40%, e incorpora un tratamiento diferenciado para los municipios de menos de 10.000 habitantes y el sector primario. Elena Zárate ha destacado también que el texto aumenta los porcentajes de suelo destinado a vivienda pública, e impulsa la modernización de los suelos industriales del Archipiélago. También propone aumentar las sanciones, frente al uso ilegal del suelo rústico y protegido.

 

Alegaciones

Respecto a las alegaciones, 79 llegaron a través del registro oficial de Política Territorial y sesenta a través del portal de transparencia. Diez fueron remitidas por correo electrónico, cinco corresponden a los cabildos insulares y seis a otros departamentos del Gobierno autonómico. Cuatro fueron formuladas en la propia Consejería y 16 corresponden a entidades que han participado en el proceso de análisis, como colegios profesionales, sindicatos, colectivos medio ambientales y otras organizaciones de carácter civil.

En la actualidad, los técnicos de la Consejería, con el apoyo de la empresa pública Gesplan, se encuentran en proceso de análisis de dichas aportaciones para estudiar su posible incorporación a la propuesta. El nuevo texto recabará informes de otros departamentos de la Comunidad Autónoma, antes de ser registrado en el Parlamento de Canarias, previsiblemente durante el último trimestre del año.

Puertos Canarios adjudica provisionalmente el control de acceso, mobiliario urbano y señalización de Playa Blanca

Los trabajos, para los que se han destinado 440.565,64 euros, IGIC excluido, tienen como objetivo reforzar la seguridad y mejorar el funcionamiento diario del puerto tras la finalización de la obra de ampliación en 2022

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del ente público empresarial Puertos Canarios, que dirige José Gilberto Moreno, ha adjudicado provisionalmente y con carácter ordinario el proyecto de instalación de elementos de control de acceso, mobiliario urbano y señalización en el puerto de Playa Blanca, en la isla de Lanzarote, por 440.565,64 euros, IGIC excluido.

Citanias Obras y Servicios SLU será la encargada de ejecutar estas actuaciones, que tienen como objetivo reforzar la seguridad y mejorar el funcionamiento diario del puerto tras la finalización de la obra de ampliación en 2022. El proyecto contempla la colocación de sistemas de control de acceso, la dotación de nuevo mobiliario urbano y la mejora de la señalización vial.

José Gilberto Moreno ha destacado que “con esta actuación avanzamos en la mejora continua de nuestras infraestructuras portuarias, ofreciendo unas instalaciones más modernas y seguras, y respondiendo a las necesidades reales de los usuarios y usuarias del puerto de Playa Blanca, especialmente en un enclave estratégico con alta demanda de atraques”.

La obra cuenta con un plazo de ejecución de seis meses. Con esta actuación, Puertos Canarios reafirma su compromiso con la mejora continua de las infraestructuras portuarias y el desarrollo sostenible del Archipiélago.

 

 

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La Consejería somete al trámite de información pública el proyecto de trazado de la Variante GC-200

Obras Públicas adjudica provisionalmente la ejecución de la segunda fase de la circunvalación de San Sebastián de La Gomera

El Ejecutivo habilita un plazo de 30 días hábiles para hacer llegar las alegaciones, observaciones y consultas
Durante este mismo período, la documentación se podrá consultar en la web de la Consejería

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, que dirige Pablo Rodríguez, a través de la Viceconsejería de Infraestructuras, ha publicado este miércoles, 11 de junio, en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la apertura del plazo de información pública del proyecto de trazado de la Variante GC-200, en Gran Canaria.

Desde el día de hoy, las personas interesadas en presentar alegaciones, observaciones o consultas pertinentes dispondrán de un plazo de 30 días hábiles.

Asimismo, al objeto de facilitar el acceso a toda la información sobre el proyecto, se podrá consultar la documentación en la web de la Consejería, en la siguiente dirección: https://www.gobiernodecanarias.org/obraspublicas/carreteras/pciudadana/index.html. Además de en formato digital, estará expuesto en las oficinas centrales de Santa Cruz de Tenerife, en la Avda. Francisco de la Roche, 35.

En cumplimiento con la normativa vigente, las observaciones, alegaciones y consultas que se realicen deberán ser dirigidas a la Viceconsejería de Infraestructuras de la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, y su presentación podrá hacerse a través de cualquiera de los medios señalados en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Detalles de la actuación

La variante de la carretera GC-200, una actuación contemplada en el Plan de Carreteras de Canarias, ha sido diseñada respetando al máximo la orografía del terreno, con el objetivo de reducir al mínimo los movimientos de tierras y minimizar el impacto visual en un entorno de alto valor paisajístico y natural.

Esta nueva infraestructura permitirá descongestionar el tráfico que actualmente atraviesa el casco urbano de Mogán, lo que supondrá una notable mejora en la seguridad vial y en la calidad de vida de los vecinos y vecinas del municipio.

Además de sus beneficios en términos de movilidad, la variante GC-200 representa una apuesta estratégica para el desarrollo económico y turístico de la zona. En este sentido, en el proyecto se ha definido una calzada de dos carriles de 3,50 metros, bermas de 0,75 metros y arcenes de 2 metros, debido a que actualmente la GC-200 presenta un alto nivel de circulación de ciclistas, con el objetivo de favorecer la seguridad de este colectivo, optando por un arcén lo suficientemente ancho para que puedan circular por éste manteniendo una distancia de seguridad respecto a los vehículos.

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La Policía Autonómica y agentes de Medio Ambiente del Cabildo tramitan una veintena de sanciones en Tenerife

Entre las infracciones más destacadas figuran el uso de motocicletas y bicicletas en senderos no autorizados

El Cuerpo General de la Policía Canaria, a través del Grupo de Protección Medioambiental y de Patrimonio Cultural (GRUMA) de la Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa (UVIA), en coordinación con agentes de Medio Ambiente del Cabildo de Tenerife, tramitaron una veintena de propuestas de sanción por infracciones a la Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias durante un amplio operativo conjunto de vigilancia y control en senderos y pistas forestales de la zona este de la isla, centrado principalmente en los espacios naturales protegidos de Las Lagunetas, Las Palomas y la Corona Forestal, el pasado fin de semana.

Entre las infracciones más destacadas figuran el uso de motocicletas y bicicletas en senderos no autorizados, una conducta que supone un riesgo para la seguridad de las personas y un perjuicio para la integridad del medio natural.

Las zonas intervenidas son espacios de alto valor ecológico, que requieren una especial protección por su importancia para la biodiversidad y el equilibrio ambiental de Tenerife. Por ello, las autoridades insisten en la necesidad de cumplir rigurosamente la normativa de circulación y uso del medio natural, recordando que no está permitido acceder a vías, pistas o senderos que se encuentren cerrados con barreras o vallas, instaladas para proteger tanto a las personas como al entorno.

La Unidad de Vigilancia e Inspección Administrativa tiene entre sus funciones la actuación policial preventiva, de investigación y denuncia de infracciones administrativas en los ámbitos de, entre otros, medio ambiente y recursos naturales, ordenación del turismo en Canarias, patrimonio cultural canario, Administración Tributaria, transporte, juego y apuestas, así como aquellas otras que le sean encomendadas, de conformidad con la Resolución de 17 de enero de 2025, de la Dirección General de Seguridad.

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Empleo abre los tres programas de incentivos destinados a impulsar la contratación

Podrán acogerse las empresas, trabajadores autónomos y entidades con domicilio social o centro de trabajo en Canarias

Los destinatarios son personas en situación de desempleo, preferentemente jóvenes menores de 30 años, parados de larga duración, mayores de 45 años y mujeres

La Consejería de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), ha abierto el plazo de convocatoria para los años 2025-2026 de las subvenciones del programa ‘Certifícate’, destinado a fomentar la inserción laboral de personas que hayan obtenido el reconocimiento de un certificado de profesionalidad. Esta iniciativa cuenta con un presupuesto que asciende a 200.000 euros por anualidad.

La cuantía de las ayudas a conceder a cada una de las empresas solicitantes se eleva a 7.000 euros por cada contrato indefinido, mientras que para los que tengan una duración igual o superior a seis meses e inferior a un año se contempla una cuantía de 3.000 euros, que se eleva a los 4.000 euros si la duración es de doce meses. El programa establece también un incremento de 1.000 euros si la persona contratada es una mujer, mayores de 45 años en el momento de la contratación y jóvenes menores de 30 años.

Por otro lado, con una cuantía total de 800.000 euros para los ejercicios 2025 y 2026, se inicia también el plazo de presentación de solicitudes para el programa denominado ‘Retorno al empleo’. Estas ayudas están orientadas a incentivar la contratación de personas desempleadas de larga duración y contempla subvenciones que oscilan entre los 3.000 y 7.000 euros por cada contrato laboral que formalicen las empresas y las personas autónomas que contraten empleados por cuenta ajena para prestar servicios en centros de trabajo radicados en la comunidad autónoma.

Y, por último, con una partida global de 300.000 euros, el programa ‘Incentívate’ permitirá la contratación de jóvenes demandantes de empleo inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, que recibirán formación en alternancia con el trabajo, orientada a la obtención de un certificado de profesionalidad.

Los solicitantes de las ayudas deben realizar los trámites a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias en https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/tramites/4406.

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El Hospital Doctor Negrín atiende a más de 500 pacientes en su consulta monográfica de tecnología de la diabetes

Integrada por dos endocrinólogos con formación específica y dos enfermeras educadoras con amplia experiencia, esta unidad se centra en el uso de sistemas de monitorización continua de glucosa y bombas de infusión de insulina

De estas forma, el centro hospitalario consolida su papel como referente en el tratamiento integral de esta patología

El Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, centro adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a través del servicio de Endocrinología y Nutrición, consolida su papel como referente en el tratamiento integral de la diabetes tipo 1 gracias a la potenciación de su consulta monográfica de nuevas tecnologías. Desde su puesta en marcha en 2022, esta unidad especializada ha atendido a más de 500 pacientes, incorporando avances tecnológicos que permiten una atención individualizada, segura y altamente eficaz.

Esta consulta, integrada por dos endocrinólogos con formación específica y dos enfermeras educadoras con amplia experiencia, se centra en el uso de sistemas de monitorización continua de glucosa y bombas de infusión de insulina. Muchos pacientes utilizan ambas tecnologías simultáneamente en lo que se conoce como sistemas de «asa cerrada», en los que la bomba ajusta automáticamente la dosis de insulina en función de los niveles de glucosa del paciente, monitorizados en tiempo real cada minuto. Actualmente, se están utilizando diversos modelos de bombas y sensores que presentan distintos modos de funcionamiento, algoritmos de corrección de glucosa y sistemas de alarmas. Esta diversidad tecnológica permite adaptar el tratamiento a las características y necesidades de cada paciente, optimizando tanto la eficacia como la seguridad del abordaje terapéutico.

“El ritmo de innovación en el tratamiento de la diabetes tipo 1 es altísimo. Contar con profesionales especializados es clave para acompañar al paciente, entrenarlo en el uso de estos dispositivos y optimizar sus resultados clínicos”, explican desde el equipo de la unidad.

Los beneficios para los pacientes son significativos: mejora del control metabólico, reducción del riesgo de hipoglucemias graves (incluso durante el sueño) y mayor autonomía en el autocuidado. Además, se sustituye el tradicional tratamiento con múltiples inyecciones diarias y pinchazos capilares por tecnologías menos invasivas y más precisas. Durante el proceso, los pacientes reciben formación específica sobre el uso de las bombas de insulina y materiales asociados, el cálculo manual de bolos de insulina según la ingesta de alimentos y sobre la interpretación de los valores de glucemia y las alarmas en situaciones de de hiper e hipoglucemia que suministran los sensores.

Actualmente, más de 200 personas se benefician del uso de estos dispositivos en el Hospital Doctor Negrín, con una previsión de crecimiento progresivo, dado que los sistemas de asa cerrada están marcando el nuevo estándar de tratamiento para la diabetes tipo 1 y los dispositivos cambian cada pocos años o meses.

Los usuarios de estas tecnologías destacan el valor de esta atención especializada, no sólo por su impacto en los parámetros clínicos, sino también por la mejora en su calidad de vida y la de sus familiares y cuidadores.

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El Plan Integral de Mayores y la reforma de la ley articularán las nuevas formas de envejecer en Canarias

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, desvela en el Parlamento que no hay lista de espera de Dependencia en El Hierro

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, puso de relieve en el Parlamento canario “el compromiso con los derechos y el bienestar de las personas mayores” que ha asumido el Gobierno de Canarias desde el comienzo de la legislatura, y detalló todas las acciones impulsadas por su departamento para favorecer el envejecimiento activo, potenciar la atención domiciliaria, el encuentro intergeneracional y combatir la soledad de las personas mayores. “Este asunto no es solo un desafío demográfico; es, al mismo tiempo, una oportunidad histórica para construir un Archipiélago más justo, cohesionado e inclusivo con quienes han contribuido a forjarlo”, sentenció Candelaria Delgado.

La consejera apeló a la unidad institucional y de todos los grupos políticos que integran el Parlamento de Canarias para poner en marcha de una manera rápida y eficaz tanto el Plan Integral del Mayor como la reforma de la Ley 3/1996. “Poner en marcha este Plan y esta reforma de la Ley no es solo un deber ético; es una inversión en cohesión social, en economía de cuidados y en el legado mismo de nuestra comunidad”, aseguró.

La consejera expuso que el Plan Integral del Mayor en Canarias, que ya cuenta con un presupuesto reservado de 6,3 millones de euros para 2025, es una herramienta “transversal, territorializada y centrada en la persona” que pivota sobre cuatro objetivos: prevenir la fragilidad y la dependencia mediante programas de detección temprana y promoción de la autonomía; garantizar una atención integral y coordinada, mejorando infraestructuras y tecnologías de teleasistencia, especialmente en territorios con barreras de acceso; fomentar la participación social y comunitaria, combatiendo el aislamiento y la soledad no deseada, y por último, proteger los derechos de las personas mayores contra el maltrato, el abuso o la discriminación por edad.

Para elaborar el borrador preliminar del Plan, desde finales de 2023 se ha elaborado un Diagnóstico sociodemográfico exhaustivo, un Mapa de Servicios Municipales en los 88 ayuntamientos, un Estudio del estado de los Centros de Día y un Análisis de las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas vinculado a la Estrategia Sociosanitaria 2025-2030. También se han realizado talleres insulares con personal técnico de cabildos y ayuntamientos, así como de grupos focales con más de 150 personas mayores y asociaciones del Tercer Sector, para recoger situaciones reales sobre trámites, atención y participación.

La consejera expuso que, tal y como recoge la OMS “cada euro invertido en prevención de caídas y programas de ejercicio adaptado reduce en torno a 1,50 euros el gasto sanitario evitado en hospitalizaciones por fracturas o reingresos”. Asimismo, precisó que potenciar la atención domiciliaria avanzada como se está haciendo desde su departamento en la actualidad “permite ahorrar un 20 % en costes de ingreso residencial innecesario y fomentar la actividad cultural intergeneracional” lo que también implica una reducción de los indicadores de soledad en entornos urbanos, “que, a su vez, mejora la salud en estas edades y disminuye la demanda de intervención psicológica”.

Reforma de una ley de mayores desfasada

La consejera ahondó también en la reforma de la Ley 3/1996, de 11 de julio, de participación de las personas mayores y de la solidaridad entre generaciones, una norma que, aunque fue pionera en su momento, “ha quedado desfasada tras casi tres décadas en vigor”.

La reforma propuesta por el Gobierno de Canarias busca actualizar el contenido, el lenguaje y la estructura de la ley, incorporando una visión más cercana a la realidad actual y a las exigencias legales nacionales e internacionales. Entre los cambios más destacados se incluyen: el reconocimiento explícito de derechos como la autonomía, la capacidad jurídica con apoyos, el derecho a vivir en el entorno habitual, a participar activamente, a la salud integral, al acceso digital y a la protección frente a la soledad no deseada; la incorporación de principios rectores como la accesibilidad universal, la no discriminación por edad o género, la solidaridad intergeneracional; la creación de nuevos consejos insulares y municipales con representación real y capacidad de propuesta; la modernización del Consejo Canario de las Personas Mayores, y la implementación de un sistema de seguimiento, evaluación e inspección pública, con indicadores, un observatorio autonómico y un régimen sancionador para proteger derechos.

El Hierro

La consejera también compareció para hablar de la atención sociosanitaria en El Hierro. Con 11.806 habitantes, más de 3.000 tienen 65 o más años. Esto sitúa a la isla como la más envejecida del Archipiélago, con un porcentaje de población mayor en torno al 25 %–26 %, muy superior a la media de Canarias y de España. En la práctica, significa que actualmente uno de cada cuatro herreños es mayor de 65 años.

“Pero en el último año”, aseguró, “hemos conseguido que, en El Hierro, la tramitación de la dependencia esté al día”.

Aseguró también que, gracias a la combinación de plazas residenciales (72) y atención domiciliaria, alrededor de 170 personas dependientes reciben servicio en la isla, sin contar aquellas que perciben prestaciones económicas por cuidado familiar. “Este avance ha mejorado la cobertura, pero aún quedan casos con dependencia reconocida que continúan en lista de espera para acceder a una plaza residencial, debido al largo cierre por reforma de la residencia de La Frontera, o para su acceso a mayores horas de ayuda a domicilio”, explicó.

Para mejorar la situación, la consejera recordó las distintas medidas abordadas, como los casi treinta millones que el Gobierno ha destinado a la teleasistencia avanzada en toda la Comunidad, que también beneficiará la atención a las personas dependientes de la Isla. Además, aseguró que “ya se están tomando las decisiones administrativas necesarias para reactivar el proyecto de reforma de la residencia de La Frontera, y se hará un seguimiento estrecho de las gestiones de la corporación insular para que no se produzcan nuevas demoras. En paralelo, el Cabildo de El Hierro tiene previsto un plan de ampliación de la Residencia de El Pinar”, aseguró

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Educación refuerza la digitalización con 12.500 paneles digitales interactivos y 16.500 cámaras de documentos

Con una inversión de 16.690.150 euros financiados con el programa de Cooperación Territorial #ECODIGEDU, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, para la digitalización del ecosistema educativo -componente 19- del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea

La Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, dirigida por Poli Suárez, ha adquirido 12.500 paneles digitales interactivos y 16.490 cámaras de documentos, destinados a la dotación de aulas digitales en los centros públicos no universitarios del archipiélago. Este material supone una inversión de 16.690.150 euros, financiados con el programa de Cooperación Territorial #ECODIGEDU, del Ministerio de Educación y Formación Profesional, para la digitalización del ecosistema educativo -componente 19- del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea.

Esta actuación se enmarca dentro del Plan de Digitalización de Canarias, una estrategia integral que no solo contempla la dotación de recursos tecnológicos a los centros educativos, sino que también promueve la formación continua del profesorado en el uso didáctico de las herramientas digitales, con especial atención a la capacitación técnica en sistemas de digitalización del aula. A través de este plan, se busca garantizar un uso pedagógico y responsable de las tecnologías, tanto por parte del profesorado como del alumnado.

Como parte de este plan, la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación, en colaboración con la Dirección General de Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial, coordinados por los Agentes Zonales TIC, ha llevado a cabo un diagnóstico en 843 centros educativos de todo el archipiélago, para evaluar las necesidades reales en cuanto a equipamiento y formación.

Esta planificación detallada también contempla futuras incorporaciones de equipamiento específico, como pantallas, proyectores portátiles para aulas externas, ordenadores de sobremesa para la creación de aulas de informática, así como equipos especializados para formación artística y de diseño, asegurando que la transformación digital llegue a todos los niveles y perfiles educativos.

La adquisición de estos paneles digitales interactivos y cámaras de documentos se ha ejecutado mediante licitación de contrato administrativo de suministros, publicándose en la Plataforma de Contratación del Sector Público y en el Diario Oficial de la Unión Europea. El objeto del contrato se entronca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea – Next Generation EU, en la política palanca «VII. Educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades», en el programa tractor e inversión «7. Plan Nacional de Competencias Digitales» , componente «19. Plan Nacional de Capacidades Digitales (digital skills)» e inversión «C19.I2 Transformación Digital de la Educación».

La ejecución de la contratación, que comenzó el pasado 3 de junio, deberá estar finalizada y el material recepcionado antes del 31 de diciembre del año en curso teniendo en cuenta que está enmarcada en los plazos establecidos por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) de la Unión Europea.

Con estas actuaciones, el área que dirige Poli Suárez consolida su compromiso con una educación pública más moderna, equitativa y accesible, con la transformación de las aulas a través de la tecnología, impulsando la inclusión y la calidad de la educación, que se orienta a preparar al alumnado isleño para los desafíos del presente y del futuro.

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