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El Ejecutivo destina más de 2,5 millones a un nuevo recurso de acogimiento para menores con discapacidad grave

Consejo de Gobierno de Canarias.

El nuevo servicio está dirigido a menores de entre 6 y 17 años bajo protección del Gobierno canario que requieran una intervención específica y especializada

El Gobierno de Canarias ha autorizado el gasto derivado de la contratación de un nuevo Servicio regional de acogimiento residencial de atención a menores en situación de desprotección y bajo la tutela del Gobierno de Canarias, con grave discapacidad o pluridiscapacidad física o psíquica, dependencia severa o gran dependencia, que afecta al nivel cognitivo y motórico, por un importe de 2.581.408,80 euros.

El servicio, dependiente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, consta de un total de diez plazas para  menores entre 6 a 17 años bajo una medida de protección, guarda o desamparo, que se encuentren bajo la tutela del Gobierno de Canarias y que requieran una intervención específica y especializada, debido a su situación de grave discapacidad y/o pluridiscapacidad física o psíquica, dependencia severa ó gran dependencia, que afecta al nivel cognitivo y motórico.

La contratación de un servicio regional de acogimiento residencial, que estará ubicado en Gran Canaria o Tenerife, tendrá una duración del contrato de 36 meses, con posible prórroga de 24 meses, estimándose un total de cinco años de duración.

Aprobado agilizar y simplificar el procedimiento para las reclamaciones y lo adapta a las nuevas tecnologías

La nueva regulación de los servicios de atención al cliente y de presentación de quejas, denuncias y reclamaciones será remitida ahora al Consejo Consultivo

Las empresas, obligadas a la relación electrónica con la administración, mientras que los consumidores podrán presentar sus discrepancias tanto ‘online’ como en papel

El Consejo de Gobierno aprobó hoy un documento con el que se pretende agilizar el procedimiento para las reclamaciones y denuncias en las relaciones de consumo.

Se trata de un proyecto de decreto por el que se regulan los servicios de atención a la clientela y las características de obtención de las hojas de reclamaciones y su tramitación administrativa online, a través de la sede electrónica. El Consejo remitirá ahora el texto al Consejo Consultivo para su preceptivo dictamen, paso previo a su aprobación.

Según el nuevo procedimiento que contiene el borrador de decreto, las empresas estarán obligadas a relacionarse con la Administración por medios electrónicos. En este sentido, a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias, los comerciantes y demás empresas deberán obtener las hojas de reclamaciones para sus establecimientos (ya sea en papel o través de un sistema de códigos QR), que pondrán a disposición de los consumidores y usuarios para que éstos puedan interponer sus denuncias, quejas y reclamaciones.

El proyecto de decreto contempla, a su vez, la obligación de las personas empresarias de poner a disposición de los usuarios un servicio de atención a la clientela, bien de forma presencial, en el propio establecimiento, o a distancia.

El servicio de atención a la clientela a distancia se prestará a través de una dirección postal o electrónica, así como por cualquier otro medio, como un número de teléfono que deberá ser gratuito en el caso de servicios básicos como luz, agua, financiero, seguros, transporte aéreo, ferroviario o por carretera, servicios de protección de la salud y saneamiento o residuos.

Asimismo, las personas empresarias de Canarias estarán obligadas a efectuar los procedimientos y trámites previstos en esta norma a través de la sede electrónica del Gobierno de Canarias.

Inicialmente, deberán solicitar por esta vía las hojas de reclamaciones y, de forma inmediata, recibirán por parte de la Administración la siguiente documentación: el cartel anunciador de la existencia de hojas de reclamaciones a disposición de las personas consumidoras y usuarias; el código QR que el establecimiento deberá facilitar a la clientela para la descarga en su dispositivo electrónico a través del cual podrá acceder al formulario de la hoja de reclamaciones electrónica, y el formulario en formato impreso que deberá entregar a la persona reclamante que no pudiera o no quisiera optar por el formato electrónico.

La entrega debe ser inmediata y gratuita y, en caso de negativa, la persona consumidora podrá solicitar el auxilio de los agentes de autoridad para que se haga constar la circunstancia de la inexistencia de las hojas de reclamaciones o bien la negativa a facilitarla.

Tras la correspondiente cumplimentación de sus reclamaciones, ya sea con su presentación online o mediante registro físico ante la administración, si ésta se formula en formato impreso, se sustanciará el expediente desde las respectivas oficinas de información al consumidor para su remisión a la Dirección General de Comercio y Consumo para que lleve a cabo las actuaciones necesarias.

El Gobierno prorroga el contrato del servicio de peritaciones en los órganos judiciales por 2,3 millones de euros

Un total de 1.346.862,5 euros se asignan a actuaciones desarrolladas en los órganos judiciales de Las Palmas y 960.325 euros a las realizadas en los de Santa Cruz de Tenerife

Este contrato se formalizó por primera vez en mayo de 2020, por 1.875.000 euros (sin incluir el IGIC), siendo el plazo de ejecución del 1 de junio de ese mismo año al 31 de mayo de 2021

Con cargo al objeto del presente contrato se realizan más de diez mil actuaciones periciales cada año

El Consejo de Gobierno de Canarias ha autorizado este jueves, 2 de marzo, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el gasto correspondiente a la tercera prórroga del contrato del servicio para la realización de peritaciones en los órganos judiciales de la Comunidad Autónoma de Canarias, por un importe de 2.307.187,5 euros (IGIC incluido).

Su vigencia abarca desde el 1 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024. Del montante total, 1.346.862,5 euros se destinarán a las peritaciones efectuadas en los órganos judiciales de la provincia de Las Palmas y 960.325 euros a las desarrolladas en los de la de Santa Cruz de Tenerife.

Este contrato de servicio que se prorroga ahora se formalizó por primera vez en mayo de 2020, por un importe de 1.875.000 euros (sin incluir el IGIC) y en dos lotes. El Lote I, para los órganos judiciales de Las Palmas, y el Lote II, para los órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife, siendo el plazo de ejecución entre el 1 de junio de 2020 al 31 de mayo de 2021.

Al terminar la vigencia de este, el 19 de mayo de 2021 se prorrogó, por primera vez, por 12 meses, hasta el 31 de mayo de 2022, por un importe de 2.006.250 euros (incluido el IGIC). Antes de finalizar su vigencia, se modificó el importe del referido contrato, ascendiendo la cuantía de la modificación a 281.250 euros (sin incluir el IGIC).

La segunda prórroga al referido contrato, por otros 12 meses más, se realizó el 9 de mayo de 2022 y abarcaba desde el 1 de junio de 2022 hasta el próximo 31 de mayo de 2023, siendo el importe de 2.307.187,5 euros (incluido el IGIC).

Ante la finalización del plazo de la prórroga el próximo 31 de mayo, y valiéndose de que el contrato permite su prolongación por un periodo máximo de cinco años (uno de vigencia más cuatro de prórroga), el Ejecutivo canario ha considerado necesario una nueva prórroga hasta el 31 de mayo de 2024, teniendo en cuenta que se está ejecutando por la empresa adjudicataria de forma satisfactoria, siendo los precios por actuación pericial los que rigen en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares de la contratación.

Hay que tener en cuenta, además, que se trata de un servicio necesario para el desarrollo de la función jurisdiccional que desarrollan los órganos judiciales radicados en la Comunidad Autónoma de Canarias, y que con cargo al objeto del presente contrato se realizan más de diez mil actuaciones periciales cada año.

Autorizado el gasto de 3,7 millones para la póliza del seguro colectivo de vida de los empleados públicos

Este pago cubre desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2023, aunque el contrato, formalizado el 2 de febrero de 2022, tiene una duración de tres años, del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024

Cubre el fallecimiento por cualquier causa (12.020,24 euros) y la incapacidad permanente total, absoluta y gran invalidez, también por cualquier causa (6.010,12 euros)

A 1 de enero de 2023, el colectivo de asegurados asciende a 84.205 empleados públicos (12.003 en Administración General, 28.497 en Educación, 2.750 en Justicia y 40.955 en Sanidad)

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves, a propuesta del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, el gasto correspondiente a la prima de la póliza del seguro colectivo de vida en favor del personal al servicio de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2023, por importe de 3.749.950 euros.

La contratación de este seguro colectivo de vida fue autorizada por el Consejo de Gobierno de Canarias, en la sesión celebrada el 8 de julio de 2021, y se adjudicó a la compañía Surne Mutua de Seguros y Reaseguros, mediante la Orden número 201/2021, de 29 de diciembre de 2021, del consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. El contrato se formalizó el 2 de febrero de 2022, siendo su duración de tres años, desde el 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024, y la forma de pago de la prima es a través de un abono único anual.

La póliza de seguro actual cubre el fallecimiento por cualquier causa (12.020,24 euros) y la invalidez permanente total, absoluta y gran invalidez (6.010,12 euros) del personal público (funcionarios, laborales y estatutarios del Servicio Canario de Salud). A 1 de enero de 2023, el colectivo de asegurados asciende a 84.205 empleados públicos (12.003 en Administración General, 28.497 en Educación, 2.750 en Justicia y 40.955 en Sanidad).

La inclusión en la póliza, para todo el colectivo a asegurar, es automática, no existiendo condiciones de adhesión de ninguna clase ni siendo necesario la cumplimentación de boletín de adhesión, la declaración de estado de salud o requisito médico.

Están excluidos de la cobertura de este seguro los riesgos calificados como extraordinarios por el Consorcio de Compensación de Seguros, según legislación vigente en cada momento, cubiertos por dicha entidad, los producidos por conflictos armados, aunque no haya precedido la declaración oficial de guerra, y los derivados de la energía nuclear, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos.

La siniestralidad comunicada en 2022 e imputada a la compañía de seguros en 2022 ha sido 30 personas fallecidas (360.607,20 euros) y 317 personas con incapacidad (1.905.208,04 euros). No obstante, para ver la siniestralidad completa de ese año hay que reflejar también aquellos comunicados ese año, pero que han de ser imputados a años anteriores.

Siendo así, tanto en el año 2021 como en el 2022 la siniestralidad total comunicada asciende a importes cercanos a 3,7 millones de euros. Por ejemplo, del 1 de febrero al 31 de diciembre de 2022, se comunicaron 59 fallecimientos (709.194,16 euros) y 498 personas con incapacidad (2.993.039,76 euros), lo que supone un total de 3.702.233,92 euros.

El Gobierno autoriza fondos para la atención de personas menores migrantes

A través de esta partida se financian los recursos de atención a menores migrantes no acompañados en dispositivos de atención inmediata

El Gobierno de Canarias, reunido hoy en Consejo, ha aprobado la autorización de gastos derivados del funcionamiento y mantenimiento de los centros y dispositivos de emergencia de atención inmediata de personas menores migrantes no acompañadas, por importe 17.080.506,59 euros.

Esta autorización de créditos tiene como objetivo dar cobertura a los gastos derivados del mantenimiento de los dispositivos de emergencia para la atención integral de Menores Extranjeros y Extranjeras No Acompañados (DEAMENAC).

El servicio, dependiente de la Dirección General de Protección a la Infancia y la Familia de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, está dirigido a la atención integral de personas menores extranjeras no acompañados que llegan a las costas canarias garantizando su atención inmediata así como su integración a espacios residenciales y recursos de formación educativa y laboral.

En la actualidad, Canarias cuenta con un total de  39 dispositivos de emergencia gestionados directamente por la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, 22 en Gran Canaria, 13 en Tenerife, 1 en el Hierro y 3 en Fuerteventura, en los que se da acogida y atención a más de 2.100 menores migrantes.

El Gobierno canario asume competencias de evaluación ambiental de Haría

El acuerdo transfiere las funciones para la evaluación ambiental estratégica de los instrumentos de ordenación urbanística municipales y para la evaluación de impacto ambiental de proyectos

El Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, ha aceptado la delegación del Ayuntamiento de Haría (Lanzarote) de la competencia para la evaluación ambiental estratégica, ordinaria o simplificada de los instrumentos de ordenación urbanística municipales, así como de la competencia para la evaluación de impacto ambiental de proyectos que deba tramitar y autorizar el Consistorio.

La Evaluación de Impacto de Proyectos tiene por objeto evaluar los efectos que un proyecto tiene sobre el medio ambiente, mientras que la Evaluación Ambiental Estratégica evalúa ambientalmente planes o programas.

La Ley 4/2017 del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias (LSENPC) establece que la aprobación, modificación sustancial y adaptación de los instrumentos de ordenación territorial, ambiental y urbanística se someterán al procedimiento de evaluación ambiental de planes y programas, en los términos contemplados en la legislación básica estatal y en dicha Ley.

El Decreto Ley 15/2020 de medidas urgentes de impulso de los sectores primario, energético, turístico y territorial de Canarias dio nueva redacción a la LSENPC, habilitando la posibilidad de delegación directa de la competencia para la evaluación ambiental de instrumentos o proyectos en el órgano ambiental autonómico, introduciendo un mecanismo más ágil y eficaz que el convenio: una delegación intersubjetiva directa, que solamente requiere acuerdo de delegación del ente local y un acuerdo de aceptación del Gobierno de Canarias.

La delegación aceptada recae sobre el Órgano Colegiado de Evaluación Ambiental e Informe Único de Canarias, y más concretamente en una de sus Comisiones: la Comisión Autonómica de Evaluación Ambiental. Se trata de un órgano colegiado de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Ambiental.

Tres de cada cuatro personas atendidas por el Servicio Canario de Empleo avalan la atención recibida

Captura página WEB SCE

El módulo del Servicio Canario de Empleo (SCE) incluido en la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC), elaborada por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) en el último cuatrimestre de 2022, ofrece información sobre el uso y la valoración de los servicios prestados por este organismo.

El setenta y cinco por ciento de los usuarios y usuarias del Servicio Canario de Empleo (SCE) durante los últimos cuatro meses de 2022 se muestran satisfechos con la calidad de los servicios que han utilizado, según se desprende la Encuesta de Hábitos y Confianza Socioeconómica (ECOSOC), elaborada por el Instituto Canario de Estadística (ISTAC).

El módulo específico dedicado a información del SCE, que se incluyó por primera vez el último cuatrimestre del año, destaca la valoración positiva, en torno al 85 por ciento, de los servicios relacionados con la demanda de empleo y la satisfacción del 77,2 por ciento de las personas usuarias del servicio de cita previa.

En cuanto a la calidad de los servicios prestados tanto de forma presencial como telefónica, un alto porcentaje de personas se posiciona favorablemente respecto a todos los ítems que miden el trato recibido por parte del personal del SCE, que en algunos casos supera el 90 por ciento de satisfacción. En el módulo específico sobre el Servicio de Empleo, se ha peguntado sobre cuestiones como la competencia y buen hacer, el trato amable y considerado, la utilización de un lenguaje entendible por la ciudadanía, la confianza en que el servicio se ha prestado de forma correcta, y la disponibilidad y colaboración por parte del personal que les ha atendido.

En relación con los servicios que se prestan a través de la página web del organismo, los datos de este panel que mostraban espacios de mejora en cuestiones como el funcionamiento del buscador de la página, la calidad de los contenidos o que esta respondiera a sus necesidades, coinciden con el lanzamiento el día 1 de marzo de la nueva web del Servicio Canario de Empleo, que se ha estado trabajando a lo largo del último año, como un instrumento central de la nueva organización del sistema de atención al público, orientada a fomentar la accesibilidad a todos los niveles; la proactividad del propio SCE, con prospecciones de mercado y visitas continuas a las empresas oferentes de empleo, y una atención mucho más personalizada para cada demandante de empleo.

La encuesta recaba información, en primer lugar, sobre el conocimiento y utilización, en los últimos 12 meses, de dichos servicios, indagando sobre la valoración personal de la experiencia en su utilización y las vías de acceso a los mismos. En segundo lugar, según la forma de acceso a los diversos servicios, se recoge, además de la frecuencia de uso, el grado de satisfacción con determinadas características que permiten medir la calidad de los servicios prestados, con lo que el SCE, gracias a la colaboración con el ISTAC, profundiza en el estudio y autoevaluación de las prestaciones que ofrece a la ciudadanía, con el propósito de mejora continua que caracteriza su labor.

 

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Transición Ecológica financia actuaciones de eficiencia energética en la Universidad de La Laguna

José Antonio Valbuena, Miguel Ángel Pérez y Rosana Melián durante la visita de las instalaciones

Los trabajos han tenido un coste de 500.000 euros y han abarcado mejoras y sustituciones de luminarias y cerramientos, entre otras actuaciones

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Energía, ha financiado con 500.000 euros diferentes actuaciones de eficiencia energética en inmuebles de la Universidad de La Laguna.

Este jueves, el consejero regional responsable del Área, José Antonio Valbuena ha visitado las instalaciones donde se han efectuado estos trabajos junto a la rectora de la ULL, Rosa María Aguilar; el viceconsejero de Transición Ecológica, Miguel Ángel Pérez; y la directora regional de Energía del Gobierno autonómico, Rosana Melián.

Valbuena detalló que estas actuaciones han consistido en la sustitución y mejora de las luminarias, cerramientos y ventanas, mecanismos de climatización, sistemas de producción de agua caliente y dotaciones de tomas de corriente en facultades como Derecho, Ciencias o Educación. También se han ampliado estas labores a los edificios que conforman el Campus Central y a las residencias de estudiantes.

Por su parte, la rectora de la Universidad de La Laguna, acompañada de la vicerrectora de Infraestructuras y Sostenibilidad, Monserrat Acosta, agradeció enormemente esta subvención “que ayuda a lograr una institución universitaria más sostenible, más comprometida con los objetivos de los ODS y más implicada en los retos del Planeta”. Aguilar añadió que, con estas acciones y la instalación de placas fotovoltaicas en un total de 22 edificios y pérgolas en 11 aparcamientos, se logrará un ahorro energético estimado del 31%. Todas estas acciones de sostenibilidad se recogen en esta web, que se irá actualizando periódicamente a la vez que se co0mpletan las actuaciones que están todavía en licitación.

Miguel Ángel Pérez recordó que “las administraciones e instituciones públicas deben tener un carácter ejemplarizante para el resto de la población en materia de eficiencia energética y, en el caso de las universidades, conlleva un efecto multiplicador si tenemos en cuenta el gran número de jóvenes que pasan por sus instalaciones a diario y hacen uso de sus recursos energéticos”.

Por último, Rosana Melián señaló que la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias realizó una subvención directa a la ULL para cubrir el coste de estas intervenciones y avanzó que en próximas fechas se anunciará una actuación similar en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

El equipo de la Consejería y el de la Universidad tuvieron la oportunidad de visitar una de las instalaciones que han sido objeto de esta subvención, concretamente la referida al agua caliente sanitaria del Colegio Mayor San Agustín, a través de un equipamiento dotado de placas solares, son sistema de descalcificación incluido y mucho más eficiente que el anterior.

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Gustavo Santana destaca el aumento de la afiliación en Canarias, pese al repunte del paro en febrero

El viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, valora los datos del paro en febrero

El viceconsejero de Empleo valora con “optimismo desde la prudencia” la evolución mensual del mercado laboral fruto de la estacionalidad económica de las islas

El viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana, valoró este jueves los datos del paro registrado correspondientes a febrero, con un aumento del 1,4% (2.726 personas más) con respecto a enero, pero con una disminución del 7,7% (15.968 menos) a lo largo del año hasta un total de 189.166 desempleadas y desempleados en el Archipiélago.

No obstante, la afiliación a la Seguridad Social se incrementó tanto en comparación mensual (2.106 personas más con una subida del 0,2%) como, sobre todo, en evolución anual (44.066 y 5,3%, mayor alza por comunidades autónomas) hasta el tercer mejor dato de la serie histórica en Canarias con un total de 867.703 trabajadores y trabajadores de alta.

“Habitualmente, febrero suele ser un mes de transición hasta llegar al periodo del año cuando se normalizan las actividades económicas fruto de la estacionalidad laboral de carácter sectorial, por el predominio turístico en el tejido productivo”, recordó Gustavo Santana antes de mostrar “un moderado optimismo, desde la prudencia, tras una lectura global más profunda, con mayor perspectiva”.

En su opinión, “cada vez que se sale de un periodo de crisis y la población reconoce que la actividad económica resulta propicia para la consecución de un contrato se produce un mayor registro de demandantes sin trabajo anterior o menores de 25 años, como ahora, cuando la confianza en el clima de negocio provoca la incorporación de personas paradas a la búsqueda activa de empleo”.

Para más información: Obecan.es

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