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Canarias dispondrá de 20,4 millones destinados a proyectos de digitalización y conectividad

Canarias dispondrá de 20,4 millones destinados a proyectos de digitalización y conectividad

Los fondos se dirigirán a reforzar la conectividad en centros públicos de referencia, a facilitar bonos para colectivos vulnerables y a impulsar las competencias digitales de la ciudadanía, entre otros

La Conferencia Sectorial para la Transformación Digital, celebrada ayer con carácter virtual, ha aprobado los criterios de distribución entre las Comunidades Autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla de 500 millones de euros para el periodo 2021-2023 destinados a proyectos de digitalización y conectividad en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia. Del total de los fondos, la Comunidad Autónoma de Canarias gestionará 20,4 millones para reforzar la conectividad en centros públicos de referencia y polígonos industriales, ayudas a las comunidades de propietarios para acometer infraestructuras de telecomunicaciones en edificios construidos antes del año 2000, así como facilitar bonos de conectividad digital y formación para la adquisición de competencias digitales de la ciudadanía.

Dentro de las diez políticas palanca que contempla el Plan de  Recuperación  Transformación y  Resiliencia (PRTR) para la gestión de los Fondo de Recuperación “Next Generation EU” , una de las treinta líneas de acción que se identifican es el componente 15 (Conectividad digital, impulso a la ciberseguridad y despliegue del 5G), que tiene entre sus objetivos el impulso a la trasformación digital, apostando porque el 100% de la población disponga de una conectividad adecuada, promoviendo así la desaparición de la brecha digital entre zonas rurales y urbanas.

En el reparto de los fondos europeos que corresponden al Componente 15 y 19 del PRTR acordado entre las comunidades autónomas, a Canarias le corresponden 6,8 millones de euros para la financiación de Actuaciones de Refuerzo de la Conectividad en Centros Públicos de Referencia; 2,45 millones de euros para la financiación de  Actuaciones de Refuerzo de la conectividad en Polígonos Industriales y Centros Logísticos; 1,5 millones para la financiación del Programa de Emisión de Bonos Digitales para Colectivos Vulnerables; 2,48 millones para la financiación de actuaciones de Mejora de las Infraestructuras de Telecomunicaciones en Edificios construidos antes del año 2.000, y 7,06 millones para la financiación de Actuaciones para la Adquisición de Competencias Digitales por la Ciudadanía .Inversión que se repartirán entre los años 2021-2023.

Desde el Gobierno de Canarias, se valora mucho que estas líneas de actuación para la recuperación y transformación de la Economía pongan como protagonista a las personas, ya que estos bonos digitales permitirán que las familias más vulnerables puedan acceder a internet en banda ancha en sus casas, y también se les dará formación para el manejo de las TIC. Es muy importante que la recuperación y transformación de la economía sea justa y nadie se quede atrás, según detalla el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Manuel Martínez, quien asistió a la reunión de la sectorial por vía telemática, en sustitución del Consejero Julio Pérez, que no pudo asistir por estar al frente de la emergencia provocada por la erupción volcánica,

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Valbuena firma la Orden para cambiar el PGO de Santa Cruz y construir el nuevo Palacio de Justicia en Cabo Llanos

Valbuena firma la Orden para cambiar el PGO de Santa Cruz y construir el nuevo Palacio de Justicia en Cabo Llanos

Esta actuación excepcional se justifica en atención a dotar a la ciudadanía de un servicio de justicia accesible y acabar con la dispersión de las instalaciones judiciales

El consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha firmado la Orden por la que se inicia el procedimiento de suspensión de la vigencia del Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife en el ámbito de Cabo Llanos para la modificación de su contenido normativo y el establecimiento de las normas sustantivas de ordenación transitorias. Esta actuación tiene como objetivo adecuar la ordenación urbanística vigente a los nuevos requerimientos funcionales y de superficie necesarios para construir el nuevo Palacio de Justicia, proyecto impulsado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Se trata de un procedimiento excepcional previsto en la Ley 4/2017, de 13 de julio, del Suelo y de los Espacios Naturales Protegidos de Canarias, según explica el titular del departamento autonómico de Justicia, Julio Pérez, quien detalla que la actuación excepcional de suspensión del planeamiento se encuentra justificada en atención a la necesidad de dotar a la ciudadanía de un servicio de justicia accesible que agrupe las dependencias de Justicia en todo el partido judicial de Santa Cruz de Tenerife, así como las de carácter provincial y autonómico, y que sea suficiente para que los órganos judiciales y operadores jurídicos puedan desarrollar su trabajo, acabando con la dispersión de las instalaciones y la falta de operatividad entre estas, con la consiguiente mejora que todo ello producirá en la atención a la ciudadanía.

Como se anunció el pasado mes de julio, esta modificación de la ordenación urbanística y las normas sustantivas aplicables de manera transitoria sobre los terrenos en los que se propone la suspensión del Plan no varía, con respecto al planeamiento vigente, la edificabilidad actual, aumenta los espacios libres en más de 30.000 metros cuadrados, disminuye la superficie de viario en casi 35.000 metros cuadrados y reduce a cero el aprovechamiento lucrativo.

Esta actuación se ha llevado a cabo de común acuerdo con los distintos departamentos del Ejecutivo autonómico titulares de las parcelas afectadas que acogerán el Palacio de Justicia (Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes), y con la disposición favorable de los servicios técnicos y urbanísticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Se trata de una opción que permitirá ubicar la mayor parte del Palacio de Justicia en dos edificios casi contiguos, separados por una plaza, con la edificabilidad necesaria y lo suficientemente cercanos para permitir su conexión. Se persigue así reducir la excesiva altura prevista para la mayoría de los edificios que se ejecutarán en la zona sin que ello suponga una merma en su aprovechamiento, ampliando las zonas verdes en el espacio de Cabo Llanos.

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Aprobada una subvención de 2 millones para la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio

Del total de la ayuda destinada al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, 1,26 millones de euros son para el turno de oficio

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, 30 de septiembre, a petición de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la realización del gasto destinado a la concesión de una subvención directa al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife por las actuaciones en el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, correspondientes al segundo trimestre de 2021, y por importe 2.020.462,18 euros.

Se cumple así con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, que establece que corresponde al Gobierno autorizar todos los gastos de cuantía superior a los dos millones de euros.

La subvención supera los dos millones de euros por varios asuntos. Por un lado, por la entrada en vigor de la Orden de 17 de mayo de 2019, que ha supuesto el incremento de los importes de los módulos de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y la procuraduría.

También ha afectado al incremento del importe de la actividad letrada en el Turno de Oficio, facturándose 1,26 millones de euros cuando en el trimestre anterior eran 1,17 millones de euros los fondos destinados a esta partida. Asimismo, ha aumentado el número de asuntos certificados.

Por otro lado, coincidiendo con la crisis migratoria, el Turno Especial de Extranjería ha registrado un aumento dado que en el primer trimestre del año se le destinaron ayudas por importe de 18.212 euros y en el segundo trimestre se alcanzaron los 35.168 euros. Mientras, el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife apunta que también se ha registrado un mayor número de asuntos en Jurisdicción Penal y en Jurisdicción Civil.

Intérpretes reciben formación especializada para atender a víctimas extranjeras de violencia de género

Permitirá crear un registro de intérpretes especializados en la asistencia lingüística que garantizarán la seguridad de la víctima en el proceso de intervención

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha organizado esta semana una formación especializada para las y los intérpretes que atienden a víctimas extranjeras de violencia de género.

Según señala la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, con este curso de 36 horas se retoma la formación para intérpretes con el fin último de evitar la doble victimización de las mujeres extranjeras quienes, tras una agresión, en ocasiones sufrían una asistencia que no era la adecuada.

Por ello, la formación permitirá que las y los intérpretes intervengan de manera específica en los ámbitos judicial y policial, favoreciendo la prestación de un servicio de mediación lingüística que actúe desde la perspectiva de género para garantizar la seguridad de la víctima de violencia de género en el proceso de intervención.

Este programa posibilitará también la puesta en marcha, por parte de la Administración, de un registro de intérpretes especializados en la asistencia lingüística a víctimas extranjeras de violencia de género que pueda dar una respuesta adecuada a las mujeres y a los y las profesionales que intervienen en diferentes contextos de su atención.

Durante la inauguración del curso, que se organiza en colaboración con la Fundación General Universidad de La Laguna y se financia con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, Bonnet aseguró que la tarea de las y los intérpretes debe tener en cuenta el contexto de la violencia de género, que exige un perfil específico de competencias interpretativas, para lo cual resultan esenciales jornadas formativas específicas.

“Si nuestros profesionales no están debidamente cualificados en lo referido a sus competencias lingüísticas, las mujeres víctimas extranjeras de violencia de género pueden verse doblemente victimizadas por el mismo sistema previsto para protegerlas”, afirmó.

Destacó asimismo la importancia de la competencia comunicativa como base de la credibilidad y su influencia sobre el resultado del proceso judicial, y señaló que entre los factores que determinan la concesión de órdenes de protección resalta la capacidad de la mujer para presentar un relato coherente y convincente, que este caso precisa de ser interpretado”.

Durante el curso se abordan contenidos como los recursos de intervención con mujeres víctimas de violencia de género, los protocolos de actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la protección de las mujeres víctimas y la asistencia lingüística a mujeres extranjeras víctimas de violencia de género, así como las especificidades de la interpretación en contextos de intervención con víctimas, la perspectiva de género y código deontológico del intérprete y su autocuidado o la importancia en estos trabajos de contacto tan directo con las víctimas de las técnicas de control emocional.

En total se han ofrecido para este curso 26 plazas destinadas a intérpretes con experiencia en la asistencia lingüística a personas extranjeras en los servicios públicos y de manera específica en el ámbito judicial y policial, así como personas con formación general en interpretación en los servicios públicos. La formación comenzó el pasado 21 de septiembre y se desarrollará hasta el próximo 15 de octubre, con horas teóricas presenciales y prácticas presenciales y online.

El Consejo recibe información sobre contratación de equipos para medir la calidad del aire en edificios judiciales

La actuación tiene como objeto atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente a la COVID-19 y supone un gasto de 181.365 euros

El Consejo de Gobierno recibió hoy, viernes 24 de septiembre, información sobre una resolución de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia para la contratación, por trámite de emergencia, del suministro de equipos purificadores y de medición de la calidad del aire en los edificios judiciales de Canarias, para responder al impacto de la crisis sanitaria motivada por la pandemia.

Dicha actuación, cuyo importe asciende a 181.365 euros (IGIC incluido), se realiza para atender las necesidades derivadas de la protección de las personas para hacer frente a la COVID-19.

Mediante Resolución de 10 de abril se acordó el trámite de emergencia para la contratación del material para purificar y medir la calidad del aire, con el objetivo de evitar, en los edificios administrativos de ámbito judicial, la transmisión por aerosoles de la COVID.

El objetivo es conseguir una mejor calidad del aire en interiores para evitar la propagación aérea del virus a través de sistemas capaces de desinfectar el aire, que se han convertido en una medida de acción y eficacia frente a la transmisión del coronavirus.

El Gobierno destina 2,16 millones de euros a pagos por la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio

El aumento de esa subvención, con destino al Colegio de Abogados de Las Palmas, está justificado, entre otros motivos, por el repunte de la migración irregular y el mayor volumen de procedimientos judiciales en 2021

El Consejo de Gobierno autorizó este jueves, 16 de septiembre, a petición de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la realización del gasto destinado a la concesión de una subvención directa al Colegio de Abogados de Las Palmas por las actuaciones en el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita, correspondiente al segundo trimestre de 2021 y por importe 2.166.040,92 euros.

Se cumple así con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, que establece que corresponde al Gobierno autorizar todos los gastos de cuantía superior a los dos millones de euros.

El motivo de ese aumento respecto al anterior trimestre, cuando se destinaron 1.906.606,71 euros, se debe, en primer lugar, al alza del importe del Turno Especial de Extranjería por el repunte de la migración irregular en el Archipiélago. En el segundo trimestre de 2021, este concepto asciende a 116.493,26 euros, lo que significa que estamos ante el segundo importe más alto desde el inicio de la crisis migratoria, después de los más de 500.000 euros destinados en el cuarto trimestre de 2020.

Por otro lado, ha aumentado el importe del Turno de Oficio, que en este caso asciende a 1.276.412,66 euros. Además, tal y como justifica el Colegio de Abogados de Las Palmas, también ha afectado la entrada en vigor de la Orden de 17 de mayo de 2019, por la que se aprueba los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y la procuraduría en la Asistencia Jurídica Gratuita y el Turno de Oficio.

Asimismo, la incidencia de la pandemia de la COVID-19 en la vida judicial ha supuesto también un incremento del importe debido a la ralentización durante el año 2020 de la gran mayoría de los procedimientos judiciales, lo que ha provocado que este 2021 se hayan retomado los procedimientos que quedaron suspendidos, lo que ha producido un mayor volumen en la facturación de los procedimientos judiciales.

Montserrat García, nombrada directora general de la Función Pública

Montserrat García DG Función Pública

Desde 2002 es personal de la Comunidad Autónoma y ha desempeñado funciones de técnico en la Unidad de Planificación y Ordenación de Recursos Humanos de la Dirección General de la Función Pública

El Consejo de Gobierno acordó hoy, jueves 16 de septiembre, el nombramiento de Montserrat García Santana como nueva directora de la Función Pública, departamento dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez. García es personal de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la categoría profesional de técnico de grado superior, grupo I, en la Unidad de Planificación y Ordenación de Recursos Humanos de la Dirección General de la Función Pública.

García obtuvo la licenciatura en Ciencias Económicas por la Universidad de La Laguna, especializándose en economía regional. Desde el año 2002 hasta la actualidad, ha trabajado en la Administración Pública Canaria, donde tiene amplia experiencia en la gestión de los recursos humanos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Anteriormente a su experiencia como personal de la Comunidad Autónoma, había trabajado en la Federación Canaria de Municipios (Fecam) en la creación de una base de datos económico-jurídico, así como en la elaboración de informes y estadísticas de carácter económico relacionados con la realidad municipal.

Además, estuvo en la Dirección General de Comercio de la Consejería de Industria y Comercio del Gobierno de Canarias realizando labores técnico-administrativas.

Gobierno de Canarias y Secretaría de Estado de Función Pública abordan la reducción de la temporalidad

Gobierno de Canarias y Secretaría de Estado de Función Pública abordan la reducción de la temporalidad

Julio Pérez recuerda que su departamento ha mantenido contacto continuo con los sucesivos equipos del Ministerio para coordinar actuaciones en esta materia

El viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Manuel Martínez, ha mantenido esta semana una reunión en Madrid con la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez, para abordar la situación de temporalidad que afecta a parte del personal de las administraciones públicas, encuentro en el que Sánchez mostró la disposición de su departamento para colaborar con el Ejecutivo canario en esta materia para encontrar una solución a un problema que genera incertidumbre tanto para el personal como para las administraciones públicas.

La secretaria de Estado de Función Pública manifiesta que el Gobierno de España actuará en el marco de lo que establezca finalmente el Proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público que se tramitará en el Congreso de los Diputados.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, recuerda que su departamento, él mismo y el propio viceconsejero han venido manteniendo un contacto continuo con los sucesivos equipos del Ministerio para coordinar las actuaciones de ambas administraciones dirigidas a la reducción de la temporalidad en el empleo público y para resolver la situaciones de los actuales empleados públicos interinos o laborales de larga  duración, que vienen reclamando que se les apliquen medidas que permitan su continuidad en los servicios públicos.

Sin dejar de recordar que la solución completa y legalmente segura tiene que llegar mediante normas de ámbito estatal y carácter básico, el consejero viene resaltando que tales normas podrán permitir que, en la regulación de los procesos selectivos y en otros aspectos, haya espacio para la actuación de los poderes públicos autonómicos, y Canarias ha reiterado su propósito de aprovechar ese espacio y actuar en lo que le sea posible. Prueba de ello son los acuerdos alcanzados con el Comité de Huelga de los empleados públicos interinos, actualmente en curso de ejecución. La Consejería, añade Pérez, viene reclamando y promoviendo la participación de todas las fuerzas sindicales para el abordaje de la cuestión y la búsqueda de soluciones definitivas y firmes.

Martínez califica como positivo el encuentro, en el que también estuvo presente la diputada del PSC- PSOE en el Congreso por Tenerife Tamara Raya, y durante el que trasladaron algunas cuestiones para resolver el conflicto laboral del personal temporal de la Administración Autonómica como el establecimiento de plazos para los procesos selectivos, así como las posibles soluciones que, dentro del marco legislativo estatal y canario, se puedan aplicar en las Islas para lograr empleos estables y de calidad.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 6 de julio un Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que será tramitado como Proyecto de Ley en el Congreso y cuyo primer paso es su remisión a la Comisión de Política Territorial y Función Pública.

A este respecto, Martínez y Raya se reunieron también con el portavoz del PSOE en la citada comisión, José Luis Aceves, para conocer cómo va la tramitación y los plazos previstos para aprobar el proyecto de Ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público y lograr una normativa que permita una mejor gestión del empleo y una solución satisfactoria tanto para el personal como para las distintas administraciones públicas.

 

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Abierto el plazo de inscripción para la formación sobre intervención con hombres que ejercen violencia de género

La actividad formativa, que se enmarca en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, está dirigida a profesionales del ámbito psicosocial y se desarrollará el próximo mes de octubre

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Justicia, en colaboración con la Escuela MeSumaría, ha organizado una actividad formativa para que profesionales del ámbito psicosocial adquieran las competencias adecuadas para impartir talleres socioeducativos dirigidos a hombres denunciados o condenados por delitos de violencia de género, con especial atención en los delitos sexuales. El plazo de inscripción del curso está abierto hasta el 17 de septiembre y las solicitudes se realizarán a través de la web de la Escuela Mesumaría.

La formación, que está financiada con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de género, tiene una duración de 60 horas y se desarrollará de forma semipresencial. La parte presencial, de 48 horas de duración, tendrá lugar del 4 al 21 de octubre en la Escuela MeSumaría, ubicada en las Palmas de Gran Canaria; y la parte online, que tiene como objetivo la realización de las tareas evaluativas de la formación, se desarrollará entre el 22 y 26 de octubre. El curso se oferta para 14 plazas, número que está condicionado por las características del lugar donde se imparte la actividad formativa para cumplir con las directrices por la Covid-19

Los objetivos principales de la actividad formativa son la responsabilidad, concienciación, seguridad de las víctimas y disminución de la reincidencia, entre otros, según explica la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, quien será la encargada de inaugurar el curso el próximo 4 de octubre. Vallejo recuerda que diversos organismos internaciones recomiendan a gobiernos, administraciones públicas y organizaciones comunitarias desarrollar actuaciones de intervención con hombres que han ejercido o ejercen violencia de género como una de las posibles acciones para combatirla.

Contenido y ponentes

El personal que impartirá el curso se compone de personas expertas con amplia experiencia en dirección y equipos de tratamiento en instituciones penitenciarias tanto en el ámbito jurídico como en el ámbito psicológico en materia de violencia de género y violencia sexual y, en el metodológico, con experiencia en el diseño ejecución y evaluación de proyectos socioeducativos con diferentes colectivos sociales, culturales y amplias problemáticas y vulnerabilidades sociales.

Así, las personas participantes en la formación recibirán formación en relación con los ámbitos jurídico, psicológico y metodológico para el abordaje de la problemática de personas denunciadas o condenadas por delitos de violencia de género.

El contenido relacionado con el ámbito jurídico abordará el derecho penal y violencia de género: la mujer como víctima de discriminación y violencia; el papel de instituciones penitenciarias respecto a la LO 1/04 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; la ejecución de las penas de violencia de género en prisión, la suspensión de las penas de violencia de género o los trabajos en beneficio de la comunidad.

En materia psicosocial se impartirá formación sobre intervención terapéutica; inteligencia emocional, asertividad, género y nuevas masculinidades, responsabilidad y empatía hacia la víctima o futuro y nuevas relaciones de pareja, entre otros aspectos. Desde el punto de vista metodológico, se ofrecerán técnicas de diagnóstico de perfiles del grupo participante de los talleres, así como de dinamización de grupos y de evaluación de resultados.

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Autorizados 6,4 millones para la prórroga del contrato de atención de emergencias mediante helicópteros

El Ejecutivo considera este servicio imprescindible para la ejecución de las competencias en materia de rescate y salvamento

El Consejo de Gobierno, en su reunión mantenida hoy en Tenerife, autorizó la prórroga por un año del contrato de servicio público integral de atención de emergencias, protección civil y vigilancia mediante helicópteros multifuncionales y sus dotaciones, por importe de 6.479.708,52 euros. El Ejecutivo canario considera este servicio imprescindible para la ejecución de las competencias en materia de rescate y salvamento en Canarias.

La vigencia del actual contrato, suscrito en 2015, finaliza el 31 de octubre de 2021, por lo que se ha acordado su prórroga durante un año mientras se tramita la licitación de un nuevo contrato, que está en curso de publicación y que por su propia naturaleza implicará un proceso de adjudicación, contratación y puesta en ejecución particularmente laborioso.

La financiación del gasto se realizará en dos anualidades: 1.079. 951,42 euros en el presente año y 5.399.757,10 euros en 2022. El correspondiente a 2021 abarca dos meses, del 31 de octubre al 31 de diciembre y contempla 166,67 horas de vuelo, mientras que la financiación de la prórroga para el año 2022 durará diez meses y recoge 833,33 horas de vuelo. En total, fija un año de disponibilidad y 1.000 horas de vuelo.