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Julio Pérez reclama una reflexión colectiva sobre la elevada litigiosidad en Canarias

Julio Pérez reclama una reflexión colectiva sobre la elevada litigiosidad en Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad señala que “hasta ahora no ha habido una explicación clara de las causas de esta situación”

En su opinión, «no puede atribuirse a una deficiencia de la Justicia»

Según los últimos datos oficiales del CGPJ, Canarias registró durante el tercer trimestre del 2022 una tasa de litigiosidad de 41,1 pleitos por cada 1.000 habitantes, la más alta del Estado, que en su conjunto fue de 32,1

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha reclamado una reflexión colectiva –Parlamento, Gobierno y operadores jurídicos– sobre la elevada litigiosidad que se registra en Canarias, pues, “hasta ahora, no hay una explicación clara de las causas de esta situación, de por qué en Canarias se ponen más pleitos y se va a los tribunales más que la media de los españoles”.

Según los últimos datos oficiales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comunidad Autónoma de Canarias registró durante el tercer trimestre del año 2022 una tasa de litigiosidad de 41,1 pleitos por cada 1.000 habitantes, la más alta del Estado en el periodo de estudio, que en su conjunto fue de 32,1, nueve puntos menos. Y ello a pesar de que en el mismo periodo las islas obtuvieron la segunda mejor tasa de resolución del país. Hay que retroceder a las estadísticas judiciales de hace siete años, a 2016, para no encontrar a Canarias a la cabeza de las regiones donde más se pleitea.

Además de haber sido Canarias la comunidad donde más se litigó en ese intervalo de tiempo, la provincia de Las Palmas fue la cuarta con mayor tasa de litigiosidad, 43,17 pleitos por cada 1.000 habitantes. La primera fue Ceuta (46,35), la segunda Málaga (43,69) y Lugo la tercera (43,43). En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, la tasa de litigiosidad en el periodo de referencia fue de 35,7, lo que la sitúa en los puestos medios de la tabla nacional. La provincia más tranquila en cuanto a pleitos fue Lleida, con 18,92 litigios por cada 1.000 habitantes.

A raíz de una pregunta efectuada por la diputada socialista Matilde Fleitas en la Comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad del Parlamento de Canarias, en la que indicó que en las islas “litigamos mucho, pero nuestros órganos administrativos y judiciales también resuelven proporcionalmente”, Julio Pérez ha señalado que la litigiosidad excesiva de Canarias “quizás sea uno de los problemas más importantes de la Justicia de Canarias”.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que, aunque se podría caer en la tentación de pensar que se debe a que la Justicia funciona peor, la excesiva litigiosidad “no puede atribuirse a una deficiencia de la Justicia”. Más bien al revés, ha dicho, “se podría pensar que los ciudadanos y las ciudadanas confían en la Justicia”.

Tampoco hay ningún dato que respalde que los canarios y las canarias tienen dificultades para llegar a acuerdos o entendimientos que eviten los conflictos, ha manifestado Julio Pérez, quien ha insistido en que la realidad es que año tras año, mes tras mes y semana tras semana, “tenemos más pleitos que el resto de los españoles”.

A su juicio, “algo nos pasa y convendría tener una explicación”. Mientras tanto, “si no tenemos ninguna y tenemos muchos pleitos, tendremos que poner más medios, ya que –ha apuntado– no se le puede decir a la gente que no vaya a los juzgados”. “Habrá que acomodar la oferta de medios judiciales a la demanda”, ha resaltado.

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Julio Pérez agradece al Juzgado de Violencia contra la Infancia su protección especial a más de 400 menores

Julio Pérez agradece al Juzgado de Violencia contra la Infancia su protección especial a más de 400 menores

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad muestra su admiración por esta iniciativa que califica de importantísima porque demuestra que se puede humanizar la justicia envuelta tradicionalmente de aspereza

El presidente del TSJC espera que esta experiencia piloto, que cuenta con el refrendo de la sala de gobierno y el CGPJ, sea exportable a todos los partidos judiciales del archipiélago

Tomás Martín, impulsor del Juzgado, subraya que el objetivo es sacar a la víctima cuanto antes del proceso y reducir los plazos, lo que ha permitido que la media de realización de la prueba preconstituida sea de 13 días

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha agradecido al titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín; a la letrada de la Administración de Justicia de este Juzgado, Ana Sola, y a todo su equipo, el trabajo desarrollado a lo largo del último año, que ha permitido ofrecer una protección especial a más de 400 niños, niñas y adolescentes.

Julio Pérez, que intervino ayer en la presentación de la Guía de Actuación del citado Juzgado –un detallado documento de 123 páginas–, junto con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), Juan Luis Lorenzo; el decano del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Juan Avelló, y el propio Tomás Martín, ha mostrado su admiración y respeto por la labor llevada a cabo a través de este proyecto puesto en marcha, gracias a la colaboración de su departamento, hace un año, tiempo en el que se ha atendido a 406 víctimas y registrado 365 causas.

También ha calificado de importantísima esta iniciativa porque demuestra que se puede humanizar la justicia, envuelta tradicionalmente de aspereza. “Con la misma ley y las mismas personas, los mismos medios, han hecho realidad un procedimiento, una justicia, que no es áspera”, ha dicho. Igualmente, ha hecho hincapié, citando el texto de la memoria del juzgado de este primer año, en que ese proceso de humanización de la justicia “es un camino de excelencia enfocado hacia la eficiencia y eficacia del trabajo que realizan los trabajadores del juzgado”.

Ha resaltado la disponibilidad de los trabajadores, que no han tenido ningún inconveniente, sino todo lo contrario, en incorporarse antes y salir más tarde, para poder atender el incremento de la carga de trabajo, con un importante componente emocional, que ha supuesto la puesta en marcha de este proyecto piloto.

El consejero se ha referido a la incorporación de novedades técnicas y tecnológicas, que no es ajena a la justicia, a pesar de que a veces se cree lo contrario, y ha señalado la comunicación, para agilizar las pruebas periciales, e incluso la arquitectura, adaptada a las necesidades de las víctimas y con objeto de proteger al menor. “Todo esto es muy importante”, ha recalcado.

Julio Pérez ha manifestado su satisfacción doble, tanto por su papel de responsable de la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias como por la protección al menor, que le produce los resultados logrados por el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, un proyecto pionero en España.

Un referente y un verdadero orgullo

También el decano del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria ha tenido palabras de felicitación para Tomás Martín como impulsor del proyecto y por haber contagiado a los trabajadores de su juzgado, que se ha convertido en un referente y un verdadero orgullo, al proporcionar una especial protección y tutela a los menores que son víctimas de violencia. En este sentido, ha advertido de que “una sociedad que no cuida a sus niños y niñas no tiene futuro”.

El presidente del TSJC ha hecho énfasis en los resultados obtenidos en este primer año de funcionamiento del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia, “concretos y tangibles”, y en la necesaria coordinación y cooperación de todas las partes implicadas para alcanzarlos. “Un proyecto que aglutina y motiva hace que todos arrimen el hombro”, ha explicado, a la vez que ha mostrado su deseo de que esta experiencia sea exportable a todos los partidos judiciales del Archipiélago, partiendo de que tiene el refrendo de la sala de gobierno del TSJC y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Tomás Martín, por su parte, ha manifestado su gratitud, en primer lugar, a sus compañeros, y después, al trabajo del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas, cuya directora, María José Melián estaba presente, por el servicio de calidad y diferenciado que proporciona al Juzgado, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también estaban representados, por su dedicación y disponibilidad, y a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad por la dotación de recursos, tanto humanos como materiales, así como su impulso, para hacer realidad este proyecto.

Ha apuntado que los procedimientos que están aplicando en el Juzgado están siendo copiados en todo el mundo y ha subrayado que el objetivo principal es sacar a la víctima cuanto antes del proceso, reducir los plazos, lo que ha permitido que la media de realización de la prueba preconstituida sea de 13 días.

A la presentación de la guía asistieron, entre otros, la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos; la fiscal jefe provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Beatriz Sánchez; y el secretario coordinador de la sala de gobierno del TSJC, Carlos Rubio.

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Justicia implanta un sistema automatizado que informa de la prestación de los servicios mientras dure la alarma

Chatbot de Justicia

Se trata de un chatbot al que se accede desde la web de Justicia de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Este programa informático utiliza mensajes estructurados para ofrecer información, resolver dudas y aportar sugerencias sobre la prestación de los servicios que prestan tribunales y juzgados mientras dure el estado de alarma

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, pone en marcha un sistema automatizado para brindar información a la ciudadanía sobre las implicaciones del estado de alarma en la forma en que se prestan los servicios esenciales en los juzgados y tribunales durante este periodo y el acceso a la Administración de Justicia en general.

Se trata de un chatbot, tecnología que emplea inteligencia artificial para ofrecer, a modo de conversación, información a quien lo consulte a fin de resolver dudas en temas concretos y aportar sugerencias sobre la prestación de los servicios que prestan tribunales y juzgados mientras dure el estado de alarma.

Las áreas temáticas sobre las que se puede consultar en el chatbot incluyen dudas y autodiagnóstico sobre la Covid-19; preguntas comunes del estado de alarma; Registro Civil y cuidado de menores; Derecho Civil y Trámites notariales y tributarios; Juzgados de Guardia y Justicia Penal, y violencia de género.

Los contenidos serán objeto de actualización constante, al tiempo que las respuestas se irán perfeccionando a medida que aumenten las consultas.

Esta labor de actualización se lleva a cabo con la colaboración de la asociación Jueces y juezas para la democracia en Canarias, que participa en el proyecto mediante la aportación de información que, una vez tratada, constituye la base con la que el sistema interactúa y responde a las preguntas de la ciudadanía.

La tecnología

El chatbot ofrece servicios de información con carácter general y de forma inmediata, por lo que minora los tiempos de espera en relación a la atención presencial y telefónica en las oficinas judiciales. Además, es capaz de tender múltiples solicitudes de forma simultánea.

Brinda una atención inteligente al retroalimentarse mediante demanda o nuevos contenidos vinculados a reformas organizativas o legales, al tiempo que emplea un lenguaje adecuado y de forma personalizada.

Asimismo, permite obtener información sobre las necesidades futuras de la ciudadanía vinculada a la Administración de Justicia, y aporta conocimiento que permite detectar incrementos en asuntos de entrada o necesidades futuras.

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