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Torres considera que el Gobierno de España “responde a Canarias” al garantizar la financiación en 2021

Reunión con Ciudadanos

El presidente de Canarias se reúne con Ciudadanos y espera que, una vez disipadas las dudas financieras, se sumen a la mayoría social, económica, política e institucional que apoya el Plan Reactiva

El presidente de Canarias se ha reunido este martes, 6 de octubre, con la portavoz parlamentaria del Grupo Mixto (Ciudadanos), Vidina Espino. En ese encuentro, celebrado en la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres ha explicado a Espino los detalles del Plan Reactiva y espera que tanto Ciudadanos como el Partido Popular, que son las únicas formaciones que no han respaldado el Plan para la Reactivación Social y Económica, se adhieran al consenso y el apoyo que ya ha otorgado al documento la mayoría social, económica, política e institucional del Archipiélago. Sobre todo, después de que el Gobierno de España haya dado certidumbres económicas de cara al año 2021 tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer.

Ángel Víctor Torres remarcó que la propuesta anunciada por la ministra de Hacienda deja claro que “el Gobierno de España responde a las necesidades de Canarias y de las administraciones locales de las Islas, como son los ayuntamientos y los cabildos, al dar garantía financiera para el próximo ejercicio”.

El jefe del Ejecutivo canario resaltó la importancia del acuerdo de ayer porque “tendremos las entregas a cuenta aseguradas -que habrá que devolverlas posteriormente-, y eso significa que, aunque tengamos menos ingresos tributarios, podremos mantener el nivel de gasto”, explicó. El presidente enumeró otros conceptos logrados como el uso del superávit y de remanentes, poder recurrir al endeudamiento y disponer de unos ingresos extraordinarios de fondos europeos “que calculamos se traduzcan en unos 400 millones de euros para Canarias”.

Con todas estas certidumbres, Ángel Víctor Torres espera que, una vez despejadas las dudas que planteaban algunos partidos sobre la estabilidad financiera en el próximo ejercicio, se adhieran al Plan los que aún no lo han hecho. Para Torres, el Plan es un documento vivo, que puede recibir aportaciones en la Cámara autonómica por medio de propuestas de resolución y que es la mejor fórmula para reactivar las Islas y revindicar los derechos de Canarias ante otras administraciones”, aseguró.

El presidente anunció que esta semana mantendrá otra reunión con la portavoz del Partido Popular, para abordar este mismo asunto, y que la voluntad es que este mismo mes se apruebe el documento en el Parlamento.

Por último, Ángel Víctor Torres también destacó la necesidad de que haya unos Presupuestos Generales del Estado en 2021, en los que, “por primera vez, se recogerán herramientas tan importantes como el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y el Régimen Económico y Fiscal”, concluyó.

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El Gobierno logra un amplio consenso en torno a la redacción del Plan para la Reactivación Social y Económica

El Gobierno logra un amplio consenso en torno a la redacción del Plan para la Reactivación Social y Económica

Torres preside la cita con las administraciones, la mayoría de partidos, empresarios, sindicatos y el Tercer Rector, antes de aprobarlo presumiblemente en el Consejo del 1 de octubre, ya con los últimos detalles incorporados y para remitirlo al Parlamento

El Gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres, dejó casi cerrado esta tarde, en una reunión en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife, el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias (Reactiva Canarias) por las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 en los sectores sanitario y socioeconómico, lo que logró con las administraciones públicas, partidos políticos y agentes económicos y sociales que suscribieron el pasado 30 de mayo el Pacto que da origen a ese amplio conjunto de ejes y medidas, con partidas ya fijas y específicas para este 2020 que suman un total de 1.425 millones de euros. Esta cifra forma parte de un global presupuestario para ese mismo año de 18.536 millones (la suma de todas las aportaciones de las administraciones públicas y de los agentes privados en 2020).

Con esa iniciativa se pretende que los efectos del coronavirus sean los menores posibles en las Islas, región marcada por el peso del sector turístico, a la vez que garantizar y fortalecer el Estado de Bienestar, para lo que se plantea recuperar cuanto antes la actividad económica principal y el empleo, readaptar el modelo productivo poco a poco a las nuevas tecnologías y la sostenibilidad, y conseguir que “nadie se quede atrás”, por lo que se da prioridad a los sectores más vulnerables.

Como remarcó el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, tras la reunión, esos 1.425 millones adicionales o específicos para este ejercicio de 2020, que compensarán la merma de ingresos por la pandemia, se diferencian de los cálculos solo orientativos para el periodo 2021-23, fijados en unos 4.300 millones (la suma de ambos alcanza los 5.725 millones). Además, sumada la primera cantidad (1.425 millones) al presupuesto regional, las aportaciones de otras administraciones públicas y del sector privado, la cifra para este 2020 alcanza los 18.536 millones, cumpliéndose así las previsiones indicadas a los firmantes del Pacto durante el mes de mayo. Por ello, como explicó Olivera, “no cabe hablar de recortes”.

En declaraciones a los medios, el viceconsejero destacó la buena acogida al borrador del Plan entregado a los firmantes el pasado jueves, la labor de coordinación del Gobierno, reconocida por los participantes, y sobre todo el “trabajo colectivo” desarrollado. “Esa era -expuso- una de las principales virtudes del documento: la unidad y los puntos de encuentro frente a las discrepancias que suelen ser habituales y legítimas en otros ámbitos”.

A su juicio, ha habido “generosidad” por las entidades firmantes, aparte de que el Gobierno sigue confiando en que se sumen al Plan otros partidos que se han quedado fuera (PP y Cs) y que esto se haga durante el proceso parlamentario. Según recalcó el viceconsejero, todos los participantes comprendieron en la cita de hoy la diferencia entre la ficha financiera específica para 2020 (1.425 millones), los cálculos de 2021 a 2023 (4.300 millones) y el conjunto global de partidas de todo el sector público y del privado para el año en curso (2020), los reseñados 18.536 millones.

Olivera insistió en que no se pueden conocer aún los ingresos desde 2021 en adelante por las incertidumbres existentes, pero sí las acciones generales de inversión y el gasto previsible a realizar en ese trienio. En su opinión, “la fortaleza es tener este Plan, pues así contaremos con más fuerza para lograr los ingresos necesarios para realizar las inversiones proyectadas”.

El Plan, nacido precisamente en busca del mayor consenso, realismo y fiscalización posible, lo apoyan la Federación de Cabildos (Fecai), los 88 municipios canarios (mediante la Fecam), las organizaciones empresariales CEOE y CCE, las cámaras de comercio, los sindicatos UGT y CCOO, los colegios profesionales de Trabajo Social, los agentes del Tercer Sector y el 80% de los diputados del Parlamento (PSOE, CC-PNC, NC, Sí Podemos y ASG).

Tras la reunión de esta tarde, que completa numerosas citas de trabajo y borradores previos y en la que los firmantes han hecho nuevas aportaciones, el objetivo pasa por realizar otros encuentros pormenorizados con cada organización firmante para preparar el documento que se aprobará presumiblemente en el Consejo del próximo 1 de octubre. Luego, se elevará para su debate a la Cámara regional.

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El Gobierno culmina el Plan para la Reactivación con una inversión de 5.725 millones en el periodo 2020-23

Consejo de Gobierno de Canarias

El documento borrador que se ha ido consensuando con las administraciones públicas, los agentes sociales y económicos, el Tercer Sector y la mayoría de partidos incluye medidas por valor de 1.425 millones para 2020 en sus siete prioridades estratégicas

El texto aboga por la unidad de acción ante la Unión Europea y el Ejecutivo central para mantener el Estado de bienestar y los logros conseguidos por Canarias en los nuevos REF y Estatuto de Autonomía

El Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias (Plan Reactiva Canarias), concebido para combatir los efectos de la pandemia COVID-19, prevé una inversión inicial de 5.725,7 millones de euros en las Islas desde este año hasta 2023; de ellos, 1.425 millones se reservan al ejercicio 2020, estos con ficha ya cerrada. Así se contempla en el borrador casi definitivo visto hoy por el Consejo de Gobierno y ya entregado a los firmantes del Pacto del mismo nombre, del que emana esta iniciativa, rubricada el pasado 30 de mayo (Día de Canarias) y negociada desde entonces con numerosas reuniones celebradas entre los integrantes de ese foro.

El objetivo central de ese proyecto integral pasa por mantener y fortalecer los servicios básicos, como la sanidad, la educación, los derechos sociales y la vivienda, de manera que nadie se quede atrás por esta crisis imprevista y mundial, especialmente los colectivos más vulnerables. Además, el Plan para la Reactivación aspira a que el Archipiélago salga de esta situación con sus distintos sectores reforzados, con el empleo recuperado, con mayor sostenibilidad integral gracias a la aplicación de la Agenda 2030, con un turismo más competitivo, con más acceso a la vivienda pública, con una administración más moderna y con el máximo desarrollo posible de textos legales clave para Canarias, como son los nuevos Estatuto de Autonomía y Régimen Económico y Fiscal (REF), cuyas reformas se aprobaron en octubre de 2018, así como el refuerzo de la condición de Canarias como región ultraperiférica (RUP) en la Unión Europea (UE).

El documento, también denominado Plan Reactiva Canarias, aún puede ser modificado estos días durante la última revisión de los participantes en su redacción: los cabildos, a través de la Fecai; los 88 municipios canarios (con la Fecam), las organizaciones empresariales CEOE y CCE; las cámaras de comercio; los sindicatos UGT y CCOO; los colegios profesionales de Trabajo Social; los agentes del Tercer Sector, y los partidos signatarios, que representan el 80% de los diputados del Parlamento regional, al ser apoyado ese Pacto por PSOE, CC-PNC, NC, Sí Podemos y ASG. El planteamiento inicial es que sea aprobado por el Consejo de Gobierno el próximo 1 de octubre, para luego ser debatido en la Cámara autonómica, en principio en el pleno del 27 de ese mismo mes.

La intención es desarrollarlo al completo (este año hay muchas medidas que ya se están aplicando o se han implantado desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo pasado) hasta el año 2023. De hecho, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, abogó desde el día siguiente a aquel sábado 14 de marzo por la elaboración de un plan específico para la recuperación de las Islas ante una situación de amplia crisis, con especial afección en Canarias dentro de España y de la UE debido al elevado peso del turismo en las Islas (35% del PIB regional y 40% del empleo). Se busca un Plan que sea lo más consensuado posible y además urgente, realista, eficaz, adaptable, fiscalizable y con fichas financieras concretas para todos sus ejes, actuaciones y medidas. Para su control y seguimiento, de hecho, el proyecto incluye mecanismos pormenorizados de fiscalización de su cumplimiento por parte de los firmantes.

La búsqueda de esa unidad y del acuerdo masivo derivó en el Pacto del 30 de mayo pasado, en el que se definió un total de siete prioridades estratégicas o bloques que, en el caso del presente ejercicio de 2020, incluyen una ficha financiera de 1.425 millones de euros (financiación ya cerrada).

De los 1.425 millones de euros para 2020 (como se puede comprobar en el cuadro incluido al final de esta nota), el mantenimiento de los servicios básicos y el refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias contarán con la suma de 440,4 millones.

547 millones para actividad económica y 190 para empleo en 2020

Otros bloques estratégicos, como la atención a los sectores poblaciones más vulnerables (los mayores, las mujeres, la pobreza infantil, las víctimas de malos tratos, los discapacitados, dependientes, migrantes, colectivos LGTBI…), dispondrán de 45 millones en este 2020. Sin embargo, los esfuerzos principales se dirigirán a la actividad económica, el empleo y la agilización administrativa. Así, solo al impulso económico y empresarial se reservan 547,38 millones, mientras que para la recuperación y el mantenimiento del empleo son 190,84. La simplificación y coordinación administrativa, por su parte, acapara 200,5 millones, con los que se pretende facilitar los proyectos y licencias, ahorrar pasos burocráticos y dinamizar así la economía y el empleo. La inversión se completa con 500.000 euros para la Agenda 2030 de Canarias.

Aquellos 1.425 millones de euros para 2020 suponen un considerable esfuerzo por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias y de la Administración General del Estado debido a la merma de ingresos tributarios por la pandemia en este ejercicio, sobre todo teniendo en cuenta el sistema fiscal singular con que se cuenta en las Islas. Para alcanzar esa cifra, se han incluido 373 millones no reembolsables que corresponden al Archipiélago del Fondo COVID aprobado por el Gobierno central mediante el Real Decreto Ley 22/2020, del 16 de junio. Con ellos, se pretende compensar los aumentos de los gastos en sanidad, educación y transporte. Asimismo, se introducen 176 millones para cubrir la reducción de la recaudación tributaria en las Islas y hasta 389 millones por autorizarse el uso de superávit de ejercicios anteriores de la Comunidad Autónoma. Esa cifra se aplica por la merma de ingresos por impuestos propios o derivados del Bloque de Financiación Canario en este 2020.

Para este ejercicio, el Gobierno central también aporta 14 millones con el fin de reforzar los servicios sociales, en función del Real Decreto 8/2020, del 17 de marzo. Por su parte, el Ejecutivo canario ha reajustado 100 millones del Presupuesto regional vigente, cantidad que se añade a otros 373 obtenidos de partidas contempladas en esas cuentas que se consideran útiles ante lo sucedido por la pandemia de la COVID-19.

La financiación prevista en el trienio 2021-23

Aunque se trata de una cifra potencialmente modificable porque aún deben confirmarse presupuestos a distintas escalas, pues existen incertidumbres sobre los ingresos tributarios y porque el Plan seguirá estando abierto y adaptable a la evolución socioeconómica y de la pandemia, para el periodo 2021-2023 se ha calculado inicialmente un total de 3.400,7 millones de euros.

Igualmente, para el citado periodo de tres años se establece un refuerzo financiero total de 900 millones en servicios esenciales (sanidad, educación, derechos sociales y vivienda), lo que da un resultado global de gasto para 2021-2023 de 4.300,7 millones de euros.

Las cifras más relevantes, de nuevo, atienden en 2021-2023 a la reactivación económica y la generación de empleo. En este sentido, se proyecta, de momento, un desembolso de hasta 2.028 millones para el reimpulso empresarial y económico y de 741 millones para el empleo. En los casos de la Agenda 2030 y de la agilización administrativa, lo más relevante son las medidas relacionadas con la progresiva implantación e incorporación de esas acciones a los procesos de gestión pública; por ello, la ficha financiera tiene un papel secundario en tales prioridades estratégicas.

Los presupuestos del Estado para 2021 y el Fondo Europeo de Recuperación

Desde 2021, los siete bloques prioritarios y los ejes de actuación del Plan Reactiva Canarias dependerán en gran medida de que el Gobierno central logre aprobar unos nuevos presupuestos estatales. De esta manera, se dejarán atrás las cuentas prorrogadas desde 2018, que, entre otras cosas, han impedido desarrollar documentos clave para las Islas como los nuevos REF y Estatuto de Autonomía, a pesar de contar con 1.399 millones para aspectos económicos dentro de ese régimen especial y de 750 adicionales para gastos corrientes y de capital.

Además, resulta esencial que Canarias haga valer sus singularidades por la lejanía y la insularidad ante la UE, su actual condición de región RUP, a la hora de obtener ayudas o financiación pública para proyectos que a incluir en el Fondo Europeo de Recuperación, dada la mayor afección de la pandemia en las Islas por su modelo económico. Unos efectos que se suman a las debilidades estructurales que ya presentaba el Archipiélago en cuanto a diversificación económica, empleo, salarios y otros parámetros.

El Plan Reactiva Canarias también podrá costearse con recursos del proyecto de la UE Next Generation (se aspira a un global de hasta 3.750 millones), con los Fondos Estructurales europeos de los periodos 2014-20 y 2021-27 y con las cuentas estatales hasta 2023 y además las regionales, que se espera que dispongan de forma creciente de más ingresos tributarios a medida que se reduzcan los efectos de la pandemia.

Con el fin de que los efectos de la COVID-19 fueran los mínimos posibles manteniéndose los gastos públicos, el Gobierno regional ha inyectado hasta ahora, en 2020, unos 8.067 millones en la economía isleña, mientras que los cabildos han aportado 1.652 y los consistorios, 2.106. Junto al Ejecutivo central, el esfuerzo global en el Archipiélago asciende a 16.800 millones.

Como se ha indicado hasta ahora, el Plan Reactiva Canarias da especial prioridad al mantenimiento de la capacidad asistencial en la sanidad pública canaria y a la estabilidad laboral de sus trabajadores. Se hace no solo por mejorar este pilar fundamental del Estado de bienestar para los residentes y ante la evolución de la pandemia, sino como atractivo y garantía de presente y futuro para el turismo. Así, se pretende mejorar los hospitales, garantizar corredores seguros del coronavirus, potenciar la atención primaria, las urgencias, la detección precoz, la vigilancia epidemiológica, la investigación (en coordinación con las universidades canarias) y las nuevas tecnologías, entre otras medidas.

En el ámbito social, además se prevé desarrollar la Ley de Servicios Sociales aprobada en 2019 y fortalecer al máximo los servicios sociosanitarios con más y mejores conciertos con el Tercer Sector y una mayor coordinación interadministrativa. Así, se quiere aligerar los hospitales en el capítulo de enfermos crónicos mediante una red potenciada de centros para mayores y con una mejor teleasistencia o atención en el hogar. Además, lejos de debilitarse, se atiende mejor la dependencia y la discapacidad.

Otro de los objetivos clave pasa por mejorar la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que ahora queda reforzada con el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno central y que se completa con la Renta Canaria de Ciudadanía. Se calcula que ese Ingreso Mínimo que aporta el Estado supondrá unos 180 millones anuales en las Islas.

En educación, con la seguridad de los alumnos y del personal docente ante la COVID como prioridad máxima, también se quiere estrechar la brecha digital que el confinamiento evidenció, aparte de reforzar todo lo posible la educación a distancia, mejorar el apoyo a las familias con menos recursos y la educación de 0 a 3 años en beneficio de la conciliación familiar y del acceso al mercado laboral en condiciones igualitarias.

Con el objetivo doble de reimpulsar el subsector de la construcción, y en aras a cumplir un derecho básico de la ciudadanía, se busca ampliar el parque de vivienda de alquiler social, con más ayudas para las familias con pocos recursos y el pago de los suministros básicos.

Recuperar y adaptar la economía, con un subsector turístico más moderno

En cuanto al ámbito económico y el empleo, se defiende el mantenimiento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor durante el tiempo necesario, adaptados a la recuperación de la actividad productiva y sin merma de ingresos para los trabajadores, beneficiándose no solo el subsector turístico (el principal en Canarias), sino además el resto de actividades vinculadas y otras afectadas por el virus. El documento, eso sí, recuerda que, entre abril y agosto, esta medida tomada desde el principio de la pandemia por el Gobierno central ha supuesto un desembolso en las Islas de 1.188 millones para ayudar a empresas y trabajadores. A esa cifra hay que añadir otros 80 millones en apoyo de los autónomos por el cese de actividad.

Además, el Plan apuesta por garantizar cada año los 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y diversas medidas de modernización del Servicio Canario de Empleo, de formación de sectores poblacionales con más dificultades de reincorporación laboral y de apoyo a los autónomos, empresas de economía social, cooperativas o compañías de integración social. Para todos ellos, aparte de las líneas de crédito ICO (que han aportado a empresas de Canarias 3.600 millones hasta agosto) y del Banco Europeo de Inversiones, se reforzarán mecanismos regionales como la Sociedad de Garantía Recíproca de Canarias (AvalCanarias) o la Sociedad de Desarrollo de Canarias (Sodecan). En este ejercicio de 2020, se incluyen 180 millones para ayudas a empresas y 66 a autónomos.

El esfuerzo por la formación se orientará, en especial, al ámbito turístico (idiomas…), así como a las nuevas tecnologías y el I+D+i. Además, el Plan pretende una lucha más activa contra la economía sumergida y ayudas a las empresas, reduciendo la morosidad con el reordenamiento de pagos o mayores garantías de deuda. Para esto, en este 2020 se reservan 20 millones.

El desarrollo del REF incluye la adaptación de los instrumentos fiscales a la nueva realidad generada por el coronavirus, así como el mejor aprovechamiento de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), la Deducción por Inversiones, la Zona Especial Canaria (ZEC) o los incentivos económicos regionales, de manera que se impulse la inversión y la creación de empresas y empleos.

Por supuesto, el turismo, su recuperación y modernización resultan esenciales en este Plan. Para ello, siguiendo el proyecto Canarias Fortaleza, se apuesta por promocionar nuevos productos en ese ámbito clave, por apoyar al máximo las inversiones, adaptar los espacios públicos y privados a las nuevas tecnologías y energías limpias, reforzar la conectividad y garantizar la máxima seguridad sanitaria.

También se prevé apostar por los eventos culturales y deportivos como atractivos añadidos y por el consumo de productos canarios (de cercanía o kilómetro cero, con mucho menor huella de carbono), en cumplimiento también de la Agenda 2030 y reforzando así la marca Elaborado en Canarias y la soberanía alimentaria. En esta misma línea, ahora ligándola al ámbito sanitario, se contempla impulsar la producción de material sanitario en las Islas.

Sin salir de la economía, el impulso a la construcción no solo se busca con nueva vivienda social y con reformas de éstas, sino vinculándolo a la modernización turística y hotelera, así como a la obra pública (carreteras, centros docentes, sanitarios…), siempre atendiendo a los criterios de sostenibilidad.

En cuanto al transporte, se compensará a las empresas del subsector por las consecuencias de la pandemia (175 millones en ayudas globales en 2020), se tomarán todas las medidas para que se cumpla con la bonificación del 75% de los billetes de avión y barco para los residentes, se impulsará la movilidad sostenible y se modernizarán puertos y aeropuertos.

El Plan Reactiva Canarias apoya al sector primario con la búsqueda del adelanto de las ayudas del Posei comunitario y del Posei adicional, con especial atención a cultivos como el tomate y el plátano, entre otros, reduciendo los costes de los insumos de la ganadería (REA), reforzando las subvenciones a las explotaciones agrícolas, ganaderas y acuícola, y exigiendo las ayudas al agua de riego contempladas en los Presupuestos estatales (ocho millones de euros).

Mecanismos de control y cumplimiento de lo previsto

En busca del mayor rigor, fiscalización y cumplimiento de este Plan, la iniciativa contempla un punto final, el 10, denominado Cuadro de mando. Ello permitirá una continua y adecuada evaluación de su desarrollo, de sus resultados y de su contribución a alcanzar las metas fijadas. Para ello, habrá una comisión de seguimiento del Plan, con reuniones trimestrales y una sesión de control monográfica de periodicidad anual.

 

  • ANEXOS CON TABLAS FINANCIERAS PARA 2020 y 2021-23

I) Ficha financiera para las medidas impulsadas en el año 2020

PRIORIDAD ESTRATÉGICA Presupuesto
1. Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales 424.746.983,58 €
2. Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias 15.689.776,00 €
3. Atención y apoyo a las personas vulnerables 45.069.883,39 €
4. El mantenimiento y recuperación del empleo 190.848.804,00 €
5. Impulso de la actividad económica 547.389.223,30 €
6. Agilidad, simplificación, cooperación y coordinación administrativa 200.834.161,85 €
7. Impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS) 500.000,00 €
TOTAL 1.425.018.831,20 €

II) Ficha financiera para los instrumentos de planificación previstos en el periodo 2021-2023

PRIORIDAD ESTRATÉGICA Presupuesto
1. Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales 429.700.000,00 €
2. Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias 93.000.000,00 €
3. Atención y apoyo a las personas vulnerables 75.500.000,00 €
4. El mantenimiento y recuperación del empleo 741.030.000,00 €
5. Impulso de la actividad económica 2.012.265.496,78 €
6. Agilidad, simplificación, cooperación y coordinación administrativa 310.000,00 €
7. Impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS) 0,00 €
TOTAL 3.384.805.496,78 €

 

Se debe tener en cuenta que la aportación total del Plan Reactiva Canarias para el periodo de ejecución 2020-23 (cuatro años), la de 5.725,7 millones, incluye los 900 millones de refuerzo en servicios esenciales (sanidad, educación, derechos sociales y vivienda) durante el trienio 2021-23, lo que da el resultado global de gasto ya indicado: 5.725,7 millones. Esta cifra resulta de sumar la ficha cerrada para 2020, 1.425 millones; la prevista para el periodo 2021-23, 3.400,7, y los 900 millones reseñados.

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El Plan de Reactivación Social y Económica contempla hasta la fecha 914 millones en acciones concretas para 2020

Mesa de seguimiento del Pacto de Canarias

A esa cantidad se añadirán partidas adicionales que pueden estar por encima de los 400 millones en este mismo ejercicio

El presidente de Canarias avanza las primeras 247 medidas con ficha financiera que forman parte del Plan en su fase A, entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre, a las que se seguirán sumando otras

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha convocado en la tarde de este lunes, 13 de julio, una mesa de diálogo institucional con todos los firmantes del Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias. En esta mesa de seguimiento se ha analizado la ejecución de las medidas contempladas en el Pacto suscrito el pasado 30 de mayo por la mayoría de los grupos parlamentarios canarios (PSOE, CC, Nueva Canarias, ASG y Sí Podemos), los cabildos (Fecai), los municipios (Fecam), las principales centrales sindicales (UGT y CCOO), la patronal (CEOE y CCE), las cámaras de comercio, el Tercer Sector y los colegios profesionales de Trabajo Social.

En el encuentro, celebrado en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, se ha planteado la dinámica para el seguimiento del Pacto y de las medidas contempladas en el Plan que está resultando de ese compromiso. “Un Plan para la Reactivación Social y Económica”, explicó el presidente de Canarias, “que ya comenzó a aplicarse desde el 14 de marzo, día en que se decretó el estado de alarma por la COVID-19”.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha propuesto que el Plan se desarrolle por fases. La primera, la fase A, es la que engloba todas las acciones que se efectuarán este año, subdividida, a su vez, en dos tramos temporales: las medidas que se han tomado desde el 14 de marzo hasta el 14 de julio y las que se van a llevar a cabo desde el 14 de julio hasta el 31 de diciembre. La fase B del Plan comenzará en 2021 y tendrá vigencia hasta el final de la legislatura, en 2023.

Desde el Gobierno de Canarias se han analizado las líneas de trabajo que cuentan ya con ficha financiera y que han sido impulsadas en la fase A.

En un primer balance se han contabilizado 247 medidas que giran en torno a 106 ejes de actuación y que están cuantificadas en 914.459.441 euros con fondos generados por el Gobierno de Canarias.

Todas esas medidas, a las que se irán sumando otras, están encuadradas en las siete prioridades estratégicas que establece el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias:

1)    Conservar los servicios públicos fundamentales:

10 ejes / 49 medidas / 29,8 millones de euros

2)    Reforzar las capacidades sanitarias y sociosanitarias:

16 ejes / 52 medidas / 18,1 millones de euros

3)    Atender a los más vulnerables:

3 ejes / 8 medidas / 45 millones de euros

4)    Mantener y recuperar el empleo:

17 ejes / 25 medidas / 75,8 millones de euros

5)    Impulso de la actividad económica:

45 ejes / 82 medidas / 545,21 millones de euros

6)    Agilizar, simplificar, cooperar y coordinar los trámites administrativos:

8 ejes / 15 medidas / 200,3 millones de euros

7)    Impulsar la Agenda 2030 en Canarias con sus objetivos de desarrollo sostenible:

7 ejes / 16 medidas

Agilización administrativa y ejecución presupuestaria

En la reunión de seguimiento, el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, dio detalles del estado de ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 y destacó que, “a pesar de haber vivido un parón total de la actividad con el estado de alarma por la pandemia, estamos por encima de los niveles de ejecución presupuestaria que había el año pasado por estas fechas”.

Antonio Olivera recalcó que hasta el mes de junio los gastos en servicios esenciales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) se han incrementado el 7,1 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior (193,4 millones más). En cuanto a las inversiones reales, el incremento con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior ha sido del 29,4 por ciento en su ejecución (14,2 millones más). Ha habido un mayor grado de gasto registrado a mitad de año que “también corrobora el cumplimiento de uno de los compromisos que se adquirieron en el Pacto firmado el 30 de mayo: el de agilizar los procedimientos administrativos”, añadió Ángel Víctor Torres.

Certidumbres económicas

Desde que se firmara el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias el Día de Canarias, se han producido acuerdos, reuniones y anuncios por parte de la administraciones autonómica y estatal, que han contribuido a generar más certidumbre económica. Uno de esos anuncios fue la creación de un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros por parte del Gobierno de España, a distribuir entre las comunidades autónomas. De los cálculos realizados según los criterios establecidos de reparto, se concluye que Canarias recibirá una cuantía global de 549,6 millones de euros, de los que 373 millones son recursos adicionales que se destinarán a la adopción de medidas vinculadas al Plan para la Reactivación Económica y Social de Canarias.

Otra de las certidumbres con las que cuenta Canarias es que podrá hacer uso del superávit y la administración autonómica no estará obligada a aumentar las cantidades destinadas a amortización de deuda.

A esto hay que sumar, dentro del superávit, la posibilidad de usar los 500 millones de euros de la sentencia de carreteras. Además, la información procedente de las diferentes consejerías del Gobierno de Canarias indica que los reajustes presupuestarios pueden permitir disponer de una cantidad que estaría entre los 100 y los 150 millones de euros adicionales para este ejercicio.

El presidente de Canarias aseguró que este es “un plan vivo, cambiante, sujeto a ingresos adicionales que puedan darse, pero también a imprevistos presupuestarios a los que haya que hacer frente por un brote o rebrote”. Ángel Víctor Torres también apuntó que se trata de “un documento abierto y participativo en el que, además de dar cuenta de las cifras del Gobierno, también se da la oportunidad de que los firmantes hagan sus aportaciones y trasladen qué contribuciones están haciendo para el cumplimiento del Pacto”.

La voluntad del Ejecutivo es que el documento que resulte de estas reuniones de trabajo pueda ser aprobado en septiembre en el Consejo de Gobierno y que, posteriormente, sea sometido a la consideración de todos los partidos representados en el Parlamento.

Una nueva reunión el 6 de agosto

La próxima reunión de seguimiento del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias se celebrará el 6 de agosto en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife. En ese segundo encuentro se hará un nuevo balance de las medidas aplicadas en la fase A, se recogerán las aportaciones que hagan los firmantes según el documento presentado hoy y se analizarán los efectos de las medidas adoptadas hasta el momento.

Asimismo, en la próxima cita se estudiarán los acuerdos que se adopten en el Consejo Europeo próximo en torno al plan de reconstrucción europeo 2021/2023.

Participantes:

PRESIDENTE DE CANARIAS

  • Ángel Víctor Torres Pérez

VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS

  • Román Rodríguez Rodríguez

CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD

  •  Noemí Santana Perera

CONSEJERA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

  • Yaiza Castilla Herrera (por videoconferencia)

VICECONSEJERO DE LA PRESIDENCIA

  • Antonio Olivera Herrera

CEOE

  • José Carlos Francisco Díaz

CCE

  • Agustín Manrique de Lara

CC.OO

  • Inocencio González

UGT

  • Francisco Bautista Yánez

FECAI

  • María Dolores Corujo. Presidenta

FECAM

  • Mari Brito. Presidenta Fecam

TERCER SECTOR

  • Antonio Rico. Representante del tercer sector. Presidente Cruz Roja

TRABAJO SOCIAL

  • Laura Monroy (Colegio Trabajo Social de Las Palmas). Representa a los colegios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

PORTAVOCES GRUPOS PARLAMENTARIOS

  •  PSOE: Nira Fierro.
  • SÍ PODEMOS CANARIAS: Manuel Marrero
  • NC: Luis Campos
  • ASG: Melody Mendoza
  • CC: José Miguel Barragán

CÁMARAS DE COMERCIO

  • José Sánchez Tinoco. Presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas.
  • Santiago Sesé (por videoconferencia) Presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

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La edición 42 del Plan de Formación del ICAP contará con 1.880 plazas que se impartirán en modalidad online

Escudo del Gobierno de Canarias en una de las sedes

Además, el BOC publicó esta semana el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 del ICAP, un instrumento de planificación dotado con 540.208 euros transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma en dos líneas de actuación que permite a cabildos y municipios sufragar el coste de las actuaciones de formación previstas, incluido el Plan Interadministrativo de Formación 2020 de la Fecam

La Comisión para el Empleo de la Administración Local de la Comunidad Autónoma de Canarias del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, acordó en la sesión celebrada el 19 de mayo del corriente el reparto de fondos Afedap (Acuerdo de Formación para el Empleo de Administraciones Públicas) para formación en el ejercicio 2020, destinados a la financiación de planes de formación para personal de las entidades locales. Corresponde al ICAP la cantidad de 111.902 euros, que supone el 17,16% del total del crédito asignado para la Comunidad Autónoma de Canarias

El Plan de Formación del ICAP tiene como objetivo principal ofrecer una formación basada en el conocimiento, orientada a facilitar al personal al servicio de las entidades locales la adquisición de habilidades y mejora de sus capacidades y competencias para una prestación de calidad de los servicios públicos.

En esta edición, la número 42, se contará con 1.880 plazas. Todas las actividades incluidas en el mismo se desarrollarán en la modalidad online y se distribuirán entre las áreas de Transparencia y Buen Gobierno; Innovación en la Gestión Pública; Organización del trabajo y mejora de habilidades; Tecnologías de la información y la comunicación; Idiomas; Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral; Jurídica-administrativa; Unión Europea; Ordenación del Territorio y Medioambiente, y Políticas de Igualdad.

Además, en la Comisión de Formación para el Empleo Local celebrada el 8 de julio se aprobó el plan específico de entidades locales.

Por otra parte, la Fecam ya cuenta con el Plan Interadministrativo de Formación 2020, que tiene como ámbito de aplicación el personal público de las corporaciones locales canarias (cabildos, mancomunidades, ayuntamientos, organismos autónomos y empresas públicas dependientes de estas).

Incluye 44 acciones formativas a realizar en 57 ediciones durante 1.543 horas y van destinadas a 3.390 personas. Esta oferta formativa busca la consecución de objetivos como la mejora de la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía; Potenciar la cualificación profesional y personal del personal; Favorecer el acceso a la formación del mayor número de personas; Liderar el proceso de modernización de las Administraciones Públicas Canarias con especial énfasis en la e-administración; Establecer líneas estratégicas para el intercambio de conocimientos y experiencias entre los empleados públicos canarios, e impulsar el papel de la formación como un factor estratégico de las entidades locales canarias.

Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022

Por otra parte, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, aprobó mediante la Orden nº 89 del 12 de junio de 2020 el Plan Estratégico de Subvenciones 2020-2022 del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), que en fecha 6 de julio se publicó en el Boletín Oficial de Canarias (BOC). Se trata de instrumento de planificación que permite, entre otros objetivos, que las entidades locales pongan en marcha sus actuaciones en materia de formación con cargo al mismo.

Dotado con 540.208 euros transferidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, cuenta con dos líneas de actuación a las que pueden optar cabildos y municipios para desarrollar los cursos que tengan previstos entre este año y 2022, incluido el Plan Interadministrativo de Formación 2020 de la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

Entre los objetivos generales del Plan Estratégico de Subvenciones figura dar cumplimiento al mandato legal a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que obliga a los órganos y entes dependientes de las Administraciones Públicas a aprobar su correspondiente Plan Estratégico, con carácter previo a la concesión de subvenciones. También busca concretar la planificación estratégica del ICAP en materia de subvenciones en un documento específico que recoja todas las líneas y programas de ayuda que el ICAP gestiona en sus diferentes áreas de actuación, y no solo en el Plan Estratégico de la entidad en su conjunto.

Asimismo, busca detallar, en un instrumento unificado, los programas, objetivos e indicadores presupuestarios de las actividades subvencionables del ICAP, dando cuenta de los costes de estas actividades, y promover las acciones formativas a realizar por las entidades locales para dar cumplimiento al Acuerdo de Formación para el Empleo de Administraciones Públicas de 9 de marzo de 2018, y en ejecución del Acuerdo de Gestión de Formación para el Empleo de la Administración Local de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Este plan se circunscribe a las actuaciones que están previstas y se desarrollen durante el periodo 2020-2022, sin perjuicio de que puedan tener continuidad en planes futuros.

Cuenta, por un lado, con una línea de actuación de destinada a la formación del personal público de las corporaciones locales canarias. Su finalidad es subvencionar a los cabildos y ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Canarias para la formación de su propio personal con los fondos transferidos para que con los medios materiales y personales que estos disponen, acometan las actividades formativas del personal dentro del marco del Afedap.

Se pretende así dar cumplimiento a los objetivos estratégicos que configuran el Plan Estratégico de Subvenciones, ejecutando con los fondos transferidos por la Administración del Estado, las acciones formativas a través de las entidades locales de Canarias, para lo que cuenta con 347.248 euros, que se distribuyen entre los distintos promotores en el ámbito local por un acuerdo de la Comisión de Formación para el Empleo Local de la Comunidad Autónoma de Canarias para esta línea de actuación.

La otra línea de actuación tiene por finalidad subvencionar a la Fecam, siendo el destino final la formación del personal público de los ayuntamientos y cabildos mediante una subvención nominada al citado organismo en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para cada ejercicio. Para ello, el Gobierno de Canarias aporta 192.960 euros.

La Fecam deberá presentar una solicitud de subvención a través del Plan Interadministrativo de Formación, que detalla las actividades formativas que ejecutará a lo largo de cada ejercicio presupuestario y dentro del marco del Afedap.

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El Gobierno de Canarias destinará más de 50 millones de euros hasta final de año para combatir el desempleo

Elena Máñez

Máñez presenta la hoja de ruta de la Consejería para dar cumplimiento al Pacto de Reactivación Social y Económica con 4 ejes en materia de empleo: planes especiales de empleo, apoyo y asesoramiento, formación y modernización administrativa

El Gobierno de Canarias destinará hasta final de año más de 50 millones de euros a combatir el desempleo. Así lo anunció la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento, a petición propia, para informar de la situación actual del empleo, los objetivos y acciones a desarrollar en esta materia por su departamento, intervención en la que dio cuenta de la hoja de ruta de la Consejería para dar cumplimiento al Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, en materia de empleo, en base a cuatro ejes: planes especiales de empleo; apoyo y asesoramiento; formación y flexibilización y flexibilización y modernización administrativa.

En materia de planes de empleo, Máñez explicó que se contará con una parte de los fondos del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y de otros del Servicio Canario de Empleo (SCE) “que hemos reconducido, en un tiempo récord, para ponerlos a disposición de la nueva situación generada por la COVID-19”. Entre las principales medidas que se activarán, y que estarán incluidas en el futuro Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias, se encuentra un plan de empleo turístico en los municipios de mayor afluencia más afectados por la pandemia, dotado con 10 millones de euros y enfocado a actividades como el embellecimiento de zonas turísticas, vigilancia y concienciación de la ciudadanía sobre medidas sanitarias. Además, se destinarán otros 10 millones de euros para planes de empleo COVID-19, dirigidos a personas desempleadas afectadas por la crisis sanitaria, principalmente con cargas familiares y familias monoparentales sin empleo.

Asimismo, se dotarán otros 5 millones para un plan de transición ecológica que se ejecutará a través de los cabildos, de manera alineada con la Agenda 2030 y que estará vinculado a las nuevas economías azul y circular. Por último, la consejera informó de otra medida, dotada con 20 millones, para reeditar los planes de empleo social con los ayuntamientos de Canarias, en coordinación con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), para atender a las familias más vulnerables y a las personas paradas de larga duración.

Como señaló la consejera, la búsqueda de “soluciones compartidas y consensuadas” a esta crisis ha llevado a la Consejería a mantener contactos permanentes con todos los agentes implicados, en especial las organizaciones sindicales y empresariales, con cuatro convocatorias del Consejo General de Empleo; la reactivación del Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y las Pymes Canarias y más de 50 reuniones con administraciones y organizaciones “para hacer un frente común contra las consecuencias sociales y económicas de la crisis de la COVID-19”.

Apoyo y asesoramiento a pymes y personas autónomas

Elena Máñez avanzó que, en el marco del Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y a las Pymes Canarias, se han constituido dos mesas de trabajo que se encargarán, respectivamente, de abordar la elaboración del Plan de Apoyo al Emprendimiento y de analizar una mejora de la Ley Canaria de Emprendimiento. Como apuntó la consejera, el Plan de Emprendimiento “debe ser aprobado por este Parlamento” y “tiene que dar respuesta a las necesidades de pymes y autónomos en los próximos años, en los que todavía se notarán los efectos de esta crisis”.

Sin embargo, hasta que este Plan se apruebe, la consejera señaló que se reforzarán las medidas de apoyo a las pymes y personas autónomas con dos nuevos gabinetes, uno de análisis y asesoramiento sobre los ERTE, dotado con 190.000 euros, y una unidad de apoyo en el Servicio Canario de Empleo para el asesoramiento a personas autónomas y pymes, dotada con 120.000 euros. Ambos se suman a los Servicios Integrales a Empresas del SCE, dotados con 1.900.000 euros, y al servicio de asistencia y asesoramiento a empresas de la Red Cide, dotado con 2.521.122 euros para el periodo 2020-2022. Por otro lado, insistió en la importancia de adaptar los planes especiales de formación a la realidad insular y comarcal, en coordinación con las corporaciones locales, agentes económicos y sociales, aprovechando las nuevas oportunidades que ofrecen los sectores emergentes vinculados a las economías azul y circular.

Máñez también aludió a una nueva medida dirigida de manera específica a trabajadores y trabajadoras afectadas por un ERTE motivado por la COVID-19, por un importe inicial de 500.000 euros ampliables, para incentivar la mejora de sus condiciones contractuales una vez finalice el expediente.

Además, los compromisos del Pacto destacan la lucha contra la economía sumergida. Así, por primera vez, el Servicio Canario de Empleo pondrá en marcha una medida específica, dotada con 100.000 euros ampliables, para impulsar la contratación de personas desempleadas para la prestación de servicios domésticos, lo que permitirá aflorar empleo irregular en este sector, una situación que afecta especialmente a las mujeres.

Otro de los pilares del Pacto es la modernización y flexibilización de la administración. Por ese motivo, el SCE trabaja en estos momentos en el diseño de un plan de modernización con base tecnológica para, dijo Máñez, “avanzar en los procesos de gestión de la demanda y virtualización de servicios, incorporando el potencial de las nuevas tecnologías a los servicios de atención a la ciudadanía” y que tendrá como objetivos ofrecer servicios de valor añadido a la ciudadanía o entidades colaboradoras; mejorar los sistemas de soporte a la gestión para incorporar medidas de simplificación en la tramitación y mejorar la infraestructura tecnológica y garantizar la seguridad de la información.

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El Gobierno de Canarias aprueba el Plan de Inspección 2020

Plan Inspección Modernización 2020

Los planes de inspección analizan el funcionamiento de las unidades y servicios de la administración autonómica y proponer cambios de gestión que mejoren la calidad de los servicios a la ciudadanía

Se inspeccionarán los servicios tecnológicos del Gobierno, la gestión de las empresas y fundaciones públicas y los servicios de dependencia

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, ha aprobado el Plan Anual de Inspección 2020 de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, que contempla la evaluación de los servicios Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como de la Agencia Tributaria Canaria; el diagnóstico del nivel de la implantación de la Dirección por Objetivos en las empresas y fundaciones públicas y la evaluación de la organización, funcionamiento y medios de los servicios responsables de las prestaciones de dependencia de la Administración canaria.

Tipo de actuaciones

El plan, elaborado con las propuestas presentadas por distintos departamentos del Ejecutivo canario, se recoge en la orden del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, del 26 de mayo de 2020, publicada hoy en el Boletín Oficial de Canarias.

A iniciativa de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, se considera necesario abordar la función de TIC del Gobierno. Al respecto, una vez concluida la Estrategia Marco Canaria de Gobierno Abierto a través de la Transparencia 2017-2019, se pretende ahondar en la elaboración y aprobación de una nueva planificación, ya en marcha, para la presente legislatura, en la que se incluirán todas las actuaciones necesarias para adecuar la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias a las exigencias de calidad de servicio público requeridas por la ciudadanía en el marco de un gobierno inteligente, abierto y digital.

Se estima preciso abordar el análisis y evaluación de los servicios de información y comunicación existentes con el objetivo de obtener la máxima eficiencia en los mismos, en aras de mejorar la prestación de los servicios públicos.

La evaluación de los servicios de las Tecnologías de la Información y la Comunicación de la Administración canaria se centrará en la demanda de la ciudadanía sobre las nuevas tecnologías en sus relaciones con la administración y en cumplimiento efectivo de las leyes 39 y 40/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y de Régimen Jurídico del Sector Público, particularmente en lo que se refiere a derechos como la no presentación de documentos que obren en poder de la administración, la interoperabilidad o el funcionamiento correcto de los sistemas y sedes para garantizar el derecho al acceso digital a la administración.

El objetivo de esta actuación es la obtención de un diagnóstico del estado actual de los servicios TIC para identificar las posibles disfunciones existentes, aportando medidas de mejora y buenas prácticas que permitan trazar una estrategia con la que se mejoren los servicios tanto en calidad, seguridad, innovación, transparencia y coste de estos.

Además, a sugerencia de la Diputación del Común, y por la relevancia social del sistema de prestaciones de dependencia, se considera necesario hacer una auditoría de dicho sistema de prestaciones. En ese sentido, es la primera vez que se evalúa en profundidad ese servicio con una relevancia fundamental para los derechos de la ciudadanía.

El plan contempla así la evaluación de la organización, funcionamiento y medios de los servicios responsables de las prestaciones de dependencia de la Administración canaria, con la finalidad de obtener un análisis de los servicios responsables de las prestaciones de dependencia en relación con la situación de medios materiales, informáticos y humanos para identificar las posibles disfunciones existentes, recursos necesarios y dimensionamiento del servicio, así como para proponer mejoras organizativas que permitan prestar un mejor servicio a la ciudadanía. El objetivo es que antes del final de legislatura las prestaciones se puedan satisfacer dentro de los plazos legales.

Por otra parte, a iniciativa de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios en coordinación con la Dirección General de Patrimonio y Contratación, se ha advertido la necesidad de armonizar los criterios de gestión y evaluación de las empresas y fundaciones públicas, para lo que se realizará una auditoría de los modelos de gestión existentes.

Se trata de conocer la existencia, o no, de planes estratégicos, acuerdos de gestión u otras herramientas de seguimiento y control, metodologías, grado de formación del personal directivo y predirectivo, y, en su caso, su compatibilidad y posibilidad de adaptación a un modelo de referencia común en la Administración canaria y su sector público.

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Alicia Vanoostende explica las líneas estratégicas del Plan de Soberanía Alimentaria para Canarias

La consejera definió la metodología que se utilizará para el desarrollo de este plan

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha explicado las principales líneas del Plan Estratégico de Soberanía Alimentaria durante la comparecencia de la comisión parlamentaria celebrada en la mañana de hoy, miércoles 27 de mayo, de forma semipresencial.

Al inicio de su intervención la titular regional de Agricultura esbozó las principales complejidades a las que se enfrentan las islas como es la dependencia del exterior. Además, ahondó en la difícil situación provocada por la crisis sanitaria. En este sentido, la consejera manifestó “la necesidad de reflexionar sobre la importancia que una región ultra periférica como Canarias cuente con un sector primario estratégico y fuerte, que garantice la mayor autosuficiencia posible en cuestiones básicas como es la alimentación”.

Alicia Vanoostende indicó que “este plan tiene como objetivo principal hacer un diagnóstico de la situación actual con los agentes implicados y diseñar una estrategia y plan de actuación para el sector primario, así como una estrategia agroalimentaria”. Otro de los objetivos, señaló, es el de conocer los flujos de la cadena agroalimentaria en Canarias y cómo se desarrollan e interaccionan entre sí cada una de sus fases: producción, transformación, distribución y comercialización, consumo y gestión de residuos, para confeccionar una estrategia desde el punto de vista de la sostenibilidad y que se puedan aplicar tanto a nivel local, insular y regional”.

La consejera definió la metodología que se utilizará para el desarrollo de este plan estratégico en el que destacó la importancia de contar con la experiencia de los consumidores y la participación de expertos para definir el marco conceptual en el que deben estar implicados grupos de interés y agentes sociales. Tras este primer punto, se conformará el Programa Operativo de Soberanía Alimentaria de Canarias en el que se tendrá en cuenta el ámbito temporal, los operadores implicados, propuestas concretas para el sector, posibles iniciativas legislativas a introducir, y las proyecciones económicas.

Vanoostende reforzó la idea de que desde el Ejecutivo regional “no quieren que este sea un plan teórico, sino que sirva como guía de trabajo para la administración pública y toma de decisiones políticas”, y en este sentido invitó a los grupos parlamentarios a trabajar de forma conjunta para enriquecer el proyecto.

La consejera explicó también los principales objetivos del Gobierno para esta legislatura que tienen como denominador común el Plan de Soberanía Alimentaria. Así, subrayó que el mantenimiento de las ayudas europeas, la mejora de las rentas agrarias “son cuestiones que directa o transversalmente están incluidas en este plan”.

Un momento de la comparecencia.

Además, recordó una serie de proyectos esenciales para aspirar a las mayores cuotas de autoconsumo en Canarias como son el proyecto Ecocomedores, Crecer Juntos, las acciones para mejorar la formación entre el sector, el comercio on-line o las campañas llevadas a cabo desde la Consejería para promocionar el consumo de productos de cercanía.

Vanoostende aclaró también otras cuestiones que afectan de forma transversal como la propuesta del nuevo AIEM aprobada en Consejo de Gobierno, la modificación de la cadena alimentaria y estrategias europeas como el proyecto ‘De la granja a la mesa’ para mejorar la sostenibilidad y ecología de las producciones agrarias.

 

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Ángel Víctor Torres valora de forma positiva el plan de desescalada por fases presentado por Pedro Sánchez

Gobierno de Canarias Ángel Víctor Torres

El jefe del Ejecutivo canario destaca que ha funcionado la coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno central

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha valorado de forma positiva el plan de desescalada aprobado hoy por el Consejo de Ministros y presentado esta misma tarde por Pedro Sánchez, un proceso de transición por fases y que está sujeto al cumplimiento de una serie de marcadores.

Para el jefe del Ejecutivo canario, ha funcionado la coordinación entre las comunidades autónomas y el Gobierno Central. “El plan que presentamos en Canarias también era por fases, no establecía fechas, y contemplaba la superación de marcadores”, añadió.

En el plan, que establece la fase 0 a partir del 4 de mayo, contempla que algunos territorios insulares como La Graciosa, La Gomera y El Hierro se adelanten a la fase 1 en esa fecha. “La desescalada comenzará por los territorios insulares, comenzará por Canarias, algo que nos alegra porque el Gobierno de España ha tenido en cuenta la asimetría, el aspecto gradual y la territorialidad, y también la poca contagiosidad”, subrayó.

Una semana después, el 11 de mayo, el resto de las islas y de las provincias también podrán sumarse a esa transición siempre y cuando se cumplan una serie de parámetros. “Y si eso es así es porque las cosas se habrán hecho bien”, señaló, e hizo hincapié en la necesidad de ser rigurosos en todo el proceso. “Todavía tenemos que mantener la guardia y ser conscientes de que el virus está ahí”, concluyó.

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Torres plantea a los portavoces parlamentarios y Fecam y Fecai la hoja de ruta del Plan para la Reconstrucción

Reunión grupos parlamentarios

El presidente de Canarias prevé que el programa final con las medidas singulares pueda ser aprobado por consenso en el mes de mayo, tras la participación previa de los grupos parlamentarios y de otras organizaciones y colectivos

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, analizó este viernes 24 de abril, en distintas reuniones con los portavoces de los grupos parlamentarios y con los representantes de la Fecam (ayuntamientos) y la Fecai (cabildos), la guía de trabajo que servirá para definir y luego aprobar el Plan para la Reconstrucción Social y Económica de Canarias, una iniciativa que propuso el propio Torres en el Parlamento de Canarias el 14 de abril pasado. La concreción de ese proceso de diálogo se debatió en esas tres citas, a las que también asistió el vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.

Torres además aseguró en esas convocatorias que el Gobierno tiene previsto presentar la semana próxima el documento base sobre el futuro Pacto para la Reconstrucción Social y Económica de las Islas tras los embates en esos mismos ámbitos por la pandemia de la COVID-19. Ese será el punto de partida de otra fase en el proceso de participación, análisis y búsqueda de amplio consenso que se espera concluir, ya con el documento final de ese pacto avalado por todos los intervinientes, en el mes de mayo próximo.

También relacionado con los procesos de participación activados tras la emergencia sanitaria por la COVID-19, el titular del Ejecutivo autonómico recordó que, justo dos días después del inicio del estado de alarma (14 de marzo), el Gobierno de Canarias ha llegado a activar hasta una treintena de reuniones con grupos parlamentarios, administraciones públicas locales (ayuntamientos y cabildos) y agentes sociales y económicos de las Islas, con el objeto de evaluar la situación generada por la pandemia y de adoptar medidas de interés que pudieran contribuir a aminorar los efectos de esa crisis sanitaria en su propio ámbito y en otros, con especial incidencia en los colectivos más vulnerables.

De todas esas citas han salido numerosas medidas, “algunas ya elevadas al Gobierno español y aprobadas por este, y otras asumidas y aprobadas por el Ejecutivo de Canarias”, subrayó el presidente Torres. A esa relación de acciones ya puestas en marcha, “ahora se sumarán otras” incluidas en el mencionado Pacto para la Reconstrucción, que se espera tener en mayo y que será el fruto de un amplio proceso de participación.

Un mecanismo planteado el 14 de abril pasado

En la sesión del 14 de abril de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias, en la que compareció del presidente del Gobierno autonómico, se planteó por primera vez la necesidad de impulsar un amplio acuerdo político, social y económico a favor de la reconstrucción de las Islas como consecuencia de la COVID-19 y sobre todo por su impacto muy negativo en la principal actividad productiva de las Islas: el turismo. Ese pacto, subrayó entonces Ángel Víctor Torres, debía concebirse como “un proceso de consenso vinculado a todos los partidos políticos, a las administraciones públicas canarias, a los agentes sociales y económicos locales, y a la sociedad civil en general”.

La idea central que esbozó el presidente de Canarias se justifica en la situación actual de las Islas, con una coyuntura de quiebra económica y social que precisa de un acuerdo global dirigido a desarrollar una estrategia común para afrontar y salir del momento ocasionado por la mayor amenaza mundial de salud pública que jamás antes se haya vivido.

Reunión con Fecam y Fecai
Un instante de las reuniones mantenidas durante la mañana.

Para conseguirlo, plantea Ángel Víctor Torres, se requiere de un pacto amplio que coordine las políticas entre las distintas administraciones públicas “para promover la resistencia, la reconstrucción y la recuperación de nuestra región desde la unidad de acción y con representantes de toda la sociedad”. El presidente de Canarias calificó este proceso como un “desafío extraordinario que exige una respuesta unida, única y ambiciosa para salvaguardar nuestro modelo económico y social, y para proteger a nuestros ciudadanos. Para que nadie se quede atrás” por esta crisis socio-económica, observó Torres.

Así, el objetivo del Pacto para la Reconstrucción Social y Económica de Canarias no es otro que dar forma, con la participación de todos los agentes políticos, sociales y económicos de Canarias, a un acuerdo “excepcional y extraordinario” ante la mayor adversidad que ha tenido Canarias por la emergencia sanitaria de la COVID-19, cuyos efectos no tienen precedentes en la economía y la estructura social del Archipiélago.

Ese futuro pacto, que nace como una iniciativa del Gobierno de Canarias, debe comprometer a todos sus firmantes y luego tiene que ser defendido ante instancias superiores en el plano administrativo: el Gobierno de España y la Unión Europea. Se trata pues de “una alianza o acuerdo de la sociedad de las ocho islas, que sin duda demanda todos los esfuerzos para aportar propuestas individuales que mejoren el bien común”. “Canarias se juega mucho; quizá como nunca antes”, y lo hace “en un momento trascendental para nuestro presente y futuro”, ha indicado el presidente de Canarias.

Con la participación más amplia posible

El espíritu de consenso y la voluntad de cooperación que el Gobierno de Canarias ha mostrado desde el inicio del estado de alarma, el 14 de marzo pasado, están en la base del futuro Pacto para la Reconstrucción; es la materia prima sobre la que se asienta este nuevo gran acuerdo, que debe desarrollarse con la máxima participación y la mayor transparencia y en cuyo proceso la sociedad canaria no sólo debe ser la beneficiaria final, sino también protagonista activa y plenamente implicada. El pacto no será solo político y económico, sino también social. Su valor y eficacia dependerán de que, junto a los agentes sociales, se sumen amplias organizaciones del tercer sector e incluso los colegios profesionales, entre otras instituciones.

Ahora, tras todas las reuniones previas realizadas en Canarias y las medidas ya aplicadas, y una vez refrendado el acuerdo del Eurogrupo y encaminado otro más amplio por el Consejo Europeo para atender las exigencias que deja la pandemia COVID-19 en la UE, se procede a culminar un pacto amplio en Canarias que remate el trabajo ya iniciado y que esto se consiga con el compromiso de todos en el mes de mayo.

El proceso a seguir en busca del objetivo final

Tras la entrega la semana próxima del documento base del Pacto para la Reconstrucción, se propondrá una reunión de los grupos acerca de esta iniciativa en el Parlamento de Canarias. Además, para conseguir el objetivo final de cerrar ese plan, en ese momento se establecería un periodo de presentación de correcciones, alegaciones o enmiendas por parte de los agentes intervinieres y además se concretaría un mecanismo de trabajo directo y permanente entre los distintos agentes políticos, sociales y económicos para dar con la redacción del documento aceptado por la partes.

Luego, ese documento, fruto del consenso, se sometería a la consideración última de los potenciales firmantes del Pacto para la Reconstrucción, para su ratificación definitiva. Todo ese proceso se prevé desarrollar en un lapso de varias semanas, y se ha establecido como límite para su definitiva concreción el mes de mayo.

Una vez cerrado el Pacto para la Reconstrucción Social y Económica de Canarias, este debe ser plasmado y desarrollado en un programa que aprobaría el Gobierno de Canarias antes de ser elevado al Parlamento Autónomo para su ratificación final. Cuando eso se produzca, podrá ser remitido de forma oficial al Gobierno de España y a las instituciones pertinentes de la Unión Europea.

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