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La ULL señala que la legislación dictada por la Covid-19 tiene un impacto positivo de género

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La Consejería de Administraciones Públicas Justicia y Seguridad encargó un informe técnico-jurídico al Instituto de Estudio de las Mujeres (ULL) dado que la naturaleza y características de la crisis sanitaria y social de la pandemia afectan especialmente a las mujeres

En el estudio se relaciona el conjunto de disposiciones normativas dictadas por el Gobierno de España que guardan relación con la igualdad, se analiza la legislación de la Covid-19 verificando su contenido y su impacto de género y se examinan las medidas que se han adoptado en el año 2020 para combatir la violencia de género

La legislación española dictada a lo largo de 2020 para hacer frente a los efectos derivados de la pandemia de la Covid-19 tiene, en general, un impacto positivo de género al incluir medidas que inciden en el empleo, la salud, el bienestar y el acceso a ingresos y recursos por parte de las mujeres. Sin embargo, el lenguaje de las disposiciones normativas se caracteriza por ser sexista y androcéntrico, lo que invisibiliza en muchas ocasiones a las mujeres. Solo se realiza un uso del lenguaje más inclusivo cuando se trata de asuntos relacionados directamente con la violencia de género.

Así se desprende del informe técnico-jurídico ‘Impacto de género de la crisis de la Covid-19. Incidencia sobre las mujeres víctimas de violencia de género’ que ha elaborado un grupo de investigadoras del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, a través de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, por encargo de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia dependiente la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Este trabajo, realizado con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, fue presentado hoy por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, y la coordinadora del estudio y directora del Instituto de Estudios de las Mujeres, Margarita Isabel Ramos. En la elaboración del informe han participado las doctoras María Elena Sánchez, Sarai Rodríguez y Laura Aguilera y la profesora Juana Pilar Rodríguez.

Julio Pérez justificó el estudio dado que la naturaleza y características de la crisis sanitaria y social de la Covid-19 afectan especialmente a las mujeres porque los cuidados esenciales recaen mayoritariamente sobre ellas, así como por la incidencia de la crisis sanitaria desde el punto de vista del empleo femenino, mayoritario en el sector sociosanitario, pero igualmente más precario en otros sectores, donde es posible que las mujeres se vean abocadas con mayor facilidad a situaciones de desempleo y exclusión. Asimismo, dijo que hay que examinar las medidas adoptadas para hacer frente a la violencia de género ya que esta se ha incrementado durante la pandemia.

Pérez destacó que la historia pone de relieve que en las épocas de desventuras el peligro de retroceder y perder conquistas es real, así como de que el impacto de dichas adversidades se produzca con mayor intensidad en las personas más vulnerables.

Indicó que el impacto de la Covid-19 en el ordenamiento jurídico ha sido enorme y señaló que en este contexto de crisis es importante saber si el conjunto de las administraciones públicas está haciendo una buena labor. Al respecto, señaló que el estudio responde a dicha pregunta y permite orientar acciones futuras.

Violencia de género

Rosell afirmó que la crisis motivada por la Covid-19, como todas las crisis, afecta de manera desigual a mujeres y hombres y señaló la evidente sobrecarga de trabajo sanitario y de servicios esenciales de las mujeres, así como de las tareas de cuidados o la mayor precariedad y pobreza laboral. En cuanto a la violencia de género, explicó que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha enfocado la crisis para no dejar atrás más a las mujeres cuando la recomendación sanitaria era estar confinada con un agresor. Al respecto, informó de que durante la pandemia se incrementaron las consultas online al 016 un 457% y las propias llamadas al 016 un 57,9%.

Destacó que el Gobierno de España a las 48 horas de declaración del estado de alarma, entre otras actuaciones, aprobó un plan de contingencia para víctimas de violencia de género y declaró esenciales los servicios de atención y protección a víctimas de violencia de género. En cuanto a la actuación del Gobierno de Canarias, Rosell dijo que el Ejecutivo canario ha sido un auténtico referente, recordó la campaña mascarilla-19 del Instituto Canario de Igualdad y toda la labor desarrollada durante la pandemia y sostuvo que el Gobierno canario es un ejemplo en hacer transversales los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y de aplicar esos fondos en el ámbito judicial.

Análisis de la legislación

En el estudio se relaciona el conjunto de disposiciones normativas dictadas por el Gobierno de España que guardan relación con la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se realiza un análisis exhaustivo de la legislación de la Covid-19 verificando cuáles han sido sus contenidos y cuáles de ellos tienen un especial impacto de género y se examinan las medidas que se han adoptado en el año 2020 para combatir la violencia de género.

Ramos explicó las conclusiones del estudio y detalló que las medidas de protección social, como derecho a la vivienda, suministros básicos o prestaciones y subsidios por causa del desempleo contempladas en la normativa analizada tienen un impacto favorable para las mujeres, así como aquellas relacionadas con las ayudas a los sectores de comercio, hostelería y turismo, que tienen, dijo, un indudable efecto en las condiciones laborales y de vida de las mujeres.

Respecto a las medidas de protección social a la población trabajadora, Ramos expuso que a lo largo de 2020 múltiples medidas fueron adoptadas a fin de sostener la cohesión social con la puesta en marcha de iniciativas básicamente financiadas por el sistema de la Seguridad Social para atender necesidades derivadas de enfermedades, particularmente, de estar en riesgo o haber contraído el virus del COVID-19, haber caído en desempleo, medidas de apoyo a las empresas y personas que trabajan de forma autónoma, carencia general de ingresos de las personas o de las unidades familiares, con particular atención a familias monoparentales.

Entre ellas, destacó la creación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), una de las medidas más novedosas dictadas durante la pandemia por cuanto crea una nueva prestación no contributiva dentro del sistema de la Seguridad Social, y manifestó que su implementación tiene y tendrá consecuencias directas en la consecución de la igualdad de género.

Medidas de conciliación

En las conclusiones del estudio se indica que las medidas de intervención pública para la conciliación entre la vida personal y familiar y el tiempo de trabajo constituyen una iniciativa que es preciso aplaudir. Se ha podido comprobar que las dificultades de conciliación de las mujeres unido a un gran déficit de corresponsabilidad de los hombres constituyen una de las causas más relevantes de la discriminación de las mujeres en el ámbito de las relaciones de trabajo, en la brecha salarial, en la promoción profesional y en las dificultades de acceso a puestos de liderazgo y de poder. El informe destaca que aún no se puede afirmar que los derechos de conciliación y las medidas de corresponsabilidad sean suficientes y completamente eficaces.

Otras de las medidas objeto de análisis han sido las procesales y organizativas adoptadas para hacer frente a la Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia con referencias a la actividad procesal, a los órganos judiciales y los cargos que los ocupan. El informe denuncia la generalizada utilización de un lenguaje claramente masculino en este marco legislativo, lo que supone la invisibilización casi absoluta de la alta tasa de participación que actualmente representan las mujeres en el ámbito de la Administración de Justicia.

Víctimas de violencia de género

En cuanto a la legislación dictada por la Covid-19 en relación con la violencia de género y aunque algunas normas no contemplan directamente a las víctimas, estas se ven beneficiadas de muchas medidas de ayuda y apoyo social que han sido establecidas al formar parte de un colectivo vulnerable desde el punto de vista social y económico. Asimismo, se han articulado medidas específicas adoptadas de forma rápida para garantizar el funcionamiento adecuado de los servicios de protección y atención a las víctimas durante la pandemia.

En cuanto al uso que se hace del lenguaje en el conjunto de las disposiciones normativas analizadas se afirma que, por lo general tiende a caracterizarse por ser sexista, un lenguaje que se utiliza en clave masculina. No obstante, recoge algunas observaciones que indican que se está tratando de avanzar en la dirección de visibilizar a las mujeres en el ámbito de la producción normativa, como es el caso de algunos textos, como los relacionados con la conciliación de la vida familiar y laboral en particular, o con el empleo  y la ocupación en general, donde sí se advierte un esfuerzo por emplear palabras neutras como personas trabajadoras o personas vulnerables, pero en muy pocas ocasiones se emplean las palabras en femenino. La necesidad de utilizar un lenguaje inclusivo es fundamental para visibilizar la contribución de las mujeres a la vida económica y social.

 

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Carla Vallejo defiende la creación de espacios funcionales para mejorar la atención de las mujeres víctimas

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias participó en las III Jornadas de Justicia e Igualdad y defendió que los avances en esta materia tienen que ir acompañados de formación y sensibilización

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, defendió este viernes, durante las III Jornadas de Justicia e Igualdad, que la justicia tiene que ser «práctica» a la hora de atender y defender a las mujeres e infancia víctima de la violencia machista. La magistrada formó parte de la mesa de debate El sistema judicial en el ámbito de la violencia de género. Balance 15 años después de la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, dentro de este evento organizado por el Ministerio de Justicia con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemora cada 8 de marzo.

Vallejo, desde su experiencia como magistrada especializada en orden penal y violencia contra la mujer, recordó que históricamente, en el grueso normativo, se ha defendido al acusado, pero que gracias a la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y al Estatuto de la Víctima esto comenzó a cambiar y se presentó a la víctima como un sujeto con derechos.

«Esto supone la necesidad de hacer más rica la justicia, que no solo trata de construir juzgados y fiscalías, supuso crear nuevas instituciones y espacios», indicó la viceconsejera, que explicó que el Gobierno de Canarias en estos momentos está inmiscuido en garantizar una justicia práctica que, entre sus misiones, tiene concebir edificios judiciales con espacios agradables y adaptados. Así, Vallejo resaltó que actualmente se está avanzando en la creación de un plan funcional que concretará cómo tendrán que ser a partir de ahora los espacios de espera y atención a la víctima, sin olvidar a la infancia, que tendrán que estar rodeados de servicios adecuados y equipos especializados.

Por otro lado, también reconoció que las nuevas tecnologías se pueden convertir en aliadas para la justicia y puso como ejemplo la puesta en funcionamiento de oficinas virtuales de atención a las víctimas o la mejora de los servicios de cita previa.  No obstante, admitió que hay márgenes de mejora en la tecnología, pero estas tienen que ir acompañadas de formación y sensibilización.

Por último, la viceconsejera apuntó que, en cuanto a la legislación, «queda mucho por mejorar y los retos son similares a los de 2003 y 2004 cuando se creó esta jurisdicción», y ello pasa por avanzar hacia una justicia especializada, garantista y moderna que tenga en cuenta el papel que tiene que desempeñar las indemnizaciones a las víctimas, que a su parecer no garantizan la reparación integral de los daños. Para ello, dio como claves el trabajo «de manera firme y con humildad».

Sobre las Jornadas de Justicia e Igualdad

Estas jornadas se celebran desde 2019, dentro de las actividades organizadas por la Unidad de Igualdad, dependiente de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia. En esta tercera edición, que ha tenido lugar este 4 y 5 de marzo, las jornadas llevaron por título El papel de la Justicia en la consecución de la Igualdad entre hombres y mujeres.

Las jornadas constaron de cinco mesas con asuntos muy variados y de actualidad. Los temas que se trataron fueron sentencias emblemáticas con perspectiva de género; los anteproyectos de ley de enjuiciamiento criminal y de garantía integral de la libertad sexual; los retos pendientes en la formación de los operadores jurídicos con perspectiva de género; el sistema judicial en el ámbito de la violencia de género 15 años después de la creación de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer; y el papel de las mujeres en la consecución de la igualdad en la justicia.

Con este acto se pretendía, a través de un recorrido por las temáticas de las diferentes mesas, destacar la labor de la justicia en España en los grandes avances dados hacia la igualdad real en nuestro país, así como los retos pendientes para seguir reduciendo los diferentes ámbitos de desigualdad.

Carla Vallejo, magistrada y socia fundadora de la Asociación Española de Mujeres Juezas, formó parte de una mesa moderada por el Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia del Ministerio, Francisco de Borja Vargues, en la que estuvieron presentes Auxiliadora Díaz, magistrada del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, y de Sofía Puente, directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio, que también fue fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer.

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El Gobierno multiplica por ocho la retribución de los abogados de los migrantes en un trimestre hasta 563.944 euros

Gobierno multiplica por ocho la retribución de los abogados de los migrantes en un trimestre

La partida inicial era de 68.138 euros y el incremento se llevó a cabo entre el tercer y el cuarto trimestre de 2020 para los cuatro colegios profesionales de la abogacía en las Islas

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, centro dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, multiplicó por más de ocho la partida destinada a subvencionar la asistencia jurídica gratuita que prestan las y los profesionales del Derecho en las Islas a las personas migrantes que entran en el territorio nacional a través del Archipiélago de forma irregular. Este incremento, que supuso aumentar los fondos desde 68.138 euros hasta 563.944 euros, tuvo lugar entre el tercer y cuarto trimestre de 2020.

La directora general, Marta Bonnet, recuerda que la orden que regula esta materia es la del 17 de mayo de 2019, por la que se aprobaron los módulos y bases de compensación económica de los servicios de asistencia jurídica gratuita de los profesionales de la abogacía y procuraduría.

No obstante, la emergencia humanitaria que está viviendo Canarias desde 2020, causada por un repunte en la entrada de personas extranjeras puso de manifiesto la necesidad de establecer los criterios a seguir en la aplicación del turno especial de extranjería contenido en esa orden para garantizar el derecho a la asistencia jurídica a estas personas en especial situación de vulnerabilidad.

Por ello, Bonnet dictó una instrucción el 21 de octubre del año pasado que estableció los criterios a seguir en la aplicación del módulo referido al turno especial de extranjería contenido en la orden del 17 de mayo de 2019.

La instrucción establece que, con el fin de garantizar que los y las profesionales de la abogacía de Canarias presten una adecuada atención a cada una de las personas extranjeras que entren de forma irregular en territorio nacional por las costas del Archipiélago, los colegios de la abogacía de Canarias tendrán derecho a percibir unas cuantías diarias que se fijan por grupos de personas asistidas según los tramos contenidos en la Orden de 17 de mayo de 2019.

Asimismo, señala que la compensación económica a cada colegio será distribuida por estos entre los letrados y letradas que hayan prestado asistencia en el Turno Especial de Extranjería por el día en que se haya hecho efectiva la entrada irregular.

Indica, además, que el importe máximo diario a percibir por un letrado o letrada será de 942 euros siempre y cuando haya asistido, al menos, a 13 personas, ya que se pretende garantizar que se designe el número de profesionales que sean necesarios para prestar una atención adecuada.

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El Ejecutivo inicia una ronda de contactos para presentar el proceso participativo de la Ley de Gobierno Abierto

El viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, y la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, se reúnen con el Comisionado de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública de Canarias

La futura Ley de Gobierno Abierto de Canarias, que en estos momentos elabora la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Ejecutivo canario, dirigida por Julio Pérez, iniciará este mes de marzo el proceso participativo que servirá para recabar aportaciones en la redacción del texto. Se trata del siguiente trámite a llevar a cabo, tras la fase de consulta pública previa cerrada el pasado mes de enero en el que la ciudadanía pudo realizar sus aportaciones al informe-propuesta y que contará con la participación de expertos en gobierno abierto, agentes clave implicados en las materia y ciudadanía en general.

Con vistas a animar a la participación de los distintos órganos institucionales de Canarias, el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Alejandro Rodríguez, y la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, iniciaron con el comisionado de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública de Canarias, Daniel Cerdán, una ronda de contactos para explicar los objetivos del proceso participativo, que se extenderá de marzo a junio de este año.

Alejandro Rodríguez recordó durante el encuentro, que tuvo lugar en el Parlamento de Canarias, que con el actual proceso participativo también se busca hacer pedagogía de la transparencia, la participación ciudadana y la apertura de datos, los tres pilares del Gobierno Abierto, y que las administraciones públicas velen por ellos y los adopten entre sus principios de actuación.

Por su parte, Marta Saavedra avanzó a Cerdán que la nueva ley, con la que se derogarán las actuales Ley 12/2014, de 26 de diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública; y la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de Fomento a la Participación Ciudadana, se actualizará la normativa en materia de Transparencia en aspectos tan importantes como la regulación del derecho de acceso a la información pública, por cuyo cumplimiento vela el Comisionado de Transparencia.

La ley canaria de gobierno abierto regulará también la participación ciudadana y los datos abiertos, que con el avance tecnológico y la evolución de las nuevas herramientas digitales requieren de una normativa actualizada. Con el objeto de cumplir con la filosofía del gobierno abierto, se ha optado por llevar a cabo este proceso participativo para la redacción de la ley, cuyos elementos clave de alto consenso que se identifiquen, serán considerados por el equipo de redacción para su inclusión en la norma.

Por su parte, Cerdán indicó que el órgano que dirige propondrá iniciativas que permitan avanzar y profundizar en su materia y, en este sentido, señaló su preocupación por que se recoja un reglamento de sanciones a las instituciones por los incumplimientos en transparencia que se hagan de la futura ley.

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Canarias contará con un protocolo de exhumación de desaparecidos en la guerra civil y la represión franquista

Canarias contará con un protocolo de exhumación de restos de desaparecidos en la guerra civil y la represión franquista

Tras el informe favorable de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dictará la orden correspondiente para su aprobación definitiva

Se cumple así con el mandato de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

La Comisión Técnica de Memoria Histórica ha emitido, por unanimidad de sus integrantes, informe favorable al protocolo de exhumación presentado en la reunión celebrada hoy viernes, con lo que Canarias dispondrá de una guía metodológica muy completa y rigurosa que facilitará la realización de los trabajos de investigación, localización y exhumación de restos de personas desaparecidas durante la guerra civil y la represión franquista.

Tras dicho informe, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dictará la orden correspondiente para su definitiva aprobación, con lo que se cumple el mandato de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de memoria histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación moral de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

Dicha norma establece que la Consejería del Gobierno de Canarias competente en materia de memoria histórica aprobará, previo informe de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, un protocolo de exhumaciones, identificación, conservación y reparación moral de restos de personas desaparecidas durante el periodo que abarca dicha ley. Además, recoge que dicho protocolo deberá garantizar, en su caso, un correcto acompañamiento psicológico a las familias durante el proceso de localización, exhumación, identificación y traslado de los restos de personas desaparecidas.

Intervención de fosas

En la reunión participaron la viceconsejera de Justicia y la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Carla Vallejo y Marta Bonnet, respectivamente, quienes informaron de los contactos mantenidos con el Ministerio de Presidencia y la Dirección General de Memoria Democrática sobre la elaboración del plan cuatrienal de intervención de fosas. El Ministerio cuenta con una partida presupuestaria de 3 millones de euros que se va a repartir entre los distintos territorios con el fin de abordar la prospección y exhumación de todas las fosas que aún quedan sin intervenir.

En el caso de Canarias se han fijado como prioridad actuaciones en tres islas. En Gran Canaria, en la Sima de Jinámar, en el término municipal de Telde, y Pozo del Puente del Barranco de Arucas y Pozo de la Vuelta del Frances en el término municipal de Arucas, puntos en los que actualmente existen trabajos en ejecución.

En Tenerife, se han fijado estudios de localización y, en su caso, de intervención en el Cementerio de San Juan y la Fuente de Cañizares, en el municipio de La Laguna. Por su parte, en La Palma se han establecido análisis con Georradar y, en su caso, intervención sobre el resto de fosas que se encuentran en el Pinar de Fuencaliente.

Vestigios franquistas

También fue objeto de la reunión de la Comisión Técnica de Memoria Histórica la elaboración del Catálogo de Símbolos, Calles y Monumentos Franquistas. La directora General de Patrimonio Cultural, Antonia Perera, informó de que ya se ha procedido a requerir al Ayuntamiento de Santa Cruz la remisión del acuerdo del Pleno y el estudio donde se determinan los vestigios franquistas de esta ciudad, con el fin incorporarlos al Catálogo que debe aprobarse de acuerdo con lo previsto en el artículo 12 de la ley 5/2018 y que obligaría a su inmediata retirada.

Asimismo, a nivel técnico, la Comisión aprobó definitivamente las normas de funcionamiento y constitución de las comisiones técnicas que se encargarán de llevar a cabo los estudios e informes que mandata la ley.

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Carla Vallejo destaca la infrarrepresentación de las mujeres en la cúpula judicial pese a los avances feministas

Vallejo destaca la infrarrepresentación de las mujeres en la cúpula judicial pese a los avances feministas

La viceconsejera de Justicia habla sobre las resistencias al avance feminista en las instituciones durante su intervención en el ciclo de seminarios 8M organizado por el Instituto de las Mujeres

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, señala los avances que el movimiento feminista ha incorporado a la Justicia al integrar en la agenda la aplicación de la perspectiva de género, no solo en el marco de creación de las leyes, sino también en el de su aplicación por los tribunales. No obstante, destaca la absoluta infrarrepresentación de las mujeres en la cúpula judicial, ya que pese a suponer el 54% de la carrera judicial, las magistradas del Tribunal Supremo no llegan al 15%.

Vallejo se manifestó en estos términos durante su participación esta semana en el ciclo de conferencias 8M ‘Por ser Mujeres’ organizado por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad. La viceconsejera de Justicia intervino en el seminario ‘Resistencias al avance feminista en las instituciones, los medios y la judicatura’ en el que también participaron Marta Cruells, doctora en Políticas Publicas y jefa de gabinete del Ministerio de Universidades, y Andrea Momoitio, periodista y coordinadora de la revista Pikara

En su exposición, Vallejo destacó los compromisos legales que se han adquirido en materia de sensibilización y formación de las carreras judicial y fiscal, garantizando que toda la judicatura cuente en su acervo cultural con conocimientos suficientes sobre el movimiento feminista, la normativa antidiscriminatoria y la violencia machista.

Sin embargo, señaló que las resistencias al avance feminista no pueden ser ignoradas y puso de manifiesto la absoluta infrarrepresentación de las mujeres en la cúpula judicial o el auge de un discurso de extrema derecha que amenaza con penetrar en la institución judicial.

Seminarios 8M

El ciclo de seminarios 8M, organizado por el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad, se celebra de forma virtual entre el 24 de febrero y el 24 de marzo con la finalidad generar un espacio para reflexionar y analizar qué es lo que está impidiendo avanzar en la igualdad, a pesar de todas las políticas públicas que se han desarrollado en los últimos años; qué agenda feminista es urgente y necesaria para abordar los desafíos de la época; qué estrategias de resistencia feminista articular; o cómo el feminismo puede convertirse en una palanca de cambio social desde las instituciones.

También se abordará la crisis sanitaria, social y económica provocada por la pandemia, así como las amenazas, las oportunidades y los retos que hay que afrontar, a nivel global, para transitar hacia un horizonte de vida digna para las mujeres y el conjunto social.

 

 

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El Gobierno autoriza la prórroga del servicio de limpieza de instalaciones judiciales por 7,8 millones

El contrato incluye 34 sedes, oficinas y órganos judiciales de Canarias, 15 de ellos correspondientes a la provincia de Las Palmas y 19 a la provincia de Santa Cruz de Tenerife

El plazo de ejecución será de dos años y el presupuesto total se distribuirá en tres anualidades

El Gobierno de Canarias autorizó hoy jueves la prórroga del contrato del servicio de limpieza de las 34 sedes, oficinas y órganos judiciales de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias (15 de ellos correspondientes a la provincia de Las Palmas, y 19 a la provincia de Santa Cruz de Tenerife) por importe de 7.800.280,23 euros. El plazo de ejecución de la prórroga será de dos años, del 15 de marzo de 2021 al 14 de marzo de 2023.

El presupuesto total de la prórroga se distribuirá en tres anualidades: 3.087.610,93 euros entre marzo y diciembre de 2021; un total de 3.900.140,12 euros en el conjunto de 2022; y una última anualidad de 812.529,18 euros por el servicio realizado entre el 1 de enero y el 14 de marzo de 2023.

En febrero de 2019 se procedió a la adjudicación del expediente para la contratación del servicio de limpieza de las sedes, oficinas y órganos judiciales de la Administración de Justicia de la Comunidad Autónoma de Canarias por importe de 6.994.323,3 euros.

El contrato fue adjudicado en dos lotes -uno por cada provincia- que fueron formalizados el 15 de marzo de 2019. El plazo de ejecución y vigencia se estableció en dos años, desde el 16 de marzo de 2019 al 15 de marzo de 2021. No obstante, dicho contrato contempla la prórroga del mismo y establece que la prestación del servicio tendrá un plazo máximo de cuatro años.

El Gobierno de Canarias dará cuenta al Parlamento de la autorización del gasto correspondiente a la prórroga del contrato en cumplimiento de la Ley 7/2020, de 29 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2021.

La asistencia gratuita y el turno de oficio reciben 10,3 millones de euros en el segundo semestre de 2020

Los cuatro colegios de abogados de Canarias obtienen 9.230.397 euros, mientras que los dos colegios de procuradores captan 1.070.916 euros

El Consejo de Gobierno conoció hoy, jueves 4 de febrero, las subvenciones concedidas en el segundo semestre de 2020 a los colegios de abogados y procuradores de las Islas para la prestación de la asistencia jurídica gratuita y el turno de oficio, que en total ascienden a 10.301.313,28 euros y que han sido tramitadas la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.

Se cumple así con la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, que establece que semestralmente se dará cuenta al Ejecutivo canario de las subvenciones concedidas a los colegios de abogados y procuradores para la prestación de la asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.

Dichas ayudas se otorgaron a los colegios de abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote, por importe de 9.230.397,28 euros, y a los colegios de Procuradores de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con 1.070.916 euros.

Respecto a la relación de subvenciones, 4.993.507,81 euros correspondieron al Colegio de Santa Cruz de Tenerife; 3.057.807,75 euros al Colegio de Abogados de Las Palmas; 606.194,43 euros al de Lanzarote, y 572.887,29 euros al de Santa Cruz de La Palma.

En cuanto a los colegios de procuradores, al de Santa Cruz de Tenerife se le otorgaron 713.049 euros en subvenciones, y al de Las Palmas, un total de 357.867 euros.

Alicia Álvarez, nombrada directora general de Modernización y Calidad de los Servicios

Funcionaria de carrera de la Administración de Justicia, es licenciada en Geografía y ha cursado estudios superiores en Medio Ambiente y Derecho; tiene experiencia en el área de Dependencia del Gobierno de Canarias y ha sido concejala de Asuntos Sociales en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

El Consejo de Gobierno acordó hoy, jueves 4 de febrero, el nombramiento de Alicia Álvarez como nueva directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, un departamento dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias. Álvarez es licenciada en Geografía por la Universidad de La Laguna (1999-2003) y funcionaria de carrera de la Administración de Justicia. La nueva alto cargo releva en el puesto a Pablo Hernández, en la actualidad presidente de la Zona Especial Canaria.

Álvarez tiene un máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos con CEOE Tenerife, Centro Internacional Politécnico y MBA-Escuela de Negocios (2009) y otro en Prevención de Riesgos Laborales, especialidades en Seguridad y Salud, Psicosociología y Ergonomía e Higiene Industrial del Trabajo. Además, ha realizado estudios de doctorado en Ordenación del Territorio, Espacios Naturales y Suelos, en el Departamento de Disciplinas Jurídicas Básicas de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Laguna (2004).

Álvarez fue directora general de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias, entre cuyas funciones realizó la planificación del centro directivo, el diseño presupuestario, la dirección del personal y su coordinación con el sistema estatal (2015-2016).

También fue concejala de Gobierno y presidenta del Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, donde realizó el I Plan Estratégico de Servicios Sociales del municipio y su planificación sectorial de desarrollo (2012-2015).

La nueva directora general en el Gobierno de Canarias pertenece al PSOE y es vocal de su Comité Regional en Canarias.

El Consejo recibe la información sobre las subvenciones directas concedidas por Administraciones Públicas

Se trata de ayudas directas a puntos de encuentro familiar, memoria histórica y mediación intra y extrajudicial, entre otros capítulos

El Consejo de Gobierno conoció en su sesión de hoy, jueves 4 de febrero, las subvenciones que la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha concedido de forma directa en el cuarto trimestre de 2020 por un importe total de 178.432,78 euros. Se trata de ocho ayudas para realizar actuaciones relacionadas con los puntos de encuentro familiar, memoria histórica, mediación intrajudicial y extrajudicial civil y mercantil y recepción de notificaciones y traslado de escritos.

La Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 señala que trimestralmente se dará cuenta al Gobierno de Canarias de las subvenciones concedidas de forma directa, siempre que se acrediten razones de interés social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas, cuyo importe no exceda de 150.000 euros y por el titular del departamento respectivo.

Durante el cuarto trimestre del presente año 2020, se concedieron por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad las siguientes subvenciones directas, por importe que no excedió los 150.000 euros:

-Al Consejo Canario de Colegios de Procuradores para gastos por el mantenimiento del servicio de recepción de notificaciones y traslado de escritos 2020 (80.000 euros).

-A la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Gran Canaria para el establecimiento de un proyecto piloto de mediación intrajudicial y extrajudicial civil y mercantil entre empresas en la isla de Gran Canaria (18.232,46 euros).

-A la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Isla de Tenerife destinada a un proyecto de investigación denominado ‘Estudio preliminar para la localización de fosas en la isla de Tenerife’ (15.900 euros).

-A la Asociación Domitila Hernández desde Tacoronte por la Igualdad de Oportunidades, para el programa Punto de Encuentro Familiar específico de situaciones de violencia de género Miradas Resilientes en el sur de Tenerife 2020 (12.295,82 euros).

-A la Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial + Familia, para el programa Implementación de la perspectiva de género en el Punto de Encuentro Familiar en Arrecife, en Lanzarote 2020 (11.777,58 euros).

-A la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife, para llevar a cabo el programa Punto de Encuentro Familiar La Fortaleza: superando la violencia machista en la isla de Fuerteventura 2020 (11.109,89 euros).

-A la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife, para el programa Punto de Encuentro Familiar La Fortaleza: superando la violencia machista en Santa Cruz de Tenerife 2020 (16.403,52 euros).

-A la Fundación Canaria Centro de Atención a la Familia de Tenerife, para el programa Punto de Encuentro Familiar La Fortaleza: superando la violencia machista en el norte de Tenerife 2020 (12.713,51 euros).