El director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, presentó en Lanzarote a los técnicos insulares y municipales el borrador del anteproyecto de ley en cuya redacción participaron
La actualización de la Ley del Suelo facilitará sustancialmente los instrumentos de planeamiento destinados a la renovación urbanística del suelo consolidado, para responder a los desafíos del desarrollo económico y social de las islas sin ocupar más territorio. Este es uno de los objetivos estratégicos del borrador del anteproyecto de ley que esta semana salió a información pública, y que el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, presentó a los técnicos insulares y municipales de Lanzarote.
En un encuentro celebrado en el Cabildo conejero, al que también asistió el consejero insular de Ordenación del Territorio, Jesús Machín, el director general agradeció a los funcionarios y personal de las oficinas técnicas, de ordenación, ambientalistas y juristas, su participación en el proceso de análisis y redacción del anteproyecto de ley que ahora culmina tras un año de trabajos.
“Nos comprometimos no solo a escuchar a los técnicos y técnicas de todos los municipios y cabildos canarios para incorporar su experiencia en la actualización de la Ley del Suelo, sino también a presentarles el resultado de sus aportaciones al borrador del anteproyecto de ley antes de aprobarlo definitivamente, y eso es lo que estamos haciendo estos días, isla por isla y con total transparencia”, aseguró el director general.
Según explicó Onán Cruz, “la actualización de la Ley del Suelo gira en torno a ocho principios básicos, uno de los cuales es el fomento e impulso de la renovación urbana, porque somos islas con un territorio disponible muy escaso, cuya protección debe ser compatible con responder a la escasez de vivienda, facilitar la actividad económica y la creación de empleo, y la mejor forma de conseguirlo es transformar, adaptar y reformar el suelo ya ocupado”.
Para facilitar el uso del suelo ya consolidado, la actualización de la ley permitirá, entre otras medidas, simplificar los Programas de Actuación y Mejora Urbana (PAMU), con una tramitación más ágil similar a las ordenanzas municipales. Además, se permitirá un mayor aprovechamiento de las zonas consolidades, a través de las Actuaciones de Dotaciones, para evitar el consumo de nuevo suelo. También se reducirán las cesiones obligatorias de suelo, pasando del 15% al 10%, promoviendo la inversión privada en mejoras urbanísticas.
En este mismo sentido, la actualización de la Ley del Suelo introduce un nuevo instrumento de ordenación llamado Proyecto de Renovación Especial de Suelos Industriales (PRESI), enfocado en reformar y modernizar las áreas industriales de Canarias, similar a los actuales planes turísticos de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad.
Durante el encuentro informativo, el director general de Ordenación del Territorio y Cohesión Territorial, Onán Cruz, expuso al personal técnico de las administraciones de Lanzarote los avances incluidos en la actualización, basados fundamentalmente en una reducción de los contenidos de los instrumentos de planificación, la reducción de los plazos de tramitación, más facilidades para la renovación urbanística y construcción de viviendas, y un endurecimiento de las medidas de protección del territorio, organizados en ocho ejes principales:
1. Reducción del contenido de los instrumentos de ordenación.
Apuesta por la Ordenación Estructural Estratégica frente a la pormenorizada: Se reduce el contenido obligatorio de los planes de ordenación, permitiendo un 40% menos de carga documental en los Planes Generales de Ordenación (PGO).
Se eliminan distinciones innecesarias entre tipos de planes territoriales (Parciales y Especiales), simplificando su aplicación.
Se simplifica el contenido de los Proyectos de Actuación y Mejora Urbana enfocados a rehabilitar los suelos urbanos asimilándolo a las ordenanzas municipales.
2.- Simplificación de trámites urbanísticos
Se reducen los pasos burocráticos para aprobar instrumentos de ordenación del territorio, eliminando la fase inicial de “Avance” en los Planes Generales de Ordenación (PGO), haciendo el proceso más rápido.
Se disminuyen los tiempos de exposición pública, apostando por el mínimo establecido en la Legislación Estatal Básica, pasando de una media de unos 210 días a 160 días en la suma de todas las fases.
Se simplifican procedimientos de otros instrumentos como proyectos de interés autonómico e insular, programas de mejora urbana y ordenanzas municipales e insulares.
3.- Mayor protección del territorio
Se amplía el plazo de actuación de la Agencia de Protección del Medio Ambiente, pasando de 6 a 9 meses para intervenir en infracciones.
Se endurecen las sanciones por daños ambientales:
Las multas leves pasan de 60 € a 300 €.
Las muy graves pueden llegar hasta 600.000 €.
Se crean procedimientos especiales para revertir daños ambientales graves, como los causados por minería o contaminación marina, con intervención directa del Gobierno de Canarias.
Se amplía el plazo para la prescripción de la sanción urbanística y territorial, ampliándola de los 4 años actuales a 8 años.
4.- Mejora de la gestión urbanística
Se aclaran normas sobre división de terrenos para evitar confusiones en su aplicación. Separación entre segregaciones (suelo rústico) y parcelaciones (suelo urbano y urbanizable).
Se permite que la administración acuerde con propietarios la financiación de obras urbanísticas, pudiendo conveniar los gastos de urbanización a cambio de aprovechamiento urbanístico.
Se establece la “recepción tácita” de las obras de urbanización en casos donde ya exista suministro de servicios públicos (como recogida de basura o agua potable).
Se redactan de manera más clara las normas que definen los usos ordinarios del para suelo rústico, facilitando su gestión y aplicación.
5. Renovación y modernización urbana
Se simplifican los Programas de Actuación y Mejora Urbana (PAMU), con una tramitación más ágil similar a las ordenanzas municipales.
Se introduce un nuevo instrumento de ordenación llamado Proyecto de Renovación Especial de Suelos Industriales (PRESI), enfocado en reformar y modernizar las áreas industriales de Canarias.
Mayor aprovechamiento de las zonas consolidades, a través de las Actuaciones de Dotaciones, para evitar el consumo de nuevo suelo. Se reducen las cesiones obligatorias de suelo, pasando del 15% al 10%, facilitando la inversión privada en mejoras urbanísticas.
6. Fomento de la vivienda pública
Se aumenta el porcentaje de suelo destinado a vivienda pública:
En suelos urbanizables, pasa del 30% al 40%.
En suelos urbanos consolidados, pasa del 10% al 20%.
Se incrementa la cesión obligatoria de suelo urbanizable ordenado del 10% al 15%, fortaleciendo el patrimonio público para construir viviendas protegidas.
Se aclaran las condiciones mínimas para definir los solares, garantizando el acceso a infraestructuras básicas.
Se clarifican los criterios para modificar el uso del suelo urbanizable, manteniendo la misma filosofía de ordenación, pero permitiendo más flexibilidad, sin consumir más suelo.
7. Apoyo a municipios ante el reto demográfico
Se establecen normas más flexibles para la construcción en suelo rústico de asentamiento, especialmente en municipios con menos de 10.000 habitantes.
Se eliminan criterios estrictos sobre crecimiento poblacional para evitar el despoblamiento rural.
Se permite la centralización de servicios básicos para varios asentamientos rurales cercanos.
Se incentiva el uso de energías renovables y sistemas de depuración autónomos en edificaciones rurales.
Se declara el apoyo al desarrollo de estos municipios como interés general, lo que facilita la obtención de ayudas y subvenciones.
8. Refuerzo al sector primario (agricultura y ganadería)
Se permite la construcción de viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas, siempre que estén vinculadas a una actividad agraria real.
Se aclaran los usos permitidos en suelo rústico, diferenciando entre actividades principales y complementarias.
Se autoriza el desarrollo de actividades turísticas en asentamientos rurales, bajo regulación específica.
Se refuerza el principio de «autorizado todo lo que no es té expresamente prohibido», dando más seguridad jurídica y mayor flexibilidad para el sector primario.
