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El Instituto Canario de Seguridad Laboral asesora en un año a 800 empresas con 30.000 personas trabajadoras

Reunión Icasel

El Consejo Rector del Icasel, adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, aprueba la memoria de actuación de 2020, un ejercicio marcado por la reorientación de su labor para compatibilizar la prevención de riesgos en el trabajo y la contención de la COVID-19

El Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este viernes la memoria de actuación de la entidad autonómica en 2020, un ejercicio marcado por la reorientación de su labor para el asesoramiento a las empresas y su personal con el objetivo de compatibilizar las habituales medidas de prevención de riesgos en el trabajo con los nuevos protocolos de contención de la pandemia de COVID-19.

Presidida por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, la sesión plenaria del órgano de gobierno y de participación institucional del Icasel avaló las visitas técnicas realizadas durante el pasado año a casi 800 empresas con alrededor de 30.000 personas trabajadoras, además del nuevo servicio para el asesoramiento telefónico y otras vías telemáticas al tejido productivo del Archipiélago.

También influyó la enfermedad por coronavirus, a causa del confinamiento de la población y el freno a la economía, en la reducción de la siniestralidad laboral durante 2020 en Canarias en un 29,24% con respecto al año anterior, al contabilizarse un total de 38.679 accidentes (21.059 sin baja, 17.418 leves, 184 graves y 18 mortales).

El Consejo Rector aprobó las actuaciones realizadas en 2020, que incluyeron la elaboración de once guías técnicas para los sectores económicos con mayor ocupación, la concesión de más de 1,5 millones de euros en ayudas para diversos proyectos a los sindicatos y patronales más representativos y la dotación de 440.000 euros para la mejora de aplicaciones informáticas. Por su parte, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social informó sobre sus actividades en prevención de riesgos laborales a lo largo del pasado año, mientras que las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales dieron cuenta de los proyectos subvencionados en el último ejercicio.

 

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La Mesa Técnica de Hostelería aprueba los criterios de seguridad laboral ante la COVID-19 en el sector hotelero

Mesa Técnica de Hostelería

El documento, consensuado por las patronales sectoriales, los sindicatos más representativos, la Inspección de Trabajo y el Gobierno de Canarias, está dirigido principalmente a las pymes del sector alojativo turístico y ofrece orientación en materia de prevención de riesgos laborales para empresas y personas trabajadoras

La Mesa Técnica de Hostelería aprobó este lunes el documento de criterios orientativos en prevención de riesgos laborales frente a la COVID-19 en el sector hotelero de Canarias, un documento dirigido principalmente a las pymes del sector del alojamiento turístico y que ofrece orientación, tanto a empresas como a personas trabajadoras, sobre la prevención y protección frente a la COVID-19, así como sobre seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras en la nueva normalidad. Como explicó la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, estos criterios “han sido consensuados desde el diálogo social para facilitar a las pequeñas y medianas empresas, que normalmente tienen una menor capacidad organizativa en materia de prevención de riesgos laborales, la adaptación a la nueva situación generada por la pandemia”.

Los criterios de prevención han sido elaborados por las entidades que integran la Mesa Técnica de Hostelería, esto es, las organizaciones empresariales sectoriales (FEHT, Ashotel, Asolan y Asofuer); las organizaciones sindicales más representativas, CCOO y UGT; la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de España y, por parte del Gobierno de Canarias, la Consejería de Economía Conocimiento y Empleo; la Consejería de Turismo, Industria y Comercio y la Consejería de Sanidad.

La consejera recordó que el turístico es el sector económico con más peso en nuestra comunidad autónoma, aportando el 35% del PIB y el 40% del empleo, por lo que resulta “fundamental que las empresas del sector mantengan actualizados sus planes de prevención de riesgos de laborales durante la crisis de la COVID-19”. En este sentido, señaló que si bien los grandes grupos hoteleros suelen contar con personal propio dedicado a la seguridad laboral, en muchos casos, las pequeñas y medianas empresas del sector no cuentan con planes específicos adaptados a su actividad, por lo que este documento “pretende ayudarlas a que establezcan sus protocolos de actuación, medidas de carácter organizativo en los centros de trabajo y a saber cómo actuar ante un contagio, con el objetivo principal de proteger la salud de las personas trabajadoras”.

Esta medida, explicó, viene a dar cumplimiento al Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias en lo referido al impulso de medidas de apoyo y asesoramiento a las empresas, trabajadores y trabajadoras en prevención laboral y sanitaria, al tiempo que contribuye a que Canarias “se consolide como referente mundial en prevención de riesgos laborales ante la COVID-19, reforzando la sensación de destino seguro y dando todas las garantías a las personas trabajadoras del sector”.

Además, en esta misma línea, recordó que la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo ya destina, en el marco del Plan para la Reactivación, más de 1.900.000 euros en subvenciones a las organizaciones patronales, sindicales y asociaciones de personas trabajadoras autónomas para la contratación de personal técnico y refuerzo de sus oficinas técnicas de prevención de riesgos laborales.

En la reunión participaron, además de la consejera, el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; el director general de Trabajo, Alejandro Ramos; el director general de Infraestructura Turística, Fernando Miñarro; el director del Instituto Canario de Seguridad Laboral, Elirerto Galván, y el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Guindín, así como representantes de la Consejería de Sanidad, de las organizaciones empresariales sectoriales y de los sindicatos más representativos.

 

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