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El Gobierno de Canarias unifica en un edificio todos los servicios de Trabajo tras invertir 2,5 millones

El Gobierno de Canarias unifica en un edificio todos los servicios de Trabajo tras invertir 2,5 millones

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha inaugurado en la capital grancanaria el inmueble sede de la Dirección General de Trabajo, al que calificó como “el edificio del diálogo social”

El edificio de 3.000 metros cuadrados ha sido sometido a una reforma integral e incorpora elementos para una mayor eficiencia energética, con 92 placas fotovoltaicas para cubrir todo el consumo eléctrico

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha inaugurado este lunes la sede de la Dirección General de Trabajo, un edificio en el que se unifican, por primera vez, todos los servicios administrativos en la capital grancanaria del área adscrita a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo tras una reforma integral por valor de 2,5 millones de euros.

“Al reunir en un mismo espacio a diferentes órganos como el Instituto Canario de Seguridad Laboral o el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación ya pueden trabajar con mayor agilidad todos los agentes económicos y sociales con el objetivo de avanzar en un mercado laboral más equilibrado, justo y seguro, lo que lo convierte en el edificio del diálogo social”, destacó Ángel Víctor Torres junto con la consejera de Economía, Elena Máñez, el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, además de representantes de patronales, sindicatos y colegios profesionales.

Situado al inicio de la calle Alicante, en el polígono de San Cristóbal, el nuevo inmueble “supone un paso más en el recorrido realizado hacia la mejora continua de la atención administrativa a las diferentes necesidades del tejido productivo”, añadió el presidente autonómico antes recordar otros avances de la actual legislatura como “la reactivación del Consejo Canario de Relaciones Laborales, de enorme utilidad para consensuar decisiones en plena pandemia; la firma del primer Acuerdo sobre igualdad y brecha salarial de España, en el marco de la VI Concertación Social; la aprobación de la Estrategia Canaria de Formación Profesional Dual 2022-2026, el impulso de dos nuevas cátedras sobre negociación colectiva y diálogo social o el diálogo con patronales y sindicatos de la nueva Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo”.

El Gobierno de Canarias unifica en un edificio todos los servicios de Trabajo tras invertir 2,5 millones
El Gobierno de Canarias unifica en un edificio todos los servicios de Trabajo tras invertir 2,5 millones

Con una superficie de casi 3.000 metros cuadrados en tres plantas, el edificio laboral estrena unas completas instalaciones gracias al concurso público que se impulsó desde la Dirección General de Trabajo durante el actual mandato para la segunda y última fase de rehabilitación integral, unas obras ejecutadas desde finales de 2020 por importe de 1,6 millones después de una actuación inicial de emergencia en 2018 a causa del derrumbe parcial de la fachada y reubicación provisional del personal el año anterior.

Sostenibilidad y accesibilidad

El nuevo edificio cuenta con certificado de eficiencia energética de clase A tras la instalación de 92 placas fotovoltaicas en cubierta para cubrir todo el consumo eléctrico, iluminación led y fachada de carpintería metálica con rotura de puente térmico y lamas regulables frente a la incidencia solar.

Además, la sede de Trabajo también presenta accesibilidad universal después de la separación de los accesos de vehículos y personas, la construcción de una rampa desde la vía pública hasta la planta principal, la instalación de un ascensor para los tres pisos, la dotación de un aseo accesible con sistema de llamada interior o la señalización de una plaza preferente en el aparcamiento.

Con espacios para despachos, aulas, archivos, laboratorio, biblioteca, salón de actos y aseos, el edificio público dispone de puestos de trabajo para alrededor de 60 personas de los servicios de Promoción Laboral; de Apoyo en la Coordinación, Diálogo Social y Gestión Económica; y de Régimen Jurídico y Coordinación, además de Icasel y Semac.

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Economía incrementa su presupuesto casi un veinte por ciento para 2023

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, junto a responsables del departamento en el Parlamento autonómico

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, sin contar con gastos financieros y los organismos autónomos, como el Servicio Canario de Empleo, gestionará 121,2 millones de euros en 2023, un presupuesto que es casi un 61 por ciento mayor del que se disponía en 2019

El área de Conocimiento tendrá en 2023 el presupuesto más elevado para fortalecer el sistema canario de investigación e innovación, desde el año 2011, superior a los 100 millones de euros

El Servicio Canario de Empleo consolida el incremento presupuestario de la Legislatura y supera los 348 millones de euros, casi un 50 por ciento más que hace cuatro años

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, presentó hoy, junto con todo el equipo departamental, el presupuesto de su área para el año 2023, que se incrementa en 20 millones de euros respecto a este año y en 46 con relación al de 2019, sin tener en cuenta los organismos autónomos dependientes de la Consejería, como el Servicio Canario de Empleo y el Consejo Económico y Social.

Durante su intervención parlamentaria, Máñez señaló que este presupuesto “consolida el crecimiento sostenido durante la Legislatura, para impulsar el desarrollo de Canarias, con decenas de nuevas acciones para estimular el empleo y la diversificación económica”. “Si contabilizamos el total de los servicios y organismos dependientes de la Consejería, el presupuesto final roza los 505 millones de euros, con un crecimiento del 8,4 por ciento anual y del 48,4 por ciento en relación con el que teníamos al iniciar la Legislatura” -continuó, antes de detallar las cuentas por cada una de las áreas.

Promoción económica

Para la promoción de la economía se destinarán en 2023 cerca de 37 millones de euros, entre los que la consejera destacó los 10 millones que se dispondrán para apoyar a la competitividad de las empresas con una línea de subvenciones abierta todo el año, los 6 millones de euros en instrumentos financieros y la nueva línea de 480.000 euros con la que el departamento incentivará que los fondos de inversión destinen recursos a las startups canarias o que se instalen en las islas. Además, destacó la recuperación de la línea de avales, por 550.000 euros, con la que la Consejería sufragará los costes de suscribir la financiación con Aval Canarias “de manera que adaptamos otra línea de impulso a las empresas, para hacer más eficiente la inversión pública, ahora que la subida de tipos de interés dificulta el acceso al crédito”. Entre las muchas medidas para la diversificación económica, la consejera subrayó la inversión para la puesta en marcha de la Oficina Técnica y el Observatorio de Economía Azul y concluyó remarcando la importancia de mantener los 700.000 euros destinados a los programas de ventanilla única, acompañamiento y otros de las Cámaras de Comercio, “que han demostrado ser instrumentos importantísimos en la colaboración público-privada, por ejemplo, cuando logramos distribuir en muy poco tiempo la mayor partida de ayudas para las empresas canarias jamás vista, con más de 1.200 millones de euros.

Internacionalización

En esta área económica, Elena Máñez incidió también en dos aspectos concretos: la Estrategia de Internacionalización y el fomento de las relaciones económicas con África. Dentro de la primera, la consejera explicó cómo se ha realizado un seguimiento “continuo” de las necesidades del empresariado canario en sus relaciones con el exterior y cómo se han ido adaptando las partidas para la expansión de las empresas más allá de sus islas, en función de las necesidades detectadas. Así, señaló que esta Legislatura se ha “más que duplicado” la partida para el programa Canarias Aporta para la internacionalización de las empresas, hasta alcanzar los 4,6 millones de euros, “con la introducción de tres líneas nuevas: el Aporta Competitividad, que acompaña a las empresas en su expansión al resto de España; el Aporta Digital, que refuerza su acceso al exterior a través de los mercados en línea; y el Aporta Islas no Capitalinas, cuyo objetivo es ayudar al empresariado de esas islas a superar sus fronteras, bien dentro de Canarias o en el exterior”.

Relaciones con África

Para las relaciones económicas con África, el presupuesto de 2023 consolida un crecimiento cercano al 40 por ciento durante esta Legislatura, “lo que nos ha permitido implementar numerosas líneas de trabajo nuevas y expandir las acciones más allá de Marruecos, Mauritania, Senegal y Cabo Verde y llevarlas también a Ghana y Costa de Marfil”. Con una clara orientación hacia la cooperación al desarrollo, esta área ha creado durante la legislatura y potencia con los presupuestos de 2023 programas como Formación de formadores, África Canarias Challenge, Becas profesionales o Learn África Canarias, todos con una clara vocación de formar el talento en las dos orillas, con actuaciones conjuntas en las que las personas de África y Canarias trabajan juntas para el desarrollo común. Además, se acompaña a las empresas canarias en su internacionalización hacia África, se destina una partida a la prospección de los mercados africanos y se potencia el papel de las islas como Hub para las relaciones de la Unión Europea con África. Unas políticas “en las que también apostamos por la innovación y las empresas emergentes, con el despliegue de una gran actividad para trabajar junto a la plataforma de inversión para startups más importante de África, con sede en Nigeria”.

Conocimiento

Durante su intervención, la consejera enfatizó que “gracias al altísimo grado de ejecución del departamento, en esta Legislatura se han puesto más recursos al servicio de la Investigación y la Innovación, lo que consolidamos con el presupuesto de 2023, que crece más de un 42 por ciento en un año y superará los 100 millones de euros”. Máñez indicó que así se impulsarán todos los compromisos adquiridos en la reciente firma del Pacto por la Ciencia y la Innovación en Canarias, en el que el Gobierno, los partidos políticos, las universidades, las organizaciones sindicales y las patronales expresaron su determinación para impulsar el talento canario, mejorar la financiación del ecosistema científico y tecnológico y agilizar y fortalecer su gobernanza. “Tres objetivos que cumplimos con este presupuesto, en el que reforzamos las políticas que están siendo efectivas y las fortalecemos con nuevos programas” -afirmó.

Como ejemplo, la consejera explicó cómo la Consejería “ha hecho suyo” el programa Diginnova, puesto en marcha con fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que en 2023 se financiará con 2,7 millones de euros de fondos propios, “por la gran acogida que ha tenido, como instrumento para incorporar dinamizadores y dinamizadoras a las empresas de los sectores estratégicos, que les ayudan en su transición hacia la economía digital y verde y a implementar procesos innovadores”. En total, son más de 11 millones de euros los que se destinan a formar y favorecer la incorporación del talento a las empresas canarias.

La Consejería destina también 9,3 millones de euros al mantenimiento del ecosistema científico de las islas, para mantener centros de referencia como la Plocan, el Instituto de Astrofísica de Canarias o el ITC, e incluye una nueva partida de 700.000 euros, para el futuro Centro Nacional de Vulcanología y 2 millones de euros para poder modernizar la instrumentación del GRANTECAN y que el telescopio siga manteniendo su competitividad. Además, aumenta la dotación para I+D para las universidades públicas, con 1,48 millones de euros para cada una y desina más de 4 millones para convocatorias de I+D y el fomento de la participación en programas marco en la materia.

En cuanto a la innovación empresarial, destacan los más de 4,5 millones de euros para el fomento de empresas de alta tecnología, otros 4 para infraestructuras científicas tecnológicas y 1,44 para centros de innovación empresarial y la red CIDE digital. Cifras que se acompañan con la consolidación de dos proyectos novedosos, con 400.000 euros para proyectos de innovación social y 2,2 para el proyecto Canarias Stars, que impulsa el ecosistema de empresas emergentes de las islas.

La última línea de actuación en esta área se centra en el despliegue de la Sociedad de la Información “que aumenta un 68 por ciento su dotación respecto a 2019 y que incluye subvenciones por 5,5 millones de euros para innovación y digitalización empresarial, el impulso a la extensión de la Banda Ancha y 600.000 euros para el Cluster de Innovación Digital que ha conseguido el sello de excelencia de la Unión Europea “y sitúa a Canarias a la vanguardia del continente en esta materia”.

En su explicación sobre el impulso a las tecnologías más novedosas “que están llamadas a transformar profundamente la economía y la sociedad canarias”, Elena Máñez remarcó “el gran éxito del modelo de colaboración pública y privada puesto en marcha en Canarias para captar fondos europeos en los nuevos programas por concurrencia competitiva, a los que Canarias ha presentado varios proyectos que han servido para lograr proyectos de vanguardia”. Así, la consejera nombró los Planes Complementarios de Hidrógeno Verde, con el que investiga su obtención con energía eólica offshore, de Biodiversidad, que permitirá construir una plataforma de lanzamiento de pseudosatélites en Fuerteventura, y el de Ciencias Marinas, a desarrollar por diversas instituciones científicas y tecnológicas de las islas, que han permitido obtener 31 millones de financiación adicional en el periodo 2021-2026. A estos proyectos, se añaden otros 10,2 millones de euros para proyectos del ITC y de impulso a la Sociedad de la Información y el próximo año “esperamos incorporar cuatro nuevos proyectos del programa de desarrollo de las Redes Territoriales de Innovación Tecnológica, que supondrán una atracción de inversiones superior a los 90 millones de euros”. La consejera se refería así a los nuevos proyectos en os que colaboran varias comun9dades autónomas para implantar redes de última generación en varias materias, como la Inteligencia Artificial en Turismo, cuya propuesta lidera Canarias, o en Blokchain Verde, Ciberseguridad y la Inteligencia Artificial para la gestión de los recursos naturales, en los que participa el archipiélago.

Viceconsejería de Empleo

La otra gran área de la Consejería es la de empleo, que incluye tanto las actuaciones en materia de Trabajo y Diálogo Social, como las de Políticas Activas de Empleo. Dentro de la labor de la Viceconsejería del área, la consejera destacó dos actuaciones novedosas iniciadas en 2022 y que tendrán continuidad con el presupuesto del próximo año. Por un lado, se ha promovido un exhaustivo estudio del empleo por comarcas, para adaptar mejor las políticas específicas para cada zona. Con este modelo, se diseñan Mercados Locales de Trabajo, en colaboración con el personal técnico y responsables de las entidades locales de cada zona, que permitirán dar mejores respuestas y gestionar de forma más eficiente el gasto público. Este año se terminarán los de La Palma Este y Oeste, El Hierro, Lanzarote y Gran Canaria Sur y, con el presupuesto de 2023, se acometerá el resto.

Por otro lado, se impulsan sendas Cátedras sobre Diálogo Social y Negociación Colectiva en las dos universidades públicas, con el fin de contar con estudios sólidos sobre estos aspectos clave en el desarrollo de las relaciones laborales en Canarias y lograr así facilitar y mejorar su aplicación práctica.

Trabajo

En el área de Trabajo, la consejera destacó dos líneas de acción principales, como son el apoyo a las relaciones laborales y a la concertación social y la Estrategia canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo. En ambas, señaló como “determinante” la colaboración de las principales organizaciones empresariales y sindicales de las islas, “para avanzar en la configuración de un mercado laboral dinámico, con oportunidades y donde las actuaciones se desarrollen en entornos seguros en todos los aspectos”. De ahí que una de las principales actuaciones en materia de relaciones laborales y diálogo social para 2023, dentro de los VI Acuerdos de Concertación Social sea la consolidación de las oficinas puestas en marcha esta legislatura para el impulso a la igualdad en los puestos de trabajo y para el desarrollo de los objetivos de la Agenda 2030, dotadas con 800.000 euros.

La consejera avanzó también que se mantiene la dotación de 150.000 euros para realizar una campaña de refuerzo de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad “con el fin de seguir aflorando la economía sumergida y evitar así conductas que ponen en riesgo a los trabajadores y trabajadoras y la competencia desleal con quienes cumplen con la normativa”.

En materia de prevención de riesgos laborales, Máñez señaló que en 2023 se pretende actualizar la Estrategia Canaria de Seguridad y Salud en el Trabajo, “como siempre, a través del diálogo con los principales agentes del sistema productivo y con su colaboración, tanto en el diseño de la propia estrategia, como en su aplicación posterior”. Precisamente para esa aplicación de los acuerdos de la Estrategia, la Consejería consolidará en el presupuesto del próximo ejercicio el incremento realizado para las oficinas técnicas de patronales y sindicatos hasta el millón de euros, que se acompañarán con convocatorias para proyectos específicos, por otros 400.000 euros. En total se destinarán cerca de 12 millones de euros a esta Dirección General.

Empleo

Por último, Elena Máñez explicó el área más importante por dotación presupuestaria de toda la Consejería, la de empleo, que se gestiona a través un organismo autónomo, como es el Servicio Canario de Empleo. En este campo, la consejera destacó tres hitos: que en el presupuesto para 2023 la aportación del Estado al Plan Integral de Empleo de Canarias se incrementa por primera vez desde que se implantó y pasa de 42 millones de euros a 45; que se mantiene el compromiso con la reconstrucción de La Palma, para cuyo Plan de Empleo se aportan 30 millones de euros; y que la aportación de fondos propios de la comunidad autónoma crece un 11,6 por ciento, hasta los 52 millones de euros.

Durante esta Legislatura, el presupuesto para políticas activas de Empleo ha pasado de 234,7 millones de euros en 2019 a los más de 348 millones de euros con los que contará en 2023. Casi un 50 por ciento más, que ha permitido reforzar las políticas habituales e implementar nuevas líneas de trabajo. Entre ellas, Máñez destacó para 2023 que “por primera vez vamos a tener un proyecto específico para Empleo y Formación de personas con discapacidad y problemas de salud mental, al que destinaremos 3 millones de euros”. La consejera remarcó que proyectos como este “responden a la reformulación de varios de los programas del Servicio Canario de Empleo, que está experimentando una transformación hacia la mayor agilidad, la atención individualizada y la segmentación para adaptar mejor las actuaciones a las necesidades de las personas desempleadas, ocupadas y de las propias empresas, que demandan formaciones específicas para las personas que contratan o tienen en plantilla”.

Así, el apartado de Formación supera los 151 millones de euros e incluye 63 millones de euros para la oferta formativa a personas desempleadas, “con una nueva orientación, para dar más peso a sectores estratégicos, como informática y telecomunicaciones o las economías verde y azul”. También se aportarán fondos a la formación en alternancia con el empleo y a otras políticas formativas, incluidos más de 14 millones de euros para formación de personas ocupadas, “una línea en la que hemos implantado un proyecto novedoso, con el que ofrecemos formación ‘a la carta’ a las empresas, para que formen y recualifiquen a su personal en lo que necesiten y así garantizar la adaptación de las personas a los cambios en el mercado de trabajo y que tengan mayores posibilidades de continuidad e incluso de mejora de sus puestos de trabajo”.

Otra línea que destacó Elena Máñez, dentro de la actividad del SCE, fueron las políticas para la juventud, que cuentan con una partida específica superior a los 31 millones de euros, “que tienen como prioridad favorecer la incorporación de menores de 30 años al mercado laboral, dándoles sus primeras oportunidades de empleo o favoreciendo la contratación de egresados y egresadas universitarias en centros de investigación, entre varias otras líneas”. La consejera recordó además, que el colectivo juvenil es considerado prioritario en el resto de políticas de empleo.

Durante su explicación, la consejera recordó también que se destinan 24 millones de euros para fomentar el emprendimiento, el trabajo de las personas autónomas y la creación de empresas, en especial en las economías verde, azul, naranja y circular a las que se destinan 2,3 millones de euros. En este punto, Máñez recordó que este año se han aprobado las leyes canarias de Economía Social y de Cooperativas y, para ellas, existen varias líneas de actuación. “En el caso de la creación de empresas, este tipo de iniciativas, que favorecen la cohesión territorial y social y el empleo de calidad y estable, recibirán más de 3 millones de euros de forma específica” -avanzó-, “unas actuaciones que además se complementan con un importante incremento en el apoyo a los colectivos con los que trabajan las empresas de Economía Social”.

En este punto, la consejera indicó que el programa del SCE con mayor incremento porcentual en 2023 será el de Integración Laboral de Personas con especiales dificultades, al que se destinarán más de 25,8 millones de euros, un 150% más que este ejercicio. Con ese presupuesto se implantará el nuevo proyecto para personas con discapacidad y problemas de salud mental, pero también se invertirán más de 10 millones de euros en la inserción laboral de personas con discapacidad en el mercado protegido, se darán 5 millones de euros en subvenciones a las empresas de inserción laboral o se gestionarán itinerarios protegidos para personas con necesidades formativas especiales, por 7 millones de euros.

Para concluir la explicación de los presupuestos, la consejera quiso destacar la importancia del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia también para el área de empleo, que recibirá 87,7 millones de euros de fondos MRR en el periodo 2021-2023. De este importe, la consejera destacó que ya se ha activado la mayor parte en más de una decena de líneas de actuación y que en el presupuesto para 2023 están consignados los últimos 18 millones de euros del total.

Son proyectos que siguen en pleno desarrollo plurianual y las partidas más relevantes por su cuantía, “que convocaremos el próximo año” son los 3,2 millones de euros para fomentar el emprendimiento y las microempresas en territorios donde existe especial dificultad para crearlas y que se completa con casi 2 millones más dirigidos a los colectivos vulnerables de esos entornos.

“Las otras dos partidas principales se destinarán a la juventud, con 2,7 millones de euros para la contratación de jóvenes en las administraciones públicas, como primera experiencia laboral y cerca de 2 millones más para la contratación de jóvenes en los centros de investigación del archipiélago” -concluyó la consejera.

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El Gobierno de Canarias facilita a empresas, sindicatos y profesionales su adaptación a la reforma laboral

Conferencia Autonómica Reforma Laboral

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo organiza una conferencia autonómica el 28 y 29 de marzo sobre la mejora de las condiciones de trabajo y la protección del empleo ante el final del periodo transitorio para adecuarse al Real Decreto Ley 23/2021

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias convoca durante dos jornadas (28 y 29 de marzo) al tejido empresarial, organizaciones sindicales y colectivos profesionales del Archipiélago a una conferencia autonómica con el objetivo de facilitar su adaptación a la reforma laboral ante el final del periodo transitorio para adecuarse al Real Decreto Ley 23/2021.

Bajo el título ‘La reforma laboral. Apoyo a las empresas, protección del empleo y mejora de las condiciones de trabajo’, la conferencia autonómica programa dos sesiones en formato híbrido (presencial y telemático) los próximos lunes y martes en Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, respectivamente, con el objetivo de ayudar a las empresas en la aplicación cotidiana de la nueva norma tras su reciente convalidación en el Congreso de los Diputados.

“Sin duda, la reforma laboral resulta especialmente beneficiosa para Canarias por la reducción de la temporalidad, pero lograr un impacto positivo aún mayor requiere de la amplia difusión de las principales novedades de un real decreto fruto del diálogo social”, destaca la consejera de Economía, Elena Máñez, antes de agradecer el “compromiso de país por parte de patronales y sindicatos en un momento clave para la recuperación en España, con el apoyo a las modificaciones”.

Por ello, la Viceconsejería de Empleo y la Dirección General de Trabajo, organizadoras del evento, invitan a participar en la conferencia autonómica, tanto de manera presencial como por vía telemática, con información e inscripción ya disponibles a través de la web https://reformalaboral.eventosendirecto.es

Programa

Con inauguración el 29 de marzo a cargo del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, y de la consejera de Economía la víspera, el programa previsto incluye la participación de numerosos expertos en el mercado laboral con reconocido prestigio de ámbito estatal.

De entrada, las tres ponencias iniciales corresponden al secretario de Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez; la catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna (ULL) Gloria Pilar Rojas, y su homóloga en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) e integrante del Consejo Económico y Social (CES) de España, Amparo Merino.

A continuación, la conferencia autonómica ofrece las ponencias del catedrático de Derecho del Trabajo de la Universidad de Sevilla y presidente de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, Jesús Cruz; y de Margarita Isabel Ramos, también catedrática de Derecho del Trabajo en la ULL.

Por último, el programa se completa mediante una mesa redonda con la participación del viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana; la directora de Empleo, Diversidad y Protección Social de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Rosa Santos; la directora del Departamento Sociolaboral de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme), Teresa Díaz de Terán; la secretaria de Acción Sindical y Empleo de Comisiones Obreras (CCOO), María de la Cruz Vicente; el vicesecretario general de Política Sindical de Unión General de Trabajadores (UGT), Mariano Hoya, el director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, Alejandro Ramos; y el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Canarias, Francisco Guindín.

Más información: https://reformalaboral.eventosendirecto.es

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El Gobierno de Canarias fomenta la seguridad laboral agraria con una campaña sobre el vuelco de tractor

El director general de Trabajo del Gobierno de Canarias, Alejandro Ramos, y el director general de Agricultura, Augusto Hernández, junto a los directores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en Canarias, Francisco Guindín, y del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), Elirerto Galván, inauguran la jornada Seguridad en agricultura. Tu vida, sin vuelcos para la prevención de los accidentes con tractores

Cinco jornadas en tres islas informan del principal accidente con agente material entre el personal del campo en el marco de la primera iniciativa del Plan Nacional de Sensibilización en Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Agrario

El Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, desarrolla cinco jornadas bajo el título ‘Seguridad en agricultura. Tu vida, sin vuelcos’ durante un mes en el Archipiélago para la prevención de los accidentes con tractores en el marco de la primera campaña del Plan Nacional de Sensibilización en Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Agrario.

Los directores generales del Gobierno de Canarias de Trabajo, Alejandro Ramos, y de Agricultura, Augusto Hernández, junto a los directores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS) en Canarias, Francisco Guindín, y del Icasel, Elirerto Galván, inauguraron este lunes la primera sesión técnica en Gran Canaria, que se repetirá a final de mes en Tenerife (Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de La Laguna, 30 de marzo).

Con intervenciones de personal técnico del Icasel, Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias e Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST), además de patronales y sindicatos con mayor representatividad, la campaña de sensibilización sobre el vuelco de tractor también contempla tres jornadas informativas con el alumnado de las escuelas de capacitación agraria de las Islas (Arucas, 29 de marzo; Tacoronte, 31 de marzo; y Los Llanos de Aridane, 1 de abril).

Además, la iniciativa estatal incluye la difusión tanto de material técnico (simulador de conducción, folleto y cartel) como de elementos promocionales (vídeo, tríptico, cartel, imanes, chapas, llaveros y pegatinas), disponibles en www.tuvidasinvuelcos.com, para fomentar la utilización de la estructura de protección contra el vuelco (ROPS, siglas del inglés) y del cinturón de seguridad, así como mejorar el adiestramiento en las maniobras de manejo con corrección.

Un millar de accidentes en la agricultura del Archipiélago

Según el Observatorio Estatal de Condiciones de Trabajo del INSST, el principal agente material asociado al accidente en jornada laboral en las actividades agrícolas y ganaderas es el tractor, con el vuelco como uno de los accidentes que puede conllevar consecuencias mortales para el conductor si no se adoptan las medidas de seguridad pertinentes.

Aunque con tendencia descendente durante los últimos ejercicios, las cifras de accidentes laborales en el sector de agricultura y pesca se mantienen alrededor del millar de casos anuales en Canarias: 1.023 percances durante 2021 (1.012 leves, 11 graves y 0 mortales); 910 a lo largo de 2020 (901 leves, 8 graves y 1 mortal); 1.120 en 2019 (1.107 leves, 12 graves y 1 mortal) y 1.126 en 2018 (1.112 leves, 12 graves y 2 mortales).

Al margen de las estadísticas oficiales, el estudio ‘Siniestralidad, mortalidad agrícola, vuelcos de tractores e incendios en cosechadoras 2010-2019’ de la Fundación Mapfre contabiliza, con datos de los medios de comunicación, 11 accidentes fatales relacionados con maquinaria en Canarias, de los que 9 se produjeron con tractores y 7 por vuelco.

Según el mismo informe, un 30% del parque nacional de tractores carece de ROPS, por lo que la estimación sitúa en 1.500 vehículos sin protección contra el vuelco dentro del total de 5.000 unidades inscritas en el Registro Oficial de Maquinaria Agrícola (ROMA) en Canarias.

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Gobierno, patronales y sindicatos defienden el diálogo social como vía para proteger la singularidad canaria

El Consejo Canario de Relaciones Laborales valora el reconocimiento de las especificidades del Archipiélago en el Real Decreto-ley 24/2020 y subraya la importancia de la unidad de acción entre los agentes

Dará traslado de las necesidades de los sectores económicos de Canarias a la Comisión Tripartita estatal, órgano competente en materia laboral en el ámbito de la crisis de la COVID-19

El Consejo Canario de Relaciones Laborales, integrado por la Consejería de Economía Conocimiento y Empleo y las organizaciones patronales y sindicales más representativas (CEOE Tenerife, Confederación Canaria de Empresarios, CCOO y UGT Canarias), hizo este martes un balance positivo en términos generales del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales, de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, un documento que recuerda que es “fruto del dialogo social, una cuestión con la que este órgano está plenamente comprometido” y que incluye, en su parte normativa, una disposición adicional que reconoce la condición ultraperiférica de Canarias, sus condiciones de lejanía e insularidad, al tiempo que garantiza que se tendrán en cuenta las particularidades canarias hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional.

El órgano tripartito, presidido por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, se reunió este martes en sesión extraordinaria para analizar, entre otros asuntos, el contenido de este Real Decreto-ley, que contempla la prórroga de los ERTE por causa de fuerza mayor hasta el 30 de septiembre y abre la puerta a otra ampliación en el caso de Canarias. Así, el Consejo seguirá siendo “exigente y reivindicativo” para garantizar que se respetan las singularidades de las Islas y, para ello, seguirá la evolución de la situación económica en el Archipiélago, en especial en el sector turístico y las actividades vinculadas a este, y dará traslado de las principales necesidades de los sectores de actividad en Canarias a la Comisión Tripartita estatal, órgano competente en materia laboral en el ámbito de la crisis de la COVID-19.

Asimismo, para poder hacer una evaluación actualizada y ajustada a la realidad del tejido productivo en cada momento, el Consejo Canario de Relaciones Laborales se dirigirá al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que le de traslado puntual de los datos sobre la afección y desafección de trabajadores y trabajadoras sujetas a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en Canarias.

Por último, el Consejo hizo un reconocimiento a todas las personas empleadas públicas de la Dirección General de Trabajo y el Servicio Canario de Empleo por “el enorme esfuerzo realizado en la tramitación de los ERTE durante la crisis de la COVID-19 y la gestión llevada a cabo durante estos últimos meses”.

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Canarias destina 240.000 euros en 2020 a proyectos contra la economía sumergida

Elena Mánez

El departamento dirigido por Elena Máñez convoca subvenciones de 10.000 a 24.000 euros para corporaciones de derecho público y organizaciones sin ánimo de lucro

El Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias destaca la importancia de la lucha contra las actividades informales entre las acciones para la recuperación del empleo

La Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias anuncia la convocatoria de subvenciones por un importe de 240.000 euros durante 2020 para el desarrollo de hasta una decena de proyectos contra los efectos de la economía sumergida en el Archipiélago.

Publicada el pasado miércoles en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la orden firmada por la consejera Elena Máñez contempla ayudas a las corporaciones de derecho público y organizaciones sin ánimo de lucro en régimen de concurrencia competitiva de 10.000 a 24.000 euros para financiar sus acciones dirigidas a paliar las consecuencias de las actividades económicas informales o irregulares en las Islas a lo largo de este año.

Precisamente, el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, firmado por iniciativa del Gobierno autonómico el pasado 30 de mayo por una mayoritaria representación de la sociedad isleña para afrontar la crisis global a causa de la emergencia sanitaria de la COVID-19, destaca la importancia de la lucha contra la economía sumergida dentro de las actuaciones para el mantenimiento y la recuperación del empleo impulsadas mediante el documento de consenso.

De hecho, las actividades irregulares encuentran en circunstancias tan singulares como la pandemia por coronavirus “un caldo de cultivo privilegiado y, por tanto, conviene hacer seguimiento a este tipo de comportamientos y adoptar las medidas precisas para reducir su avance”, argumenta el Pacto de Reactivación, suscrito en el Parlamento de Canarias durante la jornada conmemorativa de la comunidad autónoma.

Aumento de vulnerabilidad

No solo se incluye entre las prioridades estratégicas de recuperación laboral o impulso económico la lucha contra la informalidad, como competencia desleal para las empresas canarias con actividades sí declaradas ante las diversas administraciones; sino que el acuerdo autonómico también sitúa la economía sumergida en el ámbito social, en concreto, entre las diversas medidas de atención y apoyo a las personas más desfavorecidas en el marco del mantenimiento de los servicios públicos fundamentales.

“En la primera línea de impacto, a raíz de las severas consecuencias económicas que se estima pueda tener la COVID-19, se encuentra el aumento de la condición de vulnerabilidad que adquirirán muchas familias canarias que, o bien ya se encontraban en esta delicada situación con anterioridad a esta crisis, o que prestaban sus servicios en el ámbito de la economía sumergida y han tenido que dejar de hacerlo por las restricciones impuestas en el estado de alarma”, detalla el Pacto para la Reactivación.

A partir del pasado jueves, las entidades interesadas en las subvenciones contra la economía sumergida por un importe total de 240.000 euros para 2020 disponen de un plazo de 15 días hábiles para presentar sus solicitudes a través de la sede electrónica de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias (https://sede.gobcan.es/ece/tramitador/creacion/tramites/4355).

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La Dirección General de Trabajo resuelve todos los ERTE por causa de fuerza mayor presentados hasta la fecha

Elena Máñez

La autoridad laboral ha cursado los 29.099 expedientes por fuerza mayor vinculados a la crisis de la COVID-19, otros 1.135 por causas productivas y solo quedan pendientes de autorización 979 solicitudes, el 3,13% de todas las presentadas

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha resuelto, a fecha de 23 de abril, las 29.099 solicitudes presentadas de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor como consecuencia de la emergencia sanitaria de la COVID-19. Asimismo, se han resuelto otros 1.135 expedientes temporales por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción y solo quedan pendientes de autorización 979 solicitudes de ERTE, el 3,13% del total.

En términos generales, incluyendo los expedientes por fuerza mayor y por causas objetivas, la autoridad laboral ha resuelto el 97,11% de las 31.224 solicitudes presentadas, 20 de ellas han sido rechazadas y solo se ha presentado un ERE extintivo.

Como explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, estos números demuestran “el inmenso esfuerzo realizado por la Dirección General de Trabajo para garantizar la seguridad jurídica de todos los expedientes presentados”, pues desde el inicio de esta crisis se tomó la decisión de resolver todos y cada uno de los expedientes, incluso en los casos en los que ha operado el silencio positivo. Todo ello, subraya la consejera, en un contexto en el que “se ha pasado de tramitar 80 expedientes al año a más de 30.000 en apenas mes y medio”.

La Dirección General de Trabajo “tuvo que adaptarse en un tiempo récord para recibir este altísimo número de solicitudes de ERTE”, explica Máñez. Así, desde la declaración del estado de alarma se tomaron varias medidas encaminadas a agilizar las autorizaciones, entre ellas el refuerzo de la autoridad laboral con 46 trabajadores y trabajadoras para la tramitación de expedientes; la adaptación del procedimiento electrónico de la Consejería a las nuevas necesidades derivadas del Real Decreto-ley 8/2020, que regula los ERTE durante la emergencia de la COVID-19; el establecimiento de un diálogo constante con patronales, sindicatos y colegios profesionales para informar de los pasos a seguir y resolver dudas; la elaboración de guías prácticas y el desarrollo de una herramienta digital para analizar el gran volumen de datos recibido por la Dirección General.

En cualquier caso, la consejera considera que el alto número de solicitudes “pone de manifiesto la efectividad de la flexibilización de los ERTE por fuerza mayor a la hora de salvaguardar a las empresas y el empleo, garantizando las prestaciones a las personas afectadas”, ya que de no haberse aplicado una medida de este tipo “ahora estaríamos hablando de contratos extinguidos en vez de suspendidos de manera temporal”. Máñez recuerda también que el Gobierno de Canarias “lideró desde el principio de la crisis esta propuesta”, que finalmente ha supuesto la inyección, solo en las Islas, de 340 millones de euros para proteger a nuestras personas trabajadoras y empresas”. Por ese motivo, ahora considera necesario prorrogar la medida en el sector turístico más allá del estado de alarma, iniciativa que de nuevo vuelve a liderar el Ejecutivo autonómico.

Plan específico de recuperación

Máñez afirma que Canarias ha demandado al Estado “un plan específico de recuperación que tenga en cuenta la importancia del turismo en las Islas”, un sector que supone el 35% del PIB y el 40% del empleo regionales, ya que si el Archipiélago “va a tener un impacto diferencial mayor que el resto de comunidades autónomas, también necesita un apoyo singular”. “Confiamos en que la demanda unánime de la prolongación de los ERTE por causa de fuerza mayor vinculados al turismo tenga una respuesta positiva por parte del Gobierno de España”, señala.

Por su parte, el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, considera que los datos de expedientes resueltos “reflejan la gran responsabilidad que están mostrando en esta crisis tanto sindicatos como patronales, ya que las personas trabajadoras tienen una especial protección en los ERTE de fuerza mayor”. Asimismo, recuerda que “la garantía jurídica de contar con una autorización expresa del expediente es, sin duda, el primer paso para estimular la recuperación paulatina de todo el tejido productivo canario, que ha actuado con absoluta responsabilidad tras el estado de alarma”.

Asimismo, el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, agradece el “ingente trabajo” realizado por el personal público de la Consejería, “que se ha dejado la piel para dar garantías jurídicas a empresas y personas trabajadoras, trabajando sin descanso incluso los fines de semana”. “Desde Canarias hemos liderado esta primera fase de la crisis respecto al resto de comunidades autónomas, dando tranquilidad a empresas y personas trabajadoras para que estas últimas puedan cobrar a sus prestaciones por desempleo”, afirma.

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Máñez avanza la hoja de ruta para la reactivación de las pymes y el trabajo autónomo durante la crisis del COVID-19

Elena Máñez

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo anuncia ante la Diputación Permanente el compromiso del Gobierno de España para transferir los fondos del Plan Integral de Empleo y afirma que Canarias contará con “un PIEC COVID-19”

Informa de que en unos días entrará en vigor la ayuda del 30% adicional para autónomos y autónomas y de que se lanzará un paquete de medidas por 20 millones que incluye acciones de apoyo a la digitalización de las pymes e incentivos a la contratación

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, avanzó este martes la puesta en marcha de una estrategia canaria de apoyo a las pymes y el trabajo autónomo para su reactivación económica durante la crisis de la COVID-19, que incluye medidas como la ayuda autonómica extraordinaria del 30% adicional de la base de cotización para personas trabajadoras autónomas afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo motivado por la emergencia de la COVID-19 -que adelantó que entrará en vigor “en los próximos días”- y un primer paquete de medidas por 20 millones de euros que incluye acciones de apoyo a la digitalización de las pymes e incentivos a la contratación, entre otras líneas de actuación. Asimismo, la consejera dio a conocer el compromiso del Gobierno de España para transferir a Canarias los fondos del Plan Integral de Empleo, dotado con 42 millones, que permitirá a la comunidad autónoma contar “con un PIEC COVID-19”, adaptado a la situación generada por esta emergencia sanitaria.

Máñez presentó la estrategia de su departamento durante la comparecencia ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias para informar de la evolución de esta emergencia sanitaria, “una situación inédita en nuestra historia” y que ha supuesto “un reto global, de Canarias y del mundo, ante el que era necesaria una respuesta compartida”. Tras trasladar su pesar por las víctimas de la pandemia, así como reconocer la “inmensa labor, esfuerzo y dedicación” que llevan a cabo las personas que trabajan en el ámbito sanitario, la administración pública y en todos los sectores que garantizan el mantenimiento de los servicios básicos, la consejera explicó que el Gobierno de Canarias ha trabajado a partir “de la unidad de acción y del diálogo con todos los agentes implicados”.

En este sentido, agradeció “la colaboración permanente de las organizaciones sindicales y patronales, así como todas las propuestas que han hecho llegar los diferentes partidos políticos”. “Hemos mantenido más de cuarenta reuniones con patronales, sindicatos, colegios profesionales y con todos aquellos colectivos afectados por esta emergencia sanitaria”, relató Máñez.

La consejera señaló que, una vez avanzada la respuesta a la emergencia sanitaria, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo se sitúa “en la segunda trinchera” de esta crisis para hacer frente a sus repercusiones en lo social, lo económico y en el empleo. Así, subrayó el “impacto diferencial” que la COVID-19 tendrá en un Archipiélago en el que el turismo, uno de los sectores económicos más afectados, representa el 35% del PIB y el 40% del empleo. Esta variable, junto al descenso del 66% registrado en marzo en la recaudación por IGIC respecto al mismo mes del año pasado, marca “un hecho diferencial que requiere medidas específicas para Canarias”.

En cuanto a la respuesta del Estado al parón económico motivado por la declaración del estado de alarma, flexibilizando los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor para salvaguardar el empleo y a las empresas, además de garantizar las prestaciones a las personas afectadas, destacó que el Gobierno de Canarias ha liderado desde el principio esta propuesta, cuantificada solo en las Islas en “340 millones de euros para proteger a nuestras personas trabajadoras y empresas”. En este sentido, hizo hincapié en la necesidad de prorrogar esta medida de flexibilización para el sector turístico después del estado de alarma, lo que supondría una inyección de otros 140 millones de euros.

Hoja de ruta en dos fases

Elena Máñez concretó la hoja de ruta puesta en marcha por su Consejería en dos líneas de actuación fundamentales: una primera centrada en gestionar el elevado número de ERTE presentados en Canarias, algo que ha supuesto “un enorme esfuerzo”, al pasarse de tramitar 80 de estos expedientes al año a más de 27.000 en apenas mes y medio; y una segunda fase consistente en una estrategia de apoyo a las pymes y personas trabajadoras autónomas de Canarias.

Sobre la primera, explicó que el volumen de expedientes presentados ha obligado a reforzar la Dirección General de Trabajo con 46 trabajadores y trabajadoras más para garantizar la seguridad jurídica de todos los expedientes presentados, aunque operara el silencio positivo tras un plazo de cinco días. Respecto a la segunda etapa, marcada por el apoyo a pymes y autónomos para su reactivación económica, la consejera explicó que se ha diseñado una estrategia que incluye un conjunto de actuaciones, entre ellas la ayuda autonómica del 30% a las personas autónomas y un primer paquete de medidas por 20 millones de euros que incluye incentivos a la contratación y la digitalización de las pymes, entre otras medidas. Así, afirmó que la Consejería trabaja en la reestructuración de su presupuesto “para ponerlo al servicio de la lucha contra el COVID-19”.

Además, anticipó que la Consejería está trabajando en líneas de avales por un importe de más de 100 millones de euros para facilitar la liquidez de pymes y personas autónomas, entre ellas una línea a través de la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Canarias para mejorar la financiación de las personas emprendedoras, autónomas y pymes y un convenio con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para la concesión de préstamos a las pymes.

La consejera también destacó el trabajo llevado a cabo por el Servicio Canario de Empleo (SCE), que se evidencia en el aumento del 40% en el número de inscripciones realizadas. Asimismo, informó de que el SCE ha puesto a disposición del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) treinta trabajadores y trabajadoras para apoyar en los trámites que la entidad estatal determine.

El ITC produce 10.200 pantallas de protección

La consejera aprovechó también su intervención para “poner el valor el trabajo del Instituto Tecnológico de Canarias, que ha recurrido a su base de conocimiento en tecnologías aplicadas a la salud para fabricar materiales de protección sanitaria”, actuando además como canal de recepción, entrega y distribución del material recibido de otras entidades colaboradoras externas. Hasta la fecha, el ITC ha producido más de 10.200 unidades de pantallas de protección facial.

“Ahora toca trabajar conjuntamente”, apuntó Máñez. Como dijo la consejera, esta crisis y su impacto singular en Canarias “requieren de un gran acuerdo social y económico en el que el Gobierno de Canarias se ha implicado desde el primer momento”. En este sentido, recordó que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, “ya está en ello” y ha tendido la mano a todos los agentes implicados en la emergencia del COVID-19 para cerrar “el gran acuerdo de reconstrucción que Canarias necesita en estos momentos”, un pacto, subrayó, para el que “necesitamos el concurso de todas las fuerzas políticas, agentes económicos y sociales”. “Nadie en la historia de Canarias se había enfrentado a una situación como esta; trabajemos juntos y juntas para superarla”, concluyó.

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Canarias registra hasta el 17 de abril 27.177 solicitudes de ERTE por fuerza mayor, con 199.401 personas afectadas

Elena Máñez insiste en la necesidad de prorrogar los ERTE en el turismo más allá del estado de alarma decretado por la emergencia de la COVID-19 y demanda medidas específicas por el mayor impacto de la crisis en este sector

Reclama que se proteja la suficiencia financiera de Canarias permitiendo la utilización del superávit y el endeudamiento para mitigar el impacto social y económico de esta crisis en el Archipiélago

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado hasta el pasado 17 de abril 27.177 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, con un total de 199.401 trabajadores y trabajadoras afectadas, un volumen de expedientes que “demuestra la efectividad” de esta medida, puesta en marcha por el Gobierno de España para proteger el empleo y a las empresas, garantizando además las prestaciones para las personas trabajadoras durante la emergencia sanitaria de la COVID-19. En este sentido, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, insistió en que ahora es necesario prorrogar los ERTE por causa de fuerza mayor en el sector turístico más allá de la declaración del estado de alarma y consideró imprescindible la elaboración de un plan de choque específico para las Islas. “Hablamos de un sector que supone el 35% del PIB y el 40% del empleo en el Archipiélago”, recordó Máñez, que consideró que el turismo “no se va a recuperar de un día para otro” y necesitará “medidas de acompañamiento específicas para su reactivación”.

La consejera señaló que Canarias, la única región ultraperiférica española, “tiene unas singularidades que requieren también de medidas singulares”. Así, subrayó que los ingresos por el IGIC han caído en marzo un 66% respecto al mismo mes del año pasado, y para 2020 está prevista una disminución del 69,7% de la recaudación por toda la fiscalidad autonómica, con un descenso en 667 millones de euros. En este contexto, Máñez consideró que el hecho diferencial del Archipiélago “debe ser atendido para garantizar nuestra suficiencia financiera, imposible si no se nos permite el endeudamiento”, por lo que reclamó “un compromiso claro, solidario y contundente de la Unión Europea a favor de la liquidez de los Estados que la integran”.

ERTE vinculados al turismo

El 45,4% de los ERTE por causa de fuerza mayor registrados hasta el 17 de abril está vinculado de manera directa al sector turístico, con 12.359 expedientes presentados que afectan a un total de 113.795 personas trabajadoras, el 57% del total de las afectadas. Por actividad económica, hostelería y comercio acogen el mayor número de expedientes, con el 31,65% y el 25,82% del total, respectivamente, seguidos por otros servicios (7,73%); transporte y almacenamiento (6,99%); actividades administrativas y servicios auxiliares (4,16%); actividades artísticas recreativas y de entretenimiento (3,98%); actividades sanitarias y de servicios sociales (3,95%); construcción (3,73%); industria manufacturera (3,3%) y educación (3,15%). Por sectores económicos, los de hostelería (31,7%), comercio (25,8%) y resto de servicios (35%) aglutinan la mayor parte de los expedientes.

La mayoría de solicitudes (98,2%) corresponde a empresas de entre 1 y 50 personas trabajadoras, con 26.346 expedientes. Solo las de entre 1 y 5 personas empleadas acumulan 20.201 solicitudes, el 75,28% del total. En cuanto a la forma jurídica de la empresa, un 45,03% de las que han presentado ERTE son sociedades de responsabilidad limitada; un 37,94% personas físicas; un 6,2% empresas de ámbito de la Unión Europea; un 3,56% personas físicas extranjeras residentes y un 2,46% sociedades anónimas.

La Dirección General de Trabajo se encarga de autorizar las solicitudes de ERTE presentadas, un trámite que dura un máximo de 5 días, ya que al término de ese plazo opera el silencio administrativo, aunque incluso cuando se da este caso la Dirección General sigue gestionando las autorizaciones a fin de dar todas las garantías jurídicas a las empresas. Por su parte, de manera paralela, las empresas que presentan un ERTE deben gestionar directamente con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la solicitud colectiva de prestaciones para sus trabajadores y trabajadoras.

 

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Canarias registra hasta el 10 de abril 26.267 solicitudes de ERTE por fuerza mayor, con 195.183 personas afectadas

Gráficas ERTE

Las pymes de hasta 50 personas empleadas siguen concentrando la mayor parte de las solicitudes, con un 98,1% del total: solo las de entre 1 y 5 trabajadores y trabajadoras han registrado 19.448 expedientes, el 74,98% de todos los presentados

Máñez destaca la efectividad de los ERTE de fuerza mayor a la hora de proteger el empleo y a las empresas, pero destaca la importancia de que se mantengan para el sector turístico cuando deje de estar vigente el estado de alarma

“El sector turístico no se va a reactivar de un día para otro, por lo que es necesario poner en marcha medidas de acompañamiento específicas mientras dure su recuperación”, afirma

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado hasta el pasado 10 de abril 26.267 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, con un total de 195.183 trabajadores y trabajadoras afectadas. El 98,1% de las solicitudes, que son presentadas por centro de trabajo, corresponde a empresas de entre 1 y 50 personas trabajadoras, con 25.458 expedientes. Solo las empresas de entre 1 y 5 personas empleadas acumulan 19.448 solicitudes, el 74,98% del total. Este volumen de solicitudes en menos de un mes demuestra, según explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, “la efectividad de la flexibilización y agilización de los ERTE de fuerza mayor a la hora de proteger el empleo y a las empresas”, pues de no haberse aplicado “ahora podríamos estar hablando de más de 190.000 puestos de trabajo destruidos, no suspendidos temporalmente”. Sin embargo, considera que ahora “hay que dar un paso más y prolongar en el tiempo los ERTE por causa de fuerza mayor vinculados al sector turístico”. “Canarias seguirá trabajando para que el Estado mantenga esta medida más allá del estado de alarma”, afirma.

La Dirección General de Trabajo se encarga de autorizar las solicitudes de ERTE presentadas, un trámite que dura un máximo de 5 días, ya que al término de ese plazo opera el silencio administrativo, aunque incluso cuando se da este caso la Dirección General sigue gestionando las autorizaciones a fin de dar todas las garantías jurídicas a las empresas. Por su parte, de manera paralela, las empresas que presentan un ERTE deben gestionar directamente con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la solicitud colectiva de prestaciones para sus trabajadores y trabajadoras.

Por actividad económica, hostelería y comercio acogen el mayor número de expedientes, con el 32,15% y el 25,94% del total, respectivamente, seguidos por otros servicios (7,81%); transporte y almacenamiento (6,76%); actividades artísticas recreativas y de entretenimiento (4,02%); actividades administrativas y servicios auxiliares (4%); actividades sanitarias y de servicios sociales (3,97%); construcción (3,58%); industria manufacturera (3,25%) y educación (3,13%). Por sectores económicos, los de hostelería (32,1%), comercio (25,9%) y resto de servicios (34,6%) aglutinan la mayor parte de los expedientes.

En cuanto a la forma jurídica de la empresa, un 44,92% de las que han presentado ERTE son sociedades de responsabilidad limitada; un 38,08% personas físicas; un 6,22% empresas de ámbito de la Unión Europea; un 3,57% personas físicas extranjeras residentes y un 2,44% sociedades anónimas.

Medidas específicas para el sector turístico

Como detalla Máñez, las actividades directa e indirectamente relacionadas con el sector turístico “concentran en Canarias la mayor parte de los ERTE por causa de fuerza mayor”, un sector que supone el 35% del PIB y un 40,4% del empleo del Archipiélago, lo que da cuenta “del especial impacto que tendrá la crisis de la COVID-19 en las Islas”. Además, recuerda que el turismo “no se va a recuperar de un día para otro” y necesitará “medidas de acompañamiento específicas mientras dure su recuperación”.

La consejera recordó que el Gobierno de Canarias ha liderado en el ámbito de la Conferencia de Presidentes la propuesta, «respaldada por un informe detallado, para extender la flexibilización y agilización de los ERTE por fuerza mayor en el sector turístico más allá de la finalización del estado de alarma”. “Es una cuestión clave y una reivindicación estratégica del Archipiélago para mitigar el impacto económico y social de esta emergencia en nuestro territorio”, concluye.

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