Logo del Gobierno de Canarias

La Red de Puntos de Encuentro Familiar se extiende por toda Canarias tras la apertura del centro de Fuerteventura

El Cabildo majorero y los seis ayuntamientos de la isla acuerdan que el servicio sea itinerante por todos los municipios

La Red de Puntos de Encuentro Familiar se extiende por todas las islas del Archipiélago después de que este martes el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, haya inaugurado, junto al presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, este recurso social en la isla majorera, que será gestionado por la ONG Centro de la Familia con una subvención de 33.828,64 euros otorgada por la Viceconsejería de Justicia.

En el acto, que tuvo lugar en la sede situada en Puerto del Rosario, estuvieron presentes la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno, Marta Bonnet; el consejero de Políticas Sociales del Cabildo de Fuerteventura, Víctor Alonso; el alcalde de Puerto de Rosario, Juan Jiménez; la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Yanira Domínguez; el presidente de la Mancomunidad Centro Sur de Fuerteventura, Matías Peña, así como el director de la ONG Centro de la Familia, Raimundo Moreno.

Pérez destacó que el Punto de Encuentro Familiar es un mecanismo que presta un servicio de intervención familiar que permite superar los conflictos que suponen la intervención de un tercero. Para ello, el Gobierno, a través de subvenciones directas a organizaciones no gubernamentales, pone a disposición de la ciudadanía estos espacios seguros y de aprendizaje gestionados por profesionales.

“Pocos servicios públicos tienen un nombre tan claro de lo que significa”, resaltó el consejero, que insistió que gracias a estos centros se facilita la conciliación y la comunicación en las familias que comparten la custodia de menores. Con el Punto de Encuentro Familiar se logra que situaciones que estaban teniendo lugar en dependencias judiciales o en la propia calle pasen a gestionarse en estos espacios pedagógicos adecuados para menores.

El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, valoró el trabajo conjunto entre las instituciones para mejorar los servicios que se prestan a la ciudadanía y, como ejemplo de ello, explicó que este Punto de Encuentro Familiar será itinerante en todo el territorio de la isla gracias a los acuerdos alcanzados por la Consejería de Políticas Sociales de la Institución insular con los seis municipios majoreros.

Por su parte Raimundo Moreno, director de la ONG que gestionará este espacio, apuntó que estos centros también realizan un acompañamiento a víctimas directas o indirectas de la violencia machista, lo que permita el empoderamiento de las personas afectadas, tanto menores y mujeres, superando las secuelas que puedan provocar esta situación.

Durante este 2020 la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias ha otorgado un total de 600.000 euros en subvenciones directas para el funcionamiento de la Red de Puntos de Encuentro Familiar en todo el territorio del Archipiélago. De hecho, a lo largo de este año se han puesto en funcionamiento estos recursos sociales, además de en Fuerteventura, en Lanzarote y el Sur de Gran Canaria. Estos tres centros se han unido a los ya existentes en el Sur de Tenerife, Norte de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera.

En todos estos Puntos de Encuentro Familiar las prestaciones de los servicios corren a cargo de organizaciones no gubernamentales especializadas y con experiencias en estos ámbitos como son Cruz Roja (Sur de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro), la Fundación Centro de Atención a la Familia (Santa Cruz de Tenerife y Norte de Tenerife y Fuerteventura), la Fundación Más Familia (Lanzarote) y la Asociación Domitila Hernández (Sur de Tenerife).

Bases para el Centro de Interpretación de la Memoria Histórica LGTBIQ+

Durante la visita a Fuerteventura la viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, mantuvo un encuentro con el consejero de Políticas Sociales del Cabildo de Fuerteventura, Víctor Alonso, y representantes de ALTIHAY Fuerteventura Colectivo LGTBI+ Simpatizantes de Canarias, en el que se sentaron las bases para crear un Centro de Interpretación de la Memoria Histórica LGTBIQ+ que impulse las políticas en memoria histórica y promueva el reconocimiento a las víctimas que estuvieron en la Colonia Agrícola y Penitenciaria de Tefía.

Etiquetas

La viceconsejera de Justicia participa en la presentación del Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote

El acto tendrá lugar de manera telemática con unas jornadas sobre Punto de Encuentro Familiar, Derecho de Familia y Violencia de Género

La viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, presentará el próximo 28 de octubre el Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote, en funcionamiento desde el pasado mes de septiembre gracias a una subvención concedida por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias que dirige Julio Pérez. Con motivo de este acto se celebrarán, de manera telemática, unas jornadas sobre Punto de Encuentro Familiar, Derecho de Familia y Violencia de Género.

En dichas jornadas se contará con tres ponencias que analizarán y expondrán la organización y funcionamiento del nuevo punto de encuentro familiar de Lanzarote, la normativa en materia de puntos de encuentro familiar y la relación entre los puntos de encuentro familiar y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer. Al finalizar cada ponencia habrá turno para el debate entre ponentes y asistentes.

La jornada arrancará a las 16.00 horas con la inauguración, que correrá a cargo de la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo; el decano del Colegio de Abogados de Lanzarote, Carlos Viñas; y el juez decano del Partido Judicial de Arrecife, Adalberto de la Cruz. Posteriormente tendrá lugar la primera de las tres ponencias del día que versará sobre El Nuevo Punto de Encuentro Familiar de Arrecife: Organización y Funcionamiento y en la que participa la psicóloga-coordinadora del Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote, Daura Hernández.

La siguiente ponencia la dará la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, quien hablará sobre El futuro reglamento de Puntos de Encuentro Familiar, que en la actualidad se está elaborando tras haber estado abierto a consulta ciudadana. Por último, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 1 de Arrecife, Silvia Muñoz, cerrará la jornada con su conferencia Punto de Encuentro y Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Las jornadas, que son gratuitas, están dirigidas principalmente a profesionales jurídicos, aunque también están abiertas a los medios de comunicación y a todas aquellas personas que que puedan tener interés en el funcionamiento, gestión, fines y objetivos de los puntos de encuentro familiar. Para asistir a ellas hay que completar el formulario de inscripción que se encuentra en la página web www.jornadaspuntodeencuentroarrecife.com.

El Punto de Encuentro Familiar de Lanzarote está situado en el barrio de Altavista, en Arrecife, y está gestionado por la Asociación Canaria para la Intervención y Mediación Familiar, Educativa y Psicosocial +Familia, a través de una subvención de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias.

Durante este 2020 la Consejería ha otorgado un total de 600.000 euros en subvenciones directas para el funcionamiento de los Puntos de Encuentro Familiar en todo el territorio del Archipiélago. De hecho, a lo largo de este año se han puesto en funcionamiento estos recursos sociales en Lanzarote, el Sur de Gran Canaria y Fuerteventura, que se han unido a los ya existentes en el Sur de Tenerife, Norte de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, La Palma, El Hierro y La Gomera. En todos estos centros, las prestaciones de los servicios corren a cargo de ONG especializadas y con experiencias en estos ámbitos como son Cruz Roja (Sur de Gran Canaria, La Palma, La Gomera y El Hierro), la Fundación Centro de Atención a la Familia (Santa Cruz de Tenerife y Norte de Tenerife y Fuerteventura), la Fundación Más Familia (Lanzarote) y la Asociación Domitila Hernández (Sur de Tenerife).

Etiquetas

El Gobierno de Canarias y la Diputación del Común pactan contra la Violencia de Género

Gobierno y Diputación del Común firman un acuerdo contra la Violencia de Género

Rafael Yanes y Julio Pérez acuerdan compartir datos en materia de delitos contra la integridad moral, la trata de seres humanos, la libertad sexual y los delitos de Violencia de Género

El Diputado del Común, Rafael Yanes, y el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, firmaron hoy un Acuerdo Institucional de Cooperación entre ambas instituciones, en materia de Igualdad y Violencia de Género. En el acto también estuvieron presentes  la adjunta Especial de Igualdad y Violencia de Género de la Diputación del Común, Beatriz Barrera, y la secretaria general técnica de la Consejería, María Adela Altamirano.

Este Acuerdo concierta a ambas instituciones para la consecución de fines comunes de interés público en el marco de sus respectivas competencias. Un convenio que tiene una vigencia inicial de un año, pero que podrá ser prorrogado por un periodo de hasta cuatro años adicionales.

La Diputación del Común mantiene un férreo compromiso con la defensa de las víctimas de violencia de género. Aspecto que se materializó con la creación de la Adjuntía Especial de Igualdad entre Mujeres y Hombres y Violencia de Género, y que nació con el fin de garantizar y fortalecer la eficacia de la intervención del Diputado del Común en esta materia.

Con esta motivación, ambas partes acordaron formalizar este Acuerdo de cooperación con el fin de compartir datos  en materia de delitos contra la integridad moral, la trata de seres humanos, la libertad e indemnidad sexual y los delitos de violencia de género.

Un compromiso que busca profundizar y acrecentar la colaboración que han venido manteniendo hasta el momento, y que destacaría la importancia de fortalecer estas líneas de cooperación directas y de auxilio mutuo para un mejor desarrollo de sus respectivas competencias. Asimismo, establecer una comunicación más fluida e instantánea para, entre otros aspectos, comprometerse a tramitar ágilmente las quejas que se reciban por parte de la Diputación del Común.

Con el fin de coordinar las actividades necesarias para la ejecución de este Acuerdo, informaron sobre la creación de una Comisión Mixta de Seguimiento que estará compuesta por dos miembros de la Consejería, por la adjunta segunda, Milagros Fuentes, y por la adjunta Especial de Igualdad y Violencia de Género, Beatriz Barrera.

Yanes aseguró que “la Consejería de Administraciones Públicas  es una de las que mejor contesta a los requerimientos de la Diputación del Común” y destacó que “este Acuerdo es el principio de una colaboración constante entre ambas instituciones”.

Por su parte, Pérez resaltó “la necesidad de extender los hábitos, usos  y mecanismos de relación con la Diputación del Común, a todo el conjunto de la Administración Autonómica, ya que todas las administraciones deben ser responsables de su correcto funcionamiento y, por tanto, debemos y necesitamos ser examinados por el Diputado del Común”.

 

 

Julio Pérez solicita a la Guardia Civil que mantenga el control prioritario en la llegada de migrantes

El consejero recibió hoy a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, a quien transmitió la valiosísima labor de salvamento marítimo que desarrolla la Benemérita en las Islas

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, recibió hoy en Tenerife a la directora general de la Guardia Civil, María Gámez, a quien agradeció la valiosísima labor de salvamento de personas migrantes que desarrolla el Servicio Marítimo de la Guardia Civil en las costas de Canarias y solicitó que se mantenga la atención prioritaria en el control de llegadas de migrantes. Asimismo, pidió el pleno funcionamiento del Sistema Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE).

Además del fenómeno migratorio, durante la reunión abordaron también el despliegue de agentes de la Guardia Civil en las Islas, que ronda el 85%. No obstante, el consejero señaló que es necesario un mayor número de efectivos en algunas Islas, y puso como ejemplo Fuerteventura, por lo que requirió un refuerzo en el número de agentes en Canarias.

Asimismo, analizaron la coordinación existente entre el Cuerpo General de la Policía Canaria y la Guardia Civil, que Pérez calificó de satisfactoria.

Además de Pérez y Gámez, en el encuentro participaron el general de la Guardia Civil, Juan Miguel Arribas; el director general de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias, Gustavo Armas; el comisario jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria, Luis Alonso Santos; y el comandante de la Guardia Civil, José Cutillas.

Etiquetas

Justicia encarga un estudio sobre el impacto de género en la normativa de la Covid-19

Justicia encarga un estudio sobre el impacto de género en la normativa de la Covid-19

El proyecto de investigación y de formación posterior pretende analizar la aplicación de la perspectiva de género en la crisis sanitaria y examinar si las medidas tomadas, desde el punto de vista jurídico, han sido suficientes para prevenir y tratar las situaciones de violencia

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha encargado a la Fundación General de la Universidad de La Laguna un estudio técnico-jurídico sobre el impacto de género en la producción normativa durante la pandemia por la Covid-19. El proyecto contempla una acción de investigación para dilucidar si las acciones llevadas a cabo en la crisis sanitaria han tenido en cuenta el impacto de género y otra consistente en la aplicación, mediante acciones formativas, de los resultados del estudio.

La directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, ha firmado la resolución para la contratación, por importe de 14.998 euros, de un servicio de consultoría técnica para llevar a cabo el estudio de investigación denominado ‘Impacto de género de la crisis de la Covid-19. Incidencia sobre las mujeres víctimas de violencia de género’, financiado con fondos procedentes del Pacto de Estado contra la violencia de género.

Bonnet explica que la crisis sanitaria y social de la Covid-19 afecta de modo especial a las mujeres y menores víctimas porque se incremente el riesgo de sufrir violencia de género. Por ello, señala, es importante, de cara a situaciones futuras, analizar la necesaria aplicación de la perspectiva de género en la resolución de la crisis sanitaria y examinar si las medidas tomadas, desde el punto de vista jurídico, han sido suficientes para prevenir y tratar las situaciones de violencia en dicho contexto.

Objetivos

Así, el proyecto de investigación tiene como objetivos verificar si la producción normativa de la Covid-19 ha tomado en consideración la perspectiva de género, como así ordena la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres; determinar qué medidas reflejan la contemplación de dicha perspectiva, cuáles y con qué alcance; señalar las medidas específicas adoptadas en relación con las víctimas de violencia de género y efectuar una valoración crítica acerca de la adecuación y suficiencia de dichas medidas. Finalmente contempla la formulación de conclusiones y propuestas.

Bonnet indica que llevar a cabo esta investigación requiere de personal investigador altamente cualificado o centros de investigación con experiencia que contribuyan al desarrollo del conocimiento de los estudios de género, a divulgar y a facilitar el acceso a sus resultados y promuevan su difusión a la sociedad. Así, dada la especialidad del encargo, el perfil técnico requerido, la coordinación de tareas y el éxito del proyecto, se ha seleccionado al efecto a la Fundación General de la Universidad de La Laguna.

Crisis sanitaria y mujeres

La directora expone que la naturaleza y características de la crisis sanitaria y social de la covid-19 afectan especialmente a las mujeres porque los cuidados esenciales en la fase de ataque de la pandemia recaen mayoritariamente sobre ellas, así como el hecho de que quedan mayoritariamente al cuidado de sus hijos e hijas, ante el cierre de los centros escolares, y de mayores dependientes.

Además, manifiesta que hay que tener en cuenta la incidencia de la crisis sanitaria desde el punto de vista del empleo femenino, mayoritario en el sector sociosanitario, pero igualmente más precario en otros sectores, donde es posible que las mujeres se vean abocadas con mayor facilidad a la situación de desempleo.

Pero, de modo especial, remarca, en la situación de confinamiento decretada por los Gobiernos de los diferentes países del mundo, se incrementa el riesgo de las mujeres y menores víctimas de violencia, no solo por el hecho de quedar obligados a convivir con el agresor, sino porque la especialidad de la situación incrementa la tensión y agresividad que puede ser desencadenante.

Consciente de esta situación, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha presentado esta anualidad el proyecto ‘Impacto de género de la crisis de la Covid-19. Incidencia sobre las mujeres víctimas de violencia de género’ en el marco de los compromisos económicos establecidos en el Pacto de Estado contra la violencia de género, del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, destinados a la Comunidad Autónoma de Canarias.

Etiquetas

El Gobierno distribuye 12,6 millones entre los municipios por el ajuste del Fondo Municipal de 2018

Reunión del Consejo de Gobierno

El importe definitivo del Fondo Canario de Financiación Municipal para ese año asciende, tras los ajustes preceptivos realizados, a 279,5 millones de euros

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, jueves 15 de octubre, la distribución de 12,6 millones de euros entre los municipios de Canarias tras el ajuste de las partidas del Fondo Canario de Financiación Municipal (FCFM) del año 2018, cuyo importe definitivo asciende a 279.470.974 euros. El Gobierno de Canarias había aprobado el 23 de abril de 2018 la distribución del Fondo por un importe de 266.817.662 euros, cantidad que, tras los ajustes preceptivos realizados, se procede a elevar y con ello se autoriza un nuevo gasto de 12.653.312 euros para repartir entre los municipios isleños.

Según recoge la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, el importe del Fondo en cada ejercicio se actualiza de forma provisional, en función de la evolución de las previsiones iniciales de los ingresos no financieros consolidados de las leyes de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Canarias.

Posteriormente, una vez practicada la liquidación del ejercicio correspondiente, se procede a calcular el importe definitivo del FCFM según la evolución real de los derechos reconocidos netos de los mencionados ingresos, comparando el ejercicio presupuestario correspondiente con el ejercicio inmediato anterior.

La liquidación resultante de la diferencia entre el Fondo definitivo y el Fondo provisional se incluirá en el presupuesto del año siguiente al que esta se realice. Así, los créditos necesarios para la distribución definitiva del FCFM de 2018 está recogida en la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2020.

De conformidad con el artículo 3 de la Ley del Fondo Canario de Financiación Municipal, deberá detraerse el 1%, es decir 126.533,12 euros, partida que se abonará a la Federación Canaria de Municipios (Fecam), debiéndose distribuir el resto del Fondo, 12.526.778,88 euros, entre los 88 municipios de las Islas. El Gobierno dará cuenta al Parlamento de Canarias de la autorización del gasto, en cumplimiento de la ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

La mayor parte de los ayuntamientos cumplen con los indicadores del Fondo Canario de Financiación Municipal

Para distribuir el Fondo, la ley obliga a la realización de auditorías de gestión para comprobar el grado de cumplimiento de los indicadores de saneamiento económico-financiero y de los criterios condicionantes de la cuantía de libre disposición

El Consejo de Gobierno recibió hoy, jueves 15 de octubre de 2020, de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la dación de cuenta por la ejecución de las auditorías de gestión realizadas al amparo de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, estas para conocer la situación económica-financiera municipal a 31 de diciembre de 2018, la correspondiente al Fondo del año 2019. De dichas auditorías se desprende que la mayor parte de los ayuntamientos cumplen con los indicadores del Fondo Canario de Financiación Municipal.

El Gobierno explica que la Ley 3/1999 obliga a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, antes de proceder a la distribución del Fondo cada año, a la realización de auditorías de gestión a los ayuntamientos para comprobar el grado de cumplimiento de los indicadores de saneamiento económico-financiero y de los criterios condicionantes de la cuantía de libre disposición.

Se han realizado auditorías en 86 ayuntamientos -todos excepto los de Granadilla de Abona y Telde por falta de la documentación necesaria- y 85 de ellos cumplen con los indicadores de remanente de tesorería y de endeudamiento a largo plazo, 81 corporaciones locales cumplen con la valoración de la gestión recaudatoria y 79 con la valoración del esfuerzo fiscal. Entretanto, el indicador de ahorro neto lo cumplen 44 ayuntamientos.

El Fondo Canario de Financiación Municipal es importante como instrumento de coordinación interadministrativa en materia de financiación local y pretende contribuir a la necesaria dotación de recursos a las haciendas municipales, a la vez que articular, sin menoscabar su autonomía, una acción coordinadora a escala autonómica a través de una transferencia niveladora que da cumplimiento al principio constitucional de suficiencia financiera.

La citada ley establece que los recursos económicos deben ser en el 50% con destino a gastos de libre disposición y el otro 50% a saneamiento económico-financiero o, si se cumplen los indicadores previstos en la citada norma, a inversión. Los indicadores que muestran la situación de saneamiento financiero son referidos al remanente de tesorería, al ahorro neto y al endeudamiento a largo plazo. El otro 50% son para gastos de libre disposición, si bien su cuantía puede verse reducida por los condicionante de la Gestión recaudatoria y el esfuerzo fiscal.

El Fondo se adecua atendiendo a los indicadores de saneamiento económico-financiero y los condicionantes de la cuantía de libre disposición a la situación económica general en cada momento, con el fin de que ese instrumento sea de ayuda a los municipios en momentos de crisis económica general y social, suavizando el umbral necesario para su cumplimiento por los ayuntamientos.

A ello atiende, para el Fondo Canario de Financiación Municipal 2019, la disposición adicional trigésima sexta de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, actuando sobre el ahorro neto, la gestión recaudatoria y el esfuerzo fiscal, para flexibilizar el destino del Fondo a inversión y ayudas de emergencia social y no reducir el importe de libre disposición del Fondo a percibir por los ayuntamientos.

El Gobierno inicia las consultas previas para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias

Es la primera de las cuatro leyes que conformarán un cambio organizativo y de gestión en las administraciones públicas de Canarias

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, inicia este jueves, 15 de octubre, la fase de consulta pública previa para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias con el fin de recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura disposición normativa. Las aportaciones podrán realizarse durante los próximos 29 días naturales a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa. Una vez concluya este periodo de consulta, la Consejería seguirá con la tramitación del proyecto normativo que se espera que llegue al Parlamento a lo largo de 2021.

La nueva Ley de Empleo Público de Canarias es una de las que cuatro leyes, junto a la de Gobierno y Administración Pública, Régimen Jurídico del Sector Público y la de Gobierno Abierto, con las que el Ejecutivo autonómico pretende establecer una nueva arquitectura institucional que propicie un cambio en la estructura organizativa y en la gestión de las administraciones públicas de las Islas para dar un más transparente y eficiente servicio a la ciudadanía.

La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, recuerda que esta futura nueva ley sustituirá a la Ley de la Función Pública Canaria, Ley 2/1987, de 30 de marzo que, a pesar de que ha tenido modificaciones puntuales, tiene una vigencia que supera los 30 años, por lo que a lo largo de todo este tiempo la propia estructura organizativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la gestión y tratamiento del empleo público “no solo han ido creciendo sino han evolucionado, habiendo alcanzado un nivel de madurez que obliga, por seguridad jurídica, a asentar los principios sobre los que articularlo”.

Martín insiste en que, aunque se pudiera aprobar un Decreto-Legislativo que unificase y consolidase el régimen legal en materia de empleo público autonómico, a la vista de la entidad de los cambios que se estiman necesarios introducir, es necesario aprobar un nuevo texto legal, más teniendo en cuenta que el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia en materia de organización y régimen de su propia Administración pública, así como la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de función pública y personal al servicio de las administraciones públicas canaria.

Así mismo, otra muestra de la necesidad de la creación de esta nueva Ley de Empleo Público es que desde la aprobación y entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, posteriormente actualizado con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al menos, más de una treintena de los artículos y siete de las disposiciones de la actual Ley de Función Pública de Canarias se han visto afectadas por leyes estatales posteriores.

Otros elementos clave que hay que atender con esta nueva ley son los pronunciamientos y criterios homogéneos asentados por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, al igual que la jurisprudencia pacífica asentada paulatinamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y trasladada al ámbito nacional, en particular, la dictada por las Salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Social del Tribunal Supremo a lo largo de los últimos años.

Tres objetivos para ofrecer el mejor servicio público

La directora general resalta que son tres los objetivos que aspira a lograr con la futura Ley de Empleo Público de Canarias. El primero de ellos consistirá en actualizar el ordenamiento jurídico autonómico en materia de empleo público asentando jurídicamente las bases, los principios y procedimientos sobre el que estructurar una administración pública moderna y tecnológicamente adaptada.

También se busca conseguir una evolución del modelo organizativo y de gestión del empleo público. Desde esta perspectiva se pretenden definir los elementos necesarios que faciliten disponer de una estructura del empleo público flexible y adecuada, tanto en número de recursos como en su capacitación, que permita ajustar su organización a situaciones de necesidad, garantizando la accesibilidad plena a los servicios públicos a los que tiene derecho la ciudadanía y tendiendo a eliminar cualquier tipo de brecha que en cualquier orden preexista a nivel social (educativa, tecnológica, sanitaria,…). No cabe olvidar que en el actual contexto de crisis económica y sanitaria constituye una necesidad de primer orden el disponer de una administración pública moderna, flexible y capacitada que permita, con los recursos de los que dispone, responder en tiempo a las necesidades de la sociedad.

En cuanto al tercer objetivo, este es fomentar la disposición de un empleo público motivado, formado y capacitado, tanto desde su selección como en el desarrollo de su carrera profesional, mediante, -entre otros instrumentos-, el fomento de la carrera profesional, la evaluación objetiva y continuada de su desempeño adecuado a las tareas encomendadas y la aportación de cada empleado y empleada público, todo ello sin perder en perspectiva que la principal finalidad es ofrecer el mejor servicio público de calidad a la ciudadanía.

Perspectiva de género

Adicionalmente, se estima preciso incluir un apartado específico relativo a la incorporación de la perspectiva de género en la fase de consulta pública previa al objeto de incorporar el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la perspectiva de género en la redacción y elaboración de disposiciones de carácter normativo.

El futuro texto legislativo autonómico, dentro del marco normativo básico, no solo ha de potenciar los instrumentos de protección a los que se puedan acoger las empleadas públicas que padezcan una situación de acoso laboral por razón de sexo en el ámbito profesional o de violencia de género en el familiar, sino también en la disposición de instrumentos y herramientas que equilibren de forma efectiva desde la perspectiva de género la asunción de cargas familiares, como el acceso en condiciones de igualdad a los puestos directivos de responsabilidad dentro del empleo público, entre otros aspectos.

Etiquetas

El Gobierno promueve un debate jurídico en el segundo año de la reforma estatutaria en el marco de su desarrollo

Coincidiendo con el segundo aniversario de la entrada en vigor de la reforma del Estatuto de Autonomía, el Ejecutivo autonómico organiza unas jornadas que abordarán las relaciones Canarias-Estado, el desarrollo del sistema electoral o las posibilidades y límites del texto estatutario durante seis sesiones, que se celebrarán en la modalidad online

El Instituto Canario de Administración Pública (ICAP) ha organizado, en colaboración con Presidencia del Gobierno, unas jornadas que tienen como objetivo examinar y analizar el desarrollo en los próximos años del Estatuto de Autonomía de Canarias coincidiendo con el segundo aniversario de la entrada en vigor de la reforma del texto estatutario, continuando con la línea de trabajo que viene desarrollando el Ejecutivo canario. Así lo expone el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, que añade que, por este motivo, el Gobierno promueve un debate jurídico a través de unas jornadas que se celebrarán en seis sesiones, entre los días 5 y 19 de noviembre, en la modalidad online, a través de un entorno virtual, para salvar las dificultades que se derivan de la actual situación sanitaria ocasionada por la Covid-19.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, participará el 5 de noviembre en la apertura de las jornadas que llevan por título ‘El Estatuto de Autonomía de Canarias ante el reto de su desarrollo en la X Legislatura autonómica (2019-2023).

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) publica hoy la resolución por la que se convocan las jornadas, que tendrán lugar los días 5, 6, 10, 12, 17 y 19 de noviembre y estás dirigidas al personal funcionario y laboral de todos los grupos de las Administraciones Públicas de Canarias (Administración Local, Autonómica y General del Estado), el personal de administración y servicios de las Universidades Públicas de Canarias y el del Parlamento de Canarias. El número de plazas asciende a 150 y la presentación de las solicitudes se podrá realizar hasta el próximo 22 de octubre a través de la Secretaría Virtual del ICAP.

La directora del ICAP, Eva de Anta, informa de que profesionales de reconocido prestigio abordarán diferentes aspectos sobre la norma institucional básica de Canarias, como las posibilidades y límites del nuevo estatuto, las relaciones Canarias-Estado, el desarrollo del sistema electoral o el marco competencial.

De Anta, detalla que el contenido de las jornadas se presentará principalmente a través de paneles en los que analizarán entre otros asuntos, la Administración de Justicia en el nuevo texto estatutario, el papel de las administraciones locales canarias ante el reto de la descentralización administrativa, la articulación de los derechos de la ciudadanía y las políticas sociales y el desarrollo de las competencias sobre actividades económicas, empleo e infraestructuras.

Las jornadas se enmarcan en programa de actividades del ICAP para 2020 y se desarrollarán durante seis sesiones. En horario de mañana y con un total de 19 horas lectivas servirán para analizar las implicaciones de la Ley Orgánica 1/2018 de 5 de noviembre de Reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y su posible proyección en los próximos años.

Etiquetas

Los IML incorporan a diez profesionales de la psicología para atender a víctimas de violencia de género

La contratación, financiada a través del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, permite poner en marcha un sistema de periciales psicológicas específico para mujeres y menores víctimas de violencia de género y sexual

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, dirigida por Julio Pérez, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha incorporado a los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife diez psicólogas y psicólogos para poner en marcha un proyecto de sistema de periciales psicológicas específico para mujeres y menores víctimas de violencia de género y sexual.

Desde la Viceconsejería de Justicia y la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia se ha trabajado para llevar a cabo este programa temporal, que podrá renovarse en años sucesivos, seleccionando a diez profesionales cualificados, cinco para cada uno de los IML, que cuentan con formación y experiencia profesional acreditada en el ámbito pericial forense y, en concreto, en la violencia de género, la exploración, evaluación y diagnóstico de menores víctimas de abuso y explotación sexual, así como en trauma y veracidad del testimonio.

El programa, que deberá ejecutarse hasta que finalice este 2020, está financiado con 96.300 euros provenientes del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y permitirá dotar de los recursos necesarios para reforzar sus actuaciones en materia de intervención específico en los casos de violencia de género y violencia sexual contra mujeres y personas menores de edad, además de asegurar la presencia de los profesionales especializados que permitan de una manera eficaz asegurar la protección de las víctimas, creando equipos de asesoramiento técnico penal especializado.

También garantiza las condiciones para la validez procesal de los procedimientos y reúne las condiciones adecuadas para la exploración de personas de mayor vulnerabilidad y para las prácticas de las pruebas que necesitan en el proceso judicial, así como dar respuesta a la alta demanda de solicitudes por parte de las delegaciones judiciales de actuaciones específicas para víctimas de mayor vulnerabilidad.

Así mismo, con la puesta en marcha de este proyecto, se asegura la atención adecuada de las víctimas realizando las intervenciones en un tiempo más corto, lo que favorece las calidades técnicas de la prueba preconstituida u otras exploraciones o informes que se elaboren, reduciendo los riesgos de la victimización secundaria.

La actuación de estos diez profesionales de la psicología comprende varias funciones como la asistencia y valoración inicial de la prueba preconstituida en las víctimas menores de edad o con discapacidad; la evaluación médico-psicológica de las víctimas a través de entrevistas o pruebas diagnósticas; la elaboración de informes periciales; la asistencia a juicio para defensa del informe pericial, para lo cual podrán ser llamados meses después de finalizado el contrato o, en caso necesario, el traslado a otras islas para la adecuada atención de los casos.

Aparte, los profesionales tendrán que elaborar estadísticas y un informe final que contemple, como mínimo, el número de casos, con detalle del número de citas; los datos objeto de las periciales; estadísticas con datos disgregados en cuanto género, edad y tipo de intervención, así como si los hechos se incardinan dentro de la violencia de género o la violencia sexual; y los déficits detectados con propuestas de mejoras.

Etiquetas