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La Consejería de Presidencia aprueba las bases generales de selección de personal funcionario de la Administración

Nieves Lady Barreto: “Hemos cumplido con uno de los compromisos que asumimos para modernizar la Administración y que sea más eficiente, gestionando un proceso participativo con la ciudadanía y las organizaciones sindicales”

Las bases generales, que entran hoy en vigor, aportarán a los futuros procesos selectivos mayor nivel de transparencia y seguridad jurídica

El Boletín Oficial de Canarias ha publicado las órdenes de la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Nieves Lady Barreto, por las que se aprueban las Bases Generales que han de regir los procesos para la selección del personal funcionario de carrera de la Administración General en los distintos Cuerpos, Escalas, Especialidades y agrupaciones profesionales. “Cumplimos con uno de los primeros compromisos adquiridos en el área de Función Pública para modernizar las bases de la Administración General y disponer de una nueva regulación de acceso al empleo público que simplifica los procesos, es más transparente y da mayor seguridad jurídica”, manifestó Nieves Lady Barreto.

La consejera añadió que “gestionamos para tener una Administración eficaz y eficiente y asumimos retos para solucionar los problemas” y destacó que las nuevas bases son el resultado de un proceso negociador y participativo, que han recogido la inmensa mayoría de las aportaciones de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales para corregir las debilidades detectadas en la norma de 2016 y poder introducir mejoras.

En este sentido, la participación de las organizaciones sindicales en el proceso de tramitación realizado por la Dirección General de Función Pública no se ha limitado a la negociación de las bases en la Mesa Sectorial de personal funcionario, sino que previamente se celebraron reuniones informativas donde se expusieron los contenidos a incluir en las bases y se confirió un trámite de audiencia a los sindicatos representados en dicha mesa para aportaciones y sugerencias.

Las bases generales entran hoy en vigor y regirán los futuros procesos selectivos, siendo los primeros que se convoquen los relativos a la Oferta de Empleo Público de Administración General del año 2021, cuya convocatoria se realizará en breve.

Estas bases generales permitirán a las personas aspirantes acreditar su conocimiento y en su caso la experiencia, a través de pruebas que, por un lado, valoren diferentes capacidades y habilidades más allá de los conocimientos teóricos estrictos y, de otra parte, que no se sustenten en exclusiva en la acreditación memorística de los mismos, lo que a su vez viene unido también a la necesidad de revisar los programas de contenidos exigibles.

Para ello, apuestan decididamente por un mayor nivel de transparencia y certeza jurídica en relación con las reglas sobre las que se desenvolverán los procesos selectivos. Se incorporan previsiones concretas en relación con los programas de temas exigibles, no sólo en cuanto a su publicidad y la antelación con la que deben aprobarse y publicarse sino también en la obligación de dividir entre los contenidos teóricos y los prácticos que han de ser objeto de valoración concreta en sus correspondientes pruebas o parte de éstas. También se proporciona mayor seguridad jurídica en cuanto al procedimiento y los plazos de sus diferentes trámites, regulando además de forma expresa las impugnaciones y alegaciones que contra cada una de las pruebas selectivas pueden formular las personas aspirantes.

Las bases incorporan previsiones relativas a la designación y funcionamiento de los tribunales calificadores, en aras de su especialización profesional y de su designación objetiva e imparcial, incorporando además la previsión legal de representación sindical ante el tribunal calificador.  Además, se incluyen reglas obligatorias de transparencia, publicidad y seguridad jurídica en distintos apartados de estas bases respecto a los acuerdos que adopte el tribunal calificador en la realización y valoración de las pruebas selectivas y de los méritos.

Contienen también previsiones relativas a garantizar la indemnidad de las pruebas selectivas, su confidencialidad, la regla general de anonimato salvo las excepciones de procesos selectivos en los que al menos una prueba debe realizarse conociendo la identidad de la persona aspirante al ser necesario la valoración de actitudes y aptitudes personales.

Cumpliendo el principio de seguridad jurídica, estas bases establecen una metodología única para todos los tribunales en relación con la determinación de la calificación de las pruebas selectivas que se basen en la valoración de sus miembros.

Se incorpora a nuestro sistema selectivo la posibilidad de conservación de calificaciones anteriores. También se adoptan medidas específicas de racionalización y eficiencia de los procesos selectivos, tales como primar la realización simultánea de los ejercicios por parte de todos los aspirantes frente a pruebas individuales, se potencia el anonimato en la mayor parte del proceso selectivo, se opta por la especialización de las pruebas según su contenido teórico o práctico.

En los procesos selectivos del Grupo C y de las agrupaciones profesionales E la fase de oposición se concentra en un solo ejercicio, mediante cuestionario tipo test, teórico-práctico y basado por completo en el anonimato de la persona aspirante.

Estas bases prevén también, de forma novedosa, la realización de una prueba adicional de eficiencia para el caso de que realizada la fase de oposición quedaren plazas desiertas y no fuera posible una nueva convocatoria de éstas por caducidad de la oferta de empleo público o por su próxima caducidad, de manera que, bajo determinadas circunstancias, las personas aspirantes que no hubiesen superado toda la fase de oposición puedan optar a dicha prueba.

Respecto a la fase de méritos, estas bases apuestan por una simplificación de los méritos centrándolos en aquellos que están directamente relacionados con la mejor idoneidad de las personas aspirantes, incorporando la experiencia previa en el sector público, como personal funcionario y en su caso como personal laboral, las titulaciones académicas distintas a la empleada para el acceso, así como la superación de pruebas selectivas anteriores.

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Los graduados e ingenieros técnicos industriales piden el uso correcto de sus titulaciones en convocatorias y OEP

Los graduados e ingenieros técnicos industriales piden el uso correcto de sus titulaciones en convocatorias y OEP

Afirman que la Comunidad Autónoma Canaria no siempre utiliza, tanto en los procesos selectivos ordinarios como en otros procesos, la denominación adecuada

Aprovechan un encuentro con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para reclamar una atención minuciosa

Julio Pérez se compromete a “examinar con detenimiento” la demanda de este colectivo, pues “proporcionar seguridad jurídica a los aspirantes y al personal de la Administración no solo es una conveniencia, es una obligación”

El decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas, José Antonio Marrero, y su asesor jurídico, Pedro Quintana, han solicitado al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, durante una visita realizada esta semana, que la Administración autonómica use la denominación correcta de sus titulaciones en las convocatorias y ofertas de empleo público (OEP).

La Comunidad Autónoma Canaria, tanto para los procesos selectivos ordinarios como para otros procesos, no siempre utiliza, según el Colegio que agrupa a estos profesionales, la denominación adecuada de sus títulos académicos, de los cuales se derivan sus atribuciones profesionales.

Los cambios producidos en tales denominaciones no siempre se trasladan al lenguaje corriente, que sigue hablando de titulaciones que ya no deberían estar en uso, como, por ejemplo, ha dicho el decano, la de titulados “superiores”, que, en su opinión, es inadecuada.

Por ello, y para respetar los derechos de sus colegiados, el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Industriales ha reclamado de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y del Gobierno de Canarias una atención minuciosa a las denominaciones que utilizan en sus convocatorias.

El consejero ha prometido examinar con detenimiento este asunto. Tal y como ha manifestado, “no solo por el interés de los profesionales y los derechos que puedan tener, que habrán de estudiarse con atención, como se pide, sino para evitar conflictos y litigios, que no han sido infrecuentes en los últimos años”.

Julio Pérez ha explicado que “proporcionar seguridad jurídica a los aspirantes y al personal de nuestras administraciones no solo es una conveniencia, es una obligación”. En este sentido, ha agregado que “las exigencias de titulación que se fijan en nuestras ofertas, convocatorias y relaciones de puestos de trabajo deben adaptarse a lo que en cada momento esté establecido en las leyes que regulan los títulos profesionales”.

  • En la imagen, de izquierda a derecha, José Antonio Marrero, Julio Pérez y Pedro Quintana

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Julio Pérez afirma que la estabilización del empleo público tiene razones constitucionales y legales

Julio Pérez afirma que la estabilización del empleo público tiene razones constitucionales y legales

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad resalta la “importancia moral” de este proceso frente a los afectados

Destaca que las OEP tienen como objetivos reducir la temporalidad, dotar de seguridad jurídica a la Administración y a las personas en situación anómala, y cumplir con la legalidad vigente y con el programa del Gobierno

Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad traslada al grupo de 24 trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia que corresponden al Ministerio su voluntad de resolver su singular situación

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha afirmado este martes, en la sesión del control al Gobierno desarrollada en el Parlamento de Canarias, que las ofertas de empleo público (OEP) para reducir la temporalidad, que en su conjunto superan las 23.000 plazas, tienen razones constitucionales y legales, y ha resaltado la “importancia moral” de la estabilización frente a los afectados, además de considerarla imprescindible para abordar la reforma de la Administración Pública.

Julio Pérez ha destacado que los objetivos de estas OEP son cumplir la ley y la Constitución, resolver el problema de la temporalidad, que afecta al 30% del personal de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma, proporcionar estabilidad y dar seguridad jurídica, tanto a la Administración como a las y los empleados públicos y sus familias, y cumplir el programa y los propósitos del Ejecutivo canario.

El consejero ha contestado así a una pregunta parlamentaria sobre los objetivos del proceso de estabilización del personal interino, y ha señalado que es relativamente simple en su definición, pero complejo en su ejecución.

Al respecto, ha detallado el desarrollo del mismo, para lo que ya se ha identificado el número de plazas. El siguiente paso -ha explicado- pasa por elaborar las bases que regirán las OEP, lo que se realizará junto con la Fecai, la Fecam y los sindicatos, y posteriormente, a partir del 1 de enero de 2023, comenzarán a ejecutarse los procesos selectivos.

Ha indicado que una de cada tres personas empleadas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma está en situación anómala, más de la mitad en Sanidad, otra parte importante en Educación y en menor medida en Administración General, así como un pequeño número, en comparación con el total, en Justicia.

Respecto al grupo de 24 trabajadoras y trabajadores de la Administración de Justicia en Canarias en situación de temporalidad, cuyas plazas no han sido incluidas en las OEP, el consejero ha precisado que se trata de una situación singular, al considerar Función Pública y los Servicios Jurídicos que la estabilización de dicho personal corresponde al Ministerio de Justicia.

No obstante, Julio Pérez ha apuntado que momentos antes del inicio de la sesión plenaria había tenido lugar una reunión de su departamento con las personas afectadas, a quienes se les ha trasladado su voluntad de resolver la situación y que la Consejería estudiará sus recursos, en caso de presentarlos.

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El Gobierno pretende modificar la Ley de Asociaciones de Canarias para dotarlas de mayor seguridad jurídica

El Gobierno pretende modificar la Ley de Asociaciones de Canarias para dotarlas de mayor seguridad jurídica

La normativa vigente, con 19 años de existencia, será adaptada a las nuevas tecnologías y a la realidad actual de las islas, donde hay más de 20.000 asociaciones registradas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad abrió el pasado viernes 20 de mayo el periodo de consulta pública previa con objeto de recabar, hasta el 17 de junio, la opinión de todas las personas y organizaciones interesadas en la disposición

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha iniciado este pasado viernes, 20 de mayo, a iniciativa de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, la fase de consulta pública previa del anteproyecto de ley de modificación de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, iniciativa que tiene por objeto dotar de mayor seguridad jurídica a todas las partes que intervienen en el proceso. Las aportaciones podrán realizarse hasta el próximo 17 de junio de 2022 a través del acceso web para la Participación Ciudadana https://bit.ly/3MveTXc.

Según ha explicado la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, el objetivo que persigue esta modificación es adecuar la norma vigente, con más de 19 años de existencia, al momento actual, haciéndola más clara, adaptándola al lenguaje inclusivo, eliminando el lenguaje sexista para evitar discriminaciones de género, y a los medios técnicos y digitales actuales con el fin de evitar la brecha digital y permitir la celebración de juntas mediante el uso de medios digitales.

Saavedra ha recordado que el asociacionismo, hoy en día hay en las islas más de 20.000 asociaciones registradas, cuenta con un extraordinario arraigo en Canarias, “siendo una de las formas de organización de la participación ciudadana más habitual”, y ha añadido que el movimiento asociativo “ha sido punto de encuentro entre la sociedad y las instituciones democráticas, sirviendo en muchas ocasiones como voz crítica”.

La futura ley simplificará la norma, evitando continuos juegos de remisiones normativas a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y se determinará con claridad el régimen de responsabilidad de quienes forman parte de la asociación. Con ello se pretende que las y los socios conozcan las posibles consecuencias jurídicas de los actos de la asociación, dotando además de una mayor seguridad jurídica a las personas que puedan verse afectadas.

Por otro lado, contemplará también los casos de insolvencia de la asociación y las situaciones de procedimiento concursal que no están previstos en la norma actual, e incluirá la mediación civil y mercantil como fórmula para dirimir conflictos entre las personas que integran la asociación, lo que evitará el desgaste económico y emocional de acudir a los tribunales para dirimir disputas entre las personas asociadas.

Así mismo, con la nueva ley se aumentará y modificará el control sobre las asociaciones de interés público, dado su alto grado de profesionalización. Para ello, podría ser conveniente una reforma integral de la figura del Consejo Canario de Asociaciones, dotándolo de mayores atribuciones o sustituyéndolo por otro órgano con funciones inspectoras.

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