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El Gobierno adquiere 4.000 licencias de correo electrónico para facilitar el teletrabajo de su personal

La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías tramita esas licencias, por valor de 24.353,20 euros y financiadas al 85% con fondos Feder, ante la incorporación en septiembre de nuevo personal sanitario y educativo

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha dado cuenta hoy, jueves 1 de octubre de 2020, al Consejo de Gobierno de una resolución de la Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por la que se tramitó un expediente de contratación para la adquisición de 4.000 licencias de correo electrónico con el fin de facilitar el teletrabajo del personal sanitario y educativo de la Administración pública.

La adquisición de esas 4.000 licencias cliente, por valor de 24.353,20 euros, ha sido cofinanciada al 85% con fondos Feder, por lo que el 15% restante se completa con aportación de la Administración autonómica. La Dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías justificó que, para garantizar que el personal del Gobierno de Canarias pudiera seguir realizando sus funciones en la modalidad del teletrabajo, era imprescindible facilitar y asegurar la actividad administrativa, motivo por el que se procedió a esa compra.

Cuando comenzó la crisis generada por la pandemia de la COVID-19, en marzo de este año, el Gobierno de Canarias disponía de 30.000 licencias cliente, número que resultaba suficiente para el colectivo del personal público, ya que la mayoría utilizaba plataformas ajenas al servicio corporativo de correo electrónico o no utilizaba el correo electrónico como herramienta de trabajo. No obstante, debido a que el grueso de los empleados y empleadas públicos comenzaron a realizar sus funciones de manera telemática, se hizo necesaria la contratación de 10.000 licencias adicionales.

Ha sido en septiembre de 2020, con motivo del incremento del personal sanitario y docente para atender las demandas sociales sanitarias y educativas, cuando se ha necesitado adquirir estas 4.000 licencias para que esos trabajadores y trabajadoras se incorporaran al uso del correo corporativo del Gobierno de Canarias.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha incluido en el Portal de Transparencia, dentro del cuadro Información COVID-19, un apartado en el que la ciudadanía puede acceder a toda la información actualizada de los contratos adjudicados y formalizados por el procedimiento de emergencia por la Comunidad Autónoma de Canarias con motivo de la pandemia

http://www.gobiernodecanarias.org/transparencia/temas/contratacion/actividad- contractual/emergencia/).

Asimismo, esta Consejería ha solicitado la inclusión de ese expediente dentro de la relación pormenorizada de los expedientes tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, con lo que debe ser remitido al Parlamento de Canarias, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera, apartado 1.a), de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

La Comisión Técnica de la Memoria Histórica aborda en su primera reunión el borrador del protocolo de exhumaciones

Intervinientes en la reunión de Memoria Histórica 20200925

El consejero Julio Pérez destaca la importancia del órgano, que tiene carácter consultivo, técnico y asesor. Cuenta con la participación de las administraciones públicas, las universidades y las asociaciones para la defensa y recuperación de la memoria histórica.

Afirma que resulta indispensable para el desarrollo de la política de recuperación y dignificación de la memoria democrática, pues se requiere su dictamen en asuntos claves como la elaboración de la estrategia de la Memoria Histórica que debe aprobar el Gobierno, la aprobación del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas, o la aprobación del propio protocolo de exhumaciones, entre otros

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, presidió hoy la constitución de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica, órgano consultivo, técnico y asesor en la materia que cuenta con la participación de las administraciones públicas, las universidades y las asociaciones para la defensa y recuperación de la memoria histórica. En esta primera reunión presentó un borrador del protocolo de exhumaciones que se nutrirá de las aportaciones de las aportaciones de la comisión en para luego proceder al trámite de su aprobación.

Al encuentro también asistieron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la vicepresidenta primera del órgano y directora general de Patrimonio Cultural, María Antonia Perera, la vicepresidenta tercera y presidenta de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, Mercedes Pérez Schwartz, así como las diez personas que ocupan los cargos de vocales, y la secretaria del órgano. La vicepresidenta segunda y consejera de Educación, Universidades, Cultura y Deportes, Manuela Armas, excusó su ausencia debido a imprevistos que le impidieron acudir a la reunión.

Pérez destacó que, con la constitución del órgano, se cumple con el mandato contenido en la Ley 5/2018, de Memoria Histórica de Canarias, de dotarse del mismo. Su puesta en marcha, explicó, resulta indispensable para el desarrollo efectivo de una política de recuperación y dignificación de la memoria democrática, pues se requiere su dictamen para cuestiones tan trascendentes como la elaboración de la estrategia de la Memoria Histórica que debe aprobar el Gobierno, la aprobación del catálogo de símbolos, calles, monumentos y menciones franquistas, o la aprobación del protocolo de exhumaciones, entre otras cosas.

Para ello, el órgano debe dotarse, y aprobar, sus normas de funcionamiento interno para llevar a cabo sus funciones, por lo que la Consejería propuso un borrador que desarrolla las previsiones del reglamento y que se ajusta a los criterios de funcionamiento de los órganos.

Lo más característico es la regulación de la actuación de las ponencias y de los comités especializados, con los que se pretende dar un funcionamiento más ágil a la comisión de tal manera que, siempre que se deba emitir un informe o parecer, no se haga necesaria la reunión del Pleno, entre otros aspectos.

Uno de los asuntos más importantes abordados en esta reunión constitutiva fue la presentación del borrador del Protocolo de exhumaciones, identificación y conservación de restos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la represión franquista, que presentó la Consejería. Se orienta en la misma línea que han seguido las de otras comunidades autónomas al incorporar un esquema técnico similar al fijado en el protocolo estatal de 2011, pero también las previsiones específicas que se contienen en ley canaria, con el objetivo de garantizar tanto el cumplimiento de la normativa autonómica como el establecimiento de un procedimiento compatible y validado por el Estado que facilite ulteriores planes coordinados de actuación.

El borrador, explicó Carla Vallejo, es un primer texto para que se realicen las aportaciones que se crean oportunas. Una vez que esté perfilado el texto, se iniciaría el trámite para su aprobación.

Además, esta primera reunión sirvió para abordar las acciones necesarias a fin de elaborar el catálogo de símbolos, calles monumentos y menciones franquistas, y la valoración de las iniciativas a llevar a cabo en el ejercicio 2020 en el ámbito de la memoria histórica y de personas menores sustraídas.

En relación al catálogo, cabe destacar que su aprobación corresponde al Gobierno, según establece la ley canaria, a iniciativa de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Contar con el mismo es imprescindible para poder llevar a cabo cualquier labor de retirada o resignificación de esos elementos, pues con carácter previo se deberá solicitar a la Dirección General de Patrimonio Cultural la certificación de que este se encuentra incluido dentro del catálogo.

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El GES agiliza el traslado de 5.000 pruebas PCR desde Lanzarote al Hospital de la Candelaria en Tenerife

Helicóptero de GES Aire en traslado de pruebas PCR

Las muestras recogidas en los centros educativos de Arrecife fueron transportadas por el helicóptero con base en la isla conejera los días 18, 21 y 22 de septiembre

El Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, dependiente de la Dirección General de Seguridad y Emergencias, participó, los días 18, 21 y 22 de septiembre, en el traslado en helicóptero de unos 5.000 test PCR para el diagnóstico de la COVID-19 desde la isla de Lanzarote hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (HUNSC) en Tenerife.

Para estos tres servicios se movilizaron un total de 15 profesionales del GES, tanto de la tripulación de la aeronave como de la unidad de Tierra. Este dispositivo ha permitido agilizar los tiempos de respuesta en la obtención de resultados de las pruebas diagnósticas correspondientes a test realizados en los centros educativos de Arrecife, además de liberar capacidad en los equipos de laboratorio de Lanzarote.

Tal y como informó la Consejería de Sanidad, el Laboratorio de Microbiología del HUNSC dispone de un nuevo robot que permite duplicar su capacidad analítica de forma masiva, por lo que los resultados de los centros educativos se obtuvieron en un plazo de entre 24 y 48 horas después de llegar a Tenerife, cuando de haberse hecho en Lanzarote se tardaría diez días en completar el análisis de todas las muestras.

El helicóptero del GES recogió cada día las pruebas diagnósticas (2.511 el día 18, 1.070 el día 21 y 1.450 el día 22) en la base del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, situada en el barrio de Argana, en Arrecife. El material fue trasladado a diferentes helisuperficies de Tenerife, donde efectivos de la Unidad de Tierra del GES se hicieron cargo de su recepción y entrega en el centro hospitalario de referencia.

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Justicia despliega la nueva versión del Sistema de Gestión Judicial Atlante web

Sede judicial de Santa Cruz de Tenerife

El nuevo sistema aporta funcionalidades de inteligencia artificial como la textualización de los juicios y las declaraciones en los juzgados de instrucción

Los jueces, fiscales y letrados de los órganos judiciales de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria cuentan, desde este 17 de septiembre, con la nueva versión web de Atlante, el sistema de gestión procesal de la Administración de Justicia de Canarias que desde el pasado mes de julio está implantando la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez.

Como explica la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, la implantación de Atlante web permitirá reformular la propia forma en que se presta el servicio de justicia al ciudadano, basándolo en una justicia orientada a las personas, centrada en sus necesidades y dirigida a resolver los problemas de justicia que les preocupan; mejorando el acceso a la justicia de todas las personas y con la finalidad de alcanzar una justicia para todos.

Tras la implantación de la nueva versión en los dos órganos judiciales capitalinos se espera que, a lo largo de la próxima semana, los jueces, fiscales y letrados de los demás órganos del Archipiélago cuenten con ella. En cuanto al resto de funcionarios de Justicia, está planificado que lo tengan a su disposición para el próximo mes de octubre.

La sustitución de la herramienta de gestión judicial se realiza a través de un proceso que ha sido diseñado para que los cambios de sistema no afecten al trabajo diario, con lo que se economiza tiempo e inversión, reforzando el acompañamiento presencial con herramientas de formación on line y mejorando las acciones formativas dirigidas a los jueces, magistrados y letrados de la Administración de Justicia y a los Cuerpos de gestión y tramitación procesal y de auxilio judicial.

Bonnet recalca que Atlante web es una solución de Gestión Judicial que integra los elementos sobre los que se orquestan los principales retos que la sociedad demanda de la justicia, es decir, una justicia digital que permita alcanzar el objetivo de papel cero e implementar el Expediente Judicial Electrónico, que facilite el desplegar nuevos servicios digitales a través de la sede judicial que mejoren la relación entre funcionarios, profesionales y ciudadanos, además de una justicia abierta e innovadora que incorpore en el nuevo sistema tecnologías de inteligencia artificial, robotización de acciones y aprendizaje automático, de forma que permita asistir a los funcionarios de justicia a la hora de tomar una decisión o realizar una tarea, reduciendo el tiempo de tramitación de los procedimientos.

Esta versión de Atlante web, que tiene un nuevo diseño basado en la experiencia de usuario orientada a su productividad y confortabilidad, permite el acceso remoto al sistema incluyendo los mecanismos necesarios en materia de seguridad, como la firma electrónica individual y colegiada, que facilita el teletrabajo de jueces, magistrados, secretarios judiciales y fiscales.

También incorpora un Visor del Expediente Judicial Electrónico a través del cual el usuario obtiene la textualización de cualquier actuación judicial que forme parte del expediente, identificando su contenido clave de forma automática y accediendo a él de manera ágil.

Así mismo, incluye nuevas funcionalidades de ayuda a funcionarios en la tramitación de los procesos, automatizando ciertas actuaciones y aportando hallazgos que ahorren tiempo en la tramitación de las causas judiciales masivas, como los procesos monitorios, además de facilitar la tramitación de los procedimientos judiciales y la toma de decisiones, teniendo en cuenta las peculiaridades del trabajo según los perfiles de los usuarios.

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El Gobierno de Canarias pone en marcha la creación de una sede electrónica única

El Gobierno de Canarias pone en marcha la creación de una sede electrónica única

La medida busca la mejora de los servicios prestados a la ciudadanía en el entorno digital al tiempo que brindará una mayor simplicidad técnica

El Consejo de Gobierno acordó hoy, a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, tomar en consideración el proyecto de decreto por el que se modifica el Decreto 19/2011, regulador de la utilización de medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, así como solicitar dictamen del Consejo Consultivo de Canarias sobre ese texto. Se busca así la creación de una sede electrónica única del Gobierno de Canarias en adaptación de las Islas a la regulación de las leyes 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con el objetivo último de mejorar los servicios prestados a la ciudadanía en el entorno digital.

La nueva sede electrónica se denominará Sede Electrónica Única del Gobierno de Canarias y se alojará, previsiblemente, en el enlace https://sede.gobiernodecanarias.org, de manera que se alinea con el dominio principal del Gobierno de Canarias. Está previsto que entre en funcionamiento en el último trimestre de este 2020.

La redacción actual del Decreto 19/2011, de 10 de febrero, por el que se regula la utilización de los medios electrónicos en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, se aprobó en el marco jurídico del desarrollo de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos. Por ello, la estructura actual del mencionado decreto y de las sedes electrónicas del Gobierno de Canarias responden a esa normativa, que se ha visto superada por la Ley 39/2015. Así, hasta ahora existe una sede electrónica por Consejería, además de otras de los organismos autónomos. Con la modificación planteada se pretende unificar todas ellas en una única.

Con esto, se conseguirá reducir los elevados costes de mantenimiento, ya que es necesario prestar soporte a sedes electrónicas con diferentes tipos de tecnología, así como reducir la complejidad de los cambios técnicos, organizativos y normativos al poder cambiar en un único punto con efecto para todos los trámites de todo el Gobierno. Pero más importante aún es la existencia de un único punto a través del cual la ciudadanía pueda interactuar con la Administración autonómica, lo que permitirá mejorar la relación electrónica del Gobierno con la ciudadanía.

Además, la sede electrónica única será plenamente interoperable en lo que se refiere a registro, tal y como requiere la Ley 39/2015, permitiendo dirigir registros a cualquier administración. El esfuerzo en la creación de esta sede se enmarca en la política de profundización en la administración electrónica del Gobierno de Canarias, que también incluirá la interconexión con el punto único de notificaciones, permitiendo la notificación en cualquier sede electrónica interoperable, el registro electrónico de apoderamientos, así como el desarrollo de la carpeta ciudadana y otras mejoras que permitirán potenciar la relación electrónica de la ciudadanía con el Gobierno de Canarias, mucho más sostenible, eficaz y eficiente.

Administraciones Públicas somete a consulta pública la modificación de la Ley de Juegos y Apuestas

Fase de consulta pública previa de la modificación de la Ley 8/2010 de Canarias

La ciudadanía ya puede formular sugerencias, hasta el 6 de octubre, a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha abierto la fase de consulta pública previa de la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas con la finalidad de que la ciudadanía realice sus aportaciones a la nueva legislación. Para ello contará con un plazo de 20 días hábiles, contados desde el 16 de septiembre, por lo que acaba el 6 de octubre, en el que cual puede formular las sugerencias que estime oportunas a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa.

Esta modificación legal pretende dar cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-065 del Parlamento de Canarias sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contra las adicciones en la que, entre otras cuestiones, se insta al Gobierno de Canarias a regular con eficacia la prohibición de acceso de los menores de edad y demás colectivos necesitados de especial protección a los diferentes establecimientos de juego. Asimismo, la citada iniciativa legislativa pretende incorporar medidas complementarias en materia de juego responsable.

Los objetivos que se persiguen con la modificación de esta ley, además de otras cuestiones que pudieran surgir durante su tramitación, son tanto dar cumplimiento al mencionado mandato parlamentario, como también, y en el marco del principio general de juego responsable, proteger a los colectivos más vulnerables mediante la regulación, entre otras, de las siguientes determinaciones: la relación de personas que tienen prohibido su participación en los juegos y apuestas; la inclusión de nuevas determinaciones en materia de publicidad, patrocinio y promoción; la regulación legal tanto del Registro de Prohibidos como del Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego; el análisis de los aspectos a tener en cuenta por el Gobierno a la hora de llevar a cabo la planificación de los juegos y apuestas, así como la regulación en la propia Ley, no solo de una distancia mínima entre locales de juego y centros docentes o de atención a menores, sino también entre los propios establecimientos de juego; y, como complemento de todo lo anterior, la revisión de los tipos infractores y de las sanciones derivadas de los mismos.

El pasado mes de marzo el Boletín Oficial de Canarias publicó el Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas, por el que se suspendía durante los siguientes 18 meses la presentación de solicitudes de instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas externas mientras se tramite la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, y del nuevo Decreto de Planificación de Juegos y Apuestas en Canarias. Asimismo, se suspendió el otorgamiento de nuevas autorizaciones de espacios de apuestas externas en casinos y salas de bingo.

Según señaló el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, la nueva planificación del juego y las apuestas en Canarias deben ser afrontadas tomando en cuenta los datos disponibles y la participación de todas las partes implicadas a fin de abrir un debate sosegado y riguroso, pero priorizando en todo caso la salvaguarda de menores y demás colectivos necesitados de especial protección.

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El Gobierno prorroga hasta 2022 el mantenimiento de su red de voz y datos por importe de dos millones de euros

El gasto para 2020 corresponde a 254.085 euros; el de 2021, a 1.016.339 euros, y el de 2022, a 762.254 euros

El Consejo de Gobierno autorizó hoy, a propuesta de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la realización de un gasto plurianual para financiar la prórroga del contrato de mantenimiento integral de infraestructuras de equipamiento y cableado de la red corporativa de voz y datos del Gobierno de Canarias, por importe 2.032.678,67 euros, entre este año y 2022, así como dar cuenta de este acuerdo al Parlamento de Canarias.

En concreto, el gasto para 2020 corresponde a 254.084,83 euros; el de 2021, a 1.016.339,34, y el de 2022, a 762.254,50, para llegar al total antes señalado de 2.032.678,67 euros entre los tres ejercicios anuales.

El 28 de mayo de 2018, el Gobierno de Canarias autorizó el gasto de 2.033.000 euros para ese mismo fin. Llegado el vencimiento del contrato, que inició su ejecución el 1 de octubre de 2018 con plazo de vigencia de dos años prorrogable por otros dos, se ha hecho necesario tramitar un gasto plurianual para financiar la prórroga del contrato por otros dos años, sin que ello suponga incremento de costes, a excepción del derivado de la subida del tipo impositivo del  IGIC aprobada en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2020.

El Gobierno aprueba la implantación de un sistema normalizado de dirección por objetivos

Se pretende ahondar en la eficacia de las políticas y de la asignación de los recursos públicos, así como en la efectiva rendición de cuentas ante la ciudadanía

El Gobierno de Canarias aprobó hoy, a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la implantación de un sistema normalizado de dirección por objetivos a aplicar en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y sus organismos públicos vinculados o dependientes.

El establecimiento de un modelo de dirección por objetivos, metodología de programación avanzada existente en numerosas organizaciones, ahonda en la eficacia de las políticas públicas y en la eficiencia de la asignación de recursos públicos, y profundiza en la práctica de definición de objetivos de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias.

La dirección por objetivos es un instrumento que posibilita la efectiva rendición de cuentas, entre otros motivos, porque con un mismo lenguaje es posible informar a todos los agentes interesados sobre cómo conocer la actividad pública, desde los órganos administrativa y judicialmente reconocidos como auditores de lo público hasta el órgano soberano sobre lo público que es la propia sociedad.

La implantación de este tipo de modelo de programación por objetivos debe realizarse de forma progresiva desde experiencias piloto y con la definición de modelos básicos de programación que extiendan esa cultura en todo el Gobierno de Canarias, hasta que se consiga establecer un modelo avanzado de dirección por objetivos, evaluación de políticas públicas y otras medidas de evaluación, medición y rendición de cuentas. El Gobierno de Canarias ya ha tenido experiencias de dirección por objetivos en distintos órganos y con esta nueva medida avanza en el camino de conseguir un modelo avanzado de gestión.

Con el modelo de dirección por objetivos que se aprueba hoy, en un primer nivel de programación, el departamento deberá definir formalmente su misión, visión y valores a partir del trabajo realizado hasta ahora, así como sus objetivos estratégicos, a los que se asociará su propio sistema de indicadores (indicadores estratégicos). En el segundo nivel, cada centro directivo relacionará los proyectos que materializará con la consecución de los objetivos estratégicos.

Los sistemas de indicadores (estratégicos, de resultado y ejecución) deberán especificar el responsable, la fuente de obtención, las metas, los valores iniciales y los valores obtenidos. Se pretende asimismo mejorar la organización asignando responsabilidades concretas y resultados medibles.

Por otra parte, el modelo se inspira en los principios de rendición de cuentas y participación, de forma que en esta fase se pretende que el proceso de planificación sea lo más participativo posible con la colaboración de los empleados públicos, así como que ello sirva para comunicar mejor el desarrollo de las actividades del Gobierno a la ciudadanía.

En ese sentido, a través de un sistema informático se hará seguimiento de la evolución de los objetivos y las distintas actividades que permitirán conocer la evolución de los planes del Gobierno.

Otros aspectos

Este acuerdo no sustituye ni interfiere en la regulación y programación presupuestaria, que goza de su propia regulación, sino que establece una metodología básica de programación de la actividad administrativa, hasta que se llegue a un escenario en el que la Administración Pública disponga de un sistema integrado de Planificación y Dirección por Objetivos, en el que la asignación de recursos, el establecimiento de objetivos y la evaluación de las políticas públicas conformen un ciclo completo.

Además, cabe destacar que esta metodología permite mejorar la gestión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que se desarrollarán en la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS), así como en el Plan para la Reactivación y Social y Económica de Canarias, incrementando su eficacia y eficiencia.

Todos los departamentos deberán haber concluido y aprobado una primera programación de sus actividades antes del 31 de julio de 2021. Deberá cubrir, al menos, los ejercicios 2021, 2022 y 2023.

 

El CGPC sanciona a una embarcación de recreo por incumplir las medidas sanitarias frente a la COVID-19

Agentes del cuerpo comprobaron en Puerto Rico, en el municipio de Mogán, que tanto los asistentes como la tripulación del barco no guardaron la distancia interpersonal

El expediente recoge infracciones graves y en él se propone una multa de 6.000 euros además de suspender de forma cautelar otras dos fiestas previstas por la compañía

El Servicio Canario de Salud, a propuesta del Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), ha abierto un expediente sancionador, con una multa de 6.000 euros, a los propietarios de una embarcación de recreo en Gran Canaria por infracciones graves por incumplir las medidas sanitarias frente a la COVID-19 establecidas por el Gobierno de Canarias, como no guardar la distancia interpersonal de seguridad y no usar mascarillas.

Los hechos tuvieron lugar en una fiesta que se celebró el pasado 16 de agosto con punto de salida en Puerto Rico, en el municipio de Mogán. En la citada celebración los agentes pudieron comprobar que se vulneraron de manera palpable, tanto por los asistentes como por la organización, las medidas de seguridad para evitar posibles contagios de COVID-19.

Con carácter previo a este evento, la compañía a la que se le propone la sanción también divulgó en un impreso publicitario de la fiesta el cumplimiento de la normas de seguridad, constatándose posteriormente, tras la investigación realizada por agentes de la Policía Canaria, que dichas normas no solo no se cumplieron sino que hubo cierta permisividad por parte de la empresa en que las medidas no se cumplieran.

Además, debido a que para los días 23 y 29 de agosto la empresa de recreo tenía previstos otros dos festejos con consumo de bebidas alcohólicas, en el expediente se ha propuesto que se suspenda de manera cautelar estos dos eventos después de que la Policía Canaria considere que existe un alto riesgo de que se vuelvan a vulnerar las medidas de seguridad, con el consiguiente peligro de contagio entre los asistentes al mismo y su posterior propagación entre la población.

Los hechos han sido calificados de graves tanto por realizar omisiones como por el incumplimiento de normas que pueden producir un daño grave para la salud de la población. Entre las normas establecidas por el Gobierno de Canarias se refleja que las embarcaciones de recreo, ocio y esparcimiento con actividad económica podrán abrir al público exclusivamente los espacios al aire libre para consumo sentado con un aforo máximo permitido del 75%. Además, los asistentes tienen que usar obligatoriamente las mascarillas y guardar la distancia interpersonal de seguridad, así como el estar prohibido las reuniones de grupos de más de 10 personas.

El Cuerpo General de la Policía Canaria recuerda a la ciudadanía la necesidad de mantener las pautas de seguridad y prevención frente a la Covid-19, que fueron actualizadas el pasado 21 de agosto, entre ellas el uso obligatorio de la mascarilla en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público, o que se encuentre abierto al público, con independencia del mantenimiento de la distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros; la prohibición de fumar en la vía pública y en los espacios al aire libre, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de dos metros o, en la restauración, la ocupación máxima por mesa o agrupación de mesas en interior y en exterior de diez personas, entre otras medidas.

Así mismo, se hace hincapié en la recomendación de evitar permanecer en sitios cerrados, concurridos y en cercanías de otras personas y, así mismo, respecto a condiciones para el desarrollo de determinadas actividades, se recuerda que el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública será sancionado conforme a lo dispuesto en la Ley 9/1998, de 22 de julio, sobre prevención, asistencia e inserción social en materia de drogodependencias.

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Administraciones Públicas encarga la elaboración de un mapa de la violencia machista en Canarias

Gráficos en tablet

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado la orden por la que se encarga el proyecto, que está financiado con 378.738 euros con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género

Los datos extraídos aportarán una fuente de información fiable y accesible y permitirán una adecuada dimensión del problema que lleve a la adopción de políticas públicas más eficaces

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, ha encargado a la entidad pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (GESPLAN) la elaboración de un proyecto que permitirá trazar un mapa que refleje la violencia machista que sufren las mujeres en el Archipiélago. Los datos obtenidos posibilitarán conocer con mayor profundidad el problema de la violencia contra la mujer en Canarias, vinculando datos estadísticos con datos judiciales y procediendo a su georreferenciación, lo que facilitará el diseño de políticas públicas adecuadas para su erradicación.

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ha firmado la orden por la que se encarga el proyecto, que lleva por nombre Analítica predictiva y cumplimiento normativo ciudadano: transparencia judicial territorial basada en datos judiciales georreferenciados. Análisis de datos relacionados con las mujeres víctimas de violencia de género. Fase 1, y está financiado con 378.738,40 euros con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

En esta iniciativa se priorizará el análisis por datificación de colectivos de alta sensibilidad, en concreto de las mujeres víctimas de violencia de género, lo que también hace cumplir con el quinto eje de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Igualdad de género y empoderamiento de la mujer.

Así, con el proyecto se buscará anticipar realidades previsibles, a partir de datos actuales y comportamientos del pasado. Para ello se utilizarán técnicas de analítica predictiva que permitirán, por ejemplo, la obtención de datos no existentes por elaboración.

Convenio de Estambul

Como explica la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, este “ambicioso trabajo” tiene por objeto la elaboración de un “mapa de la violencia machista en Canarias acorde además con la consideración que de la misma hace el Convenio de Estambul, esto es, no solo la violencia contra la pareja o expareja, sino toda la violencia que se ejerce sobre las mujeres por el hecho de serlo”.

A partir de los diversos datos, que se obtienen tanto de fuentes judiciales como extrajudiciales y georreferenciando los mismos dentro del territorio canario con un importante nivel de detalle, es posible llevar a cabo un análisis y una predicción de la incidencia de la violencia machista que, además de aportar una fuente de información fiable y accesible a la ciudadanía de acuerdo con los principios de una política de Gobierno Abierto, permitirá una adecuada dimensión del problema que lleve a la adopción de políticas públicas más eficaces, pues estarán basadas en datos concretos.

“No podemos olvidar que la violencia machista que sale a la luz es solo la punta del iceberg, existiendo grandes bolsas de impunidad dado que muchos de estos casos no se denuncian. Este estudio pretende abordar esa realidad y medirla aplicando técnicas de analítica predictiva basada en datos que nos den información fiable sobre, por ejemplo, incidencia de la violencia machista en un determinado municipio, su relación con la adopción de políticas públicas específicas, situación socioeconómica que posibilita un diagnóstico del que luego desarrollar planes concretos de actuación”, insiste la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo.

Asistencia a las víctimas

Este mapa permitirá también a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia mejorar el servicio de asistencia a las víctimas de violencia de género al contar con nuevos datos centrados en los derechos de las víctimas, de los que no siempre se cuenta con la información de calidad necesaria que impulse la toma de decisiones y, muy especialmente, respecto a colectivos vulnerables cuya datificación estadística centrada en las personas no existe en muchos casos.

Además, los datos que se extraigan de esta iniciativa serán acorde a la iniciativa Open Data del Gobierno de Canarias, que está asentada en las normativas de apertura de datos en el ámbito comunitario, estatal y autonómico. De hecho, con el proyecto se avanza en una mayor transparencia basada en datos judiciales que además serán fácilmente accesibles y que permitirá cumplir con la estrategia marco de Gobierno Abierto.

En esta primera fase, cuyo plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de este año, GESPLAN elaborará los dos primeros módulos del proyecto. En el primero se hará la definición del proyecto, la recolección de datos, el análisis de estos, la adecuación normativa, estadística, modelado y despliegue de la solución metodológica, incluyendo la primera publicación de datos judiciales con apertura de canales de visualización y reutilización. La novedad del segundo módulo respecto al primero es que se incluirá la primera publicación de datos estadísticos poblacionales, datos socioeconómicos, datos geográficos y datos de caso ciudadano en el ámbito de especialización solicitado.

Una vez concluida esta primera fase, en la anualidad 2021 podría realizarse un nuevo encargo para la culminación de otros módulos en el que se recogería planes como la creación de visualizadores de datos de propósito general y específico para el análisis de gestión unificadores de todos los datos y adecuación para divulgación mediante portal web, así como acciones de promoción, concienciación y formación con técnicas de transparencia judicial territorial basada en datos para la rendición de cuentas, la participación en foros de especialización y la divulgación del esfuerzo organizativo hacia los ODS propuestos.

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