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Transportes abona a Naviera Armas 1,5 millones de euros para compensar la bonificación a residentes en Canarias

Con este dinero se bonifica el 25% que asume el Ejecutivo regional del coste de los billetes de los 139.524 canarios que viajaron en los barcos de esta compañía

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, ha ordenado el abono a Naviera Armas SA de 1.582.777 euros en concepto de compensación por el 25% de la subvención para residentes canarios (el otro 50% lo abona el Estado) por viajes interinsulares en el primer trimestre del año 2021, una vez la compañía naviera ha presentado toda la documentación requerida.

Esta cantidad corresponde a los 139.524 billetes emitidos por esta operadora marítima entre enero y marzo de este año a residentes en Canarias, para desplazarse entre las islas por mar. Para calcular la cuantía a ingresar a las navieras que operan en las islas se tiene en cuenta la liquidación del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana sobre las cantidades aportadas por las empresas al Estado.

Para obtener esta compensación las navieras están sujetas a una serie de obligaciones, como la de efectuar comprobaciones sobre la identidad de la persona a la hora del embarque, facilitar toda la información que les sea requerida por la administración autonómica, someterse a cualquier actuación de comprobación y conservar copia de los billetes bonificados y de los certificados de residencia o DNI de los beneficiarios de la bonificación del 75%.

Esas partidas presupuestarias se realizan con carácter trimestral, en virtud del Decreto 222/2000, de 4 de diciembre, por el que se establece el régimen de bonificaciones al transporte marítimo interinsular de viajeros residentes en Canarias, contribuyendo el Ejecutivo autonómico con el 25% del total.

Con el abono de estas partidas a las compañías marítimas que operan en las Islas, el objetivo del Gobierno de Canarias es minimizar los efectos de la doble insularidad ofreciendo un servicio óptimo tanto en calidad como en frecuencia y apostando por la conectividad interinsular en el Archipiélago.

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Obras Públicas finalizará en noviembre el nuevo puerto de Playa Blanca tras una inversión de 40,3 millones de euros

El consejero Sebastián Franquis asegura en el Parlamento regional que “si en un escenario próximo se plantea que puedan operar los cruceros, solo lo haremos con el consenso del Cabildo de Lanzarote”

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha anunciado hoy en el Parlamento de Canarias que las obras de ampliación del puerto de Playa Blanca, en el término municipal de Yaiza, en la isla de Lanzarote va a un ritmo “óptimo” y ya se ha ejecutado el 90% de la misma por lo que se cumplirán las previsiones de finalizarla en el próximo mes de noviembre. El consejero recordó también que esta obra, que se ejecuta con una inversión de 40,3 millones de euros procedentes en gran parte de fondos FEDER, se planificó sin contar en un futuro su uso como puerto de cruceros, algo que sí permitiría la ampliación que se ejecuta actualmente.

“Desde el inicio de su planificación la ampliación del puerto de Playa Blanca no estuvo planteada para que operaran cruceros, pero dicha ampliación ya permitiría operar a cruceros medianos de algo más de 200 metros de eslora. Pero si en un escenario próximo se plantea que puedan operar los cruceros, solo lo haremos con el consenso del Cabildo de Lanzarote. Y esa es la posición del Gobierno”.

Durante una comparecencia a preguntas de la oposición en el Parlamento, el consejero regional afirmó que la Consejería ha seguido en la obra de Playa Blanca la planificación que dejó prevista el anterior Gobierno que puso en marcha las obras en 2017, una planificación que preveía ampliar la dársena exterior pero que, en principio, no preveía la posibilidad de albergar cruceros.

“En torno al uso del puerto de Playa Blanca ha habido un debate en la sociedad conejera en los últimos años sobre si era viable o no su inclusión en las rutas de cruceros, incluso algunos sectores económicos de la isla se mostraron abiertamente en contra”, expuso el consejero regional, “desde el Gobierno siempre hemos mantenido la planificación inicial del proyecto de ampliación, pero como somos conscientes de la importancia de este debate en la sociedad conejera, cuando acaben las obras y llegue el momento de debatir los usos futuros del puerto de Playa Blanca lo hablaremos con el Cabildo. Lo que buscamos es evitar en una guerra de intereses económicos que no interesa a nadie porque no fue esa la razón que motivó poner en marcha las obras de ampliación de Playa Blanca”.

Sebastián Franquis también anunció que tras la recepción de las obras en noviembre se inicia un proceso administrativo que llevará a tener a pleno rendimiento el nuevo puerto de Playa Blanca en el primer trimestre de 2022, salvo la línea interinsular de ferris entre Lanzarote y Fuerteventura que este mismo verano ya operarán desde la nueva dársena.

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Obras Públicas contribuye en la recuperación del sector de la construcción con la inversión de 536 millones

El consejero Sebastián Franquis afirma en el Parlamento que la inversión de su departamento fomenta que el sector de la construcción tire del empleo en Canarias, un sector que durante la pandemia ha incrementado en más de 6.000 las afiliaciones de trabajadores a la Seguridad Social

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha asegurado hoy en el Parlamento de Canarias que la adjudicación de obra pública de su departamento continua a un ritmo óptimo y ha puesto como ejemplo las actuaciones de obras de carreteras, puertos y viviendas que se han puesto en marcha en los últimos 21 meses -desde julio de 2019- en Canarias y que suponen una inversión global de 536 millones en lo que va de legislatura. Además, Franquis señaló que el índice de licitaciones de obras públicas no solo no ha disminuido sino que se ha aumentado en los últimos dos años, contribuyendo a impulsar al sector de la construcción en las Islas incluso durante la pandemia de COVID-19, ya que de febrero de 2020 a mayo de este año se ha incrementado en 6.296 las afiliaciones a de trabajadores de este sector a la Seguridad Social, según datos de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

“La construcción en Canarias es uno de los pocos sectores que está tirando del empleo. No ahora este mes, sino durante toda la pandemia”, manifestó el consejero Franquis, “por tanto, considero yo, algo tiene que ver los 536 millones que se han invertido desde la Consejería de Obras Públicas en los últimos 21 meses. Y creo que así lo reconocen los propios representantes del sector en Canarias, que son conscientes que debido a ese esfuerzo presupuestario realizado por esta Consejería, se ha logrado contribuir no solo mantener, sino aumentar la generación de empleo en el sector, como demuestran esos más de 6.000 nuevos cotizantes registrados durante la pandemia”.

Ante una interpelación de la oposición sobre la cantidad de licitaciones de obra pública entre el primer trimestre 2020 y el de 2021, el consejero Franquis recordó que se trata de una “interpretación sesgada” de la realidad ya que en enero del año pasado se licitó una obra de más 100 millones de euros que no ha tenido su correspondencia en enero de este año. “El comparar datos de licitación en base a mes por mes creo que es injusto ya que estamos hablando de obras que llevan un proceso administrativo largo en el tiempo, que pasan de cuatro a cinco meses. Creo que lo razonable es que las comparaciones de esta naturaleza se hagan de forma semestral o anual. Planificar este tipo de actuaciones de grandes infraestructuras implican tramitaciones largas y la Consejería está preparando ahora mismo proyectos que supondrán una inversión de 900 millones en los próximos dos años, por tanto, dicha planificación es imposible hacerla mes por mes”, concluyó el consejero.

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El Gobierno de Canarias convenia con la FECAM una inversión de 14,5 millones para combatir la despoblación rural

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda Sebastián Franquis, firma con la FECAM un convenio para que esta asociación de municipios coordine con los ayuntamientos el fondo regional con el que el Gobierno canario financiará actuaciones de adquisición, construcción y rehabilitación de viviendas públicas destinadas al alquiler social, así como la rehabilitación de viviendas privadas en los 58 municipios canarios de menos de 20.000 habitantes para fijar su población

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha firmado hoy con la Federación Canaria de Municipios (FECAM) el convenio de cooperación por el que esta asociación se encargará de gestionar el Programa para Combatir la Despoblación en el Medio Rural, un programa novedoso e inédito incluido dentro del Plan de Vivienda 2020-2025 y que el Ejecutivo canario dota de 14,5 millones de euros a repartir entre 58 municipios de las islas. Este fondo extraordinario financiará la adquisición, construcción o rehabilitación de inmuebles públicos para destinarlos al alquiler social, y será distribuido por el Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) entre aquellos ayuntamientos con menos de 20.000 y fomentará además que se rehabiliten aquellas viviendas privadas como incentivo a permanecer en esos entornos rurales y fijar así su población.

“Con la firma de este convenio la FECAM se convierte en entidad colaboradora del Gobierno para tramitar la inversión de estos 14,5 millones destinados a la compra, construcción y rehabilitación de viviendas en alquiler asequible de la que se benefiarán 58 municipios canarios, es decir, el 66% de los municipios de la Comunidad”, aseguró el consejero Franquis, “con esta firma se da un paso más en el desarrollo del Plan de Vivienda 2020-2025 que, como se demuestra con este programa, se convierte en un instrumento de cogobernanza con otras administraciones, enriqueciéndose, en este caso, con la experiencia del municipalismo que aporta la FECAM”.

La firma de este convenio tuvo lugar hoy, lunes 21, en la sede de la FECAM en Santa Cruz de Tenerife y además del consejero Franquis acudieron al evento la directora del ICAVI, María Isabel Santana, y la presidenta de la entidad que aglutina a los municipios canarios, Mari Brito, que firmó el convenio en nombre de la FECAM.

El consejero recordó que este programa previsto en el nuevo Plan de Vivienda y dedicado específicamente a combatir la despoblación rural en los municipios menos poblados responde a la petición que realizó la FECAM, a través de la Comisión de Obras Públicas, Transporte, Movilidad y Vivienda, que cuenta con una amplia experiencia en la cooperación y asistencia a municipio, durante las reuniones previas a la elaboración del citado Plan. Gracias a este programa específico, se crea una nueva línea de ayudas a los ciudadanos con una dotación de 14,5 millones de euros que gestionarán directamente los ayuntamientos de los 58 municipios de menos de 20.000 habitantes que hay en Canarias.

“La firma de este convenio supone cumplir uno de los hitos de esta legislatura ya que se da respuesta a uno de los grandes anhelos del municipalismo de los últimos años y se atiende a una reivindicación histórica de la FECAM como es implementar desde el Gobierno políticas concretas para combatir la despoblación del medio rural”, agregó Mari Brito.

Esta línea de ayudas dará prioridad a la rehabilitación de viviendas ubicadas en estos enclaves rurales. Se pretende incentivar este tipo de obras para dotarlas de las adecuadas condiciones de habitabilidad, ahorro de consumo energético, elementos estructurales y, en definitiva, facilitar todas aquellas obras necesarias para el adecuado mantenimiento de las mismas. Además, el envejecimiento progresivo de la población, sobre todo en el entorno rural, requiere también de medidas concretas para acceder a la vivienda y fomentar la eliminación de barreras arquitectónicas.

El reparto de estos 14,5 millones entre los 58 municipios menos poblados de las islas se realizará en base a tres criterios: solidaridad, población y demandantes de vivienda protegida. Como fondo de solidaridad se reparte una cantidad fija de 50.102 euros que es igual para todos los ayuntamientos. A esa cantidad hay que sumar luego otros dos conceptos: el de población y el del número de demandantes de vivienda pública que exista en dichos municipios (a razón de 2.302 euros por cada demandante). De esta forma se garantiza un reparto equilibrado del fondo de 14,5 millones.

Las subvenciones que se repartan entre los ayuntamientos de municipios de menos de 20.000 habitantes se destinarán a tres objetivos. Por un lado, incrementar el parque público de alquiler social a través de la rehabilitación de inmuebles en desuso que sean de titularidad municipal. También servirán estos fondos para promover la rehabilitación de viviendas de titularidad privada, cuyos propietarios reúnan los requisitos necesarios, para dotarlas de las adecuadas condiciones de habitabilidad. Por último, una parte de este fondo extraordinario servirá para fomentar la adquisición o construcción por parte de los ayuntamientos, de viviendas en régimen de alquiler en esos municipios con menos población de las islas.

Este programa novedoso del Gobierno canario está encaminado a que se consiga el objetivo marcado en el propio Plan de Vivienda 2020-2025 que es fijar la población en el entorno rural y evitar la fuga de habitantes hacia las grandes urbes del Archipiélago. Toda política rural debe buscar el logro de una mayor integración territorial de las zonas rurales, facilitando una relación de complementariedad entre el medio rural y el urbano, y fomentando en el medio rural un desarrollo sostenible.

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El Gobierno encargará varios estudios para evaluar el uso futuro del puerto de Santa Águeda, en Gran Canaria

Los consejeros Sebastián Franquis, Yaiza Castilla y José Antonio Valbuena han constituido hoy la Comisión de Trabajo que analizará el uso futuro de este puerto situado en El Pajar y abrir un proceso participativo con todos los afectados del que emanará un dictamen, de carácter consultivo no vinculante, en el que el único criterio que prevalecerá será la defensa del interés general

La Comisión ha fijado un calendario para escuchar a la empresa, a los agentes económicos y sociales implicados, a las administraciones locales y evaluar los informes que se encargarán con la finalidad de elevar al consejo de Gobierno, en el primer trimestre de 2022, la decisión final

El Gobierno de Canarias ha constituido hoy la Comisión de Trabajo interdepartamental para analizar y valorar los usos que se le pueden dar en un futuro a las instalaciones portuarias de Santa Águeda, en el municipio grancanario de San Bartolomé de Tirajana, un puerto al que actualmente se le da uso industrial por parte de la empresa cementera CEISA, pero cuya concesión de dominio público vencerá en octubre de 2022. El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, preside esta Comisión de Trabajo como presidente de la empresa pública Puertos Canarios, a la que pertenece el muelle de Santa Águeda, una comisión en la que también están presentes los titulares de las consejerías de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, y de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, y que ha establecido hoy un cronograma en que se ha fijado el primer trimestre de 2022 como la fecha límite para elevar al consejo de Gobierno la decisión final  sobre esta infraestructura portuaria, una decisión que no será vinculante y en el que siempre primará el interés general de la ciudadanía.

“La principal y única competencia que tiene esta comisión es proponer al Gobierno de Canarias una propuesta que, lógicamente, no será vinculante, sino una propuesta para que el Ejecutivo tome una decisión en torno al primer trimestre del año que viene. Lo que hemos hecho hoy es trazar el calendario y los ejes de actuación: escuchar mucho, hacer, proponer y explicar con total transparencia. Estos son los cuatro ejes sobre los que regirán todo el trabajo de la Comisión que hemos constituido”, aseguró el consejero Franquis, “estos cuatro ejes, a los que se suma hablar muy poco o nada desde el Gobierno, definen la manera en que la Comisión ejercerá su responsabilidad sobre el puerto objeto de estudio”.

Según defiende Yaiza Castilla, el Puerto de Santa Águeda tiene una situación geográfica estratégica, al estar situado en una zona clave de Gran Canaria, “por lo que es una infraestructura de interés general para Canarias, que puede tener una enorme trascendencia en los ámbitos económico, laboral, social, industrial, turístico y paisajístico”. De ahí, que el Gobierno se haya propuesto el objetivo de “consensuar la mejor decisión posible para este espacio y garantizar el cumplimiento del interés público”, añadió

El Gobierno de Canarias ha constituido este grupo de trabajo para llevar a cabo el análisis de las opciones posibles para la nueva concesión y proponer la decisión óptima en base al mayor interés público de las mismas. Con este motivo, la Comisión de Trabajo interdepartamental quiere escuchar en los próximos meses a todos los afectados y evaluar todos los análisis necesarios que razonen la decisión final sobre este puerto, unos razonamientos que estarán fundamentados sobre informes técnicos avalados por expertos en las materias implicadas que van a ser encargados en las próximas semanas.

De esta forma, el consejero Franquis adelantó que será necesario realizar una evaluación socioeconómica de cuál puede ser el futuro de este puerto, identificando los costes y beneficios sociales de todas las opciones posibles. Para realizar este análisis del coste-beneficio social se contará con varios informes y se tendrán en cuenta no solo los aspectos económicos y financieros directos e indirectos sobre los agentes implicados sino también otros efectos que deben ser evaluados por los órganos que componen esta mesa de trabajo, como es la evaluación del impacto ambiental (deterioro paisajístico, ruido, contaminación, etcétera) y la evaluación del impacto sobre la ordenación territorial a nivel local e insular.

La Comisión de Trabajo parte de la hipótesis de tres escenarios previos a los que se podrían sumar en los próximos meses nuevas opciones que pueden surgir de los informes de los expertos, del análisis de los estudios encargados y en general, de todo el proceso participativo que comienza ahora.

Para ello, la Comisión de Trabajo ha acordado hoy establecer un proceso de participación de todos los agentes implicados en el futuro uso de este puerto, desde los responsables de CEISA, a representantes empresariales de los sectores afectados (turismo y construcción), agentes sociales, representantes vecinales, a las administraciones afectadas (principalmente al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y al Cabildo de Gran Canaria), y a todos aquellos que la Comisión considere necesario escuchar antes de tomar una decisión.

Sebastián Franquis ha anunciado también que la Comisión ha aprobado hoy en su primera sesión un calendario de actuaciones y plazos con fechas aproximadas con la finalidad de poder elevar al consejo de Gobierno el dictamen no vinculante con la opción elegida antes de finales de marzo del años 2022.

Además de los tres consejeros ya citados, completan la comisión de trabajo por parte del Gobierno de Canarias el viceconsejero de Infraestructura y Transportes, Gustavo Santana, la viceconsejera de los Servicios Jurídicos, Isabel Cubas, la viceconsejera de Turismo, Teresa Berástegui, el viceconsejero de Industria, Comercio y Consumo, Justo Artiles, y el viceconsejero de Planificación Territorial y Transición Ecológica, Leopoldo Díaz.

La creación de esta Comisión interdepartamental, ha indicado Franquis, se justifica porque las decisiones sobre el futuro inmediato del uso del puerto de Santa Águeda deben tener una trascendencia transversal, ya que abarca todos los aspectos relacionados con el modelo social, económico, laboral, turístico, energético y paisajístico de todo el Archipiélago Canario. El Puerto de Santa Águeda, situado en el municipio de San Bartolomé de Tirajana y limítrofe con el de Mogán, está ubicado geográficamente en un enclave natural, entre grandes polos de desarrollo turístico en el sur de la isla de Gran Canaria y es un puerto de interés general de la Comunidad Autónoma de Canarias al que ahora mismo se le da un uso industrial.

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Obras Públicas destina cerca de 500.000 euros para mejorar el Puerto de Corralejo, en Fuerteventura

Puertos Canarios acaba de sacar a licitación un primer contrato de 292.000 euros para pavimentar y mejorar los accesos al varadero que está junto al paseo marítimo

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, a través de la entidad pública Puertos Canarios, destina este año cerca de 500.000 euros en varias actuaciones de mejora de las instalaciones portuarias del puerto de Corralejo, en el municipio de La Oliva, isla de Fuerteventura. Con este objetivo, Puertos Canarios ha sacado ya a licitación la primera de estas actuaciones con una partida de 292.969 euros destinada a contratar las obras para pavimentar y mejorar los accesos al varadero del puerto.

Además, este contrato incorpora la creación de un nuevo cerramiento para el varadero mediante la construcción de un muro de bloques de hormigón que permita delimitar la zona y separarla del paseo marítimo. Con esta actuación se pretende incrementar la seguridad en las instalaciones del varadero ya que, actualmente, no cuentan con una separación concreta entre las áreas peatonales y los servicios portuarios lo que permite la entrada a personal no autorizado. La creación de este muro de bloques de hormigón, coronado por una albardilla y paneles, permitirá controlar el acceso y garantizar así la seguridad de los profesionales que realizan su actividad y los visitantes del Puerto durante su estancia en el mismo.

Otro de los objetivos de esta intervención es la pavimentación completa de todo el interior del varadero, permitiendo evitar así las infiltraciones al subsuelo mediante la creación de un sistema de recogida de aguas de lluvia mediante cunetas, arquetas y pozos. Para llevar a cabo esta pavimentación se reubicarán las luminarias y armarios de servicios que impidan realizar los trabajos previstos en las instalaciones, además de realizar una mejorar en la acera peatonal sustituyendo el actual adoquín por hormigón. Con un presupuesto de casi 300.000 euros se prevé que las obras finalicen en un plazo de seis meses desde la firma del acta de replanteo.

El cerramiento y pavimentación de los accesos es la primera de las dos intervenciones que se van a contratar por parte de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda para mejorar las instalaciones del Puerto de Corralejo. A esta contratación seguirá, presumiblemente a finales de verano, la licitación de las obras para edificar unas nuevas oficinas para la venta de tickets, aseos y vestuarios para el personal que desarrolla sus labores en este puerto con el objetivo de adecuar las instalaciones portuarias de Corralejo a las necesidades reales de sus usuarios. Para esta nueva contratación en el puerto del norte de Fuerteventura Puertos Canarios destinará otros 190.000 euros.

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Obras Públicas licita por 4,9 millones de euros la construcción del falso túnel de Pie de Bascos, en El Hierro

El Gobierno da prioridad a una obra que pretende acabar con los cortes en la HI-500, en el municipio de La Frontera, provocados por desprendimientos y que obligan a residentes y turistas a dar un rodeo de más de 50 kilómetros por la carretera de la Cumbre

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, ha sacado a licitación la ejecución de las obras del falso túnel de Pie de Bascos en la HI-500, en el término municipal de La Frontera, en la isla de El Hierro, unos trabajos para los que se destina una partida de 4.923.269 euros. El Falso Túnel de Pie de Bascos es una importante obra a realizar en la HI-500, a la altura de El Pozo de la Salud, un tramo que sufre cortes de manera habitual debido a los desprendimientos que se originan en el mirador Pie de Bascos, lo que obliga a los usuarios de la vía a dar una considerable vuelta por otras carreteras de la isla con un incremento de más de 50 kilómetros con respecto al trayecto inicial.

En las reuniones de coordinación que el consejero regional Sebastián Franquis mantuvo con el Cabildo de El Hierro a principios de la legislatura, se consideró de gran importancia acometer el falso túnel semiabierto hacia el mar que garantice la seguridad de esta vía y que, además del acceso para el desarrollo de actividades económicas como la ganadería, permite acceder desde La Frontera a puntos de interés turístico como es el caso del Faro de la Orchilla, Ermita de La Dehesa (Virgen de Los Reyes) o El Sabinar.

Estos cortes en la carretera también afectan a las fincas de cultivo adyacentes a la vía, así como al vertedero municipal que se encuentra en esa zona. Por todo ello, la construcción de este falso túnel garantizará la protección de los conductores y usuarios de la HI-500 de los desprendimientos de la ladera y se garantizará la conectividad en esta zona de la isla las 24 horas del día para favorecer su desarrollo económico y turístico.

Las empresas constructoras interesadas en ejecutar esta obra tendrán de plazo hasta el 2 de julio para presentar sus ofertas ante la Consejería. Una vez se cierre el plazo de admisión se inicia el proceso de adjudicación con la valoración de las ofertas propuestas y la designación de la empresa ganadora del concurso con el fin de resolver la adjudicación entre septiembre y octubre para posteriormente firmar el contrato e iniciar las obras, con toda probabilidad, antes de que finalice este mismo año.

El proyecto que se pretende ejecutar consiste en un falso túnel de aproximadamente 250 metros de longitud en un tramo de la HI-500 que conecta el Pozo de La Salud con Playa La Madera. La solución que se ha propuesto es un falso túnel, abierto hacia el mar, que proteja la vía de los frecuentes desprendimientos que se producen. Para evitar riesgos, se ha propuesto que en la mayoría de lo posible se ejecute mediante elementos prefabricados que se ejecutarán fuera de la obra y que minimicen la presencia de personal en la zona de desprendimientos, ya que, aunque existen unas mallas y barreras dinámicas de protección para poder operar en la zona, la presencia de maquinaria pesada podría causar algún derrumbe.

De esta forma, tanto el muro lateral, que sostendrá las tierras de la ladera, como los pilares del lado mar son prefabricados y se colocarán en el momento de realizar la losa de hormigón armado donde se soporta toda la estructura, que es de lo poco, junto con la excavación necesaria, que se ejecuta en el propio terreno. Una vez colocados los elementos de apoyo: muros y pilares, se colocarán las vigas, también prefabricadas y los encofrados para después de realizar la losa, dando por finalizada la obra una vez que se asfalte.

El plazo de ejecución de la obra, una vez se firme el acta de replanteo con la empresa ganadora de la licitación, es de 12 meses.

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Obras Públicas consigna 1,1 millones de euros para construir una nueva glorieta en la LZ-2 a la altura de Mácher

La nueva rotonda, cuya ejecución se licitará en las próximas semanas, se ubicará junto al Camino de La Calderina y pretende facilitar las maniobras de acceso y conexión con ambas márgenes de la travesía a este barrio de Tías de forma segura

La Consejería prepara la realización de las obras con la publicación hoy en el BOC del expediente de expropiación de las parcelas afectados por la ejecución de dicho proyecto

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, ha publicado hoy en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el expediente de expropiación forzosa de las parcelas afectadas por el proyecto de ejecución de la nueva rotonda de La Calderina, en la LZ-2 a su paso por el barrio de Mácher, en el término municipal de Tías, en la isla de Lanzarote. Esta información de los bienes a expropiar supone el punto de partida para la ejecución del proyecto denominado Mejora de seguridad vial e intersección, Glorieta de La Calderina (Mácher) PK 13+200 de la LZ-2. Isla de Lanzarote que se ha culminado recientemente en la Dirección General de Infraestructura Viaria para su envío inmediato al área de Contratación de la Consejería y su salida a licitación en las próximas semanas con una dotación ya consignada cercana a los 1,1 millones de euros.

El objetivo del departamento regional que dirige Sebastián Franquis, es proyectar una glorieta que facilite las maniobras de acceso y conexión con ambas márgenes de la carretera en esta parte de la LZ-2, travesía de Mácher, de forma segura para evitar los accidentes que se suelen dar con frecuencia en la vía por cambios de sentido no autorizados. Este tramo de la LZ-2 soporta una gran carga de tráfico como evidencian los estudios del Cabildo de Lanzarote que sitúan la Intensidad Media Diaria (IMD) en 16.685 vehículos al día, aunque se considera que esta intensidad podría superar los 18.000 vehículos diarios en el futuro.

A su paso por el barrio de Mácher, la LZ-2 se configura casi como una travesía urbana, teniendo parcelas residenciales y edificaciones en ambas márgenes y en algunos casos justo en el borde. Esta travesía tiene una longitud de 2.200 metros comprendida entre la glorieta del instituto de Yaiza y la glorieta de entrada en Mácher. La existencia de accesos y conexiones en ambas márgenes hace que algunos usuarios realicen maniobras de giro a la izquierda que, dada la elevada intensidad de tráfico y pese a que están prohibidas, han provocado varios accidentes en esta travesía.

Con la intención de facilitar el cumplimiento de la señalización horizontal y vertical y minimizar estas maniobras antirreglamentarias y, con ellas las situaciones de peligro e inseguridad vial que se vienen advirtiendo, se ha estudiado, en colaboración con el Cabildo de Lanzarote, este tramo urbano y se ha considerado como solución más apropiada el añadir una nueva glorieta situada en el intermedio de esa travesía, de forma que la misma disuada dicho comportamiento, al reducir ostensiblemente la distancia a cubrir para realizar el cambio de sentido.

La nueva Glorieta de La Calderina que se ha proyectado ocupará 66 metros de diámetro y obligará también a rectificar unos 200 metros del trazado actual del Camino de La Calderina hasta su entronque con la rotonda a construir. Con esto se consigue una glorieta con un tamaño y conexiones adecuadas para el tráfico que soporta y para garantizar la visibilidad y seguridad, a pesar de ubicarse en un tramo con una pendiente importante. Se considera que el plazo de ejecución de esta obra, una vez sea adjudicada, oscilará entre los cuatro y los seis meses.

Con el anuncio publicado hoy para someter a información pública los suelos a expropiar, comienza el recorrido administrativo para poner en marcha en los próximos meses la licitación y adjudicación de esta obra. En total será necesario expropiar casi 7.500 metros cuadrados de suelo para edificar encima la nueva rotonda, de los que 7.100 se corresponden a suelo rústico en manos privadas. En total se expropiarán seis parcelas de terrenos de antiguos cultivos hoy abandonados.

Esta nueva intervención en las infraestructuras viarias de Lanzarote se une a la reciente adjudicación de la redacción del proyecto para la duplicación de la LZ-40 o Carretera de Las Playas a su paso por Puerto del Carmen, aprobada por la mesa de contratación de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda la semana pasada. Con estas actuaciones se pretende dar un impulso a las obras de carreteras en Lanzarote, isla en la que no se ejecuta ninguna obra viaria desde 2011. Para ello, el Gobierno canario también adjudicó a principios de este año la redacción de los proyectos de conexión de la LZ-2 y la LZ-3 y el del acondicionamiento de la LZ-1 entre Guatiza y Órzola, con el fin de iniciar todas las obras en el periodo 2022-2023.

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Obras Públicas adjudica por 273.500 euros la redacción del proyecto de duplicación de la Carretera de Las Playas

El departamento que dirige el consejero Sebastián Franquis da un impulso definitivo a la finalización de la LZ-40 a su paso por Puerto del Carmen, una vía que se planificó hace 35 años con dos calzadas y que sólo cuenta con una en la actualidad

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, ha propuesto a la UTE formada por las empresas HSIA-Esteyco, como adjudicataria del concurso para la redacción del proyecto de trazado y el de construcción de la duplicación de la LZ-40, o Carretera de Las Playas, entre el aeropuerto de Lanzarote y la localidad de Puerto del Carmen, en el municipio de Tías. Una vez se formalice el contrato con la adjudicataria, dotado con 273.586 euros, esta tiene un plazo de 12 meses para entregar al Gobierno un proyecto de construcción que culmine, después de 35 años, la carretera de doble calzada que se planificó para esta vía en 1986. La actual vía se construyó en 1989 y sólo se ejecutó una de las dos calzadas previstas inicialmente por el planeamiento.

La Consejería de esta forma da un impulso definitivo a la ejecución de una vieja reivindicación de la sociedad lanzaroteña que permitirá, además, un mayor desarrollo de la actividad turística de la isla de Lanzarote ya que la Carretera de Las Playas conecta las urbanizaciones que se han venido desarrollando en los últimos años junto a las playas del municipio de Tías.

Con esta adjudicación, la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda pretende ampliar la actual vía con una nueva calzada en paralelo a la ya existente que proporcione suficiente accesibilidad a la zona turística y, al mismo tiempo, permita mantener la capacidad y seguridad de la vía con un adecuado control de accesos. La ejecución de esta segunda calzada, la del lado tierra, permitirá duplicar la capacidad de la vía, con dos carriles para cada sentido, y además aumentará las condiciones de seguridad en cruces y pasos a nivel. La nueva calzada, con un trazado de ocho kilómetros, partirá del enlace con la LZ-2 que va al aeropuerto y al casco de Tías, y finalizará en la rotonda de entrada a Puerto del Carmen que conecta con la LZ-504.

Esta duplicación de la LZ-40 constituye la redacción del tercer proyecto que se adjudica en la isla de Lanzarote en los últimos seis meses con el objetivo de iniciar las obras en los dos años finales de la actual legislatura. La isla de Lanzarote arrastra un importante déficit en obras de carreteras ya que desde 2011 no se ejecuta ningún proyecto en la misma. Por este motivo, el consejero Sebastián Franquis, puso en marcha al inicio de la legislatura una mesa de trabajo conjuntamente con el Cabildo de Lanzarote para coordinar y priorizar las actuaciones de obras públicas en la isla.

Fruto de esa mesa de trabajo se han adjudicado ya la redacción de los siguientes proyectos: enlace de la LZ-2 con la Circunvalación (LZ-3), el acondicionamiento de la LZ-1 entre Guatiza y Órzola, y ahora, la duplicación de la LZ-40 entre el aeropuerto y Puerto del Carmen. Está previsto que las obras de estos tres proyectos se liciten y comiencen a ejecutarse en el periodo 2022-2023.

Además, la Consejería otorgó al Cabildo de Lanzarote una subvención de 3,1 millones a finales de 2020 para ejecutar varias obras de mejora en la Travesía de Tahiche, el enlace de San Bartolomé, los accesos al aeropuerto y para instalar paneles contra el ruido en la LZ-2.

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Vivienda destina 1,6 millones de euros de fondos europeos a la rehabilitación de más de 1.300 viviendas públicas

La Consejería prepara la licitación de 20 actuaciones financiadas con Fondos FEDER para la reparación de fachadas, cubiertas y espacios comunes en VPO repartidas por 12 municipios del Archipiélago

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, prepara ya la licitación de 20 actuaciones de reparación de las que se beneficiarán un total de 1.363 viviendas protegidas de promoción pública del Archipiélago. Esta licitación, que se publicará la próxima semana en la Plataforma de Contratos del Sector Público, está dotada con 1.665.935 euros financiados íntegramente por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).

Las 20 actuaciones que se licitarán a través del Instituto Canario de Vivienda (ICAVI) se reparten en varios lotes que serán ejecutados en doce municipios diferentes respondiendo al siguiente listado: en Tenerife nueve actuaciones en cinco municipios; en Gran Canaria se ejecutarán seis actuaciones en otros tantos municipios; en la isla de La Palma, cuatro actuaciones en tres municipios; y en Fuerteventura se licitará una actuación.

Por municipios, Santa Cruz de Tenerife es la ciudad que más actuaciones de rehabilitación acogerá en esta licitación que beneficiará a varias VPO situadas en Añaza principalmente. En La Laguna se registran varias actuaciones en las zonas de Los Andenes y La Hornera. En La Palma las actuaciones previstas se ejecutarán en Mazo, Tazacorte y Los Llanos de Aridane. En lo que respecta a la provincia oriental, las actuaciones se reparten entre los municipios grancanarios de San Bartolomé de Tirajana (zona de San Fernando), Ingenio (Cuesta Caballero), Telde (Hoya Pozuelo), Las Palmas de Gran Canaria (Las Mesas), Mogán y La Aldea (La Cardonera), y en la isla de Fuerteventura en el municipio de Tuineje (Gran Tarajal).

En estos municipios se llevarán a cabo obras de reforma, reparación y conservación en las viviendas del parque público dependientes del ICAVI. Estas actuaciones, que se ejecutarán en un plazo de tres meses tras la firma del contrato con las adjudicatarias, consistirán en la pintura de fachadas, impermeabilización de cubiertas y reparación de fachadas de inmuebles y de algunos espacios comunes.

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, que dirige Sebastián Franquis, suma esta iniciativa al programa de actuaciones que se ha diseñado para mejorar la situación de la vivienda pública existente en el Archipiélago, destinando los recursos necesarios para reformar y ampliar el parque público.

Esta actuación se suma a los objetivos que se enmarcan dentro del Pacto por la Vivienda Digna en Canarias para desarrollar políticas que fomenten la rehabilitación y la promoción de nuevas viviendas. Este Pacto contempla la construcción y rehabilitación de vivienda pública en todo el Archipiélago, con fondos propios y en coordinación con otras administraciones y con el sector privado.

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