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El Gobierno canario implanta un sistema de comparecencias judiciales a distancia y con identificación biométrica

Implantación sistema sistema de comparecencias judiciales a distancia, geolocalizadas y con identificación biométrica

Se sustituye la personación física por una identificación remota que, progresivamente, se generalizará al resto de órganos judiciales de la Comunidad Autónoma

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha puesto en marcha en los juzgados de instrucción de Las Palmas de Gran Canaria un sistema remoto de comparecencias por el que se sustituye la personación física por una identificación biométrica remota y segura a través del móvil. Se trata de una experiencia pionera en todo el Estado que, progresivamente, se generalizará al resto de órganos judiciales de la Comunidad Autónoma.

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, explica que se trata del Sistema de Comparecencias Apud Acta en Remoto (SCAAR), desarrollado por la empresa Inetum para la Administración de Justicia de Canarias y cuya implantación implica gran cantidad de ventajas, tanto para la persona sobre la que se fija la medida judicial de comparecencias periódicas, que podrá sustituirlas, si así lo consiente, por su verificación remota a través de su teléfono móvil, como para la propia Administración de Justicia.

Vallejo detalla que mediante esta tecnología se pasa de un proceso netamente manual y humano de verificación de comparecencias a un sistema íntegramente digital que, además, se integrará dentro del Sistema de Gestión Procesal generando notificaciones y alertas inmediatas. Destaca que se gana en eficiencia y maximización de las capacidades de recursos humanos de la Administración de Justicia al informatizar una labor que antes solo podía hacerse a través de la presencia física directa.

Asimismo, resalta su especial trascendencia y virtualidad en estos momentos de crisis sanitaria, pues evita traslados y acumulación de personas en los órganos judiciales y profundiza en la tónica de apoyarse en las nuevas tecnologías para mejorar el servicio público.

Sistema remoto

El Sistema de Comparecencias Apud Acta en Remoto habilita la sustitución de la personación física en los días marcados por la autoridad judicial cuando se acuerda una medida cautelar por una identificación biométrica remota y segura a través del móvil. Para su desarrollo, ya implementado y contrastado con éxito en mercados como el de la aeronáutica, control de fronteras o bancario, entre otros, cuenta con sistemas de verificación documental y sistemas de biometría facial.

Se trata de una solución bifásica en la que la persona compareciente verifica su identidad con cualquier documento válido y genera su credencial biométrica a través de reconocimiento facial. Una vez generada la credencial, se emplea para verificar su identidad a distancia acompañada de una geolocalización que permite verificar que la persona se encuentra en el territorio en el que debe permanecer.

De esta manera hay una doble comprobación. En primer lugar, una verificación de la identidad de la persona, indispensable para garantizar la comparecencia, y en segundo lugar la identificación biométrica que confirma y evita el fraude de identidad.

En cuanto a la seguridad y fiabilidad, los sistemas de biometría facial soportan tecnologías para evitar usos fraudulentos con máscaras o fotografías que puedan propiciar una suplantación de identidad y garanticen que, en base a un algoritmo calculado entre una tasa definida la evidencia facial capturada, es de una persona real y coincidente con la tenedora del documento verificado

 

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El Hospital General de Fuerteventura activa el Plan de Contingencia contra la COVID-19 

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El centro garantiza espacios y recursos para atender la demanda asistencial ante la situación pandémica en la isla

El Hospital General de Fuerteventura, centro del Servicio Canario de la Salud y adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha activado la primera fase del Plan de Contingencia contra la COVID-19 elaborado por la Gerencia de Servicios Sanitarios para atender la demanda asistencial ante la situación pandémica en la isla.

Recordemos que todos los hospitales de Canarias elaboraron sus planes de contingencia antes del pasado verano con el objetivo de estar preparados ante repuntes de contagios e ingresos en el entorno de la pandemia. En este caso, el Hospital de Fuerteventura no ha tenido que recurrir a estos planes hasta ahora al haber tenido una evolución muy estable de los casos COVID. Sin embargo, en las últimas semanas la isla ha experimentado un incremento de su Incidencia Acumulada y de sus hospitalizaciones que han llevado a activar este plan en aras de garantizar la asistencia de calidad a todos los pacientes.

En este sentido cabe recordar que la Unidad de Cuidados Intensivo (UCI) dispone de 8 camas, que hasta el momento han dado respuesta a los casos que se han presentado en la isla, tanto de pacientes críticos afectados por COVID-19 como por otras dolencias. Actualmente, de los diez pacientes afectados por COVID-19 hospitalizados en el centro, siete se encuentran en UCI, lo que ha llevado a la activación de la primera fase del Plan de Contingencia, que la marca una ocupación igual o mayor al 50% de las plazas disponibles.

Las medidas recogidas en el Plan prevé la reconfiguración y disposición de varias áreas del centro para la atención a pacientes críticos. De esta manera, y una vez que las 8 camas de la UCI tradicional del centro fueran ocupadas por pacientes afectados por COVID-19, se activarían estos recursos, tal y como ha ocurrido en otros hospitales de las Islas.

Además, el Hospital ha previsto tres camas más en la Unidad de Reanimación Postquirúrgica (REA) para atención a pacientes críticos. Además, conforme a lo previsto en el Plan de Contingencia, a lo largo de esta semana se dispondrá de seis puestos que podrán alojar pacientes críticos habilitados en la nueva planta de hospitalización de Medicina Interna.

El gerente de Servicios Sanitarios de Fuerteventura, José Luís Rodríguez Cubas, explica que las medidas previstas en las diferentes fases del Plan de Contingencia están diseñadas para garantizar la respuesta asistencia en caso de un incremento de la demanda y los ingresos hospitalarios para hacer frente a la situación pandémica en la isla. Asimismo, detalla que inicialmente la atención a los pacientes críticos afectados por COVID está centralizada en la UCI, pero el centro tiene previstos los recursos, espacios y equipamientos suficientes para garantizar la atención si se sobrepasará la capacidad de esta unidad.

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El Servicio Canario de la Salud presenta su proyecto ‘Salud Zer0 emisiones 2030’

El director del SCS, Conrado Donínguez, participa en el foro Greentalks Cambio Climático y Salud en las comunidades autónomas

El director del SCS, Conrado Domínguez, presentó esta tarde el proyecto Salud Zer0 Emisiones 2030, en el que trabajan las consejerías de Sanidad y Transición Ecológica. Y lo hizo en el foro Greentalks Cambio Climático y Salud en las Comunidades Autónomas organizado por Gaceta Médica y Muy Interesante.

En este foro participaron, entre otros, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero y el consejero de Sanidad de la Junta de Extremadura, José María Vergeles. Asimismo participaron Felipe Villar, vicepresidente de la Sociedad Madrileña de Neumología y Cirugía Torácica Neumomadrid y Carlos Cabrera, neumólogo del Hospital Universitario Dr. Negrín de las Palmas de Gran Canaria.

Conrado Domínguez afirmó que un servicio sanitario sostenible es necesario y que es el momento de “tomar decisiones” porque “los servicios sanitarios deben ser un ejemplo a seguir por otros sectores en materia medioambiental porque son promotores de la prevención en salud”. Recordó que en septiembre de 2019 el Gobierno de Canarias declaró el Estado de Emergencia Climática de Canarias e insistió en que el cambio climático “influye directamente en la desigualdad social y, por tanto, en la desigualdad sanitaria”.

Proyecto Salud Zer0 emisiones 2030

En este foro, el director del SCS adelantó el contenido del ambicioso proyecto Salud Zer0 Emisiones 2030 que tiene como gran objetvo “tender al cero emisiones contaminantes en 2030”.

En este sentido explicó las intervenciones sociosanitarias que pueden prevenir los efectos del cambio climático y que irán en consonancia con el Plan de Salud de Canarias. Este plan incluye un objetivo de reducción de emisiones netas recomendando el uso de tecnología y el establecimiento de indicadores para reducción de recursos hídricos, residuos y plásticos de un solo uso.

Además, el SCS se trabaja en la reducción de emisiones indirectas con la proyección de que la energía adquirida sea 100% renovable en 2030. También se trabaja en la reducción de emisiones indirectas provenientes de la producción y transporte de bienes y servicios adquiridos, incluyendo la cadena de suministro.

Para llevar a cabo estos objetivos se establece una amplia batería de medidas estratégicas con vocación de permanencia entre las que se encuentran la priorización de la salud ambiental. En este sentido, se ha creado un grupo de trabajo interdisciplinar con el apoyo de la dirección del SCS para promover la investigación en este ámbito e involucrar a profesionales y a la comunidad.

Además, el plan promueve la reducción de la huella de carbono en los transportes minimizando los desplazamientos, mejorando la accesibilidad a los servicios sanitarios con la potenciación de la Atención Primaria y los proyectos de telemedicina y salas virtuales del SCS. El plan incluye el fomento del transporte público y comunitario y la mejora de la eficiencia energética de la flota de vehículos y transición hacia el eléctrico a la vez que la priorización de proveedores que generen baja huella de carbono en el transporte mediante la contratación pública.

Con respecto a los inmuebles y proveedores, Domínguez explicó que se promoverán los “edificios verdes con poco impacto en su construcción en la huella de carbono, integrados con el medio, evitando el uso de materiales nocivos o contaminantes” y también “la compra pública medioambientalmente sostenible exigiéndoles, entre otros aspectos, cláusulas de sostenibilidad”.

Entre las medidas se incluirá la reducción de la huella de carbono de las medicinas con mayores emisiones. Por ello el SCS va a instar a la recomendación de los inhaladores de dosis medida con baja huella de carbono y al uso de técnicas alternativas a gases anestésicos cuando sea posible además del fomento del reciclado de envases en colaboración del sistema SIGRE.

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Obras Públicas ultima una nueva declaración ambiental para garantizar el tercer carril de la TF-1

El consejero Sebastián Franquis anuncia que la nueva DIA del proyecto para dar cumplimiento a la sentencia del Supremo, se enviará en breve para su tramitación por Transición Ecológica

Mientras se hace firme el cumplimiento de la sentencia, la Consejería sigue realizando trabajos en la obra del enlace Chafiras-Oroteanda para garantizar la seguridad de la vía y de los barrancos

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado hoy que su departamento contará en los próximos días con una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto Tercer Carril de la TF-1. Tramo: San Isidro-Las Américas, para adecuarla a las exigencias de la Sentencia del Tribunal Supremo que hace unos meses declaró nula la anterior DIA, bajo cuyo amparo se están ejecutando actualmente, y dentro del tramo afectado, las obras del enlace Chafiras-Oroteanda. El consejero regional informó en comisión parlamentaria que esta nueva DIA será enviada próximamente a la Consejería de Transición Ecológica para su evaluación ambiental en el menor tiempo posible y, de esta forma, poder continuar las obras del enlace con todas las garantías jurídicas.

“Desde que conocimos la sentencia nos hemos dedicado de forma intensiva a buscar una solución que afecte lo menos posible a la continuidad de las obras”, afirmó el consejero Franquis. “Todos coincidimos en que el proyecto de tercer carril de la TF-1 es una obra fundamental para la movilidad de Tenerife, y especialmente este enlace de Oroteanda y Las Chafiras. Por eso estamos trabajando conjuntamente con el Cabildo de Tenerife para que la solución definitiva a las exigencias de la sentencia del Supremo se ponga sobre la mesa de forma inmediata”.

Sebastián Franquis explicó que la Consejería está trabajando en una doble solución para solventar las pegas que la sentencia del Supremo plantea a la ejecución actual de las obras en San Miguel de Abona. Por un lado, para asegurar la viabilidad medioambiental de la obra, se encargó a la asistencia técnica y dirección facultativa de la misma los trabajos que establece la Ley de evaluación ambiental, que recoge que debe realizarse la adecuación de la DIA de un proyecto cuya ejecución ya se ha iniciado cuando se tenga que ejecutar una sentencia firme.

Por otro lado, se ha encargado la redacción del Proyecto Modificado 1 de las obras, con las adecuaciones medioambientales necesarias que permitirá, si fuera necesario resolver el contrato actual, iniciar una nueva licitación y terminar las obras ya iniciadas.

“La reciente comunicación del Supremo nos obliga, en base a la legislación Contencioso-administrativa, a la ejecución de la Sentencia en el plazo de dos meses que finalizará, por tanto, el próximo 11 de mayo”, añadió el consejero Franquis, a la vez que destacó que “estamos trabajando en coordinación con los servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma para llevar a cabo las actuaciones que deban ser necesarias para cumplir el fallo de la sala, y simultáneamente avanzar los trámites en el caso de que definitivamente fuese necesario parar la obras”.

Hasta que termine el plazo de ejecución de la sentencia, continúa una parte de las obras de este enlace de Chafiras-Oroteanda, las que no afectan la trazado viario objeto del fallo judicial, terminando todas las actuaciones necesarias para que la seguridad de la vía y de los barrancos en los que se ha intervenido sea máxima, sobre todo ante situaciones de fenómenos meteorológicos adversos y, así, se está finalizado el drenaje en el cauce del Barranco Archile, y que podrían tener graves efectos si el cauce del barranco quedara obstruido por un largo periodo de tiempo.

El consejero Franquis reconoció que paliar los efectos de esta sentencia es una de las prioridades de su departamento en este momento. “Esta es una obra es fundamental para la movilidad de Tenerife, pero también para mejorar el corredor hidráulico en esta comarca que se está ejecutando al mismo tiempo que la obra de carretera, lo que constituye un ejemplo de coordinación entre administraciones, ya que hemos trabajado con el Cabildo, que financia esta obra, para llevarla a cabo”, añadió.

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Rodríguez intensifica el diálogo con las patronales turísticas para rentabilizar las ayudas dirigidas al sector

El vicepresidente del Gobierno destaca la importancia de aprovechar al máximo todas las ayudas “buscando sinergias entre ellas”

El vicepresidente del Gobierno de Canarias y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, se reunió hoy con representantes de las cuatro patronales turísticas del Archipiélago, al objeto de buscar la máxima rentabilidad de las ayudas directas dirigidas por el Gobierno de Canarias y el Estado, sin descartar eventuales sinergias entre ellas.

Tras el encuentro, Rodríguez explicó que se trata de que el sector turístico pueda recibir la mayor cantidad posible de subvenciones autonómicas y estatales, de modo que éstas no se solapen entre sí.

En este sentido, el vicepresidente recordó que Canarias ha aprobado un paquete de ayudas directas por 80 millones de euros, que serán equivalentes al máximo porcentaje posible del Impuesto de Bienes Inmuebles que tienen que abonar los centros alojativos a los ayuntamientos. Estas ayudas forman parte del Plan Extraordinario puesto en marcha por el Gobierno de Canarias y que incluyen también 84 millones para pymes y autónomos y una moratoria fiscal, aprobada el 28 de enero, que permitirá una inyección de liquidez de 240 millones de euros.

“Este fue un planteamiento que nos hizo llegar el sector en enero y que nos pareció una medida razonable por su condición objetivable, algo que hoy hemos reiterado, con la especificación de que daremos las ayudas por centro de trabajo y no por grupo empresarial”, dijo Rodríguez, quien no obstante aseguró que la última palabra se tomará de común acuerdo.

A esta línea de ayudas concedida por el Gobierno canario -que completan las concedidas el año pasado por 95 millones de euros y las aprobadas hace unas semanas para las pymes y autónomos por otros 85 millones- se ha unido ahora el paquete aprobado por el Consejo de Ministros para el sector turístico, que rondará el millón de euros.

En este sentido, el vicepresidente explicó que tanto el Gobierno como las patronales analizarán el decreto-ley aprobado por el Gobierno central para buscar el encaje adecuado con las ayudas del Ejecutivo autonómico.

Rodríguez recordó que Canarias había sido el único territorio que, hasta la aprobación del citado decreto-ley, había aprobado ayudas directas para el sector turístico y que fue precisamente el Gobierno de Canarias quien insistió en reiteradas ocasiones ante el Ejecutivo central para la habilitación de un paquete de ayudas de ámbito estatal.  Finalmente, de los 7.000 millones de euros aprobados, Canarias y Baleares recibirán 2.000 millones, “lo cual es tremendamente importante no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también porque se ha dado un trato diferenciado a los dos archipiélagos, precisamente los más afectados por la crisis del coronavirus.

“Somos conscientes -añadió Rodríguez- de las dificultades que vamos a encontrar para la gestión eficiente de esas ayudas, pero vamos a intentar extraer el máximo potencial de las mismas”.

Durante la reunión, el vicepresidente también explicó las fuentes de financiación disponibles para las empresas en el marco de los planes de reconstrucción europeos y abundó en la necesidad de buscar sistemas de cooperación entre las diferentes administraciones y las patronales turísticas “para captar la mayor parte de fondos europeos y hacer más competitivo, sostenible y digital el sector”.

Rodríguez insistió en que todas estas ayudas tiene carácter paliativo, que en ningún caso la administración pública puede sustituir la función de las empresas privas y que la solución definitiva es la vacunación exitosa de la población y la vuelta de la movilidad.

En la reunión estuvieron presentes el viceconsejero de Hacienda, Fermín Delgado, y representantes de las patronales de Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote y la provincia tinerfeña. En concreto, asistieron José María Mañaricúa, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas (FEHT);  Susana Pérez, presidenta de la Federación Turística de Lanzarote (FTL); Antonio Hormiga, presidente de la Asociación de Empresarios Turísticos de Fuerteventura (Asofuer), y Juan Pablo González, gerente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel).

El Istac estudiará la situación de la infancia en el Archipiélago

A través de un convenio de colaboración en materia estadística con Unicef, se busca promover un mejor diagnóstico de la realidad canaria

El acuerdo tiene como fin defender y promocionar de los derechos de la infancia

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, firmó hoy un convenio de colaboración entre el Instituto Canario de Estadística (Istac), organismo dependiente del citado departamento autonómico, y Unicef-Comité Canarias para la defensa y promoción de los derechos de la infancia.

A través de este acuerdo, se propone la realización de actividades estadísticas en la Comunidad Autónoma que contribuyan al mejor conocimiento de la realidad canaria y, en concreto, posibilite la obtención de datos y diagnósticos que ofrezcan un panorama detallado de las condiciones de vida de la infancia en cifras.

Tanto Rodríguez como la presidenta del Comité Canarias de Unicef, Rosa Gloria Suárez, destacaron tras la firma del acuerdo la importancia de contar con herramientas de análisis y evaluación de la información para la posteriores toma de decisiones que permitan, en este caso, la protección de la infancia.

El vicepresidente subrayó también la labor fundamental que desarrolla el Istac -en esta etapa dirigido por Gonzalo Rodríguez- para una correcta identificación de la realidad social y, en consecuencia, para la evaluación y proyección de las políticas públicas.

En este sentido, el convenio prevé la desagregación de los datos obtenidos a nivel insular y municipal, lo que facilitará la detección de las necesidades de los niños y niñas.

El Istac se compromete a promover un análisis del tratamiento actual y detectar oportunidades de mejora de los registros que se realizan de la infancia en las referencias estadísticas y generar así el conocimiento previo necesario para promover una mejor inclusión y/o visibilidad de la infancia en las operaciones estadísticas actuales y futuras.

El Instituto canario también apoyará a Unicef en la actualización periódicas de los indicadores sobre bienestar infantil en Canarias a través de la explotación de las principales fuentes estadísticas oficiales y en su difusión a través de la web del Istac.

Del mismo modo, ambas partes promoverán una propuesta de indicadores municipales en coordinación con las administraciones competentes, que permita realizar un diagnóstico municipal de la situación de los niños, niñas y adolescentes en los ayuntamientos, así como evaluar las políticas municipales de infancia.

Asimismo, se apoyará a UNICEF España en la actualización periódica de los indicadores del Sistema de Indicadores sobre Bienestar Infantil (SIBI), en lo que se refiere a datos específicos de Canarias, a través de la explotación de las principales fuentes estadísticas oficiales y en la difusión de los mismos a través de un espacio en la web del Istac que permita a los usuarios tener acceso a los mismos (Infancia en Cifras).

El vigente acuerdo se enmarca en el compromiso de los Grupos Parlamentarios de Canarias a través de la firma del Pacto Canario por la Infancia, de fecha 17 de noviembre de 2014, ante la necesidad de mejorar el conocimiento de la situación de la infancia en el archipiélago.

En la línea con las observaciones del Comité de los derechos del Niño, Unicef y Unicef-Comité Español consideran que la mejora de la información estadística y la reunión de datos suficientes y fiables sobre los niños y niñas es un elemento clave para la aplicación de sus derechos.

El convenio no fija obligaciones económicas para ninguna de las partes.