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Bienestar Social acelera la tramitación de las subvenciones de dependencia y discapacidad para el tercer sector

Con esta medida se reduce a la mitad los plazos administrativos y se agiliza la concesión de las ayudas a las entidades

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias acelera la tramitación de las ayudas a la dependencia y la discapacidad, reduciendo a la mitad los plazos administrativos, salvo presentación de solicitudes y recursos, agilizando así su concesión. La medida se materializa con la publicación en el BOC de la tramitación de la convocatoria de subvenciones de 2026 para proyectos que fomenten los derechos de dichas personas, que cuenta con una partida de 4.691.967,30 euros.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, destaca que “con esta actuación se pretende facilitar a las entidades del tercer sector el acceso a estas subvenciones en el menor tiempo posible, con el fin de que se puedan atender necesidades de relevancia social, al beneficiarse de ellas personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad”. Asimismo, destaca que “la reducción de los plazos permitirá también que las entidades beneficiarias puedan disponer de un mayor margen de tiempo para planificar, organizar y ejecutar adecuadamente las actuaciones subvencionadas, así como para gestionar y aplicar los fondos recibidos”.

La convocatoria recoge un total de 13 líneas de ayudas, estableciéndose la obligatoriedad de que cada proyecto se centre exclusivamente en una única área de actuación. Dichas actuaciones se centran en la prevención e integración social de las personas en situación de discapacidad o dependencia, incluyendo los proyectos de atención temprana dirigidos a la población infantil, a la familia y al entorno. A este se suman los dirigidos a prevenir la soledad no deseada en personas con discapacidad o situación de dependencia con el fin de mitigar los efectos psicosociales que esta situación pueda provocar a las personas que la padecen.

Asimismo, se contempla la integración social de personas con discapacidad o dependencia a través de proyectos de ocio, actividades culturales y tiempo libre.Otra de las líneas de acción se centra en la promoción de la salud mental en personas con discapacidad como un elemento esencial para el bienestar emocional, la autonomía personal, el ejercicio efectivo de derechos y la participación social en igualdad de condiciones.

El apoyo a la familia y a la persona cuidadora no profesional es otro aspecto contemplado, dando cobertura financiera a los proyectos de respiro familiar que tengan como objetivo sustituir, con carácter temporal, a la persona cuidadora no profesional de una persona con discapacidad o dependencia.

Las subvenciones también permitirán financiar acciones de información a la familia, al entorno y a las personas con discapacidad o situación de dependencia, contemplándose la inclusión de servicios de psicología, orientación laboral, mediación, conciliación o asesoría jurídica, entre otros.

La formación y acompañamiento de las personas cuidadoras no profesionales es otra de las líneas de actuación, así como la promoción de la autonomía personal e independiente y el fomento de la accesibilidad.

Completan el listado de ayudas, las relativas a la asistencia personal para la autonomía personal en el domicilio y el entorno, las destinadas al transporte adaptado, el servicio de comida a domicilio, la mejora de servicios a través de proyectos de obras de nueva construcción, reforma, adaptación o rehabilitación, así como los apoyos tecnológicos.

 

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Ángel Menéndez-Rexach comparte con las comunidades autónomas la necesidad de reformar la Ley de Costas estatal

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid analizó en el I Congreso de Costas Canarias la evolución del marco jurídico del litoral y las dificultades para delimitar las atribuciones del Estado y de las comunidades autónomas

El catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Autónoma de Madrid, Ángel Menéndez-Rexach, abordó durante su intervención en el I Congreso de Costas Canarias: Canarias, Mar y Territorio la necesidad de reformar la Ley de Costas estatal, una cuestión que comparten distintas comunidades autónomas ante la evolución del marco competencial y los nuevos retos en la gestión del litoral.

Durante su ponencia, Menéndez-Rexach repasó la evolución de la Ley de Costas de 1988, cuyo modelo inicial concentraba la mayor parte de las competencias en la Administración General del Estado. El catedrático explicó que la consolidación de las comunidades autónomas y la evolución institucional han transformado aquel escenario y han permitido que estas administraciones asuman nuevas atribuciones en la ordenación del litoral.

El experto centró parte de su intervención en las dificultades para delimitar las competencias estatales y autonómicas, especialmente tras la evolución de la jurisprudencia constitucional sobre el alcance de la ordenación del litoral. En este sentido, señaló que la interpretación actual plantea interrogantes sobre la relación entre la competencia autonómica de ordenación del litoral y la legislación estatal reguladora del dominio público marítimo-terrestre.

Una definición más clara del litoral

Otro de los aspectos destacados de la ponencia fue la ausencia de una definición legal precisa del litoral. Menéndez-Rexach señaló que la Ley de Costas no define este concepto y defendió que su alcance no debe limitarse a la parte terrestre, sino que también debe contemplar una dimensión marítima.

El catedrático advirtió de las diferencias entre las normas autonómicas a la hora de delimitar el litoral y consideró necesario avanzar hacia un criterio común, especialmente en lo relativo a su vertiente marítima. Esta cuestión resulta relevante para dotar de mayor coherencia al marco jurídico y clarificar el ámbito de actuación de las distintas administraciones.

Los informes de Costas como eje de análisis

La ponencia estuvo precedida por la sesión dedicada a la conflictividad competencial sobre el litoral, en la que participaron el profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, Ángel Lobo Rodríguez; el catedrático del mismo Área, Andrés González, y la catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Huelva, María Carmen Núñez.

Lobo centró su intervención en los informes de Costas durante la tramitación de los instrumentos de planificación territorial y urbanística. Los datos del Tribunal de Cuentas reflejan que entre 2014 y 2020 se contabilizaron alrededor de 2.106 expedientes en relación a los informes. El plazo medio de resolución alcanzó los 129 días para el primero, pese a que el periodo previsto es de un mes, y los 114 días para el segundo, cuyo plazo establecido es de dos meses. A estos tiempos se suman los retrasos en el traslado de los expedientes desde los servicios periféricos hasta la Dirección General en Madrid, un proceso que se prolongó una media de cuarenta días.

Como alternativa, el experto propuso sustituir los dos informes por uno único, emitido después de la aprobación inicial del plan y limitado a un análisis técnico de las competencias sectoriales estatales.

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Canarias presenta el borrador de la Ley del Litoral para adaptar su gestión a las singularidades del archipiélago

El consejero Pablo Rodríguez reivindica más competencias y herramientas para que Canarias pueda gestionar su litoral de acuerdo con la realidad de las islas

El catedrático de Derecho Administrativo Francisco Villar expone las principales líneas de una propuesta que aborda la planificación costera, la gestión de las playas y la regulación de espacios singulares como los charcos y las piscinas naturales

El I Congreso de Costas Canarias reúne a alrededor de 200 participantes y aborda la experiencia de otras comunidades autónomas y los nuevos traspasos competenciales

El Gobierno de Canarias ha presentado este viernes el borrador de la Ley del Litoral de Canarias en el marco del I Congreso de Costas Canarias: Canarias, Mar y Territorio, celebrado durante los días 15 y 16 de octubre en Gran Canaria. La propuesta busca adaptar la regulación del litoral a las singularidades del archipiélago y abordar cuestiones relacionadas con la planificación, la gestión de las playas y la protección de los espacios costeros, teniendo en cuenta las características territoriales y ambientales de las islas.

Durante la bienvenida institucional, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha reivindicado la necesidad de que Canarias disponga de más competencias y herramientas para gestionar su costa. Rodríguez ha recordado la relación histórica de la población canaria con el mar, desde la actividad pesquera hasta los pueblos asentados junto al litoral, y ha defendido que su protección debe compatibilizarse con las garantías y la seguridad de las personas que viven en estos entornos.

“Los canarios llevamos siglos viviendo alrededor de nuestra costa, conviviendo con su entorno y cuidándolo”, ha señalado el consejero, quien ha destacado la importancia de avanzar hacia una gestión que permita proteger el litoral y, al mismo tiempo, convivir con él.

Rodríguez ha puesto en valor la creación de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario durante esta legislatura y ha reiterado que el traspaso de competencias en esta materia ha resultado “insuficiente para responder a las necesidades del archipiélago”. En este sentido, ha señalado que existen comunidades autónomas que disponen de más herramientas para gestionar su litoral y ha defendido que Canarias debe avanzar hacia un marco competencial acorde con su realidad territorial.

Por su parte, el director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario, Antonio Acosta, ha valorado la celebración del congreso como un espacio de encuentro entre comunidades autónomas y administraciones para compartir experiencias y abordar los desafíos comunes de la gestión costera. Acosta ha destacado la participación de alrededor de 200 personas durante las dos jornadas y ha subrayado que la presentación del borrador permite iniciar un proceso de participación en torno a la futura norma.

Durante la bienvenida institucional también ha estado presente el primer teniente alcalde del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal.

Una regulación adaptada a la realidad territorial de Canarias

La presentación del borrador ha estado a cargo de Francisco Villar, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de La Laguna, quien ha expuesto las principales líneas de la propuesta y su encaje en el marco competencial de Canarias.

Villar ha explicado que el texto aborda el litoral desde una perspectiva que tiene en cuenta tanto la zona terrestre como la dimensión marítima del archipiélago. Para ello, ha hecho referencia al Estatuto de Autonomía de Canarias y al reconocimiento de las aguas canarias, sobre cuya base ha expuesto el ámbito de actuación que contempla el borrador, siempre dentro del marco jurídico aplicable.

El catedrático ha señalado que uno de los objetivos de la propuesta es adaptar la normativa general a las particularidades de Canarias y concretar conceptos cuya aplicación ha generado dificultades interpretativas. El texto plantea una regulación centrada en las cuestiones que requieren una respuesta específica para el archipiélago.

En materia de planificación, Villar ha explicado que Canarias ya dispone de instrumentos que identifican tramos de costa según sus valores y necesidades de protección, por lo que la propuesta plantea aprovecharlos y reforzar sus determinaciones cuando resulte necesario.

La iniciativa incorpora también principios como el uso y disfrute del litoral, el desarrollo sostenible, la integración de la planificación costera y la conservación de las aguas. Asimismo, contempla mecanismos de participación y coordinación, entre ellos el Foro del Litoral, y el refuerzo de herramientas de información para mejorar el conocimiento y la gestión de la costa.

Playas, charcos y núcleos costeros tradicionales

La gestión de las playas constituye uno de los ámbitos específicos de la propuesta. El borrador aborda cuestiones como la clasificación de los tramos de costa, los espacios libres, la compatibilidad de los distintos usos y el mantenimiento y la regeneración de las playas.

Villar ha destacado, además, la necesidad de dar un tratamiento adecuado a las singularidades canarias, entre ellas los charcos y las piscinas naturales, espacios de baño tradicionales que presentan características distintas a las de las playas y requieren una regulación adaptada a su realidad.

El texto contempla también cuestiones relacionadas con las servidumbres de protección, tránsito y acceso al mar, así como la concreción de conceptos vinculados a los usos autorizables. En relación con el acceso peatonal a la costa, el catedrático ha señalado la importancia de interpretar los criterios normativos teniendo en cuenta la accesibilidad y los derechos de las personas.

Otro de los aspectos abordados ha sido la situación de los núcleos costeros tradicionales. El borrador plantea reconocer sus valores históricos, pesqueros, marítimos y sociales, así como estudiar fórmulas para ordenar estos asentamientos, mejorar sus servicios básicos y proteger sus características, evitando su crecimiento o extensión.

El congreso analiza la experiencia de otras comunidades y los nuevos traspasos

La segunda jornada del I Congreso de Costas Canarias ha comenzado con una ponencia dedicada a la experiencia normativa de Cataluña y ha continuado con dos mesas de debate centradas en los modelos de gestión del litoral de otras comunidades autónomas y en los nuevos traspasos competenciales.

La primera mesa, centrada en la experiencia de las comunidades, ha contado con la participación de Francesc Xavier Verga, subdirector general de Costas de Cataluña; Carmen Jiménez, secretaria general de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Junta de Andalucía; Antonio Acosta, director general de Costas y Gestión del Espacio Marítimo Canario; y Koldobika Goitia, director de Puertos, Asuntos Marítimos y Litoral del País Vasco.

El debate ha permitido abordar las experiencias de distintos territorios en la gestión del litoral y las particularidades de sus respectivos marcos competenciales.

La segunda mesa, dedicada a los nuevos traspasos competenciales, ha reunido a Paula Uría, directora general de Energías Renovables y Cambio Climático de la Xunta de Galicia; María Tejerina, directora general de Aguas y Puertos de Cantabria; Marc García, director general de Costas, Puertos y Aeropuertos de la Comunidad Valenciana; y Agustín Osete, director general de Litoral y Puertos de la Región de Murcia.

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529 jóvenes canarios recibirán ayudas para la compra de su vivienda tras ampliarse el presupuesto a 4,5M€

Vivienda presenta una nueva convocatoria de ayudas al alquiler 2024-2025

El ICAVI amplía la dotación total de las subvenciones destinadas a fomentar la compra de vivienda por parte de la población joven canaria en 2026 y consigue atender todas las solicitudes que cumplen los requisitos en esta convocatoria

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), que dirige Pino de León, amplía el crédito de las ayudas a la adquisición de vivienda en la convocatoria correspondiente al ejercicio 2026, alcanzando las 529 personas jóvenes beneficiadas, con un importe total de 4.507.709 euros.

La ampliación presupuestaria, publicada esta semana en el Boletín Oficial de Canarias, ha incrementado en 1.507.709 euros la dotación de la convocatoria, que pasa de 3.000.000 a 4.507.709 euros. Este incremento permite pasar de 370 a 529 beneficiarios, atendiendo así todas las solicitudes que cumplían los requisitos establecidos, de acuerdo con las condiciones de la convocatoria y hasta el límite del crédito disponible. Con esta resolución, la convocatoria agota la totalidad de los fondos.

La directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, ha señalado que “este incremento de la dotación económica nos permite reforzar los recursos destinados a facilitar el acceso de los jóvenes canarios a una vivienda en propiedad y que puedan tener una oportunidad de llevar a cabo su proyecto de vida en nuestras islas”.

Requisitos y cuantía de las ayudas

La convocatoria de ayudas, abierta en abril de 2026 y ya finalizada, estaba dirigida a jóvenes de hasta 35 años que hayan adquirido una vivienda ya construida y destinada a su residencia habitual, mediante escritura pública formalizada dentro del periodo establecido. La vivienda debía ubicarse en cualquier municipio de Canarias y respetar los límites de precio fijados, excluidos impuestos y gastos asociados. Además, se incorporó una novedad significativa al ampliar los límites máximos del precio de las viviendas que podían acogerse a estas ayudas, fijándolos en 170.000 euros en las islas capitalinas y en 200.000 euros en las no capitalinas o para familias numerosas. Esta modificación realizada en esta legislatura, ha permitido ampliar las posibilidades de acceso a la vivienda en propiedad para la población joven. La subvención máxima, sin contar los gastos y tributos inherentes a la adquisición, asciende a 11.000 euros por persona beneficiaria.

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El Consejo rector del ICI aprueba la propuesta de decreto que regulará las ayudas a víctimas de violencia

Este órgano, integrado por representantes de la administración y profesionales, aprobó también la firma del convenio con la ESSSCAN que contempla el plan formativo a quienes intervienen en el ámbito de la atención a la violencia contra las mujeres

El Consejo Rector del Instituto Canario de Igualdad (ICI) aprobó este viernes la propuesta de decreto que permitirá regular en Canarias el procedimiento de concesión y pago de las ayudas económicas a las víctimas de violencias sexuales, tal y como recogía el artículo 41 de la Ley Orgánica 10/2022. Tras este primer paso, el proyecto de decreto seguirá su tramitación y posterior sometimiento al Gobierno de Canarias.

“Se trata de un Consejo Rector importantísimo porque hemos dado el respaldo definitivo al decreto que regulará los requisitos de acceso y las definiciones de conceptos fundamentales como “víctima de violencia sexual”, “víctima dependiente de la unidad familiar” y “personas a cargo”, apuntó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado Toledo, quien aclaró que la citada normativa también detalla la forma de acreditar la condición de víctima, el plazo de solicitud, la cuantía y prórroga de la ayuda, así como los órganos competentes para su gestión, entre otros asuntos.

Este fue uno de los puntos aprobados por el Consejo Rector que estuvo presidido por Delgado y contó con la participación de la directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Padrón, así como de representantes de la administración y profesionales con acreditada trayectoria personal o profesional a favor de la igualdad de derechos entre mujeres y hombres que integran el consejo.

Por su parte, la directora del ICI subrayó la importancia de celebrar el Consejo Rector en la isla de El Hierro, “dentro de las acciones que está realizando desde el ICI con motivo de la celebración del Día Internacional de las Mujeres Rurales y en continuidad con la estrategia Islas Iguales impulsado por el Gobierno de Canarias como una apuesta hacia el desarrollo cohesionado e igualitario de todas las islas”.

 

Formación para la atención de la violencia de género

Otro de los asuntos adoptados fue la autorización al ICI para la firma del convenio con la Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN), que permitirá dar formación a profesionales y sociales que intervienen en el ámbito de la violencia contra las mujeres en Canarias.

Entre las acciones previstas, la ESSSCAN organizará el XX Encuentro regional de la Red canaria de servicios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia de género. Este encuentro ofrecerá 12 horas de formación lectiva a 120 profesionales integrantes de la Red Canaria de Servicios y Centros Públicos Especializados de Atención Social a las Víctimas de Violencia de Género, del Servicio de Atención Mujeres del 1-1-2 (SAVV) y de los Centros de Crisis 24 horas de atención a las víctimas de violencia sexual en Canarias.

También organizará la primera Jornada de Encuentro, Coordinación y Buenas Prácticas de los Centros de Asistencia Integral Especializada 24 Horas para Víctimas de Violencia Sexual en Canarias, con 8 horas lectivas, y el curso “Nuevos Enfoques de Tercera Generación para el Abordaje de la Violencia de Género” de 6 horas lectivas y dirigido a mejorar la evaluación, el acompañamiento y la intervención con las víctimas, favorecer los procesos de recuperación integral y promover intervenciones sensibles al trauma, contextualizadas y centradas en las necesidades de cada mujer.

Otros puntos del día fueron la autorización al Gobierno de Canarias para la firma del convenio con la Secretaría de Estado de Seguridad con el objeto de dar continuidad al Sistema de Seguimiento Integral de los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén) en las islas; y el convenio con el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género para la prestación del servicio telefónico 016 de información, atención y asesoramiento jurídico en materia de violencia contra las mujeres.

Además, el Consejo dio el visto bueno a la memoria anual 2025, la previsión de presupuesto del Organismo de Igualdad para el próximo año, y su plan operativo anual para el ejercicio 2027.

 

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El HUC recibe dos reconocimientos en el II Congreso de la Sociedad Canaria de Medicina Preventiva Hospitalaria

El servicio obtiene el premio a la Mejor Comunicación y un accésit por dos investigaciones centradas en la bioseguridad ambiental y la vigilancia epidemiológica del virus respiratorio sincitial

El servicio de Medicina Preventiva del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias (HUC), adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha sido distinguido con dos reconocimientos en el II Congreso de la Sociedad Canaria de Medicina Preventiva Hospitalaria, celebrado recientemente en el Hospital General Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, bajo el lema ‘Al servicio de la prevención y el bienestar colectivo’.

Los galardones, el premio a la Mejor Comunicación y un accésit, reconocen la calidad científica de dos trabajos de investigación que cuentan con Anabela Enebral como autora principal. Ambos estudios abordan cuestiones relevantes para la prevención de riesgos, la seguridad de los pacientes y la mejora de la práctica asistencial.

El premio a la Mejor Comunicación ha recaído en el estudio ‘Evaluación y gestión del riesgo de bioseguridad ambiental ante un fallo de climatización en un área quirúrgica’. La investigación analiza la respuesta ante una incidencia técnica en el sistema de climatización de un área quirúrgica, con especial atención al control microbiológico y a la toma de decisiones necesarias para garantizar la seguridad ambiental.

Por su parte, el accésit ha sido concedido al trabajo ‘Más allá de la infancia: patrón temporal y por edad del virus respiratorio sincitial previo a la incorporación de la vacunación en adultos’. Esta investigación estudia el comportamiento epidemiológico del virus respiratorio sincitial (VRS) en el ámbito hospitalario y analiza las diferencias temporales de su circulación entre grupos de edad. Entre sus resultados, destaca que el pico de casos en la población infantil precede al registrado en las personas mayores de 80 años, un hallazgo de interés para comprender la dinámica de transmisión del virus y reforzar la vigilancia epidemiológica.

Estos reconocimientos ponen en valor la labor investigadora del este servicio del HUC, así como su contribución al desarrollo del conocimiento científico en áreas esenciales para la atención sanitaria. La bioseguridad ambiental, el seguimiento de los agentes infecciosos y el análisis de sus patrones epidemiológicos constituyen herramientas fundamentales para anticipar riesgos y orientar las medidas de prevención.

 

 

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Educación y Cabildo de Tenerife evalúan las actuaciones de adaptación climática en dos centros del sur de la isla

El IES El Médano y el CEIP Montaña Pelada, en Granadilla de Abona, forman parte del convenio suscrito hace un año entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife para crear espacios de sombra en 51 centros educativos de la isla, con una inversión de 2,2 millones de euros y el 98 por ciento de las actuaciones ya finalizadas o en ejecución

Durante la visita también conocieron los proyectos de naturalización, las instalaciones fotovoltaicas y el sistema de monitorización ambiental Clima Escolar, incluidos en el Plan de Adaptación de los Centros Educativos a las Altas Temperaturas del área regional de Educación

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, acompañados por el alcalde de Granadilla de Abona, José Domingo Regalado, evaluaron este viernes las actuaciones de adaptación climática realizadas en el Instituto de Educación Secundaria (IES) El Médano y el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Montaña Pelada, ambos ubicados en el municipio tinerfeño, como la creación de espacios de sombra, la naturalización de los patios y la incorporación de sistemas de monitorización ambiental e instalaciones fotovoltaicas para conocer las actuaciones.

La visita permitió conocer el estado de las actuaciones previstas en el convenio suscrito hace un año entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, dotado con 2,2 millones de euros para la creación de espacios de sombra en 51 centros educativos de la isla. De las intervenciones previstas, 46 están finalizadas y cuatro se encuentran en ejecución, con previsión de concluir antes de final de año. En conjunto, 50 de las 51 actuaciones están terminadas o en marcha, lo que supone un 98%. En el marco de esta planificación, se contempla extender las intervenciones a otros centros educativos del área metropolitana y Tegueste, con una inversión aproximada de 3,3 millones de euros.

Sobre este particular, el consejero de Educación, Poli Suárez, explicó que «la adaptación de nuestros centros educativos a las condiciones climáticas es una cuestión que tenemos que abordar desde distintos ámbitos. No hablamos únicamente de crear zonas de sombra, sino también de naturalizar los patios, mejorar las condiciones ambientales de las aulas y buscar soluciones que nos permitan hacer frente a las altas temperaturas».

En este sentido, señaló que «el convenio con el Cabildo de Tenerife es un ejemplo de la importancia de la colaboración entre administraciones para atender las necesidades de nuestros centros educativos. Cada institución aporta sus recursos y, trabajando de manera conjunta, podemos desarrollar actuaciones que responden a una realidad que afecta a toda la comunidad educativa».

Por su parte, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, apuntó que «hoy hemos visitado dos centros educativos del municipio de Granadilla de Abona, el IES El Médano y el CEIP Montaña Pelada, donde hemos comprobado con satisfacción cómo la colaboración entre instituciones está permitiendo adaptar los espacios escolares a las altas temperaturas. Las pérgolas, las zonas de sombra y la naturalización de los patios son actuaciones que mejoran el entorno en el que estudia el alumnado y las condiciones en las que trabaja toda la comunidad educativa».

«Desde el Cabildo», dijo la presidenta, «hemos destinado cerca de 2,2 millones de euros para intervenir en 51 centros educativos de 12 municipios de Tenerife; una inversión que responde a una necesidad real y que demuestra nuestro compromiso con la adaptación climática, el bienestar de los escolares y la mejora de las infraestructuras educativas de la isla. Trabajamos para que nuestros centros estén mejor preparados ante el aumento de las temperaturas, con soluciones adaptadas a las necesidades de cada uno».

Durante el recorrido por el IES El Médano, los representantes institucionales también pudieron conocer de primera mano el funcionamiento del proyecto Clima Escolar Canarias, que permite monitorizar parámetros como la temperatura, la humedad y la concentración de dióxido de carbono (CO₂) en los centros educativos.

Asimismo, se explicó cómo se planifican las actuaciones para la creación de espacios de sombra, atendiendo a las características de cada instalación y a las necesidades de la comunidad educativa, con el objetivo de mejorar las condiciones de los espacios escolares y avanzar en su adaptación a las altas temperaturas.

Actuaciones

La visita comenzó en el IES El Médano, donde los representantes institucionales recorrieron las nuevas zonas de sombra habilitadas en el patio y conocieron el proyecto de naturalización de los espacios exteriores, que incluye distintas intervenciones en el patio y el huerto escolar. Además, el instituto cuenta con instalaciones fotovoltaicas y participa en el proyecto Clima Escolar Canarias, un sistema de monitorización que permite registrar distintos parámetros ambientales en las instalaciones educativas.

Este proyecto permite disponer de información sobre las condiciones ambientales de los espacios escolares y conocer cómo evolucionan estos parámetros a lo largo de la jornada. Los datos recogidos facilitan el seguimiento de las temperaturas y de la calidad del aire en las instalaciones, proporcionando información útil para identificar posibles necesidades y valorar medidas que contribuyan a mejorar las condiciones ambientales del centro.

Posteriormente, la comitiva se trasladó al CEIP Montaña Pelada, donde visitó los nuevos espacios de sombra creados en el patio interior. El centro también desarrolla un proyecto de naturalización de sus espacios exteriores, actualmente en fase de finalización, y dispone de instalaciones fotovoltaicas. Asimismo, tiene prevista la creación de nuevas zonas de sombra en el área destinada al alumnado de Educación Infantil.

Altas temperaturas

Más allá de las actuaciones financiadas mediante el convenio con el Cabildo de Tenerife, los dos centros educativos cuentan con otras intervenciones incluidas en el Plan de Adaptación de los Centros Educativos a las Altas Temperaturas de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

Este plan contempla distintas medidas destinadas a adaptar las instalaciones escolares a las condiciones climáticas de cada zona, entre ellas la creación de espacios de sombra, la naturalización de patios, las mejoras en las fachadas y en las envolventes térmicas, la incorporación de instalaciones fotovoltaicas y la implantación de sistemas de monitorización ambiental.

También incluye actuaciones de refrigeración y climatización, así como otras intervenciones en los espacios interiores y exteriores de los centros, que se desarrollan atendiendo a las características de las instalaciones y a las necesidades de cada comunidad educativa.

En la visita también participaron el director general de Infraestructuras y Equipamientos del Gobierno de Canarias, Iván González Carro; el consejero de Empleo, Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina; y el primer teniente de alcalde de Granadilla de Abona, Marcos Antonio Rodríguez, entre otros representantes institucionales, quienes acompañaron a los representantes institucionales durante el recorrido por ambos centros educativos.

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Puertos Canarios aclara el alcance jurídico de la sentencia sobre el Puerto Deportivo de Puerto Rico

La resolución reconoce el interés institucional del Ayuntamiento para intervenir en el procedimiento, pero no concede prórrogas, no resuelve el expediente del Puerto de Mogán y no contiene pronunciamientos personales contra cargos o empleados públicos

Puertos Canarios, en relación con las informaciones difundidas sobre la sentencia 398/2026 del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, desea realizar una aclaración estrictamente jurídica, desde el máximo respeto al Ayuntamiento de Mogán, a sus representantes públicos y, de manera muy especial, a los vecinos y las vecinas del municipio.

La entidad pública comparte que cualquier decisión relativa a una infraestructura portuaria ubicada en el término municipal de Mogán debe abordarse con transparencia, seguridad jurídica y sensibilidad hacia la ciudadanía, los usuarios, los trabajadores, el sector económico local y las administraciones con competencias concurrentes. Precisamente por ello, Puertos Canarios considera necesario diferenciar el debate jurídico resuelto por la sentencia de otras valoraciones o conclusiones que no forman parte de su fallo.

La resolución judicial reconoce que el Ayuntamiento de Mogán puede sostener un interés institucional propio para intervenir en el procedimiento, al encontrarse el puerto deportivo de Puerto Rico en su término municipal y poder incidir su régimen de explotación en materias como la ordenación urbanística, la movilidad, la seguridad, la actividad económica y turística, las licencias, la protección ambiental, el litoral y el uso público. Puertos Canarios respeta dicho pronunciamiento y lo integra con normalidad en la tramitación administrativa correspondiente.

Ahora bien, la misma sentencia debe leerse en su conjunto. El fallo estima la impugnación formulada por Puertos Canarios exclusivamente en lo referido a la falta de legitimación de la mercantil Gabinete de Enseñanza y Venta, S.L.U., para intervenir en el procedimiento. Asimismo, confirma la Sentencia 313/2024, de 23 de diciembre, dictada en primera instancia, con esa única salvedad.

En consecuencia, la sentencia no otorga una prórroga extraordinaria a Puerto Rico, S.A.; tampoco aprueba, deniega ni anticipa la resolución de expedientes administrativos en curso; y no contiene pronunciamiento alguno relativo a ceses, responsabilidades personales o reproches disciplinarios contra cargos o empleados públicos de Puertos Canarios. Su contenido es estrictamente contencioso-administrativo y se centra en cuestiones de legitimación, procedimiento y alcance de las pretensiones planteadas.

En relación con la prórroga de la concesión, la propia resolución recuerda que las solicitudes presentadas por una concesionaria no generan por sí mismas una situación de prórroga ni impiden, automáticamente, la extinción del título por cumplimiento de plazo. También señala que la eventual aplicación de una prórroga extraordinaria no opera de forma automática, sino que exige la apreciación de circunstancias, requisitos materiales y procedimentales y una decisión del órgano competente.

Puertos Canarios quiere subrayar igualmente que el expediente relativo al Puerto de Mogán no es el objeto de esta sentencia. Se trata de una cuestión distinta, que deberá resolverse en su cauce administrativo propio, con audiencia de las partes que proceda, valoración técnica y jurídica completa, y decisión de los órganos competentes, siempre bajo los principios de legalidad, transparencia e interés público. La existencia de expedientes en tramitación no equivale a la aprobación de ninguna prórroga ni prejuzga su resultado.

La entidad pública no va a situar este asunto en el terreno de la confrontación personal y recuerda que es el Consejo de Administración de Puertos Canarios, al que pertenece la propia alcaldesa, al que corresponde la toma de decisiones sobre este y otros asuntos. Las discrepancias entre administraciones, cuando existen, deben tratarse con lealtad institucional, rigor jurídico y respeto recíproco. Puertos Canarios reconoce el papel del Ayuntamiento de Mogán en la defensa de los intereses municipales y reitera su disposición a cooperar con la Corporación Local en todo aquello que redunde en beneficio de los vecinos y las vecinas de Mogán, de los usuarios de sus instalaciones portuarias y del conjunto de Canarias.

Puertos Canarios seguirá resolviendo los expedientes de su competencia conforme al procedimiento aplicable, con sujeción plena a las resoluciones judiciales y al interés general. Esa será la única guía de actuación del ente público.

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Igualdad reivindica la voz de las mujeres rurales y apela a la responsabilidad compartida

La jornada “Mujeres rurales canarias” celebrada en El Hierro contó con las intervenciones de varias mujeres que desarrollan su actividad profesional en el ámbito rural herreño

La isla de El Hierro acoge durante tres días diferentes eventos organizados por el Gobierno de Canarias, en el marco del Día Internacional de las Mujeres Rurales, con el objeto de dar visibilidad y generar un espacio de reconocimiento y diálogo sobre el papel esencial de las mujeres en el desarrollo rural de los diferentes territorios y ámbitos rurales de Canarias.

En la tarde de jueves 15 de octubre, la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado Toledo, reivindicó durante la jornada celebrada en el municipio de Valverde, que “si queremos un medio rural vivo, necesitamos mujeres con derechos, con autonomía económica, con capacidad de decisión y con servicios públicos que acompañen sus proyectos de vida”.

La consejera destacó la relevancia de poder conocer las experiencias de las mujeres que intervinieron en las jornadas como Mónica Ojeda (apicultora y docente de Formación para el empleo), Cristina Mendoza (gofio Imendi), Blanca Dorta (viticultora), Almudena Pérez (Quesos y mantequilla de queso Tejeguate) , Mency Quintero (titularidad compartida) y Vanesa Díaz (pastora), y apeló a la “responsabilidad compartida de las administraciones, de las empresas y de toda la sociedad para que sostener el mundo rural, lo que quiere decir sostener una forma de vida, una economía y una cultura, no recaiga en exclusiva en la mujeres”.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero Castañeda, aseguró que “las mujeres han mantenido el mundo rural a lo largo de la historia, lo que no tenía era visibilidad social ni jurídica pero siempre han trabajo en el mundo rural, han innovado, han transferido conocimientos y han generado empleo, con lo cual no se entiende el mundo rural sin la mujer; el futuro del mundo rural no existirá si no está la mujer”.

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Ana Padrón Brito, destacó “las desigualdades que afrontan las mujeres que habitan en el ámbito rural” y la necesidad de garantizarles igualdad de oportunidades. “Sus vivencias merecen ser escuchadas, son mujeres que sostienen el sector primario, pero también que tienen derecho a construir su propio futuro. Ellas mantienen vivo nuestro territorio”.

Las actividades programadas por el ICI, adscrito a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, prosiguen este viernes, 16 de octubre, a las 18 horas, en el Centro Cultural de San Andrés, donde se proyectará el documental “Ellas cuentan” de Soraya Domínguez Suárez, tras el visionado habrá un coloquio. Durante la mañana del sábado 17 de octubre, entre las 10 y las 13:00 horas en la plaza de Santiago en Valverde, se celebrarán dos talleres de elaboración de productos artesanales dirigidos por la artesana Mónica Ojeda y en los que podrán participar a menores y familias.

 

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La tasa de pobreza en Canarias se reduce en 1,7 puntos en 2025

Los datos de EAPN Canarias reflejan un descenso continuado del riesgo de pobreza en las islas, con 34.000 personas menos en esta situación respecto a 2024 y 82.000 menos en la última década

La eficacia del escudo social evita que 44 % de la población caiga en la vulnerabilidad

Canarias continúa afianzando su senda de recuperación social según los últimos datos oficiales del 16º Informe de El Estado de la Pobreza elaborado por EAPN-ES a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística 2025, que señala que la tasa de riesgo de pobreza en el Archipiélago se redujo al 22,9 % el pasado año, lo que supone un descenso de 1,7 puntos porcentuales respecto al ejercicio anterior (24,6 %) y la salida de la situación de pobreza de 34.000 personas en solo un año.

Esta evolución positiva confirma la tendencia sostenida de mejora en Canarias. En comparación con 2015, año de referencia para la Agenda 2030, la tasa de pobreza en las islas ha experimentado un descenso acumulado de 5,6 puntos porcentuales, lo que significa que 82.000 personas han salido de la pobreza en la última década, todo ello en un contexto de significativo crecimiento demográfico en la región.

En lo que respecta al indicador global AROPE (Riesgo de Pobreza y/o Exclusión Social), la tasa se sitúa en el 31,2 %, reduciéndose en 2,6 puntos respecto a 2023. Dicho indicador engloba el riesgo de pobreza, la carencia material y social severa y la baja intensidad en el empleo en los hogares. Además, si el cálculo se analiza bajo el prisma del umbral regional de renta, la tasa de riesgo de pobreza se reduce hasta el 18,3 %, situando a Canarias en cifras próximas a la media estatal.

 

Aclaración sobre el número de personas mayores de 65 años en Canarias

En la información difundida por la EAPN Canarias se indica que “la vulnerabilidad aumenta entre las personas mayores de 65 años: unas 671.000 personas están en situación de vulnerabilidad y presentan una carencia material y social severa que pasa del 8,7% al 9,8%”. Dicha cifra de personas mayores es errónea, ya que según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) la población mayor de 65 años en Canarias era de 410.833 personas en 2025. La información se puede consultar en el siguiente enlace: (https://www3.gobiernodecanarias.org/istac/statistical-visualizer/visualizer/data.html?resourceType=indicator&resourceId=POBLACION_65MAS&measure=ABSOLUTE&geo=ES70#visualization/table

La Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias continuará reforzando su Plan de Acción a corto, medio y largo plazo con EAPN Canarias con el objetivo prioritario de erradicar la pobreza estructural y ofrecer respuestas cada vez más rápidas y eficaces a las familias vulnerables.

 

El impacto determinante del escudo social

El informe EAPN Canarias pone de relieve el papel crucial que desempeñan las políticas públicas y el conjunto de transferencias sociales (pensiones, prestaciones y rentas mínimas) para amortiguar la vulnerabilidad en las islas. De no existir este escudo social impulsado por las administraciones, la tasa de pobreza en Canarias se dispararía del 22,9 % actual al 44,2 %, lo que demuestra la contundencia y eficacia de las medidas de apoyo social vigentes. Entre estas medidas destaca la implantación de complementos extraordinarios destinados a proteger a los colectivos con menores ingresos, como los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) de jubilación e invalidez.

A esta mejora de los indicadores de renta se suma el fortalecimiento del Sistema Público de Servicios Sociales de Canarias, avalado por el informe independiente Índice DEC 2025 elaborado por la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que sitúa a la comunidad autónoma en la cuarta posición nacional con una valoración de 6,35 puntos. Este reconocimiento histórico responde a un elevado esfuerzo presupuestario, con un gasto social de 724,3 euros por habitante (frente a los 575,1 euros de media estatal) y una inversión en servicios sociales que alcanza el 2,79 % del PIB canario.

Dicha inversión se traduce en mejoras tangibles en la atención ciudadana como la Dependencia, donde el tiempo medio de tramitación ha registrado una reducción drástica del 73 %, pasando de 782 días en julio de 2023 a 214 días en la actualidad. Por su parte, los expedientes pendientes de la Renta Canaria de Ciudadanía se han reducido de más de 7.500 a unos 1.400 en la actualidad, recortando el tiempo medio de resolución de 24 a 7 meses. Además, en materia teleasistencia y discapacidad los datos también son positivos: las personas usuarias de teleasistencia han pasado de 2.352 al inicio de la legislatura a 17.589 en la actualidad, mientras que el área de discapacidad acumula más de 57.000 resoluciones.

 

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