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Comienza el trámite de la nueva Ley de Gobierno Abierto: información, datos y rendición de cuentas serán sus ejes

La nueva normativa sustituirá las actuales leyes de Transparencia y de Participación Ciudadana

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad abre hasta el 24 de enero la consulta pública previa de la nueva ley

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, inició este lunes, 14 de diciembre, la fase de consulta pública previa para la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias, con la que se derogarán las actuales Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública y la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana. Las aportaciones podrán realizarse hasta el próximo 24 de enero de 2021 a través del acceso web para la Participación Ciudadana.

El gobierno abierto se ha convertido en un nuevo modelo de política pública, donde sus ejes principales son la transparencia, la apertura de datos públicos y la participación activa de la ciudadanía en los procesos de diseño y toma de decisión sobre políticas públicas.

Con esta nueva reglamentación, tal como explica la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, se busca crear un marco normativo de gobierno abierto que coordine y desarrolle adecuadamente la apertura de datos a través de los datos abiertos, la transparencia y la rendición de cuentas, y la participación ciudadana en las decisiones públicas.

También se pretende actualizar la legislación en materia de participación ciudadana, mejorar la redacción y revisar las exigencias de la normativa de transparencia y desarrollar una normativa propia de datos abiertos para la Comunidad Autónoma de Canarias.

Por otro lado, en el contexto de los proyectos de la Agenda Canaria 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Reactivación Socioeconómica de Canarias, los principios del gobierno abierto constituyen un eje clave para su ejecución, especialmente en el cumplimiento del Objetivo para el Desarrollo Sostenible 16.

La Comunidad Autónoma de Canarias cuenta con dos normas que regulan dos de los pilares de gobierno abierto, aprobadas en distintos periodos legislativos que regulan la transparencia y la participación ciudadana, y que hará que ambas confluyan en la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias.

La Ley de Transparencia facilitó que todas las administraciones públicas de Canarias comenzaran a hacer efectiva la publicación de su información, a través de sus portales de transparencia. Con la nueva ley se actualizará esta normativa, incorporando la experiencia en su ejecución y desarrollo.

Respecto a la norma de participación ciudadana, esta data del año 2010, cuando prácticamente no existían referencias ni en el ámbito estatal ni en el autonómico, por lo que ha quedado desfasada. De hecho, el pasado 30 de julio se acometió una reforma puntual de esta ley que permitió configurar el Registro de Participación Ciudadana como un registro obligatorio, no de personas o entidades, sino de procesos participativos, garantizando su carácter abierto y accesible.

En lo que respecta a la apertura de datos de las administraciones públicas de Canarias, no existe regulación de referencia dentro la comunidad autónoma y, por lo tanto, se hace indispensable el desarrollo de una norma de aplicación en esta área.

Así mismo, la futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias ha de atender la perspectiva de género de forma integral, resultando pertinente su evaluación. Sin limitarse únicamente a la adecuación del lenguaje empleado, el futuro texto legislativo autonómico, dentro del marco normativo básico, ha de potenciar la obtención de datos sobre el sexo de las personas en los diferentes ámbitos de actuación administrativa, así como su rango de edad, para una correcta valoración de la incidencia del género en los distintos aspectos relacionados con la administración pública y sus posibles efectos de cara a la ciudadanía en la toma de sus decisiones.

Tres objetivos esenciales

La regulación de Ley de Gobierno Abierto de Canarias tendrá tres objetivos esenciales. El primero de ellos será crear un marco normativo de gobierno abierto como filosofía de las actuaciones y gobierno y que coordine sus pilares, el segundo fomentar e impulsar la apertura de datos en formato abierto, la transparencia comunicada y la rendición de cuentas, y por último, facilitar la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones públicas.

Por ello, la norma tendrá que actualizar las obligaciones de transparencia de las administraciones públicas de Canarias, evitando ambigüedades y fomentando que, en la medida de lo posible, estas se basen en datos abiertos.

También tendrá que profundizar en el derecho de la ciudadanía a participar en la toma de decisiones sobre los asuntos que incidan directa e indirectamente en el interés público y su gobernanza, promoviendo los cauces efectivos que garanticen una participación real y efectiva en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, así como en la elaboración de planes, programas y proyectos y en la gestión de los servicios públicos.

Por último, establecerá un único punto de acceso a los datos de las administraciones públicas de Canarias en formato abierto, con el objetivo de incrementar, paulatinamente, el número e interés de los conjuntos de datos publicados, alineándose con la apertura de los datos de alto valor que se promueve desde la Unión Europea.

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El Gobierno aprueba una oferta pública de empleo con 373 plazas para Administración General en 2020

Consejo de Gobierno de Canarias

La oferta respeta los límites establecidos en la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, vigente en el presente año

El Consejo de Gobierno aprobó hoy, jueves 10 de diciembre, el decreto por el que se aprueba la oferta pública de empleo (OPE) de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 que comprende un total de 373 plazas, de las que 295 corresponden al sistema general de ingreso libre y 78 al acceso mediante promoción interna.

La presente oferta respeta los límites establecidos en el artículo 19 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018, vigente en el año 2020, por la que la Comunidad Autónoma de Canarias dispone de una tasa de reposición de 295 efectivos. Según dicha ley, no computan dentro del límite máximo de plazas derivadas de la tasa de reposición de efectivos aquellas que se convoquen para su provisión mediante procesos de promoción interna.

Las del turno libre incluyen 295 plazas distribuidas entre los cuerpos superiores de Administradores, Facultativo, Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Gestión, Agentes de Medio Ambiente, Agentes de Inspección Pesquera y Administrativo Técnico. Las 75 plazas de promoción interna se reparten entre los cuerpos superiores de Administradores, Gestión, Administrativo, Agentes de Medio Ambiente y Administrativo Técnico.

La OPE está orientada a cubrir las necesidades de la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias, completando así las ofertas realizadas en los ejercicios precedentes. Con ello se persigue prever las medidas de planificación de recursos humanos destinadas a contribuir a la consecución de la eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad, acorde en todo caso con lo previsto en el artículo 69 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

La Administración de la Comunidad Autónoma contará con una Sede Electrónica Única

El Gobierno modifica el decreto que regula el uso de medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma para su adaptación legislativa

La dirección de referencia de la sede electrónica cuando se produzca el cambio será https://sede.gobiernodecanarias.org/

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, jueves 10 de diciembre, un decreto que modifica el Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con el objetivo de adaptarlo a la normativa vigente y crear la Sede Electrónica Única.

Mediante este acuerdo, la Administración canaria contará con una sola sede electrónica en la que estarán incluidos todos los departamentos del Ejecutivo canario y se organizará atendiendo a criterios que permitan a la ciudadanía identificar de forma fácil e intuitiva las actuaciones administrativas a las que desee acceder.

La dirección de referencia de la sede electrónica será https://sede.gobiernodecanarias.org/, accesible directamente, así como a través del enlace dispuesto en https://www.gobiernodecanarias.org/. La entrada en funcionamiento de la sede electrónica con dicho dominio (https://sede.gobiernodecanarias.org) se producirá a partir de la entrada en vigor del citado decreto de modificación. Hasta tanto, operará bajo el dominio https://sede.gobcan.es.

El plazo que se tardará en realizar dicho cambio viene motivado por el hecho de que la modificación del dominio supone un gran impacto tecnológico que implica la ejecución de múltiples tareas, no sólo por parte de los órganos transversales con competencia en la materia, sino también por los distintos departamentos y organismos públicos de la Administración Pública.

Entre otras modificaciones, el nuevo decreto incorpora el punto general de acceso a través del cual se facilita el acceso a los servicios y procedimientos de las distintas sedes electrónicas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus organismos públicos vinculados o dependientes. Las personas y entidades tendrán acceso al estado de tramitación de todas las actuaciones administrativas que se gestionen por los diferentes departamentos y organismos públicos dependientes, debiendo los titulares de estas adoptar las medidas oportunas para la efectividad de este servicio.

Normativa

El Gobierno de Canarias aprobó en febrero de 2011 el decreto por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la obligación de adaptar las normas estatales, autonómicas y locales a su regulación. Por otro lado, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, abarca por una parte la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo aplicable a todas las Administraciones Públicas y por otra el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, así como la regulación sistemática de las relaciones internas entre administraciones. Dedica su Título Preliminar al funcionamiento electrónico del sector público, por lo que se hace necesario adaptar el Decreto 19/2011, de 10 de febrero, a la nueva normativa.

El Ejecutivo canario, en su sesión del 3 de julio de 2017, aprobó la Estrategia Marco Canaria de Gobierno Abierto a través de la transparencia, la participación y la colaboración ciudadana, y la innovación y mejora de los servicios públicos 2017-2019, que incluía la creación de una sede electrónica única, con el fin de mejorar la eficacia y eficiencia de la estructura de sedes electrónicas del Gobierno de Canarias.

Así, ante la necesidad de adaptar los preceptos del actual Decreto 19/2011, de 10 de febrero, a la regulación establecida en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, así como a la creación de una sede electrónica única, el Ejecutivo canario considera necesario modificar determinados artículos del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, y proceder a la derogación de otros.

Transparencia y Gobierno Abierto, objetivos esenciales de la administración canaria

El evento ‘El Gobierno Abierto como eje de actuación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible’ podrá seguirse a través del canal de YouTube de ‘Canarias Gobierno Abierto’

La Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Julio Pérez, celebrará este viernes, 11 de diciembre, la jornada El Gobierno Abierto como eje de actuación de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, que tiene como fin aunar un proceso participativo que permita analizar la importancia de la transparencia, la participación ciudadana y la apertura y reutilización de datos en la ejecución de las políticas para el Desarrollo Sostenible.

El debate comenzará a partir de las 10.00 horas y contará con expertos de gobierno abierto, transparencia, participación ciudadana y datos abiertos del ámbito canario y nacional y, dadas las restricciones actuales de aforo a los actos por la lucha contra el coronavirus, solo podrá seguirse a través del canal de YouTube de Canarias Gobierno Abierto.

El Gobierno de Canarias está elaborando una guía de gobierno abierto para implantarla en el marco de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Esta jornada es la continuación del trabajo que está haciendo la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, que dirige Marta Saavedra, para realizar un diagnóstico con el que comenzar a crear esta guía. De hecho, recientemente se ha realizado unas encuestas a los empleados públicos de Canarias, a los responsables políticos y a organizaciones de la sociedad civil sobre estos pilares básicos de buen gobierno.

La jornada será inaugurada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Alejandro Rodríguez, que participará en la primera mesa de debate, que versará sobre Gobierno Abierto y Agenda 2030. Ésta estará moderada por la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, y contará con la presencia de María Pía Junquera, directora general de Gobernanza Pública; Lorenzo Cotino, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Valencia; Daniel Cerdán, Comisionado de Transparencia; Raúl Oliván, director general de Gobierno Abierto e Innovación Social del Gobierno de Aragón; Daniel González, director insular de Modernización del Cabildo de Tenerife; e Irene Bello, delegada en Canarias de Alianza por la Solidaridad.

Posteriormente, a las 12.15, será la mesa debate de Transparencia, que estará conformada por Joaquín Meseguer, director general de Transparencia y Buen Gobierno de la Junta de Castilla y León; Juan Carlos García Melián, presidente de la Asociación de Profesionales de la Transparencia (ACREDITRA); Miguel Ángel Blanes, doctor en Derecho y experto en Transparencia; Mikel Prat, de la Asociación por Transparencia en Canarias; María Teresa Casanova, jefa de servicio de Reclamaciones del Comisionado de Transparencia; y Clara Rodríguez, asesora técnica del Comisionado de Transparencia. Esta mesa será moderada por la jefa de servicio de la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias.

A la tarde, desde las 16.00 horas, comenzará la mesa de debate Datos Abiertos, en la que estarán presentes Antonio Ibáñez, jefe de servicio de Transparencia y Reutilización de la Información de la Junta de Castilla y León; José Luis Roda, doctor en Informática de la Universidad de La Laguna; Olga Quirós, secretaria general de la Asociación Multisectorial de la Información; Lourdes Muñoz, confundadora de la Iniciativa Barcelona Open Data; Juan Bermejo, jefe de servicio de Nuevas Tecnologías del Cabildo de La Palma; Noemí Brito, socia responsable del área de Tecnología, Innovación y Economía Digital de Ceca Magán Abogados; y Jesús Alberto González, jefe de Servicio de Estadísticas Económicas del Instituto Canario de Estadística. Será moderada por Albérica García, coordinadora de Transparencia y Datos Abiertos del Gobierno de Canarias.

El cierre será con la mesa de debate Participación Ciudadana, que a partir de las 17.30 horas tendrá presentes a Jorge Pérez Artiles, director insular de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria; María Dolores Hernández, de la Asociación CIMAS y Fundación CREASVI; María Luisa Blanco, doctora en Psicología y trabajadora social; Fernando Pindado, profesor colaborador de la Universidad Autónoma de Barcelona; Cristina Suárez, de la Asociación Redes; y Miguel Ongil, de la asociación ACREDITRA. El moderador será Alvaro R. Pestano, coordinador de Participación Ciudadana y Acceso a la Información Pública del Gobierno de Canarias. Las cuatro mesas contarán con la escucha activa de Ana María Moreno, experta en Gobernanza y Participación Ciudadana.

Consulta pública de la Ley Canaria de Gobierno Abierto

Tanto el buen gobierno como la transparencia son parte de los cinco ejes de acción en los que el Ejecutivo autonómico se propuso avanzar al inicio del mandato y en el que se está trabajando en estos momentos, dentro del Plan Reactiva Canarias, cuyos ejes 6 y 7 giran en torno a la agilización, simplificación, cooperación y coordinación administrativa y al impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. A la recientemente creada Red Canaria de Gobierno Abierto, la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana tiene previsto que la próxima semana se someta a consulta pública la redacción de la futura Ley Canaria de Gobierno Abierto que derogará las leyes 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública y la 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana.

Por otro lado, el pasado 18 de noviembre el Comisionado de Transparencia hizo público que la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias logró en 2019, en el Índice de Transparencia de Canarias que elabora cada año, una puntuación de 9,55, lo que refleja las mejoras de las puntuaciones desde que se ha implantado este índice, cuando comenzó hace cuatro años con una puntuación de 7,69, que fue de 8,03 en 2017, y 9,04 en 2018.

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Los juzgados canarios de cláusula suelo registran una tasa de resolución del 297% en el tercer trimestre del año

Juzgados canarios de cláusula suelo registran una tasa de resolución del 297% en el tercer trimestre del año

El consejero de Justicia consideró muy importante que los datos numéricos de la carga de trabajo y el número de asuntos resueltos hayan sido evaluados de manera pública y conjunta por el Poder Judicial y el Gobierno

Pérez propuso estudiar si el sistema de juzgados especializados ha sido útil y puede reproducirse o debe rectificarse

También reconoció el trabajo de las y los profesionales que trabajan en esos juzgados

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, señaló ayer miércoles que el funcionamiento de los juzgados de cláusulas suelo en Canarias está resultando satisfactorio, pues estos órganos judiciales registraron una tasa de resolución de asuntos del 297% durante el tercer trimestre del año, muy por encima de la media nacional (166%) y solo superados por Aragón, Asturias, la Rioja y Extremadura. En total, de los más de 32.000 asuntos sobre cláusulas bancarias presentadas en Canarias, ya se han resuelto más de 24.000.

Así lo expresó durante la celebración de la Comisión de Coordinación del CGPJ, el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas que tienen competencia en materia de justicia, encuentro que se llevó a cabo, precisamente, para abordar el seguimiento del plan de especialización de los juzgados de cláusulas suelo, órganos que desde 2017 vienen conociendo de forma exclusiva los asuntos ligados a la mayoría de los contratos bancarios con condiciones generales de contratación.

Aparte del consejero, también asistieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, así como el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, el secretario general de la Administración de Justicia, Borja Vargues, y el resto de consejeros autonómicos convocados.

Asimismo, Pérez consideró muy importante que los datos numéricos de la carga de trabajo y el número de asuntos resueltos hayan sido evaluados de manera pública y conjunta por el Poder Judicial y el Gobierno.

Esos resultados han sido posibles, explicó, gracias al trabajo y compromiso coordinado del CGPJ y del Gobierno de Canarias, que ha llevado a cabo un notable esfuerzo de dotación de medios materiales y personales, siendo así que los juzgados especializados en cláusulas suelo cuentan con una plantilla de refuerzos de funcionario de 18 personas, así como por el desempeño de los profesionales que prestan servicio en estos órganos, cuyo rendimiento se sitúa por encima de la media.

Pérez también manifestó la conformidad del Gobierno de Canarias con la propuesta de prórroga de especialización impulsada por el CGPJ, que incluye, por la provincia de Las Palmas, al Juzgado de Primera Instancia n.º 6 de Las Palmas de Gran Canaria, de manera exclusiva y excluyente, para la anualidad 2021 (Gran Canaria); el Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Arrecife, de manera exclusiva y no excluyente, en materia civil, en la manera que determine la Sala de Gobierno, para el período de 1 de enero a 30 de junio de 2021 (Lanzarote), y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Puerto del Rosario, de manera exclusiva y no excluyente, en materia civil, en la manera que determine la Sala de Gobierno, para el período de 1 de enero a 30 de junio de 2021 (Fuerteventura). En la provincia Santa Cruz de Tenerife incluye al Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de San Cristóbal de la Laguna, de manera exclusiva y excluyente, para la anualidad 2021 (Tenerife).

Estando ya próximos a la finalización de este plan de especialización, que siempre se concibió como algo temporal, Pérez manifestó también la necesidad de abordar una reflexión más profunda sobre el sistema empleado y sus resultados. En particular, los impactos que el mismo ha tenido en el servicio público y su incidencia en la agilidad y calidad de la respuesta judicial, y el respeto a las garantías procesales a fin de valorar si se trata de un recurso apto, con carácter general, que podría ser extrapolable a otras situaciones y conflictos que se planteen de manera masiv

Pérez: La actualización continua de los conocimientos legales de los abogados es clave contra el machismo

La formación continua de abogados, clave contra el machismo

Pérez ha intervenido en la inauguración de las II jornadas sobre violencia de género, organizadas por el colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, en la que también ha participado el decano del colegio tinerfeño, José Manuel Niederleytner

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de Gobierno de Canarias, Julio Pérez, afirma que la formación, la actualización permanente y el perfeccionamiento de los conocimientos legales son elementos claves en la lucha contra el machismo, y sostiene que todas las personas, independientemente de la ideología política y de las convicciones, aspiran a que la humanidad sea mejor y una manera de serlo, recalcó, es terminar con la violencia machista.

El consejero se pronunció así en la tarde de ayer durante su intervención en la inauguración ‘II Jornadas sobre Violencia de Género’, organizadas por el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y en la que también participó el decano del colegio tinerfeño, José Manuel Niederleytner. El departamento que dirige Pérez impulsa la formación especializada mediante la realización de jornadas formativas, organizadas a través de los colegios de abogados de Canarias y dirigidas a profesionales de la abogacía para que cuenten con los conocimientos y habilidades necesarias para dar un adecuado trato a las víctimas, garantizar la mejor respuesta asistencial y evitar que el proceso judicial se convierta en un nuevo elemento de victimización.

“Seguro que llegará un momento en que la humanidad hablará de la violencia de género como un hecho del pasado, como se habla hoy de la esclavitud”, manifestó Pérez, quien dijo que al perfeccionar los conocimientos para combatir la violencia de género ayudamos a que se produzca el progreso de la humanidad.

Pérez felicitó al colegio tinerfeño y a su decano por la celebración de las jornadas, que están dirigidas a las personas colegiadas y se desarrollarán durante tres días consecutivos. Su superación acreditará a las y los profesionales de la abogacía para el acceso al turno de oficio especial de violencia de género.

Indicó que con esta actividad formativa se contribuye a que abogados y abogadas actualicen sus conocimientos en esta materia, señaló que la abogacía se va convirtiendo en una profesión con especialidades y remarcó que eso es así porque los y las profesionales se han ocupado de optimizar sus conocimientos.

Subrayó la necesidad de que la actuación del conocimiento sea permanente y dijo que pocos tiempos ha habido en que los cambios sociales se produzcan a la velocidad que se producen actualmente y lo que exige una permanente actualización del conocimiento.

Nuevas unidades judiciales

Pérez aprovechó el acto de inauguración de las jornadas para agradecer la implicación personal y la colaboración de Niederleytner en la búsqueda de locales disponibles en las inmediaciones de las actuales instalaciones judiciales de Santa Cruz de Tenerife para que el nuevo juzgado de lo social sea pronto una realidad. “Tenemos el compromiso de ponerlo en macha en unos pocos meses y esperamos no agotar ese plazo legal”, agregó.

El consejero hizo mención a la publicación en el Boletín Oficial del Estado de ayer miércoles de la creación de nuevas unidades judiciales en las dos provincias canarias, y afirmó que se trata de un “progreso inesperado” ya que son unidades cuya creación no estaba prevista en la programación del Ministerio de Justicia ni de la Comunidad Autónoma, pero que atienden al aumento de asuntos que se han producido en algunas materias.

Detalló que se crean con el compromiso de la Comunidad Autónoma de instalarlas y dotarlas, y para ello su departamento ha convocado un concurso público para adquirir un local en el que se puedan instalar esas nuevas dependencias o bien trasladar otras.

APJS impulsa el estudio de posibles fosas de la guerra civil y la posguerra en La Laguna y Los Rodeos

APJS impulsa el estudio de posibles fosas de la guerra civil y la posguerra en La Laguna

Julio Pérez destaca que esta actuación significa un acto de materialización de los compromisos que se derivan de la Ley de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista

Se realizarán, entre otros, trabajos de investigación sobre personas desaparecidas que podrían estar enterradas en una fosa común en el Cementerio de San Juan y otras fosas en el entorno de Los Rodeos, y acerca de una sepultura descubierta años atrás en el interior de una antigua cárcel en La Laguna

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha concedido una subvención para realizar una investigación que permita la localización de fosas de personas represaliadas en La Laguna y Los Rodeos, en la isla de Tenerife, lo que significa, destaca Pérez, un acto de materialización de los compromisos que derivan de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista, que se explicitaron en el acto de constitución de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, celebrado el pasado 25 de septiembre.

Pérez explica que pese a conocerse la existencia de muchas personas desaparecidas en la Tenerife, a día de hoy no ha sido posible recuperar los restos de ninguna de ellas. Así, detalla que el estudio consistirá en la recopilación de informaciones orales y documentales para reconstruir los últimos momentos de aquellas personas que desaparecieron en la isla de Tenerife y así poder localizar las posibles fosas existentes en diferentes puntos de la Isla.

Para la ejecución del mismo, denominado ‘Estudio preliminar para la localización de fosas en la isla de Tenerife’, el consejero ha concedido una ayuda directa con carácter excepcional de interés público a la Asociación para la Recuperación de la Memoria histórica de la Isla de Tenerife, por importe de 15.900 euros. Explica que dicho proyecto se considera de interés público, pues supone una acción más en el fortalecimiento de los valores democráticos, de libertad y de justicia social para la sociedad española.

La investigación, que se realizará entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, se abordará desde una perspectiva multidisciplinar, que aúna tareas de archivística, arqueológicas y entrevistas a fuentes orales. El equipo de trabajo está conformado por dos historiadoras con un largo recorrido en trabajos arqueológicos.

En concreto, se priorizarán los trabajos de investigación sobre personas desaparecidas que podrían estar enterradas en una fosa común en el Cementerio de San Juan y en Los Rodeos, así como la investigación de un testimonio oral que señala una casa de la Calle del Agua, en La Laguna, como lugar de descanso final de cuatro personas desaparecidas.

Actuaciones

Entre otras actuaciones, se profundizará en el contexto histórico que envuelve a los ya conocidos como ‘11 del cementerio de San Juan’, ya que existen testimonios de familiares que indican otras localizaciones dentro del mismo Campo Santo localizado en el municipio de La Laguna; indagar sobre la posible existencia de fosas en el entorno de Los Rodeos, e investigar sobre una sepultura descubierta años atrás en el interior de una antigua cárcel en La Laguna.

En la medida de lo posible se estudiarán otros contextos donde también pudieran existir fosas de personas represaliadas, como la Cueva en el Tablero registrada en el Informe realizado en el 2012, la Cueva de Bocacangrejo que, tal y como refiere una vez más en el Informe resuelto en el 2012, los restos humanos que se encontraron en los años 60 podrían ser de personas desaparecidas; el Pozo de los Alemanes, en Arona; el Pozo en Fuente Cañizares, en La Laguna, y en Valle Jiménez y San Andrés.

Otro de los objetivos que se pretende para este proyecto, al menos de forma preliminar, es la localización de las fosas en el interior del Cementerio de Santa Lastenia de las personas fusiladas bajo consejo de guerra en el Barranco de El Hierro.

Comisión Técnica de Memoria histórica

El pasado 25 de septiembre de 2020 se celebró la constitución de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, órgano consultivo, técnico y asesor en la materia que cuenta con la participación de las administraciones públicas, las universidades y las asociaciones para la defensa y recuperación de la memoria histórica, y en la misma se presentó un borrador del protocolo de exhumaciones,  identificación y conservación de restos de personas desaparecidas durante la guerra civil y la represión franquista, que presentó la Consejería.

Dicho borrador se orienta en la misma línea que han seguido otras comunidades autónomas al incorporar un esquema técnico similar al fijado en el protocolo estatal de 2011, pero también las previsiones específicas que se contienen en ley canaria, con el objetivo de garantizar tanto el cumplimiento de la normativa autonómica como el establecimiento de un procedimiento compatible y validado por el Estado que facilite ulteriores planes coordinados de actuación

 

El Gobierno impulsará la unión de los Colegios de Economistas y Titulados Mercantiles, como ellos pretenden

Julio Pérez se reúne con decanos de economistas y titulados mercantiles de Las Palmas

Julio Pérez se comprometió ayer con sus representantes a impulsar un nuevo Colegio que en adelante los agrupe a todos

El decano del Colegio de Economistas, Juan Antonio García, y el decano del Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Las Palmas, Juan Ruiz, explicaron ayer viernes al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, su voluntad de confluir en un único colegio profesional.

Pérez trasladó a ambos la voluntad del Gobierno de Canarias a poner en marcha la iniciativa, e instó a ambas partes a que acuerden mediante qué fórmula, de las disponibles en la legislación, quieren seguir para lograrlo.

A la reunión también asistió la directora de Trasparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, y el jefe del Servicio de Entidades Jurídicas, José Arturo Matheu.

Tanto García como Ruiz explicaron que sus respectivas entidades ya han abordado el asunto y acordaron la constitución de un colegio único que agrupe a ambos, por lo que se comprometieron a estudiar las opciones disponibles en la normativa e iniciar el proceso ante la Administración autonómica en el menor plazo posible.

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Julio Pérez señala que los voluntarios reconocidos y organizados pueden mejorar la eficacia de los rescates

Julio Pérez se reúne con GEBE Canarias

El consejero de Seguridad se reunió ayer viernes con el Grupo Especial de Búsqueda y Evacuación de Canarias (GEBE Canarias)

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, se reunió ayer viernes con el presidente del Grupo Especial de Búsqueda y Evacuación (GEBE Canarias), José Francisco Guerra, y otros dos representantes de dicha asociación, en la que explicaron la labor que desarrollan y su disposición a colaborar con la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias.

Pérez destacó la importancia de los recursos que brindan las asociaciones de voluntariado debidamente registradas y ajustadas a la normativa vigente, pues contribuyen a incrementar las posibilidades de éxito en las intervenciones de rescate.

Por su parte, Guerra explicó que la asociación mantiene un convenio de colaboración con SOS Desaparecidos y está registrada en el Centro Nacional de Desaparecidos del Ministerio del Interior. Cuenta con 37 efectivos operativos a la fecha, además de otros adicionales dados de alta, organizados en equipos que se relevan en el desarrollo de las tareas que se les encomienda.

Entre otros aspectos, detalló que GEBE Canarias cuenta con una unidad de búsqueda nocturna que trabaja en el caso de desapariciones de personas mayores o niños y niñas, situaciones en la que paralizar las labores debido a la nocturnidad entraña un peligro adicional a la propia desaparición.

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Justicia y la Cámara de Comercio de Las Palmas impulsan un proyecto piloto de mediación mercantil

Julio Pérez presenta proyecto de mediación en Cámara de Comercio de Las Palmas

La iniciativa está subvencionada con 18.232 euros aportados por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad. Se prevé que se prolongue hasta el 30 de abril de 2021, periodo en el que se aspira a resolver de forma satisfactoria, al menos, 28 de 50 procesos. Si la valoración para entonces es positiva se podría prorrogar y extender al resto del Archipiélago

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presentó ayer viernes la puesta en marcha de un proyecto piloto de mediación para la resolución amistosa de conflictos en el ámbito mercantil, acto celebrado en la sede de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria. También acudieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, el presidente de esa institución, José Sánchez Tinoco, y el secretario general de la misma, Luis Padrón.

Pérez explicó que el proyecto está subvencionado con 18.232 euros aportados por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, e incluye la realización de unas jornadas de formación y capacitación de los mediadores que se ha llevado a cabo recientemente, así como la designación y compensación económica que estos recibirán por sus servicios. Se prevé que se prolongue hasta el 30 de abril de 2021, tras lo cual se valorarán sus resultados que, si resultan positivos, permitirían su prórroga y extensión al resto del Archipiélago. La meta, explicó Vallejo, es alcanzar un resultado satisfactorio en, al menos, 28 de 50 procesos.

El consejero indicó que la Consejería apuesta, en consonancia con el mandato contemplado en el Estatuto de Autonomía de Canarias, por promover mecanismos extrajudiciales de resolución de conflictos con la puesta en marcha de esta iniciativa en uno de los ámbitos que, de forma más intensa, está viviendo las consecuencias de la crisis sanitaria.

Para Pérez, resulta llamativo que este tipo de medidas tiene más demanda en la resolución de conflictos de tipo familiar que los de otros tipo, como el mercantil, y explicó que su impulso contribuiría a aliviar la presión que reciben los órganos judiciales de la materia. Al respecto, Vallejo indicó que cada tribunal mercantil aborda, de media, unas 600 causas al año, lo que explica la importancia de este proyecto.

Además, aludió a un argumento de carácter político y moral en apoyo a la mediación: La mejor solución de los conflictos sociales no siempre es que se resuelvan mediante un combate a cuyo término haya un ganador y un perdedor, sino que es mejor, y más fácil de ejecutar, por un acuerdo entre las partes. También se sirve a la justicia, y a la seguridad, a través de la mediación, remarcó.

En este sentido, Pérez indicó que es necesario contar con una estructura ágil que dé respuesta a los conflictos existentes entre las partes. Por ello, la Consejería apuesta por impulsar los mecanismos extrajudiciales de resolución de conflicto mediante el recurso a la mediación, que es un instrumento que permite a las partes obtener una solución consensuada y no traumática a su conflicto, y de mucho más fácil ejecución. Señaló que se trata de una fórmula más rápida y barata que un proceso judicial que, además, concluye con una sentencia que requiere ser ejecutada, mientras que en la mediación no sucede lo mismo.

De esta manera, enfatizó, se permite aligerar la carga de los juzgados mercantiles, a lo que Vallejo añadió que, en el caso de la provincia de las Palmas, casi dobla la que se considera como carga máxima adecuada por el Consejo General del Poder Judicial

El proyecto, realizado en coordinación con los dos juzgados de lo mercantil de la provincia, prevé que estos órganos judiciales puedan derivar al servicio de mediación de la Cámara Oficial de Comercio Industria y Navegación de Gran Canaria procesos en el que ambas partes sean empresarios y tengan su domicilio en la Isla, así como aquellos procesos referidos a procedimientos de propiedad industrial en los que los juzgados de lo mercantil de las Palmas tienen competencia en toda la Comunidad Autónoma.

Serán los órganos judiciales quienes decidan qué procesos deben ser derivados a mediación, informando a las partes de la existencia de este proceso, que será totalmente gratuito para ellas.

Por su parte, la Cámara de Comercio será la encargada de designar a los mediadores y actuar como interlocutora con los órganos judiciales. De igual modo también podrá activar servicios de mediación extrajudicial, en los que las partes acudan directamente a la Cámara para resolver su conflicto cuando este no haya sido judicializado.

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