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Torres inaugura la ampliación del puerto de Playa Blanca, un proyecto de calidad y el primer muelle sostenible

Inauguración de la ampliación del puerto de Playa Blanca.

Ángel Víctor Torres resalta que los trabajos no se interrumpieron durante lo peor de la pandemia, el esfuerzo realizado para obtener los 45 millones de euros necesarios y el resultado final, que mejora la conectividad y la comodidad de los usuarios

El presidente destaca la labor de las navieras para que Canarias no perdiera conectividad durante las peores olas de la covid-19 y se muestra convencido de que este puerto superará en 2023 el millón de pasajeros

El consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis, informa de que su departamento invertirá 10 millones de euros en los próximos dos años en una docena de proyectos de modernización de muelles en Lanzarote y La Graciosa

Las nuevas instalaciones de Playa Blanca mejoran la seguridad marítima al segregar los tráficos de los ferris del resto de embarcaciones e incluyen la primera estación de pasajeros ecosostenible en un puerto de Canarias

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, inauguró esta mañana la reforma y ampliación del puerto de Playa Blanca, en el municipio lanzaroteño de Yaiza. El jefe del Ejecutivo resaltó en su intervención la calidad del resultado final del proyecto, iniciado hace cinco años; el esfuerzo realizado para obtener los 45 millones de euros necesarios para esta anhelada intervención; la mejora que supone en seguridad, conectividad entre el sur de Lanzarote y el norte de Fuerteventura, y comodidad de los usuarios y operadores, junto con el hecho de que, en atención a la lucha del Gobierno contra el cambio climático, sea ya la primera infraestructura de este tipo totalmente sostenible, incluso en los materiales utilizados, dentro de la Red de Puertos de Canarias.

En la inauguración, a la que asistieron el vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez; el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis; la presidenta del Cabildo de Lanzarote, Dolores Corujo, y el alcalde de Yaiza, Óscar Manuel Noda, entre otras autoridades, Sebastián Franquis recordó que el 85% de los recursos empleados en este proyecto proceden de los fondos comunitarios Feder.

Con la nueva ampliación, según se subrayó en el acto, se mejora la seguridad del puerto y las prestaciones que se dan a su actual millón de usuarios, principalmente viajeros en ferris que utilizan anualmente este muelle, el segundo en número de pasajeros de la Red de Puertos autonómicos, tras el de Agaete, en la isla de Gran Canaria.

En su intervención, el presidente Torres destacó que, durante 2022 y en línea con la intensa recuperación económica y turística que ha experimentado Canarias tras las distintas olas de la pandemia, el puerto de Playa Blanca volvió al millón de usuarios y se mostró convencido de que esa cifra se incrementará durante este 2023.

El presidente destacó la importancia de que, tras los efectos de la covid-19 en 2020 y 2021, se haya recuperado la inauguración de obras, “en este caso, además, con un trabajo bien hecho tras cinco años de intervención y más tiempo aún de preparación del proyecto”. Torres considera muy llamativo que las obras no se paralizaran ni durante la peor etapa del confinamiento y cree clave esta intervención para seguir mejorando la conectividad entre las dos islas. “Es un día, por tanto, para estar felices. Tenemos una gran conectividad en Canarias por el esfuerzo social y por los logros parlamentarios y políticos -añadió-, y aún hay que mejorar lo que hoy es ejemplar”.

“Estas obras nos hacen mirar el futuro con optimismo”

Torres resaltó que, en esos difíciles tiempos de confinamientos y restricciones, empresas como Naviera Armas, Fred Olsen… y otras en el sector aéreo de las islas hicieran un gran esfuerzo para mantener la conectividad, pese a que suponía “pérdidas tremendas”, algo que no ocurrió con esa intensidad y apuesta privada en otros archipiélagos.

Inauguración de la ampliación del puerto de Playa Blanca.
Un momento de la inauguración de la ampliación del puerto de Playa Blanca.

A su juicio, “esto demuestra que tenemos una Comunidad líder en tomar decisiones difíciles en momentos muy complicados”. Además, Torres cree que la calidad que refleja esta ampliación portuaria, por lo que aporta en comodidad, materiales y operatividad de los atraques, el nuevo aparcamiento o la estación, “hace que miremos hacia el futuro con optimismo, caminando en inversión y protegiendo a los que tienen ideas positivas para nuestra tierra, además de peleando para que no se frene ninguna inversión que ayude a mejorar la vida de los canarios”.

Para el presidente, este renovado puerto de Playa Blanca sitúa a la gente de Lanzarote y Fuerteventura en la línea correcta de la mejor conectividad, refuerza la autopista marítima entre ambas islas y se consigue con un trabajo “bien hecho”.

Por su parte, el consejero del área afirmó que “hoy se cumple un sueño, un sueño de hace muchos años, de hace más de 20 años, cuando se empezaron a redactar las primeros líneas de la futura ampliación del puerto de Playa Blanca. Un sueño que se hace realidad en Playa Blanca, para el municipio de Yaiza, para Lanzarote y también para toda Canarias. Un sueño que se cumple apostando por la sostenibilidad, la accesibilidad y, en especial, por la seguridad del puerto. Es un puerto que alcanza, en definitiva, la calidad y la excelencia en el sector turístico y también en el sector marítimo de esta isla y del conjunto de Canarias”.

Franquis, sin embargo, apuntó que “aquí no acaba, ni mucho menos, el esfuerzo de la Consejería por modernizar y mejorar los puertos. Ahora, nuestro objetivo es actualizar e incorporar la calidad, la seguridad y la sostenibilidad de este puerto que hoy inauguramos en la otra orilla de esta autopista marítima entre Lanzarote y Fuerteventura, precisamente en el puerto de Corralejo, donde ya estamos preparando un proyecto con una inversión de 40 millones de euros”.

Segregación de tráficos y más espacios y seguridad

El objetivo del proyecto de ampliación, que se inició en 2017, ha sido el de reordenar la dársena que ya formaba parte del puerto y ampliar las instalaciones con un nuevo dique al sur para segregar los tráficos de los buques de pasajeros de los de las embarcaciones deportivas y de pesca, lo que redunda en una mayor seguridad tanto en las operaciones de atraque de los ferris como en las de los yates y barcos de pesca.

La construcción del nuevo dique permite que la dársena exterior tenga capacidad para tres atraques con rampa de longitudes de 300 metros, 142 metros y 100 metros, y para un atraque de fondo de 75 metros. Los atraques cuentan con más de 11.000 metros cuadrados de explanadas de servicio.

Otras características de las nuevas instalaciones

El nuevo puerto, que ha ido entrando en servicio por tramos desde hace un año, ha evidenciado ya los múltiples beneficios que está brindando a la comunidad que de manera habitual hace uso de las instalaciones, tanto los pasajeros como los servicios y mercancías. Tras la ampliación, pesqueros y embarcaciones recreativas ganan en seguridad y espacio ya que la zona de atraque del muelle original estará destinada exclusivamente a este tipo de barcos. El puerto contará también con 155 nuevas zonas de atraque para embarcaciones deportivas.

En la nueva dársena construida al sur del muelle se concentran los barcos de pasaje, ya que el nuevo dique aumenta la capacidad de recepción de pasajeros alcanzando casi el millón en 2022 y con más de 320.000 vehículos entre coches y transporte industrial. El nuevo dique de abrigo, con 300 metros de longitud, ha permitido que las diferentes navieras de pasajeros que operan en el puerto tengan ahora más espacio de maniobra, lo que se traduce en mayor seguridad para los viajeros y mejor capacidad de carga de vehículos de mayor volumen como son los de mercancías.

Uno de los principales atractivos del nuevo puerto es la estación ecosostenible, que además de ser un espacio abierto que aprovecha las corrientes naturales de aire para su ventilación sin la necesidad de aire acondicionado, también sigue la estética predominante en la isla respetando el legado de César Manrique, al tiempo que ofrece a pasajeros, turistas y personal de navieras una terminal moderna y diáfana que contribuirá al desarrollo de Lanzarote y Fuerteventura. La nueva terminal ocupa 1.800 metros cuadrados y albergará en su interior dos locales comerciales, nueve oficinas, una zona de aseos y un restaurante.

La zona de aparcamiento también se verá mejorada con un aumento de la capacidad y con seis puntos de recarga destinados a vehículos eléctricos. Concretamente habrá dos espacios de aparcamiento, uno con 85 plazas en la zona del muelle deportivo y el anexo a la nueva terminal con espacio para otros 190 vehículos más. La zona de recarga podrá ser utilizada hasta por cuatro vehículos a la vez. También habrá espacio para guaguas y cuatro taxis, así como una zona de carga y descarga rápida de pasajeros junto al nuevo edificio terminal.

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Canarias se prepara para la transformación del sistema judicial que se pondrá en marcha en un futuro próximo

Canarias se prepara para la transformación del sistema judicial que se pondrá en marcha en un futuro próximo

Julio Pérez asiste en Toledo a la Conferencia Sectorial de Justicia en la que se ha informado del estado de tramitación de los proyectos de ley que van a impulsar un cambio sustancial en esta materia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recuerda la necesidad de adaptar las reformas previstas a la geografía insular del archipiélago

Muestra su confianza en que las futuras oficinas judiciales municipales entrañen mejoras significativas en la labor que desempeñan los antiguos juzgados de paz

“Canarias se prepara para la transformación del sistema judicial que se pondrá en marcha en un futuro próximo”, según ha declarado este jueves el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, al termino de la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada en Toledo, presidida por la ministra Pilar Llop, a la que ha asistido acompañado por la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos.

Julio Pérez ha manifestado que la Conferencia Sectorial había sido informada del estado de tramitación de los proyectos de ley que van a “impulsar un cambio sustantivo” en el funcionamiento de la justicia, que son, ha explicado, el proyecto de Ley de Eficiencia Procesal, de Eficiencia Organizativa y de Eficiencia Digital en la Administración de Justicia, todos ellos, salvo este último, que se espera que pronto pueda iniciar también su paso por las Cortes, en fase de tramitación parlamentaria.

En la misma sesión, se ha analizado el estado de ejecución de los proyectos financiados con fondos europeos destinados a la mejora de la justicia, de los que Canarias ha recibido más de 25 millones de euros, y que tal y como quedó establecido en el programa acordado por las comunidades autónomas y el Ministerio de Justicia, se tienen que destinar a la adquisición de infraestructuras tecnológicas, a servicios homogéneos, a través de los cuales se pretenden desarrollar los sistemas de gestión procesal de cada comunidad autónoma, garantizando una serie de servicios comunes que permitan la integra y eficaz gestión telemática; y a proyectos de ciberseguridad.

La Conferencia Sectorial ha aprobado también el denominado Manifiesto del dato, que contiene los principios sobre los que construir un espacio público del dato en el sector judicial, lo que posibilitará, ha dicho el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, “un conocimiento directo no solo para los operadores jurídicos, sino para cualquiera, de todos los datos del sector, y permitirá evaluar el grado de corrección y posibles deficiencias de las políticas públicas en materia de justicia”.

Entre los objetivos de este manifiesto están dirigir la gestión del sistema de Justicia como un modelo orientado a datos, promover la innovación y las mejoras del servicio público de Justicia, canalizar a través de los datos el sistema de gobernanza y del espacio público, y promover la cohesión social y territorial.

“Los datos deben ser un medio que nos ayude a definir, diseñar y afinar mucho más las políticas públicas en materia de Justicia, utilizando recursos adecuados para implantar el nuevo modelo de Justicia”, ha subrayado la ministra Pilar Llop.

Oficina judicial

Además, se ha debatido y dado los primeros pasos para la implantación de lo que se llamará oficina judicial municipal, con el objetivo de contribuir a superar las brechas de acceso público a la Justicia y reforzar el derecho fundamental de la tutela judicial efectiva. Julio Pérez ha mostrado su confianza en que conlleve “mejoras significativas” en la labor que desempeñan los antiguos juzgados de paz, que se transformarán en oficinas judiciales.

Este avance se enmarca en el plan Justicia 2030/Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia (PRTR) de implantación del nuevo modelo organizativo del servicio público de Justicia. La oficina judicial es una figura recogida en el proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa, aprobado en Consejo de Ministros el pasado abril, que tiene entre sus funciones ser una puerta de acceso único a la Justicia para la ciudadanía.

El alcance de esta nueva medida comprende las 431 oficinas judiciales asociadas a los tribunales de Instancia correspondientes a los 431 partidos judiciales establecidos en todo el territorio estatal.

En este sentido, la ministra de Justicia ha recordado que “estamos pendientes de la aprobación parlamentaria de las leyes de eficiencia que sustentan el gran proyecto modernizador y transformador de la Administración de Justicia. La Justicia es un poder, pero la Justicia es también un servicio público que queremos que esté al nivel del servicio público educativo o el servicio público sanitario, y el despliegue de las oficinas de justicia municipales lo pondrá al alcance de los ciudadanos”.

Llop se ha mostrado convencida de que “no hay nada tan cohesionador social y territorialmente como que cualquier ciudadano, en cualquier lugar en que se encuentre pueda acceder a los recursos de Justicia”.

Entre los servicios generales que incorporará la nueva Oficina Judicial están el de atención al público, profesionales y operadores; el servicio de asistencia a víctimas, con el objetivo de ofrecer una asistencia comprendiendo sus necesidades y dando una respuesta ágil y eficaz de conformidad con la normativa, protocolos y procedimientos vigentes; así como el servicio de implementación y promoción de medios adecuados de solución de controversias (MASC), con el fin de informar sobre la naturaleza de los MASC, su contenido, efectos de su utilización y recursos existentes.

La oficina judicial también tiene previsto atender servicios de registro y reparto, servicios de coordinación de señalamientos y control de citaciones y emplazamientos, y servicios de tramitación en la ejecución del procedimiento y coordinación con el Registro Civil, entre otros.

Por otro lado, la ministra de Justicia también ha anunciado la constitución de un comité para la preparación de la presidencia europea en materia de Justicia con las comunidades autónomas (CCAA) con competencias transferidas y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Interoperabilidad

En el contexto de la Conferencia Sectorial, la ministra ha anunciado que, “después de muchos años, todos los sistemas de gestión procesal, los siete, son interoperables con el Tribunal Supremo”.

Llop ha indicado que este avance es “una importante novedad”, y ha añadido que la Administración de Justicia llevaba “muchos años esperándolo y trabajando sobre ello”.

En este sentido, la ministra ha destacado que es “un primer gran paso para avanzar en la interoperabilidad y en ese diálogo tecnológico que tiene que existir entre todos los sistemas de gestión procesal de los distintos territorios”.

Becas impulsadas desde el Ministerio de Justicia

Por otro lado, también se ha abordado el paquete de becas para la preparación de oposiciones a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia y abogados del Estado impulsadas por el Ministerio.

Las 245 becas, que han sido ya convocadas, tienen una dotación de 1,6 millones de euros. De estas, 173 se dedicarán a la preparación para las carreras judicial y fiscal, 60 para el cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y las 12 becas restantes se destinarán a preparar las oposiciones para el cuerpo de abogados del Estado. Cada beca está dotada con 6.611 euros anuales.

Al igual que en otras ocasiones, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad intervino para recordar que el modelo organizativo que se implante con la reforma prevista debe adaptarse a la geografía insular del Archipiélago. Ante la celebración de la próxima conferencia sectorial, que tendrá lugar en noviembre, Julio Pérez ha valorado positivamente la continuidad del régimen de cogobernanza territorial alcanzado durante las reuniones que se han venido celebrando.

En el encuentro con las comunidades autónomas han acompañado a la ministra, por parte del Ministerio de Justicia, el secretario de Estado de Justicia (SEJ), Tontxu Rodríguez; el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo; la directora general el Servicio Público de Justicia, María dels Àngels García Vidal; y el director general de Transformación Digital de la Administración de Justicia, Aitor Cubo, entre otras autoridades.

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El Gobierno promueve un debate jurídico en el segundo año de la reforma estatutaria en el marco de su desarrollo

Coincidiendo con el segundo aniversario de la entrada en vigor de la reforma del Estatuto de Autonomía, el Ejecutivo autonómico organiza unas jornadas que abordarán las relaciones Canarias-Estado, el desarrollo del sistema electoral o las posibilidades y límites del texto estatutario durante seis sesiones, que se celebrarán en la modalidad online

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) ha organizado, en colaboración con Presidencia del Gobierno, unas jornadas que tienen como objetivo examinar y analizar el desarrollo en los próximos años del Estatuto de Autonomía de Canarias coincidiendo con el segundo aniversario de la entrada en vigor de la reforma del texto estatutario, continuando con la línea de trabajo que viene desarrollando el Ejecutivo canario. Así lo expone el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, que añade que, por este motivo, el Gobierno promueve un debate jurídico a través de unas jornadas que se celebrarán en seis sesiones, entre los días 5 y 19 de noviembre, en la modalidad online, a través de un entorno virtual, para salvar las dificultades que se derivan de la actual situación sanitaria ocasionada por la Covid-19.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, participará el 5 de noviembre en la apertura de las jornadas que llevan por título ‘El Estatuto de Autonomía de Canarias ante el reto de su desarrollo en la X Legislatura autonómica (2019-2023).

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica hoy la resolución por la que se convocan las jornadas, que tendrán lugar los días 5, 6, 10, 12, 17 y 19 de noviembre y estás dirigidas al personal funcionario y laboral de todos los grupos de las Administraciones Públicas de Canarias (Administración Local, Autonómica y General del Estado), el personal de administración y servicios de las Universidades Públicas de Canarias y el del Parlamento de Canarias. El número de plazas asciende a 150 y la presentación de las solicitudes se podrá realizar hasta el próximo 22 de octubre a través de la Secretaría Virtual del ICAP.

La directora del ICAP, Eva de Anta, informa de que profesionales de reconocido prestigio abordarán diferentes aspectos sobre la norma institucional básica de Canarias, como las posibilidades y límites del nuevo estatuto, las relaciones Canarias-Estado, el desarrollo del sistema electoral o el marco competencial.

De Anta, detalla que el contenido de las jornadas se presentará principalmente a través de paneles en los que analizarán entre otros asuntos, la Administración de Justicia en el nuevo texto estatutario, el papel de las administraciones locales canarias ante el reto de la descentralización administrativa, la articulación de los derechos de la ciudadanía y las políticas sociales y el desarrollo de las competencias sobre actividades económicas, empleo e infraestructuras.

Las jornadas se enmarcan en programa de actividades del ICAP para 2020 y se desarrollarán durante seis sesiones. En horario de mañana y con un total de 19 horas lectivas servirán para analizar las implicaciones de la Ley Orgánica 1/2018 de 5 de noviembre de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y su posible proyección en los próximos años.

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