La Consejería acuerda junto a los cabildos insulares, en el marco de la nueva Ley de Cambio Climático, estipular cuáles serán estas zonas que permitan acelerar la transición energética y ecológica de Canarias

Zapata: “Nuestro compromiso con los cabildos es fundamental para agilizar la penetración de renovables con el consenso de todas las partes”

La consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, que lidera Mariano H. Zapata, mantiene un encuentro con la Federación Canaria de Islas (FECAI) para empezar a delimitar las que serán las Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR). Unos espacios específicos para el desarrollo de estas energías limpias, que surgen tras la modificación de esta ley, aprobada por el Ejecutivo canario el pasado mes de mayo.

En este sentido, el consejero del área, Mariano H. Zapata aseguró en el marco de este encuentro, que estas zonas se han instaurado con el objetivo de “dar agilidad a la implantación de renovables, garantizando la protección medioambiental del territorio y teniendo en cuenta las ocho realidades de cada isla”. Algo que, en última instancia, según apuntó Zapata, “nos permitirá alcanzar nuestros objetivos de descarbonización y conseguir, de aquí a 20230, los objetivos marcados por el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) que exige llegar al 58% de penetración de renovables, frente al apenas 20% actual”.

“Las Zonas de Aceleración de Renovables traen seguridad jurídica y consenso, donde la anterior ley tenía inseguridad jurídica y enfrentamiento entre administraciones” apuntó Zapata, haciendo mención al antiguo plan conocido como PTECan, que” solamente logró el enfrentamiento de los cabildos con la ley”.

Asimismo, Zapata explicó que este proceso incluirá tanto la energía fotovoltaica como la eólica y el aprovechamiento de espacios ya en uso, conocidos como antropizados como embalses o cubiertas, lo que resaltó también la importancia de que “será la primera vez que en Canarias se delimiten y aconten los espacios para su desarrollo. Todo ello, en coordinación con los cabildos y siendo una solución efectiva frente al anterior PTECan”.

En este sentido, explicó que “ya habíamos mantenido encuentros previos con todos los cabildos desde octubre, para adelantarles la creación de esta herramienta y ahora trabajamos arduamente para definir esos espacios de forma consensuada”, donde especificó además que “se contará con una declaración de impacto ambiental previa, garantizando la protección ambiental”, donde además “las Zonas de Aceleración de Renovables no incluirán ningún espacio regido en la Red Natura 2000 ni en cualquier otro espacio protegido”.

El Cabildo de Lanzarote, pionero para avanzar en las ZAR

El pasado viernes 12 de julio, la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Lanzarote alcanzaron un acuerdo para delimitar el criterio para establecer sus Zonas de Aceleración de Renovables (ZAR) en la isla.

Un compromiso adquirido que sitúa a la isla como pionera y también referente para el resto de islas, facilitando también con ello su rápida implementación. Ambas partes han acordado, en esa línea de colaboración, seguir trabajando para tener una delimitación de las zonas en las que las energías renovables podrán desarrollarse lo antes posible, siempre con el máximo respeto por el medio ambiente. En este sentido, Mariano H. Zapata ha resaltado que “a pesar de ser un camino complejo, que ahora comenzamos a desarrollar, hemos demostrado que, en un año de gobierno somos capaces de alcanzar objetivos importantes, como estos”.

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La consejera de Bienestar Social del Ejecutivo canario, Candelaria Delgado, hizo este anuncio en el marco de la reunión de la Federación Canaria de Islas celebrada en La Gomera

El número y el tipo de plazas se consensuarán con los cabildos, pero se estima que estos fondos permitirán la construcción de más de 600 nuevas plazas sociosanitarias en el Archipiélago

Canarias contará con una financiación de 72 millones de euros para la creación de nuevos recursos de atención a las personas en situación de dependencia y personas con discapacidad de las Islas, según anunció la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en el transcurso de la celebración de la reunión con la Federación Canaria de Islas (FECAI), celebrada en la isla de La Gomera.

En el marco de este encuentro, Delgado informó a los representantes de los cabildos de la disposición de una partida de 72.000.000 euros correspondiente al eje de la “Economía de los Cuidados y refuerzo de las políticas de igualdad e inclusión” del Fondo de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, cuyo destino es la creación de nuevas plazas y ampliación de la dotación de recursos de atención de la red de centros sociosanitarios.

Estos fondos, que serán transferidos a los siete cabildos mediante la suscripción de convenios individuales en los que se especificarán los proyectos a los que se destinarán estos fondos y su vinculación con los objetivos previstos, se enmarcan dentro de la línea de “Equipamientos para Cuidados Centrados en la Persona” del Convenio suscrito por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y la Comunidad Autónoma de Canarias.

Según los primeros cálculos y las previsiones iniciales trasladadas por las corporaciones locales, esta inversión permitirá financiar más de 600 nuevas plazas sociosanitarias. Las infraestructuras que se costearán con estas partidas responderán a las necesidades manifestadas por parte de las administraciones insulares a la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias.

“El Gobierno de Canarias es consciente de que es necesario ir más allá y seguir ampliando el número de plazas residenciales, de día y de respiro familiar, para atender a la población de las Islas, por lo que ya ha iniciado el trabajo para poner en marcha el III Plan de Infraestructuras Sociosanitarias de Canarias, en colaboración con los cabildos”, precisó la consejera del área, Candelaria Delgado.

La responsable subrayó, asimismo, que “es fundamental, también, poner otras herramientas al alcance de las personas en situación de dependencia o discapacidad, como son ayudas para hacer accesibles sus viviendas o disponer de la figura del asistente personal prevista en la ley de dependencia”.

“Es fundamental -añadió Delgado- que planificamos adecuadamente y pensando en las personas; no todo tienen que ser siempre plazas residenciales, también hay otras fórmulas para que las personas mayores, dependientes o con discapacidad no estén institucionalizadas. Debemos desarrollar todos los instrumentos que nos permite la ley para poner a las personas en el centro”.

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El consejero Sebastián Franquis, cumpliendo el compromiso que había adquirido con la FECAI, logra consensuar con los cabildos la actualización en 10 millones de euros del coste de las tareas de mantenimiento que realizan las administraciones insulares al tamaño real de la red de carreteras que en los últimos ocho años ha crecido en más de 90 kilómetros

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, ha acordado hoy con los consejeros de obras públicas de los siete cabildos insulares la actualización de los módulos de los costes de conservación y mantenimiento de las carreteras de interés regional que han sido puestas en servicio y transferidas a las administraciones insulares entre 2015 y 2022. De esta forma, el consejero Franquis cumple el compromiso que adquirió con la Federación de Cabildos Insulares (FECAI) a principios de la Legislatura y actualiza en 10,1 millones de euros la financiación que se distribuye anualmente entre los cabildos para financiar el mantenimiento de la red de carreteras de interés regional de cada isla, algo que no se hacía desde 2015.

“Hemos alcanzado un acuerdo hoy entre el Gobierno y los siete cabildos según lo comprometido con la FECAI a principios de la Legislatura, que era actualizar los costes de los módulos de mantenimiento y conservación de las carreteras de interés regional en nuestra Comunidad Autónoma”, manifestó Sebastián Franquis, “quiero agradecer a los cabildos la sensibilidad que han tenido a la hora de cerrar este acuerdo, que es importante y que, además, es histórico, porque desde el año 2015 en Canarias no se actualizaban los costes de los módulos de conservación de carreteras y es lo que hemos logrado hoy. Esto va a suponer un importe de en torno a los 10 millones de euros lo que se va a distribuir entre los diferentes cabildos en cuyas islas se han incrementado los kilómetros de la red regional de carreteras en los últimos años”.

Los cabildos insulares son las administraciones encargadas de velar por la conservación de las carreteras de interés regional que ejecuta la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno regional una vez estas se finalizan y son puestas en servicio. El Decreto 112/2002 de traspaso de funciones de la Comunidad Autónoma a los Cabildos recoge que, con la apertura al tráfico de las nuevas vías por parte del Gobierno, se transfiere al cabildo correspondiente el mantenimiento de estas, e indica “los módulos económicos se determinarán o actualizarán con vigencia anual o plurianual por la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, previo informe-propuesta de la Conferencia Sectorial correspondiente”.

Sin embargo, la actualización que recoge el citado Decreto no se efectuaba desde 2015, por lo que la financiación no recogía el número de nuevos kilómetros de la red viaria de interés regional puestos en servicio en los últimos ocho años. Entre 2015 y 2022 se han entregado a los cabildos por parte de la administración autonómica un total de 91,2 kilómetros de carreteras y túneles en diversas islas.

Por todo ello, con el acuerdo cerrado hoy por el consejero Franquis con los cabildos, el Gobierno de Canarias cumple el compromiso acordado con la FECAI en julio de 2021 para abonar los gastos de mantenimientos y de conservación de los tramos de carreteras transferidas y puestos en funcionamiento desde el 1 de enero de 2015 hasta 2022.

“Hay que de destacar que ha sido un acuerdo en el que todos hemos coincidido, en el que se ha conseguido un consenso importante entre el Gobierno y los cabildos con el fin de cumplir el compromiso adquirido con la FECAI para cerrar definitivamente este conflicto que existía con el mantenimiento de las carreteras ya que su actualización estaba pendiente desde el año 2015”, afirmó el consejero Franquis.

En los últimos ocho años se han finalizado y puesto en servicio 91,2 kilómetros de nuevas carreteras en esas cuatro islas que se distribuyen de la siguiente forma. En Fuerteventura se pusieron en servicio 33,9 kilómetros de nueva carretera de doble calzada (Caldereta-Corralejo y Costa Calma-Pecenescal); en Tenerife, 26,8 kilómetros de carreteras dentro de los que se incluyen 2,3 kilómetros de túneles (Erques-Santiago del Teide y Adeje-Erques); en Gran Canaria, 24,9 kilómetros de carretera de los que 6,3 corresponden a túneles primera fase de la Carretera de La Aldea y IV Fase de la Circunvalación); y en Lanzarote, 5,6 de carretera de doble calzada (desdoblamiento de la circunvalación de Arrecife).

El pago del mantenimiento a los cabildos se realiza en base al coste de unos módulos que se aplican a cada kilómetro de vía dependiendo de su tamaño y complejidad, pudiendo módulo por ser calzada doble, por calzada única o por túnel.

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El presidente de Canarias asiste a la asamblea de la Federación de islas celebrada en Gran Canaria, en la que se ratificó el rechazo de estas corporaciones a una rebaja del IGIC por su perjuicio al estado del bienestar

Torres destaca el tono constructivo y la lealtad de los presidentes insulares, aparte de subrayar que, desde 2019, el actual Gobierno es el primero en hacer transferencias del bloque de financiación por un global de unos 22 millones

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, asistió esta tarde a la Asamblea de la Federación de Islas (Fecai) celebrada en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria, cita que sirvió para acordar un calendario de comisiones entre estos dos niveles administrativos para desbloquear asuntos clave como el bloque canario de financiación y las transferencias a estas instituciones insulares, las partidas para carreteras, la dependencia, el Fdcan o el plan de infraestructuras sociosanitarias, entre otras cuestiones. El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, destacó también el acuerdo de los cabildos para rechazar cualquier rebaja del IGIC por los perjuicios a las corporaciones insulares, los servicios que prestan y el estado del bienestar. 

En declaraciones a la prensa tras la reunión, Torres agradeció el tono constructivo y la lealtad de los presidentes en la asamblea y su vocación de colaboración y búsqueda de acuerdos, al tiempo que subrayó que el Ejecutivo autonómico no solo reconoce las “históricas” exigencias de los cabildos, sino que “estamos dándoles respuesta”.

Para superar las discrepancias existentes es por lo que se ha acordado en esta asamblea ese calendario de comisiones de trabajo, si bien Torres insistió en que ha sido el actual Gobierno de Canarias el que, tras 17 años, ha asumido los costes del bloque canario de financiación y ha transferido a los cabildos 5,1 millones de euros en el año 2020 y 7,4 en 2021. Para solventar las diferencias que quedan, se creará una comisión paritaria que buscará una salida consensuada para el resto de anualidades.

En el caso de las carreteras, Torres remarcó que el Ejecutivo que preside reconoce lo que piden los cabildos sobre las actualizaciones de la obra nueva desde 2015. De hecho, se acordó su pago desde julio de 2022, pero se necesita un documento oficial de Intervención del Gobierno y los cabildos que acrediten las cantidades, cercanas a un total de 10 millones de euros. En otra comisión paritaria, se abordará este pago pendiente.

A la cita acudieron, a su vez, el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez; el consejero de Obras Pública, Transporte y Vivienda, Sebastián Franquis, y la responsable del área de Economía y Empleo, Elena Máñez. La reunión sirvió para acordar otra comisión bilateral que analizará todo lo relativo a la dependencia y el plan de infraestructuras sociosanitarias en busca de un nuevo convenio y plan, si bien se elaborará un informe para que los cabildos puedan continuar con las obras del plan vigente aunque no está en contempladas al 100% en el presupuesto regional de 2023.

Reunión sobre financiación, el 27 de enero próximo

En el caso de la financiación, se convocará una comisión en la que participará Hacienda Tributaria Canaria, el área autonómica de Hacienda y las siete corporaciones insulares para pulir los flecos pendientes, sobre todo relativos a las cifras. En este sentido, no obstante, Torres recordó que, desde diciembre de 2019, se han hecho las correspondientes transferencias del bloque de financiación por un global de 22 millones, “la primera vez que ocurría esto, algo que reconocen los propios cabildos”. Según indicó Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, esta comisión técnica y política se reunirá el 27 de enero próximo para fijar los criterios y cantidades.

Sobre el Fdcan, el compromiso alcanzado consiste en acelerar al máximo la convocatoria de 2023 para hacer las transferencias lo antes posible de los años 2020, 2021 y 2022 (lo que afecta a tres cabildos). Se prevé que esto se resuelva a finales de marzo.

Además, en la reunión se constató el rechazo de los cabildos a cualquier rebaja del IGIC por los perjuicios que eso tendría para los recursos de estas administraciones y, por tanto, en los servicios y el estado del Bienestar, según remarcó Antonio Morales.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria reconoció que venían “molestos y disgustados por los problemas enquistados” entre las dos administraciones, “pero ha sido una reunión productiva y salimos esperanzados de que, con el calendario aprobado, se dé respuesta a todos los problemas planteados por las comisiones técnicas y políticas de la Fecai”.

Para las competencias transferidas y delegadas, así como carreteras, la reunión se ha fijado para el 30 de enero, mientras que para dependencia se prevé una reunión en la última semana de enero y en la primera de febrero, centrada en el encarecimiento de las plazas.

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Ángel Víctor Torres emplaza a todas las partes implicadas en dar estabilidad a empleados y empleadas públicos del archipiélago a cumplir los plazos que establece la Ley 20/2021 una vez que hay acuerdo en los puntos básicos

Las fuerzas sindicales agradecen la oferta de diálogo y coordinación lanzada por el Ejecutivo canario y se muestran dispuestas a buscar una solución a un problema que afecta a miles de familias en Canarias

Una jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las administraciones’, a la que se han inscrito ya casi 800 personas, analiza mañana la evolución y marco jurídico del empleo público

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha cumplido este jueves el compromiso adquirido durante el último Debate sobre el Estado de la Nacionalidad de constituir una mesa de negociación en la que estuvieran presentes, además del Ejecutivo, la Federación Canaria de Islas (Fecai), la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y las principales fuerzas sindicales (UGT, CCOO, SEPCA, CSIF e IC), para establecer las líneas maestras y consensuar los mecanismos a aplicar con el fin de reducir el alto grado de temporalidad que afecta a empleadas y empleados públicos del Archipiélago.

Durante dicha reunión, en la que Torres ha estado acompañado por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de la Función Pública, Montserrat García, el jefe del Ejecutivo canario ha emplazado a quienes han participado en la mesa de negociación a cumplir los plazos concretos fijados por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, una vez que hay acuerdo en los puntos básicos y se ha alcanzado el consenso en la necesidad de resolver un problema muy grave que afecta a miles de familias en Canarias.

Según ha recordado Torres, dicha norma establece como fechas clave que antes del 1 de junio deben estar aprobadas las ofertas de empleo público y el 31 de diciembre de este año las bases, para que los procesos de selección estén terminados en diciembre de 2024. Tenemos un problema, ha dicho, que “nos obliga a implicarnos a todos y coordinarnos para buscar una solución”.

Al igual que el presidente, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha manifestado la importancia de poner en marcha un espacio de diálogo y entendimiento en el que se fijen los procedimientos necesarios que deben llevarse a cabo y ha subrayado que “la eliminación de la temporalidad abusiva no es solo una prioridad del Gobierno, sino una condición imprescindible para poder abordar otros retos inesperados a los que se enfrenta el actual modelo de administración pública”. En este sentido, ha señalado la importancia de establecer criterios que proporcionen seguridad jurídica y procedimientos que den solución al mayor número de empleados y empleadas públicos.

Por parte de la Fecai, la vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, ha agradecido al presidente del Gobierno la oferta de coordinar los criterios que se van a aplicar para solucionar un problema tan importante y que se lleva tanto tiempo tratando de resolver. Ha abogado por buscar un común denominador que beneficie a todas las partes, partiendo de que la ley impone unas medidas y crea unas obligaciones.

En nombre de la Fecam, su presidenta, María Brito, que ha estado acompañada del alcalde de La Aldea, Tomás Pérez, ha hecho hincapié en la necesaria coordinación de Gobierno, cabildos y ayuntamientos, ya que la norma recoge que las corporaciones municipales pueden delegar este proceso en los cabildos y ha destacado la necesidad de unificar criterios para evitar dar pie a agravios entre administraciones.

Fuerzas sindicales

Fran Bautista, en representación de UGT, ha agradecido la puesta en marcha de una mesa de diálogo, por la necesidad de que todas las administraciones se coordinen para solucionar una situación tan grave que sufren tantos trabajadores y trabajadoras, y ha pedido evitar pelearse por criterios razonables. Ha animado a aprovechar las ventajas que da la ley para estabilizar empleo público y ha recordado que existen miles de trabajadores y trabajadoras -unos 25.000 solo en la Administración autonómica, incluyendo Educación y Sanidad-, y familias esperando una solución.

Para CCOO, “no se puede perder esta oportunidad de crear seguridad donde hay inseguridad”, según su representante Juan Miguel Suárez; por eso, ha apuntado que “toca ponerse las pilas para llegar a tiempo”. Desde una actitud positiva, ha comentado que “esta es la ley que tenemos y el marco a utilizar para que al final del camino se pueda resolver un problema que padecemos. Hoy estamos dando un paso importante y necesario”, ha resaltado.

Desde SEPCA, José Mascarell ha ofertado al presidente su colaboración para buscar una solución a un problema de gestión de recursos humanos en la administración pública que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. “Nos va a tener a su lado”, ha dicho, a la vez que ha propuesto aprovechar la flexibilidad del marco jurídico en el que hay que trabajar y evitar las restricciones.

Por parte del CSIF, Francisco Elías Martín ha agradecido el encuentro, ya que “hacía falta llegar a un entendimiento entre todas las partes implicadas”, y ha explicado que la ley da derecho a estabilizar, pero hay que explicar qué sistema se va a aplicar y aclarar las interpretaciones que puedan surgir, con el fin de dar garantía jurídica a todos los trabajadores y trabajadoras que se van a estabilizar.

Pedro Pablo Medina, en nombre de Intersindical Canaria (IC), se ha mostrado abierto a buscar una salida que dé solución a miles de trabajadoras y trabajadores públicos, la mejor posible, y ha recalcado que “se trata de dar solución a miles de situaciones personales que nunca han sido responsabilidad de quienes las padecen”. Ha celebrado que se coordinen todos los procesos y ha manifestado su interés en buscar la manera de dar respuesta al problema que nos enfrentamos.

A la mesa de negociación convocada por Ángel Víctor Torres siguió otra reunión, de carácter más técnico, en este caso encabezada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, en la que estuvieron presentes representantes de Fecai, Fecam y los sindicatos antes citados.

Jornada empleo público

Por otra parte, mañana está prevista la celebración de una jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 9:00 horas, a la que, hasta el momento, se han inscrito ya casi 800 personas, y en la que se pretende analizar la evolución y marco jurídico del empleo público.

Inauguradas por Julio Pérez, junto con la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, contará con la presencia de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Remedios Roqueta, que expondrá los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal de la Ley 20/2021.

Están previstas, igualmente, dos mesas redondas, moderadas por la también catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna (ULL) Margarita Ramos, en las que se analizarán, por un lado, la negociación colectiva como mecanismo para evitar las altas tasas de temporalidad en el sector público y, por otro, el empleo en el sector público como el gran reto para las administraciones públicas.

En la primera participarán representantes de los sindicatos CSIF, IC, SEPCA, CCOO y UGT. En la segunda intervendrán la subdirectora de Planificación y Racionalización de Empleo Público de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, Dolores Alonso, el director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, José María Cabrera, la vicesecretaria de la Diputación de Palencia, Virginia Losa, y el secretario general del Ayuntamiento de Torrelodones, Fernando Giner.

La clausura de la jornada correrá a cargo del viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de Función Pública, Montserrat García.

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El anteproyecto de esta norma atribuye competencias propias a los municipios y cabildos insulares

Juventud estima que la nueva ley prevé la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las corporaciones locales en su gestión

El Gobierno de Canarias ha reunido este miércoles al Consejo de Colaboración Insular y al Consejo Municipal de Canarias, en sesiones separadas, para analizar con cabildos y ayuntamientos, respectivamente, el anteproyecto de ley de Políticas de Juventud de Canarias, que atribuye a las corporaciones insulares y locales competencias propias en esta materia.

Presididas por el titular de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ambas reuniones han tenido como objeto revisar los informes emitidos por la Dirección General de la Juventud sobre la documentación solicitada por este departamento, durante la tramitación del expediente relativo al anteproyecto de ley, así como la valoración efectuada por este centro directivo a las alegaciones realizadas tanto por los cabildos insulares, en concreto los de Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y La Palma, como por la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

En cuanto a la petición efectuada por la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia, referida al impacto financiero de la futura ley en los ingresos y gastos de otras administraciones, la Dirección General de Juventud estima que, en los términos en que está redactado el anteproyecto, la nueva ley prevé la dotación de los recursos suficientes para cumplir los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad, al igual que los medios necesarios para asegurar la suficiencia financiera de los municipios en su gestión.

La Dirección General de Juventud ha reiterado su compromiso a consultar a la Fecam en el desarrollo reglamentario de esta norma y a tener en cuenta la propuesta sobre las características de la financiación del Circuito cultural MARES por parte del Gobierno, una vez se desarrolle el Plan Integral de Juventud.

Las demandas de los cabildos insulares han estado centradas en los resultados y objetivos desarrollados durante la ejecución del proyecto denominado “Elaboración participativa de la Ley de Políticas de Juventud de Canarias”, de los que ha dado cuenta la directora general de Juventud, Laura Fuentes, presente en ambas sesiones, al igual que el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez. A la segunda de ellas también han asistido la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, y la presidenta de la Fecam y alcaldesa de Candelaria, María Brito.

La nueva norma viene a reemplazar la Ley 7/2007, de 13 de abril, que acumula ya casi 15 de años de existencia, periodo en el que han sido significativos los cambios experimentados en el entorno social, económico y cultural que afecta a la juventud canaria. Su objetivo es dar respuesta a la nueva situación a través de un marco normativo que resulte adecuado y operativo.

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La Consejería de Derechos Sociales acuerda con la Fecai extender su desarrollo hasta 2024 a través de una adenda que se prevé firmar a finales del presente mes

Noemí Santana señala que esta medida supondría un mejor margen de ejecución para los gobiernos insulares en las gestión de plazas sociosanitarias

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias ha acordado con la Federación Canaria de Islas (Fecai) ampliar por un año el Plan canario de Infraestructuras Sociosanitarias, con lo que este se extendería hasta 2024. Este acuerdo ha quedado escenificado en una reunión sostenida este viernes, 15 de octubre, entre la consejera Noemí Santana y el presidente de la Fecai, Pedro Martín, en la que también estuvieron presentes la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez y la consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Marián Franquet.

La nueva adenda al Plan se firmará a finales del presente mes de octubre, otorgando un mejor plazo de ejecución a los Cabildos insulares para optimizar el desarrollo del mismo. El Plan contempla la creación de nuevos centros de atención sociosanitaria y la mejora de recursos ya existentes, con la ampliación y el incremento hasta un total de 5.466 nuevas plazas de atención, tanto en recursos residenciales como en centros de día para personas mayores y personas con discapacidad. Con la firma de estas adendas se amplía el plazo de ejecución y las anualidades.

Noemí Santana valoró positivamente este nuevo escenario, que se verá complementado con otra serie de medidas dirigidas a mejorar la gestión de plazas sociosanitarias en Canarias. “Hemos solicitado a las instituciones insulares que nos hagan llegar qué capacidad de ejecución tienen para valorar añadir a estas medidas la posibilidad de ampliar las camas sociosanitarias existentes en estos momentos a través de la llegada de fondos europeos”, subrayó.

Durante la reunión también se abordaron cuestiones como la ‘Adenda Cartera’. Esta permitiría aumentar el coste-plaza para personas dependientes o con discapacidad y permitiría al Gobierno de Canarias ponerse al día con las entidades del Tercer Sector que colaboran con el Ejecutivo regional en la gestión de estos recursos saldando una deuda histórica pendiente hace muchos años.

En el orden del día de la reunión entre la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y la Federación de Cabildos Insulares también se trataron otras cuestiones de interés para ambas admnistraciones, como la acogida de menores migrantes.

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El departamento dirigido por Elena Máñez expone a la Federación Canaria de Islas los informes encargados a la Fundación Universitaria de Las Palmas y al gabinete de estudios Aeconomía XXI

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, analizó este miércoles con responsables de la Federación Canaria de Islas (Fecai) la dispar evolución de los precios de los combustibles en los diferentes mercados insulares del Archipiélago mediante la exposición de los dos informes encargados por la administración autonómica a la Fundación Universitaria de Las Palmas y al gabinete de estudios Aeconomía XXI.

Acompañada por la viceconsejera de Economía e Internacionalización, Almudena Estévez, Elena Máñez se reunió por medios telemáticos con el  presidente de turno de la Fecai y del Cabildo de La Palma, Mariano Hernánde, así como con  los demás Presidentes de los Cabildos , por parte  de Gran Canaria, Antonio Morales; el vicepresidente segundo del Cabildo de Fuerteventura, Andrés Brianso,de Lanzarote, María Dolores Corujo, de Tenerife, Pedro Manuel Martín, La Gomera, Casimiro Curbelo Curbelo, y por parte del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas.

Además, la consejera autonómica incluyó en el encuentro solicitado por la Fecai a la gerente de Aeconomía XXI, María Dolores Rodríguez, y a los profesores tanto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Juan Luis Jiménez como de la Autònoma de Barcelona (UAB) Jordi Perdiguero para detallar las principales conclusiones de los informes independientes, disponibles en la web institucional https://www.gobiernodecanarias.org/economia/estudios

Ambos estudios exponen la disparidad existente entre los precios de los carburantes, más elevados en las denominadas islas verdes (La Gomera, La Palma y El Hierro) que en el resto de las islas, y coinciden en la necesidad de mejorar la competencia en los distintos territorios insulares, en especial en los occidentales.

Elena Mánez manifestó que se han mantenido reuniones con la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, trasladando la preocupación del Gobierno de Canarias sobre cómo las personas consumidoras de estas islas se pueden ver afectadas por el incremento de precios. En este sentido, la CNMC ha asignado un expediente de investigación para analizar la posible causa de abuso de competencia y poder regular el mercado de carburantes en las islas.

Los representantes de la Fecai agradecieron la iniciativa y los presidentes de los cabildos de las islas afectadas realizaron varias propuestas que se debatirán en una próxima reunión de la federación para, de manera paralela a las actuaciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, seguir avanzando en mejorar la situación de aquellos sectores económicos estratégicos que se ven afectados por el incremento de precios.

El resto de representantes de las corporaciones insulares se solidarizaron con las iniciativas planteadas, emplazando a su inclusión una nueva reunión que permita abordar también la propuesta hecha por parte del Gobierno sobre la constitución de un grupo de trabajo multidisciplinar que permita la entrada de nuevos operadores en el mercado de carburantes, así como otras acciones a favor de una mayor competencia.

Asimismo, la consejera destacó la importancia de la creación del Consejo Canario de Defensa de la Competencia, propuesta en la que ya se está trabajando en cumplimiento del artículo 120 del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, y subrayó la relevancia de este órgano para corregir las desviaciones detectadas en el correcto funcionamiento de los mercados y conocer los defectos que padece el sistema económico para actuar sobre ellos.

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El Ejecutivo autonómico, cabildos y ayuntamientos acuerdan buscar una fórmula para que el Fondo de Desarrollo de Canarias de 2021 sea redirigido a ayudas sociales y a los sectores económicos más afectados

Ángel Víctor Torres asegura que las medidas en Canarias están dando resultado en las últimas tres semanas y “parece que la curva empieza ya a ser doblegada”

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha mantenido este miércoles dos reuniones para trasladar a los cabildos y ayuntamientos canarios los detalles del plan autonómico de medidas extraordinarias de ayuda a los sectores más afectados por las consecuencias de la pandemia y las restricciones sanitarias aplicadas en el Archipiélago. Un plan que contempla 165 millones de euros en ayudas directas y 235,8 millones de aplazamiento fiscal, lo que suma un total de 400,8 millones de euros.

Tras los encuentros con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), se ha alcanzado un acuerdo unánime para hacer el mayor esfuerzo posible en la búsqueda de recursos para paliar los efectos de la crisis generada por la pandemia. Por esa razón, las instituciones canarias estudiarán una redefinición del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) para “añadir los 80 millones de euros de 2021 al plan de ayudas extraordinarias, aprobado por el Gobierno de Canarias”, apuntó el presidente.

En las reuniones, que se han desarrollado desde la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, y de forma telemática, se han abordado otros asuntos como le evolución de la pandemia. Al respecto, el jefe del Ejecutivo canario se mostró optimista porque “las medidas que se han adoptado en las Islas están dando resultado y durante las tres últimas semanas los datos han mejorado”, y añadió que “parece que la curva en Canarias empieza a ser doblegada”, si bien apeló a mantener el compromiso de la ciudadanía canaria en el cumplimiento de las normas para poder recuperar así, lo antes posible, la normalidad social y económica.

En cualquier caso, el presidente matizó que hay que esperar a tener los datos actualizados en el Consejo de Gobierno de mañana, con los informes del Comité Científico, para tomar decisiones respecto a las restricciones actuales.

Rechazo unánime a cualquier muestra de racismo y xenofobia

Ángel Víctor Torres, en su comparecencia posterior, también destacó que la Fecai, la Fecam y el Gobierno de Canarias han mostrado su rechazo unánime a la xenofobia y el racismo “porque la sociedad canaria se define mayoritariamente como todo lo contrario: una sociedad tolerante, democrática y solidaria”. El presidente destacó que “la demostración de que la sociedad canaria está convencida en su defensa de los Derechos Humanos es que el Parlamento, de forma unánime, convalidó un decreto-ley del Gobierno de Canarias que determina que, ante la ausencia de espacios, los menores migrantes no acompañados puedan ser acogidos en espacios alojativos”.

El presidente de Canarias también reconoció públicamente el trabajo que hacen diariamente los cabildos y los ayuntamientos en la defensa de los Derechos Humanos. Además, “seguiremos demandando que haya una respuesta adecuada, y que se activen los mecanismos de vigilancia, acogimiento, repatriación, derivación y tránsito reglado al resto del territorio español y de la Unión Europea”, apuntó. Por último, también volvió a reclamar la solidaridad interterritorial y el compromiso de otras comunidades, algo para lo que ya ha habido una respuesta favorable desde Castilla y León y el País Vasco, cuyos gobiernos están dispuestos a acoger en esas comunidades a menores migrantes que están en estos momentos en Canarias.

En las reuniones de hoy con los cabildos (Fecai) y ayuntamientos (Fecam), por parte del Gobierno de Canarias han intervenido también el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez; la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana; la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez; y la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla.

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Ese trabajo, que se someterá en dos semanas al análisis de los participantes en el Pacto en busca del consenso final, luego se elevará a la aprobación del Consejo de Gobierno y de ahí pasará al Parlamento de Canarias

El viceconsejero de la Presidencia recalca que se incluirán todas las aportaciones de los firmantes del Pacto y habrá un control exhaustivo de las medidas y ejes incluidos

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, participó esta tarde en otra reunión de la comisión de preparación del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias por la crisis desatada debido a la pandemia de la COVID-19. Tras el Consejo de Gobierno celebrado en Santa Cruz de Tenerife, que tendrá continuidad en la tarde de mañana, viernes 4 de septiembre, precisamente por solaparse con esa reunión de trabajo, la cita sirvió para que el Ejecutivo regional anunciara que el último borrador del Plan estará cerrado, con partidas concretas, en dos semanas. Entonces, se someterá al análisis de los integrantes en busca del consenso final, lo que se hará en una nueva reunión, y el documento resultante se elevará al Consejo de Gobierno y de ahí saldrá hacia el Parlamento de Canarias.

El Ejecutivo autonómico trasladó esa fecha a los grupos parlamentarios (PSOE, CC, NC, Sí Podemos y ASG), a representantes de los cabildos (Fecai), municipios isleños (Fecam), entidades empresariales (CEOE y CCE), sindicatos (UGT y CCOO), cámaras de comercio, Tercer Sector y los colegios profesionales de Trabajo Social, que fueron los que firmaron el pasado 30 de mayo dicho Pacto.

Según explicó el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, tras la reunión, se trata de la “penúltima” cita de trabajo de este Plan, que también sirvió para abordar el enfoque en el periodo 2021-23, centrándose en las prioridades y las líneas con continuidad a partir de este 2020 “tan duro”.

Olivera recalcó que el documento a presentar en dos semanas incluirá las aportaciones que hagan todos los participantes en el Pacto, con el fin de elevarlo cuanto antes al Consejo de Gobierno para su aprobación inicial, pasando luego por el Parlamento canario para su debate y volviendo al Ejecutivo regional para su respaldo definitivo. Ese último borrador, según indicó Olivera, incluirá las medidas urgentes que ya se están desarrollando “y el resto de elementos de planificación para los próximos años”.

El proyecto contará también con un modelo de gobernanza, control y seguimiento de sus iniciativas con el fin de que se pueda hacer una fiscalización “pormenorizada y en tiempo real” de todo lo contemplado. El viceconsejero anunció dos próximas semanas “muy activas” para cerrar el borrador definitivo.

Ante los medios de comunicación, Olivera añadió que en la reunión se analizó la difícil situación que está atravesando el turismo y sus subsectores vinculados en Canarias. Según dijo, se trata de una caída generalizada en todo el mundo “porque la gente no quiere viajar. Se está reservando para más adelante y, por tanto, hay un problema de demanda”. Por eso, consideró que, para la recuperación turística, resulta clave “poner bajo control los parámetros sanitarios. Seguramente ya no importa única y exclusivamente lo que haga Canarias, que haremos todo lo que esté en nuestra mano -subrayó- para que las idas y venidas de turistas sean lo más seguras posibles, sino que vamos a necesitar que en el conjunto de la economía global, al menos en la europea, se recobre la confianza y la gente quiera volver a viajar y disfrutar de las ventajas de nuestro clima”.

Aparte del presidente Torres y Olivera, a la cita de hoy acudió por parte del Gobierno su vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez; la responsable de Turismo, Yaiza Castilla, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, y el viceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez.

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