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Zapata destaca el papel de la Fundación Ataretaco como referente en economía circular e inclusión sociolaboral

El consejero de Transición Ecológica y Energía conoce los proyectos de reutilización de residuos textiles y recogida de aceite vegetal usado que desarrolla la entidad

La Fundación atendió en 2024 a 1.160 personas, gestionó más de 3.700 toneladas de residuos y continúa impulsando iniciativas que combinan sostenibilidad, formación y creación de empleo

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, ha visitado este miércoles las instalaciones de la Fundación Ataretaco, en Santa Cruz de Tenerife, para conocer de primera mano los proyectos que desarrolla la entidad en materia de reutilización de residuos, educación ambiental e inserción sociolaboral, así como explorar nuevas vías de colaboración para seguir impulsando la economía circular en Canarias.

Durante el recorrido, el consejero estuvo acompañado por el director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, y por Pedro Armas, presidente de la Fundación Ataretaco; Candelaria González, coordinadora del Área de Empresas y Juan Felipe Hernández, coordinador del Departamento de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral, quienes mostraron el funcionamiento de iniciativas como EcoinserREUSE Textil, centrada en la preparación para la reutilización de residuos textiles, y el proyecto «Aceite separado, recurso aprovechado», orientado a fomentar la correcta gestión del aceite vegetal doméstico mediante acciones de sensibilización dirigidas a la comunidad educativa.

Durante la visita, Hernández Zapata destacó que «la economía circular representa una oportunidad para avanzar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, pero también para generar empleo, favorecer la inclusión social y dar una segunda vida a recursos que, de otra forma, acabarían convirtiéndose en residuos».

El consejero puso en valor el trabajo que desarrolla Ataretaco desde hace cuatro décadas, integrando la protección del medio ambiente con la formación y la inserción laboral de personas en situación o riesgo de exclusión social. «Entidades como Ataretaco demuestran que la transición hacia un modelo más circular también puede ser una transición más justa, donde la sostenibilidad y las oportunidades para las personas avancen de la mano», añadió.

En el ámbito de la reutilización textil, la Fundación mostró el proceso completo de recepción, clasificación, preparación para la reutilización y valorización de las prendas recogidas, una actividad que contribuye a reducir la generación de residuos, prolongar la vida útil de los materiales y favorecer la formación y capacitación de personas participantes en itinerarios de inserción sociolaboral.

Asimismo, durante la visita se dio a conocer el proyecto «Aceite separado, recurso aprovechado», que promueve la correcta separación del aceite vegetal usado mediante la implicación de la comunidad educativa y la sensibilización ambiental desde edades tempranas. Esta iniciativa contribuye a evitar la contaminación del agua y de las redes de saneamiento, al tiempo que favorece el aprovechamiento de un residuo que puede convertirse en un nuevo recurso dentro del modelo de economía circular.

El director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, subrayó que este tipo de iniciativas «encajan plenamente con la estrategia que impulsa el Gobierno de Canarias para favorecer un uso más eficiente de los recursos, reducir la generación de residuos y avanzar hacia una economía circular capaz de generar valor ambiental, económico y social».

La Fundación Ataretaco constituye un referente en Canarias por su capacidad para combinar la gestión ambiental con la inserción sociolaboral de personas en situación de vulnerabilidad, desarrollando proyectos que demuestran cómo la reutilización y la valorización de los residuos pueden convertirse, al mismo tiempo, en una herramienta para la protección del medio ambiente y para la generación de oportunidades de empleo e inclusión social.

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Canarias y el Estado trabajan en nuevas reservas marinas y reforzarán el control en estos espacios

Narvay Quintero y Luis Planas pusieron en valor el papel decisivo de los pescadores en la puesta en funcionamiento de estas áreas y coincidieron al destacar que su desarrollo futuro se abordará siempre junto al sector pesquero y con el respaldo del conocimiento científico

Durante la jornada se anunciaron una nueva patrullera y herramientas tecnológicas avanzadas para mejorar la vigilancia y combatir el furtivismo

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausuraron este miércoles, 22 de julio, en Santa Cruz de Tenerife, los actos conmemorativos de los aniversarios de las Reservas Marinas de Interés Pesquero de Canarias, con una jornada celebrada en la sede de la Subdelegación del Gobierno dirigida a analizar junto al sector pesquero y la comunidad científica el pasado, el presente y el futuro de estos espacios, y a poner en valor el trabajo conjunto desarrollado durante las últimas tres décadas por las administraciones públicas, los profesionales de la pesca y las instituciones científicas.

Durante su intervención, Quintero destacó que las reservas marinas “han demostrado ser una herramienta eficaz para recuperar los recursos, conservar la biodiversidad y fortalecer el sector pesquero artesanal”. El consejero explicó que estas áreas generan beneficios ambientales, pesqueros, sociales y económicos, ya que favorecen el incremento de la biomasa y la disponibilidad de especies de interés pesquero tanto dentro como fuera de las zonas protegidas, contribuyen a la sostenibilidad de la actividad y refuerzan la viabilidad socioeconómica del sector.

Asimismo, señaló que las reservas pueden contribuir al relevo generacional y a la creación de nuevas oportunidades de empleo, al tiempo que mejoran el estado de conservación de la biodiversidad marina, sus hábitats y los servicios ecosistémicos que prestan.

“Son, en definitiva, una pieza clave para garantizar el presente y el futuro de la pesca en Canarias, porque permiten compatibilizar la protección de nuestros recursos marinos con el mantenimiento de una actividad económica y social profundamente vinculada a las islas”, afirmó Quintero.

El titular del departamento autonómico subrayó también el papel de los pescadores como impulsores y principales defensores de estos espacios protegidos, y aseguró que cualquier avance en la ampliación de la red de reservas debe seguir desarrollándose con su participación y con el respaldo del conocimiento científico.

“Las reservas marinas nacieron, en gran medida, de la iniciativa y del compromiso de los propios pescadores. Por eso, su futuro debe seguir construyéndose junto al sector, escuchando a los profesionales y adoptando las decisiones sobre la base de datos científicos actualizados”, añadió.

Quintero destacó igualmente la importancia de la gestión compartida que desarrollan el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en las reservas de La Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote y de La Restinga-Mar de Las Calmas. “Esta colaboración institucional, unida a la participación de los profesionales y al respaldo del conocimiento científico, resulta fundamental para adoptar decisiones eficaces y avanzar en una gestión sostenible de los recursos pesqueros”, manifestó.

Por su parte, el ministro Luis Planas calificó el modelo de las Reservas Marinas de Interés Pesquero de Canarias como un referente de gestión sostenible y cogobernanza, tanto a nivel nacional como internacional, basado en la conciliación entre la preservación de los mares y el mantenimiento de la actividad pesquera.

“Mucha gente quiere contraponer conservación con actividad; sin embargo, es precisamente de la mano de los pescadores como mejor se pueden conservar nuestros mares”, afirmó el ministro, quien destacó que la colaboración entre el sector, la comunidad científica y las administraciones resulta esencial para garantizar el futuro económico y social de la pesca artesanal y favorecer el relevo generacional en el Archipiélago.

Más medios contra el furtivismo

Durante su intervención, Planas anunció el refuerzo de la vigilancia en estos espacios mediante el próximo envío de una nueva patrullera de última generación y la incorporación de medios tecnológicos avanzados, como drones y robots submarinos, para mejorar el control de las reservas y optimizar la protección de los recursos.

El ministro hizo además un llamamiento a la responsabilidad compartida de toda la sociedad para combatir la pesca ilegal. “Debemos ser contundentes contra el furtivismo, que daña a quienes respetan la ley, y recordar que no habría pesca furtiva si nadie comprara ese pescado. Proteger nuestras reservas es una tarea que nos implica a todos”, señaló.

Tres décadas de protección y coordinación

El programa de la jornada incluyó la mesa-coloquio “Pasado, presente y futuro de las Reservas Marinas de Interés Pesquero en Canarias”, moderada por la subdirectora general de Investigación Pesquera y Recopilación de Datos de la Secretaría General de Pesca, Elisa Carbajo Llorente.

En ella participaron representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del Gobierno de Canarias, de las Federaciones de Cofradías de pescadores y de estas entidades, de la Universidad de La Laguna y del Instituto Español de Oceanografía, que analizaron la evolución de estos espacios y los principales retos que afrontarán durante los próximos años.

Canarias cuenta actualmente con tres Reservas Marinas de Interés Pesquero: la de La Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote, creada en 1995 y la más extensa de España, con una superficie superior a las 70.700 hectáreas; la de La Restinga-Mar de Las Calmas, en El Hierro, declarada en 1996; y la de La Palma, creada en 2001.

Durante la sesión también se expusieron las líneas de actuación que se están desarrollando y las previstas para continuar fortaleciendo la red de reservas marinas del Archipiélago e impulsar nuevos espacios de protección pesquera en La Gomera, Tenerife y en el entorno del islote de Lobos y el estrecho de La Bocayna.

El Gobierno de Canarias y el Ministerio coincidieron en que estos procesos deberán abordarse mediante el diálogo con el sector pesquero, la participación de los profesionales y el respaldo de la información científica necesaria para valorar la situación de los recursos y las características de cada zona.

Encuentro previo en La Graciosa

El acto celebrado en Tenerife estuvo precedido por un encuentro mantenido el martes en La Graciosa entre Narvay Quintero, Luis Planas y miembros del sector pesquero del Archipiélago, en el que participaron también la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, el director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Esteban Reyes, el viceconsejero del sector primario, Eduardo García, y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, entre otros representantes de la administración estatal, insular y local.

La reunión permitió conocer de primera mano las demandas de los profesionales y analizar la situación de la pesca artesanal del Archipiélago, así como el funcionamiento y las perspectivas de futuro de las Reservas Marinas de Interés Pesquero.

Durante el encuentro se abordaron igualmente las necesidades planteadas por los pescadores en materia de gestión, vigilancia y aplicación de las nuevas herramientas destinadas a mejorar el funcionamiento y el control de estos espacios.

La Gerencia Sanitaria de Lanzarote saca a licitación las obras de ampliación del Consultorio de Tinajo

Consultorio de Tinajo

La ejecución de las obras cuenta con un presupuesto de 657.526,74 euros y un plazo de ejecución de cinco meses a partir de la firma del contrato

El proyecto contempla la creación de nuevas consultas y una sala polivalente con un incremento de 131,42 metros cuadrados sobre la superficie actual del edificio

La Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de Lanzarote, adscrita a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, ha publicado este martes, 21 de julio, en la Plataforma de Contratación del Sector Público la licitación para la ejecución de las obras de ampliación del Consultorio Local de Tinajo, con un presupuesto base de 657.526,74 euros.

La contratación se realiza mediante procedimiento abierto de adjudicación simplificado y tramitación ordinaria, con un plazo de ejecución de cinco meses a partir de la firma del contrato. El plazo para presentar las propuestas finaliza el próximo 10 de agosto de 2026 a las 23:59 horas. Esta licitación se lleva a cabo tras haber revisado y corregido el expediente inicial.

El proyecto de ampliación del Consultorio contempla la creación de una nueva consulta médica, una consulta de enfermería y una amplia sala polivalente que pueda ser usada por diferentes profesionales. La actuación supone un incremento de 131,42 metros cuadrados sobre la superficie construida del edificio.

La ampliación del Consultorio de Tinajo es un proyecto necesario para atender la demanda asistencial de esta zona básica de salud que ha experimentado un crecimiento poblacional en los últimos años.

El Consultorio local de Tinajo pertenece a la Zona Básica de Salud San Bartolomé y tienen adscritas un total de 6.607 tarjetas sanitarias individuales de las que 863 corresponden a población infantil y el resto a población adulta. La asistencia es prestada por un equipo de cuatro médicos de Medicina Familiar y Comunitaria, un pediatra, seis enfermeras, un fisioterapeuta, una matrona, un Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería, un trabajador social y tres auxiliares administrativos.

Actividad en 2025

A lo largo del pasado año, el Consultorio Local de Tinajo registró 36.898 consultas de Medicina Familiar y 5.968 consultas de Pediatría. Por su parte, el personal de Enfermería atendió 21.821 consultas, el servicio de Fisioterapia 2.399, la Matrona realizó 675 y el Trabajador Social 754.

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El Hospital Materno Infantil tiene en marcha el proyecto de terapia asistida con perros ‘Amigos con patas’

Se trata de una iniciativa de terapia asistida con perros para niños y niñas ingresados en la Unidad de Hospitalización Breve Infanto Juvenil, que cuenta con la colaboración de la Asociación Felices con Narices, la Fundación DISA y la Asociación Canaria Terapican

El Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias, centro dependiente del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, cuenta con un programa de terapia asistida con perros para niños y niñas hospitalizados en la Unidad de Hospitalización Breve Infanto-Juvenil, dependiente del Servicio de Psiquiatría.

Esta mañana, el director general de Salud Mental y Adicciones, Fernando Gómez-Pamo, ha conocido los beneficios de esta iniciativa, acompañado por el director gerente del Complejo Hospitalario, José Blanco, la directora de la Fundación DISA, Sara Mateos y la directora de la Asociación Felices con Narices, Laura Ramírez.

A través de la terapia asistida con perros, para aquellos pacientes que quieran participar en este proyecto, se promueve el bienestar emocional, la socialización y el fortalecimiento de habilidades adaptativas durante su estancia hospitalaria.

Las intervenciones se realizan gracias a las visitas en el hospital de los perros de la Asociación Terapican, con la colaboración de la Asociación Felices con Narices y la Fundación DISA. Este proyecto de terapia asistida con animales se realiza tras establecerse un protocolo de seguridad hospitalaria y gracias a la intervención de un equipo multidisciplinar.

Atención centrada en la persona

El programa de terapia asistida con perros se encuentra dentro de las acciones de humanización realizadas en el Complejo Hospitalario, siguiendo las directrices de la Estrategia de la Atención Sanitaria Centrada en la Persona impulsada por el Servicio Canario de la Salud.

Proyectos como el de ‘Amigos con patas’ reflejan el compromiso de los profesionales del Insular-Materno Infantil con un modelo de atención sanitaria más cercano, fundamentado en los principios de respeto, empatía y mejora de la calidad asistencial.

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Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife elegidas Capital Española de la Economía Social 2027

Las dos capitales canarias compartirán por primera vez esta distinción, que reconoce el compromiso del Archipiélago con un modelo económico basado en el empleo de calidad, la innovación y la inclusión social

La distinción reconoce el impulso de la economía social en Canarias, un sector integrado por 3.516 entidades que genera alrededor de 17.000 empleos

Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife han sido designadas conjuntamente Capital Española de la Economía Social 2027, un reconocimiento impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que, por primera vez, recae de forma compartida en las dos capitales canarias.

Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife han sido designadas conjuntamente Capital Española de la Economía Social 2027, un reconocimiento impulsado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social que, por primera vez, recae de forma compartida en las dos capitales canarias.

La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, celebra este nombramiento y destaca que «esta distinción reafirma la hoja de ruta de la Consejería para consolidar la economía social como un eje estratégico del empleo y del desarrollo económico del Archipiélago, al tiempo que reconoce el trabajo de miles de entidades que generan oportunidades y cohesión en todas las islas.»

«Esta capitalidad es una oportunidad para que el próximo año la economía social gane el protagonismo que merece, refuerce la colaboración entre entidades y empresas y acerque a la ciudadanía un modelo económico que genera empleo de calidad, innovación y oportunidades para todos», explica De León.

La economía social de las islas está integrada por 3.516 entidades entre las que se encuentran cooperativas, sociedades laborales, centros especiales de empleo de iniciativa social, empresas de inserción, sociedades agrarias de transformación, mutualidades de previsión social, cofradías de pescadores y tercer sector de acción social.

Estas organizaciones dan empleo a alrededor de 17.000 personas, consolidándose como un sector estratégico para el desarrollo económico y social del archipiélago al generar empleo estable, favorecer la inclusión y contribuir a la cohesión territorial. Según los datos del Observatorio Canario de Empleo (Obecan), la economía social continúa creciendo y reforzando su peso dentro del mercado laboral canario.

Este reconocimiento llega en un momento especialmente positivo para el empleo en Canarias. Desde el inicio de la legislatura, el paro se ha reducido en casi 28.000 personas, pasando de 172.483 desempleados en julio de 2023 a 144.598 en mayo de 2026, situándose por debajo de los 145.000 parados por primera vez en casi dos décadas.

Además, la afiliación a la Seguridad Social alcanza un máximo de 962.600 personas, con 25.350 afiliados más que hace un año, mientras que la Encuesta de Población Activa (EPA) sitúa el número de ocupados en 1,06 millones de personas, el mayor registro de la historia de Canarias y el primero que supera el millón de personas ocupadas. A estos indicadores se suma una tasa de paro juvenil del 17,35%, la más baja de la serie histórica.

A ello se suma la estrategia específica de la Consejería de Turismo y Empleo para impulsar la economía social con la constitución de la Comisión de la Economía Social de Canarias, la publicación del primer Catálogo de Entidades de Economía Social, la celebración del I Foro de Economía Social, la elaboración del Libro Blanco de la Economía Social, la puesta en marcha del primer Experto Universitario en Economía Social, la aprobación de la I Estrategia Canaria de Economía Social, así como del Distintivo de Responsabilidad Social, Sostenibilidad y Medioambiental y del nuevo Reglamento del Registro de Sociedades Cooperativas de Canarias, consolidando un marco pionero para el desarrollo de este modelo económico.

El programa de la capitalidad incluirá congresos, debates, formación, actividades ciudadanas y encuentros con el objetivo de desarrollar una agenda continua de iniciativas durante todo 2027.

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Canarias aprueba la ley que agiliza las licencias urbanísticas y la construcción de vivienda protegida y asequible

La nueva norma incorpora mecanismos para reducir los plazos administrativos, movilizar suelo disponible y facilitar la promoción de viviendas a precios asequibles sin consumir nuevo territorio

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles la Ley para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas, una norma procedente del Decreto ley 3/2025, de 21 de abril e impulsada conjuntamente por las consejerías de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad para dar respuesta a la emergencia habitacional en las islas. La ley permitirá acortar los tiempos de tramitación, incrementar el suelo disponible para vivienda protegida y asequible e incorporar nuevos instrumentos que faciliten su construcción con todas las garantías jurídicas.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha destacado que la aprobación de esta ley supone «un paso decisivo para eliminar los obstáculos que durante años han ralentizado la construcción de vivienda en Canarias», al tiempo que ha agradecido el trabajo realizado durante su tramitación parlamentaria para enriquecer el texto con aportaciones de los diferentes grupos y de las administraciones locales.

La norma establece nuevos mecanismos de colaboración con los ayuntamientos para agilizar la concesión de licencias urbanísticas, manteniendo en todo momento las competencias municipales y el control público sobre los procedimientos. Así, los municipios que lo estimen podrán incorporar informes técnicos elaborados por entidades colaboradoras acreditadas, colegios profesionales o medios propios, reduciendo los tiempos de tramitación sin renunciar a las garantías de legalidad.

Asimismo, la ley incorpora la figura de la vivienda asequible incentivada, destinada a familias cuyos ingresos superan los límites de acceso a la vivienda pública, pero que tampoco pueden afrontar los precios del mercado libre. Este nuevo modelo de vivienda privada en alquiler contará con rentas limitadas, criterios de acceso regulados y supervisión del Instituto Canario de la Vivienda.

El consejero aseguró que «esta ley marca un antes y un después en la política de vivienda de Canarias porque actúa sobre el principal problema que teníamos: el tiempo. De poco sirve disponer de suelo o de financiación si las viviendas tardan años en poder construirse».

Rodríguez añadió que «la norma combina medidas para agilizar la gestión administrativa con instrumentos que permiten poner en el mercado más vivienda protegida y asequible utilizando suelo ya transformado, edificios inacabados o parcelas sin desarrollar, sin necesidad de seguir consumiendo territorio».

Entre las principales novedades de la ley destacan la posibilidad de destinar suelos terciarios, industriales o comerciales a uso residencial cuando resulte viable; facilitar la finalización de edificios y urbanizaciones inacabadas para convertirlos en vivienda protegida; permitir la construcción de viviendas protegidas en determinados suelos dotacionales y públicos; e impulsar la construcción industrializada y otras medidas destinadas a reducir los plazos de ejecución de las promociones.

Por otro lado, el consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, Manuel Miranda ha explicado que «hoy el Parlamento envía un mensaje claro: Canarias no puede permitirse que la burocracia siga frenando el acceso a la vivienda. Esta ley, fruto del trabajo coordinado entre las consejerías de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas y de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, demuestra que la colaboración dentro del Gobierno da resultados cuando el objetivo es responder a los problemas reales de la ciudadanía. Ponemos a la administración al servicio de las personas y convertimos la agilización administrativa en una herramienta para facilitar el acceso a la vivienda.»

La norma también incorpora mecanismos para facilitar la ejecución anticipada de viviendas protegidas, agilizar la actividad de las cooperativas de vivienda, reforzar la función social del parque público de viviendas y establecer criterios de adjudicación que prioricen a quienes más lo necesitan, garantizando al mismo tiempo la transparencia y el arraigo en Canarias.

Para Miranda, «el objetivo es claro: construir más viviendas, hacerlo antes y garantizar que lleguen a quienes realmente las necesitan. Esta ley nos dota de herramientas eficaces para incrementar la oferta de vivienda asequible y seguir avanzando en la respuesta que demanda la sociedad canaria ante la emergencia habitacional».

La nueva ley mantiene, además, el respeto a la autonomía municipal, ya que las decisiones esenciales sobre planeamiento, cambios de uso o concesión de licencias continúan correspondiendo a los ayuntamientos, al tiempo que preserva todas las garantías en materia de seguridad, habitabilidad y accesibilidad. De este modo, el Gobierno de Canarias refuerza su estrategia para aumentar la oferta de vivienda protegida y asequible mediante la simplificación administrativa, la colaboración institucional y el aprovechamiento eficiente del suelo ya disponible.

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La Policía Autonómica vela por el uso responsable de las pistas forestales de Tenerife

Los controles buscan fomentar un uso responsable del monte y prevenir daños en los espacios naturales protegidos

Los agentes supervisan el acceso y la circulación de vehículos para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental

La Policía Autonómica – Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC) ha desplegado un dispositivo de vigilancia y control en distintas pistas forestales de Tenerife para supervisar la circulación de motocicletas, quads, bicicletas y otros vehículos en el medio natural, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa y proteger los espacios naturales protegidos.

Los agentes del Grupo de Protección Medioambiental y del Patrimonio Cultural han realizado controles de acceso y circulación para comprobar que los usuarios respetan las limitaciones establecidas y utilizan los itinerarios autorizados, previniendo conductas que puedan afectar a la conservación del monte y a la biodiversidad.

Las pistas forestales de Tenerife constituyen un elemento esencial para la gestión y protección del territorio, por lo que resulta necesario compatibilizar su disfrute con la preservación del paisaje y de los valores ambientales que albergan.

Estos controles tienen un marcado carácter preventivo y buscan, además, concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de hacer un uso responsable del medio natural. La normativa insular regula la circulación de vehículos a motor por las pistas forestales y establece diferentes requisitos en función del tipo de vehículo y del uso previsto.

La Policía Autonómica recuerda que el respeto por el monte y el cumplimiento de las normas de acceso y circulación son fundamentales para garantizar la conservación de estos espacios y permitir que puedan seguir siendo disfrutados por la ciudadanía de forma segura y sostenible.

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Poli Suárez: «La nueva ley reconocerá la diversidad como una fortaleza de la escuela canaria»

El anteproyecto de la futura Ley Canaria de Atención a la Diversidad y Bienestar del Alumnado establece los derechos de los escolares y las garantías que deberá ofrecer la Administración para avanzar hacia un modelo educativo más inclusivo

La norma convertirá las aulas Enclave en una medida temporal, revisable y reversible de atención a la diversidad, además de garantizar la libre elección de centro y la formación obligatoria del profesorado

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, destacó en sesión parlamentaria que el anteproyecto de la futura Ley por la que se regula la atención a la diversidad y el bienestar del alumnado, en el ámbito educativo no universitario de la Comunidad Autónoma de Canarias, supondrá «un cambio profundo en la forma de entender la inclusión en las aulas», al reconocer la diversidad «como una fortaleza de nuestro sistema educativo» y avanzar hacia un modelo que garantice una atención más personalizada al alumnado.

Durante su intervención, Suárez recordó que el texto ya se encuentra en tramitación parlamentaria y defendió que se trata de una norma «ambiciosa», que trasciende el ámbito de las necesidades específicas de apoyo educativo para abordar la diversidad en todas sus dimensiones y situar el bienestar del alumnado en el centro del sistema educativo.

«La nueva ley reconocerá la diversidad como una fortaleza de la escuela canaria. No pretende regular únicamente procedimientos, sino impulsar un cambio de cultura en nuestros centros educativos para construir una escuela más inclusiva, donde cada alumno pueda desarrollar plenamente sus capacidades», afirmó el consejero.

Asimismo, destacó que el proyecto normativo es fruto del diálogo con familias, entidades vinculadas a la discapacidad, organizaciones sindicales, equipos de orientación, profesorado y el conjunto de la comunidad educativa. «Es una ley construida desde la escucha y el consenso, porque entendemos que solo así podremos dar respuesta a las necesidades reales de nuestro alumnado y de sus familias», añadió.

Aulas Enclave

Entre las principales novedades del anteproyecto, Suárez destacó la transformación del modelo de Aulas Enclave, una de las principales demandas planteadas durante años por las familias. La norma dejará de considerar el Aula Enclave como una modalidad de escolarización paralela para convertirla en una medida de atención a la diversidad temporal, revisable y reversible.

De este modo, el alumnado permanecerá escolarizado en un grupo ordinario de referencia, participando en la vida del centro junto al resto de sus compañeros y recibiendo, en función de sus necesidades individuales, la atención especializada y los apoyos específicos que precise en estas aulas.

Además, reconocerá el derecho de todas las familias a elegir el centro educativo para sus hijos, eliminando la limitación vigente que obliga actualmente a escolarizar al alumnado de Aulas Enclave, Centros de Educación Especial o centros preferentes para alumnado con discapacidad auditiva o motora en el recurso más próximo a su domicilio.

Una ley integral

La norma, cuyo borrador ha sido elaborado por la Dirección General de Ordenación de las Enseñanzas, Inclusión e Innovación que coordina David Pablos, regulará todas las enseñanzas no universitarias y abordará la diversidad desde una perspectiva amplia, más allá de las necesidades específicas de apoyo educativo. Aunque este colectivo no constituye el único objeto del texto, reforzará la atención que reciben los más de 5.000 escolares con necesidades educativas especiales escolarizados en las islas.

Asimismo, reconocerá como parte de esa diversidad las diferencias culturales, lingüísticas, sociales, familiares, religiosas o de género, así como las distintas fortalezas, intereses, necesidades o situaciones de vulnerabilidad del alumnado. Desde esa concepción amplia de la diversidad, la norma sitúa el bienestar de toda la comunidad educativa como el principal objetivo del sistema educativo canario.

Su objetivo, más allá de regular procedimientos, es establecer un marco de derechos, garantías y compromisos para el alumnado y para la Administración educativa. «Queremos propiciar un cambio de cultura y caminar hacia un nuevo modelo de escuela canaria inclusiva», resumió Suárez.

Entre otras medidas, el anteproyecto incorporará la formación obligatoria del profesorado en materia de bienestar y atención a la diversidad, establecerá un nuevo modelo de informe psicopedagógico con un enfoque contextual y ecológico, impulsará un futuro Plan de Bienestar Digital y recogerá el compromiso de adaptar progresivamente los centros educativos para convertirlos en espacios cada vez más accesibles, seguros e inclusivos. Asimismo, reforzará la coordinación entre administraciones, la participación de las familias y la colaboración con las entidades del tercer sector en el desarrollo de las políticas de inclusión.

La futura norma complementa el conjunto de actuaciones impulsadas durante la presente legislatura por la Consejería de Educación para reforzar la atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. En este periodo se ha incrementado el número de profesionales educativos destinados a este ámbito hasta los 3.484; se han incorporado veinte nuevos centros a la red TEA y se ha reforzado la plantilla de auxiliares educativos, que supera actualmente los 1.900 profesionales, frente a los menos de mil existentes al comienzo de la legislatura.

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Transición Ecológica impulsa la economía circular en la contratación pública de Canarias

El documento establece un marco común basado en cinco principios e incluye ejemplos prácticos para la organización de eventos, la adquisición de equipos electrónicos y mobiliario y la ejecución de obras
Zapata: “La compra pública debe convertirse en una palanca para transformar el mercado y extender el uso de productos y servicios más duraderos, eficientes y con un menor impacto ambiental”

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Calidad Ambiental y en colaboración con la Universidad de La Laguna y Gesplan, ha presentado el documento «Orientaciones para la contratación pública circular en Canarias», una herramienta destinada a facilitar la incorporación progresiva de criterios de economía circular en los procedimientos de compra y contratación de las administraciones públicas del archipiélago.

La iniciativa se enmarca en la Estrategia Canaria de Economía Circular 2021-2030 y en el Plan de Acción de Economía Circular 2024-2026 y consolida el compromiso indiscutible de las islas con las metas del Pacto Verde Europeo. En concreto, desarrolla la medida dedicada a introducir criterios de economía circular en la contratación pública y en las subvenciones, con el objetivo de establecer un marco compartido que ayude a las administraciones a tomar decisiones de compra más sostenibles.

El consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano H. Zapata, destacó que “la contratación pública debe convertirse en una palanca para transformar el mercado y extender el uso de productos y servicios más duraderos, eficientes y con un menor impacto ambiental, destacando que representa entre el 15% y el 20% del Producto Interior Bruto (PIB) regional”.

“Las administraciones públicas no solo prestan servicios y ejecutan políticas, sino que también tienen una importante capacidad de compra. Cada contrato representa una oportunidad para reducir el consumo de materias primas, prevenir la generación de residuos, fomentar la innovación y apoyar un modelo económico más sostenible para Canarias”, señaló Zapata, de manera que “queremos poner a disposición de los órganos de contratación una herramienta útil, rigurosa y adaptada a la realidad de las administraciones canarias”.

Por su parte, el director general de Calidad Ambiental, Ángel Montañés, indicó que el este meticuloso trabajo supone dar un paso más en cumplir con el sector productivo canario, que durante el proceso participativo del Plan de Acción de Economía Circular solicitó que la Comunidad Autónoma apostara por la contratación circular como fórmula para poner en valor el producto hecho en Canarias de forma sostenible. El Director añadió que con el mismo estamos dando herramientas sólidas a los técnicos que se enfrentan a procedimientos de contratación para que puedan hacerlo sin miedo a que los mismos sean “tumbados” por la judicialización de los mismos. Concluye que “no se trata de incorporar requisitos ambientales de forma indiscriminada, sino de seleccionar criterios vinculados al objeto de cada contrato, proporcionados a sus características, compatibles con la libre competencia y cuyo cumplimiento pueda comprobarse durante la ejecución”.

Cinco principios para facilitar su aplicación

Las orientaciones establecen un marco común para incorporar criterios de economía circular en todas las fases del procedimiento de contratación. Entre otros aspectos, promueven la consideración del ciclo de vida de los productos y servicios, la utilización de criterios objetivos y verificables y la incorporación de requisitos adaptados a las características de cada contrato, garantizando siempre los principios de igualdad, libre competencia y proporcionalidad.

El equipo redactor del documento explicó que “las orientaciones no plantean una fórmula única para todos los contratos, sino un método de trabajo que permite seleccionar los criterios más adecuados en función de las características de cada prestación. El objetivo es que los órganos de contratación puedan analizar el ciclo de vida de los productos y servicios, identificar los principales impactos ambientales y determinar en qué fase del procedimiento resulta más eficaz introducir cada criterio”.

Aplicación en cuatro ámbitos prioritarios

Además del marco metodológico, el documento incorpora ejemplos prácticos para facilitar su aplicación en cuatro ámbitos prioritarios: la organización de eventos, la adquisición de equipos electrónicos, la compra de mobiliario y la ejecución de obras. En todos ellos se proponen medidas orientadas a favorecer la durabilidad y reparabilidad de los productos, la reutilización de materiales, la reducción de residuos y un uso más eficiente de los recursos.

Montañés afirmó que “estos ejemplos permitirán pasar de los principios generales a su aplicación práctica y servirán como punto de partida para que cada órgano de contratación adapte los criterios a sus necesidades, competencias y capacidades técnicas”.

Una segunda fase participativa

El documento inicia ahora una segunda fase de trabajo, que se desarrollará durante el segundo semestre de 2026 mediante un proceso participativo con administraciones públicas, órganos de contratación, servicios jurídicos y otros agentes implicados. El objetivo es validar las orientaciones y facilitar su implantación progresiva en Canarias, un proceso que continuará reforzándose en el próximo Plan de Acción de Economía Circular 2027-2029 con acciones de formación y herramientas de apoyo para las administraciones públicas.

Zapata concluyó que “la economía circular debe incorporarse de manera transversal al funcionamiento de las administraciones. Con este documento damos un primer paso para que la sostenibilidad deje de ser únicamente un objetivo general y se convierta en un criterio concreto y verificable dentro de la contratación pública de Canarias”.

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Canarias impulsa la autonomía de las personas con dependencia al desplegar la prestación de asistencia personal

Candelaria Delgado destaca que el Gobierno se ha dotado por primera vez de un marco normativo, financiación y formación específica para esta ayuda

La consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, destacó ayer (martes 22) en el Parlamento el impulso dado por el Ejecutivo autonómico a la asistencia personal, una prestación destinada a favorecer la autonomía de las personas en situación de dependencia y que, por primera vez, cuenta en las islas con un desarrollo normativo, una financiación definida y una estrategia de formación específica para los profesionales que la prestarán.

Delgado destacó que el Gobierno de Canarias ha convertido una figura prevista desde hace años en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia en una prestación plenamente operativa dentro del sistema público de atención a la dependencia. «Estamos pasando de un modelo centrado únicamente en atender las necesidades de las personas a otro que también pone el foco en su autonomía, su dignidad y su capacidad para decidir cómo quieren vivir», afirmó la consejera.

“Vamos a continuar ampliando la formación de profesionales, consolidando la red de asistencia personal y trabajando con las entidades del tercer sector para seguir desarrollando un modelo de cuidados que no solo atienda necesidades, sino que proteja derechos y sitúe a la persona en el centro de las decisiones sobre su propia vida», señaló Delgado.

Además, la consejera de Bienestar Social recordó que el principal avance ha sido la aprobación del Decreto-ley 2/2026, que regula por primera vez en Canarias la prestación económica de asistencia personal, estableciendo las condiciones de acceso, el régimen de pago y justificación, las compatibilidades con otros servicios y las cuantías máximas, que alcanzan los 900 euros mensuales para las personas con dependencia de grado III, 577,25 euros para el grado II y 436 euros para el grado I. La norma incorpora, además, una respuesta específica para las situaciones de dependencia extrema mediante el denominado grado III+.

Candelaria Delgado explicó en su comparecencia que la asistencia personal permite que las personas con dependencia puedan desarrollar su proyecto de vida con mayor independencia, facilitando su participación en la comunidad, el acceso al empleo o a la formación y su permanencia en el entorno habitual el mayor tiempo posible.

La prestación está dirigida a personas con un grado de dependencia reconocido y debe figurar expresamente en el Programa Individual de Atención (PIA). Además, tiene carácter finalista, por lo que está vinculada a la contratación efectiva del servicio y a la correspondiente justificación del gasto.

Otro de los pilares de esta estrategia es la profesionalización de la asistencia personal. En este sentido, la consejera destacó la colaboración entre la Dirección General de Dependencia y ecca.edu para impartir una formación específica destinada a futuros asistentes personales. La previsión inicial era formar a 200 personas, si bien el elevado interés despertado por esta iniciativa ha permitido duplicar esa cifra hasta alcanzar las 400 personas inscritas, lo que, según Delgado, evidencia tanto la demanda existente como las oportunidades de empleo cualificado que genera este nuevo recurso dentro del ámbito sociosanitario.

La consejera de Bienestar Social subrayó también que la asistencia personal es compatible con otros servicios como los centros de día, la promoción de la autonomía personal, la teleasistencia o el servicio de ayuda a domicilio, lo que permite configurar apoyos adaptados a las necesidades concretas de cada persona. Asimismo, señaló que esta medida dentro de la transformación que está acometiendo el Gobierno de Canarias en el sistema de dependencia, orientada a ofrecer respuestas más flexibles y personalizadas, reforzar la permanencia de las personas en su entorno habitual y evitar institucionalizaciones innecesarias.

 

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