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Lanzarote, Fuerteventura y el Sur de Gran Canaria se suman a la Red de Puntos de Encuentro Familiar

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La actividad desplegada por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad garantiza la existencia de estos recursos en el Archipiélago y responde a una necesidad que ha sido fuertemente demandada tanto por la ciudadanía, como por los operadores jurídicos y de servicios sociales

Durante este año 2020 se han otorgado un total de 600.000 euros en subvenciones directas

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Justicia, ha incrementado la Red de Puntos de Encuentro Familiar (PEF) en el Archipiélago a través de subvenciones otorgadas este año, por primera vez, para el desarrollo de estos recursos sociales en Lanzarote, Fuerteventura y el Sur de Gran Canaria. Los servicios en estas tres islas, que serán realizados por ONG especializadas, se suman a los ya existentes en Tenerife, La Gomera, La Palma, El Hierro y Gran Canaria.

La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, destaca que, con la actividad desplegada por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, se garantiza la existencia de este servicio en el Archipiélago y responde a una necesidad que ha sido fuertemente demandada tanto por la ciudadanía, como por los operadores jurídicos y de servicios sociales.

Vallejo recuerda que el Punto de Encuentro Familiar es un recurso social especializado que ofrece un espacio neutral e idóneo en el que, con el apoyo de un equipo técnico interdisciplinar, se facilite la relación de niños, niñas y adolescentes con sus progenitores y demás miembros de su familia en situaciones de conflictividad familiar o cuando la relación de éstos con algún familiar se encuentra interrumpida o dificultada y así se haya acordado por resolución judicial o administrativa.

Además de ello, señala, los PEF pueden prestar servicios de mediación y orientación familiar, ofreciendo herramientas a las personas usuarias para el desarrollo de habilidades parentales y de crianza que mejoren sus relaciones familiares y les capaciten para resolver de forma autónoma las eventuales situaciones conflictivas que puedan darse.

Subvenciones en 2020

La viceconsejera explica que en el año 2020 se han incrementado las subvenciones otorgadas para la implantación de los PEF, hasta alcanzar los 600.000 euros, concediéndose por primera vez una subvención para su desarrollo en Lanzarote (31.787,67 euros), Fuerteventura (33.828,64 euros) y el Sur de Gran Canaria (70.828,43 euros).

El total de ayudas de 2020 se completa con las otorgadas para el servicio en el Sur de Tenerife (123.044,97 euros), Norte de Tenerife (38.958,95 euros), Santa Cruz de Tenerife (155.542,70 euros), La Palma (56.635,92 euros), El Hierro (48.626 euros) y La Gomera (40.746,72 euros). El Punto de Encuentro Familiar existente anteriormente en Gran Canaria está financiado por el Cabildo de la Isla.

La prestación del servicio irá a cargo de ONG especializadas y con experiencia en estos ámbitos, como son Cruz Roja (Sur de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro), la Fundación Centro de Atención a la Familia (Santa Cruz de Tenerife y Norte de Tenerife y Fuerteventura), la Fundación Más Familia (Lanzarote) y la Asociación Domitila Hernández (Sur de Tenerife). Estos servicios son financiados en su mayor parte con los fondos de la Viceconsejería de Justicia, que sufraga entre un 80 y 100 % del coste, contando también en algunos de los casos con la participación de los Cabildos insulares.

Mandato normativo

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad da cumplimiento así al mandato normativo contenido en el artículo 51.4 de la Ley 1/2010, de 26 de febrero, Canaria de Igualdad entre mujeres y hombres y en la que se establece que “en los casos en los que, de la separación, divorcio o nulidad matrimonial, con causa de violencia de género o no, se derive una mala relación entre los progenitores, se arbitrará la utilización de un Punto de Encuentro Familiar. En todo caso se organizará teniendo en cuenta la perspectiva de género”.

Por su parte el apartado 5 indica que “la Administración autonómica, como responsable de su creación, propiciará acuerdos y establecerá Puntos de Encuentro Familiar en cada una de las siete islas, de acuerdo con la normativa vigente”.

 

Gobierno y Colegio de Abogados de Tenerife promueven la mediación como alternativa de resolución de conflictos

Gobierno y Colegio de Abogados de Tenerife promueven la mediación

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad concede a la institución tinerfeña una subvención directa de 37.544,49 euros

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha concedido una subvención al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife por importe 37.544,49 euros para promover el recurso a la mediación como forma alternativa de resolución de conflictos.

La mediación es un procedimiento voluntario en el que un tercero, debidamente acreditado, denominado mediador o mediadora, informa, orienta y asiste, sin facultad decisoria propia, a las partes en conflicto, con el fin de facilitar vías de diálogo y la búsqueda por estos de acuerdos justos, duraderos y estables, al objeto de evitar el planteamiento de procedimientos judiciales contenciosos o poner fin a los ya iniciados o bien, reducir el alcance de los mismos.

La subvención tiene como objetivo el establecimiento de un proyecto de mediación entre personas usuarias del turno de oficio y abogados, servicio de orientación a la mediación y mediación intrajudicial y extrajudicial en los ámbitos Civil, Mercantil y Contencioso Administrativo, en los partidos judiciales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. El período de realización de este proyecto abarca desde el pasado 13 de julio hasta el 31 de diciembre de este año.

Se contará para ello con mediadores y mediadoras expertos, titulados como tal y registrados en el Colegio de Abogados de Santa Cruz Tenerife, que está reconocido como una Institución de Mediación, de conformidad con el artículo 5 de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de Mediación en asuntos civiles y mercantiles, constituyéndose en su seno el Centro de Mediación del Ilustre Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife en el año 2014.

La directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, resalta que el proyecto es de interés público puesto que además de favorecer el mejor funcionamiento de la Administración de Justicia, la mediación minimiza la confrontación, generando un entorno de consenso y de asunción de responsabilidades dónde todos ganan; fomentando la cultura del acuerdo y del diálogo.

Bonnet destaca que con este proyecto “se pretende fomentar y generalizar el uso de los medios alternativos de resolución de conflictos entre particulares dados los múltiples beneficios que ello genera: se limita la litigiosidad y se favorece el recurso a diálogo y el acuerdo como medio normal de solventar una controversia, con las ventajas que ello supone pues se ofrece una respuesta mucho más ágil, económicamente menos costosa y de cumplimiento efectivo”.

Así mismo, recalca que a través de la mediación se evita la “excesiva judicialización” de los conflictos que conlleva “pasar por un proceso más traumático y lento”, lo que resulta particularmente importante en estos tiempos en los que, tras el estado de alarma, existen una gran cantidad de asuntos ante los juzgados y tribunales que se vieron paralizados y que deben reanudarse, a lo que hay que sumar el previsible aumento de asuntos anudados a las consecuencias económicas de la crisis sanitaria.

Tres proyectos asociados a la subvención

Para poner en marcha este procedimiento, la subvención se articulará a través de tres proyectos: Turmedia, el Servicio de Orientación a la Mediación (SOM) y la propia mediación.

En el caso de Turmedia, este tiene como finalidad dar a conocer y difundir la mediación, permitiendo con ello resolver las quejas presentadas por los usuarios del turno de oficio contra la abogacía o entre abogados y abogadas a través de la mediación.

Mientras, el SOM consiste en prestar una asistencia personalizada y presencial, a las personas solicitantes de Asistencia Jurídica Gratuita y/o usuarios y usuarias del Servicio de Orientación Jurídica, informando sobre la mediación como método de resolución de conflictos alternativo a la vía judicial, haciendo hincapié en las ventajas económicas, temporales y emocionales, que ofrece la mediación, que la finalidad última.

Por último, la mediación será tanto extrajudicial como intrajudicial en el ámbito mercantil, contencioso-administrativo y civil (excluyendo la mediación familiar, salvo la sesión informativa). La medicación extrajudicial se iniciará mediante solicitud. Tras la solicitud de inicio tendrá lugar una sesión informativa y desarrollo de la mediación de acuerdo con la legislación vigente. La mediación podrá terminar con o sin acuerdo extendiéndose acta final de terminación de la mediación.

En cuanto a la mediación intrajudicial, en este tipo de mediación es el órgano judicial quien seleccionará los asuntos que se someten a mediación. El órgano judicial cumplimentará la ficha de derivación. En este caso, la persona designada por el Colegio de Abogados procederá a la preparación del expediente, pudiendo finalizar con o sin acuerdo.

Policía Canaria y Policía Local de Güímar desmantelan una fiesta por incumplir las medidas frente a la Covid-19

olicía Canaria y Local desmantelan una fiesta en Güímar por incumplir las medidas frente a la Covid-19

Fueron identificadas 78 personas, 15 de ellas menores, que participaban en la actividad, no autorizada, sin respetar la distancia de seguridad interpersonal y sin utilizar mascarillas

Se levantó un acta de infracción por incumplimiento de las normas preventivas frente a la Covid-19, así como otras tres por infracciones graves a la normativa en materia de espectáculos públicos y actividades clasificadas de Canarias

Agentes del Cuerpo General de la Policía Canaria junto con efectivos de la Policía Local de Güímar desmantelaron en la tarde de ayer jueves una fiesta que se desarrollaba en la zona rural del municipio en la que se incumplían las medidas de seguridad y prevención frente a la Covid-19 establecidas por el Gobierno de Canarias, como no guardar la distancia interpersonal de seguridad y no usar mascarillas.

En el operativo policial se identificó a 78 personas, 15 de ellas menores, y se levantó un acta de infracción al promotor del acto –uno de los asistentes- por incumplimiento de las normas preventivas frente a la Covid-19, así como otras tres por infracciones graves a la normativa en materia de espectáculos públicos y actividades clasificadas de Canarias.

La Policía Local de Güímar solicitó la colaboración del Cuerpo General de la Policía Canaria que desplazó al lugar a cinco efectivos, tres de uniforme y dos de paisano. La operación policial se desarrolló después de varias quejas vecinales del entorno de una finca, ubicada en el Barranco de Badajoz, donde se desarrollaba una fiesta, sin la autorización pertinente, y ante las sospechas de que podrían estar participando menores de edad y de que se podría estar fomentando el consumo de alcohol y sustancias prohibidas.

Los agentes accedieron al interior de la finca y constataron que se había habilitado una pista de baile, una zona de bebidas sin control para su servicio y una zona vip, recintos para cuyo acceso había que abonar una entrada de entre 20 y 25 euros y donde se incumplían las medias preventivas establecidas con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. Además, se incautaron de varias sustancias prohibidas.

Medidas de seguridad y prevención

El Cuerpo General de la Policía Canaria recuerda a la ciudadanía la necesidad de mantener las pautas de seguridad y prevención frente a la Covid-19, que fueron actualizadas el pasado 3 de agosto por el Gobierno de Canarias y que, entre otras medidas, establece que todas las personas de seis años en adelante quedan obligadas al uso de mascarilla en los siguientes supuestos:

– En la vía pública y en espacios al aire libre, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

– En cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público con independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros.

Los titulares de establecimientos, espacios y locales deberán garantizar el cumplimiento de estas obligaciones en ellos y establecer mediante señalética la distancia de seguridad recomendada en sus establecimientos.

En lo relativo a distancias de seguridad, se deberá cumplir la medida de mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal establecida por el Real Decreto ley 21/2020, de 9 de junio, de por lo menos, 1,5 metros, en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público o, en su defecto, medidas alternativas de protección física con uso de mascarilla, de higiene adecuadas y etiqueta respiratoria.

Además, se hace hincapié en la recomendación de evitar permanecer en sitios cerrados, concurridos y en cercanías de otras personas.

Asimismo, respecto a condiciones para el desarrollo de determinadas actividades, se recuerda que el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública será sancionado conforme a lo dispuesto en la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias.

 

 

 

 

La Comisión de Memoria Histórica se reunirá en septiembre tras el nombramiento de sus integrantes

La Comisión de Memoria Histórica se reunirá en septiembre tras el nombramiento de sus integrantes

Este órgano colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor estará presidido por Julio Pérez como titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de memoria histórica

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha firmado hoy la orden por la que se nombran a las personas integrantes de la Comisión Técnica de Memoria Histórica, cuya sesión constitutiva se celebrará a principios del mes de septiembre. Este órgano colegiado tiene como objetivo diseñar la estrategia e implantar las medidas concretas para asegurar los fines que prevé la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de Reconocimiento y Reparación Moral de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista.

Entre las funciones de la Comisión Técnica están las de informar, antes de su aprobación, sobre los proyectos de disposiciones reglamentarias de desarrollo de la Ley 5/2018, elaborar informes y recomendaciones para su remisión al Gobierno de Canarias en materia de incorporación de contenidos curriculares sobre memoria histórica en Canarias en las distintas etapas educativas, o informar, antes de su aprobación, de los protocolos de exhumación e identificación de restos de víctimas, así como proponer al Gobierno de Canarias su actualización.

También corresponde a la Comisión proponer al Ejecutivo canario la modificación del registro de víctimas canarias, del mapa de fosas y del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas en Canarias, emitir informe previo a la declaración de lugares o monumentos para la Memoria Histórica de Canarias, así como informar previamente a la incoación del procedimiento para la localización y, en su caso, exhumación e identificación de los restos de víctimas.

Asimismo, le atañe la aprobación de sus normas de funcionamiento interno que sean necesarias en desarrollo del presente reglamento, el asesoramiento a los órganos y organismos públicos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma en materia de memoria histórica, cuando así se le requiera; el conocimiento del informe de evaluación de las actuaciones realizadas en cumplimiento de lo establecido en la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, con anterioridad a su elevación al Gobierno de Canarias, y el seguimiento de las actuaciones llevadas cabo la materia.

Integrantes de la Comisión Técnica

Julio Pérez, como titular del departamento del Gobierno de Canarias con competencias en materia de memoria histórica, presidirá la Comisión Técnica, tal y como se establece en el Decreto 5/2020, de 6 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de dicho órgano consultivo y asesor. La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, ha sido designada como suplente de la Presidencia.

La composición de la comisión técnica de memoria Histórica se completa con las siguientes personas:

Vicepresidencia 1º

-María Antonia Perera Betancor. Directora General de Patrimonio Cultural (integrante nata).

-Juan J. Márquez Fandiño. Viceconsejero de Cultura (suplente).

Vicepresidencia 2º

-Manuela Armas Rodríguez. Consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes (integrante nata).

-Gregorio Cabrera Déniz. Director General de Ordenación, Innovación y Calidad (suplente).

Vicepresidencia 3º

-Mercedes Pérez Schwartz. Presidenta de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife.

Vocalías

-Gregorio Arencibia Gorrín. Secretario de la Asociación Memoria Histórica de Arucas.

-Félix Andrés González Lorenzo. Presidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de La Palma.

-Francisco González Tena. Vicepresidente y Portavoz de la Asociación Canaria de Menores Sustraídos.

-Juan José Pestano Brito. Director Laboratorio de Gené0ca, Instituto de Medicina Legal de Las Palmas.

-Germán Santana Pérez. Profesor titular, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

-María Isabel Navarro Segura. Profesora titular, Universidad de La Laguna.

-Argelia Camino Pérez. Archivo Histórico Provincial de Las Palmas.

-Francisco José Macías Marín. Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

-Berta Pérez Hernández. Consejera Insular del Área de Presidencia, Hacienda y Modernización. Cabildo Insular de Tenerife. Por parte de la Federación Canaria de Islas (FECAI). Suplente:  Teodoro Claret Sosa Monzón. Consejero de Presidencia. Cabildo Insular de Gran Canaria)

-Juan Jesús Facundo Suárez. Alcalde-Presidente, Ayuntamiento de Arucas. Por parte de la Federación Canaria de Municipios (FECAM). Suplente: Antonio Manuel Jiménez Medina. Técnico de Patrimonio Histórico, Ayuntamiento de Arucas)

La Secretaría de la Comisión Técnica será ocupada por Elisabet Sanago Hernández, jefa de sección de Mediación de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia.

 

 

 

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Administraciones Públicas da cuenta de un contrato por 5.600 euros para atender las incidencias de la Covid-19

Se refuerza el servicio de mantenimiento integral del sistema intercomunicado de registro de entrada y salida de documentos de la Administración de la Comunidad Autónoma

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio cuenta hoy al Consejo de Gobierno de una resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías para la tramitación de emergencia del expediente de contratación, por 5. 661,33 euros (IGIC incluido), para el refuerzo del servicio de mantenimiento integral del sistema intercomunicado de registro de entrada y salida de documentos (Hiperreg) de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, con la finalidad de atender las incidencias provocadas por el Covid-19 y facilitar el teletrabajo a los empleadas y empleadas públicos.

El refuerzo de dicho servicio de debe a que la crisis sanitaria provocada por el contagio de coronavirus COVID-19 ha obligado, a la ciudadanía en general y a las empleadas y empleados públicos del Gobierno de Canarias en particular, a utilizar la tramitación electrónica en su relación con la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias lo cual ha provocado un aumento de la demanda.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha solicitado la inclusión del expediente de contratación dentro de la relación pormenorizada de los tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, que deben ser remitidos al Parlamento de Canarias de conformidad con lo previsto en la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

Oferta de estabilización para 1.500 interinos y temporales: acuerdo de la Comisión de Función Pública

Alejandro Rodríguez, durante la celebración hoy, 31 de julio de 2020, de la Comisión de la Función Pública Canaria

El órgano consultivo, en el que participan Gobierno y sindicatos, aprobó hoy los criterios que se fijarán en Decreto de Estabilización del Empleo, para reducir la tasa de temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias

El consejero Julio Pérez resalta el compromiso alcanzado: “Seguiremos negociando”, dijo, “con el propósito de hacer las Ofertas de Empleo antes del 31 de diciembre de 2020”, dirigidas al personal funcionario interino y laboral temporal

La Comisión de la Función Pública, órgano consultivo dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, integrado por Gobierno y sindicatos, informó hoy favorablemente sobre el Proyecto de Decreto de Estabilización del Empleo Temporal, que incorpora los criterios que deberán reunir las plazas que conformarán la Oferta Extraordinaria de Estabilización con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Esta oferta podría ser aplicable a unos 1.500 empleados y empleadas de la administración canaria, actualmente en situación de interinidad.

La decisión contó con los votos favorables de tres (UGT, CSIF y CCOO) de las cinco organizaciones sindicales que integran el órgano consultivo. Otras dos (Intersindical Canaria y Sepca) votaron en contra. En la reunión participaron por el Gobierno el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Alejandro Rodríguez, y la directora general de la Función Pública, Laura Martín.

El texto aprobado define los criterios que deben reunir las plazas que conformarán dicha OPE en el marco de los Acuerdos para la mejora del empleo público de 29 de marzo de 2017, 2018 y 2019 y las Leyes de Presupuestos Generales del Estado para 2017 y 2018, así como la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020. El proceso abarcará las plazas que vengan siendo ocupadas temporalmente y de forma ininterrumpida durante, al menos, los tres últimos años entre el 1 de enero de 2005 y el 31 de diciembre de 2017, ambos inclusive.

No obstante, Gobierno y sindicatos manifestaron también en la Comisión su compromiso para la ampliación de ese periodo hasta el 31 de diciembre de 2018, si es legalmente posible y así lo dicen los informes jurídicos que se reclamen, y asimismo expresaron su acuerdo sobre la necesidad de incorporar al proceso las plazas delegadas de los Cabildos Insulares y de otros entes públicos dependientes que cumplan los criterios de estabilización.

Estas adiciones permitirían alcanzar la suma de unos 2.000 interinos e interinas, que podrían beneficiarse de las condiciones particulares en que se producirá la oferta extraordinaria.

Además, el acuerdo establece que las plazas ofertadas estarán incluidas en las correspondientes plantillas orgánicas o relación de puestos de trabajo y dotadas económicamente en los respectivos presupuestos anuales, por lo que no se derivará, en ningún caso, incremento de gasto público. Las plazas ocupadas a tiempo parcial, además, serán ofertadas a tiempo parcial, y en iguales condiciones a las que se están ejecutando en la actualidad.

Por otra parte, en la Comisión tanto el Gobierno como los sindicatos mostraron su compromiso de abrir un período de negociación antes del 31 de diciembre de 2020 para lograr la aprobación y publicación, conjuntamente con esta oferta extraordinaria de estabilización, de otra Oferta de Empleo Público, también extraordinaria, para la situación de consolidación, pues estos dos conceptos y situaciones (estabilización y consolidación) no son sinónimos ni afectan a las mismas personas.

Con este fin se formará una Mesa Técnica de Trabajo el próximo mes de septiembre de 2020, para la confección de esta otra Oferta Extraordinaria de Consolidación del Empleo de los puestos y plazas de carácter estructural de los distintos cuerpos, escalas o categorías que se vinieran desempeñando interina o temporalmente con anterioridad al 1 de enero de 2005, para que pueda ser publicada ser publicada de forma conjunta con la OPE de estabilización, y ambas, antes del 31 de diciembre de 2020.

De la misma manera, se constituirá de manera inmediata la mesa de negociación para la regulación de las bases de la convocatoria, que definirán y regularán el desarrollo de los procesos selectivos.

Proseguirá la negociación, anuncia el Viceconsejero

Alejandro Rodríguez afirma que este acuerdo refleja la voluntad de la Consejería de Administraciones Públicas de negociar con la representación sindical para cumplimiento al mandato recogido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de aprobar un Plan de estabilización de empleo temporal a fin de reducir la temporalidad en la Administración General de la Comunidad Autónoma.

Entre los compromisos expuestos en la Comisión, que serán objeto de una próxima formalización por Gobierno y los sindicatos UGT, CSIF y CCOO, y al que podrán adherirse el resto de centrales sindicales, también se incluye el de referenciar las plazas afectadas a los correspondientes puestos de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), posibilitando de esta forma, que los futuros procesos de concursos de méritos no afecten a las plazas incluidas en los procesos de estabilización, “blindado” las plazas para ser ofertadas en exclusividad a los procesos extraordinarios de estabilización y consolidación.

La aprobación inicial de la OPE extraordinaria de estabilización conllevará un periodo de publicidad y notificación individualizada a cada una de las trabajadoras y trabajadores que vengan ocupando estas plazas para su conocimiento, comprobación de los datos ofrecidos y reclamaciones que procedan.

Por último, la formalización del acuerdo podrá servir de marco de referencia para su utilización en las distintas entidades locales canarias.

Julio Pérez: “Tratamos de cumplir las promesas y anuncios del Gobierno y de la Consejería”.

La reducción de la inestabilidad laboral fue el primer objetivo de los que se expuso el consejero en su prima comparecencia parlamentaria, al iniciar su mandato, junto a la digitalización, la medición y evaluación basada en datos, y la transparencia, como ejes de su actuación y de la política anunciada por el presidente Torres en su investidura.

Por ello, el consejero se congratuló del paso dado hoy, que permite avanzar en el camino anunciado y prometido, sometiéndose a la obligada negociación sindical y procurando encontrar tantos puntos de acuerdo como sea posible con los sindicatos de empleados públicos.

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La asistencia jurídica gratuita recibió 9,4 millones de euros en el primer semestre de 2020

Los cuatro colegios de abogados de Canarias ingresan 8.374.622,86 millones, mientras que los dos colegios de procuradores obtienen 1,024.868,29 millones.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, dio cuenta hoy al Gobierno de Canarias de las subvenciones concedidas en el primer semestre de 2020 a los cuatro colegios de abogados de las Islas (Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote) y a los dos colegios de procuradores (Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife) para la prestación de la asistencia jurídica gratuita que en total ascienden a 9.399,487,15 euros.

Se cumple así con la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020, que establece que semestralmente se dará cuenta al Ejecutivo canario de las subvenciones concedidas a los colegios de abogados y procuradores para la prestación de la asistencia jurídica gratuita y turno de oficio.

Esas ayudas, se otorgaron a los colegios de abogados de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa Cruz de La Palma y Lanzarote, por importe de 8.374.322,86 euros, y a los colegios de Procuradores de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, con 1.024.864,29 euros.

Un total de 5.236133,95 euros correspondieron al Colegio de Abogados de Las Palmas; 2.510.439,89 euros al Colegio de Santa Cruz de Tenerife; 360.598,38 euros al de Lanzarote, y 267.450,64 euros al de Santa Cruz de La Palma.

En cuanto a los colegios de procuradores, al de Santa Cruz de Tenerife le otorgaron 431.496,79 euros en subvenciones, y al de Las Palmas, un total de 593.367,5 euros.

 

El nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz, en Cabo Llanos, respetará las zonas verdes y dotaciones públicas

El nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz, en Cabo Llanos, respetará las zonas verdes y dotaciones públicas

En breve se podrá iniciar la tramitación del expediente administrativo que dará cobertura a la construcción de las nuevas instalaciones judiciales y se impulsará la redacción del proyecto para dotar a Santa Cruz de Tenerife de un nuevo edificio judicial, en Cabo Llanos, manteniendo las dotaciones y servicios públicos de la zona

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, informó hoy al Consejo de Gobierno sobre las actuaciones llevadas a cabo para la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife en la zona de Cabo Llanos que albergará tanto a los órganos judiciales unipersonales como colegiados, los servicios del Instituto de Medicina legal y Ciencias Forenses, las Oficinas de Asistencia a las Víctimas del Delito, los equipos de Mediación, dependencias específicas para profesionales de la abogacía y la procura, además de otras profesiones jurídicas, así como servicios comunes, salas de acceso y espera, bibliotecas y salas de estudio, entre otros.

En este sentido, Pérez explicó la alternativa (entre nueve que han sido estudiadas) acogida de común acuerdo con los distintos departamentos del Ejecutivo autonómico titulares de las parcelas afectadas (Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos y la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes), y con la disposición favorable de los servicios técnicos y urbanísticos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.

Se trata de una opción que permitirá ubicar la mayor parte de la Ciudad de la Justicia en dos edificios casi contiguos, separados por una plaza, con la edificabilidad necesaria y lo suficientemente cercanos para permitir su conexión. Se persigue así reducir la excesiva altura prevista para la mayoría de los edificios que se ejecutarán en la zona sin que ello suponga una merma en su aprovechamiento.

A tal fin, se emplearán dos parcelas propiedad del Gobierno de Canarias en la manzana ubicada detrás de los centros comerciales de la Avenida de 3 de Mayo. De esta manera, se repartirá el aprovechamiento de esas dos parcelas. El uso docente se trasladará a una parcela inmediata, a la ubicada detrás de las Torres, donde se utilizará el aprovechamiento edificativo existente para albergar el centro educativo.

Con el fin de culminar los trabajos en el menor tiempo posible, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad tramita ya un nuevo encargo a la Empresa Pública Gestur Tenerife, S.A. para la redacción de los documentos que permitan llevar a cabo la actuación excepcional del Gobierno para la modificación de parte del instrumento de ordenación del Plan General de Santa Cruz mediante su suspensión en el ámbito de Cabo Llanos, con el objeto de garantizar la implantación de la Ciudad de la Justicia. Asimismo, se elaborarán las normas sustantivas aplicables de manera transitoria sobre los terrenos en los que se propone la suspensión del PGO y se efectuará el correspondiente procedimiento de evaluación ambiental estratégico.

Con estas actuaciones se logrará el impulso definitivo del proyecto y el comienzo de los trabajos para dotar a Santa Cruz de Tenerife de las instalaciones necesarias para garantizar una Administración de Justicia moderna y eficiente, en un espacio emblemático de la ciudad y de forma coincidente con las reivindicaciones de los operadores jurídicos y de la ciudadanía, al mantener y ampliar las dotaciones y servicios públicos de la zona.

Desde el inicio de la legislatura, la Consejería ha llevado a cabo diversas actuaciones destinadas a la construcción del nuevo Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife. En el marco del encargo suscrito por Orden del anterior Consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias de 30 de abril de 2019 con la entidad Gestur Tenerife, S.A., esta empresa pública elaboró los documentos necesarios para el estudio de distintas alternativas que permitan la corrección, en lo necesario, de las previsiones urbanísticas vigentes en la zona de Cabo Llanos, para el desarrollo del nuevo edificio.

En este contexto, la Consejería introdujo varios planteamientos nuevos al encargo que se tomaron en consideración, tales como la no supresión de los equipamientos ciudadanos previstos, o su traslado a zonas inmediatas; el mantenimiento del uso del actual Palacio de Justicia; el traslado de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y de los restantes órganos ubicados en la Plaza de San Francisco, y que se tomara como referencia para el proyecto que el desarrollo del Palacio de Justicia en la zona actual de Cabo Llanos deberá contar con zonas verdes y plazas de conexión entre sus edificios. Con estas indicaciones se elaboraron las alternativas estudiadas.

La vigencia de este Plan será indefinida hasta que se alcancen los objetivos planteados. No obstante, cada cinco años deberá realizarse un análisis exhaustivo del grado de cumplimiento de las medias y actuaciones y de la consecución de objetivos. El coste aproximado de este plan es 203.300 euros

Plano de la Ciudad de la Justicia de Tenerife
Plano de la Ciudad de la Justicia de Tenerife

El Gobierno amplía de seis a 12 meses el tiempo de posicionamiento del helicóptero con base en La Gomera

La actuación tiene un coste de 700.000 euros y sirve para que el helicóptero multifuncional para la atención de emergencias en esa Isla esté disponible todo el año debido a la alteración en la estacionalidad de los incendios forestales, que ya no se producen solo en verano

El Gobierno de Canarias, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, autorizó hoy el gasto correspondiente a la modificación del contrato del Servicio Público Integral de Atención de Emergencia, Protección Civil y Vigilancia mediante Helicópteros Multifuncionales y sus dotaciones, por importe de 700.384,08 euros (IGIC exento).

Esta modificación, la segunda del contrato inicial, tiene como objeto ampliar el tiempo de posicionamiento del helicóptero multifuncional con base en La Gomera de los seis meses inicialmente previstos a 12 meses para mejorar la cobertura en situaciones de emergencia y catástrofes de diferente índole en el ámbito territorial de Canarias, debido a que se ha producido una alteración en la estacionalidad de los incendios forestales, que ya no se producen solo en verano, sino que se dan a lo largo de todo el año.

El contrato del Servicio Público Integral de Atención de Emergencia, Protección Civil y Vigilancia mediante Helicópteros Multifuncionales y sus dotaciones se formalizó, por la extinta Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad, el 11 de noviembre de 2015. Dicho contrato abarca un periodo comprendido desde el 12 de noviembre de 2015 hasta el 11 de noviembre de 2021.

El contrato inicial constaba de dos lotes: uno, correspondiente al servicio en las bases del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) de las islas de Tenerife y Gran Canaria y, el otro, al servicio en las bases GES de las islas de El Hierro, La Palma y Fuerteventura.

Primera modificación

En abril de 2016 se realizó la primera modificación del contrato con el objetivo de contar con un nuevo helicóptero multifuncional para dar cobertura a situaciones de emergencia y catástrofes en Canarias situando su base en La Gomera, y se estableció como periodo de cobertura el comprendido entre los meses de mayo a octubre, meses de máxima afluencia de visitantes a la isla.

En abril de 2020, el Servicio de Protección Civil y Atención a las Emergencias del Gobierno informa sobre la necesidad de ampliar el tiempo de posicionamiento de dicha aeronave de seis meses a un año para mejorar la cobertura en situaciones de emergencia y catástrofes. Con tal fin, el Ejecutivo canario aprueba ahora una segunda modificación del contrato del Servicio Público Integral de Atención de Emergencia, Protección Civil y Vigilancia mediante Helicópteros Multifuncionales.

Canarias se adhiere al convenio entre Justicia y Cruz Roja en materia humanitaria e identificación de cadáveres

Julio Pérez en la firma de la adhesión de Canarias al Convenio en materia humanitaria e identificación de cadáveres

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, destaca la importancia del mismo ya que Canarias se compromete a llevar a cabo todas las actuaciones que sean posibles para garantizar la identificación y entrega a sus familiares de los restos de las personas migrantes que fallezcan en nuestras costas

En Canarias cobra especial relevancia dadas las circunstancias en las que se produce el tránsito migratorio mediante pateras hacia el territorio del Archipiélago, en condiciones de gran riesgo, y que lleva a que muchas de las personas que huyen de sus países en busca de una vida mejor fallezcan en el camino. Así, se garantiza al menos que su sepultura se produzca en condiciones dignas y que los familiares y allegados puedan tener una respuesta cierta sobre el destino de sus seres queridos

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, en nombre y representación del Gobierno de Canarias, ha suscrito hoy mediante una reunión telemática, el acuerdo de adhesión y aceptación del convenio entre el Ministerio de Justicia y Cruz Roja Española en materia humanitaria e identificación de cadáveres firmado el 6 de abril de 2017. En el acto estuvieron también presentes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y el presidente de Cruz Roja Española, Javier Senent. Además, asistieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, el director del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, Antonio Alonso, el director del Departamento de La Laguna del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, José Antonio Cuellas, y el presidente de Cruz Roja en Canarias, Antoni Rico.

El consejero remarcó que, para Canarias, es muy satisfactoria la cooperación entre la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad; los Institutos de Medicina Legal (IML), y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.

Explicó que el convenio constituye un mecanismo básico para mejorar el trabajo conjunto, además de que facilita una línea de actuación importante para las Islas, que es el aumento de la sabiduría científica a través de la capacidad de investigación de los IML y el Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses. Asimismo, añadió, la adhesión de Canarias al convenio es relevante porque la identificación de cadáveres tiene una gran importancia para la opinión pública, que lógicamente es muy sensible ante estas situaciones, por escasa que sea su incidencia numérica.

Con la adhesión de la Comunidad Autónoma, Canarias se compromete a llevar a cabo todas las actuaciones que sean posibles para garantizar la identificación y entrega a sus familiares de los restos de las personas migrantes que fallezcan en nuestras costas. En las Islas cobra especial relevancia dadas las circunstancias en las que se produce el tránsito migratorio mediante pateras hacia el territorio del Archipiélago, en condiciones de gran riesgo, y que lleva a que muchas de las personas que huyen de sus países en busca de una vida mejor fallezcan en el camino. De esta manera, se garantiza que, al menos, su sepultura se produzca en condiciones dignas y que los familiares y allegados puedan tener una respuesta cierta sobre el destino de sus seres queridos al establecerse un proceso que facilita su identificación y contacto.

El objeto del convenio se centra en el intercambio de datos de personas desaparecidas entre los IML y Ciencias Forenses, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, y el Servicio de Restablecimiento del Contacto Familiar de Cruz Roja Española. Así, el objetivo es dar servicio a aquellos familiares inmersos en los procesos de búsqueda de personas separadas de sus seres queridos como consecuencia de procesos migratorios, catástrofes naturales, conflictos bélicos y disturbios internos, en razón del interés conjunto en la búsqueda de personas desaparecidas y la identificación de cadáveres a tal fin.

En la actualidad, esas personas quedan sin identificar en la mayoría de los casos y no existe información suficiente para su identificación posterior. Mediante este convenio, se prevé que por parte de los IML se lleve a cabo una labor de recogida de muestras y acopio de información que constituirá una base de datos que se cruzará con la que tiene el Servicio de restablecimiento del contacto familiar de Cruz Roja Española y Cruz Roja internacional.

En el caso de que se halle una posible coincidencia, se llevarán a cabo las pruebas de ADN y se cotejarán con las muestras de los familiares recogidas en origen por Cruz Roja con el fin de determinar el parentesco. Si este es positivo, se podrán arbitrar las medidas necesarias para la correcta identificación de las personas fallecidas y la entrega de sus restos a las familias.

Con la firma de hoy, la Comunidad Autónoma de Canarias ratificó la voluntad de adherirse a todas y cada una de las cláusulas del citado convenio de colaboración, asumiendo las obligaciones derivadas del mismo y con sujeción a todo lo estipulado.

El citado convenio, que no conlleva obligaciones financieras o contraprestación económica para las partes, recoge que las comunidades autónomas con traspasos en medios personales y materiales al servicio de la Administración de Justicia y que lo soliciten podrán acogerse a la colaboración.

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