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Aprobado el decreto que regula las dietas a recibir por la organización de las próximas elecciones al Parlamento

Define las indemnizaciones que tienen derecho a percibir los miembros de la Administración Electoral de Canarias y el personal a su servicio, con motivo de los comicios del 28 de mayo

El derecho a la percepción de estas dietas abarca la totalidad del proceso electoral autonómico

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves el decreto que regula los importes de las dietas a abonar a las personas que, con motivo de las próximas elecciones al Parlamento de Canarias, participen en la Administración Electoral de Canarias, tal y como establece la Ley 1/2022, de 11 de mayo, de Elecciones al Parlamento de Canarias.

A través del presente decreto, se definen las dietas e indemnizaciones a percibir por las personas miembros de la Administración Electoral de Canarias y el personal a su servicio, las juezas y jueces de primera instancia o de paz, las personas representantes de la administración en las mesas electorales, así como el personal del Gobierno de Canarias, con motivo de las elecciones al Parlamento de Canarias del próximo 28 de mayo.

La Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, prevé, en su artículo 13.1, que las Cortes Generales pongan a disposición de la Junta Electoral Central los medios personales y materiales necesarios para el ejercicio de sus funciones. El apartado 2 del citado artículo indica que la misma obligación compete al Gobierno y a los ayuntamientos, en relación con las juntas electorales provinciales y de zona y, subsidiariamente, a las audiencias provinciales y a los órganos judiciales de ámbito territorial inferior.

Además, señala que, en el caso de elecciones a Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, las referidas obligaciones serán también competencia del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma. Asimismo, el artículo 22.1 de la referida ley orgánica prevé que las Cortes Generales fijen las dietas y gratificaciones correspondientes a los miembros de la Junta Electoral Central y al personal puesto a su servicio.

El apartado 2 del mismo artículo indica que las dietas e indemnizaciones correspondientes a los miembros de las restantes juntas electorales y personal a su servicio se fijan por el Gobierno. En este sentido, en el caso de elecciones a Asamblea Legislativa de Comunidad Autónoma, las indicadas compensaciones se fijan por el Consejo de Gobierno correspondiente, tanto en relación con la Junta Electoral de Comunidad Autónoma como a las de ámbito inferior.

En la elaboración de esta norma se han tenido en cuenta las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en su Informe de 19 de diciembre de 2019, de fiscalización de los gastos del Ministerio del Interior en la gestión y desarrollo de procesos electorales 2015-2017, sobre la necesidad de profundizar en el reparto de cargas y costes entre el Estado y las comunidades autónomas, en los casos de concurrencia de los procesos electorales.

Según este proyecto de decreto, que consta de 14 artículos, repartidos en cuatro capítulos, dos disposiciones adicionales, una derogatoria y tres finales, la Junta Electoral de Canarias tendrá derecho, por el desempeño de sus funciones en las elecciones al Parlamento de Canarias, a indemnizaciones fijas dependiendo de su categoría: 5.423,61 euros a la presidencia; 4.881,61 euros a la vicepresidencia; 4.338,89 euros a la secretaría; 3.796,53 euros a las vocalías judiciales; 3.254,17 euros a las vocalías no judiciales, y 3.796,53 euros a la persona titular de la Delegación de la Oficina del Censo Electoral.

Los miembros de las juntas electorales provinciales también dispondrán de dietas. La presidencia de la junta tendrá derecho a 3.635,55 euros; 3.408,33 euros la secretaría; 1.590,56 euros las vocalías judiciales; 908,90 euros las vocalías no judiciales, y 1.590,56 euros la persona titular de la Delegación de la Oficina del Censo Electoral. Por su parte, en las juntas electorales de zona tiene derecho la presidencia de la junta, con una cuantía de 2.726,67 euros; 2.499,45 euros la secretaría; 1.136,11 euros las vocalías judiciales y 636,23 euros las vocalías no judiciales.

Las personas titulares de la secretaría de los ayuntamientos, por su condición de delegadas de las juntas electorales de zona, percibirán unas cantidades fijas que vendrán determinadas por el número total de mesas electorales que efectivamente se constituyan en el municipio o municipios en que actúen como tales, con independencia de la naturaleza de los agrupados o acumulados que tengan aquellos con relación al titular de la secretaría. De este modo, si el número no es superior a diez mesas, el importe abonado será de 817,90 euros; 908,90 euros entre 11 y 50 mesas, y 999,79 euros cuando el número de mesas sea superior a 50.

La persona titular de la secretaría de las respectivas juntas certificará la cantidad e identidad de las personas que habrán de percibir las indemnizaciones que se regulan en este artículo, así como los datos necesarios para poder percibirlas.

Los representantes de la Administración autonómica en las mesas electorales tienen derecho a una dieta cuya cuantía estará en función del número de mesas y la transmisión de datos: 123,60 euros a una mesa sin dispositivo; 144,91 euros a una mesa con transmisión de datos; 155,56 euros a dos o tres mesas con transmisión de datos y 177,94 euros a cuatro mesas o más con transmisión de datos. Si la persona es responsable de la coordinación, el importe a abonar será de 189,66 euros si es con una mesa con transmisión de datos; 197,12 euros si es con dos o tres mesas con transmisión de datos, y 220,56 euros si es con cuatro o más mesas con transmisión de datos.

El derecho a la percepción de las indemnizaciones anteriores se entiende referido a la totalidad del proceso electoral autonómico. En el supuesto de que se permanezca en el cargo por un tiempo inferior, se tendrá derecho a una cantidad proporcional al tiempo que haya permanecido en él.

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El Gobierno incluye en las OEP extraordinarias de estabilización las 24 plazas de Justicia excluidas

El Ejecutivo canario estima los recursos presentados por personal temporal de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia tras el informe del Comité Jurídico Asesor

Entiende que se dan los presupuestos para la estabilización de dichas plazas dentro de la Administración General de la CAC

Salvo un caso, todas estas plazas llevan ocupadas por la misma persona desde hace 15, 17, 18 o 22 años

Se trata de 23 plazas de larga duración –tres del Cuerpo de Gestión, Escala de Gestión General, seis del Cuerpo Administrativo y catorce del Cuerpo Auxiliar–, y una de corta duración del Cuerpo Auxiliar

El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y tras el informe del Comité Jurídico Asesor, dos decretos por los que se estiman los recursos presentados por personal temporal de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y se incluyen, en las ofertas extraordinarias de empleo público para la estabilización de empleo temporal en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, las 24 plazas correspondientes a las funciones desempeñadas por los recurrentes y que habían quedado excluidas.

En el primero de los decretos, el Gobierno de Canarias estima el recurso interpuesto por una trabajadora contra el Decreto 114/2022, de 20 de mayo, por el que se aprueba la oferta extraordinaria de empleo público para la estabilización de empleo temporal a que se refiere el artículo 2.1 de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, para que se incorpore en esta oferta extraordinaria una plaza del Cuerpo Auxiliar.

La recurrente viene prestando servicios como funcionaria interina y con una antigüedad desde el 3 de octubre de 2016, ejerciendo las funciones propias del Cuerpo Auxiliar en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, concretamente en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por lo que se consideraría de corta duración.

A través del segundo decreto, el Ejecutivo estima los recursos interpuestos por personal temporal al servicio de la Administración de Justicia contra el Decreto 115/2022, de 20 de mayo, por el que se aprueba la oferta extraordinaria de empleo público para la estabilización de empleo temporal de larga duración en el ámbito de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, para que se incluyan 23 plazas correspondientes a las funciones desempeñadas por los recurrentes: tres del Cuerpo de Gestión, Escala de Gestión General; seis del Cuerpo Administrativo; y catorce del Cuerpo Auxiliar.

Este personal viene prestando servicios como funcionarios interinos y con una antigüedad anterior al 1 de enero de 2016 en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, concretamente en la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, por lo que serían calificados de larga duración. Todos ellos desde hace 15, 17, 18, 19 o 22 años.

A juicio de los recurrentes, de conformidad con una interpretación material y no formal de la Ley 20/2021, en función de la cual se interpreta el concepto plaza como aquellas relativas a funciones recurrentes que se integran en la actividad ordinaria, y del normal funcionamiento de la Administración de que se trate, y concurriendo el resto de requisitos establecidos en las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, en relación con el artículo 2.1, se darían los presupuestos para la estabilización de dichas plazas dentro de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias

El acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno, que viene precedido de informes emitidos por parte de las direcciones generales de Relaciones con la Administración de Justicia y de la Función Pública, las viceconsejerías del Servicio Jurídico y de Justicia, y del Consejo Jurídico Asesor, se sustancia en que la Ley 20/2021 establece la obligación de ofertar las plazas que sean de naturaleza estructural, estén dentro o fuera de las relaciones de puestos de trabajo, y si no se estimasen los recursos se estaría incumpliendo el mandato legal de la Ley 20/2021.

Según el Gobierno canario, cuando dictó los decretos 114/2022 y 115/2022, de 20 de mayo, se desconocía que las plazas objeto de recurso no se ofertarían en la OEP de estabilización de empleo temporal en la Administración General del Estado correspondiente a la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público (Real Decreto 408/2022, de 24 de mayo), al entenderse que los mismos no realizan funciones estructurales ni recurrentes dentro de la Administración de Justicia.

En su opinión, no hay duda de que tanto la primera recurrente ha estado ocupando y ocupa plaza con carácter temporal de forma ininterrumpida, desde el 3 de octubre de 2016, como que el resto lo hace con anterioridad a 1 de enero de 2016 (disposición adicional sexta) o que han estado ocupadas de forma temporal por personal con una relación, de esta naturaleza, anterior al 1 de enero de 2016 (disposición adicional octava).

Además, las plazas señaladas están dotadas presupuestariamente en las cuentas del ejercicio 2022 aprobado por la Ley 6/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2022, en el Capítulo 1 del Personal de la Administración de Justicia gestionado por la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, según consta en el certificado de la jefa de Sección de Control de Gasto de Personal de la Administración de Justicia de Canarias de la citada dirección general.

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El Consejo aprueba destinar 334,8 millones de euros a la adquisición de medicamentos

Se prorrogan dos años los acuerdos marco de contratación de suministros para medicamentos de uso humano tipo II

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de este jueves, 29 de diciembre, a la Consejería de Sanidad a realizar el gasto correspondiente a la prórroga de los acuerdos marco de contratación de suministro de medicamentos de uso humano tipo II (exclusivos) con destino al Servicio Canario de la Salud.

El gasto asciende a un importe de 334.863.280,74 euros (con IGIC tipo 0), destinado a satisfacer las necesidades asistenciales de la red de hospitales, Centros de Atención Especializada (CAE) y centros de Atención Primaria.

Los medicamentos exclusivos son aquellos que no tienen competencia porque todavía no ha expirado la patente de los laboratorios que los suministran. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, los medicamentos de innovación oncológica, algunos antirretrovirales, o aquellos indicados para el melanoma, escelerosis múltiple, cáncer de mama, dermatitis atópica o asma, entre otros.

En la memoria justificativa se indica que los correspondientes acuerdos marco con las empresas adjudicatarias se formalizaron el 19 de febrero de 2021, con una vigencia de dos años prorrogable por otro período de dos años, por mutuo acuerdo de las partes.

Ante la proximidad de la fecha de la finalización de la vigencia de los acuerdos marco y la necesidad de continuar con el suministro de los medicamentos, se considera necesario prorrogar los acuerdos hasta el 21 de febrero de 2025.

Para ello, se cuenta con el correspondiente informe favorable del Servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de la Salud.

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El Gobierno aprueba la prórroga del tipo 0 del IGIC para el material sanitario contra el Covid otros seis meses

El Ejecutivo también aplicará el tipo 0 del impuesto a la importación de viviendas prefabricadas en La Palma por la erupción

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó hoy, a propuesta de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos un decreto-ley con diferentes medidas tributarias, entre ellas la prórroga hasta el 30 de junio de 2023 de la aplicación del tipo 0 al material sanitario contra el Covid-19.

El decreto señala que “la evolución del COVID-19 a lo largo del año 2022 no ha seguido una línea clara de estabilización, con la que haya podido presumirse su pronta finalización, al incrementarse los casos en diferentes períodos festivos y vacacionales; ello ha justificado que, por prudencia, se haya mantenido la obligatoriedad del uso de las mascarillas en determinados espacios cerrados”.

Es precisamente esa evolución la que explica la cuarta prórroga de la aplicación del tipo 0 del IGIC a determinados bienes sanitarios para combatir la pandemia, una medida que se tomó inicialmente en abril de 2020.

El decreto-ley también modifica otra norma del mismo rango por el que se adoptaron medidas tributarias, organizativas y de gestión como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma, de manera que ahora se incluye la importación de viviendas prefabricadas en el tipo 0 del IGIC.

El beneficiario de la medida deberá ser “una persona física propietaria, usufructuaria o nuda propietaria de una vivienda que se ha perdido, por haber quedado destruida, inhabitable o inaccesible de forma definitiva como consecuencia de la erupción volcánica en la isla de La Palma, cuya existencia y titularidad debe acreditarse por cualquier medio de prueba admitido en derecho”.

La norma establece que sólo se podrá aplicar se podrá aplicar el tipo cero a una casa prefabricada por persona física y que ésta deberá sustituir a la vivienda perdida, y ser montada y unida permanentemente al suelo ubicado en la isla de La Palma, antes del 31 de diciembre de 2026.

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El Ejecutivo culmina el proceso de reestructuración del Instituto Canario de Desarrollo Cultural

El Consejo aprueba medidas destinadas a cubrir los gastos de personal derivados del mayor número de efectivos fijos tras la reciente reestructuración de esta sociedad mercantil pública, así como los derivados de su gestión cultural

El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy jueves, 29 de diciembre, la variación del presupuesto de explotación y capital del Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC) correspondiente al ejercicio 2022, así como una ampliación de crédito destinado a esta sociedad mercantil pública.

Estas medidas tienen como objetivo cubrir los gastos de personal derivados del mayor número de efectivos fijos establecidos en su reciente reestructuración, así como otros derivados de su actividad para la gestión cultural.

Como consecuencia de la crisis derivada de la pandemia, desde el área de Cultura del Gobierno de Canarias, y en concreto desde el ICDC, se ha puesto el foco principalmente en sostener durante estos últimos años el tejido empresarial de la cultura en Canarias, conformado por casi 6.000 empresas (pequeñas y medianas empresas, autónomos y el tejido asociativo), que dan empleo a más de 25.000 personas en la actualidad.

Con el fin de preservar este nivel de empleo, se precisa otorgar un apoyo público al sector con el fin de garantizar el sostenimiento del entorno cultural de las islas y preservar la actividad cultural en nuestro Archipiélago, un apoyo que se viene prestando a través de dicho Instituto.

De ahí que, con la nueva política cultural del Gobierno de Canarias, se fijara como prioridad una serie de actuaciones, siendo una de ellas la reestructuración de la empresa pública Instituto Canario de Desarrollo Cultural, dotándola de más personal fijo, por un lado, con ejecución de la política cultural diseñada por el Gobierno y poder así paliar los efectos de la crisis del coronavirus sobre el ecosistema cultural, y por otro, dar cumplimiento al objeto social de la misma.

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Gobierno y el Ayuntamiento de El Pinar suscribirán un convenio para mejorar las instalaciones del CEIP Taibique

Se construirá una sala polivalente y se mejorará la accesibilidad del edificio, lo que supondrá una inversión total de 330.442 euros, de los que el Ejecutivo autonómico aporta 301.082 y la corporación local, el resto

El Consejo de Gobierno autorizó hoy jueves, 29 de diciembre, la suscripción de un convenio de cooperación entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Ejecutivo autonómico, y el Ayuntamiento de El Pinar, El Hierro, para llevar a cabo la ejecución de mejoras en las instalaciones del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Taibique.

La finalidad de esta obra es ofrecer una enseñanza en unas condiciones de mayor calidad desde el punto de vista arquitectónico, de espacio y de seguridad, que den cumplimiento a las condiciones técnicas que establece la normativa actual.

Para ello es necesario, por una parte, realizar actuaciones que permitan dotar al centro de una sala polivalente (196,90 m² útiles) adecuada para el desarrollo de la actividad docente. Asimismo, como parte de la intervención proyectada, se contempla la mejora de la accesibilidad de la entrada al centro educativo (84,42 m²).

El convenio establece, entre otros aspectos, que la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes transferirá al Ayuntamiento para el desarrollo de la obra una aportación económica de 301.082,13 euros, incluido el IGIC, cuyo presupuesto total asciende a 330.441,99 euros, de los que la corporación local asume los 29.359 euros restantes. La cifra global incluye el desarrollo material de los trabajos, la dirección facultativa y de ejecución, y la coordinación de Seguridad y Salud. El plazo estimado de estas actuaciones es de cinco meses, que comenzarán una vez se suscriba el acta de comprobación de replanteo.

La colaboración del municipio resulta imprescindible para llevar a cabo estos trabajos. En concreto, destaca su labor en la adquisición de suelo público para el desarrollo de la infraestructura, y sus competencias para la conservación y mantenimiento de esta.

Asimismo, la suscripción del convenio mejora la eficiencia en la gestión pública ya que permite reducir los plazos de ejecución al ser desarrollada por la administración más cercana, y posibilita la dotación de unas infraestructuras educativas modernas y adecuadas a las necesidades de la población.

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Gobierno y Ayuntamiento firmarán un convenio para construir una cubierta en una de las canchas del CEO Tijarafe

La cubierta, de 608 m², albergará un campo de baloncesto y voleibol

El Consejo de Gobierno autorizó hoy jueves, 29 de diciembre, la suscripción de un convenio de cooperación entre la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Ejecutivo autonómico y el Ayuntamiento de Tijarafe, en La Palma, para la redacción del proyecto y ejecución de las obras para la construcción de una cubierta en una de las canchas del Centro de Enseñanza Obligatoria (CEO) Tijarafe.

Las obras previstas consisten en la construcción de una cubierta para la cancha situada al sur del complejo deportivo de este centro educativo, que abarca una superficie de 748,44 m², de los que se cubrirán 608 m².

Así, esta zona albergará un campo de baloncesto y voleibol, y también posibilitará el desarrollo de otras actividades deportivas en su interior. En la actualidad, el alumnado de este centro no dispone de una zona para la práctica deportiva a resguardo de las inclemencias meteorológicas.

Mediante el convenio, la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes se compromete, entre otros aspectos, a transferir al Ayuntamiento una aportación económica de 250.000 euros para contribuir a sufragar parte del coste total estimado, que asciende a 447.471 euros (incluido el IGIC), y que engloban, entre otros conceptos, la redacción del proyecto y el presupuesto de ejecución de la obra.

El plazo estimado para desarrollar estos trabajos es de nueve meses, incluidas las fases de toma de muestras, preparación y construcción, y el de inicio de las obras comenzará una vez se suscriba el acta de comprobación de replanteo.

La cooperación del municipio resulta imprescindible para llevar a cabo estos trabajos. En concreto, destaca su labor en la adquisición de suelo público para el desarrollo de la infraestructura, y sus competencias para la conservación y mantenimiento de esta.

Asimismo, la suscripción del convenio mejora la eficiencia en la gestión pública ya que permite reducir los plazos de ejecución al ser desarrollada por la administración más cercana, y posibilita la dotación de unas infraestructuras educativas modernas y adecuadas a las necesidades de la población.

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El currículo educativo de ESO y Bachillerato, a dictamen del Consejo Consultivo

Es el paso previo a su aprobación definitiva en Consejo de Gobierno y su publicación en el BOC, con la que concluirá el proceso de elaboración y aprobación de las ordenaciones y currículos de las enseñanzas no universitarias en Canarias

El Consejo del Gobierno acordó hoy jueves, 29 de diciembre, solicitar con carácter urgente el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre el Decreto por el que se establece la nueva ordenación y el currículo de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato en las islas, en el marco de la adaptación de esta enseñanza a la ley nueva educativa, la LOMLOE.

Con este paso comienza la última fase de tramitación para su aprobación inminente por parte del Ejecutivo canario y publicación en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), con la que culmina el proceso de elaboración y aprobación de los currículos educativos y ordenaciones de las enseñanzas no universitarias en la Comunidad Autónoma.

En ambas etapas se establecen los aprendizajes que han de regir la práctica docente, contribuyendo a la adaptación del sistema educativo canario a los retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea y la UNESCO para la década 2020-2030.

Tanto en la ESO como en el Bachillerato, se pretende que el alumnado acceda a aprendizajes imprescindibles, que garanticen una formación integral, holística y competencial, que contribuyan al pleno desarrollo de su personalidad y que lo preparen para cursar con aprovechamiento estudios posteriores o incorporarse al mundo laboral.

Los cambios introducidos por la LOMLOE modifican significativamente la ordenación y la organización de las enseñanzas de la ESO y del Bachillerato.

Se han establecido nuevas materias, se ha incorporado la nueva modalidad de Bachillerato General y se ha dado continuidad a materias propias de la Comunidad Autónoma que complementan la formación del alumnado en los diferentes ámbitos del conocimiento. Además, se han añadido materias relacionadas con las enseñanzas artísticas, la gestión de la economía personal o el desarrollo de una ciudadanía digital responsable.

Asimismo, la ordenación de ambas etapas incluye materias específicas relacionadas con la educación en el patrimonio natural, social e histórico-cultural canario. Estos aspectos, a su vez, impregnan la totalidad de los currículos, contribuyendo a que el alumnado conozca, aprecie y respete los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, sociales y lingüísticos más relevantes de nuestra Comunidad Autónoma.

El nuevo modelo de currículo y la organización de las asignaturas otorga una mayor autonomía al profesorado y a los centros educativos, de forma que puedan desarrollar proyectos propios en pro de la integración de los distintos aprendizajes y el desarrollo de las competencias.

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Torres espera que la gratuidad de las guaguas y el tranvía contribuya a mejorar la movilidad y la descarbonización

Torres espera que la gratuidad de las guaguas y el tranvía contribuya a mejorar la movilidad y la descarbonización

El presidente de Canarias firma el protocolo de colaboración con los siete cabildos para desarrollar la medida y resalta los esfuerzos hechos en la incorporación de conductores y vehículos para garantizar la máxima calidad en el servicio

Tras un incremento del 17% en el número de usuarios de septiembre a diciembre de 2022 debido al 50% de descuento, ahora se prevé que la gratuidad total aumente otro 4% los usuarios, aunque con picos muy elevados en ciertas horas y líneas

Franquis aclara que la medida beneficiará a los usuarios de bonos mensuales o tarjetas multiviaje que realicen un mínimo de 15 traslados al mes y que se fija una etapa transitoria, hasta el 28 de febrero, para luego unificarlo todo en el bono residente

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, firmó hoy, en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, junto a diversos presidentes de cabildos y consejeros insulares de Transporte, el protocolo de colaboración acordado entre estas administraciones y los municipios con servicios propios de guaguas que regirá para la aplicación, desde este 1 de enero de 2023 y hasta el 31 de diciembre del año 2023, de la gratuidad del transporte público (colectivo y terrestre) en las islas (guaguas y tranvía) para los usuarios de bonos mensuales o títulos multiviaje. El jefe del Ejecutivo regional considera muy importante que se haya garantizado la prestación de este servicio con calidad desde el primer momento y resalta los positivos efectos que tendrá para la movilidad urbana e interurbana, así como en la lucha contra el cambio climático y a favor de la sostenibilidad ambiental por el impacto en el uso del coche.

Aparte de Ángel Víctor Torres, el protocolo lo rubricaron los presidentes del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín; de Fuerteventura, Sergio Lloret; La Palma, Mariano Hernández Zapata; La Gomera, Casimiro Curbelo, y El Hierro, Alpidio Armas, así como el vicepresidente primero y consejero de Obras Públicas, Infraestructuras, Transportes y Movilidad del Cabildo de Gran Canaria, Miguel Ángel Pérez, y el consejero de Ordenación Turística, Actividades Clasificadas, Transporte, Seguridad y Emergencias, Movilidad y Accesibilidad del Cabildo de Lanzarote, Marcos Antonio Bergaz.

Durante su intervención ante los medios, Torres recalcó que la subvención del 50% aplicada a las guaguas y el tranvía en las islas desde el 1 de septiembre pasado ha supuesto un incremento de usuarios del 17% y que ahora se prevé que la gratuidad aumente un 4% el volumen total al cierre de 2022, si bien se puede producir una subida exponencial en determinadas líneas y horas en las islas de mayores dimensiones y población.

Así lo vaticinó el presidente del Cabildo tinerfeño, quien recordó el esfuerzo que está haciendo su administración con la incorporación de nuevos conductores y de 120 guaguas, mientras que el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, recalcó que el acuerdo con los cabildos que ha propiciado este protocolo garantiza precisamente la máxima calidad del servicio para evitar que los usuarios opten por otras alternativas en esas horas punta y líneas.

Torres espera que la gratuidad de las guaguas y el tranvía contribuya a mejorar la movilidad y la descarbonización
Torres espera que la gratuidad de las guaguas y el tranvía contribuya a mejorar la movilidad y la descarbonización

Torres recordó que el Gobierno de Canarias ha apostado al máximo en esta legislatura por el transporte público para mejorar la movilidad y la sostenibilidad en las islas, siempre atendiendo a las singularidades y diferencias entre islas. Esto lo ejemplificó con el hecho de que el 50% de subvención se aplicó en el transporte interurbano solo en Canarias y en que las islas fueron la Comunidad Autónoma con mejor bonificación promedio per cápita en el precio de los billetes según el volumen total de usuarios de transporte público terrestre.

El presidente resaltó las tres reuniones celebradas entre el Gobierno canario y los cabildos con el Ejecutivo central para que la gratuidad, fruto de una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado de 2023 (PGE) pactada entre el PSOE y CC, se pueda aplicar con la máxima calidad desde este 1 de enero tras mejorarse los medios humanos y materiales. Torres insistió en que todo lo que supone una mejora de los servicios en Canarias “ha de ser aplaudido, y esto supone una mejora”, al tiempo que garantizó que las administraciones “harán todo el esfuerzo necesario para que la medida sea un éxito, por lo que también pido la colaboración ciudadana”.

Compromiso para aumentar los 81 millones estatales, si se quedan cortos

En aras de esa calidad, y según explicó luego Franquis, el protocolo establece que los 81 millones que transferirá el Estado y que se incluyen en la enmienda a los PGE se abonen en un 80% a los cabildos en una primera entrega y que el 20% restante se haga antes del 30 de junio de 2023. No obstante, y de ser insuficientes esos 81 millones, se ha acordado con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que, tras el primer trimestre de aplicación de la gratuidad, se analice su desarrollo, se compruebe si basta con esos recursos y, en caso contrario, se disponga de más dinero desde la Administración central.

Franquis también explicó que, si bien un usuario medio del Bono Residente Canario o de las tarjetas multiviaje lo emplea entre 60 y 65 veces al mes, se ha fijado un mínimo de 15 viajes mensuales en el mes previo para poder acceder a la gratuidad.

El mismo consejero canario sostuvo que el protocolo que se ha firmado hoy “es una apuesta clara por el transporte público en las islas. Lo que queremos es que esa apuesta se concrete también en la calidad, porque sería un retroceso si finalmente no se presta un buen servicio y la gente no acaba de engancharse a la guagua y al tranvía”. Franquis dijo que “queremos utilizar esta medida también para que, en un periodo de tiempo no muy largo, podamos disponer de un Bono Residente Canario que se pueda utilizar en todas las islas de forma conjunta, independientemente del cabildo con que se haya gestionado, no como ocurre ahora. Ese va a ser nuestro gran objetivo a partir de ahora: lograr que el Bono Residente sea útil en el conjunto de toda Canarias.

Además, y para que haya tiempo de adaptación y se opte por ese Bono Residente Canario, en el que se quiere concentrar la medida, el resto de títulos multiviaje insulares o municipales serán gratuitos hasta el 28 de febrero. Asimismo, se pretende que, en coordinación con todos los cabildos, dicho bono se pueda utilizar en cada isla con independencia del lugar en el que se expida.

Torres espera que la gratuidad de las guaguas y el tranvía contribuya a mejorar la movilidad y la descarbonización
Torres espera que la gratuidad de las guaguas y el tranvía contribuya a mejorar la movilidad y la descarbonización

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, destacó la importancia del protocolo firmado hoy, considera que se trata de un gran reto y confía en que se aproveche esta “magnifica oportunidad, que nunca antes se había dado así, para fomentar el uso del transporte público”. Para ello, destacó que el Cabildo tinerfeño ha hecho la mayor contratación de conductores y guaguas de su historia.

Por su parte, el presidente de turno de la Fecai y máximo responsable del Cabildo de Fuerteventura, Sergio Lloret, espera que esta medida se encuadre en otras iniciativas y datos que hagan que 2023 sea un año mejor que 2022, en el que ya comenzó la recuperación de la covid pese a los efectos de la invasión rusa de Ucrania.

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Torres visita las obras de 100 viviendas sociales en Tenerife, las primeras de nueva construcción tras diez años

Torres visita las obras de 100 viviendas sociales en Tenerife, las primeras de nueva construcción tras diez años

El jefe del Ejecutivo destaca que el proyecto de La Gallega es el primero para Tenerife de obra nueva dentro del Plan de Vivienda de Canarias y el segundo del archipiélago

La promoción pública de vivienda protegida para uso en alquiler tiene un presupuesto de 11 millones de euros para las 100 casas; de ellos, nueve millones proceden de la Comunidad Autónoma, y los otros dos, del Estado

En Tenerife está prevista la siguiente construcción de 343 viviendas, que empezarán a hacerse a lo largo del año que viene en municipios como La Orotava o Santiago del Teide, y otras más en Santa Cruz de Tenerife

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, visitó esta mañana los trabajos de construcción de 50 viviendas sociales con destino al alquiler, dentro de un proyecto de 100 totales, que el Gobierno autonómico desarrolla, a través de la empresa pública Visocan, en un solar del barrio de La Gallega, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. El jefe del Ejecutivo canario destacó la importancia de que las máquinas ya trabajen en ese proyecto, incluido en el nuevo Plan de Vivienda 2020-25 y con un presupuesto de 11 millones de euros para las 100 casas; de ellos, nueve millones proceden de la Comunidad Autónoma y los otros dos, del Estado.

En unas declaraciones a los medios de comunicación en el lugar del desmonte del primer solar, Torres explicó que las dos parcelas son de la empresa pública Visocan, adscrita a la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, y valoró que en estas Navidades se empiece a ver obra nueva de vivienda protegida tras diez años sin promociones públicas por parte de gobiernos anteriores. Este proyecto de La Gallega es el primero para Tenerife de obra nueva dentro del Plan de Vivienda de Canarias y el segundo del archipiélago, tras el antes activado en Ingenio, isla de Gran Canaria.

En esta visita, Torres estuvo acompañado por el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis; el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez. El presidente autonómico recordó que el actual Plan de Vivienda de Canarias surge tras un pacto político unánime de las fuerzas presentes en el Parlamento regional, firmado dos días antes del decreto de confinamiento por la pandemia, en marzo de 2020. En diciembre de ese mismo año, ese acuerdo se transforma en el Plan de Vivienda 2020-25, aprobado también por todos los grupos en la Cámara autonómica. Prevé ofertar unas 6.000 viviendas en esos años, 1.000 de ellas en 2023.

Torres visita las obras de 100 viviendas sociales en Tenerife, las primeras de nueva construcción tras diez años
Torres visita las obras de 100 viviendas sociales en Tenerife, las primeras de nueva construcción tras diez años

Según indicó Torres, el centenar de viviendas protegidas para Santa Cruz de Tenerife se terminará en un plazo de dos años y mejorará la vida de muchas personas con dificultades para lograr una casa digna.

Por su parte, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que “es una satisfacción ver en marcha esta obra que permitirá a 50 familias acceder a un alquiler social” y añadió que “de esta manera se mantiene la colaboración entre administraciones, que nos permitirá hasta el año 2026 gestionar un volumen de inversiones que se sitúa en los 92,5 millones de euros, que en total beneficiarán a cerca de 4.000 familias del municipio”, al tiempo que recordó que “la vivienda en Santa Cruz es el capítulo que más inversión concentra, solo por detrás de la Atención Social, como lo demuestra que esta capital se sitúa como sexta ciudad del Estado, de entre las de más de 200.000 habitantes, que más presupuesto dedica a esta materia”, concluyó.

Ampliación del parque de vivienda protegida

En su intervención, el consejero canario de Vivienda, Sebastián Franquis, señaló que, “precisamente esta semana, se cumplen los dos años de la aprobación del Plan de Vivienda y este es un reflejo claro de los resultados del Plan: la ampliación del parque de viviendas protegidas en Canarias”.

Franquis añadió que “estamos iniciando aquí las obras, como ya hicimos meses atrás en Ingenio y como haremos en pocas semanas en otros puntos de las islas. Aquí, en Tenerife, tenemos prevista además la construcción de otras 343 viviendas, las que empezarán a ejecutarse a lo largo del año que viene en municipios como La Orotava o Santiago del Teide, y aquí mismo, en Santa Cruz de Tenerife. Estos son los resultados prácticos del Plan de Vivienda, que en dos años ya tenemos en marcha unas 1.400 viviendas entre las que están en obra y las que están en redacción de proyectos”.

Mejora de los accesos al lugar

En la misma actividad, el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, señaló que “lo importante para nosotros en esta inversión que hacen los gobiernos de España y Canarias es colaborar, y lo hacemos con una aportación de 1,2 millones de euros para mejorar los accesos a esta zona, porque tan importante como tener una vivienda es disponer de las vías adecuadas para conectarse”.

Pedro Martín valoró la colaboración entre las distintas administraciones públicas y recordó que en los últimos años el Cabildo se ha involucrado, especialmente, en mejorar y rehabilitar viviendas más antiguas. “Dentro de nuestra línea de apoyo a los municipios, y en el caso de Santa Cruz de Tenerife, hemos dedicado un millón de euros para mejorar viviendas en la zona de Añaza y otro millón más para rehabilitar viviendas en El Cardonal”.

Características de la promoción pública

Las obras visitadas hoy, que se encuentran en la fase de movimiento de tierra, forman parte de la construcción de las dos promociones previstas en La Gallega, dos edificios que suman 50 viviendas cada uno. El otro grupo, situado justo al lado de este, comenzará a edificarse en las próximas semanas.

Estas 100 viviendas serán destinadas a la ampliación del parque de vivienda en régimen de alquiler, tal y como recoge el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025. Las nuevas viviendas se destinarán a arrendamiento durante un plazo mínimo de 25 años.

Respecto a la financiación, el Ministerio de Fomento aporta 2.050.000 euros, lo que supone el 19,19 % de la inversión total, mientras que el Gobierno de Canarias concede el resto a través de Visocan. La inversión total es de 11 millones de euros.

Las 100 viviendas se construirán con tres y cuatro dormitorios y con superficies de uso que van de los 80 a los 93 metros cuadrados. Las viviendas de planta baja, con el fin de independizarlas de las zonas comunes, se dotan de terrazas en todos los casos, con una de ellas adaptada para discapacitados.

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