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La Mesa Técnica de Hostelería aprueba los criterios de seguridad laboral ante la COVID-19 en el sector hotelero

Mesa Técnica de Hostelería

El documento, consensuado por las patronales sectoriales, los sindicatos más representativos, la Inspección de Trabajo y el Gobierno de Canarias, está dirigido principalmente a las pymes del sector alojativo turístico y ofrece orientación en materia de prevención de riesgos laborales para empresas y personas trabajadoras

La Mesa Técnica de Hostelería aprobó este lunes el documento de criterios orientativos en prevención de riesgos laborales frente a la COVID-19 en el sector hotelero de Canarias, un documento dirigido principalmente a las pymes del sector del alojamiento turístico y que ofrece orientación, tanto a empresas como a personas trabajadoras, sobre la prevención y protección frente a la COVID-19, así como sobre seguridad y salud de los trabajadores y trabajadoras en la nueva normalidad. Como explicó la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, estos criterios “han sido consensuados desde el diálogo social para facilitar a las pequeñas y medianas empresas, que normalmente tienen una menor capacidad organizativa en materia de prevención de riesgos laborales, la adaptación a la nueva situación generada por la pandemia”.

Los criterios de prevención han sido elaborados por las entidades que integran la Mesa Técnica de Hostelería, esto es, las organizaciones empresariales sectoriales (FEHT, Ashotel, Asolan y Asofuer); las organizaciones sindicales más representativas, CCOO y UGT; la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno de España y, por parte del Gobierno de Canarias, la Consejería de Economía Conocimiento y Empleo; la Consejería de Turismo, Industria y Comercio y la Consejería de Sanidad.

La consejera recordó que el turístico es el sector económico con más peso en nuestra comunidad autónoma, aportando el 35% del PIB y el 40% del empleo, por lo que resulta “fundamental que las empresas del sector mantengan actualizados sus planes de prevención de riesgos de laborales durante la crisis de la COVID-19”. En este sentido, señaló que si bien los grandes grupos hoteleros suelen contar con personal propio dedicado a la seguridad laboral, en muchos casos, las pequeñas y medianas empresas del sector no cuentan con planes específicos adaptados a su actividad, por lo que este documento “pretende ayudarlas a que establezcan sus protocolos de actuación, medidas de carácter organizativo en los centros de trabajo y a saber cómo actuar ante un contagio, con el objetivo principal de proteger la salud de las personas trabajadoras”.

Esta medida, explicó, viene a dar cumplimiento al Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias en lo referido al impulso de medidas de apoyo y asesoramiento a las empresas, trabajadores y trabajadoras en prevención laboral y sanitaria, al tiempo que contribuye a que Canarias “se consolide como referente mundial en prevención de riesgos laborales ante la COVID-19, reforzando la sensación de destino seguro y dando todas las garantías a las personas trabajadoras del sector”.

Además, en esta misma línea, recordó que la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo ya destina, en el marco del Plan para la Reactivación, más de 1.900.000 euros en subvenciones a las organizaciones patronales, sindicales y asociaciones de personas trabajadoras autónomas para la contratación de personal técnico y refuerzo de sus oficinas técnicas de prevención de riesgos laborales.

En la reunión participaron, además de la consejera, el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; el director general de Trabajo, Alejandro Ramos; el director general de Infraestructura Turística, Fernando Miñarro; el director del Instituto Canario de Seguridad Laboral, Elirerto Galván, y el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Guindín, así como representantes de la Consejería de Sanidad, de las organizaciones empresariales sectoriales y de los sindicatos más representativos.

 

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Elena Máñez presenta a los cabildos un plan de empleo para la transición ecológica por cinco millones de euros

Reunión con la Fecai

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo aborda con la Federación Canaria de Islas un proyecto piloto para la contratación de personas desempleadas en proyectos de economía verde y circular

“Es fundamental impulsar la diversificación de nuestro tejido productivo y hay que hacerlo generando actividad en otros sectores, pero también capacitando a las personas desempleadas”

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, presentó este miércoles a la Federación Canaria de Islas (Fecai) un Plan Extraordinario de Transición Ecológica (PETE), por importe de cinco millones de euros a cargo del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) 2020, que permitirá la contratación por parte de los cabildos de 520 personas en situación de desempleo durante este año para la ejecución de proyectos vinculados al desarrollo sostenible y las economías verde y circular. “Para Canarias es fundamental impulsar la diversificación de nuestro tejido productivo, más en estos momentos de crisis económica, y hay que hacerlo desde el ámbito económico, generando actividad en otros sectores, pero también capacitando a las personas desempleadas”, afirmó.

Según Máñez, este “proyecto piloto”, impulsado a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), permitirá avanzar en el cumplimiento tanto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de Naciones Unidas como de los compromisos adquiridos en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Así, la consejera afirmó que el plan, que tendrá una duración de unos 6 meses, ha sido puesto en valor por todos los cabildos, “que comparten la importancia de una iniciativa de estas características y de avanzar en la diversificación económica de las Islas”.

Margen a los cabildos

En este sentido, detalló que se contempla que cada corporación insular “tenga el margen suficiente a la hora de diseñar los proyectos”, poniendo como único requisito que estos “estén orientados a actividades de transición ecológica, economía circular o economía verde”. “Cada isla es una realidad distinta, con sus propios proyectos de desarrollo económico”, afirmó. Esta nueva propuesta se viene a sumar a otras que el SCE ya tiene en marcha en colaboración con los cabildos y que suponen 16,9 millones de euros y 3.600 personas desempleadas beneficiarias.

Por su parte, el consejero de Empleo y Desarrollo Local del Cabildo de Gran Canaria, Juan Díaz, afirmó que la transición ecológica supone “otro nicho de empleo importante, al igual que el resto de los sectores” y, en este sentido, destacó la importancia de “iniciar proyectos piloto para generar empleo, una prioridad importante en estos momentos de grave crisis”. “En definitiva, diversificar la economía y el empleo”, concluyó.

La consejera estuvo acompañada en la reunión por el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, mientras que por parte de la Fecai, además de Juan Díaz, el resto de representantes políticos de las corporaciones participó de manera telemática.

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Máñez presenta a los ayuntamientos tres planes de empleo para la reactivación económica por importe de 40 millones

Reunión con la Fecam

Consejería, SCE y Fecam abordan la puesta en marcha de un plan de empleo social, un plan para personas desempleadas como consecuencia de la COVID-19 y otro para personas desempleadas de municipios turísticos o de afluencia turística

La consejera afirma que junto a los planes para personas paradas de larga duración y para desarrollo de la actividad económica, ya en marcha, los ayuntamientos recibirán en 2020 más de 50 millones de euros para políticas activas de empleo

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, presentó este lunes a la Federación Canaria de Municipios (Fecam) tres planes de empleo para la contratación de personas desempleadas en los ayuntamientos del Archipiélago, por un importe cercano a los 40 millones de euros. Los tres planes, que se pondrán en marcha a través del Servicio Canario de Empleo (SCE), comprenden una nueva edición del Plan Extraordinario de Empleo Social (PEES), dotado con 20 millones de euros a cargo del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y el Fondo Social Europeo (FSE); un plan de empleo para personas desempleadas como consecuencia de la COVID-19, dotado con 10 millones de euros; y un plan de empleo para los municipios turísticos o de afluencia turística más afectados, dotado con 9,8 millones de euros. Las tres medidas vienen a dar cumplimiento a los compromisos recogidos en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias.

Como explicó la consejera, a estos planes se suman otros ya en marcha, como el Reincorpora-T para personas paradas de larga duración, dotado con 9 millones de euros, y el destinado a Proyectos de Promoción del Desarrollo de la Actividad Económica (Prodae), con unos 2 millones de euros, con lo que “este año llegarán directamente a los ayuntamientos de Canarias más de 50 millones de euros para políticas activas de empleo”. En este sentido, la consejera destacó la coordinación y el trabajo conjunto con la Fecam como una cuestión “clave”, pues los ayuntamientos son, afirmó, “las administraciones públicas más cercanas, las que ponen rostro y vida a las personas desempleadas”.

Por su parte, la presidenta de la Fecam, María Concepción Brito, consideró que la reactivación social y económica de Canarias “no será posible sin los ayuntamientos”, corporaciones que calificó de “actoras principales a la hora de colaborar con el SCE para implementar estas políticas activas de empleo”. “Ahora mismo, la disposición es seguir coadyuvando a que estas políticas activas se materialicen y lleguen al mayor número posible de personas desempleadas”, manifestó.

Fotografía de grupo en el SCE
Los participantes en la reunión, momentos antes del encuentro.

En el encuentro participaron, además de Máñez y Brito, el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y la directora del SCE, Dunnia Rodríguez, por parte de la Consejería; mientras que por parte de la Fecam estuvieron también presentes el presidente de la Comisión de Formación y Empleo, Antonio Ramón Chinea, y la vicepresidenta de este órgano, Macarena Fuentes.

Pecovi y plan en municipios turísticos o de afluencia turística

El Plan extraordinario de empleo para personas trabajadoras afectadas por la COVID-19 (Pecovi) dispone de 10 millones de euros con cargo el PIEC para la contratación, preferentemente, de personas con cargas familiares y en hogares monoparentales sin trabajo a causa del cierre de sus empresas por la crisis sanitaria. Las personas beneficiarias efectuarán trabajos relacionados directamente con los efectos de la pandemia en el ámbito de la limpieza y la desinfección, construcción y acondicionamiento de vías urbanas, zonas verdes o edificios públicos; la atención social a personas mayores o afectadas por la crisis del COVID-19; o el apoyo y asesoramiento al comercio de proximidad o empresas en crisis. Por su parte, el Plan extraordinario de empleo para los municipios turísticos o de afluencia turística afectados por la COVID-19 cuenta con 9,8 millones para la contratación de personas sin trabajo debido a la pandemia o en busca de su primer empleo.

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Gobierno, patronales y sindicatos defienden el diálogo social como vía para proteger la singularidad canaria

El Consejo Canario de Relaciones Laborales valora el reconocimiento de las especificidades del Archipiélago en el Real Decreto-ley 24/2020 y subraya la importancia de la unidad de acción entre los agentes

Dará traslado de las necesidades de los sectores económicos de Canarias a la Comisión Tripartita estatal, órgano competente en materia laboral en el ámbito de la crisis de la COVID-19

El Consejo Canario de Relaciones Laborales, integrado por la Consejería de Economía Conocimiento y Empleo y las organizaciones patronales y sindicales más representativas (CEOE Tenerife, Confederación Canaria de Empresarios, CCOO y UGT Canarias), hizo este martes un balance positivo en términos generales del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales, de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, un documento que recuerda que es “fruto del dialogo social, una cuestión con la que este órgano está plenamente comprometido” y que incluye, en su parte normativa, una disposición adicional que reconoce la condición ultraperiférica de Canarias, sus condiciones de lejanía e insularidad, al tiempo que garantiza que se tendrán en cuenta las particularidades canarias hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional.

El órgano tripartito, presidido por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, se reunió este martes en sesión extraordinaria para analizar, entre otros asuntos, el contenido de este Real Decreto-ley, que contempla la prórroga de los ERTE por causa de fuerza mayor hasta el 30 de septiembre y abre la puerta a otra ampliación en el caso de Canarias. Así, el Consejo seguirá siendo “exigente y reivindicativo” para garantizar que se respetan las singularidades de las Islas y, para ello, seguirá la evolución de la situación económica en el Archipiélago, en especial en el sector turístico y las actividades vinculadas a este, y dará traslado de las principales necesidades de los sectores de actividad en Canarias a la Comisión Tripartita estatal, órgano competente en materia laboral en el ámbito de la crisis de la COVID-19.

Asimismo, para poder hacer una evaluación actualizada y ajustada a la realidad del tejido productivo en cada momento, el Consejo Canario de Relaciones Laborales se dirigirá al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para que le de traslado puntual de los datos sobre la afección y desafección de trabajadores y trabajadoras sujetas a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en Canarias.

Por último, el Consejo hizo un reconocimiento a todas las personas empleadas públicas de la Dirección General de Trabajo y el Servicio Canario de Empleo por “el enorme esfuerzo realizado en la tramitación de los ERTE durante la crisis de la COVID-19 y la gestión llevada a cabo durante estos últimos meses”.

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El Instituto Canario de Seguridad Laboral prorroga hasta 2021 la Estrategia canaria de salud en el trabajo

Consejo Rector del Icasel

El Consejo Rector del Icasel analiza la reducción de la siniestralidad como consecuencia del confinamiento de la población por la pandemia de COVID-19

El Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, acordó este lunes la prórroga hasta el próximo año de la Estrategia canaria de seguridad y salud en el trabajo 2015-2020 para ejecutar las acciones pendientes tras su obligada modificación como consecuencia de la pandemia de COVID-19, además de negociar con las patronales y sindicatos el siguiente documento acorde a las nuevas circunstancias sanitarias.

Presidida por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, la sesión plenaria del órgano de gobierno y de participación institucional del Icasel extendió la vigencia hasta 2021 del texto autonómico para su completa culminación, por tanto, en sintonía con las prórrogas de los documentos homólogos con rango superior en los ámbitos comunitario y estatal, la Estrategia Europea Global EU2020 y la Estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2015-2020.

Además de la actual ampliación, el Icasel trabaja desde primeros de mayo en la necesaria actualización de las medidas de prevención de riesgos en el trabajo tras la crisis sanitaria generada por la enfermedad del coronavirus mediante la convocatoria desde la Comisión Permanente de las mesas técnicas en hostelería y construcción, con representación de las patronales sectoriales y los sindicatos mayoritarios en el Archipiélago.

Fruto del diálogo social, por ejemplo, el Icasel ya dispone del nuevo documento Criterios orientativos frente a la COVID-19 en las obras de construcción, de acceso libre en su web institucional (www.gobiernodecanarias.org/trabajo/icasel) tras la elaboración conjunta entre la administración autonómica, Confederación Española de Organizaciones Empresariales y Federación Provincial de Entidades de la Construcción en Santa Cruz de Tenerife (CEOE-Tenerife y Fepeco), Confederación Canaria Empresarios y Asociación Empresarios Constructores de Las Palmas (CCE y AECP), Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT).

Además de Elena Máñez, participaron en la sesión ordinaria del Consejo Rector el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; el director general de Trabajo, Alejandro Ramos; y el director del Icasel, Elirerto Galván; entre otros representantes de la administración autonómica, además de diversos dirigentes de las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales con mayor representatividad.

Miles de accidentes menos

Igualmente, el órgano de gobierno del Icasel recibió la información sobre el descenso de la siniestralidad laboral en Canarias durante los cinco primeros meses de 2020 como consecuencia del confinamiento de la población española y la suspensión de la actividad económica por el estado de alarma a causa de la crisis sanitaria por la COVID-19.

En concreto, el Archipiélago registró 3.103 accidentes menos con respecto al mismo periodo de 2019 hasta un total de 6.556 siniestros entre los pasados enero y mayo (6.493 leves, 55 graves y 8 mortales), además de una reducción del 30,29% en el índice de incidencia (número de accidentes de trabajo por cada 100.000 personas de alta en la Seguridad Social) tanto por el cese puntual de empresas como por el auge paralelo del teletrabajo durante el último trimestre.

Además, los representantes de patronales y sindicatos informaron al pleno del Consejo Rector del Icasel sobre la ejecución de los proyectos subvencionados durante el pasado año, acciones con las que se asesoró a 608 empresas y a 1.308 delegados de personal acerca de seguridad laboral.

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El Consejo General de Empleo aprueba ayudas por 7,5 millones para formar y contratar a personas jóvenes

El Servicio Canario de Empleo agiliza las subvenciones al trabajo autónomo en cumplimiento del Pacto de Reactivación Social y Económica tras la COVID-19

El Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este miércoles el Programa de Formación en Alternancia con el Empleo-Garantía Juvenil para 2020 por un importe de 7,5 millones de euros (7.519.703,98), cofinanciado al 91,89% por el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo.

Presidido por la consejera autonómica de Economía, Elena Máñez, el Consejo General de Empleo avaló la propuesta de resolución con las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para financiar los proyectos destinados a incrementar la cualificación profesional y la inserción laboral de personas desempleadas de 16 a 30 años en el Archipiélago.

Como novedad, la duración de las actuaciones en la convocatoria de 2020 se reduce de once a nueve meses y la excepcionalidad se debe a la finalización del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo, según argumenta el documento aprobado por el órgano colegiado del SCE, integrado por responsables de la administración autonómica junto a dirigentes de los sindicatos y patronales con mayor representatividad.

Además de Elena Máñez, la sesión ordinaria del Consejo General de Empleo contó con la participación del viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; la directora del SCE, Dunnia Rodríguez; y el director general de Ordenación y Promoción Turística, Ciprián Rivas; entre otros responsables de la administración autonómica, junto a representantes de las confederaciones empresariales provinciales (CCE Las Palmas y CEOE-Tenerife) y las principales organizaciones sindicales (CCOO y UGT).

Más plazo y menos trámite

También emitió un informe favorable a la modificación del procedimiento de subvenciones directas para la promoción del empleo autónomo en cumplimiento con el compromiso para “el impulso decidido de la agilidad y la simplificación administrativa” adquirido en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, firmado por iniciativa del Gobierno autonómico el pasado 30 de mayo por una mayoritaria representación de la sociedad isleña ante la pandemia de COVID-19.

Entre otras cuestiones, la orden elimina para las personas beneficiarias el requisito de inscripción en el servicio de promoción del empleo autónomo de las oficinas del SCE y amplía el plazo de solicitud de ocho meses a un año desde su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Igualmente, el Consejo General de Empleo informó a favor del convenio de cooperación entre el SCE y el Cabildo de Fuerteventura para para la puesta en marcha de los proyectos de apoyo a la empleabilidad en la isla majorera derivados de la situación sobrevenida de la declaración del estado de alarma por el COVID-19.

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Constituido el grupo de trabajo para actualizar el Plan de Apoyo a las Pymes y dotarlo de ficha financiera

Elena Máñez

El Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y a las Pymes Canarias retoma la actividad con el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, como presidente

El Consejo de Apoyo al Emprendimiento, al Trabajo Autónomo y a las Pymes Canarias reanudó este viernes su actividad en una sesión en la que se acordó la constitución de un grupo de trabajo para llevar a cabo la actualización del Plan de Apoyo a las Pymes y dotarlo de ficha financiera y en la que, a propuesta de la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, se designó como nuevo presidente al viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, y como secretaria a la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez.

Este órgano, dependiente del SCE y creado por la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Fomento y Consolidación del Emprendimiento, el Trabajo Autónomo y las Pymes en la Comunidad Autónoma de Canarias, está integrado por representantes del Gobierno de Canarias, de cada una de las federaciones de municipios e islas (FECAM y FECAI), de las asociaciones empresariales más representativas, las cámaras de comercio de Canarias, las organizaciones de trabajadores autónomos intersectoriales de las islas, las centrales sindicales más representativas y las dos universidades públicas del Archipiélago.

Gustavo Santana
Gustavo Santana, nuevo presidente del Consejo.

Esta reunión del Pleno contó con la presencia de la consejera, que agradeció el trabajo y el compromiso del que hasta hoy fue presidente, David Bustabad, representante de la Cámara de Comercio de Tenerife. Como explicó Máñez, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo ha reactivado este órgano para poner en marcha los trabajos previos de elaboración del Plan de Apoyo al Emprendimiento, una de las exigencias de la actual Ley Canaria de Emprendimiento. Para este cometido, se ha creado un grupo de trabajo que estará liderado por Bustabad.

Además, en la reunión se abordó, entre otras cuestiones, el estado de la tramitación de los anteproyectos de ley de economía social y de cooperativas de Canarias, impulsados por el departamento que dirige Máñez. Además, se acordó la creación de otro grupo de trabajo para analizar una mejora de la Ley Canaria de Emprendimiento, que estará dirigida presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), Juan Carlos Arricivita.

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Elena Máñez expone las medidas a favor de las personas trabajadoras autónomas ante la crisis de la COVID-19

Reunión con UPTA

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias se reúne con las principales asociaciones del colectivo profesional en el Archipiélago

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, expuso este martes al secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) de España, Eduardo Abad, y al coordinador del colectivo en Canarias, César García, el conjunto de medidas del Ejecutivo autonómico para impulsar la actividad empresarial de este colectivo en el escenario de la emergencia sanitaria de la COVID-19. Las iniciativas se incluyen tanto en la estrategia de apoyo a las pequeñas y medianas empresas y profesionales por cuenta propia que elabora el departamento dirigido por Máñez como en el Pacto para la Reactivación Social y Económica impulsado por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y que, afirmó la consejera, ponen de manifiesto que “este Gobierno no va a dejar caer a las personas trabajadoras autónomas”.

Con la participación de los viceconsejeros de Empleo, Gustavo Santana; y Economía e Internacionalización, Almudena Estévez; junto al director general de Promoción Económica, Laureano Pérez, y la directora del Servicio Canario de Empleo (SCE), Dunnia Rodríguez, la reunión telemática completa la ronda mantenida con el colectivo en el Archipiélago tras el encuentro celebrado a principios de mayo con el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) en Canarias, Juan Carlos Arricivita.

La consejera señaló que la ayuda adicional del 30% de la base mínima de cotización para los autónomos y autónomas que han cesado su actividad debido a la declaración del estado de alarma, cuyo plazo de solicitudes se abrió el 6 de mayo, “es la primera de estas medidas que se pone en marcha” y explicó que está orientada a “dar garantías durante la crisis a las personas de este colectivo con más dificultades, que son aquellas que han cesado completamente su actividad”.

Así, explicó que “esta primera ayuda vendrá seguida de otras medidas”, relativas a asesoramiento y formación, como la creación de un gabinete de información en el SCE para pymes y personas autónomas; mantenimiento del empleo, como la citada prestación adicional del 30% o incentivos a la contratación; apoyo a la actividad empresarial, con ayudas extraordinarias para la compensación de gastos corrientes fijos, entre ellos la cuota a la Seguridad Social; y medidas de liquidez para pymes y personas trabajadoras autónomas, con una línea de apoyo a la Sociedad de Garantía Recíproca Aval Canarias para mejorar la financiación de los autónomos y autónomas de las Islas, así como instrumentos financieros en la forma de préstamos para la creación y desarrollo de pymes innovadoras, I+D+i y ahorro, eficiencia energética y renovables.

De hecho, algunas de ellas ya forman parte del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, junto a otras destinadas al aplazamiento tributario, a potenciar la participación de los autónomos y autónomas de las Islas en las líneas de financiación abiertas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) o por el Banco Europeo de Inversiones, así como la puesta en marcha de mecanismos propios de financiación con instrumentos autonómicos, en especial a través de Aval Canarias. Algo que demuestra, a juicio de Máñez, “el compromiso incondicional del Gobierno autonómico con las personas trabajadoras autónomas del Archipiélago”.

También se informó a ATA y UPTA del aumento hasta casi un millón de euros en 2020 de las subvenciones del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel) para la contratación de personal técnico en prevención de riesgos en el trabajo por parte de las patronales sectoriales, organizaciones sindicales y asociaciones de personas trabajadoras autónomas del Archipiélago como consecuencia de la pandemia del coronavirus.

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El Icasel convoca a la hostelería y la construcción para actualizar la prevención de riesgos ante la COVID-19

Elena Máñez en videoconferencia

La Comisión Permanente del Instituto Canario de Seguridad Laboral cita a las mesas técnicas de ambos sectores para establecer las nuevas directrices de buenas prácticas durante la desescalada y reactivación económica

La Comisión Permanente del Consejo Rector del Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), órgano adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, acordó este martes convocar a las mesas técnicas de hostelería y construcción para actualizar las medidas de prevención de riesgos en el trabajo ante la situación generada por la COVID-19.

Durante la reunión, la consejera de Economía, Elena Máñez, destacó el protagonismo que tendrá el Icasel durante el proceso de desescalada y reactivación económica a la hora de reforzar la prevención de riesgos laborales de las personas trabajadoras en las empresas canarias, contribución fundamental para “su reincorporación progresiva, con garantías de seguridad, a los espacios de trabajo”. Además de Máñez, participaron en el encuentro el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; el director general de Trabajo, Alejandro Ramos; el director del Icasel, Elirerto Galván; el director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Antonio Olivera; el director general de Infraestructura Turística, Fernando Miñarro; y la directora general de Industria, Yolanda Luaces; además de dirigentes de las confederaciones empresariales y organizaciones sindicales con mayor representatividad.

Convocada para la próxima semana, la mesa técnica de hostelería, con representación de las patronales sectoriales (FEHT, Ashotel, Asolan y Asofuer) y los sindicatos mayoritarios (UGT y CCOO), activará al grupo de trabajo para fijar las orientaciones generales en los establecimientos canarios de acuerdo con las medidas establecidas por el Ministerio de Sanidad frente al riesgo de exposición a la COVID-19 en el entorno laboral. También citada para la próxima semana e integrada por patronales (AEC y Fepeco) y sindicatos (UGT y CCOO), la mesa técnica de construcción revisará las nuevas Directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición laboral al coronavirus SARS-CoV-2, unas guías sectoriales ya elaboradas por el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) para diversas actividades económicas.

El viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, recordó que el Instituto Canario de Seguridad Laboral (Icasel), dependiente de esta Consejería, “ha aumentado hasta más del doble” la partida de este año para subvenciones a la contratación de personal técnico por parte de las organizaciones sindicales, empresariales y asociaciones para formar en materia de prevención de riesgos laborales a las personas trabajadoras autónomas del Archipiélago, unas ayudas que pasan de los 400.000 euros presupuestados inicialmente a 920.000. “Estas subvenciones nos permitirán mejorar el asesoramiento que se presta a pymes, personas trabajadoras autónomas y por cuenta ajena en el Archipiélago ante la nueva situación generada por la COVID-19, apoyándolas en la adaptación durante el proceso de desescalada y recuperación económica”, señaló.

Por su parte, el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, destacó la importancia de la colaboración con los agentes económicos y sociales a la hora de plantar cara a la emergencia sanitaria de la COVID-19. “Trabajamos en la transformación de los espacios de trabajo en lugares seguros para hacer frente a la emergencia sanitaria, con el objetivo de prevenir y controlar el coronavirus en estos espacios desde la colaboración y el diálogo con las organizaciones empresariales, sindicales y de personas trabajadoras autónomas y con el Servicio Canario de la Salud”, apuntó.

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La Dirección General de Trabajo resuelve todos los ERTE por causa de fuerza mayor presentados hasta la fecha

Elena Máñez

La autoridad laboral ha cursado los 29.099 expedientes por fuerza mayor vinculados a la crisis de la COVID-19, otros 1.135 por causas productivas y solo quedan pendientes de autorización 979 solicitudes, el 3,13% de todas las presentadas

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha resuelto, a fecha de 23 de abril, las 29.099 solicitudes presentadas de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor como consecuencia de la emergencia sanitaria de la COVID-19. Asimismo, se han resuelto otros 1.135 expedientes temporales por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción y solo quedan pendientes de autorización 979 solicitudes de ERTE, el 3,13% del total.

En términos generales, incluyendo los expedientes por fuerza mayor y por causas objetivas, la autoridad laboral ha resuelto el 97,11% de las 31.224 solicitudes presentadas, 20 de ellas han sido rechazadas y solo se ha presentado un ERE extintivo.

Como explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, estos números demuestran “el inmenso esfuerzo realizado por la Dirección General de Trabajo para garantizar la seguridad jurídica de todos los expedientes presentados”, pues desde el inicio de esta crisis se tomó la decisión de resolver todos y cada uno de los expedientes, incluso en los casos en los que ha operado el silencio positivo. Todo ello, subraya la consejera, en un contexto en el que “se ha pasado de tramitar 80 expedientes al año a más de 30.000 en apenas mes y medio”.

La Dirección General de Trabajo “tuvo que adaptarse en un tiempo récord para recibir este altísimo número de solicitudes de ERTE”, explica Máñez. Así, desde la declaración del estado de alarma se tomaron varias medidas encaminadas a agilizar las autorizaciones, entre ellas el refuerzo de la autoridad laboral con 46 trabajadores y trabajadoras para la tramitación de expedientes; la adaptación del procedimiento electrónico de la Consejería a las nuevas necesidades derivadas del Real Decreto-ley 8/2020, que regula los ERTE durante la emergencia de la COVID-19; el establecimiento de un diálogo constante con patronales, sindicatos y colegios profesionales para informar de los pasos a seguir y resolver dudas; la elaboración de guías prácticas y el desarrollo de una herramienta digital para analizar el gran volumen de datos recibido por la Dirección General.

En cualquier caso, la consejera considera que el alto número de solicitudes “pone de manifiesto la efectividad de la flexibilización de los ERTE por fuerza mayor a la hora de salvaguardar a las empresas y el empleo, garantizando las prestaciones a las personas afectadas”, ya que de no haberse aplicado una medida de este tipo “ahora estaríamos hablando de contratos extinguidos en vez de suspendidos de manera temporal”. Máñez recuerda también que el Gobierno de Canarias “lideró desde el principio de la crisis esta propuesta”, que finalmente ha supuesto la inyección, solo en las Islas, de 340 millones de euros para proteger a nuestras personas trabajadoras y empresas”. Por ese motivo, ahora considera necesario prorrogar la medida en el sector turístico más allá del estado de alarma, iniciativa que de nuevo vuelve a liderar el Ejecutivo autonómico.

Plan específico de recuperación

Máñez afirma que Canarias ha demandado al Estado “un plan específico de recuperación que tenga en cuenta la importancia del turismo en las Islas”, un sector que supone el 35% del PIB y el 40% del empleo regionales, ya que si el Archipiélago “va a tener un impacto diferencial mayor que el resto de comunidades autónomas, también necesita un apoyo singular”. “Confiamos en que la demanda unánime de la prolongación de los ERTE por causa de fuerza mayor vinculados al turismo tenga una respuesta positiva por parte del Gobierno de España”, señala.

Por su parte, el viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana, considera que los datos de expedientes resueltos “reflejan la gran responsabilidad que están mostrando en esta crisis tanto sindicatos como patronales, ya que las personas trabajadoras tienen una especial protección en los ERTE de fuerza mayor”. Asimismo, recuerda que “la garantía jurídica de contar con una autorización expresa del expediente es, sin duda, el primer paso para estimular la recuperación paulatina de todo el tejido productivo canario, que ha actuado con absoluta responsabilidad tras el estado de alarma”.

Asimismo, el director general de Trabajo, Alejandro Ramos, agradece el “ingente trabajo” realizado por el personal público de la Consejería, “que se ha dejado la piel para dar garantías jurídicas a empresas y personas trabajadoras, trabajando sin descanso incluso los fines de semana”. “Desde Canarias hemos liderado esta primera fase de la crisis respecto al resto de comunidades autónomas, dando tranquilidad a empresas y personas trabajadoras para que estas últimas puedan cobrar a sus prestaciones por desempleo”, afirma.

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