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El SCE y la Fecam firman un Programa de Empleo Social por 35 millones para impulsar la inserción en los municipios

Firma PEES

Elena Máñez y María Concepción Brito suscriben con dos meses de adelanto respecto al año pasado el Acuerdo-Marco de este programa, que permitirá la puesta en marcha de proyectos de empleo por parte de los ayuntamientos de Canarias para contratar a más de 3.000 personas desempleadas

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo y presidenta del Servicio Canario de Empleo (SCE), Elena Máñez, y la presidenta de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), María Concepción Brito, firmaron este jueves un nuevo Acuerdo-Marco para la puesta en marcha del Programa Extraordinario de Empleo Social 2021-2022, con una dotación económica que crece este año hasta los 35 millones de euros, 25 millones a cargo del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y otros 10 de fondos de Conferencia Sectorial del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Este incremento supone, como explicó la consejera, “un esfuerzo presupuestario que nos permitirá reforzar las políticas de empleo dirigidas a las personas que más están sufriendo el impacto de esta crisis”.

El Acuerdo-Marco firmado este jueves, que llega además con un adelanto de 2 meses respecto al año pasado gracias a la aprobación anticipada del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), regula las condiciones y el reparto de los fondos entre los ayuntamientos de Canarias para el desarrollo de proyectos de empleo destinados a la inserción laboral de las personas desempleadas de larga duración, con ingresos bajos y en riesgo de exclusión social, con especial atención a colectivos vulnerables como el de mayores de 45 años, mujeres, personas con discapacidad y beneficiarias de la Prestación Canaria de Inserción.

La distribución de los fondos se realiza en función del número de personas desempleadas en cada municipio y los proyectos pueden tener una duración de hasta 12 meses, con un coste laboral máximo de 1.800 euros por persona al mes. La previsión es superar, como adelantaron las presidentas del SCE y la Fecam, las 3.000 personas contratadas a través de proyectos desarrollados por los ayuntamientos.

La consejera, durante su intervención
La consejera, durante su intervención en el acto de firma del PEES.

“En un año clave como este, en el que las consecuencias de la crisis siguen presentes pero el proceso de vacunación nos ha abierto un horizonte de esperanza, es fundamental suplementar el esfuerzo para dar soporte y una oportunidad a todas aquellas personas con mayores dificultades de inserción”, señaló la consejera. A su juicio, la participación de las personas desempleadas en estos proyectos de empleo social “les permite adquirir una experiencia laboral con la que mejorar su empleabilidad en el mercado de trabajo”.

Como explicó Máñez, este acuerdo entre el SCE y la Fecam es fruto “del trabajo intenso que han desarrollado en los últimos meses los equipos técnicos de ambas instituciones”. En este sentido, destacó la importancia de la cogobernanza a la hora de diseñar “todas las políticas, pero especialmente de aquellas que impactan directamente en las personas”.

Por su parte, en esta línea, la presidenta de la Fecam destacó la utilidad de este acuerdo para reducir el desempleo en el Archipiélago. “Somos conscientes del papel de las corporaciones locales en esta coyuntura, al ser la primera puerta que tocan los ciudadanos y ciudadanas cuando se dirigen a la administración pública, lo que nos convierte en los únicos agentes para el desarrollo y puesta en marcha de este proyecto. María Concepción Brito, que subrayó que este Programa está destinado a mejorar las condiciones económicas y laborales de nuestros municipios y de la ciudadanía, agradeció la implicación de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, así como el trabajo realizado desde la Comisión de Formación y Empleo de la Fecam.

En el acto también estuvieron presentes la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez, y el presidente y la vicepresidenta de la Comisión de Formación y Empleo de la Fecam, Antonio Ramón Chinea y María Macarena Fuentes.

Plan de Transición Ecológica

Durante su intervención, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, anunció también la próxima puesta en marcha del Plan Extraordinario de Transición Ecológica (PETE), firmado en este caso con la Federación Canaria de Islas (Fecai), y avanzó que este mes ya se producirán los contactos para definir su desarrollo. También el PETE ve aumentado su presupuesto este año, con 5 millones de euros más que en 2020 hasta llegar a los 10 millones en 2021. “Con estas medidas pretendemos dar un apoyo singular a aquellas administraciones más cercanas a la ciudadanía”, señaló.

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Administraciones Públicas somete a consulta pública la modificación de la Ley de Juegos y Apuestas

Fase de consulta pública previa de la modificación de la Ley 8/2010 de Canarias

La ciudadanía ya puede formular sugerencias, hasta el 6 de octubre, a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha abierto la fase de consulta pública previa de la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas con la finalidad de que la ciudadanía realice sus aportaciones a la nueva legislación. Para ello contará con un plazo de 20 días hábiles, contados desde el 16 de septiembre, por lo que acaba el 6 de octubre, en el que cual puede formular las sugerencias que estime oportunas a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa.

Esta modificación legal pretende dar cumplimiento a la Resolución 10L/PNLP-065 del Parlamento de Canarias sobre regulación efectiva del juego y las apuestas en Canarias contra las adicciones en la que, entre otras cuestiones, se insta al Gobierno de Canarias a regular con eficacia la prohibición de acceso de los menores de edad y demás colectivos necesitados de especial protección a los diferentes establecimientos de juego. Asimismo, la citada iniciativa legislativa pretende incorporar medidas complementarias en materia de juego responsable.

Los objetivos que se persiguen con la modificación de esta ley, además de otras cuestiones que pudieran surgir durante su tramitación, son tanto dar cumplimiento al mencionado mandato parlamentario, como también, y en el marco del principio general de juego responsable, proteger a los colectivos más vulnerables mediante la regulación, entre otras, de las siguientes determinaciones: la relación de personas que tienen prohibido su participación en los juegos y apuestas; la inclusión de nuevas determinaciones en materia de publicidad, patrocinio y promoción; la regulación legal tanto del Registro de Prohibidos como del Registro de Personas Vinculadas a Operadores de Juego; el análisis de los aspectos a tener en cuenta por el Gobierno a la hora de llevar a cabo la planificación de los juegos y apuestas, así como la regulación en la propia Ley, no solo de una distancia mínima entre locales de juego y centros docentes o de atención a menores, sino también entre los propios establecimientos de juego; y, como complemento de todo lo anterior, la revisión de los tipos infractores y de las sanciones derivadas de los mismos.

El pasado mes de marzo el Boletín Oficial de Canarias publicó el Decreto ley 3/2020, de 5 de marzo de suspensión de títulos habilitantes de nuevos locales de juegos y apuestas, por el que se suspendía durante los siguientes 18 meses la presentación de solicitudes de instalación, apertura y funcionamiento de nuevos salones recreativos y de juegos y locales de apuestas externas mientras se tramite la modificación de la Ley 8/2010, de 15 de julio, de los Juegos y Apuestas, y del nuevo Decreto de Planificación de Juegos y Apuestas en Canarias. Asimismo, se suspendió el otorgamiento de nuevas autorizaciones de espacios de apuestas externas en casinos y salas de bingo.

Según señaló el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, la nueva planificación del juego y las apuestas en Canarias deben ser afrontadas tomando en cuenta los datos disponibles y la participación de todas las partes implicadas a fin de abrir un debate sosegado y riguroso, pero priorizando en todo caso la salvaguarda de menores y demás colectivos necesitados de especial protección.

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