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El Gobierno de Canarias crea el portal de datos abiertos con el catálogo más amplio de toda España

La web datos.canarias.es registra más de 7.500 datos, federándose la mayoría de ellos en el portal nacional datos.gob.es

El Gobierno de Canarias ha estrenado el nuevo Portal de Datos Abiertos de Canarias, en el que se recogen más de 7.500 datos, convirtiéndose en el punto de acceso único con más datos de información pública registrados en toda España. La web nueva, que se aloja en el dominio datos.canarias.es, sustituye a la anterior de opendata.gobiernodecanarias.org, creada en 2015 y con un catálogo de alrededor de 190 datos, un incremento que se debe a la unión en un solo portal de las bases del Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Estadística (ISTAC) y del Sistema de Información Territorial de Canarias (SITCAN).

Se trata de un trabajo impulsado desde la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, en colaboración con la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías; ambas dependientes de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dirigida por Julio Pérez; el ISTAC y la empresa Cartográfica de Canarias (GRAFCAN).

El objetivo de datos.canarias.es es convertirse en el futuro en el único punto de acceso a los datos abiertos de Canarias en colaboración con el resto de las administraciones públicas de las Islas, siendo este uno de los compromisos asumidos por el Gobierno autonómico en el IV Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024.

La directora general de Transparencia y Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias, Marta Saavedra, explica que el nuevo portal presenta apartados novedosos como son el de visualización de datos, que publica gráficos o vistas de datos que ayudan a comprender y relacionar los datos; la sección historia de datos, un pequeño blog donde se crearán relatos a partir de la información alojada en el portal; o aplicaciones, una sección que muestra recursos creados, y que se irán creando, como el Mapa Escolar, el Mapa de Cultivos o el Sistema de Observación Meteorológica de Canarias, entre otros.

Así mismo, se presenta la información organizada por estadísticas, territorios y clasificada en 22 categorías; se crea la sección catálogo de datos donde se encuentran los distintos conjuntos a los que se les asocian una serie de metadatos como el nombre, descripción, formatos, licenciamiento o la frecuencia de actualización que permiten situar y entender la información; y la de desarrolladores, dedicada a personas expertas que trabajan extrayendo información de los datos de manera automatizada.

Igualmente, se ha renovado la identidad gráfica propia creando una nueva imagen gráfica como marca asociada a este proyecto, que ayuda a identificar y promover las actuaciones desarrolladas en torno a la apertura de datos de todas las administraciones públicas de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Además, Saavedra recuerda que, en la elaboración de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible, así como en el Plan Reactiva Canarias, se pone de manifiesto el interés del Ejecutivo canario en transitar hacia una gestión pública inteligente que se fundamenta en la toma de decisiones apoyada en datos, y se promueve la cooperación y las alianzas con el resto de administraciones públicas de las Islas.

20% de los datos alojados en datos.gob.es

La información alojada en el Portal de Datos Abiertos de Canarias ha sido federada en el portal estatal datos.gob.es, plataforma nacional que organiza y gestiona el catálogo de datos abiertos del sector público, pasando a ser la comunidad autónoma con mayor número de conjuntos de datos publicados al aportar el 20% del total (7.460 datos federados de los 36.506 que tiene el portal nacional). Este hecho supone poner los datos de Canarias en el radar nacional y también en el internacional, puesto que datos.gob.es tiene su información, a su vez, federada con el European Data Portal.

En líneas generales, los portales de datos abiertos son plataformas digitales que sirven para dar a conocer al mundo los recursos de información que pueden ser reutilizados para crear nuevos servicios que aporten valor democrático, social y económico. A esto hay que sumar que estos se convierten en el punto de encuentro entre el sector público, el sector privado, la ciudadanía, las personas que desarrollan programas informáticos y las del sector del periodismo, entre otras.

Desde el nuevo Portal de Datos Abiertos de Canarias se puede consultar y descargar no solo información general, sino también estadística y territorial relativa al Archipiélago, por lo que con ello el Gobierno de Canarias cumple la Directiva (UE) 2019/1024 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de Junio de 2019 relativa a los datos abiertos y la reutilización de la información del sector público, que prioriza estas dos categorías.

Canarias ha sido señalada por los indicadores de madurez de Datos Abiertos Europeos como gobierno ejemplar en la apertura de datos, en concreto por el proyecto #OpenDataMujeresCanarias, del año 2019, que marcó como objetivo promover el uso de datos abiertos para sensibilizar, promover la igualdad de género y fomentar el equilibrio entre el tiempo libre y la vida laboral y una distribución equitativa de las responsabilidades públicas y privadas entre hombres y mujeres.

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Los servicios de Medicina Legal y Asistencia a las Víctimas se conectan digitalmente con las fuerzas de seguridad

Medicina Legal y Asistencia a las Víctimas se conectan digi-talmente con las fuerzas de seguridad

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ratifican un convenio entre la Administración estatal y autonómica sobre el Sistema estatal de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género

Este instrumento jurídico permitirá al personal adscrito a la Unidad de Valoración Forense Integral de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de la Comunidad Autónoma de Canarias contar con toda la información que existe en VioGén en tiempo real y contribuir con sus propios datos al sistema

El Ministerio del Interior y el Gobierno de Canarias han suscrito un convenio para incorporar a los Institutos de Medicina Legal y a las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de la Comunidad Autónoma de Canarias al Sistema estatal de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén).

El convenio, firmado en representación del Estado por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y que viene a incrementar cuantitativa y cualitativamente la información incluida en VioGén, ha sido ratificado hoy en Las Palmas de Gran Canaria por el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez.

“Con la firma de este convenio damos un paso más en la implementación de nuestra red de protección a las mujeres maltratadas y a sus hijas e hijos. Y es todo un avance, dado que unos órganos tan importantes para las resoluciones judiciales en los casos de Violencia de Género como son los Institutos de Medicina Legal y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas van a poder contar con toda la información actualizada y a su vez contribuir con los datos propios que manejan para llevar a cabo una actuación mucho más efectiva”, afirma Anselmo Pestana.

“Hemos de recordar que son estos órganos quienes valoran el nivel de riesgo, informan al juez sobre la relación entre los integrantes de la pareja y con respecto a sus hijas e hijos, entre otras cuestiones, para que después los tribunales dicten sentencia en los casos de Violencia de Género. Por eso, desde el Gobierno de España queremos agradecer al Gobierno de Canarias el compromiso con esta causa, con esta colaboración bidireccional, ejemplo de la necesidad que tenemos en el Estado de las Autonomías de una cooperación y coordinación fluidas, efectivas y enriquecedoras entre Administraciones Públicas”, añade.

Al respecto, Julio Pérez señala que a través del Convenio suscrito se consigue incluir, dentro de las instituciones con acceso a VioGén, “a órganos tan relevantes como son los Institutos de Medicina legal, encargados, entre otras cosas, de llevar a cabo los dictámenes periciales de valoración de riesgo dentro de los procedimientos judiciales y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas, cuya puesta en funcionamiento en Canarias se desarrollará durante este año y  a las que competerá la asistencia, seguimiento y propuesta de medidas de protección de las mismas”.

De esta forma, estas instituciones, para llevar a cabo su trabajo, podrán apoyarse en los datos que se extraen del Sistema, “a la vez que lo enriquecerán aportando la información derivada de su propia actividad, garantizando así la comunicación y trabajo coordinado de todas las instituciones”, remarca Pérez, quien informa de que actualmente ya se están poniendo en marcha los trabajos de adaptación técnica  y definiendo los roles de los y las profesionales que podrán acceder al sistema, que será efectivo una vez se publique el Convenio en el Boletín Oficial del Estado y se culmine este proceso.

Acceso a los datos de VioGén en tiempo real

El convenio entre el Ministerio del Interior y el Gobierno autonómico canario permitirá al personal adscrito a la Unidad de Valoración Forense Integral de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses y de las Oficinas de Asistencia a las Víctimas de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad de la Comunidad Autónoma de Canarias contar con toda la información que existe en VioGén en tiempo real y, a su vez, contribuir con sus propios datos al Sistema para que puedan ser utilizados por el resto de órganos usuarios.

Esta información en tiempo real es de gran utilidad, dado que, antes de remitir su informe al juez, los Institutos de Medicina Legal y las Oficinas de Asistencia a las Víctimas pueden comprobar en la ficha VioGén si ha habido alguna novedad o algún hecho reseñable que haya de ser tenido en cuenta, como un posible cambio en el nivel de riesgo determinado por la Policía, circunstancias que hasta ahora no eran valoradas por no tener naturaleza delictiva.

En el convenio, el Ministerio del Interior y el Gobierno de Canarias reconocen “la gravedad y persistencia de las infracciones penales cometidas en el ámbito familiar, y más concretamente en el de la Violencia de Género”, y por ello consideran necesario “profundizar en las medidas de protección a las víctimas, a través de una adecuada coordinación de las actuaciones entre ambas Administraciones, con el fin de prevenir y evitar riesgos de nuevas agresiones”.

En este contexto, señala el texto, “resulta fundamental disponer de un registro con la información que permita realizar un seguimiento individualizado de las circunstancias de estas víctimas y de la evolución del riesgo en que se encuentren”, teniéndose en cuenta tanto los datos relativos a la comisión de infracciones penales, los relacionados con la violencia doméstica y de género, de carácter identificativo, de características personales y de tipo asistencial.

El Sistema VioGén del Estado, cada vez más presente en Canarias

El Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (Sistema VioGén), de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, se puso en funcionamiento el 26 de julio del 2007, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, siendo sus objetivos:

  • Aglutinar a las diferentes instituciones públicas que tienen competencias en materia de Violencia de Género.
  • Integrar toda la información de interés que se estime necesaria.
  • Hacer predicción del riesgo.
  • Atendiendo al nivel de riesgo, realizar seguimiento y protección a las víctimas en todo el territorio nacional.
  • Efectuar una labor preventiva, emitiendo avisos, alertas y alarmas, a través del Subsistema de Notificaciones Automatizadas, cuando se detecte alguna incidencia o acontecimiento que pueda poner en peligro la integridad de la víctima.

El Ministerio de Interior y el Gobierno de Canarias ya suscribieron en enero de 2019 un convenio de colaboración para incorporar a personas usuarias adscritas a los servicios sociales y asistenciales de las Islas al Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género. Con la firma de este nuevo instrumento se incorpora también al sistema el personal de la administración de justicia dependiente del Gobierno de Canarias que lleva a cabo una labor fundamental en el diagnóstico, valoración y protección de las víctimas de violencia de género. Se completa y perfecciona así el acceso que ya tenían los órganos judiciales y la fiscalía, permitiendo un sistema de protección mucho más completo y efectivo.

En el marco del sistema VioGén, la Delegación del Gobierno en Canarias promueve además la colaboración con los municipios del Archipiélago en la protección policial de las víctimas de la Violencia de Género, a través de la firma de una serie de protocolos para que la Policía Local tenga una participación más activa en la tarea de proteger a las mujeres maltratadas y a sus hijas e hijos.

En este sentido, Canarias cuenta ya con cerca de la mitad de sus términos municipales bajo esta red de protección a las víctimas de la Violencia de Género que promueve la Delegación del Gobierno, habiendo sido 2020, a pesar de las dificultades asociadas a la pandemia, un año particularmente fructífero para esta iniciativa, con la firma de 29 protocolos de colaboración policial desde enero, lo que supone aproximadamente el 70% del total de los hasta ahora suscritos.

De esos 42 municipios que ya han firmado un protocolo de colaboración policial con el Estado, 27 han suscrito la incorporación al Sistema VioGén, 16 de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 11 de Las Palmas.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, hasta el pasado 31 de diciembre un total de 47.180 casos habían sido objeto de protección por parte del Sistema VioGén en Canarias, 24.516 en la provincia de Las Palmas y 22.664 en Santa Cruz de Tenerife.

De ellos, y hasta ese mismo día, 4.370 permanecían activos en todo el Archipiélago, de los que 2.083 se registraban en la provincia de Las Palmas y 2.287 en Santa Cruz de Tenerife.

 

 

Canarias pone en marcha el Juzgado de lo Social 11 de Las Palmas para atender con garantía la crisis de la COVID-19

Se trata del primero de los tres juzgados solicitados por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad al Ministerio de Justicia para atender el incremento de litigios generados por la crisis del coronavirus en el ámbito social y mercantil

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha puesto en funcionamiento el Juzgado de lo Social número 11 de Las Palmas, el primero de los tres que se solicitó el pasado verano al Ministerio de Justicia para hacer frente al aumento de los litigios derivados de la crisis de la COVID-19.

La Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria cuenta desde el pasado 30 de diciembre con esta nueva dotación, cuya creación se promovió en junio durante la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas. En este encuentro, además del juzgado ya en funcionamiento, se instó a la creación del Juzgado de los Social número 9 de Santa Cruz de Tenerife y el Juzgado de lo Mercantil 3 de Las Palmas, que está previsto que entren en funcionamiento el próximo mes de junio.

Como señala la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, estos tres órganos judiciales se han creado con carácter urgente dada la situación excepcional generada por la crisis económica actual, que ha hecho que se hayan incrementado los litigios mercantiles y sociales. Para su puesta en marcha, el Ejecutivo autonómico asumió el compromiso de dotarlos de medios materiales y personales adecuados. Esta iniciativa se enmarca dentro de las medidas contempladas en el Plan de Choque de la Administración de Justicia para hacer frente a los efectos de la crisis de la COVID-19.

El plan se centra en atender las necesidades de las jurisdicciones más afectadas por las circunstancias actuales (mercantil y social) en el que, además de un sistema de refuerzos implantado desde septiembre de 2020 al que han podido acogerse voluntariamente los juzgados de esos órdenes jurisdiccionales, prevé la creación de estas tres nuevas unidades judiciales.

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Alumnado de las universidades públicas canarias podrá realizar prácticas laborales en el Gobierno de Canarias

Un joven trabaja frente a un ordenador

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad suscribe sendos convenios con la ULL y la ULPGC para que el alumnado universitario pueda adquirir experiencia profesional para su posterior inserción laboral

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, ha suscrito sendos convenios de colaboración con la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para que el alumnado de ambas instituciones académicas pueda realizar prácticas externas en dependencias y centros de trabajo de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. El objeto de estos acuerdos es dotar al alumnado de un mayor componente práctico a su formación académica, así como adquirir experiencia profesional para su posterior inserción laboral.

Julio Pérez ha suscrito estos acuerdos de colaboración con el rector de la ULPGC, Rafael Robaina, y con la vicerrectora de Estudiantes, Empleabilidad y Campus Guajara de la ULL, Gloria Lastenia Hernández, quienes muestran mediante esta firma su deseo de establecer una estrecha colaboración educativa en el ámbito de la realización de prácticas externas de las titulaciones de grado y máster de las universidades canarias, destinadas a la formación íntegra del estudiantado universitario y a la mejora de su empleabilidad.

Así, los convenios comprenden la realización de prácticas académicas externas curriculares o extracurriculares en las distintas áreas de actividad de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma por parte de estudiantes de Grado y Máster de diferentes disciplinas académicas y conseguir, de esta manera, una formación más completa en contacto con el ambiente real del mundo laboral y el trabajo desarrollado en las ocupaciones profesionales relacionadas con los estudios que cursa.

La realización de prácticas formativas externas por parte del alumnado universitario tiene por objeto dotar de un mayor componente práctico a su formación académica, conectando los estudios universitarios con las actividades profesionales y con las salidas laborales existentes. Se trata de un mecanismo de conexión permanente de las universidades con el tejido productivo y el mundo empresarial, así como con el entramado institucional y organizativo de Canarias, al tiempo que se ofrece al estudiantado experiencia en el mundo laboral para su posterior inserción profesional en las ocupaciones del mercado de trabajo adecuadas a los conocimientos, capacidades y habilidades adquiridos en la titulación cursada.

Objetivos

Entre los objetivos de los acuerdos están contribuir a la formación integral de los y las estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico; facilitar el conocimiento de la metodología de trabajo adecuada a la realidad profesional en que alumnado universitario habrá de operar, contrastando y aplicando los conocimientos adquiridos; favorecer el desarrollo de competencias técnicas, metodológicas, personales y participativas; obtener una experiencia práctica que facilite la inserción en el mercado de trabajo y mejore su empleabilidad futura; y favorecer los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento.

La relación entre la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y el o la estudiante que acoge para el desarrollo de prácticas externas no será en ningún caso de carácter laboral. La realización de las prácticas no constituirá mérito para el acceso a la función pública, ni se computará a efectos de reconocimientos de servicios previos. Asimismo, la Administración autonómica, sus organismos autónomos y entidades de Derecho Público no podrán cubrir, siquiera con carácter interino, ningún puesto de trabajo con alumnado en prácticas externas, ni establecer una relación laboral retribuida.

Dado su carácter formativo, de la realización de las prácticas externas no se derivará, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo.

En este sentido, los y las estudiantes no cumplirán órdenes de trabajo; deberán identificarse como personal externo al centro donde realizan las prácticas; no dispondrán de acceso propio a sistemas, aplicativos ni recursos electrónicos, ni utilizarán medios telemáticos de la Administración; sus tareas serán formativas y no productivas y, en particular, no podrán realizar funciones propias del personal al servicio de las Administraciones Públicas ni se turnarán con dicho personal y no estarán sujetos a las normas sobre horario de dicho personal ni a los medios de control de horario propios de los mismos.

Los convenios suscritos tendrán una duración de cuatro años, pudiendo prorrogarse en cualquier momento antes de su finalización, previo acuerdo de ambas partes, por un período de hasta otros cuatro años adicionales.

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El Gobierno abona hoy a los ayuntamientos 100 millones del Fondo Canario de Financiación Municipal

El Gobierno abre el proceso para la gestión de ayudas por los efectos del ciclón tropical ‘Hermine’

Se publica la Ley 5/2020, de régimen excepcional del FCFM para 2020, que amplía hasta el 31 de marzo el plazo para que los municipios envíen la documentación necesaria para la elaboración de las auditorías

Asimismo, podrán destinar parte de estos recursos a los gastos por la crisis sanitaria de la Covid-19 y al mantenimiento de los servicios esenciales

En el día de hoy, se publica en el Boletín Oficial de Canarias, la Ley 5/2020, de 25 de noviembre, de régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana, que contempla, el pago de las cantidades pendientes a cuenta de este instrumento financiero, antes del final del ejercicio,  junto con la publicación de la norma ya aprobada por el Parlamento como ley, el Gobierno hace efectivo el pago de esa cantidad a los ayuntamientos.

Igualmente, se amplían los plazos para la presentación de la documentación para la elaboración de la auditoría y para el acuerdo de toma en consideración de la misma, en coherencia con el diferimiento de los plazos legales de rendición de la cuenta general en un período equivalente a la duración efectiva del estado de alarma, aprobada por el Real Decreto ley 11/2020, y se regula el pago final del Fondo durante el último trimestre del ejercicio, conjuntamente con la distribución definitiva del Fondo correspondiente a 2018.

El Consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, declaró que “la inmediata ejecución por esta Consejería de lo dispuesto en esta ley es otro ejemplo del compromiso del Gobierno de Canarias con la suficiencia financiera de los ayuntamientos y con el mantenimiento de los servicios públicos esenciales”.

Esta Ley, producto de la tramitación parlamentaria del Decreto-ley 12/2020, de 30 de julio, sobre régimen excepcional del Fondo Canario de Financiación Municipal para 2020 y de fomento de la participación ciudadana, viene a ratificar las decisiones anteriormente adoptadas por el Ejecutivo autonómico con la conformidad de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), y previo informe del Consejo Municipal de Canarias. De este modo, a diferencia de otros ejercicios, en los que los ayuntamientos solo recibían un anticipo del 35%, y el resto se transfería cuando se presentaban las auditorías correspondientes a cada entidad, el Gobierno de Canarias estableció un nuevo  pago a cuenta, el mes de julio, de otro 35% del Fondo, al que se unirá ahora este último pago final como medida garantizar la liquidez de los municipios.

Flexibilización del destino del Fondo

Cabe recordar que el FCFM tiene por objeto dotar a los municipios de recursos para el saneamiento económico-financiero o, si se cumplen los indicadores previstos en la ley, para inversión o ayudas de emergencia social -en determinados casos-, así como para gastos de libre disposición.

La nueva norma establece un régimen excepcional del FCFM para este ejercicio en el que, a pesar de que se mantienen los valores de los indicadores contemplados en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, estos se configuran solo a los efectos de diagnóstico económico financiero, sin penalizaciones, y se regula un régimen especial del destino de la parte condicionada del Fondo para que pueda ser destinado a diversas políticas de gasto vinculadas a los servicios públicos esenciales, así como a gastos derivados de la respuesta a la crisis sanitaria, incluidos los derivados del fomento e implantación de sistemas de teletrabajo del personal al servicio del ayuntamiento o de sus entes dependientes.

Además, los ayuntamientos con una peor situación financiera podrán mantener el destino de saneamiento financiero de esta parte del Fondo. Asimismo, a idénticas finalidades podrán ser destinados los excesos de financiación no utilizados derivados del FCFM correspondientes al ejercicio 2019.

FCFM definitivo de 2018

Por otra parte, el Gobierno de Canarias acordó el pasado 15 de octubre de 2020 la distribución definitiva del FCFM 2018 entre los ayuntamientos previsto en la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, por un importe de 12.526.778,88 euros, que ahora se incluye en este pago final.

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El Gobierno examinará por internet a más de 3.000 opositores en colaboración con la UNED

Una persona estudia con un ordenador

El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, suscribe un convenio con la UNED a fin de realizar las segundas pruebas para el ingreso por acceso libre en los cuerpos administrativo y auxiliar de la Comunidad Autónoma que en el futuro facilitará la participación de las y los aspirantes con independencia de la Isla dónde habiten, una nueva manera de realizar las oposiciones que marca el camino de las siguientes

El convenio es un mecanismo destinado a alcanzar el objetivo del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias de impulsar la transformación digital de las administraciones a través de la celebración de los procesos selectivos a través de medios digitales

El Ejecutivo compensará el coste de las actividades del convenio que serán asumidas por la UNED, cuantificado en 29.138,40 euros, que abarca tanto el coste tecnológico como la coordinación y dirección del proyecto

El consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez, ha suscrito un convenio con el rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Ricardo Mairal, a fin de celebrar a través de la plataforma AVEX de la UNED los segundos ejercicios de la fase de oposición correspondientes a los procesos selectivos para el ingreso por el sistema general de acceso por turno libre, en los Cuerpos Administrativo y Auxiliar (Grupos C, Subgrupos C1 y C2, respectivamente), de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, convocadas por sendas resoluciones de la Dirección General de la Función Pública de 10 y 11 de abril de 2018, publicadas en el Boletín Oficial de Canarias, número 75 de 18 de abril de 2018. Este convenio es el primer paso para introducir una nueva forma de realizar los procesos selectivos que facilitarán la participación de las y los aspirantes con independencia de la Isla dónde habiten, lo que constituye una nueva manera de llevar a cabo el proceso que marca el camino de las siguientes, con lo que el Gobierno de Canarias estrena así una modalidad de oposiciones que cambiará la forma en que se realizarán en lo sucesivo.

Esta iniciativa se inscribe en la estrategia de transformación digital que impulsa el Gobierno de Canarias, en la que también se enmarcan, entre otras, la implantación del teletrabajo entre el personal público de la Comunidad Autónoma de Canarias, la expansión de las comunicaciones no presenciales y la telematización en la Administración autonómica, o el impulso de la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la actividad administrativa y en la relación del Ejecutivo de Canarias con la ciudadanía. Todas estas iniciativas servirán para mejorar la eficacia de las políticas públicas y la eficiencia de la asignación de recursos públicos.

Asimismo, el convenio es una vía que permitirá alcanzar el objetivo contemplado en el Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias de impulsar la transformación digital de las administraciones a través de la celebración de los procesos selectivos a través de medios digitales de forma que, además, se permita el mayor despliegue territorial que amplíe las posibilidades de selección a todo el territorio del documento, eje de actuación contenido dentro de la prioridad estratégica Agilización, simplificación, cooperación y coordinación administrativa de dicho plan.

El convenio detalla que la Plataforma AVEX de la UNED es una aplicación para la realización de exámenes tanto de tipo test como de desarrollo o mixtos, sin necesidad de instalación de software, compatible con todos los sistemas operativos, accesible desde cualquier navegador web actualizado y ejecutable desde todo tipo de dispositivos electrónicos conectados a la red.

Asimismo, estipula que, con el fin común de colaborar en el diseño y desarrollo de las pruebas citadas, la UNED se compromete, entre otros aspectos, a realizar el diseño y coordinación de la celebración online de estos segundos ejercicios de la fase de oposición, así como poner a disposición de la Dirección General de la Función Pública la infraestructura y los medios técnicos, materiales y humanos necesarios para el buen funcionamiento de las actividades.

Por su parte, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad se compromete a velar y prestar el apoyo necesario para el adecuado cumplimiento del diseño y puesta en práctica del sistema de evaluación elaborado por los respectivos Tribunales Calificadores a través de la plataforma de la UNED; poner a disposición de la UNED el contenido de las pruebas a realizar diseñados y elaborados por los Tribunales Calificadores constituidos en cada proceso selectivo, la lista definitiva de aspirantes admitidos, la plantilla provisional y definitiva de respuestas que han de regir la evaluación online en orden a determinar la correcta superación de los segundos ejercicios indicados.

Además, se compromete a hacer una compensación del coste de las actividades objeto del convenio que serán asumidas por la UNED que se cuantifica en 29.138,40 euros, cantidad que resulta de la compensación del coste tecnológico que abarca la preparación y adecuación de la plataforma (24.282 euros) y la coordinación y dirección del proyecto (4.856,40 euros), compensaciones que se abonarán previa justificación por la UNED y certificación correspondiente, por parte del órgano correspondiente de la Dirección General de la Función Pública, de que se ha realizado la actividad.

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El Gobierno aumenta en 300.000 euros la partida para el servicio del 1-1-2 por los efectos de la Covid-19

La modificación presupuestaria se debe al aumento del gasto relativo a la prestación del servicio de teleoperadores y al refuerzo con un jefe de sala

El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó hoy viernes una transferencia de crédito de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para aumentar en 300.000 euros la partida a la empresa pública ‘Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A’.

Estos fondos irán destinados a la prestación de servicios para la gestión del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CE-COES 1-1-2) y de la Oficina del Plan de Seguridad Canario con el fin de cubrir varios ajustes motivados por los efectos de la Covid-19. Los créditos que se utilizan provienen de partidas presupuestarias cuyas actividades previstas se han visto reducidas por la crisis sanitaria.

La modificación presupuestaria se debe al aumento del gasto relativo a la prestación del servicio de teleoperadores del centro del CECOES-1-1-2, dado a que, con motivo de la crisis sanitaria, la anterior prestataria del servicio sufrió problemas de tesorería, por lo que hubo de resolverse el contrato y proceder a una nueva contratación con coste superior, gasto que no estaba previsto en el marco financiero de la empresa.

El incremento está asimismo motivado por la liberalización de un jefe de sala (título de ingeniero) para poder atender y cumplir con el plan de inversiones del ejercicio 2020, que, por su complejidad, exigía un sobreesfuerzo técnico que la Unidad de Tecnología de la Información y Comunicación no podía asumir al estar su personal dedicado a la atención del mantenimiento de equipos y sistemas con motivo de la Covid-19.

El Gobierno de Canarias propone a Pablo Hernández como presidente de la ZEC

El actual director general de Modernización y Calidad de los Servicios sería la persona más joven que ha ocupado ese cargo

El Gobierno de Canarias propone al doctor en Derecho Pablo Hernández González-Barreda como presidente del Consorcio de la Zona Especial Canaria (ZEC). Esta propuesta ahora se eleva al Ministerio de Hacienda para que el nombramiento tenga lugar en Consejo de Ministros.

De esta forma, el actual director general de Modernización y Calidad de los Servicios del Gobierno de Canarias, dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, sería la persona más joven que llegara a este cargo.

La propuesta responde al objetivo del Gobierno de Canarias de potenciar y promocionar muy activamente la ZEC, en este nuevo escenario post-COVID y con la atracción de empresas internacionales de distintos sectores, en cumplimiento de los objetivos del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias (Plan Reactiva Canarias).

La experiencia jurídica internacional y fiscal del proponente lo convierten en un perfil ideal para poder dar cumplimiento a esos objetivos en un momento en el que la crisis sanitaria y la económica copan la agenda política y administrativa tanto del Gobierno de Canarias como del estatal.

Pablo Hernández forma parte del Gobierno de Canarias desde el inicio de esta legislatura y, además de su trabajo en el área que dirige, ha estado implicado directamente en las estrategias de acción y coordinación sobre la primera ola de la pandemia de la COVID-19, bajo el mando de Julio Pérez y en la que fuera su doble función de consejero de Sanidad y de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. En esta etapa pandémica ha sido el coordinador en materia digital, de gestión de datos y atención a la ciudadanía en Canarias.

Hay que recordar que el Consorcio de la Zona Especial Canaria expide las autorizaciones y controla el registro de entidades ZEC, además de promocionar el régimen fiscal de Canarias.

La mayor ventaja fiscal de la ZEC en estos momentos es la que las empresas establecidas en ella tributan al 4% en el Impuesto sobre Sociedades frente al 25% del resto del territorio nacional o del 33% de otros países europeos.

Trayectoria

Pablo Hernández González-Barreda nació en La Orotava, Tenerife, en 1987. Es licenciado en Derecho con Diploma en Estudios Empresariales y Máster Universitario en Tributación y Fiscalidad Internacional por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE).

Además, es doctor en Derecho por las Universidades Pontificia Comillas, Deusto y Ramon Llull-ESADE. En 2013 fue becario Ernst Mach del Gobierno Federal de Austria, y de 2010 a 2014 obtuvo beca de formación del profesorado de la Universidad Pontificia Comillas.

Desde 2010 es profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Pontificia Comillas (en excedencia actualmente debido a su carrera institucional), y entre 2018 y 2019 fue coordinador y secretario de la Cátedra Deloitte de Tributación Empresarial.

Ha sido académico visitante en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Oxford. También ha sido profesor visitante-becario Erasmus+ en la Universidad Católica de Lovaina, profesor visitante en la Universidad Externado de Colombia, la University of International Business and Economics de Pekín, la Wirtschaftsuniversität de Viena, la Universidad Complutense de Madrid y ESADE.

También asistió como investigador visitante a la OCDE, los Archivos Nacionales de Reino Unido y de Estados Unidos, y el International Bureau of Fiscal Documentation de Amsterdam. Ha ejercido de consultor de transferencia académica en materia fiscal para algunas empresas y consultoras, así como para el Ministerio de Hacienda de la República de Eslovaquia.

El Estado aporta 2,2 millones de euros para la formación del personal público canario

El ICAP recibirá en 2021 del Estado 2,2 millones para la formación del personal público

La Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, celebrada por videoconferencia, ha acordado el reparto de fondos para el próximo ejercicio

La directora del ICAP recuerda que uno de los objetivos del Ejecutivo canario es la formación continua de competencias profesionales de las y los empleados públicos, una prioridad marcada por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP), organismo autónomo adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, recibirá el próximo año 2021 un total de 2.191.060 euros en partidas procedentes del Estado para la gestión de los fondos de formación para el empleo de las administraciones públicas.

Así se acordó hoy jueves en la Comisión General de Formación para el Empleo de las Administraciones Públicas, celebrada por videoconferencia, y en la que participan las Comunidades Autónomas, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y representantes sindicales y de la Administración General del Estado.

La directora del ICAP, Eva de Anta, participó en la reunión, en la que se aprobó el acuerdo para la gestión de los fondos de formación para el empleo de las administraciones públicas y por el que Canarias recibirá 1,5 millones de euros correspondientes a los fondos autonómicos y 646.000 euros a los fondos locales.

De Anta recuerda que uno de los objetivos del Ejecutivo canario es la formación continua de competencias profesionales de las y los empleados públicos, una prioridad marcada por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, quien considera fundamental la actualización permanente del conocimiento por parte del personal público para optimizar el servicio que se presta a la ciudadanía.

Al respecto, la directora indica que el objetivo del ICAP para el próximo ejercicio  será seguir trabajando para lograr la máxima calidad y excelencia en la formación del capital humano de las administraciones públicas, con el fin de que desempeñe su labor de manera eficaz, fomentar el desarrollo de su carrera profesional y prestar un superior servicio a la ciudadanía.

Así, detalla, se proseguirá con la actualización y formación continua como medida transformadora para implementar los Objetivos de Desarrollo  Sostenible (ODS) en las Islas, en el marco del compromiso del presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, para que la Agenda 2030 se convierta en el eje vertebrador de la acción del Ejecutivo canario;  y se seguirá trabajando en la Dirección por Objetivos, así como en la mejora de las competencias digitales para incentivar la forma de relación telemática entre la Administración y la ciudadanía.

Durante la reunión, que organiza anualmente el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), se aprobó también el Programa de actividades complementarias de interés general de mejora del empleo de las Administraciones Públicas para 2021, así como la composición de la Comisión Permanente de la Comisión General para el próximo año.

 

 

 

Satisfacción en el Gobierno por el inicio de la contratación de las obras de la zona de charcos de Valleseco

Infografía del proyecto litoral de Valleseco

El Consejo de Ministros autoriza el proceso para elegir la empresa que hará la remodelación de esa parte del litoral santacrucero, con un coste de 16,83 millones

Canarias participa en el convenio con 5,4 millones, mientras que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aporta 5,7, el Cabildo cuatro y la Autoridad Portuaria 1,5

El Gobierno de Canarias, a través de su portavoz y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, mostró hoy su plena satisfacción por la decisión del Consejo de Ministros de ayer, martes 15 de diciembre, de autorizar a la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife a abrir el proceso de contratación, vía concurso público, de la empresa o unión de ellas que ejecutarán las obras de defensa marítima y ordenación de la zona de charcos en el barrio de Valleseco, en la capital tinerfeña. La propuesta la elevó al Consejo de Ministros el departamento de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que dirige José Luis Ábalos, con lo que se impulsa una iniciativa pública que pretende generar un espacio de interacción entre el puerto de Santa Cruz de Tenerife y su ciudad tras la puesta en marcha del proyecto urbanístico Sol y Sombra.

Esa fase de los trabajos cuenta con un presupuesto de 16,83 millones de euros, de los que 5,4 los aporta la Comunidad Autónoma de Canarias. El convenio de colaboración entre las cuatro administraciones participantes, firmado el 21 de noviembre de 2019, en un acto al que asistió el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se completa con los 5,7 millones que destina el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, los cuatro que desembolsa el Cabildo tinerfeño y el millón y medio que corresponde a la Autoridad Portuaria.

Estas obras han sido reclamadas durante más de 30 años por los vecinos del barrio de Valleseco. Tienen un plazo inicial de ejecución de 24 meses y permitirán recuperar un espacio abandonado desde hace mucho tiempo para el uso público. Esto dotará a la ciudad y, en concreto, al enclave de Valleseco, de nuevas áreas para el recreo, el ocio y el disfrute del mar, siempre según lo definido por el artículo 72 del Texto Refundido de la Ley de Puertos y tras el informe favorable de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, de septiembre de 2018. Asimismo, se sigue lo fijado por el Plan Especial del Puerto de Santa Cruz para Valleseco.

Para la recuperación de esa parte del litoral urbano, se prevé crear diversos diques de defensa que protejan la zona de ocio del oleaje, así como nuevos muelles, áreas de solarium, paseos, jardines y pequeñas edificaciones para servicios a la ciudadanía. La actuación se desarrollará desde la explanada de Capitanía Marítima y la torre de control hasta el muelle que acoge las instalaciones del Centro Insular de Deportes Marinos (Cidemat).

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