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El Gobierno pretende modificar la Ley de Asociaciones de Canarias para dotarlas de mayor seguridad jurídica

El Gobierno pretende modificar la Ley de Asociaciones de Canarias para dotarlas de mayor seguridad jurídica

La normativa vigente, con 19 años de existencia, será adaptada a las nuevas tecnologías y a la realidad actual de las islas, donde hay más de 20.000 asociaciones registradas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad abrió el pasado viernes 20 de mayo el periodo de consulta pública previa con objeto de recabar, hasta el 17 de junio, la opinión de todas las personas y organizaciones interesadas en la disposición

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha iniciado este pasado viernes, 20 de mayo, a iniciativa de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, la fase de consulta pública previa del anteproyecto de ley de modificación de la Ley 4/2003, de 28 de febrero, de Asociaciones de Canarias, iniciativa que tiene por objeto dotar de mayor seguridad jurídica a todas las partes que intervienen en el proceso. Las aportaciones podrán realizarse hasta el próximo 17 de junio de 2022 a través del acceso web para la Participación Ciudadana https://bit.ly/3MveTXc.

Según ha explicado la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, el objetivo que persigue esta modificación es adecuar la norma vigente, con más de 19 años de existencia, al momento actual, haciéndola más clara, adaptándola al lenguaje inclusivo, eliminando el lenguaje sexista para evitar discriminaciones de género, y a los medios técnicos y digitales actuales con el fin de evitar la brecha digital y permitir la celebración de juntas mediante el uso de medios digitales.

Saavedra ha recordado que el asociacionismo, hoy en día hay en las islas más de 20.000 asociaciones registradas, cuenta con un extraordinario arraigo en Canarias, “siendo una de las formas de organización de la participación ciudadana más habitual”, y ha añadido que el movimiento asociativo “ha sido punto de encuentro entre la sociedad y las instituciones democráticas, sirviendo en muchas ocasiones como voz crítica”.

La futura ley simplificará la norma, evitando continuos juegos de remisiones normativas a la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y se determinará con claridad el régimen de responsabilidad de quienes forman parte de la asociación. Con ello se pretende que las y los socios conozcan las posibles consecuencias jurídicas de los actos de la asociación, dotando además de una mayor seguridad jurídica a las personas que puedan verse afectadas.

Por otro lado, contemplará también los casos de insolvencia de la asociación y las situaciones de procedimiento concursal que no están previstos en la norma actual, e incluirá la mediación civil y mercantil como fórmula para dirimir conflictos entre las personas que integran la asociación, lo que evitará el desgaste económico y emocional de acudir a los tribunales para dirimir disputas entre las personas asociadas.

Así mismo, con la nueva ley se aumentará y modificará el control sobre las asociaciones de interés público, dado su alto grado de profesionalización. Para ello, podría ser conveniente una reforma integral de la figura del Consejo Canario de Asociaciones, dotándolo de mayores atribuciones o sustituyéndolo por otro órgano con funciones inspectoras.

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Canarias registra hasta el 17 de abril 27.177 solicitudes de ERTE por fuerza mayor, con 199.401 personas afectadas

Elena Máñez insiste en la necesidad de prorrogar los ERTE en el turismo más allá del estado de alarma decretado por la emergencia de la COVID-19 y demanda medidas específicas por el mayor impacto de la crisis en este sector

Reclama que se proteja la suficiencia financiera de Canarias permitiendo la utilización del superávit y el endeudamiento para mitigar el impacto social y económico de esta crisis en el Archipiélago

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado hasta el pasado 17 de abril 27.177 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, con un total de 199.401 trabajadores y trabajadoras afectadas, un volumen de expedientes que “demuestra la efectividad” de esta medida, puesta en marcha por el Gobierno de España para proteger el empleo y a las empresas, garantizando además las prestaciones para las personas trabajadoras durante la emergencia sanitaria de la COVID-19. En este sentido, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, insistió en que ahora es necesario prorrogar los ERTE por causa de fuerza mayor en el sector turístico más allá de la declaración del estado de alarma y consideró imprescindible la elaboración de un plan de choque específico para las Islas. “Hablamos de un sector que supone el 35% del PIB y el 40% del empleo en el Archipiélago”, recordó Máñez, que consideró que el turismo “no se va a recuperar de un día para otro” y necesitará “medidas de acompañamiento específicas para su reactivación”.

La consejera señaló que Canarias, la única región ultraperiférica española, “tiene unas singularidades que requieren también de medidas singulares”. Así, subrayó que los ingresos por el IGIC han caído en marzo un 66% respecto al mismo mes del año pasado, y para 2020 está prevista una disminución del 69,7% de la recaudación por toda la fiscalidad autonómica, con un descenso en 667 millones de euros. En este contexto, Máñez consideró que el hecho diferencial del Archipiélago “debe ser atendido para garantizar nuestra suficiencia financiera, imposible si no se nos permite el endeudamiento”, por lo que reclamó “un compromiso claro, solidario y contundente de la Unión Europea a favor de la liquidez de los Estados que la integran”.

ERTE vinculados al turismo

El 45,4% de los ERTE por causa de fuerza mayor registrados hasta el 17 de abril está vinculado de manera directa al sector turístico, con 12.359 expedientes presentados que afectan a un total de 113.795 personas trabajadoras, el 57% del total de las afectadas. Por actividad económica, hostelería y comercio acogen el mayor número de expedientes, con el 31,65% y el 25,82% del total, respectivamente, seguidos por otros servicios (7,73%); transporte y almacenamiento (6,99%); actividades administrativas y servicios auxiliares (4,16%); actividades artísticas recreativas y de entretenimiento (3,98%); actividades sanitarias y de servicios sociales (3,95%); construcción (3,73%); industria manufacturera (3,3%) y educación (3,15%). Por sectores económicos, los de hostelería (31,7%), comercio (25,8%) y resto de servicios (35%) aglutinan la mayor parte de los expedientes.

La mayoría de solicitudes (98,2%) corresponde a empresas de entre 1 y 50 personas trabajadoras, con 26.346 expedientes. Solo las de entre 1 y 5 personas empleadas acumulan 20.201 solicitudes, el 75,28% del total. En cuanto a la forma jurídica de la empresa, un 45,03% de las que han presentado ERTE son sociedades de responsabilidad limitada; un 37,94% personas físicas; un 6,2% empresas de ámbito de la Unión Europea; un 3,56% personas físicas extranjeras residentes y un 2,46% sociedades anónimas.

La Dirección General de Trabajo se encarga de autorizar las solicitudes de ERTE presentadas, un trámite que dura un máximo de 5 días, ya que al término de ese plazo opera el silencio administrativo, aunque incluso cuando se da este caso la Dirección General sigue gestionando las autorizaciones a fin de dar todas las garantías jurídicas a las empresas. Por su parte, de manera paralela, las empresas que presentan un ERTE deben gestionar directamente con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la solicitud colectiva de prestaciones para sus trabajadores y trabajadoras.

 

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Las empresas tramitarán con el SEPE la inscripción y las prestaciones de las personas afectadas por un ERTE

Elena Máñez

Elena Máñez recuerda que los trabajadores y trabajadoras no tienen que hacer ninguna gestión ante los servicios de empleo en los casos de ERTE

Explica que las prestaciones están garantizadas aunque se carezca del periodo de cotización necesario

“Gobierno de Canarias, patronales y sindicatos estamos comprometidos a superar esta situación de emergencia sin destruir empleo”, afirma

Los trabajadores y trabajadoras sometidas a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) motivado por la emergencia del COVID-19 no tendrán que hacer ninguna gestión para su inscripción como demandantes de empleo y para el cobro de la prestación por desempleo, ya que las empresas tramitarán las solicitudes y estas serán reconocidas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sin mediación de los afectados y afectadas. Así lo reitera la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, que asegura que la ciudadanía “puede estar tranquila” y afirma que Gobierno de Canarias, patronales y sindicatos “estamos comprometidos a superar esta situación de emergencia sin destruir empleo”.

Dado que son presentados por las empresas y que los trabajadores y trabajadoras afectadas no tienen que hacer ningún trámite ni solicitud, los servicios de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo solicitan que no se contacte con el SEPE para hacer consultas en relación a los ERTE, dado el volumen actual de datos con el que se está trabajando y la posibilidad de colapsos del sistema, afectando a otros usuarios y usuarias que sí necesitan atención.

Como explica Máñez, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 recoge una serie de medidas en materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la jornada entre las que se establece que las pérdidas de actividad consecuencia de esta emergencia tendrán la consideración de fuerza mayor, al tiempo que se agiliza la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo tanto por fuerza mayor como por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Así se persigue, apunta la consejera, evitar que “una situación coyuntural como la que vivimos estos días tenga un impacto estructural en el empleo”. En este sentido, señala que flexibilizar la tramitación de los ERTE permite evitar la destrucción de puestos de trabajo, “ya que se trata de regulaciones temporales que priorizan el mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos”. Se trata, en definitiva, de “poner en pausa” contratos mientras dure la emergencia, en vez de suprimirlos.

Prestaciones garantizadas

Elena Máñez recuerda que el Real Decreto-ley garantiza y refuerza la cobertura a los trabajadores afectados por un ERTE, “dando acceso a la prestación por desempleo aunque se carezca del periodo de cotización necesario”. Además, el periodo de suspensión del contrato o reducción de la jornada durante el que estén recibiendo la prestación no computará a efectos de consumir los plazos máximos de percepción establecidos.

Más información

Nota informativa ERTE

Guía práctica ERTE

Guía inscripción demandas de empleo

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