Esta acreditación sitúa al IMLCF de Las Palmas entre los ocho centros de España que pueden impartir esta formación lo que facilita que los médicos forenses continúen después en las islas

También se ha anunciado la habilitación, dentro del IMLCF Las Palmas, de un espacio dedicado a víctimas especialmente vulnerables como los menores, a los que se proporciona un espacio amigable adaptado al niño, niña o adolescente, denominado Casa de la Infancia

Esta actuación forma parte del proceso de humanización de la justicia promovido por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad con el objetivo de mejorar la calidad de esta

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha presentado este viernes, junto con su homólogo de Sanidad, Blas Trujillo; y la directora y subdirectora del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Las Palmas, María José Melián y Eva Bajo, respectivamente, la acreditación del IMLCF de Las Palmas como unidad docente responsable del programa de Médico Interno Residente (MIR) para la formación de los médicos especializados en Medicina Forense.

Esta acreditación, que se ha logrado tras un proceso complejo, que ha requerido un importante trabajo, sitúa al IMLCF de Las Palmas entre los 8 centros dentro de España donde se puede impartir esta formación MIR, (Barcelona, Murcia, Zaragoza, Albacete, Burgos, Bilbao y Cáceres), al poder acoger a un residente por año.

La Medicina Forense es una especialidad médica creada en 2020, que requiere que los IMLCF, para poder impartir esa formación a los MIR, se acrediten frente a Sanidad aportando un proyecto formativo y acreditando el cumplimiento de una serie de estándares de calidad.

Además, esta acreditación sitúa a estos centros no solo como unidades de apoyo fundamental a la actividad judicial, con la elaboración de pruebas periciales, sino como centros de formación e investigación, lo que redunda en la calidad y excelencia de su labor.

Julio Pérez ha explicado que el hecho de poder formar a los MIR es una señal importante sobre la calidad formativa de las instalaciones del IMLCF de Las Palmas, similar a las grandes instalaciones hospitalarias, que es donde habitualmente se lleva a cabo, y ha agradecido al Ministerio de Sanidad la acreditación.

Blas Trujillo ha destacado el esfuerzo del IMLCF de Las Palmas para acreditar la formación MIR de especialistas en Medicina Forense, lo que ha permitido que este IMLCF sea uno de los ocho que existen en España con acreditación del Ministerio de Sanidad. Para ello, ha dicho, se ha firmado un convenio con el SCS para la rotación de los MIR en los hospitales del Servicio Canario de Salud (SCS) durante su periodo formativo de cuatro años.

La directora del IMLCF de Las Palmas ha agradecido al equipo de la Consejería de Sanidad los logros de esta legislatura y se ha referido a la sala de autopsias nivel de bioseguridad, a la colaboración con los centros sanitarios y a la acreditación presentada hoy, que va a permitir el relevo generacional con médicos especialistas formados en el propio IMLCF de Las Palmas. A su juicio, la unión entre Sanidad y Justicia debe estar siempre. Por su parte, Eva Bajo, ha hecho hincapié en que esta acreditación supone un impulso para el IMLCF de Las Palmas.

Casa de la Infancia

Julio Pérez ha mostrado también, a través de una visita a sus instalaciones, la finalización de la obra de la Casa de la Infancia del IMLCF de Las Palmas, una iniciativa promovida desde la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dentro de su labor de humanización de la justicia como vía de mejora de su calidad y con el objetivo de aportar más valor y alcanzar la excelencia, que se sustenta en la eficiencia y eficacia de todos los procesos.

Dentro de ese proceso de humanización de la justicia se encuentra la adaptación de los espacios judiciales en los que se trata con víctimas vulnerables a nuevos modelos organizativos que respondan a las necesidades específicas de las personas que los usan y trabajan en ellos.

Sin duda, cuando una persona ha sido víctima de una grave agresión afloran unos sentimientos de vulnerabilidad extrema, casi imposible de soportar. Ese daño se revive durante todo el proceso judicial de manera reiterada. Por ello, necesitamos de toda nuestra capacidad para que el resultado de este proceso judicial sea un éxito compartido para todas las personas implicadas, que van desde las víctimas y sus familiares, hasta los profesionales que trabajan en este ámbito. Y muy especialmente en el caso de menores.

Para el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, estas instalaciones deben ser un ejemplo, un faro que ilumine el camino a seguir por otros juzgados, como han hecho recientemente en Valencia, al copiar las que hay en el Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria. Ha resaltado, además, que se ha hecho con unos presupuestos modestos, muy manejables.

Blas Trujillo ha valorado el trabajo de todos los que han hecho posible este espacio amigable, un proyecto referente, en su opinión, calificativo que ha compartido María José Melián, que lo ha puesto como ejemplo para la atención de la infancia en toda España.

La subdirectora del IMLCF de Las Palmas ha señalado que la Casa de la Infancia es un modelo público en el que está todo integrado, una actuación innovadora, donde las instalaciones llevan aparejado un proyecto de investigación y atenciones. Se trata de una experiencia novedosa de la que está pendiente mucha gente fuera.

Tanto en la presentación de la acreditación docente como en la visita de las instalaciones de la Casa de la Infancia han estado presentes la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; el magistrado titular del Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia del Partido Judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Tomás Martín; y el director del IMLCF de Tenerife, Jesús Vega.

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Lugar, fecha y hora del incidente:

Sendero 7 del Parque Nacional del Teide, municipio de La Orotava

31/03/2023

16:36 horas

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Con la aprobación del teletrabajo, el personal de una organización puede desarrollar su jornada laboral desde un lugar distinto al de su centro de trabajo, sin que la calidad del servicio que preste y su relación con la ciudadanía se vea afectada

Se podrá teletrabajar un día a la semana durante los seis primeros meses, pudiendo aumentarse a dos días a la semana posteriormente, hasta llegar a un máximo de tres días a la semana

La prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo debe contribuir a una mejor organización y ordenación del trabajo para mejorar la eficacia, introducir modelos innovadores, descongestionar los centros o reducir desplazamientos

El Consejo de Gobierno de Canarias ha acordado este viernes, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, tomar en consideración y solicitar, con carácter urgente, al Consejo Consultivo de Canarias el dictamen del proyecto de decreto por el que se regula la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo del personal empleado público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos públicos vinculados o dependientes.

El teletrabajo es una modalidad de prestación de servicios en la que, a través de un uso intensivo de las tecnologías de la información y comunicación, se posibilita que el personal de una organización pueda desarrollar su jornada laboral desde un lugar distinto al de su centro de trabajo, sin que por ello la calidad del servicio que preste y su relación con la ciudadanía se vea afectada.

Incluido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que fue incorporada a nuestra Comunidad Autónoma a través de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, y con la transformación tecnológica como uno de sus retos, el Decreto 68/2015, de 30 de abril, por el que se establece el marco general para la innovación y mejora de los servicios públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, recoge, en su disposición adicional tercera,  que “el departamento competente en materia de recursos humanos, inspección y calidad de los servicios públicos y tecnologías de la información adoptará las medidas oportunas para el desarrollo de un programa experimental de teletrabajo con la finalidad de contrastar la viabilidad de la aplicación de este sistema de prestación de servicios en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias”.

El proyecto de ley explica que, a través de una disposición adicional, se podrá teletrabajar un día a la semana durante los seis primeros meses, pudiendo aumentar a dos días a la semana posteriormente, y llegando a un máximo de tres días a la semana.

La prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo deberá contribuir a una mejor organización y ordenación del trabajo para mejorar la eficacia, introducir modelos innovadores, descongestionar los centros o reducir desplazamientos. De no ser así, el trabajador no podrá acogerse a esta modalidad.

El documento, que cuenta con la aprobación de los órganos de representación de los trabajadores, será de aplicación al personal empleado público de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, y sus organismos públicos vinculados o dependientes, así como al personal funcionario de las entidades públicas empresariales, que ocupe un puesto de trabajo susceptible de ser desempeñado en la modalidad de teletrabajo, de conformidad con lo establecido en este decreto, excepto al personal que, por la naturaleza de su trabajo, no puede teletrabajar, quedando excluidos de este decreto, como el personal al servicio de la Administración de Justicia, Educación, Sanidad, Centros Sociosanitarios y la Policía Canaria, salvo que se establezca lo contrario.

En nuestro país, además de las experiencias desarrolladas por la Administración General del Estado, varias comunidades autónomas han regulado el teletrabajo para su personal empleado público, como Castilla y León, País Vasco, Islas Baleares, Extremadura, La Rioja, Comunidad de Valencia, Cataluña o Comunidad de Madrid.

A petición del ayuntamiento majorero, el Gobierno de Canarias otorga prioridad a la mejora de esta vía del núcleo turístico

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó este jueves la ampliación en 300.000 euros de la partida presupuestaria Ayuntamiento de Pájara para la mejora de las infraestructuras turísticas municipales, acto que se produce a petición del ayuntamiento para acometer, mediante esa subvención, la actuación de acondicionamiento de la calle Bentejuy, en el núcleo turístico Solana Matorral.

El Ejecutivo canario realiza esta modificación presupuestaria a petición del municipio de Pájara y, por razones de coyuntura económica, ya que en principio los fondos estaban consignados para la actuación en la avenida marítima Morro Jable-Puerto.

El Ayuntamiento informó al Gobierno de que existen obras de necesidad más perentoria en 2023 como el acondicionamiento de la calle Bentejuy, razón por la cual se amplía el crédito con baja en crédito del estado de gastos de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para dotar de crédito la partida Ayuntamiento de Pájara para la mejora de las infraestructuras municipales por importe de 300.000 euros.

Asimismo, conforme a lo informado por la Corporación, se trata de una actuación que ya cuenta con proyecto técnico, aprobado por la Junta de Gobierno Local en sesión de fecha 16 de agosto de 2022.

Se verifica la potencialidad arqueológica de la totalidad de la montaña y de su entorno de protección, circunscrito hasta ahora a las manifestaciones rupestres de la cima

Los expertos concluyen que Tindaya debe ser entendida como unidad principal de todas las manifestaciones arqueológicas allí registradas, tal y como establecen los principios de la arqueología y el territorio

El Consejo de Gobierno aprobó hoy el decreto para la modificación de la delimitación del entorno de protección del BIC, con categoría de zona arqueológica, Grabados rupestres de la montaña de Tindaya. Tindaya, en La Oliva, isla de Fuerteventura, alberga la que posiblemente sea la mayor concentración de podomorfos del mundo. La presencia de grabados rupestres le valió su declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), por lo que cuenta con la máxima figura de protección, aunque hasta ahora esta solo estaba circunscrita a la parte superior de la montaña.

En febrero 2020, el  Área Insular de Cultura y Patrimonio Histórico del Cabildo de Fuerteventura solicitó a la Dirección General de Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias la colaboración para que se realizaran los estudios y la documentación necesaria para que todos los valores de la montaña de Tindaya fueran protegidos, por lo que se llevó a cabo un exhaustivo trabajo de prospección arqueológica, cuyo objetivo principal era comprobar y verificar la potencialidad arqueológica de la totalidad de la montaña y ver si era necesario ampliar los límites del actual BIC y de su entorno de protección, para acoger nuevos elementos patrimoniales o bien instruir un nuevo expediente de bien de interés cultural para incluir los elementos  que en la actualidad no gozaban de reconocimiento ni protección.

Potencialidad patrimonial de la montaña

El trabajo de prospección arqueológica se centró en el estudio de todos aquellos elementos patrimoniales situados fuera de los límites del BIC, acotando este estudio por la base de la montaña. Asimismo, durante la prospección, se registraron todos aquellos elementos que pudieran considerarse de carácter arqueológico y etnográfico, que podían ofrecer una visión global de los usos que el ser humano ha realizado a lo largo de la historia de este espacio.

También se llevó a cabo la topografía de las zonas y elementos identificados, la fotografía aérea de los yacimientos con dron para complementar la topografía y fotografías generales y de detalle, junto a una diagnosis para el conocimiento exhaustivo del grado de conservación y las afecciones reales y potenciales a las que está expuesto el Monumento. Además, contempla en su conjunto y de manera individual todos los yacimientos y elementos arqueológicos presentes en la montaña, incluida su base y entorno adyacente, acompañado de un buen corpus de planos y dibujos arqueológicos que permiten concluir la pertinencia de modificar la actual delimitación del BIC de la montaña de Tindaya.

A partir del análisis realizado de 95 elementos inventariados, se concluye la valoración de la potencialidad patrimonial de la montaña de Tindaya, donde no sólo están presentes los bienes relacionados con el mundo aborigen, concentrados en la cima donde se sitúan los grabados podomorfos y en las dos importantes zonas con presencia de materiales y estructuras de piedras, sino que en toda ella se puede observar la evolución en cuanto al aprovechamiento agroganadero a lo largo de la historia por la población de Tindaya hasta prácticamente la actualidad, generándose elementos y materiales testigos de estos usos posteriores a la conquista, proponiendo que se inste a la modificación del BIC actual, circunscrita a los grabados podomorfos y a los rellenos arqueosedimentarios de su entorno.

De esta forma, se contempla a la montaña de Tindaya como un conjunto de valores arqueológicos, etnográficos, paisajísticos, naturales… que vienen a definir en definitiva uno de los elementos más singulares de la cultura canaria.

Cabe resaltar la exhaustividad y el necesario rigor metodológico con el que se han realizado los trabajos de prospección arqueológica, que se manifiestan en la correcta identificación y adscripción cronocultural de los bienes patrimoniales documentados, su registro documental y gráfico, georreferenciación, descripción de las estructuras constructivas y/o arqueose-dimentarias constatadas, así como la valoración patrimonial de los bienes, atendiendo en este caso a sus características y estado conservacional.

A través de la partida se financian los recursos de atención a menores migrantes no acompañados en dispositivos de atención inmediata gestionados por Quorum Social 77

El Consejo del Gobierno de Canarias ha autorizado el gasto derivado del servicio consistente en la atención a personas menores migrantes no acompañadas en dispositivos de atención inmediata  por parte de la Asociación Quorum Social 77, por un importe de 2.682.542 euros.

El servicio, dependiente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, está dirigido a la atención integral de personas menores extranjeras no acompañados en diversos dispositivos de atención inmediata en las islas de Gran Canaria y Tenerife que llegan a las costas canarias garantizando su atención inmediata así como su integración a espacios residenciales y recursos de formación educativa y laboral.

Canarias cuenta con un total de 39 dispositivos de emergencia gestionados directamente por la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, en los que se da acogida y atención a unos 2.100 menores migrantes.

El Ejecutivo aprueba el decreto que afecta al expediente de la Parcela A del Plan Parcial del Sector 5 Pasito Blanco-Santa Águeda, en el término municipal de San Bartolomé de Tirajana

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha aprobado este jueves, 30 de marzo de 2023, el decreto para la ejecución del último expediente relacionado con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictada sobre el procedimiento del artículo 17.1 de la Ley 6/2009, de 6 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación territorial para la dinamización sectorial y la ordenación del turismo.

El decreto, que se refiere a la parcela A del Plan Parcial del Sector 5 Pasito Blanco-Santa Águeda, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, establece el deber de la referida entidad local de proceder a la modificación del planeamiento general.

Actualmente, se encuentra en trámite la valoración por parte del Servicio de Valoraciones de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial de la incoación paralela del expediente para la fijación de la cuantía de la indemnización que corresponda por los trámites establecidos en la normativa de expropiación forzosa.

Consta en el expediente un informe de valoración de la parcela presentado por la entidad mercantil Centro Helioterápico de Canarias, SA, que establece el valor de la indemnización en 38.275.356,02 euros.

La citada Consejería remitió una orden al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, con fecha 20 de enero de 2023, para que, en el plazo de un mes, realizara las consideraciones que estimase convenientes respecto a la modificación del planeamiento general donde se ubica la parcela A del Plan Parcial del Sector 5 Pasito Blanco-Santa Águeda.

Elevada al Consejo de Gobierno una propuesta para ampliar en 13 millones de euros el crédito inicial en esa línea de ayuda, que se va a pagar por primera vez a 8.600 familias vulnerables la mitad de su alquiler durante dos años

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, un incremento del gasto en 13.088.050 euros que se destinarán a ampliar el crédito para pagar la ayuda al alquiler general del periodo 2022-2023, que de esta forma alcanza la cifra récord de 34.460.699 euros, la más alta que el Gobierno de Canarias ha destinado nunca a esta ayuda, casi el doble de la de la anterior convocatoria, 2020-2021, y superior en 20 millones de euros a la última que convocó el anterior Gobierno, en 2018-2019.

Gracias a esta ayuda, 8.651 familias con pocos recursos empezarán a cobrar en las próximas semanas, una vez se publique en el BOC, esta ayuda que también por primera vez cubre la mitad de las mensualidades que pagan estas personas durante los 24 meses de la convocatoria, ya que hasta ahora sólo se les pagaba el 40% del alquiler mensual. Las 8.651 familias beneficiarias suponen también una cifra récord en comparación a convocatorias anteriores (6.700 familias en la 2020-2021 o 4.620 en la 2018-19).

El incremento presupuestario permite que el número de familias beneficiarias también aumente notablemente, ya que con los 21,3 millones de euros presupuestados inicialmente se alcanzaban las 5.705, a las que ahora se suman 2.946 familias más gracias a los 13 millones aprobados hoy por el Consejo.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, anunció en octubre pasado en el Parlamento regional la publicación de una nueva convocatoria de ayudas para el alquiler general y joven, con un presupuesto de 21.372.649 euros, lo que suponía un incremento del 22% sobre la anterior convocatoria.

Con el incremento presupuestario aprobado hoy ese aumento de fondos asciende hasta el 97%. Canarias fue, en octubre de 2022, una de las primeras comunidades autónomas en sacar la convocatoria de estas ayudas tras firmar el convenio con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (MITMA) en julio de ese mismo año.

Estas ayudas van destinadas a las familias y jóvenes más vulnerables ya que debían demostrar que sus ingresos son 3 veces el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), es decir, igual o menor a 23.724 euros anuales, en la categoría general.

La solicitud de estas ayudas se realizó a través del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) con la colaboración de las cámaras de comercio canarias para agilizar las tramitaciones y resolver dudas a los solicitantes, tras ponerla en marcha en la convocatoria 2020-2021 con notable éxito.

Esta convocatoria contó con varias novedades impulsadas por el Instituto Canario de la Vivienda para aumentar el número de posibles beneficiarios. Entre ellas, por primera vez la convocatoria de la ayuda al alquiler general añadía entre sus requisitos la posibilidad de solicitar la subvención para el arrendamiento de una habitación, mientras que en anteriores convocatorias se contemplaba exclusivamente el alquiler de una vivienda entera. Esta medida se impulsó con el objetivo de llegar a los más jóvenes de Canarias, ya que por segundo año consecutivo la ayuda englobó la subvención destinada a menores de 35 años.

Por otro lado, y como se dijo anteriormente, se incrementó la cuantía de la ayuda, pasando del 40% subvencionable al 50% de la renta, obteniendo así un aumento de la subvención en sus recibos de alquiler dentro del periodo que va desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2023. Como última novedad, esta última convocatoria de la ayuda al alquiler elevó el límite de la renta máxima mensual que pagan los inquilinos por sus casas; es decir, en anteriores convocatorias se daban ayudas a aquellos que pagaban hasta 500 euros de alquiler, y con la convocatoria 2022-2023 ese límite se aumentó hasta los 600 euros.

Entrará en vigor a las 00.00 horas del 1 de abril y estará activa hasta las 24.00 horas del 30 de septiembre de 2023, sin perjuicio de la posibilidad de nueva prórroga en función de la situación epidemiológica

El Consejo de Gobierno celebrado este viernes, 31 de marzo, ha acordado prorrogar la suspensión temporal de las medidas limitativas para la protección de la salud y la prevención de la propagación de la covid-19 aplicables en los distintos niveles de alerta sanitaria. La prórroga de la suspensión entrará en vigor a las 00:00 horas del 1 de abril y estará activa hasta las 24.00 horas del 30 de septiembre de 2023, sin perjuicio de la posibilidad de nueva prórroga en función de la situación epidemiológica.

Esta medida se toma a la vista del mantenimiento de la situación epidemiológica estable del Archipiélago, que sitúa a todas las islas en riesgo bajo o circulación controlada, según muestra la tendencia recogida en los últimos informes de la Dirección General de Salud Pública.

El acuerdo implica prorrogar en sus propios términos la eficacia del acuerdo de Gobierno del 29 de septiembre de 2022 por el que se suspendían temporalmente las medidas limitativas, cuya vigencia finaliza hoy, día 31 de marzo. Ello ha precisado la adopción de un nuevo Acuerdo de Gobierno con la finalidad de mantener la suspensión temporal de dichas medidas a la vista de la estabilidad en la situación epidemiológica.

El actual acuerdo recoge que, a la vista de los informes semanales, procede continuar con la suspensión de medidas limitativas, si bien con la cautela observada hasta ahora, en términos similares a los planteados en la nueva estrategia nacional, por un periodo limitado y sometida a un estrecho seguimiento de la evolución de los indicadores epidemiológicos dada la incertidumbre que ha caracterizado a esta pandemia y la existencia de factores condicionantes, tales como la aparición de nuevas variantes con perfil más agresivo de morbi-mortalidad o mayor escape inmunitario.

Lugar, fecha y hora del incidente:

Barranco de Azuaje, municipio de Moya

31/03/2023

11:38 horas

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