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El Parlamento convalida el apoyo financiero del Gobierno a los ayuntamientos y el tipo 0 para el IGIC sanitario

La Cámara respalda los dos decretos leyes que el Ejecutivo canario había aprobado el pasado día 30 de julio para hacer frente a efectos del Covid-19

Los municipios reciben por anticipado 103 millones del Fondo Canario de Financiación Municipal y quedan liberados de las condiciones para el 50%

La prórroga del tipo 0 de la imposición indirecta a la importación de productos sanitarios se extiende hasta el 31 de octubre

El Parlamento de Canarias ha convalidado hoy por unanimidad, en sesión extraordinaria, los decretos leyes sobre régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) para 2020 y de Fomento de la Participación Ciudadana, y sobre la prórroga hasta el 31 de octubre del tipo 0 en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) aplicable a la importación o entrega de material sanitario para combatir los efectos del Covid-19. Estos decretos leyes habían sido aprobados por el Consejo de Gobierno el pasado 30 de julio a propuesta de las consejerías de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, y de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirigen Román Rodríguez y Julio Pérez, respectivamente. Asimismo, la Cámara autonómica acordó unánimemente tramitar el primer decreto como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, mientras que rechazó ese trámite para el segundo.

La finalidad del primer decreto ley estriba en la transferencia a los ayuntamientos de 103 millones de euros que se preveía efectuar en diciembre y, al mismo tiempo, flexibilizar el uso del fondo para el presente ejercicio 2020 con el objetivo de aportar liquidez a los municipios, por un lado, y otorgarles libertad para utilizarlo, sin la condición de destinar el 50% a inversiones. En esta misma línea, se autoriza la disponibilidad del FCFM incluso si no se cumple con los indicadores de saneamiento económico financiero.

El Gobierno consensuó con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) concretamente autorizar a que en 2020 se anticipe el 70% del importe previsto del FCFM. Si no se hubiese modificado las condiciones de este fondo, los ayuntamientos solo hubiesen percibido un anticipo del 35% y el resto se transferiría a final de año. Al anticipar los 103 millones adicionales, los municipios ya disponen del 70%.

Al mismo tiempo, la nueva norma, defendida ante la Cámara por Julio Pérez, establece un régimen excepcional del FCFM en el presente ejercicio, para que pueda destinarse a gastos relacionados con los servicios públicos esenciales, así como a gastos derivados de la respuesta a la crisis sanitaria, incluidos los derivados del fomento e implantación de sistemas de teletrabajo del personal al servicio de los ayuntamientos.

Los ayuntamientos que se encuentren en un estado financiero más complicado tendrán la opción de mantener el destino de saneamiento financiero de esta parte del Fondo.

Además, como medidas de apoyo a la tesorería de los ayuntamientos que por la declaración del estado de alarma han adoptado medidas coyunturales de aplazamiento de los períodos de cobranza de sus tributos periódicos, se establece la no aplicación de las reducciones por incumplimiento de los condicionantes de la cuantía de libre disposición.

Por último, la obligación de presentar las auditorías de liquidación del ejercicio presupuestario de 2019 queda circunscrita a los solos efectos del diagnóstico económico-financiero.

IGIC 0 para material sanitario

El Parlamento de Canarias convalidó hoy igualmente el decreto ley para prorrogar hasta el 31 de octubre el tipo 0 en el IGIC aplicable a la importación o entrega de material sanitario para combatir los efectos del Covic-19. La propuesta, tramitada en su momento por la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, se fundamenta en “la imperiosa necesidad de promover el equipamiento de bienes imprescindibles para atender una crisis sanitaria que sigue latente en la medida en que el virus no se ha extinguido y siguen apareciendo casos”.

El titular del departamento, Román Rodríguez, expuso a la Cámara que en este segundo decreto ley sobre el mismo asunto “se modifica el anexo del anterior -el 8/2020, de 23 de abril- con la incorporación de nuevos productos tras la experiencia acumulada y el proceso de diálogo con los agentes del sector”.

Rodríguez, que puntualizó que la nueva prórroga del tipo 0 del IGIC sanitario está en consonancia con la Decisión adoptada por la Comisión Europea el pasado 23 de julio, aprovechó su intervención plenaria para enfatizar que “la mascarilla es un elemento útil, eficaz e imprescindible, de manera que hay que cumplir a rajatabla con su uso, tanto para proteger la salud como para detener el deterioro económico por las limitaciones de movilidad”. Comoquiera que la lucha contra la pandemia persiste, “hay que continuar en alerta cumpliendo con las mismas medidas de prevención y control instauradas desde hace meses, lo que justifica liberar de carga fiscal indirecta al material sanitario”.

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Canarias registra hasta el 17 de abril 27.177 solicitudes de ERTE por fuerza mayor, con 199.401 personas afectadas

Elena Máñez insiste en la necesidad de prorrogar los ERTE en el turismo más allá del estado de alarma decretado por la emergencia de la COVID-19 y demanda medidas específicas por el mayor impacto de la crisis en este sector

Reclama que se proteja la suficiencia financiera de Canarias permitiendo la utilización del superávit y el endeudamiento para mitigar el impacto social y económico de esta crisis en el Archipiélago

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado hasta el pasado 17 de abril 27.177 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, con un total de 199.401 trabajadores y trabajadoras afectadas, un volumen de expedientes que “demuestra la efectividad” de esta medida, puesta en marcha por el Gobierno de España para proteger el empleo y a las empresas, garantizando además las prestaciones para las personas trabajadoras durante la emergencia sanitaria de la COVID-19. En este sentido, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, insistió en que ahora es necesario prorrogar los ERTE por causa de fuerza mayor en el sector turístico más allá de la declaración del estado de alarma y consideró imprescindible la elaboración de un plan de choque específico para las Islas. “Hablamos de un sector que supone el 35% del PIB y el 40% del empleo en el Archipiélago”, recordó Máñez, que consideró que el turismo “no se va a recuperar de un día para otro” y necesitará “medidas de acompañamiento específicas para su reactivación”.

La consejera señaló que Canarias, la única región ultraperiférica española, “tiene unas singularidades que requieren también de medidas singulares”. Así, subrayó que los ingresos por el IGIC han caído en marzo un 66% respecto al mismo mes del año pasado, y para 2020 está prevista una disminución del 69,7% de la recaudación por toda la fiscalidad autonómica, con un descenso en 667 millones de euros. En este contexto, Máñez consideró que el hecho diferencial del Archipiélago “debe ser atendido para garantizar nuestra suficiencia financiera, imposible si no se nos permite el endeudamiento”, por lo que reclamó “un compromiso claro, solidario y contundente de la Unión Europea a favor de la liquidez de los Estados que la integran”.

ERTE vinculados al turismo

El 45,4% de los ERTE por causa de fuerza mayor registrados hasta el 17 de abril está vinculado de manera directa al sector turístico, con 12.359 expedientes presentados que afectan a un total de 113.795 personas trabajadoras, el 57% del total de las afectadas. Por actividad económica, hostelería y comercio acogen el mayor número de expedientes, con el 31,65% y el 25,82% del total, respectivamente, seguidos por otros servicios (7,73%); transporte y almacenamiento (6,99%); actividades administrativas y servicios auxiliares (4,16%); actividades artísticas recreativas y de entretenimiento (3,98%); actividades sanitarias y de servicios sociales (3,95%); construcción (3,73%); industria manufacturera (3,3%) y educación (3,15%). Por sectores económicos, los de hostelería (31,7%), comercio (25,8%) y resto de servicios (35%) aglutinan la mayor parte de los expedientes.

La mayoría de solicitudes (98,2%) corresponde a empresas de entre 1 y 50 personas trabajadoras, con 26.346 expedientes. Solo las de entre 1 y 5 personas empleadas acumulan 20.201 solicitudes, el 75,28% del total. En cuanto a la forma jurídica de la empresa, un 45,03% de las que han presentado ERTE son sociedades de responsabilidad limitada; un 37,94% personas físicas; un 6,2% empresas de ámbito de la Unión Europea; un 3,56% personas físicas extranjeras residentes y un 2,46% sociedades anónimas.

La Dirección General de Trabajo se encarga de autorizar las solicitudes de ERTE presentadas, un trámite que dura un máximo de 5 días, ya que al término de ese plazo opera el silencio administrativo, aunque incluso cuando se da este caso la Dirección General sigue gestionando las autorizaciones a fin de dar todas las garantías jurídicas a las empresas. Por su parte, de manera paralela, las empresas que presentan un ERTE deben gestionar directamente con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la solicitud colectiva de prestaciones para sus trabajadores y trabajadoras.

 

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El Gobierno de Canarias aplaza el IGIC hasta el 1 de junio, permitiendo la inyección de 600 millones en las Islas

El Gobierno de Canarias aplaza el IGIC hasta el 1 de junio, permitiendo la inyección de 600 millones en las Islas

Ángel Víctor Torres crea un Comité de Gestión en las áreas de Sanidad, Economía y Derechos Sociales, centrado en atajar la propagación del Covid-19

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado hoy jueves 19 de marzo, tras la celebración del Consejo de Gobierno ordinario, una reorganización del área sanitaria para reforzar la gestión y hacer frente a la situación generada por la propagación del Covid-19.

El Consejo ha aprobado la creación de un Comité de Gestión coordinado por el propio presidente, -y en su ausencia, por el vicepresidente-, que estará integrado por la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, el consejero Obras Públicas, Transporte y Vivienda, Sebastián Franquis, y el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez. Además, a los equipos de esas áreas, se suma el asesoramiento del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez. La coordinación de la comunicación del Comité de Gestión de Sanidad estará bajo la responsabilidad directa del viceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez. De igual modo, formará parte de dicho comité el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera.

Paralelamente, el Consejo de Gobierno también ha dado luz verde a la creación de Comités de Gestión en las áreas de Economía y Derechos Sociales, que estarán integrados por los consejeros de distintas áreas.

Esta reorganización, según explicó el presidente, “obedece a la necesidad de emplear el mayor número de recursos y conocimiento para buscar la fórmula de contención del Covid-19”.

Medidas económicas

Además, en el Consejo de Gobierno de hoy se han aprobado medidas de carácter económico. Entre ellas, se ha dado luz verde a un suplemento de 20 millones de euros para reforzar el Servicio Canario de Salud. “Se trata de una cantidad que se podría ampliar en las próximas semanas si fuera preciso”, apuntó el presidente.

Entre las medidas económicas más importantes, Ángel Víctor Torres ha anunciado que el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, procederá a firmar una orden de suspensión y ampliación de plazos para el pago del Impuesto General Indirecto Canario (IGIC), del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y el de Sucesiones y Donaciones hasta el 1 de junio. El presidente Torres asegura que esta decisión se traduce en la inyección de alrededor de 600 millones de euros en la economía canaria.

El Gobierno de Canarias, asimismo, completará la prestación por cese extraordinario de actividad de los autónomos, lo que se conoce como el paro de los autónomos, que establece el Real Decreto aprobado por el Gobierno de España, hasta llegar al 100 por 100. El Gobierno central aportará el 70 por ciento de su base reguladora, y el Ejecutivo que preside Torres aportará el 30 por ciento restante. El presidente de Canarias también ha asegurado que han activado los mecanismos “para que los cientos de Expedientes Reguladores Temporales de Empleo (ERTES) que se están presentando, se agilicen”.

Otra medida que se ha planteado en el Consejo de Gobierno y que la Consejería de Sanidad ha puesto en marcha es la gratuidad del servicio de televisión en todos los hospitales canarios.

 

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El Gobierno de Canarias contempla 30 millones de euros más para combatir la pobreza en los presupuestos de 2020

Consejo de Gobierno de Canarias

El presidente Ángel Víctor Torres destaca que habrá un aumento de 18 millones de euros para la Prestación Canaria de Inserción

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, asegura que para la elaboración del anteproyecto de Ley de Presupuestos de 2020 el Gobierno pretende tener una previsión de ingresos lo más realista posible y “que se están reordenando los gastos para destinarlos a políticas sociales”. El incremento del gasto en el próximo ejercicio se calcula que esté en torno al 2,7 por ciento y, a pesar de ser la menor subida de los últimos años, “la apuesta que hacemos por la agenda social va a ser muy importante”, asegura. Al respecto, Torres adelanta que la dotación para la Prestación Canaria de Inserción (PCI) aumentará en 18 millones -en 2019 el incremento estuvo sobre los dos millones-. En general “para combatir la pobreza habrá 30 millones adicionales. También para Vivienda se dispondrá de 20 millones más”, apunta. 

En cuanto a los cambios en la fiscalidad y la reordenación de gastos, el Ejecutivo está pendiente de la respuesta de la Fecam (Federación Canaria de Municipios) y la Fecai (Federación Canaria de Islas). Las administraciones locales han recibido la propuesta de flexibilizar los plazos y la financiación anual del Fondo de Desarrollo de Canarias (el Fdcan tiene 1.600 millones de euros en 10 años, el periodo inicial previsto para su ejecución). De esta manera se daría respuesta a una demanda de ayuntamientos y cabildos, para que tengan más tiempo de justificar las obras. Además, “no perderían ni un euro”. A su vez, las federaciones de municipios e islas recibieron con buenos ojos que los recursos del Fdcan se deriven a la agenda social, “a crear escuelas de 0 a 3 años, al saneamiento y la depuración de aguas, a servicios básicos necesarios, en definitiva”, apunta Torres.

Reparto del reajuste del IGIC

Tanto la Fecam como la Fecai han sido informados de la intención de recuperar el medio punto de IGIC (Impuesto General Indirecto Canario), que se había suprimido durante la anterior legislatura (pasó del 7 por ciento al 6,5 por ciento). “Si esa medida hubiera funcionado, la habríamos mantenido” dice el presidente, “pero es al contrario: este año se recaudarán 193 millones de euros menos”, según las previsiones de la Agencia Tributaria Canaria.

Sobre este asunto el Gobierno propone que la cantidad que se recaude por el IGIC (al 6,5 por ciento) se siga repartiendo en las mismas proporciones: 58 por ciento para las corporaciones locales y el 42 por ciento para el Gobierno de Canarias. Pero que el 0,5 por ciento que se recupere -hasta llegar al 7 por ciento- se distribuya a la inversa: 58 por ciento para el Gobierno canario y 42 por ciento para las corporaciones locales. Eso significa una diferencia de 25 millones de euros más que recibiría el Gobierno y que se destinaría también a la agenda social e incluso “con ese dinero podríamos dejar de retocar algún impuesto” dice Torres.

Sea cual sea la fórmula, el presidente aclara que los cabildos y ayuntamientos van a ver aumentados sus ingresos en 2020. Si aceptan la propuesta de reparto del Ejecutivo recibirán 67 millones de euros más que en 2019. Si rechazan la petición serán 97 millones más.

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La Agencia Tributaria Canaria incrementa en un 34,4% la tramitación de consultas ciudadanas

La Agencia Tributaria Canaria incrementa en un 34,4% la tramitación de consultas ciudadanas

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, subraya la importancia del asesoramiento al contribuyente para evitar el fraude fiscal

El Igic y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados copan el grueso de los servicios prestados

La Agencia Tributaria Canaria incrementó el año pasado en un 34,4% el número de consultas tramitadas a través de sus servicios de atención ciudadana, al registrar 715.843, frente a las 532.575 de 2017.

El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, valoró el aumento de los servicios prestados, “en tanto las tareas de apoyo y asesoramiento al contribuyente son fundamentales para combatir el fraude fiscal”.

Precisamente, la lucha contra el fraude y el avance en la progresividad fiscal son los ejes sobre los que pivotará la gestión de la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno en este ámbito.

En este sentido, el vicepresidente indicó que “la mejora en ambos aspectos contribuirá al cumplimiento de los objetivos que nos hemos fijado para combatir la desigualdad social y avanzar hacia un sistema fiscal más justo y solidario”.

El 73,59% de los servicios (526.847) se llevaron a cabo de forma presencial en las once oficinas de la Agencia Tributaria Canaria repartidas en las Islas, mientras que 187.673 se canalizaron a través del servicio de atención ciudadana 012 y otros 1.323, por vía telemática.

La presentación de modelos tributarios relativos al IGIC, al Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados y al Impuesto de Sucesiones y Donaciones concentró el grueso de los servicios prestados a los ciudadanos.

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Canarias cierra los primeros meses con el PIB más elevado de la historia y cifras récord de recaudación del IGIC

El buen comportamiento del IGIC confirma la conveniencia de la rebaja de impuestos puesta en marcha por el Gobierno de Canarias

“Canarias cierra los primeros meses del año con cifras récord de crecimiento del PIB hasta alcanzar los 47.816 millones; dato que garantiza la sostenibilidad de nuestra economía”, dijo hoy la consejera de Hacienda en funciones, Rosa Dávila. Añadió algo que a su juicio “es mucho más importante:  esta buena marcha se corresponde con la cifra más elevada de recaudación del IGIC, que alcanza los 649,75 millones en el primer cuatrimestre, un 17,2% más que el mismo periodo del año anterior”.

Según Rosa Dávila, “hay que recordar que este incremento de la recaudación del IGIC se produce en el marco de la rebaja fiscal, puesta en marcha por el Gobierno de Canarias el pasado mes de enero y que incluía la bajada de medio punto del tipo general del IGIC, junto a otras medidas el tipo cero aplicable a las entregas de energía eléctrica y el IGIC social. La recaudación no se ha visto afectada, todo lo contrario. La conclusión es que ha sido una rebaja sostenible que ha incentivado el consumo”.

La consejera de Hacienda achacó la tendencia positiva “a la buena gestión presupuestaria, al aumento del consumo de las familias y del gasto de los turistas que visitan el Archipiélago”.

Crecimiento del PIB

Otro de los indicadores que avala la evolución positiva de la economía canaria es el crecimiento interanual del PIB durante el primer trimestre del año, que alcanzó el 2%. En términos absolutos, alcanzó los 47.816 millones, según los datos comunicados por la Intervención General de la Administración del Estado, la cifra más elevada de la serie histórica.

El sector económico que registró el mayor crecimiento en Canarias en su tasa interanual fue el de la construcción, con 5,1% en comparación con el mismo período del año anterior. Le siguieron el sector servicios (1,5%) y la industria (0,4%).

Déficit y pago a proveedores

En cuanto al déficit, Canarias continúa cumpliendo con los límites establecidos por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. “Hoy hemos conocido que el déficit de Canarias a marzo de este año se sitúa en el 0,08%, por debajo del 0,1% marcado por el Ministerio de Hacienda, dato que viene a demostrar la gestión responsable de las cuentas públicas realizada por el Ejecutivo”.

Otra de los indicadores que la consejera ha querido poner en valor es el periodo medio de pago a proveedores de la Comunidad Autónoma que el pasado mes de abril fue de 19,07 días, diez menos de lo que establece la ley. “Así se demuestra el compromiso del Gobierno de Canarias por contribuir a que el tejido empresarial de las Islas tenga liquidez y una economía saneada para que pueda generar y mantener el empleo”.

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