Afirman que la Comunidad Autónoma Canaria no siempre utiliza, tanto en los procesos selectivos ordinarios como en otros procesos, la denominación adecuada
Aprovechan un encuentro con el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para reclamar una atención minuciosa
Julio Pérez se compromete a “examinar con detenimiento” la demanda de este colectivo, pues “proporcionar seguridad jurídica a los aspirantes y al personal de la Administración no solo es una conveniencia, es una obligación”
El decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas, José Antonio Marrero, y su asesor jurídico, Pedro Quintana, han solicitado al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, durante una visita realizada esta semana, que la Administración autonómica use la denominación correcta de sus titulaciones en las convocatorias y ofertas de empleo público (OEP).
La Comunidad Autónoma Canaria, tanto para los procesos selectivos ordinarios como para otros procesos, no siempre utiliza, según el Colegio que agrupa a estos profesionales, la denominación adecuada de sus títulos académicos, de los cuales se derivan sus atribuciones profesionales.
Los cambios producidos en tales denominaciones no siempre se trasladan al lenguaje corriente, que sigue hablando de titulaciones que ya no deberían estar en uso, como, por ejemplo, ha dicho el decano, la de titulados “superiores”, que, en su opinión, es inadecuada.
Por ello, y para respetar los derechos de sus colegiados, el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Industriales ha reclamado de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y del Gobierno de Canarias una atención minuciosa a las denominaciones que utilizan en sus convocatorias.
El consejero ha prometido examinar con detenimiento este asunto. Tal y como ha manifestado, “no solo por el interés de los profesionales y los derechos que puedan tener, que habrán de estudiarse con atención, como se pide, sino para evitar conflictos y litigios, que no han sido infrecuentes en los últimos años”.
Julio Pérez ha explicado que “proporcionar seguridad jurídica a los aspirantes y al personal de nuestras administraciones no solo es una conveniencia, es una obligación”. En este sentido, ha agregado que “las exigencias de titulación que se fijan en nuestras ofertas, convocatorias y relaciones de puestos de trabajo deben adaptarse a lo que en cada momento esté establecido en las leyes que regulan los títulos profesionales”.
- En la imagen, de izquierda a derecha, José Antonio Marrero, Julio Pérez y Pedro Quintana
