En la defensa de su creación, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad recuerda que la ley básica que regula su puesta en marcha pone al mismo nivel los intereses de los profesionales y de quienes reciben sus servicios, lo que en este caso cobra más importancia
La propuesta para sacar adelante estas dos corporaciones de Derecho Público atañe a cientos de profesionales en la Comunidad Autónoma de Canarias
El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad dos proyectos de ley de creación del Colegio Profesional de la Pedagogía y de la Psicopedagogía de Las Palmas, por un lado, y del Colegio Profesional de la Pedagogía y de la Psicopedagogía de Santa Cruz de Tenerife, por otro.
La puesta en marcha de ambos está amparada en lo establecido en el artículo 190.1 y 2 del Estatuto de Autonomía de Canarias, y de acuerdo con lo recogido en el artículo 6 de la Ley 10/1990, de 23 de mayo, de Colegios Profesionales, y en su reglamento, aprobado por Decreto 277/1990, de 27 de diciembre, con las modificaciones introducidas por el Decreto 16/1992, de 7 de febrero.
Según ha señalado el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, a la hora de defender ambos proyectos de ley ante la Cámara autonómica, con la creación de estos dos colegios profesionales de la Pedagogía y de la Psicopedagogía se da cumplimiento a los principios de buena regulación, ya que son respetuosos con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad, en tanto que su creación está justificada por una razón de interés general, toda vez que como corporaciones de Derecho Público de adscripción voluntaria no solo representarán y defenderán los derechos de las personas profesionales colegiadas, sino que tutelarán y protegerán los intereses y derechos de las personas consumidoras y usuarias de los servicios ofrecidos por aquellas, ordenando el ejercicio de su actividad y su control deontológico.
En este sentido, Julio Pérez ha explicado que la ley básica que regula los colegios profesionales pone al mismo nivel los intereses de los profesionales y los intereses de quienes reciben sus servicios. Algo que en este caso tiene gran relevancia, porque las personas que acuden a los pedagogos y psicopedagogos son personas en una especial situación de necesidad de atendimiento y compañía.
El consejero ha añadido que son personas que están en el camino del aprendizaje, que están queriendo aprender, que tienen que aprender, y que en ese camino del aprendizaje necesitan una asistencia.
Ha citado a algunos colectivos concretos como el alumnado con necesidades específicas de aprendizaje, a quienes tienen trastornos de déficit de atención, las personas con especiales condiciones o especial historia escolar o quienes han hecho una incorporación tardía al sistema educativo, quienes tienen altas capacidades educativas, que también requieren una atención pedagógica especial.
Todas ellas, ha indicado, tienen que aprender a aprender y, probablemente, aprender sea lo más importante que se hace en la vida, una circunstancia a tener muy en cuenta a la hora aprobar su creación.
Esta iniciativa para poner en marcha estas dos corporaciones de Derecho Público afecta a cientos de profesionales, tanto de la provincia de Las Palmas como la de Santa Cruz de Tenerife. Algunas de sus promotoras asistieron ayer en el Parlamento de Canarias a su aprobación, acompañadas de la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra.
