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Julio Pérez agradece la labor de Sergio A. Viana en su despedida como comandante jefe de la UME en Canarias

Pérez agradece la labor de Sergio A. Viana en su despedida como comandante jefe de la UME en Canarias

El consejero destaca el quehacer de la Unidad Militar de Emergencias como eficaz complemento de los servicios de emergencia de las Islas durante las muchas situaciones que han generado riesgo u otras necesidades públicas

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha recibido hoy en su despacho al comandante jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Sergio Álvarez Viana, quien se despide de su puesto en las Islas y a quien ha mostrado el reconocimiento y agradamiento del Gobierno de Canarias por su compromiso, dedicación y cooperación que han sido, recalca, inquebrantables a lo largo de su mando en Canarias.

Pérez trasladó también a Álvarez Viana tanto la disponibilidad como la gran labor que ha desarrollado la UME durante su mando como eficaz complemento a los servicios de emergencia de la Comunidad Autónoma de Canarias para garantizar el bienestar y seguridad de la ciudadanía.

Álvarez Viana ha sido durante tres años jefe de la Unidad de Intervención en Emergencias ‘Canarias’, tiempo en el que dicha unidad -con bases en Tenerife y Gran Canaria- ha participado en las labores de extinción de incendios que se han declarado en las islas, el último el registrado en los municipios de El Paso y Los Llanos de Aridane, en la isla de La Palma. Pérez destacó asimismo el quehacer y servicios prestados e intervenciones desarrolladas por los equipos que ha dirigido Álvarez Viana durante la pandemia ocasionada por la Covid-19 y en otras muchas de las situaciones que han generado riesgo u otras necesidades públicas.

En la despedida del comandante también estuvieron presentes el director general de Emergencias y Seguridad del Ejecutivo canario, Gustavo Armas; el comisario del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), Luis Santos; y el cabo mayor de la UME Reinaldo Estévez.

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Gobierno y abogados inician un proyecto de orientación jurídica para personas presas, refugiadas y migrantes

Gobierno y abogados inician un proyecto de orientación jurídica para personas presas, refugiadas y migrantes

Este servicio, que comenzará con el colegio de Abogados de Las Palmas y que se irá extendiendo al ámbito competencial del resto de colegios de abogacía de Canarias, entrará en funcionamiento el próximo mes de septiembre.

El proyecto que se prestará en los centros de refugiados y migrantes contará con la participación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), organización que colaborará con un servicio de intérpretes cualificados y capacitaciones y apoyo técnico en materia de protección internacional.

Las personas ingresadas en centros penitenciarios, así como en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE) y de Atención Temporal para Extranjeros (CATE) contarán con un servicio de orientación jurídica que pondrá en marcha la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias junto con el Colegio de Abogados de Las Palmas.

Para la organización y prestación del servicio de orientación y asistencia jurídica, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado, a propuesta de la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la orden por la que concede una subvención directa, con carácter excepcional de interés público, de 30.000 euros al Colegio de Abogados de Las Palmas. El período de realización de la actividad objeto de subvención abarca del 20 de julio al 31 de diciembre de 2021.

Bonnet especifica que el proyecto se inicia con el Colegio de Abogados de Las Palmas, pero es intención del Gobierno de Canarias extenderlo al ámbito de todos los colegios de abogacía de Canarias, de tal forma que todas aquellas personas que pasen por las mismas situaciones en distintas islas reciban la adecuada asistencia y asesoramiento.

El servicio, detalla, se prestará por abogadas y abogados especializados que deberán superar una formación específica para tal fin, que actualmente se está diseñando y se impartirá en la primera quincena de septiembre, de tal manera que la asistencia jurídica sea efectiva a partir de la segunda quincena de dicho mes.

La Viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, destaca la importancia de que el proyecto cuente con la participación de ACNUR, organización que ofrecerá sus recursos y conocimiento, tanto en la formación de profesionales, como con un servicio de intérpretes cualificados y capacitaciones y con apoyo técnico en materia de protección internacional para las personas refugiadas y migrantes que se encuentren en los CIE y CATE.

Personas internas en centros penitenciarios

Mediante esta actuación, se prestará inicialmente servicio de orientación y asesoramiento jurídico penitenciario a las personas internas recluidas en los centros penitenciarios situados en el ámbito competencial del Colegio de Abogados de Las Palmas (Las Palmas I y II, así como, en el caso de Fuerteventura, la prisión de Tahiche en Lanzarote).

El contenido de esta asistencia se centrará en el asesoramiento sobre su situación penitenciaria, obtención de permisos y posibilidades de progresión de grado, asistiendo a las personas internas en la elaboración de peticiones y recursos dirigidos tanto al Centro Directivo como al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria; y asesoramiento en materia de régimen penitenciario y sistema disciplinario, asistiendo en la elaboración de alegaciones y recursos en los expedientes disciplinarios que se les incoen.

Asimismo, se orientará sobre la situación penal de cada persona interna, en particular en materia de acumulación de penas, sustitución y suspensión de las penas privativas de libertad; y se contactará con el representante legal que tenga designada la defensa y representación de la persona interna con el fin de garantizar la asistencia letrada efectiva y la presentación de los escritos y recursos necesarios para garantizar sus derechos o promover su designación para el caso de que carezca de asistencia letrada o no esté siendo efectivamente prestada.

Personas refugiadas y migrantes

El proyecto incluye la prestación del servicio de orientación y asesoramiento jurídico para las personas refugiadas y migrantes que se encuentran dentro de los Centros de Internamiento de Extranjeros y Centros de Acogida Temporal de Extranjeros del ámbito competencial del Colegio de abogados de Las Palmas. En concreto, actualmente en el CIE Barranco Seco y el CATE Barranco Seco y El Matorral de Fuerteventura.

El contenido de esta asistencia se basará en entrevistas con las personas detenidas en los centros para conocer sus circunstancias personales concretas, con el fin de determinar si concurren supuestos que permitan solicitar y obtener residencia legal en España o protección internacional; así como en asesorar a dichas personas en materia garantías legales en materia de extranjería.

Además, las personas refugiadas y migrantes recibirán información y asesoramiento en materia de derechos, el procedimiento de asilo y la posibilidad de presentar denuncias y quejas ante el Juzgado de Control de los CIEs.

Este proyecto se llevará a cabo en cumplimiento y consonancia con una proposición no de ley, aprobada por la Cámara Autonómica, sobre orientación y asistencia jurídica a personas internas de centros penitenciarios y centros de inserción social que requería del Gobierno de Canarias el impulso de las actuaciones necesarias para dotar económicamente estos servicios.

Bonnet precisa que su objeto, no obstante, y dadas las particulares circunstancias concurrentes, se ha extendido, no solo a las personas internas en centros penitenciarios, sino también a las que se encuentren en centros de internamiento de extranjeros donde las necesidades de asesoramiento y las circunstancias de vulnerabilidad son, si cabe, mayores.

 

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El ICAP convoca 1.030 plazas en cursos para entidades locales de Canarias incluidos en el Plan Formativo 2021

El ICAP convoca 1.030 plazas en cursos para entidades locales de Canarias

El plazo de presentación de solicitudes para participar en las actividades formativas estará abierto hasta el próximo 13 de agosto

La directora del ICAP, Eva de Anta, destaca que la formación constituye una herramienta imprescindible para conseguir objetivos de eficacia, modernización e innovación

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) la resolución por la que se convocan las actividades formativas para entidades locales, incluidas en el Plan de Formación de 2021, que se celebrarán entre el 13 de octubre y el 3 de diciembre. En esta edición se ofertan 1.030 plazas y las personas interesadas en participar en los cursos deberán presentar la correspondiente solicitud entre mañana 23 de julio y el próximo 13 de agosto (ambos inclusive).

Este año se impartirán ocho cursos, con un total de 23 ediciones y 431 horas de duración, y todos ellos se desarrollarán en la modalidad online, según informa la directora del ICAP, Eva de Anta, quien recuerda que la formación del personal público constituye una herramienta imprescindible para conseguir objetivos de eficacia, modernización e innovación en las administraciones públicas.

De Anta destaca que el Plan de Formación para las Entidades Locales 2021, aprobado el pasado 12 de julio, está orientado a promover el desarrollo integral del personal al servicio de las administraciones locales desde los ámbitos personal y profesional, al tiempo que se facilita la adquisición de habilidades y la mejora de capacidades y competencias para optimizar los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía.

La directora del ICAP señala que las acciones formativas que configuran el Plan se desarrollarán online, al considerar que con esta modalidad se ofrece la posibilidad de formar a un mayor número de empleadas y empleados públicos, especialmente a quienes por su jornada de trabajo o por razones de conciliación familiar tienen mayor dificultad para acceder a la formación presencial, a la vez que se disminuyen las dificultades del desplazamiento derivado de la lejanía o la insularidad.

Cursos de carácter transversal

Las actividades que se convocan en esta edición contemplan cursos de carácter transversal agrupados en las áreas de conocimiento de organización del trabajo y mejora de habilidades; tecnologías de la información y la comunicación; económica-Presupuestaria; jurídica-administrativa; políticas de igualdad, Unión Europea; ordenación del territorio y medio ambiente; prevención de Riesgos laborales y salud laboral; e información y atención a la ciudadanía.

La directora del ICAP explica que, para la definición de las acciones formativas que integran el Plan, se ha tenido en cuenta el análisis de los datos relativos a la demanda registrada en las actividades celebradas en el ejercicio 2020 y los resultados de ejecución y evaluación de las mismas, por lo que se han incluido algunas acciones formativas que han tenido una amplia demanda y buena valoración por parte de las personas participantes.

También se han atendido, detalla, las solicitudes recibidas del personal de las entidades locales en las actividades convocadas del Programa Interadministrativo, así como la información remitida por la Federación Canaria de Municipios sobre necesidades formativas detectadas por el personal del ámbito local, además de las aportaciones recibidas por las organizaciones sindicales.

Materias formativas

En el área de organización del trabajo y mejora de habilidades, la formación versará sobre habilidades directivas para jefaturas intermedias y sobre organización del trabajo administrativo y gestión eficaz del tiempo y, en el área de tecnologías de la información y la comunicación, las actividades se centrarán en el nuevo reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, ciberseguridad para usuarios y trabajo con documentos en PDF.

La gestión de subvenciones: tramitación y control será la acción formativa que se impartirá en el área económica-presupuestaria, mientras que el lenguaje y la comunicación no sexista en la administración pública y la igualdad entre mujeres y hombres serán objeto de la formación el área de políticas de igualdad. Respecto a la formación relacionada con la Unión Europea, ésta se basará en el Instrumento de recuperación Next Generation.

La implantación de los objetivos de desarrollo sostenible en las administraciones públicas, en el marco de la Agenda 2030; el procedimiento administrativo común y la Ley de protección de datos y garantía de los derechos digitales y la modernización del lenguaje administrativo serán algunas de las materias que se abordarán en el área jurídica-administrativa.

Entre otras acciones formativas, también se impartirán aquellas relacionadas con habilidades sociales en atención a la ciudadanía, en el área de información y atención a la ciudadanía; licencias e infracciones urbanísticas, así como buenas prácticas ambientales, en el área de ordenación del territorio y medio ambiente); y el acoso laboral y la gestión del estrés laboral en el campo de prevención de riesgos laborales.

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El Gobierno desarrolla un plan funcional para adaptar los espacios judiciales a las necesidades de las víctimas

El proyecto comenzará con la Casa de la Infancia, que se construirá en el Instituto de Medicina Legal de Las Palmas de Gran Canaria, dando cumplimiento a la recientemente aprobada Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, está desarrollando un plan funcional sobre el espacio, mobiliario y dependencias de uso de las víctimas dentro de los órganos judiciales con el fin de adaptar estos espacios judiciales a nuevos modelos organizativos que respondan a las necesidades específicas de las personas que los usan y trabajan en ellos. El primero de estos espacios adaptados será el de la Casa de la Infancia, que comenzará en breve su construcción en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Las Palmas de Gran Canaria, mientras que el resto de edificios judiciales irá adaptándose entre 2022 y 2023.

Con el planteamiento de estas nuevas salas de espera, atención y declaración específicas para las víctimas se busca evitar situaciones en las que estas puedan verse expuestas públicamente, lo que provoca su doble victimización, así como dotar el proceso de declaración y toma de pruebas de una mayor seguridad, lo que permitirá prevenir el aumento del estrés de estas personas.

Esta mejora en la atención está impulsada desde la Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, que ha encargado el análisis de las instalaciones judiciales en las Islas y el diseño del proyecto.

Casa de la Infancia

La Casa de la Infancia adaptará los espacios judiciales en los que se trata con víctimas menores de edad a nuevos modelos organizativos que promoverán evitar el contacto entre ellas y el procesado en cualquier fase del procedimiento y que tratarán de evitar, siempre que sea posible, que las y los menores de edad deban prestar declaración en el plenario.

Según señala la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, el espacio dará cumplimiento a la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, que fue aprobada el pasado mes de junio. En ella se remarca la importancia de los espacios como entornos adaptados a las víctimas menores de edad.

En concreto, en esta normativa, en el artículo 10, se apunta sobre el derecho de las víctimas a ser escuchadas y, para ello, se hace hincapié en que para ello se asegurará la adecuada preparación y especialización de profesionales, metodologías y espacios con el fin de que el testimonio de la víctima se obtenga con rigor, tacto y respeto. Además, el artículo 11 recoge que las administraciones públicas procurarán que la atención a las personas menores víctimas de violencia se realice en espacios que cuenten con un entorno amigable adaptado.

En la actualidad se cuenta con varias salas de espera adaptadas para menores que serán renovadas con este nuevo diseño. En concreto, el proyecto unirá estas en una gran sala de espera en las que las víctimas podrán deambular, aparte de dos salas de espera privadas para casos especiales. Estas serán espacios cálidos que contarán con vegetación interior y mobiliario en tonos cálidos y ergonómicos para mejorar la confianza de las personas.

También se reordenará el espacio dedicado a las salas Gessel, pasando a contar con cuatro salas de este tipo y dos polivalentes para la toma de declaración de menores por videoconferencia, entrevistas a menores o para pruebas constituidas. Así mismo, todos estos espacios contarán con luz y ventilación natural.

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Concedidas subvenciones por 827.600 euros para los Puntos de Encuentro Familiar en el primer semestre de 2021

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad otorgó un total de ochos ayudas para programas PEF en Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife y Fuerteventura

El Consejo de Gobierno recibió hoy jueves, 15 de julio, información sobre las subvenciones otorgadas durante el primer semestre de 2021 por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad destinadas a los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), espacios neutrales que favorecen las relaciones de menores con sus progenitores y/o familiares en situaciones de conflicto. En los primeros seis meses del año se otorgaron ocho subvenciones por un importe total de 827.656,41 euros.

En concreto, se otorgaron tres subvenciones a la Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial +Familia dirigidas a los programas ‘Punto de Encuentro Familiar específico de Violencia de Género en Gran Canaria’, por importe de 122.702,23 (euros); ‘Implementación de la perspectiva de género en el Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote’, por un total de 44.980,77 euros; y ‘Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote’, con 122.895,99 euros.

La Asociación Domitila Hernández desde Tacoronte por la Igualdad de Género recibió dos subvenciones destinadas a los programas ‘Punto de Encuentro Familiar familias Domitila’ en el Sur de Tenerife (173.747,39 euros) y ‘Punto de Encuentro Familiar Viogensur Miradas Resilientes’ (47.000 euros).

Las tres ayudas restantes se concedieron a la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife, consignadas a los programas ‘Punto de Encuentro Familiar en Fuerteventura (96.263,44 euros), ‘Punto de Encuentro Familiar Norte de Tenerife’ (55.978,28 euros) y ‘Punto de Encuentro Familiar de Santa Cruz de Tenerife’ (164.088,31 euros).

 

La asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio reciben 10,3 millones en el primer semestre de 2021

Los cuatro colegios de abogados de Canarias perciben 9.045.554,61 euros, mientras que los dos colegios de procuradores obtienen 1.339.873,3 euros

El Consejo de Gobierno conoció hoy jueves, 15 de julio, las subvenciones concedidas en el primer semestre de 2021 a los colegios de abogados y procuradores de las Islas para la prestación de la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio, que en total ascienden a 10.385.427,91 euros y que han sido tramitadas por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Dichas ayudas se otorgaron a los colegios de abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote por importe total de 9.045.554,61 euros, y a los colegios de Procuradores de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con 1.339.873,3 euros.

Respecto a la relación de subvenciones, un total de 5.223.593,48 euros correspondieron al Colegio de Abogados de Las Palmas; 2.679.484,19 euros al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife; 657.090,53 al de Lanzarote; y 485.386,41 al de Santa Cruz de La Palma.

En cuanto a los colegios de procuradores, al de Santa Cruz de Tenerife se le otorgaron 730.953,7 euros en subvenciones, y al de Las Palmas, un total de 608.919,6 euros.

Con esta dación de cuentas se cumple con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021, que establece que semestralmente se dará cuenta al Ejecutivo canario de las subvenciones concedidas a los colegios de abogacía y procuraduría.

Personal público se forma para impulsar y gestionar proyectos de innovación en la Administración canaria

Personal público se forma para impulsar y gestionar proyectos de innovación en la Administración Canaria

La actividad formativa está organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios como base para crear un espacio de conocimiento que posibilite construir una red profesional de personas innovadoras

Personal público del Gobierno de Canarias ha participado hoy en un taller de trabajo dirigido a impulsar y gestionar proyectos de innovación en la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como a crear un espacio estable y dinámico de encuentro y de conocimiento corporativo para el desarrollo de una administración innovadora. Esta iniciativa forma parte marco de referencia de innovación pública que se viene desarrollando en los últimos meses.

La acción formativa, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios (DGMCS), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, pretende consolidar las bases para crear una esfera de conocimiento que posibilite ir constituyendo una red profesional de personas innovadoras como un lugar de encuentro que aporte valor y sinergias a la organización.

Así lo indicó la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, durante la inauguración del taller, y señaló que se trata de crear un espacio de encuentro en el que se fomente la gestión del conocimiento, basado en la inteligencia colectiva, como una forma diferente de trabajar, localizando y poniendo en valor el talento.

Se pretende generar entornos colaborativos que potencien la participación del personal público para lograr una administración innovadora, afirmó Álvarez, quien detalló que todas las áreas del Ejecutivo canario trabajan de forma coordinada

El taller formativo, impartido por Amalio Rey, director de eMoTools SL y coautor de la innoguía ‘La hoja de ruta para innovar’, tiene como objetivos familiarizar a las personas participantes con conceptos y herramientas sobre dinamización digital de espacios de innovación pública, recoger sugerencias de posibles contenidos que podría incluir el espacio de conocimiento corporativo y diseñar un modelo de actualización de contenidos que sea distribuido, participativo y que implique a la comunidad innovadora del sector público canario.

 

 

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Canarias pone en funcionamiento el juzgado Mercantil 3 de Las Palmas y ultima el Social 9 de Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad puso en marcha el pasado 30 de junio el Juzgado de lo Mercantil 3 de Las Palmas en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria

El Juzgado de lo Social 9 de Santa Cruz de Tenerife estará situado en el Edificio El Cabo, donde hoy está el Juzgado de lo Mercantil 1, que se trasladará junto al Mercantil 2, permitiendo agrupar órganos de la misma jurisdicción en edificios comunes

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha puesto en funcionamiento el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Las Palmas, que se inauguró el pasado 30 de junio, y ultima la apertura, para el día 30 de octubre, del Juzgado de lo Social 9 de Santa Cruz de Tenerife.

Según explica la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la creación de estos dos juzgados es una respuesta específica del Gobierno de Canarias ante las consecuencias de la crisis sanitaria, que ha provocado un incremento de la litigiosidad “particularmente notable” en las jurisdicciones social y mercantil. Por ello, el pasado verano se solicitó al Ministerio de Justicia tres juzgados con los que hacer frente a este aumento, poniéndose en marcha el primero de ellos a finales de 2020, cuando se abrió el Juzgado de lo Social 11 de Las Palmas.

El Juzgado de lo Mercantil 3 de Las Palmas está ubicado en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria, en la misma planta que están situados los mercantiles 1 y 2, lo que, como recuerda Vallejo, favorecerá en el futuro su reconversión como Tribunal de Instancia.

En cuanto al Juzgado de lo Social 9 de Santa Cruz de Tenerife, estará situado en el Edificio El Cabo de la capital tinerfeña, donde está en la actualidad el Juzgado de lo Mercantil 1 de Santa Cruz de Tenerife, que se trasladará a la calle Álvaro Rodríguez López, número 19, junto al Mercantil 2.

Este incremento y redistribución de espacios permite a la ciudad de Santa Cruz de Tenerife contar con instalaciones para dos nuevas unidades judiciales, además de resultar una organización más eficiente, por cuanto se agrupa a órganos de una misma jurisdicción y especialidad en edificios comunes.

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La Comisión de Policías Locales inicia los trabajos para elaborar el proyecto de la nueva Ley de Coordinación

La Comisión de Policías Locales inicia los trabajos para elaborar el proyecto de la nueva Ley de Coordinación

El borrador de Anteproyecto de Ley recoge los cometidos competenciales asumidos tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía

La Comisión de Coordinación de Policías Locales de Canarias, presidida por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno canario, Julio Pérez, aprobó hoy la creación de grupos de trabajo para el estudio del borrador de Anteproyecto de Ley de Ordenación General y Coordinación de las Policías Locales, con el que se pretende sustituir la norma vigente que data de 1997. Pérez confía en que el nuevo texto pueda convertirse en Proyecto de Ley antes de que culmine el presente año con el horizonte de que sea aprobado definitivamente a lo largo de 2022.

El consejero explicó que la elaboración del nuevo texto legislativo, que servirá de punto de partida para el debate en el seno de la comisión, se ha demorado debido a lo establecido tras la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias, que refuerza las competencias asumidas por la Comunidad Autónoma en materia de seguridad, así como por el hecho de que el anterior texto no llegó a concretarse al no haber obtenido el respaldo de los grupos parlamentarios y entidades municipales.

Todo ello unido a las dudas de que la comisión no cumplía con las normas de paridad establecidas ha retrasado la celebración de la Comisión en esta Legislatura, aclaró Pérez, quien trasladó sus disculpas por el retraso y se congratuló por el inicio de los trabajos sobre el borrador del Anteproyecto de ley que, resaltó, es un punto de partida y está sujeto a las modificaciones y aportaciones que se acuerden.

El objetivo, afirmó el consejero, es contar con una nueva disposición legal que afronte los dos cometidos competenciales asumidos estatutariamente:  la ordenación general a nivel normativo de los cuerpos de Policía Local canarios, en su vertiente orgánica, funcional y funcionarial; y la regulación de los medios y sistemas que permitan la acción conjunta para la integración de las respectivas actuaciones particulares en el conjunto del sistema de seguridad ciudadana.

Pérez destacó la importancia de tener una legislación integral, dado que la regulación de las policías locales de Canarias es de las más compleja, al estar implicadas en ella tres normas, y abogó por hacerlo sin precipitación, con delicadeza y diálogo. El consejero confió en que el final del proceso sea que la nueva ley fructifique y no fracase como el texto anterior.

Grupos de trabajo

La Comisión, integrada por representantes de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la Federación Canaria de Municipios (Fecam), los sindicatos más representativos (CC.OO. UGT y CSIF) y la asociación de jefes de Cuerpos de la Policía Local, aprobó -con la abstención de CSIF- la creación de grupos de trabajo técnicos que están compuestos por  un representante por cada sindicato, otro por los jefes de Cuerpos de Policía Local, dos por la Fecam y otros dos por la Consejería con competencias en la materia, a lo que se podrá unir una persona como asesora por cada una de las partes.

Durante la reunión también se aprobó el reglamento de la Policía Local de Tazacorte, se presentó el Plan de Formación para el presente ejercicio y se informó sobre el convenio suscrito con al Fecam para que las convocatorias de plazas por los ayuntamientos se realicen de forma unificada.

 

 

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El Gobierno inicia los trámites urbanísticos para construir el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife

El Gobierno inicia los trámites urbanísticos para construir el Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife

La actuación de ordenación con respecto al planeamiento vigente no varía la edificabilidad actual, aumenta los espacios libres en más de 30.000 metros cuadrados, disminuye la superficie de viario en casi 35.000 metros cuadrados y reduce a cero el aprovechamiento lucrativo

El Gobierno de Canarias ha iniciado los trámites de adaptación de la ordenación urbanística vigente en la zona de Cabo Llanos de la capital tinerfeña para adecuarla a los nuevos requerimientos funcionales y de superficie necesarios para la llevar a cabo el desarrollo del Palacio de Justicia en el municipio capitalino. Para ello, modificará parte del instrumento de ordenación del Plan General de Santa Cruz de Tenerife mediante su suspensión en el ámbito de Cabo Llanos, para lo que se han elaborado normas sustantivas aplicables de manera transitoria sobre los terrenos en los que se propone la suspensión del Plan.

El objetivo es dar cobertura a un uso judicial concentrado territorialmente, pero distribuido diferencialmente según los distintos órganos judiciales y usos complementarios a albergar. La propuesta de ordenación con respecto al planeamiento vigente no varía la edificabilidad actual, aumenta los espacios libres en más de 30.000 metros cuadrados, disminuye la superficie de viario en casi 35.000 metros cuadrados y reduce a cero el aprovechamiento lucrativo.

Esta actuación se ha llevado a cabo de común acuerdo con los distintos departamentos del Ejecutivo autonómico titulares de las parcelas afectadas que acogerán el Palacio de Justicia (Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes), y con la disposición favorable de los servicios técnicos y urbanísticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Así lo anunciaron hoy los consejeros de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, Julio Pérez y José Manuel Valbuena, respectivamente, junto al alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, durante la presentación de las normas aplicables de manera transitoria.

Se trata de una opción que permitirá ubicar la mayor parte del Palacio de Justicia en dos edificios casi contiguos, separados por una plaza, con la edificabilidad necesaria y lo suficientemente cercanos para permitir su conexión. Se persigue así reducir la excesiva altura prevista para la mayoría de los edificios que se ejecutarán en la zona sin que ello suponga una merma en su aprovechamiento, ampliando las zonas verdes en el espacio de Cabo Llanos.

Julio Pérez detalló que se ha terminado la elaboración de las normas urbanísticas, que posibilitarán edificar un nuevo edificio que permitirá concentrar todos los órganos judiciales y servicios complementarios, aunque en varios edificios. Normas que, apuntó, sustituyen a las vigentes para el espacio de Cabo Llanos y que deben estar en armonía con aquellas que regulan las actividades públicas y privadas en la zona.

Emplazamiento, dotaciones y equipaciones  

Para la composición de dichas normas, llevada a cabo por la empresa pública Gestur, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad estableció varios criterios y directrices, como el emplazamiento de manera definitiva en la zona de Cabo Llanos y el mantenimiento de las dotaciones y equipaciones básicas (educativas, sanitarias y plaza pública, entre otros), y se decidió que los nuevos edificios se proyectaran manteniendo la ocupación y el aprovechamiento del actual Palacio de Justicia. “Todo ello con la mayor delicadeza, respeto y coordinación con las demás administraciones y sobre todo con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que tiene la potestad de la planificación de la ciudad”, remarcó Pérez.

Valbuena indicó que el objetivo perseguido en Santa Cruz de Tenerife es lograr una centralidad administrativa que optimice y mejore la relación de la ciudadanía con las administraciones, aportando un principio de economía y agilidad al sistema administrativo judicial. Manifestó que el hecho de contar con una bolsa de suelo de titularidad pública en Cabo Llanos aporta al proyecto viabilidad económica, además de una importante ganancia de aprovechamiento ciudadano de más de 50.000 metros cuadrados y un frente marítimo envidiable en Santa Cruz de Tenerife.

Detalló que la siguiente fase será la evaluación ambiental de la propuesta y la publicación del informe del impacto ambiental estratégico para, después, tramitar la propuesta de suspensión, que irá acompañada de las Normas Sustantivas Transitorias. Posteriormente, agregó, se podrá pasar a una tramitación final, donde tendrá que someterse a un proceso de audiencia por parte de las administraciones públicas y de consulta pública que terminarían con la futura aprobación, si todo sale bien, en el Consejo de Gobierno. Es un proceso que se prevé que esté disponible a lo largo de 2022.

“Para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife es un día importante” afirmó Bermúdez, quien señaló que con la propuesta se resuelve el anhelo de todo el sector jurídico y judicial y de la ciudadanía al concentrar en un mismo espacio las sedes judiciales en la capital tinerfeña y también permite una mejor ordenación de la zona, que contará, dijo, con mayores espacios de equipamiento público y zonas verdes.

Se trata también de una propuesta de mejora para los vecinos y vecinas de la zona y para toda la ciudadanía que transiten por ella, remarcó Bermúdez, quien destacó el trabajo realizado por la Concejalía de Urbanismo y por el consejero Julio Pérez.

Cambios urbanísticos

Para llevar a cabo los cambios urbanísticos se han elaborado unas Normas Sustantivas Transitorias de aplicación en el ámbito de la suspensión que viabilizan, planifican y regulan la adaptación de la ordenación vigente a los nuevos requerimientos funcionales y necesarios para la implantación del Palacio de Justicia en tanto el instrumento correspondiente asume la nueva ordenación.

Los objetivos territoriales se basan en la centralidad administrativa, la economía y agilidad del sistema administrativo judicial, la cobertura del programa de necesidades de la Administración de Justicia, la accesibilidad intermodal (aeropuerto, puerto, tranvía y coche), la repercusión en la zona y la disponibilidad del suelo, así como en la viabilidad económica.

Desde el punto de vista urbanístico, contempla la cobertura urbanística e inserción en el sistema de planeamiento, un espacio de calidad para la ciudadanía (Plaza de la Justicia), movilidad óptima, dotación y equipamientos locales y agilidad y armonía del planeamiento.

Ámbito de suspensión

El ámbito de la suspensión en Cabo Llanos se desarrolla como dos espacios rectangulares, ortogonales entre sí. La primera de ella se extiende de Este a Oeste entre las calles Álvaro Rodríguez López, Adán Martín Menis, una peatonal, que discurre junto a la sede de la compañía petrolífera canaria Disa y un edificio residencial, y la avenida La Constitución o autopista de conexión TF-4, incluida en el ámbito. Esta parte crece irregularmente al suroeste para incluir los suelos situados entre el Espacio Cultural El Tanque y las dos torres.

Es segundo espacio, Norte-Sur, se delimita entre la rotonda de entrada a la avenida Tres de Mayo, el trazado de las avenidas La Constitución y Víctor Zurita Soler, y su encuentro al Sur con el primer espacio rectangular. Por último, el ámbito extiende un brazo en dirección Sur incluyendo así parte de la avenida de La Constitución, aproximadamente hasta su encuentro con la avenida Manuel Hermoso Rojas.

El ámbito de la suspensión encierra una gran extensión de suelos vacantes y únicamente dos edificaciones: el actual Palacio de Justicia y un edificio de oficinas cuya ejecución no ha llegado a término. La gran mayoría de los suelos no se destinan a ningún uso en la actualidad, exceptuando el desarrollo de algunos usos temporales, como el depósito municipal de vehículos y un recinto destinado a la hostelería.

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