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Las inversiones en Telecomunicaciones y Seguridad y Emergencias crecen en torno al 20% para 2021

Presupuestos CAPJS 2021

Los 308.284.352 euros con que contará la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para 2021 suponen una subida del 6,86% (8,15% si se compara sin las partidas relativas a las elecciones de 2019)

Julio Pérez señala que se trata de unas cuentas “no continuistas” que contribuirán a modernizar la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, explicó la semana pasada en sede parlamentaria que las cuentas de su Departamento para 2021 (308.284.352 euros) crecen el 6,86% que, en realidad, supone un 8,15% si se excluyen las partidas relacionadas con las elecciones de 2019. Dos de las áreas que más crecen en términos porcentuales en relación a 2020 son la dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías -DGTNT- (23,59%), que el próximo año alcanzará los 72.220.363 euros, y la Dirección General de Seguridad y Emergencias -DGSE- (19,68%), hasta los 37.483.668 euros. Pérez califica estas cuentas de no continuistas y afirma que contribuirán a modernizar la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (CCAA).

El consejero indicó que se trata de unos presupuestos que servirán para reducir el impacto de la pandemia de la Covid-19 y para preparar las administraciones públicas canarias para el nuevo escenario en el que deberán actuar, que les permitirán abordar las exigencias de esa nueva situación, como el teletrabajo o la atención no presencial a las que deberán habituarse las administraciones públicas en general.

Remarcó que tanto el incremento del 23,59% de la DG de Telecomunicaciones como la subida del 8,19% de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios para 2021 reflejan la intención de su Departamento de extender las comunicaciones no presenciales y la telematización en la Administración de la CCAA.

En este sentido, insistió en que las cuentas del próximo año contienen elementos para ser optimistas en cuanto a la modernización de la Administración Pública, y recordó que este mismo año ya se ha gestionado la Prestación Canaria de Inserción (PCI) de forma íntegra por vía telefónica. Se ha teletrabajado y se sigue haciendo, enfatizó.

En el caso de la DGTNT, los esfuerzos de esta área estarán orientados a avanzar en la consolidación del nuevo modelo de Administración Pública a través del impulso de la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la actividad administrativa y en la relación del Gobierno de Canarias con la ciudadanía, indicó el consejero.

Entre otros incrementos relevantes de este centro para 2021 caben destacar la subida del 223% de la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias -RESCAN- (hasta alcanzar los 1.032.000 euros); la subida del 210,21% de las Redes de nueva generación y red corporativa para soporte (2.560.000 euros); el 64,86% de crecimiento para las infraestructuras TIC (8.910.290 euros); el 36,95% en que sube la partida para Soporte de la Administración Electrónica (3.864.531 euros), o el 20,12% de incremento de la de Infraestructura y servicios de seguridad (2.832.302 euros).

En cuanto a la DG de Modernización, destacó la importancia de dos programas que muestran importantes incrementos: la Mejora de las Oficias de Información, que sube un 325,61%, hasta los 273.500 euros, y el Fomento de los Espacios Colaborativos, que aumenta un 123,39%, hasta los 189.880 euros, de los que 100.000 euros estarán destinados para la Dirección por Objetivos.

Seguridad y Emergencias

El consejero destacó también el incremento del 19,68% del área de Seguridad y Emergencia, en la que se consolida la aportación a los consorcios insulares de bomberos con una subida del 12% (hasta los 3.696105 euros), y se más que duplica la aportación a Cruz Roja, en 185,71% (hasta los 200.000 euros).

Enfatizó el refuerzo de las actuaciones destinados a Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. (GSC); el apoyo a los consorcios de bomberos, salvamento marítimo, rescates y protección civil en general, y el desarrollo de las medidas de autoprotección y planificación ante las emergencias, entre las cuales se contempla la adaptación de muchas de estas medidas a la situación de emergencia sanitaria que ha provocado la Covid-19.

Asimismo, Pérez remarcó la subida del 11,66%, hasta los 9.304.179 euros, para Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), empresa pública del Gobierno de Canarias adscrita a esta Consejería, y a la de Sanidad, que incluye el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2. Entre sus funciones se incluyen las urgencias y el transporte sanitario, la coordinación de las emergencias, la formación para la salud y la seguridad pública o la gestión económica y la recaudación sanitaria.

En este sentido, se han incluido dos proyectos nuevos: el de Prevención y gestión de riesgos específicos de contaminación y salvamento ligados al espacio de cooperación y la zona costera macrorregional Madeira Azores Canarias (Mawadipol), dotado con 298.588 euros, para la adquisición del material necesario para la asistencia y respuesta en caso de accidente de cruceros y la elaboración de un estudio de riesgos, así como el proyecto de la Unidad Modular de atención a Emergencias en la Macaronesia  (Umemac), que contará con 381.480 euros destinados a la creación de una unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) en la Macaronesia, adquirir el material necesario y llevar a cabo la formación a sus integrantes.

En relación al Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), la formación y las Policías Locales contarán con 714.302 euros en 2021; la adecuación instalaciones dispondrá de 323.162 euros; el equipamiento del CGPC, 289.200 euros, y la Galería de tiro en la sede de Las Palmas de Gran Canaria, 282.642 euros.

Otras áreas

De los 308,3 millones de euros con que contará la Consejería para 2021, el 55,10% corresponden a Justicia (169.868.259 euros), por delante del área de Administraciones Públicas y Transparencia, con el 30,25% (93.252061 euros). El resto se reparte entre Seguridad y Emergencias (12,16%, 37.483.668 euros); Servicios centrales (1,67%, 5.136.119 euros); Servicios Jurídicos (0,72%, 2.231.866), y Relaciones con el Parlamento (0,10%, 312.379 euros).

Dentro del área de Justicia destaca el incremento del 45% de los fondos destinados a los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), que suben de 600.000 a 870.000 euros, mientras que el programa de Tribunales de Justicia, el de mayor peso, contará con 158.271.439 euros, lo que supone un incremento del 1,57%.

En cuanto a Transparencia y Participación Ciudadana, el proyecto de instrumentalización, simplificación y fomento de la participación ciudadana en las políticas de Gobierno de la Comunidad Autónoma (ECOCIV) contará con 65.000 euros, mientras que Participación y Ciudadana y Datos Abiertos tendrán 180.000 euros en 2021.

Las OPE de Consolidación y Estabilización pretenden que puedan ser superadas por interinos

El consejero también se refirió al empleo público para 2021. Al respecto, señaló que a lo largo del próximo año se realizará, previsiblemente, la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2017 (225 plazas), a lo que hay que sumar las de la OPE de 2019 (216).

En total, 441 plazas. Además, explicó que la OPE Extraordinaria de Estabilización ofertará 1.522 plazas de personal laboral y 39 de personal funcionario, además de la OPE Extraordinaria de Consolidación, que ofertará 1.303 plazas de personal laboral y 57 de personal funcionario, señaló que, en la actualidad, se está terminando de ejecutar las OPE 2015 y 2016 (suspendidas por la COVID). A su término, supondrá la incorporación de 195 funcionarios de carrera.

Al respecto, calificó de “importantísimo problema y uno de los más serios que debe afrontar el Gobierno de Canarias” la estabilización y consolidación del personal que está en situación precaria. Explicó que entre las OPE de Estabilización y la de Consolidación está previsto alcanzar cerca de unas 3.000 plazas que serán ofertadas en este régimen especial que pretende favorecer, “lo digo con claridad”, la permanencia en esas plazas de las personas que están en esa situación, dentro del marco legal, aseveró.

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El Gobierno impulsa la transparencia y la participación con la creación de la Red Canaria de Gobierno Abierto

La red promoverá la colaboración interadministrativa entre Gobierno, cabildos y ayuntamientos en materia de transparencia, participación ciudadana y apertura de datos

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, realizó este jueves la presentación de la Red Canaria de Gobierno Abierto a los siete cabildos insulares y a la Federación Canaria de Municipios, en virtud de la cual se suscribirá un convenio marco que permita, de forma permanente y estable, la coordinación, colaboración e intercambio de información de las leyes canarias 12/2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley 5/2010 de Fomento de la Participación Ciudadana, además de avanzar la elaboración y aprobación de la futura Ley Canaria de Gobierno Abierto.

Tal como señala la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana de Canarias, Marta Saavedra, la Red Canaria de Gobierno Abierto busca ser un punto de encuentro entre los organismos de la administración pública de Canarias, que nace para facilitar la colaboración, el intercambio de experiencias y la coordinación entre los responsables de las administraciones, así como la sensibilización y formación a los empleados públicos en materia de gobierno abierto.

La red normalizará la acción del gobierno abierto en todas las administraciones públicas a través de la colaboración interadministrativa, lo que hará que se afiancen conocimientos en materia de participación y colaboración ciudadana en el diseño y ejecución de las políticas públicas, con el objetivo de lograr mejores resultados y una mayor calidad democrática.

También profundizará en la transparencia, en la publicidad institucional y el acceso a la información pública; en los datos abiertos para su uso en formatos accesibles y mejora en la reutilización, así como en la rendición de cuentas de las administraciones públicas de las Islas mediante el desarrollo de acciones orientadas a su mejora, permitiendo que estos estén centralizados y sean homogéneos y reutilizables.

Así mismo, gracias a la integración del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), se pretende crear un programa de formación general en gobierno abierto para los cargos electos, altos cargos y trabajadores de las distintas administraciones públicas del Archipiélago que contribuya a la sensibilización y formación en esta materia y también movilizará a los servidores públicos hacia una administración más transparente, participativa y colaborativa.

En el contexto de los proyectos de la Agenda Canaria 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan de Reactivación Socioeconómica de Canarias, los principios del Gobierno Abierto constituyen un eje clave para su ejecución, especialmente en el cumplimiento del Objetivo para el Desarrollo Sostenible 16, por cuanto propugna la configuración de un nuevo marco de gobernanza pública como catalizador de sociedades pacíficas e inclusivas, generador de instituciones sólidas, eficaces y responsables en la rendición de cuentas y en la promoción de la participación ciudadana en los asuntos públicos.

En la presentación de este jueves estuvieron presentes el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, el director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, David Padrón, además de representantes de transparencia, participación ciudadana y modernización de los sietes cabildos insulares y de la Federación Canaria de Municipios.

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El envío de atestados por internet y la mayor integración de Atlante Web, entre los avances de Justicia en Canarias

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia participó en la jornada ‘Transformación digital de la Justicia: continuidad a los proyectos de modernización’

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias, Marta Bonnet, participó este miércoles en la jornada Transformación digital de la Justicia: continuidad a los proyectos de modernización donde mostró los avances que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, está implantando en el ámbito judicial en relación con el Plan de Justicia 2030 que permitirá acercar la justicia a la ciudadanía, ofrecer un servicio público de calidad sin dilaciones y garantizar la cohesión y coordinación territorial.

Entre otros aspectos, destacó que este año se ha implantado el envío telemático de atestados desde las comisarías de policía a los juzgados a través de LEXNET y que también se está trabajando en la implantación de un sistema informático que permitirá las comparecencias apud acta mediante el uso de credenciales biométricas. Además, señaló como ejemplos de medidas implantadas en Canarias para lograr la eficiencia operativa del servicio público la potenciación de la integración de la última versión del sistema Atlante Web, la creación del expediente judicial electrónico y la implantación de la oficina judicial.

Bonnet apuntó que este año, debido a la situación provocada por el coronavirus, se han acelerado los procesos de transformación digital, lo que se ha visto reflejado en la puesta en marcha de una regulación del teletrabajo con la que antes del mes de marzo no se contaba. No obstante, la directora general insistió en que la COVID-19 no ha impedido perder el punto de vista en el objetivo esencial en la modernización de la Justicia, que pasa por el abandono del papel para entrar en un entorno digital de manera que se garantice la eficiencia y eficacia en la administración de justicia.

En las Islas, la directora mostró que uno de los trabajos de la Consejería pasa por garantizar el acceso a la justicia a la ciudadanía a través de la promoción de métodos alternativos como, por ejemplo, el proyecto de mediación familiar por derivación judicial que permite que estos procesos contenciosos tengan la oportunidad de llegar a una solución consensuada por las dos partes de un conflicto.

Por último, en materia de interoperabilidad de sistemas informáticos, Bonnet resaltó que es esencial el proyecto Datificación Territorial Analítica Predictiva y Cumplimiento Normativo Ciudadano: Transparencia Judicial Territorial basada en Datos Judiciales Georreferenciados que utilizará datos geoposicionados en el territorio obteniendo DataSets territoriales y mapas de información mediante su georreferenciación, identificando características poblacionales vinculadas a información territorial y usos del suelo. Esto hará posible, por ejemplo, crear un mapa de la violencia machista en las Islas que permitirá Objetivar la Demanda en todos aquellos recursos al servicio de las mujeres y menores víctimas de la violencia de género, a través de los bienes y servicios disponibles y su adscripción territorial mediante georreferenciación y geoposicionamiento del inventario disponible.

La jornada estuvo organizada por la revista Sociedad de la Información Digital y contó con la presencia del director general de Transformación Digital del Ministerio de Justicia, Aitor Cubo, además de representantes de la Generalitat de Catalunya, del Gobierno de Aragón, del Consejo General de la Abogación Español o del Consejo General de Procuradores de España.

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El Gobierno autoriza al ICAP a completar las partidas para financiar programas de formación a entidades locales

Se incrementa hasta 199.948 euros la subvención a la Fecam para instrumentar acciones formativas del personal público

El Consejo de Gobierno autorizó en su sesión de hoy jueves, 5 de noviembre de 2020, a iniciativa de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la generación de un crédito del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) por 6.988,50 euros para la formación de personal público de las entidades locales. Con este crédito se aumenta hasta los 199.948,50 euros la subvención a la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para instrumentar actividades formativas.

La memoria del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) pone de manifiesto que por acuerdo de la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas para la gestión de los fondos de formación de 2020, reunida el 16 de enero de 2020, se concede a la Comunidad Autónoma de Canarias la cantidad de 675.730,00 euros para la formación del personal de las entidades Locales canarias, dentro del marco del Acuerdo de formación para el empleo de las Administraciones Públicas.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, dictó una orden en junio por la que se acordaba la asignación y distribución de los fondos públicos de formación para el empleo de las Administraciones Públicas para 2020, asignados por el Instituto Nacional de Administraciones Públicas (INAP) y destinados a la financiación de la formación del personal público de las entidades locales de la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Mediante dicha orden, se asignó un total de 192.960 euros para la partida presupuestaria ‘Subvención FECAM formación empleados públicos entidades locales canarias’, que ahora se incrementa en 6.988,50 euros.

Dado que el importe inicialmente previsto, tanto en el presupuesto de ingresos como de gastos del ICAP, era de 652.110,00 euros, nace la necesidad de generar crédito por el mayor importe concedido.

El Gobierno afirma que Canarias tiene un Estatuto del siglo XXI que ayudará a salir de la crisis con más fortaleza

El Gobierno afirma que el Estatuto ayudará a salir de la crisis con más fortaleza

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, inaugura, junto al consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y la directora del ICAP, Eva de Anta, unas jornadas sobre el Estatuto de Autonomía en conmemoración del segundo aniversario de la promulgación del texto reformado

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, señaló hoy, 5 de noviembre, cuando se conmemora el segundo aniversario de la promulgación del reformado Estatuto de Autonomía, que hace dos años Canarias comenzó un nuevo camino con un renovado texto estatutario de tercera generación y adaptado al siglo XXI, que ayudará a las Islas a salir de la actual crisis sanitaria, económica y social con más fortaleza. Torres hizo estas manifestaciones durante la inauguración de las jornadas ‘El Estatuto de Autonomía de Canarias ante el reto de su desarrollo en la X Legislatura’, en la que también participaron el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, y la directora del Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), Eva de Anta.

Torres reconoció la oportunidad de las jornadas, organizadas por el ICAP, en colaboración con Presidencia del Gobierno, para examinar y analizar el desarrollo en los próximos años de la norma institucional básica de Canarias, y sostuvo que se celebran en un momento crucial para el futuro de las Islas, porque Canarias, remarcó, debe experimentar en el próximo ejercicio un salto cualitativo y cuantitativo con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, en los que por primera vez se reconocerá el nuevo Estatuto de Autonomía y las modificaciones realizadas en el Régimen Económico y Fiscal (REF).

El presidente de Canarias destacó algunas de las novedades del renovado Estatuto de Autonomía, como el establecimiento de las bases de un nuevo sistema electoral, la eliminación de los aforamientos autonómicos para el presidente y los miembros del Gobierno o la capacidad del presidente de disolver anticipadamente el Parlamento, previa deliberación del Gobierno.

Resaltó especialmente que el texto estatutario regula por primera vez la posibilidad de que el Parlamento delegue en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley (los decretos leyes autonómicos), cuestión que, señaló, ha sido y es de vital importancia en la actual crisis, ya que ha permitido al Gobierno actuar con rapidez y eficacia ante el “mayor desafío de nuestras vidas”.

Reconocimiento al personal público

Julio Pérez indicó que, desde hace dos años, con la entrada en vigor de la reforma del texto estatutario, la mayor parte de los problemas que suceden en Canarias los debe resolver la Administración de la Comunidad Autónoma por el nivel competencial que ostenta. Al respecto habló de la crisis motivada por la Covid-19, agradeció y reconoció el esfuerzo meritorio realizado por el personal público, y afirmó que las empleadas y empleados públicos se han adaptado a la situación para seguir prestando los servicios públicos.

Pérez hizo mención del teletrabajo y a la relación telemática con la ciudadanía durante la pandemia, y dijo que el alejamiento físico no puede ser una pérdida de proximidad con las personas receptoras de los servicios públicos, ya que este tipo de relación será la que marque el mundo del futuro con o sin pandemia.

El consejero mostró su satisfacción con la celebración de las jornadas y con el contenido de estas, ya que permiten examinar el conjunto entero del Estatuto de Autonomía, así como por la elección de los y las ponentes, en buena medida, empleadas y empleados públicos de la Administración canaria. Indicó que en estas jornadas se pone en valor el conocimiento de ese capital humano que, no solo participa en las jornadas para aprender, sino también para enseñar., y expresó la necesidad de que la Administración pública no solo debe estar basada en el conocimiento, sino, sobre todo, en la actualización permanente del conocimiento.

Perspectiva innovadora

Eva de Anta afirmó que las jornadas ‘El Estatuto de Autonomía de Canarias ante el reto de su desarrollo en la X Legislatura’, se desarrollarán durante seis sesiones, entre los días 5 y 19 de noviembre, en la modalidad online, a través de un entorno virtual, para salvar las dificultades que se derivan de la actual situación sanitaria ocasionada por la Covid-19.

Explicó que las mismas tienen como objetivo examinar y analizar el desarrollo en los próximos años del Estatuto de Autonomía de Canarias desde una perspectiva innovadora y actual. Nos se centra, sostuvo, en explicar la norma básica de las Islas, sino en examinar y reflexionar el camino que se puede recorrer bajo su amparo y lo logros que se pueden conseguir a corto o medio plazo.

 

Canarias propone que se intensifique la formación digital de funcionarios y profesionales de la Justicia

Canarias propone intensificar la formación digital de funcionarios y profesionales de la Justicia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias participó este viernes en la Conferencia Sectorial de Justicia

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, expresó hoy su sintonía entre los proyectos del Ministerio de Justicia y de su departamento, puso de manifiesto la oportunidad que suponen los proyectos europeos que, a la vez, serán un reto de gestión para el que los gobiernos autonómicos tendrán que estar preparados, y recentó como instrumentos fundamentales para su éxito la actuación coordinada y el modelo de cogobernanza. Afirmó, además, que para el éxito de los proyectos serán necesarios sistemas de evaluación de la calidad de los servicios basados en datos y un plan de reciclaje y formación continua de funcionarios y profesionales de la justicia, formación, dijo, imprescindible para la extensión de medios tecnológicos.

Julio Pérez, se refirió a estas cuestiones durante la Conferencia Sectorial de Justicia, presidida por el ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, quien explicó vía telemática a todos los consejeros y consejeras autonómicos del país con competencias en esta materia las estrategias de actuación que en el ámbito de esta área se perfilan de cara a los Presupuestos Generales del Estado.

En la reunión también estuvieron presentes, en representación del Gobierno de Canarias, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet.

El ministro indicó que se prevé la incorporación de dos líneas de actuación de cara a los nuevos presupuestos estatales, la estrategia Justicia 2030 y la estrategia Justicia post Covid, ambas destinadas a atender los principales retos en materia de mejora de calidad del servicio público, innovación digital y eficiencia procesal que permitirán dar respuestas en situaciones de crisis como la que estamos viviendo en estos momentos.

Asimismo, Campos resaltó que estas dos iniciativas también tienen que ir acompañadas de una estrategia legislativa que adapte el marco normativo y con ello se logre proyectos concretos como la futura Ley de Eficiencia Procesal, que recoge reformas normativas destinadas a prestar un servicio más ágil reforzando las garantías y donde se integran muchas de las aportaciones que ha realizado Canarias a este fin; la Ley de Eficiencia Digital o la regulación de los tribunales de instancia  y de las nuevas oficinas municipales.

El ministro también hizo referencia a la necesidad de afrontar el reto de los proyectos europeos abogando por una gestión coordinada y la realización de esfuerzos conjuntos en colaboración con la vicepresidencia segunda del gobierno del Estado.

 

 

El Gobierno destina 7,7 millones para el mantenimiento de la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias

El gasto se distribuirá en cinco anualidades, entre los años 2021 y 2025, y se dará cuenta del mismo al Parlamento de Canarias

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó en su sesión de hoy jueves, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el gasto de 7,7 millones de euros, relativo a la contratación, mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada, del mantenimiento integral de la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias (RESCAN) y asistencia con apoyo técnico a la oficina de la red.

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías ha acreditado la necesidad de proceder a la contratación del servicio, cuyo presupuesto de licitación asciende a un total de 7.767.520,12 euros.

Dicho importe se distribuirá en cinco anualidades: 1.618.233,37 euros en 2021; un total de 1.941.880,03 en cada uno de los años 2022, 2023 y 2024, y una última anualidad, en 2025, por importe de 323.646,66 euros.

La Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, establece que le corresponde al Gobierno autorizar todos los gastos de cuantía superior a 2.000.000 de euros, salvo los de las transferencias corrientes y de capital nominadas, que serán autorizados por el titular del Departamento competente en la materia.

En cumplimiento de la misma ley, el Ejecutivo dará cuenta al Parlamento de la autorización de dicho gasto.

 

El Gobierno otorga subvenciones directas para mediación judicial y Puntos de Encuentro Familiar

Se trata de nueve ayudas directas concedidas en el tercer trimestre de 2020 por un importe que supera los 461.000 euros

El Consejo de Gobierno de Canarias conoció este jueves, 29 de octubre, las subvenciones otorgadas de forma directa por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad durante el tercer trimestre de 2020 destinadas al programa de Puntos de Encuentro familiar y al establecimiento de un proyecto de mediación intrajudicial y extrajudicial. Se trata de nueve subvenciones por importe total de 461.702,04 euros.

La Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020 señala que trimestralmente se dará cuenta al Gobierno de Canarias de las subvenciones concedidas de forma directa, siempre que se acrediten razones de interés social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas, cuyo importe no exceda de 150.000 euros, por el titular del Departamento respectivo.

Durante el tercer trimestre del presente año se concedieron por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, las siguientes subvenciones directas, por importe que no excedió los 150.000 euros:

-Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife. Establecimiento de un proyecto de mediación entre usuarios del turno de oficio y abogados, servicio de orientación a la mediación y mediación intrajudicial y extrajudicial (37.544,49 euros).

-Organización No Gubernamental Cruz Roja Española. Programa Punto de Encuentro Familiar en la Isla de La Gomera 2020 (40.746,72 euros).

-Organización No Gubernamental Cruz Roja Española. Programa Punto de Encuentro Familiar en el municipio de Santa Lucía de Tirajana 2020 (50.528,68 euros).

– Organización No Gubernamental Cruz Roja Española. Programa Punto de Encuentro Familiar en la Isla de El Hierro 2020 (48.626 euros).

-Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial +Familia. Programa Punto de Encuentro Familiar en la Isla de Lanzarote 2020 (31.787,67 euros).

-Organización No Gubernamental Cruz Roja Española. Programa Punto de Encuentro Familiar en la Isla de La Palma 2020 (56.635,92 euros).

-Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife. Programa Punto de Encuentro Familiar Tenerife Norte 2020 (38.958,95 euros).

-Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife. Programa Punto de Encuentro Familiar en Fuerteventura 2020 (33.828,64 euros).

-Asociación Domitila Hernández desde Tacoronte por la Igualdad de Oportunidades. Programa Punto de Encuentro Familiar Familias Domitila en el Sur de la Isla de Tenerife (123.044,97 euros).

 

Los atestados policiales podrán enviarse a los juzgados por internet, sin necesidad de traslados físicos

Los atestados policiales podrán enviarse a los juzgados por internet

Esta actuación posibilita una drástica reducción de los tiempos de recepción de la documentación, evita los desplazamientos físicos, permite ahorro económico y de espacio y genera más seguridad, al existir una mayor garantía de integridad del expediente judicial y trazabilidad de los documentos

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Julio Pérez, ha puesto en marcha esta semana un proyecto piloto en el partido judicial de Telde para la remisión telemática de los atestados policiales por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a los órganos judiciales de Canarias. Con esta medida se mejoran los tiempos de respuesta y se genera un mayor control y trazabilidad de los documentos, así como un menor espacio de almacenamiento.

Este proyecto se realiza a través de LexNet, plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y operadores jurídicos, con la que se consigue la remisión inmediata del atestado, simplemente pulsando un botón, y una vez enviado a su destino se integra en el expediente judicial correspondiente.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, explica que esta semana se ha realizado con éxito la primera remisión de atestados desde la Comisaría de la Policía Nacional de Telde al partido judicial, y destaca que con la puesta en marcha de esta experiencia piloto se continúa con la política permanente de modernización de la Administración de Justicia en Canarias con el objetivo de actualizar y mejorar los servicios públicos.

Bonnet afirma que la tramitación electrónica no puede ser una forma especial de gestión procesal, sino que debe constituirse como actuación habitual de las Administraciones Públicas. En esa línea, señala que el Gobierno de Canarias, en sus competencias en materia de justicia, viene aplicando una política permanente y específica basada en la eficiencia en los fines y en la utilización de los recursos, en la coordinación y colegiación de esfuerzos, la transparencia y la interoperabilidad de los sistemas tecnológicos.

Beneficios

Entre los beneficios de la remisión telemática de atestados policiales, para todas las instancias implicadas, está una mayor rapidez, puesto que existe una drástica reducción de los tiempos de recepción de la documentación, en este caso el atestado, ya que el órgano judicial dispone del mismo en el momento del envío.

Además, evita los desplazamientos físicos, reduce el papel y los costes asociados, y permite ahorro económico y de espacio, puesto que ya no es necesario el proceso de archivo físico. Asimismo, genera más seguridad, al existir una mayor garantía de integridad del expediente judicial y trazabilidad de los documentos, reduciendo los errores derivados de la gestión manual.

Aumenta también la calidad, ya que posibilita una mejor conservación de la información; permite realizar búsquedas y obtener indicaciones de mejora de la gestión, facilita la interoperabilidad de las comunicaciones entre todos los implicados, y ayuda al cumplimiento de la ley, en cuanto que genera documentos electrónicos con garantías.

 

Las asociaciones de memoria histórica de Canarias se reúnen con el secretario de Estado de Memoria Democrática

En el encuentro, organizado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, estuvo presente la Asociación de Memoria Histórica de Arucas en representación de las asociaciones de las Islas

El secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, mantuvieron este pasado lunes, en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria, un encuentro con la Asociación de Memoria Histórica de Arucas como representante de las asociaciones de memoria histórica de las Islas.

En la reunión estuvieron presentes el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; además de, por parte de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas, su presidenta, Pino Sosa; su secretario, Gregorio Arencibia; y el vocal, Orlando Rodríguez; así como el director del Gabinete del secretario de Estado de Memoria Democrática, Alfonso Berlanga. También estaban convocadas la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Palma y la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, que excusaron su ausencia.

El secretario de Estado ha explicado el contenido del anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, que fue aprobado por el Gobierno el pasado mes de septiembre, y que inicia ahora su trámite de audiencia pública. Según explicó, el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática tiene la ambición de poner a las víctimas y su dignificación en el centro de la actuación pública. Con la nueva normativa se pretende la declaración de ilegitimidad de los tribunales de excepción y la nulidad de las resoluciones que dictaron, así como potenciar y reconocer la labor del movimiento memorialista, creando un órgano permanente de consulta.

Así mismo, en el anteproyecto se refleja que las labores de búsqueda, localización y exhumación de restos de personas desaparecidas son una responsabilidad del estado, por lo que se establecerá un plan cuatrienial de actuación y se crearán un banco de ADN nacional de víctimas, así como una fiscalía especial de Memoria Histórica y Derechos Humanos que garantice el derecho a la investigación de las violaciones de derechos humanos durante GC y dictadura.

Los representantes de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas saludaron positivamente el contenido de la ley e insistieron en la importancia de su cumplimiento efectivo y de que se cuente con la imprescindible aportación que realizan las asociaciones memorialistas. En particular, indicaron la urgencia de proceder a la investigación, localización y exhumación de las fosas que aún quedan por intervenir en Canarias.

En la actualidad en Canarias está en marcha la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, que tuvo su primera reunión constitutiva el pasado 25 de septiembre. Su constitución no es más que un mandato de la Ley 5/2018, de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista, y con ella se busca alcanzar una política de recuperación y dignificación de la memoria democrática.

El dictamen de esta Comisión Técnica es necesario también para la elaboración de la estrategia de la Memoria Histórica que debe aprobar el Gobierno, así como, entre otras cuestiones, aprobar el catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas, la actualización del mapa de fosas o la aprobación del protocolo de exhumaciones, siendo todas estas actividades en las que trabaja intensamente el Gobierno de Canarias.

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