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Los grupos burbuja de Infantil y Primaria podrán interactuar entre sí en interiores y exteriores

Medidas del protocolo anticovid en centros educativos

La medida, adoptada por el Ministerio de Sanidad, también incluye los Centros de Educación Especial y en todos los casos queda excluido el ámbito de comedor escolar y los espacios alternativos habilitados para las comidas

La Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha informado a los centros educativos de las islas de la actualización de las medidas adoptadas en relación a la nueva estrategia de vigilancia y control frente al COVID-19 determinada por el Ministerio de Sanidad. Entre otras, destaca que en Infantil, Primaria y Centros de Educación Especial, los Grupos de Convivencia Estable (GCE), también conocidos como “grupos burbuja”, pueden interactuar entre sí tanto en exteriores como en interiores, excepto en el ámbito de comedor escolar y espacios alternativos habilitados para las comidas, en los que se mantendrán.

Además, las actividades complementarias que incluyan pernocta también se organizarán por grupos burbuja, y los cursos que no los tengan establecerán subgrupos fijos para la realización de la actividad.

Por otro lado, se permitirá el acceso de familias tanto a espacios interiores como a los espacios al aire libre de los centros, si bien habrá que evitar aglomeraciones. También se autorizan reuniones de tutoría individual con las familias en espacios interiores bien ventilados bajo la condición de cumplir las medidas de prevención e higiene que estén vigentes en ese momento, con prioridad para las reuniones al aire libre.

Los eventos deportivos o celebraciones que tengan lugar en los centros se realizarán, siempre que se pueda, al aire libre, y acorde a las mismas condiciones que sus homólogos en el ámbito comunitario.

De la misma forma, se priorizarán las actividades complementarias al aire libre. En el caso de visitas a museos, cines, teatros y similares, se llevarán a cabo las medidas preventivas establecidas por el lugar que se visite.

A las actividades complementarias que se desarrollen en el centro podrán acudir personas externas al mismo, siempre que se mantengan las medidas de prevención, higiene y promoción de la salud establecidas, y que esté permitido según la normativa y en el nivel de riesgo en que se encuentre la isla. Esto mismo se aplicará a las desarrolladas fuera del centro que precisen de la asistencia de personas externas para su correcto desarrollo.

Para la celebración de actos de graduación, de fin de curso u otro tipo de eventos sociales o culturales que puedan tener lugar en el centro en el contexto de su actividad, se cumplirán las medidas de prevención frente al COVID-19 existentes para eventos culturales en la comunidad autónoma.

De forma general, se recuerda que no se recomienda la asistencia al centro cuando una persona presente síntomas agudos compatibles con COVID-19 u otra enfermedad infecciosa aguda y potencialmente transmisible. En este sentido, el centro educativo informará de forma explícita y con confirmación de recepción de la información a los padres, madres y otras figuras parentales, o al alumnado mayor de edad, de que el alumnado con cualquier sintomatología aguda, se abstenga de acudir al centro educativo.

Se podrá retomar la asistencia ante una mejoría evidente de la sintomatología y si se encuentra sin fiebre en las últimas 24 horas. En estos casos, se extremarán las precauciones durante los diez días posteriores al inicio de los síntomas compatibles con COVID-19 (evitar el contacto con personas vulnerables; utilizar mascarilla quirúrgica; efectuar una adecuada higiene de manos; no acudir a eventos multitudinarios, y limitar los contactos a los grupos con los que se interactúa de forma habitual dentro del centro).

Si una persona comienza a desarrollar síntomas compatibles con COVID-19 en el centro, deberá colocarse una mascarilla quirúrgica y se contactará con la familia o tutores legales, en caso de que sea menor de edad, para que acuda a recogerle. Si es adulta, autónoma y se encuentra bien, se marchará a su domicilio debiendo evitar contactos en el trayecto. En caso de presentar síntomas de gravedad o dificultad respiratoria se llamará al 112.

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Unas 597 ganaderías de Canarias podrán acceder a 2,8 millones para mitigar los efectos de la guerra de Ucrania

El Gobierno de España pone en marcha un paquete de 169 millones de euros para productores de leche de vacuno, caprino y ovino

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación publicó el pasado martes (26 de abril) el listado provisional de los 20.081 productores de leche de vacuno, caprino y ovino beneficiarios del paquete de ayudas directas específico para el sector lácteo.

Unas ayudas por valor de 169 millones de euros con el objetivo de mitigar las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Un total de 597 ganaderías de las islas podrán acceder a unos fondos de 2,8 millones de euros que supondrían una inyección de liquidez para un sector que está sufriendo de forma directa los efectos de esta coyuntura internacional.

Las ayudas específicas para los productores de leche de las islas tienen como objetivo compensar el incremento de los costes de producción a una de las actividades más afectadas del sector primario debido al aumento del precio de la electricidad, los piensos para alimentación animal y los combustibles, derivado de la situación creada por la invasión rusa de Ucrania.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, destaca que se trata “de una respuesta decidida del Gobierno de España con el sector primario, un paquete de 169 millones de euros para productores de leche de vacuno, caprino y ovino, de los que Canarias se beneficiará de 2,8 millones que permitirán amortiguar los efectos de una situación que lastra la viabilidad económica de muchas explotaciones ganaderas”.

En esta línea, la responsable regional del área, señala que estas ayudas “complementan las acciones propias de la Consejería, como el abono en enero una ayuda directa de 7,6 millones a los más de mil titulares de explotaciones ganaderas afectados por la crisis sanitaria de la Covid o la tramitación de una ayuda directa valorada en 8 millones de euros para compensar el sobrecoste del precio de la alimentación animal”.

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Los juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del Rosario tendrán la categoría de magistrado en breve

El Ministerio de Justicia comunica al Gobierno canario que ya está tramitando el proyecto de orden por la que dispone este ascenso de categoría solicitado por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad

La decisión está fundamentada en el número de habitantes de hecho, la sobrecarga de trabajo, la importante actividad turística, el elevado porcentaje de inmigración y la insularidad

Julio Pérez, que reiteró la petición en la conferencia sectorial celebrada el 25 de marzo, destaca la importancia de esta medida para una isla no capitalina de cara a retener a los jueces que llegan, porque cuando ascienden se tienen que ir

Los siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción del partido judicial de Puerto del Rosario tendrán en breve la categoría de magistrado o magistrada, según anuncia el oficio que ha enviado la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, María dels Àngels García, a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, en el que comunica que el Ministerio de Justicia ya está tramitando el proyecto de orden por la que dispone el citado ascenso de categoría solicitado en varias ocasiones por el departamento que dirige Julio Pérez.

La última, el pasado 25 de marzo, con motivo de la Conferencia Sectorial de Administración de Justicia, celebrada en Avilés, donde el titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad reiteró la petición.

Julio Pérez también se refirió a ella en la comisión de Gobernación, Desarrollo Autonómico y Justicia que tuvo lugar el lunes en el Parlamento de Canarias, donde subrayó la importancia de este ascenso de categoría, sobre todo para una isla no capitalina como Fuerteventura, pues, entre otras cuestiones, ayuda a retener y que no se vayan los jueces que llegan, porque ahora mismo al ser ascendidos a magistrados se tienen que ir.

El oficio apunta que el partido judicial de Puerto del Rosario reúne una serie de características especiales que justifican la elevación a categoría de magistrado o magistrada de sus siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción, de conformidad con las condiciones establecidas en el artículo 21.2 de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre.

En concreto, señala la población de hecho, 150.000 habitantes; la planta judicial, siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción en funcionamiento, y la sobrecarga de trabajo, al superar en más de un 30% el módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial. Además, indica la insularidad, la importante actividad turística y un elevado porcentaje de inmigración, sobre todo irregular, cuya llegada a Fuerteventura se viene produciendo desde hace más de 20 años.

Para el Ministerio de Justicia, en la capital majorera existe una gran densidad de población de hecho y de segunda residencia, así como personal laboral foráneo, lo que, unido al elevado porcentaje de migrantes, sobre todo irregulares, genera un incremento significativo de la carga de trabajo en los siete juzgados de Primera Instancia e Instrucción, tanto cuantitativo como cualitativo, por la complejidad de los asuntos que deben abordar.

Conviene recordar que la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, dispone, en el apartado 2 del artículo 21, que la titular del Ministerio de Justicia “podrá establecer que los juzgados de Primera Instancia y de Instrucción, o de Primera Instancia e Instrucción, serán servidos por magistrados siempre que estén radicados en un partido judicial superior a 150.000 habitantes de derecho o experimenten aumentos de población de hecho que superen dicha cifra, y el volumen de cargas competenciales así lo exija”.

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Un convenio entre Canarias y el Ministerio permitirá modernizar la red de regadío de San Andrés y Sauces

En total, Canarias recibirá 62,3 millones de euros, distribuidos en dos fases, para llevar a cabo proyectos que favorezcan la optimización del uso del agua disponible y la competitividad de las producciones

La Comunidad de Regantes de Los Sauces, en La Palma, y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, han suscrito hoy, lunes 28 de marzo, el primero de los convenios que se firmarán en Canarias dentro del Plan de Mejora de la Eficiencia y Sostenibilidad de Regadíos.

La firma de hoy permitirá poner en marcha un proyecto de transformación digital y desarrollo de nuevas tecnologías para modernizar la red de regadío de este municipio del norte de La Palma, que contará con una financiación de 1,37 millones de euros.

En la formalización del acuerdo entre el presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez, y el presidente de la Comunidad de Regantes de Los Sauces, Jesús Manuel Hernández, también estuvieron presentes la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; y el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de La Palma, Manuel González.

Tras el acto, Alicia Vanoostende recordó que su departamento ha trabajado durante meses con las diferentes unidades gestoras de agua de riego en las islas para poder optar a esta financiación de los Fondos Next Generation, que han permitido articular el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española para reparar los daños económicos y sociales derivados de la pandemia.

En total, Canarias recibirá 62,3 millones de euros, distribuidos en dos fases. A la primera de ellas, en la que se ejecutará el convenio firmado hoy, se destinarán 18,63 millones de euros, mientras que la cantidad para las obras preseleccionadas de cara al futuro convenio de la segunda fase será de 43,72 millones. En cada una de ellas se materializarán cinco proyectos diseñados para optimizar el uso del agua disponible y aumentar la competitividad de las producciones.

“Hemos trabajado con las comunidades de regantes de Los Sauces, El Paso, El Golfo y Santa Cruz de La Palma, Breñas y Mazo, así como con la empresa pública Balsas de Tenerife, el Cabildo de Lanzarote, el Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria y el Consorcio de Aguas de Fuerteventura para preparar las diez iniciativas destinadas a la modernización y consolidación de los regadíos”, dijo la consejera. “Todas ellas han sido declaradas de interés general por la Dirección General de Desarrollo Rural, Innovación y Formación Agroalimentaria del Ministerio”, agregó.

La Consejería, a través de la Dirección General de Agricultura, fue la encargada de defender ante el organismo estatal la conveniencia de estas iniciativas para mejorar la eficiencia y sostenibilidad de las redes de regadío de Canarias. De todas ellas, se han actualizado los proyectos o se encuentran en fase de actualización por parte de la Dirección General de Agricultura y cumplen con criterios de sostenibilidad, eficiencia energética, uso de energías renovables y aplicación de las nuevas tecnologías.

El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, puso de relieve la importancia de este día, “ya que se firma un acuerdo que supone un hito para La Palma, siendo el primer acuerdo de otros que se materializan en este ámbito con la Isla y en Canarias”. “Pone de manifiesto el compromiso que existe por parte del Gobierno de España con La Palma y especialmente con su sector primario, que es clave para la economía insular”, explicó.

El presidente de SEIASA, Francisco Rodríguez, informó de que “esta actuación consistirá en la modernización de una comunidad de regantes y beneficiará a una superficie aproximada de 77 hectáreas. La financiación obtenida permitirá favorecer el riego localizado, mediante la colocación de contadores con telecontrol, asociado a un plan informático para digitalizar el sistema de riego”, añadió. Además, añadió que, “como media, se estima que, a través de este sistema, el ahorro de agua se situará entre un 15% y 25%”.

Por su parte, el presidente de la Comunidad de Regantes de Los Sauces, Jesús Manuel Hernández, destacó “este acuerdo supone un importante avance, para una institución en la que se integran todos los agricultores que se benefician del agua procedente de los manantiales de Marcos y Cordero”. Aludió a la innovación que conlleva el proyecto para propiciar un mejor aprovechamiento del agua en una de las zonas más fértiles de Canarias.

 

Primer proyecto

Este primer proyecto que se ha formalizado hoy servirá para dotar a la Red de Caldereta de puntos de entrega de agua a las fincas y del sistema de telecontrol para vigilar a distancia las redes hidráulicas. Asimismo, se incluye el telecontrol de los hidrómetros de las Redes de Adeyahamen y de Bediesta, que sirven para medir la densidad del agua.

Además, de ayudar a la mayor eficiencia del sistema de riego, el proyecto de la Comunidad de Regantes de Los Sauces cumple con el objetivo de adaptar las infraestructuras para mitigar el cambio climático.

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El Gobierno canario respalda las ayudas al sector pesquero para hacer frente al encarecimiento del gasóleo

La consejera del Área, Alicia Vanoostende, destaca que es una vía “razonable” utilizar los fondos europeos para solventar esta situación

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias considera que las medidas planteadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para apoyar a los pescadores demuestran el compromiso del Ejecutivo con los operadores del sector pesquero, el cual se ha visto afectado por el aumento de los costes de explotación, en gran medida debido al encarecimiento del gasóleo. 

La consejera del Área, Alicia Vanoostende, subraya que utilizar los fondos europeos “es una vía razonable” que permitirá financiar a los pescadores y paliar los efectos que ha generado la invasión rusa de Ucrania en los mercados, con una subida de los precios de los combustibles, otros insumos y materias primas.

En este sentido, Alicia Vanoostende apunta que “en momentos de crisis como el que estamos atravesando es indispensable el apoyo de las administraciones, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, para ayudar a los sectores que más lo necesitan para que puedan continuar con su trabajo y garantizar el abastecimiento de productos para toda la ciudadanía”.

Vanoostende añadió que en Canarias la posibilidad de establecer exenciones a las tasas portuarias no supondría un cambio para gran parte de las flotas porque no dependen de las tasas estatales, pero sí sería de ayuda para los grandes atuneros que sí atracan en Puertos del Estado.

El ministro Luis Planas ha informado del compromiso para activar el mecanismo de crisis, conocido como el artículo 26, en el nuevo reglamento del Fondo Europeo Marítimo de Pesca y la  Acuicultura (FEMPA) que permitirá financiar a los pescadores por el encarecimiento de los costes de producción. Desde la Consejería se estima que sería es una medida beneficiosa para el sector poder emplear los fondos FEMPA para abonar parte del incremento del precio del gasóleo a los pescadores.

Planas ha asegurado que el Gobierno va a actuar con urgencia y que en los próximos días tendrá definido un paquete de medidas, junto con el resto de sectores, para lograr que se mantenga la actividad pesquera.

La Consejería se mantiene a la expectativa de la concreción de las medidas y a la espera de su puesta en marcha con la confianza de que se implementarán lo antes posible para permitir que el sector pesquero supere esta situación y no se ponga en riesgo la producción.

 

 

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Justicia reitera su disposición para que La Palma cuente con dos edificios judiciales nuevos y modernos

Justicia | La Palma

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad acompaña a la ministra Pilar Llop durante su visita este lunes a La Palma

Julio Pérez pone en valor la rapidez de la respuesta legal ante la emergencia provocada por el volcán de Cumbre Vieja y destaca el papel de notarios y registradores

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, ha reiterado este lunes la disposición de su departamento para sustituir los actuales edificios judiciales de Santa Cruz de La Palma y Los Llanos de Aridane por unos nuevos y modernos, adecuados a la organización de la justicia y a las reformas estructurales que están en curso.

Así lo ha manifestado después de acompañar a la ministra de Justicia, Pilar Llop, durante su visita a las instalaciones judiciales del Valle de Aridane, a la que han asistido también el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, la directora de Relaciones con la Administración de Justicia, Mónica Ceballos, el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, y la alcaldesa de Los Llanos de Aridane, Noelia García.

En el caso de Los Llanos de Aridane, donde el proceso está más avanzado, el nuevo edificio, según ha apuntado Julio Pérez, estaría ubicado en una parcela que ya se ha propuesto a la Comunidad Autónoma por el Ayuntamiento, cuyo expediente se ha comprometido a impulsar, con el propósito de que la permuta del actual edificio por el solar que albergará el futuro inmueble se lleve a cabo cuanto antes.

No obstante, Julio Pérez ha explicado que, mientras esto ocurre, se continúa dotando a ambas instalaciones de equipamiento con el grado de modernización necesario. Por ejemplo, desde el punto de vista informático y telemático, igual que a otros partidos judiciales, lo cual ha permitido que el impacto de la erupción en el funcionamiento de la justicia fuese menor del que pudo temerse.

Durante un acto posterior con el Colegio Notarial de Canarias, celebrado en El Paso, y en el que estaba presente su decano, Alfonso Cavallé, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha hecho mención especial al funcionamiento del sistema de seguridad jurídica preventiva, que durante la emergencia generada por el volcán se ha puesto a prueba, “probablemente como no lo había sido nunca antes de ahora”, ha subrayado.

En opinión de Julio Pérez, “hay un conjunto de circunstancias que nos hacen pensar que el tipo de desafío al que se han enfrentado notarios, registradores, Ministerio y también la Consejería, no tiene precedentes en la historia reciente”.

En este sentido, ha puesto en valor, “sin ánimo de hacer propaganda, la rapidez de la respuesta legal”, y se ha referido al primer decreto ley que habilitó unos mecanismos especiales para que el sistema notarial y registral pudiera hacer frente a esas necesidades.

El titular de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha tenido palabras de agradecimiento para notarios y registradores, porque “no se han limitado solo a prestar un servicio, sino que han prestado ayuda, asistencia y cercanía, con cariño y proximidad, que se necesitaban tanto como la ayuda material”, ha recalcado.

Ha dado la enhorabuena al Colegio Notarial de Canarias y al de Registradores, por “haber despertado la solidaridad generosa y desprendida de cientos de profesionales de toda España que han atendido la emergencia jurídica provocada por el volcán”.

Julio Pérez, que ha hecho suyo el lema “juntos somos más”, citado por el delegado del Gobierno en Canarias a lo largo de su intervención, ha destacado la cooperación y lealtad institucional vivida durante la erupción del volcán y ha abogado por que se mantenga durante la reconstrucción, que requiere también el esfuerzo de la actuación conjunta.

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La Comisión Conjunta de Gestión y Seguimiento de la Reserva Marina de El Hierro retoma sus reuniones

Participaron el sector pesquero profesional, recreativo y los equipos de buceo, para tratar el convenio de colaboración relativo a la gestión compartida de las reservas marinas de Canarias y la actualización de la normativa pesquera

La Comisión Conjunta de Gestión y Seguimiento de la Reserva Marina de El Hierro, que abarca desde Punta de la Restinga hasta el Mar de Las Calmas, retoma sus reuniones a petición de la Dirección General del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) del Gobierno de España para analizar la gestión y el seguimiento de la Reserva Marina de La Restinga. En el encuentro, que tuvo lugar ayer jueves 10 de marzo, y que se llevó a cabo por videoconferencia, participaron representantes del MAPA, Gobierno de Canarias, Cabildo herreño, Centro Oceanográfico de Canarias, cofradías de pescadores y centros de buceo, entre otros.

El director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Carmelo Dorta, celebra que se hayan retomado las reuniones, ya que, aunque solían realizarse cada año, fueron interrumpidas por la pandemia. “Es imprescindible llevar a cabo estos encuentros para la puesta en común de las necesidades y la toma de decisiones sobre la gestión de la actividad pesquera y el buceo recreativo”, explica Dorta.

En este encuentro se abordó el convenio de colaboración entre el MAPA y la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, en relación a la gestión compartida de las reservas marinas de las Islas. El director general insistió al respecto en la necesidad de modificar este convenio “para que la normativa vaya a la par, tanto en aguas exteriores, dependientes del Ministerio, como en las aguas interiores, dependientes del Archipiélago”.

Otros de los temas que se trataron fue la actualización de la normativa de la zonificación, con la solicitud de excluir la zona portuaria de la propia reserva marina, cuestión que logró el consenso general (pesca profesional, recreativa y equipos de buceo).

Del mismo modo, se evaluó la necesidad de adaptar el esfuerzo pesquero y de buceo a la capacidad de carga soportada por los ecosistemas marinos y la implantación de criterios flexibles para la limitación del esfuerzo pesquero.

A su vez, se analizó la posibilidad de implantar sistemas telemáticos de control y seguimiento de la actividad pesquera, tanto profesional, como recreativa.

Además, otro de los temas protagonistas fue el buceo autónomo, pues sus representantes pidieron la ampliación de puntos de buceo autorizados y el incremento del cupo en la zona de El Bajón.

Por su parte, los representantes de los pescadores profesionales solicitaron la modificación del sistema de censos para que se permita el ingreso de jóvenes pescadores sin habitualidad. Carmelo Dorta hizo hincapié en el relevo generacional en la pesca, lo cual “irá de la mano de un mayor impulso de este sector por parte de las administraciones para atraer a las futuras generaciones”.

Además, sobre el control de las pesquerías, se solicitó que se lleve a cabo un sistema de seguimiento y de control de las embarcaciones que se encuentran dentro de la Reserva Marina, con un mayor esfuerzo en la pesca recreativa.

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El Gobierno canario abona un primer anticipo de 13,5 millones para el sector platanero afectado por el volcán

El cálculo de los importes se ha realizado en base al rendimiento medio de la zona y a los precios medios de venta

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias ha abonado a las organizaciones de productores un primer anticipo valorado en 13,5 millones de euros para paliar las pérdidas de producción en las explotaciones de plátano afectadas por la erupción volcánica en La Palma.

Se trata de fondos transferidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a la Comunidad Autónoma de Canarias para compensar las pérdidas en el sector, especialmente en el platanero, que es uno de los principales motores económicos del Valle de Aridane y de la isla.

El departamento autonómico ha incluido tres tipologías de afecciones: por una parte, las fincas sepultadas por la lava, en las que la intensidad de las ayudas ha sido del cien por cien del cálculo establecido. Por otro lado, las fincas afectadas por ceniza y las explotaciones con imposibilidad de acceso al riego, en las que la intensidad de la ayuda ha sido del 32% para los municipios de Los Llanos de Aridane, Tazacorte y El Paso, y del 11% para Tijarafe y Fuencaliente.

El cálculo de los importes se ha realizado en base al rendimiento medio de la zona y a los precios medios de venta. El número total de beneficiarios asciende a 2.947 solicitantes que forman parte de las organizaciones de productores Coplaca, Cupalma, Europlátano, Plataneros y Llanos de Sardina.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha puesto de manifiesto la importancia del abono de unas ayudas “necesarias para inyectar liquidez al sector en un momento tan complicado para la economía del Valle de Aridane y de toda la isla de La Palma, por lo que hemos querido adelantar una parte de la ayuda en el mes de diciembre”.

En esta línea, señaló que “se ha realizado un trabajo intenso de cooperación y consenso con el sector platanero para determinar la fórmula de anticipo en distintas circunstancias, además del esfuerzo del personal de la Consejería para atender con diligencia estas medidas vitales para el sector”.

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Pérez destaca la transformación digital de la justicia en Canarias para atender las necesidades de las personas

Pérez destaca la transformación digital de la justicia en Canarias para atender las necesidades de las personas

Las actuaciones del Gobierno de Canarias están alineadas con el Plan Justicia 2030 que presentó hoy en Tenerife la ministra de Justicia, Pilar Llop

El consejero Julio Pérez, responsable del Plan PEVOLCA, no pudo estar en la presentación al encontrarse en La Palma, isla a la que se ha desplazado de nuevo hoy el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para conocer in situ la evolución de la erupción volcánica

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias destaca la Estrategia para la Transformación Digital del Servicio Público de la Administración de Justicia en Canarias para el período 2021-2023 desarrollada por el departamento que dirige Julio Pérez, quien afirma que se está trabajando por una justicia que responda a las necesidades de las personas, con la meta de que la tecnología sea una de las principales herramientas para mejorar la vida de las personas y hacer más eficiente el funcionamiento de los servicios públicos de justicia.

La Consejería remarca que dicha Estrategia, aprobada en marzo de 2021, es pionera en el territorio nacional al alinearse con el Plan Justicia 2030 que presentó hoy en Tenerife la ministra del área Pilar Llop. Dicho Plan tiene como objetivos esenciales consolidar los derechos y garantías de la ciudadanía, garantizando su accesibilidad al servicio público de justicia; promover una mayor eficiencia del servicio público; garantizar el acceso a la Justicia en todo el territorio e incidir en una mayor eficiencia, articulando instrumentos de cooperación y coordinación entre instituciones y eliminando solapamientos.

En la presentación del Plan estuvieron presentes la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, ante la ausencia del consejero Julio Pérez, al encontrase en La Palma como responsable del Plan del Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (PEVOLCA) del Gobierno de Canarias. Pérez informó sobre la evolución de la erupción volcánica al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que se desplazó hoy a la Isla, en lo que representa su sexta visita a La Palma.

Ante la referida ausencia del consejero, Vallejo y Bonnet celebraron una reunión técnica con miembros del Ministerio de Justicia para abordar los retos de la transformación digital de la Justicia y la alineación con el Plan Justicia 2030. Posteriormente, Vallejo, en sustitución del consejero, mantuvo un encuentro con la ministra en el que también participaron el Fiscal Superior de Canarias, Luis del Río, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Luis Lorenzo Bragado.

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad califica la Estrategia canaria como un proyecto ambicioso, enmarcado en el esquema de cogobernanza y destinado a garantizar que Canarias ofrezca un servicio público de justicia moderno, de calidad, ágil, accesible y transparente. Un servicio público, agregó, con una gestión eficaz y eficiente y que contribuya a la mejora del Estado de Derecho, garantizando la seguridad jurídica, el respeto de los derechos y libertades, el cumplimiento de las obligaciones y el desarrollo económico sostenible.

Respuesta a las personas

El departamento que dirige Julio Pérez destaca el trabajo realizado en Canarias para dar una respuesta a las demandas de las personas se desarrolla por medio de una mayor accesibilidad de la justicia, a través de una mayor claridad en el lenguaje jurídico, en la sede judicial electrónica; de un nuevo plan de adopción digital de la justicia tutorizado para cada uno de los empleados y traccionando una red de cambio dónde están todos los actores clave; así como de un programa de Oficinas de Atención a las Víctimas de Violencia sobre la Mujer y un programa de bienvenida a las y los nuevos empleados públicos.

También se incide sobre la eficiencia del servicio público de Justicia por medio de la plataforma única de gestión para tribunales, juzgados y fiscalía Atlante Web, con el reto de llegar al cero papel durante 2022, fortaleciendo la interoperabilidad entre las oficinas de mediación y arbitraje con los Juzgados y Tribunales.

Asimismo, se están incorporando tecnologías e inteligencia artificial con el objetivo de hacer más eficiente el trabajo, implantando un sistema de comparecencias judiciales a distancia con identificación biométrica, e implementando tecnologías que han permitido el que trabajo con todas las garantías jurídicas y de seguridad, con nuevas alternativas de firma a través de biometría en las actuaciones judiciales.

Para dar una mayor sostenibilidad y cohesión social en Canarias, se ha implementado un sistema de cita previa, que evita la conglomeración de ciudadanos y profesionales. Además, se han nuevos modelos de medición de calidad en la satisfacción de los usuarios, con sedes judiciales autosostenibles energéticamente que controlan la emisión de CO2 y el confort del personal público; y se ha automatizado los procesos judiciales masivos que impulsan la eficiencia digital para la actividad empresarial, logrando una tramitación soportada por los datos.

Con la meta de que la tecnología sea una de las principales herramientas para mejorar la vida de las personas y hacer más eficiente el funcionamiento de los servicios públicos de justicia, se han incorporado nuevas funcionalidades y tecnologías en la plataforma Atlante Web, como una navegación atractiva funcional y que mejora la experiencia de los usuarios; la textualización de las vistas comparecencias y otras actuaciones orales, o la tramitación inteligente en procesos masivos como los monitorios por demandas de compañías aéreas.

Otras de las actuaciones son el Apud Acta Telemático del sistema de comparecencias judiciales a distancia y con identificación biométrica; la accesibilidad al expediente judicial electrónico completo, a través de la sede; la firma biométrica en las actuaciones judiciales; la digitalización del puesto de trabajo con la implantación del armario digital; y la gestión del dato 360 en los procesos judiciales.

 

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Vanoostende aborda en Madrid la tramitación de las ayudas a los afectados por el volcán

La responsable regional del área destaca la importancia de «movilizar al mayor número de instituciones públicas»

La consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Alicia Vanoostende, ha mantenido hoy, martes 19 de octubre, una reunión en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para tratar como asunto principal la tramitación urgente de las ayudas para los afectados por las consecuencias de la erupción volcánica en la Isla de La Palma.

En este encuentro entre la responsable regional del área y el equipo del ministro Luis Planas, se abordaron, entre otros temas de interés, los detalles de la transferencia de los fondos valorados en 20,5 millones del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y la forma de artícular las órdenes de transferencia, así como los daños que van a ser objeto de indemnización en la agricultura, la ganadería y la pesca.

“Seguimos con preocupación la evolución del volcán en La Palma y su afección en el sector de la isla, con más de 188 hectáreas de suelo agrario arrasadas por la lava, entre las que se encuentran 97 dedicadas al cultivo del plátano, 50 a la viña o 13 al aguacate, además de explotaciones ganaderas afectadas con más de 2.000 cabezas de ganado evacuado, redes de riego y accesos a fincas destruidos, la flota pesquera amarrada en puerto, así como la afección de la ceniza en cultivos de toda la isla”, recordó Vanoostende.

La titular de Agricultura destacó la coordinación y el diálogo constante con el Ministerio para aportar soluciones que den respuesta al mal momento por el que pasa el sector. “En esta situación toda ayuda es poca para La Palma, por lo que debemos movilizar al mayor número de instituciones públicas; ahora, más que nunca, todos estamos con la isla”, apuntó.

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