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Gobierno, Fecai, Fecam y sindicatos acuerdan gestionar coordinadamente la estabilización de interinos y temporales

Gobierno, Fecai, Fecam y sindicatos acuerdan gestionar coordinadamente la estabilización de interinos y temporales

Ángel Víctor Torres emplaza a todas las partes implicadas en dar estabilidad a empleados y empleadas públicos del archipiélago a cumplir los plazos que establece la Ley 20/2021 una vez que hay acuerdo en los puntos básicos

Las fuerzas sindicales agradecen la oferta de diálogo y coordinación lanzada por el Ejecutivo canario y se muestran dispuestas a buscar una solución a un problema que afecta a miles de familias en Canarias

Una jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las administraciones’, a la que se han inscrito ya casi 800 personas, analiza mañana la evolución y marco jurídico del empleo público

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha cumplido este jueves el compromiso adquirido durante el último Debate sobre el Estado de la Nacionalidad de constituir una mesa de negociación en la que estuvieran presentes, además del Ejecutivo, la Federación Canaria de Islas (Fecai), la Federación Canaria de Municipios (Fecam) y las principales fuerzas sindicales (UGT, CCOO, SEPCA, CSIF e IC), para establecer las líneas maestras y consensuar los mecanismos a aplicar con el fin de reducir el alto grado de temporalidad que afecta a empleadas y empleados públicos del Archipiélago.

Durante dicha reunión, en la que Torres ha estado acompañado por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez; el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de la Función Pública, Montserrat García, el jefe del Ejecutivo canario ha emplazado a quienes han participado en la mesa de negociación a cumplir los plazos concretos fijados por la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público, una vez que hay acuerdo en los puntos básicos y se ha alcanzado el consenso en la necesidad de resolver un problema muy grave que afecta a miles de familias en Canarias.

Según ha recordado Torres, dicha norma establece como fechas clave que antes del 1 de junio deben estar aprobadas las ofertas de empleo público y el 31 de diciembre de este año las bases, para que los procesos de selección estén terminados en diciembre de 2024. Tenemos un problema, ha dicho, que “nos obliga a implicarnos a todos y coordinarnos para buscar una solución”.

Al igual que el presidente, el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha manifestado la importancia de poner en marcha un espacio de diálogo y entendimiento en el que se fijen los procedimientos necesarios que deben llevarse a cabo y ha subrayado que “la eliminación de la temporalidad abusiva no es solo una prioridad del Gobierno, sino una condición imprescindible para poder abordar otros retos inesperados a los que se enfrenta el actual modelo de administración pública”. En este sentido, ha señalado la importancia de establecer criterios que proporcionen seguridad jurídica y procedimientos que den solución al mayor número de empleados y empleadas públicos.

Por parte de la Fecai, la vicepresidenta del Cabildo de Tenerife, Berta Pérez, ha agradecido al presidente del Gobierno la oferta de coordinar los criterios que se van a aplicar para solucionar un problema tan importante y que se lleva tanto tiempo tratando de resolver. Ha abogado por buscar un común denominador que beneficie a todas las partes, partiendo de que la ley impone unas medidas y crea unas obligaciones.

En nombre de la Fecam, su presidenta, María Brito, que ha estado acompañada del alcalde de La Aldea, Tomás Pérez, ha hecho hincapié en la necesaria coordinación de Gobierno, cabildos y ayuntamientos, ya que la norma recoge que las corporaciones municipales pueden delegar este proceso en los cabildos y ha destacado la necesidad de unificar criterios para evitar dar pie a agravios entre administraciones.

Fuerzas sindicales

Fran Bautista, en representación de UGT, ha agradecido la puesta en marcha de una mesa de diálogo, por la necesidad de que todas las administraciones se coordinen para solucionar una situación tan grave que sufren tantos trabajadores y trabajadoras, y ha pedido evitar pelearse por criterios razonables. Ha animado a aprovechar las ventajas que da la ley para estabilizar empleo público y ha recordado que existen miles de trabajadores y trabajadoras -unos 25.000 solo en la Administración autonómica, incluyendo Educación y Sanidad-, y familias esperando una solución.

Para CCOO, “no se puede perder esta oportunidad de crear seguridad donde hay inseguridad”, según su representante Juan Miguel Suárez; por eso, ha apuntado que “toca ponerse las pilas para llegar a tiempo”. Desde una actitud positiva, ha comentado que “esta es la ley que tenemos y el marco a utilizar para que al final del camino se pueda resolver un problema que padecemos. Hoy estamos dando un paso importante y necesario”, ha resaltado.

Desde SEPCA, José Mascarell ha ofertado al presidente su colaboración para buscar una solución a un problema de gestión de recursos humanos en la administración pública que se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. “Nos va a tener a su lado”, ha dicho, a la vez que ha propuesto aprovechar la flexibilidad del marco jurídico en el que hay que trabajar y evitar las restricciones.

Por parte del CSIF, Francisco Elías Martín ha agradecido el encuentro, ya que “hacía falta llegar a un entendimiento entre todas las partes implicadas”, y ha explicado que la ley da derecho a estabilizar, pero hay que explicar qué sistema se va a aplicar y aclarar las interpretaciones que puedan surgir, con el fin de dar garantía jurídica a todos los trabajadores y trabajadoras que se van a estabilizar.

Pedro Pablo Medina, en nombre de Intersindical Canaria (IC), se ha mostrado abierto a buscar una salida que dé solución a miles de trabajadoras y trabajadores públicos, la mejor posible, y ha recalcado que “se trata de dar solución a miles de situaciones personales que nunca han sido responsabilidad de quienes las padecen”. Ha celebrado que se coordinen todos los procesos y ha manifestado su interés en buscar la manera de dar respuesta al problema que nos enfrentamos.

A la mesa de negociación convocada por Ángel Víctor Torres siguió otra reunión, de carácter más técnico, en este caso encabezada por el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, en la que estuvieron presentes representantes de Fecai, Fecam y los sindicatos antes citados.

Jornada empleo público

Por otra parte, mañana está prevista la celebración de una jornada sobre ‘El empleo en el sector público: el gran reto de las administraciones’, organizada por la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios, en la sede de Presidencia del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife, a partir de las 9:00 horas, a la que, hasta el momento, se han inscrito ya casi 800 personas, y en la que se pretende analizar la evolución y marco jurídico del empleo público.

Inauguradas por Julio Pérez, junto con la directora general de Modernización y Calidad de los Servicios, Alicia Álvarez, contará con la presencia de la catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia Remedios Roqueta, que expondrá los procesos de estabilización y consolidación de empleo temporal de la Ley 20/2021.

Están previstas, igualmente, dos mesas redondas, moderadas por la también catedrática de Derecho del Trabajo de la Universidad de La Laguna (ULL) Margarita Ramos, en las que se analizarán, por un lado, la negociación colectiva como mecanismo para evitar las altas tasas de temporalidad en el sector público y, por otro, el empleo en el sector público como el gran reto para las administraciones públicas.

En la primera participarán representantes de los sindicatos CSIF, IC, SEPCA, CCOO y UGT. En la segunda intervendrán la subdirectora de Planificación y Racionalización de Empleo Público de la Dirección General de Función Pública del Gobierno de Canarias, Dolores Alonso, el director de Función Pública y Nuevas Tecnologías del Cabildo de Gran Canaria, José María Cabrera, la vicesecretaria de la Diputación de Palencia, Virginia Losa, y el secretario general del Ayuntamiento de Torrelodones, Fernando Giner.

La clausura de la jornada correrá a cargo del viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, y la directora general de Función Pública, Montserrat García.

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El Gobierno analiza con cabildos y ayuntamientos la futura ley de Políticas de Juventud de Canarias

El Gobierno analiza con cabildos y ayuntamientos la futura ley de Políticas de Juventud de Canarias

El anteproyecto de esta norma atribuye competencias propias a los municipios y cabildos insulares

Juventud estima que la nueva ley prevé la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las corporaciones locales en su gestión

El Gobierno de Canarias ha reunido este miércoles al Consejo de Colaboración Insular y al Consejo Municipal de Canarias, en sesiones separadas, para analizar con cabildos y ayuntamientos, respectivamente, el anteproyecto de ley de Políticas de Juventud de Canarias, que atribuye a las corporaciones insulares y locales competencias propias en esta materia.

Presididas por el titular de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, ambas reuniones han tenido como objeto revisar los informes emitidos por la Dirección General de la Juventud sobre la documentación solicitada por este departamento, durante la tramitación del expediente relativo al anteproyecto de ley, así como la valoración efectuada por este centro directivo a las alegaciones realizadas tanto por los cabildos insulares, en concreto los de Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria y La Palma, como por la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

En cuanto a la petición efectuada por la Viceconsejería de Administraciones Públicas y Transparencia, referida al impacto financiero de la futura ley en los ingresos y gastos de otras administraciones, la Dirección General de Juventud estima que, en los términos en que está redactado el anteproyecto, la nueva ley prevé la dotación de los recursos suficientes para cumplir los principios de estabilidad, sostenibilidad financiera y eficiencia del servicio o la actividad, al igual que los medios necesarios para asegurar la suficiencia financiera de los municipios en su gestión.

La Dirección General de Juventud ha reiterado su compromiso a consultar a la Fecam en el desarrollo reglamentario de esta norma y a tener en cuenta la propuesta sobre las características de la financiación del Circuito cultural MARES por parte del Gobierno, una vez se desarrolle el Plan Integral de Juventud.

Las demandas de los cabildos insulares han estado centradas en los resultados y objetivos desarrollados durante la ejecución del proyecto denominado “Elaboración participativa de la Ley de Políticas de Juventud de Canarias”, de los que ha dado cuenta la directora general de Juventud, Laura Fuentes, presente en ambas sesiones, al igual que el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez. A la segunda de ellas también han asistido la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, Noemí Santana, y la presidenta de la Fecam y alcaldesa de Candelaria, María Brito.

La nueva norma viene a reemplazar la Ley 7/2007, de 13 de abril, que acumula ya casi 15 de años de existencia, periodo en el que han sido significativos los cambios experimentados en el entorno social, económico y cultural que afecta a la juventud canaria. Su objetivo es dar respuesta a la nueva situación a través de un marco normativo que resulte adecuado y operativo.

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Derechos Sociales pacta con los Cabildos insulares ampliar por un año el Plan de Infraestructuras Sociosanitarias

La Consejería de Derechos Sociales acuerda con la Fecai extender su desarrollo hasta 2024 a través de una adenda que se prevé firmar a finales del presente mes

Noemí Santana señala que esta medida supondría un mejor margen de ejecución para los gobiernos insulares en las gestión de plazas sociosanitarias

La Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias ha acordado con la Federación Canaria de Islas (Fecai) ampliar por un año el Plan canario de Infraestructuras Sociosanitarias, con lo que este se extendería hasta 2024. Este acuerdo ha quedado escenificado en una reunión sostenida este viernes, 15 de octubre, entre la consejera Noemí Santana y el presidente de la Fecai, Pedro Martín, en la que también estuvieron presentes la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez y la consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Marián Franquet.

La nueva adenda al Plan se firmará a finales del presente mes de octubre, otorgando un mejor plazo de ejecución a los Cabildos insulares para optimizar el desarrollo del mismo. El Plan contempla la creación de nuevos centros de atención sociosanitaria y la mejora de recursos ya existentes, con la ampliación y el incremento hasta un total de 5.466 nuevas plazas de atención, tanto en recursos residenciales como en centros de día para personas mayores y personas con discapacidad. Con la firma de estas adendas se amplía el plazo de ejecución y las anualidades.

Noemí Santana valoró positivamente este nuevo escenario, que se verá complementado con otra serie de medidas dirigidas a mejorar la gestión de plazas sociosanitarias en Canarias. “Hemos solicitado a las instituciones insulares que nos hagan llegar qué capacidad de ejecución tienen para valorar añadir a estas medidas la posibilidad de ampliar las camas sociosanitarias existentes en estos momentos a través de la llegada de fondos europeos”, subrayó.

Durante la reunión también se abordaron cuestiones como la ‘Adenda Cartera’. Esta permitiría aumentar el coste-plaza para personas dependientes o con discapacidad y permitiría al Gobierno de Canarias ponerse al día con las entidades del Tercer Sector que colaboran con el Ejecutivo regional en la gestión de estos recursos saldando una deuda histórica pendiente hace muchos años.

En el orden del día de la reunión entre la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y la Federación de Cabildos Insulares también se trataron otras cuestiones de interés para ambas admnistraciones, como la acogida de menores migrantes.

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Economía analiza con la FECAI la evolución dispar de los precios de los combustibles en los mercados insulares

Elena Máñez y Almudena Estévez en la reunión con la Fecai

El departamento dirigido por Elena Máñez expone a la Federación Canaria de Islas los informes encargados a la Fundación Universitaria de Las Palmas y al gabinete de estudios Aeconomía XXI

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Elena Máñez, analizó este miércoles con responsables de la Federación Canaria de Islas (Fecai) la dispar evolución de los precios de los combustibles en los diferentes mercados insulares del Archipiélago mediante la exposición de los dos informes encargados por la administración autonómica a la Fundación Universitaria de Las Palmas y al gabinete de estudios Aeconomía XXI.

Acompañada por la viceconsejera de Economía e Internacionalización, Almudena Estévez, Elena Máñez se reunió por medios telemáticos con el  presidente de turno de la Fecai y del Cabildo de La Palma, Mariano Hernánde, así como con  los demás Presidentes de los Cabildos , por parte  de Gran Canaria, Antonio Morales; el vicepresidente segundo del Cabildo de Fuerteventura, Andrés Brianso,de Lanzarote, María Dolores Corujo, de Tenerife, Pedro Manuel Martín, La Gomera, Casimiro Curbelo Curbelo, y por parte del Cabildo de El Hierro, Alpidio Armas.

Además, la consejera autonómica incluyó en el encuentro solicitado por la Fecai a la gerente de Aeconomía XXI, María Dolores Rodríguez, y a los profesores tanto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Juan Luis Jiménez como de la Autònoma de Barcelona (UAB) Jordi Perdiguero para detallar las principales conclusiones de los informes independientes, disponibles en la web institucional https://www.gobiernodecanarias.org/economia/estudios

Ambos estudios exponen la disparidad existente entre los precios de los carburantes, más elevados en las denominadas islas verdes (La Gomera, La Palma y El Hierro) que en el resto de las islas, y coinciden en la necesidad de mejorar la competencia en los distintos territorios insulares, en especial en los occidentales.

Elena Mánez manifestó que se han mantenido reuniones con la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, trasladando la preocupación del Gobierno de Canarias sobre cómo las personas consumidoras de estas islas se pueden ver afectadas por el incremento de precios. En este sentido, la CNMC ha asignado un expediente de investigación para analizar la posible causa de abuso de competencia y poder regular el mercado de carburantes en las islas.

Los representantes de la Fecai agradecieron la iniciativa y los presidentes de los cabildos de las islas afectadas realizaron varias propuestas que se debatirán en una próxima reunión de la federación para, de manera paralela a las actuaciones de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, seguir avanzando en mejorar la situación de aquellos sectores económicos estratégicos que se ven afectados por el incremento de precios.

El resto de representantes de las corporaciones insulares se solidarizaron con las iniciativas planteadas, emplazando a su inclusión una nueva reunión que permita abordar también la propuesta hecha por parte del Gobierno sobre la constitución de un grupo de trabajo multidisciplinar que permita la entrada de nuevos operadores en el mercado de carburantes, así como otras acciones a favor de una mayor competencia.

Asimismo, la consejera destacó la importancia de la creación del Consejo Canario de Defensa de la Competencia, propuesta en la que ya se está trabajando en cumplimiento del artículo 120 del nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, y subrayó la relevancia de este órgano para corregir las desviaciones detectadas en el correcto funcionamiento de los mercados y conocer los defectos que padece el sistema económico para actuar sobre ellos.

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Canarias estudia añadir los 80 millones del FDCAN a las ayudas de emergencia ya aprobadas

Comparecencia Ángel Víctor Torres

El Ejecutivo autonómico, cabildos y ayuntamientos acuerdan buscar una fórmula para que el Fondo de Desarrollo de Canarias de 2021 sea redirigido a ayudas sociales y a los sectores económicos más afectados

Ángel Víctor Torres asegura que las medidas en Canarias están dando resultado en las últimas tres semanas y “parece que la curva empieza ya a ser doblegada”

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha mantenido este miércoles dos reuniones para trasladar a los cabildos y ayuntamientos canarios los detalles del plan autonómico de medidas extraordinarias de ayuda a los sectores más afectados por las consecuencias de la pandemia y las restricciones sanitarias aplicadas en el Archipiélago. Un plan que contempla 165 millones de euros en ayudas directas y 235,8 millones de aplazamiento fiscal, lo que suma un total de 400,8 millones de euros.

Tras los encuentros con la Federación Canaria de Islas (Fecai) y la Federación Canaria de Municipios (Fecam), se ha alcanzado un acuerdo unánime para hacer el mayor esfuerzo posible en la búsqueda de recursos para paliar los efectos de la crisis generada por la pandemia. Por esa razón, las instituciones canarias estudiarán una redefinición del Fondo de Desarrollo de Canarias (FDCAN) para “añadir los 80 millones de euros de 2021 al plan de ayudas extraordinarias, aprobado por el Gobierno de Canarias”, apuntó el presidente.

En las reuniones, que se han desarrollado desde la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, y de forma telemática, se han abordado otros asuntos como le evolución de la pandemia. Al respecto, el jefe del Ejecutivo canario se mostró optimista porque “las medidas que se han adoptado en las Islas están dando resultado y durante las tres últimas semanas los datos han mejorado”, y añadió que “parece que la curva en Canarias empieza a ser doblegada”, si bien apeló a mantener el compromiso de la ciudadanía canaria en el cumplimiento de las normas para poder recuperar así, lo antes posible, la normalidad social y económica.

En cualquier caso, el presidente matizó que hay que esperar a tener los datos actualizados en el Consejo de Gobierno de mañana, con los informes del Comité Científico, para tomar decisiones respecto a las restricciones actuales.

Rechazo unánime a cualquier muestra de racismo y xenofobia

Ángel Víctor Torres, en su comparecencia posterior, también destacó que la Fecai, la Fecam y el Gobierno de Canarias han mostrado su rechazo unánime a la xenofobia y el racismo “porque la sociedad canaria se define mayoritariamente como todo lo contrario: una sociedad tolerante, democrática y solidaria”. El presidente destacó que “la demostración de que la sociedad canaria está convencida en su defensa de los Derechos Humanos es que el Parlamento, de forma unánime, convalidó un decreto-ley del Gobierno de Canarias que determina que, ante la ausencia de espacios, los menores migrantes no acompañados puedan ser acogidos en espacios alojativos”.

El presidente de Canarias también reconoció públicamente el trabajo que hacen diariamente los cabildos y los ayuntamientos en la defensa de los Derechos Humanos. Además, “seguiremos demandando que haya una respuesta adecuada, y que se activen los mecanismos de vigilancia, acogimiento, repatriación, derivación y tránsito reglado al resto del territorio español y de la Unión Europea”, apuntó. Por último, también volvió a reclamar la solidaridad interterritorial y el compromiso de otras comunidades, algo para lo que ya ha habido una respuesta favorable desde Castilla y León y el País Vasco, cuyos gobiernos están dispuestos a acoger en esas comunidades a menores migrantes que están en estos momentos en Canarias.

En las reuniones de hoy con los cabildos (Fecai) y ayuntamientos (Fecam), por parte del Gobierno de Canarias han intervenido también el vicepresidente del Gobierno y consejero de Hacienda, Román Rodríguez; la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana; la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez; y la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla.

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El Gobierno ultima el documento final del Plan para la Reactivación Social y Económica por la crisis de la COVID-19

Plan de Reactivación - Canarias

Ese trabajo, que se someterá en dos semanas al análisis de los participantes en el Pacto en busca del consenso final, luego se elevará a la aprobación del Consejo de Gobierno y de ahí pasará al Parlamento de Canarias

El viceconsejero de la Presidencia recalca que se incluirán todas las aportaciones de los firmantes del Pacto y habrá un control exhaustivo de las medidas y ejes incluidos

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, participó esta tarde en otra reunión de la comisión de preparación del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias por la crisis desatada debido a la pandemia de la COVID-19. Tras el Consejo de Gobierno celebrado en Santa Cruz de Tenerife, que tendrá continuidad en la tarde de mañana, viernes 4 de septiembre, precisamente por solaparse con esa reunión de trabajo, la cita sirvió para que el Ejecutivo regional anunciara que el último borrador del Plan estará cerrado, con partidas concretas, en dos semanas. Entonces, se someterá al análisis de los integrantes en busca del consenso final, lo que se hará en una nueva reunión, y el documento resultante se elevará al Consejo de Gobierno y de ahí saldrá hacia el Parlamento de Canarias.

El Ejecutivo autonómico trasladó esa fecha a los grupos parlamentarios (PSOE, CC, NC, Sí Podemos y ASG), a representantes de los cabildos (Fecai), municipios isleños (Fecam), entidades empresariales (CEOE y CCE), sindicatos (UGT y CCOO), cámaras de comercio, Tercer Sector y los colegios profesionales de Trabajo Social, que fueron los que firmaron el pasado 30 de mayo dicho Pacto.

Según explicó el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, tras la reunión, se trata de la “penúltima” cita de trabajo de este Plan, que también sirvió para abordar el enfoque en el periodo 2021-23, centrándose en las prioridades y las líneas con continuidad a partir de este 2020 “tan duro”.

Olivera recalcó que el documento a presentar en dos semanas incluirá las aportaciones que hagan todos los participantes en el Pacto, con el fin de elevarlo cuanto antes al Consejo de Gobierno para su aprobación inicial, pasando luego por el Parlamento canario para su debate y volviendo al Ejecutivo regional para su respaldo definitivo. Ese último borrador, según indicó Olivera, incluirá las medidas urgentes que ya se están desarrollando “y el resto de elementos de planificación para los próximos años”.

El proyecto contará también con un modelo de gobernanza, control y seguimiento de sus iniciativas con el fin de que se pueda hacer una fiscalización “pormenorizada y en tiempo real” de todo lo contemplado. El viceconsejero anunció dos próximas semanas “muy activas” para cerrar el borrador definitivo.

Ante los medios de comunicación, Olivera añadió que en la reunión se analizó la difícil situación que está atravesando el turismo y sus subsectores vinculados en Canarias. Según dijo, se trata de una caída generalizada en todo el mundo “porque la gente no quiere viajar. Se está reservando para más adelante y, por tanto, hay un problema de demanda”. Por eso, consideró que, para la recuperación turística, resulta clave “poner bajo control los parámetros sanitarios. Seguramente ya no importa única y exclusivamente lo que haga Canarias, que haremos todo lo que esté en nuestra mano -subrayó- para que las idas y venidas de turistas sean lo más seguras posibles, sino que vamos a necesitar que en el conjunto de la economía global, al menos en la europea, se recobre la confianza y la gente quiera volver a viajar y disfrutar de las ventajas de nuestro clima”.

Aparte del presidente Torres y Olivera, a la cita de hoy acudió por parte del Gobierno su vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez; la responsable de Turismo, Yaiza Castilla, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, y el viceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez.

 

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Canarias contará con un PIEC COVID-19 dotado con 42 millones para impulsar políticas activas de empleo

Elena Máñez

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, valora la premura del Gobierno de España al aprobar el Plan Integral de Empleo, “una muestra de sensibilidad con la especificidad de Canarias en la crisis de la pandemia”

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, valoró este martes la aprobación por parte del Consejo de Ministros del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) 2020, que permitirá la transferencia a Canarias de 42 millones de euros para políticas activas de empleo orientadas a combatir el desempleo y acompañar a las personas trabajadoras en el tránsito de la crisis de la COVID-19. Así, la consejera destacó “la premura” con la que el Gobierno de España ha dado luz verde al PIEC, lo que supone “una muestra de sensibilidad por parte del Estado con las especificidades canarias en el marco de la pandemia”.

A falta de la firma del convenio para la transferencia de los fondos, que se prevé tenga lugar en las próximas semanas, Máñez destacó que el Ejecutivo estatal “ha cumplido su compromiso con el Archipiélago” y Canarias ya cuenta “con un PIEC COVID-19, un instrumento fundamental para hacer frente a la crisis y ofrecer a las personas desempleadas de las Islas todas las garantías necesarias para superarla, avanzando de esta manera en las acciones previstas en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias”.

En este sentido, la consejera detalló que gracias a los 42 millones del PIEC se pondrá en marcha la nueva edición del Plan Extraordinario de Empleo Social (PEES), dotado con 20 millones de euros, y del Plan Extraordinario de Empleo COVID-19 (PECOVI), dotado con 10 millones de euros y destinado a la contratación de personas desempleadas como consecuencia de la pandemia. Ambas medidas fueron presentadas recientemente a la Federación Canaria de Municipios (Fecam).

Asimismo, los fondos del PIEC permitirán articular el Plan Extraordinario de Transición Ecológica (PETE) con los cabildos insulares, presentado también la semana pasada, que estará dotado con 5 millones de euros; un plan de choque de formación en los sectores económicos más afectados por el cierre de empresas a causa de la pandemia, dotado con 2 millones de euros; y un plan para la modernización de las oficinas de empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), dotado con 1 millón de euros. Las partidas se completan con un paquete de medidas para impulsar proyectos de empleo y apoyo a pymes y personas trabajadoras autónomas, por importe de 4 millones de euros.

Negociación con el Ministerio

Máñez explicó que la aprobación del PIEC para 2020 es fruto del diálogo permanente y de las negociaciones entabladas por el Gobierno de Canarias con el Ministerio de Trabajo y Economía Social, gestiones que “han permitido agilizar el procedimiento y tener los fondos autorizados dos meses antes que el año pasado”. En esta línea, destacó también la importancia del diálogo social a la hora de definir las políticas activas de empleo necesarias para plantar cara a la COVID-19 y para lograr la aprobación, “con la máxima celeridad”, del nuevo Plan Integral de Empleo de Canarias.

“Esta apuesta por la búsqueda de soluciones compartidas y por defender el hecho diferencial de Canarias, siempre desde el diálogo, nos ha permitido contar ya, en el mes de julio, con estos fondos tan necesarios para nuestra comunidad autónoma”, concluyó.

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El Plan de Reactivación Social y Económica contempla hasta la fecha 914 millones en acciones concretas para 2020

Mesa de seguimiento del Pacto de Canarias

A esa cantidad se añadirán partidas adicionales que pueden estar por encima de los 400 millones en este mismo ejercicio

El presidente de Canarias avanza las primeras 247 medidas con ficha financiera que forman parte del Plan en su fase A, entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre, a las que se seguirán sumando otras

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha convocado en la tarde de este lunes, 13 de julio, una mesa de diálogo institucional con todos los firmantes del Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias. En esta mesa de seguimiento se ha analizado la ejecución de las medidas contempladas en el Pacto suscrito el pasado 30 de mayo por la mayoría de los grupos parlamentarios canarios (PSOE, CC, Nueva Canarias, ASG y Sí Podemos), los cabildos (Fecai), los municipios (Fecam), las principales centrales sindicales (UGT y CCOO), la patronal (CEOE y CCE), las cámaras de comercio, el Tercer Sector y los colegios profesionales de Trabajo Social.

En el encuentro, celebrado en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, se ha planteado la dinámica para el seguimiento del Pacto y de las medidas contempladas en el Plan que está resultando de ese compromiso. “Un Plan para la Reactivación Social y Económica”, explicó el presidente de Canarias, “que ya comenzó a aplicarse desde el 14 de marzo, día en que se decretó el estado de alarma por la COVID-19”.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha propuesto que el Plan se desarrolle por fases. La primera, la fase A, es la que engloba todas las acciones que se efectuarán este año, subdividida, a su vez, en dos tramos temporales: las medidas que se han tomado desde el 14 de marzo hasta el 14 de julio y las que se van a llevar a cabo desde el 14 de julio hasta el 31 de diciembre. La fase B del Plan comenzará en 2021 y tendrá vigencia hasta el final de la legislatura, en 2023.

Desde el Gobierno de Canarias se han analizado las líneas de trabajo que cuentan ya con ficha financiera y que han sido impulsadas en la fase A.

En un primer balance se han contabilizado 247 medidas que giran en torno a 106 ejes de actuación y que están cuantificadas en 914.459.441 euros con fondos generados por el Gobierno de Canarias.

Todas esas medidas, a las que se irán sumando otras, están encuadradas en las siete prioridades estratégicas que establece el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias:

1)    Conservar los servicios públicos fundamentales:

10 ejes / 49 medidas / 29,8 millones de euros

2)    Reforzar las capacidades sanitarias y sociosanitarias:

16 ejes / 52 medidas / 18,1 millones de euros

3)    Atender a los más vulnerables:

3 ejes / 8 medidas / 45 millones de euros

4)    Mantener y recuperar el empleo:

17 ejes / 25 medidas / 75,8 millones de euros

5)    Impulso de la actividad económica:

45 ejes / 82 medidas / 545,21 millones de euros

6)    Agilizar, simplificar, cooperar y coordinar los trámites administrativos:

8 ejes / 15 medidas / 200,3 millones de euros

7)    Impulsar la Agenda 2030 en Canarias con sus objetivos de desarrollo sostenible:

7 ejes / 16 medidas

Agilización administrativa y ejecución presupuestaria

En la reunión de seguimiento, el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, dio detalles del estado de ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 y destacó que, “a pesar de haber vivido un parón total de la actividad con el estado de alarma por la pandemia, estamos por encima de los niveles de ejecución presupuestaria que había el año pasado por estas fechas”.

Antonio Olivera recalcó que hasta el mes de junio los gastos en servicios esenciales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) se han incrementado el 7,1 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior (193,4 millones más). En cuanto a las inversiones reales, el incremento con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior ha sido del 29,4 por ciento en su ejecución (14,2 millones más). Ha habido un mayor grado de gasto registrado a mitad de año que “también corrobora el cumplimiento de uno de los compromisos que se adquirieron en el Pacto firmado el 30 de mayo: el de agilizar los procedimientos administrativos”, añadió Ángel Víctor Torres.

Certidumbres económicas

Desde que se firmara el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias el Día de Canarias, se han producido acuerdos, reuniones y anuncios por parte de la administraciones autonómica y estatal, que han contribuido a generar más certidumbre económica. Uno de esos anuncios fue la creación de un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros por parte del Gobierno de España, a distribuir entre las comunidades autónomas. De los cálculos realizados según los criterios establecidos de reparto, se concluye que Canarias recibirá una cuantía global de 549,6 millones de euros, de los que 373 millones son recursos adicionales que se destinarán a la adopción de medidas vinculadas al Plan para la Reactivación Económica y Social de Canarias.

Otra de las certidumbres con las que cuenta Canarias es que podrá hacer uso del superávit y la administración autonómica no estará obligada a aumentar las cantidades destinadas a amortización de deuda.

A esto hay que sumar, dentro del superávit, la posibilidad de usar los 500 millones de euros de la sentencia de carreteras. Además, la información procedente de las diferentes consejerías del Gobierno de Canarias indica que los reajustes presupuestarios pueden permitir disponer de una cantidad que estaría entre los 100 y los 150 millones de euros adicionales para este ejercicio.

El presidente de Canarias aseguró que este es “un plan vivo, cambiante, sujeto a ingresos adicionales que puedan darse, pero también a imprevistos presupuestarios a los que haya que hacer frente por un brote o rebrote”. Ángel Víctor Torres también apuntó que se trata de “un documento abierto y participativo en el que, además de dar cuenta de las cifras del Gobierno, también se da la oportunidad de que los firmantes hagan sus aportaciones y trasladen qué contribuciones están haciendo para el cumplimiento del Pacto”.

La voluntad del Ejecutivo es que el documento que resulte de estas reuniones de trabajo pueda ser aprobado en septiembre en el Consejo de Gobierno y que, posteriormente, sea sometido a la consideración de todos los partidos representados en el Parlamento.

Una nueva reunión el 6 de agosto

La próxima reunión de seguimiento del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias se celebrará el 6 de agosto en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife. En ese segundo encuentro se hará un nuevo balance de las medidas aplicadas en la fase A, se recogerán las aportaciones que hagan los firmantes según el documento presentado hoy y se analizarán los efectos de las medidas adoptadas hasta el momento.

Asimismo, en la próxima cita se estudiarán los acuerdos que se adopten en el Consejo Europeo próximo en torno al plan de reconstrucción europeo 2021/2023.

Participantes:

PRESIDENTE DE CANARIAS

  • Ángel Víctor Torres Pérez

VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS

  • Román Rodríguez Rodríguez

CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD

  •  Noemí Santana Perera

CONSEJERA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

  • Yaiza Castilla Herrera (por videoconferencia)

VICECONSEJERO DE LA PRESIDENCIA

  • Antonio Olivera Herrera

CEOE

  • José Carlos Francisco Díaz

CCE

  • Agustín Manrique de Lara

CC.OO

  • Inocencio González

UGT

  • Francisco Bautista Yánez

FECAI

  • María Dolores Corujo. Presidenta

FECAM

  • Mari Brito. Presidenta Fecam

TERCER SECTOR

  • Antonio Rico. Representante del tercer sector. Presidente Cruz Roja

TRABAJO SOCIAL

  • Laura Monroy (Colegio Trabajo Social de Las Palmas). Representa a los colegios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

PORTAVOCES GRUPOS PARLAMENTARIOS

  •  PSOE: Nira Fierro.
  • SÍ PODEMOS CANARIAS: Manuel Marrero
  • NC: Luis Campos
  • ASG: Melody Mendoza
  • CC: José Miguel Barragán

CÁMARAS DE COMERCIO

  • José Sánchez Tinoco. Presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas.
  • Santiago Sesé (por videoconferencia) Presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

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Los apoyos que Canarias reciba del plan nacional para el turismo se completarán con otro programa específico

Los apoyos que Canarias reciba del plan nacional para el turismo se completarán con otro programa específico

El presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, anuncia que esa actuación especial como región RUP se prevé costear con parte de los 750.000 millones de euros que llegarán a España del plan de reconstrucción de la UE por la COVID-19

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, presidió este lunes en Las Palmas de Gran Canaria la primera reunión de la Conferencia de Presidentes de Cabildos, que se creó tras la reforma del Estatuto de Autonomía aprobada en octubre de 2018. Al término de esa reunión, que tuvo lugar en la sede de Presidencia del Gobierno, Torres trasladó que había informado a los titulares de los siete cabildos, de los que cinco estuvieron de forma presencial en la cita y dos participaron a través de videoconferencia (el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y la presidenta de la Corporación lanzaroteña, María Dolores Corujo), que el Archipiélago sumará a los apoyos del plan nacional para la reactivación del turismo que presentará este jueves el Ejecutivo central otro programa singular de ayudas, propio de Canarias como región ultraperiférica (RUP), que se financiará con parte de la cantidad que llegue a España (se prevé que reciba unos 140.000 millones) de los 750.000 millones de euros del fondo para la reconstrucción de la Unión Europea (UE).

El titular del Gobierno de Canarias hizo este anuncio en la rueda de prensa posterior a esa Conferencia, en la que también intervino el presidente de la Federación Canaria de Cabildos (Fecai) y de la Corporación insular gomera, Casimiro Curbelo.

Torres subrayó una serie de acuerdos alcanzados en el seno de esa convocatoria, entre ellos la creación de una comisión técnica entre los cabildos y el Gobierno de Canarias, con inicio en fecha inmediata, para “arbitrar un mecanismo que genere la mayor transparencia posible en el capítulo del Bloque de Financiación Canario”. A ese pacto se unió la configuración de otra comisión, también integrada por las dos partes, para el estudio de las competencias transferidas desde la Comunidad Autónoma a los cabildos insulares y las necesidades de financiación de éstas.

A esos dos elementos, el presidente de Canarias añadió otros consensos, como el hecho de que todos los cabildos apoyen las medidas y los mecanismos desplegados por el Gobierno de Canarias para el control de la actual crisis sanitaria, a lo que además se ha unido la necesidad de diseñar un plan por islas para atajar la sequía, con mayor afección en unas que en otras, como es sabido. Esta cuestión ya se abordará en una reunión próxima de los Consejos Insulares de Aguas.

Junto a todas esas cuestiones, Ángel Víctor Torres expuso otras como los acuerdos alcanzados en torno al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y a un mecanismo para el aplazamiento y fraccionamiento de la liquidación negativa que los cabildos deben devolver a la Comunidad Autónoma con cargo al ejercicio fiscal cerrado de 2019, cifrada en unos 49 millones de euros.

El presidente de Canarias además trasladó la seguridad y el compromiso de que todos los fondos públicos que lleguen a las Islas en el actual periodo, caracterizado por la pandemia de la COVID-19 y sus efectos, serán compartidos con los cabildos y los ayuntamientos atendiendo a las competencias que gestionen ambas corporaciones. También avanzó que el viernes de esta semana se reunirá con los representantes de las corporaciones municipales del Archipiélago, integradas en la Fecam, con el mismo objetivo: consensuar y alcanzar acuerdos que sean de utilidad para el desarrollo de Canarias.

Los apoyos que Canarias reciba del plan nacional para el turismo se completarán con otro programa específico
Los apoyos que Canarias reciba del plan nacional para el turismo se completarán con otro programa específico

Contacto con la ministra de Turismo, Reyes Maroto

El titular del Ejecutivo autonómico se refirió además esta tarde al contenido de una charla telefónica mantenida con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la que Torres se felicitó por la presentación del plan nacional para la reactivación del turismo y confirmó la existencia de uno específico para Canarias como región ultraperiférica de la UE, lo que permitirá a las Islas completar los apoyos públicos concebidos por el primero con los recursos que llegarán con cargo al segundo. Estos provendrán del plan de reconstrucción de la UE por la COVID-19, cifrado en su totalidad en 750.000 millones de euros y de los que España espera captar en torno a 140.000 millones.

En esa misma conversación, el presidente Torres se volvió a mostrar partidario de la realización de test en origen para detectar la COVID-19 a los turistas, aunque reconoció que eso “ya no será posible” por decisión de la UE, y ello pese a que Canarias entienda que es la “fórmula más adecuada para garantizar la seguridad sanitaria ante la amenaza del coronavirus”.

El presidente de Canarias indicó que la Comunidad Autónoma no tiene competencias para implantar los test en destino a los turistas y además confirmó que el nuevo Estatuto de Autonomía solo fija la posibilidad de colaborar con Sanidad Exterior, un organismo que depende del Estado, en ese tipo de actuaciones.

Torres enumeró las condiciones en que, según ha establecido la UE, los turistas comunitarios, los más importantes para Canarias, pueden entrar en las Islas: con una declaración responsable sobre la COVID-19 y con controles de temperatura. Pese a ello, Canarias “va a intentar”, indicó Ángel Víctor Torres, que “las pruebas para detectar la COVID-19 se puedan realizar en destino”. “Lo vamos a intentar hasta el último momento porque ello aporta seguridad al turista y a todos los canarios”, remarcó.

El presidente canario dijo que, como ya habían señalado responsables de Madeira en una reunión bilateral reciente, “preferimos invertir en test antes que en paro, a lo que yo añado: ‘Preferimos invertir en test antes que en paro y en tener hospitales con problemas gravísimos y fallecidos como consecuencia de la COVID-19”.

Ángel Víctor Torres también confirmó la visita de los Reyes a Canarias el 23 de junio, la primera comunidad autónoma en que estarán don Felipe y doña Letizia tras concluir el estado de alarma el 21 de junio próximo en toda España.

Algunas valoraciones de la Fecai

En su intervención ante los medios de comunicación, el presidente de la Fecai, Casimiro Curbelo, afirmó que la reunión de la Conferencia había servido para analizar cuestiones de gran calado, como la migración, la renovación de los ERTE, la situación del turismo, el superávit, los remanentes y el endeudamiento…

Curbelo, en representación de los siete cabildos, aplaudió el logro de Canarias de conseguir que en la partida de los 16.000 millones de euros no reembolsables que repartirá el Estado entre las comunidades autónomas, distribución que está previsto aprobar mañana, martes, en el Consejo de Ministros a través de un real decreto-ley, se incluyan 800 millones destinados al transporte en toda España, de los que la parte canaria llegará a los cabildos insulares sobre todo para atender cuestiones relacionadas con el transporte por carretera por ser ésta una competencia de las corporaciones insulares.

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El presidente de Canarias entrega el documento base del Pacto para la Reactivación Social y Económica

El presidente de Canarias entrega el documento base del Pacto para la Reactivación Social y Económica

La propuesta del Ejecutivo se conoció y explicó esta tarde por Ángel Víctor Torres en una reunión por videoconferencia; el documento inicial prevé una batería amplia de medidas para reforzar el sistema sanitario, proteger a los ciudadanos y empresas más vulnerables y reactivar la actividad económica, de manera especial el turismo

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, presentó y explicó esta tarde, viernes Primero de Mayo, el documento que el Gobierno autonómico ha redactado como punto de partida y con múltiples aportaciones para la posterior aprobación por consenso del Pacto para la Reactivación Social y Económica de las Islas. Esa propuesta contempla una batería amplia de medidas dirigidas a reforzar el sistema sanitario y sociosanitario público ante la amenaza de la COVID-19, a proteger a los ciudadanos y empresas más vulnerables ante la crisis socioeconómica derivada de esta emergencia sanitaria y a reactivar de forma integral la economía isleña, con especial atención a la actividad productiva principal en Canarias, que sin duda es el turismo.

El documento base ya ha sido entregado a todos los agentes que intervendrán en el proceso de participación, análisis y discusión que se prevé conduzca a la definición final del Pacto para la Reactivación, entre los que se encuentran los grupos parlamentarios (PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera, estos apoyando al Gobierno, junto a Coalición Canaria-PNC, Partido Popular y Ciudadanos); las administraciones locales, representadas por la Fecai y la Fecam; los municipios más poblados del Archipiélago (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde); las organizaciones empresariales y sindicales más representativas; y los colegios profesionales y entidades del llamado Tercer Sector.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se refirió hoy a esta iniciativa y afirmó que se trata de un proceso con “responsabilidad compartida” que “ojalá” culmine con la aprobación del Pacto a finales de mayo, en torno al 30 de este mes. Ello supondrá tener un documento que refleje “cuál es la situación que nos afecta y cómo debemos afrontarla”, indicó Torres”. También subrayó que la propuesta del Gobierno está concebida para “evitar recortes” en los servicios públicos que garantizan el mejor Estado del bienestar; para activar los mecanismos que potencien la atención sanitaria óptima contra la COVID-19; para tener en cuenta la atención a las familias más vulnerables, y para que haya la menor pérdida posible de empleo. Para cubrir estos objetivos centrales, se tiene que actuar con fondos públicos y privados, advirtió el presidente de Canarias. También previó que, a partir de junio próximo, ya se pueda avanzar en un plan integral de actuación con la ficha financiera definitiva, que, como el Pacto, debe ser consensuado con todos los participantes en esta iniciativa abierta y luego ratificado por el Parlamento Autónomo.

La propuesta redactada por el Gobierno de Canarias se estructura en cinco grandes pilares y detalla las medidas según los focos de actuación principales y teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que ya prepara el Ejecutivo. También se realiza una previsión para atender presupuestariamente las actuaciones que inicialmente se desglosan en el documento base. La cifra estimada de recursos, que solo es una aproximación, se sitúa 14.249 millones de euros para 2020, con 8.712 millones procedentes de Canarias y 5.537 del Estado. En estas cantidades se recogen ya las partidas previstas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, “y habrá que hacer un esfuerzo porque con la caída de los ingresos, los presupuestos canarios apenas superarán los 7.000 millones, y habrá que buscar los 1.500 millones restantes con la implicación de las admnistraciones públicas y privadas”, apuntó el presidente. Esa cuantía presupuestaria solo representa una previsión realizada a partir de las medidas que se contemplan en la propuesta de partida y por ello no puede ser considerada en ningún caso como el objetivo financiero preciso del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, que solo se conocerá tras alcanzarse el consenso entre los participantes en su redacción. Una vez esto ocurra, el Gobierno de Canarias se compromete a desarrollar un plan con esas acciones, sistema integral de recuperación que se elevará a la Cámara regional para que sea ratificado.

La iniciativa institucional que se somete a discusión

El documento base del Gobierno de Canarias emana de propuestas y reflexiones, además del Ejecutivo autonómico, de los grupos parlamentarios canarios, de los agentes económicos y sociales (CCE, CEOE-Tenerife, UGT y CCOO), de las administraciones locales, de los cuatro municipios canarios de más de 100.000 habitantes, de quienes han sido presidentes autonómicos, de los colegios profesionales y de entidades del llamado Tercer Sector.

Esa redacción ha sido posible tras mantener más de 30 reuniones de trabajo desde el 16 de marzo pasado, todas ellas con el objetivo de llegar, tras la presentación de este primer documento, al Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Una vez aprobado el Pacto, este ha de ser plasmado y desarrollado en un plan, que aprobaría el Gobierno de Canarias y luego elevaría al Parlamento para su ratificación.

La propuesta de Pacto incorpora compromisos en firme sobre los principios y las líneas estratégicas a contemplar en el posterior plan de acción. También incluye la tarea imprescindible de negociar un marco presupuestario adecuado, con ficha financiera disponible, para que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda desplegar el paquete de medidas y así atender las necesidades sociales más urgentes y a la vez reactivar la economía regional, junto al refuerzo del sistema sanitario público.

El posible Pacto comprometerá a sus firmantes en la defensa de cinco prioridades estratégicas:

1) El mantenimiento de los servicios públicos fundamentales; esto es, la sanidad, la educación y los derechos sociales, incluyendo la atención a la dependencia y la política de vivienda. Son los pilares básicos, junto a las pensiones, del Estado del bienestar y la principal red de apoyo a la ciudadanía frente a una crisis como la que ya se ha activado tras la pandemia de la COVID-19.

2) El refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias al ser conscientes de la relevancia que adquieren en la recuperación de la confianza y en el paso con garantías a la nueva realidad.

3) La atención y el apoyo a las personas vulnerables, que serán las principales víctimas de estas crisis y las que requieren mayor dedicación por parte de las autoridades públicas para garantizar que nadie se quede por el camino.

4) El mantenimiento y la recuperación del empleo, siempre buscando limitar que los efectos coyunturales de esta crisis se manifiesten en consecuencias permanentes y ampliando el colectivo de personas vulnerables.

5) El impulso de la actividad económica para devolver cuanto antes a Canarias a la dinámica de prosperidad compartida a la que esta comunidad autónoma aspira.

Tal y como se refleja en el documento base, el futuro Pacto se justifica ante el hecho contrastado de que Canarias figura siempre entre las comunidades autónomas de España más gravemente afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los ámbitos social y económico. Dentro de las actividades con mayor presencia en la economía isleña, los efectos más graves se producen, según estimaciones de Ceprede, en la hostelería, con un intervalo de impacto en la actividad para el conjunto del año de entre el -14,3% y el -21,4%. El comercio local también se ve muy dañado con descensos de entre el -4,9% y el -7,4%.

Considerando los efectos directos e indirectos estimados por Exceltur para el sector turístico de las Islas, la contracción del PIB canario en el acumulado del año 2020 puede oscilar entre el 14% y el 19%, con una reducción en la ocupación de entre el 16% (138.000 personas) y el 22% (182.000 puestos de trabajo perdidos).

El ISTAC, en cambio, ha analizado en algunas simulaciones hasta tres escenarios diferentes, en función del confinamiento y su posterior desescalada, así como la fecha de apertura de las actividades afectadas por el estado de alarma, el restablecimiento de las conexiones aéreas y el funcionamiento de los establecimientos turísticos y de ocio. Según ese Instituto canario, la caída del PIB regional para 2020 oscilará entre el 20,4% y el 32,3%.

Aparte de tales impactos macroeconómicos, la actuación del Gobierno de Canarias se justifica en las mayores tasas de pobreza relativa existente en las Islas y en la fuerte caída de la recaudación tributaria. Se prevé que los ingresos fiscales de Canarias se reduzcan al término de 2020 en 955,6 millones de euros. La gravedad de este escenario económico, como es lógico, también se vislumbra en la recaudación tributaria.

Todos esos efectos y parámetros negativos justifican que se pase a la acción y la necesidad de articular medidas de reactivación en los planos sociales y económico, aparte del reforzamiento de los ámbitos sanitario y sociosanitario. Con estos fines, se plantean como prioridades estratégicas el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales y la potenciación de las capacidades sanitarias y sociosanitarias en todas las Islas. Para ello se prevé impulsar los mecanismos y recursos presupuestarios necesarios con el fin de incrementar la capacidad de los laboratorios canarios en la realización de pruebas diarias de PCR y su procesamiento para poder confirmar o descartar lo antes posible casos sospechosos y sus contactos estrechos.

Además, se ampliará el alcance de la red de Atención Primaria, sin obviarse que la reducción de riesgos sanitarios debe incluir la adecuada protección colectiva de la población. Del mismo modo, se acometerán las inversiones necesarias para garantizar que se cuenta en los centros hospitalarios con un incremento adicional de camas para pacientes agudos y críticos.

En el ámbito sanitario y de Atención Primaria, se establecerán mecanismos de vigilancia activa para garantizar la adecuada atención a todas las personas, especialmente las más vulnerables. A todo ello se unirá el impulso de las prestaciones y los servicios de la Ley de Dependencia en Canarias y los instrumentos de apoyo a las familias más vulnerables que culminen con la puesta en marcha de la renta de ciudadanía, aparte de la agilización en la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y el apoyo y el complemento de las medidas estatales en ese mismo campo. Habrá un estímulo con iniciativas propias que contribuyan a compensar periodos sin prestaciones sociales adecuadas.

Otras de las medidas que plantea el documento base presentado hoy, que se adjunta en esta nota, tienen que ver con la recuperación del empleo, con adaptar la formación a distancia para dar cobertura al conjunto de los alumnos de las Islas, con la definición de un Plan Específico de Formación Profesional y con impulsos variados a la actividad económica.

La propuesta también presta mucha atención a las empresas y autónomos, a la actividad industrial y comercial, a la construcción, a la vivienda pública, a la eliminación de los trámites burocráticos, al transporte y la movilidad sostenible, al sector primario y a la tramitación de emergencia de distintas actuaciones. A su vez, se pone la atención en el pago más rápido a proveedores, en la transferencia de créditos entre secciones presupuestarias, en la ampliación de los plazos de justificación de las ayudas y subvenciones, y en la agilización de las licencias de rehabilitación y reformas de establecimientos alojativos. Todo ello se hará con el máximo respeto medioambiental, con la búsqueda de una sociedad más equitativa, con la apuesta por una economía más sólida y resiliente, y con el impulso de las nuevas tecnologías y el teletrabajo, aparte de la mejora de las capacidades financieras y presupuestarias.

Para alcanzar ese último objetivo, el de la financiación pública, el documento recoge la necesidad de acceder al superávit de 2019, por encima de 300 millones de euros en la Comunidad Autónoma de Canarias; la disposición de recurrir al endeudamiento para hacer frente a las necesidades de gasto coyuntural, y la solicitud al Estado de que permita acceder a las condiciones de déficit y endeudamiento necesarias.

Además, se debe permitir que los superávit de las administraciones públicas de Canarias puedan utilizarse en la lucha contra los efectos directos e indirectos de la COVID-19. Sin duda, todo esto también pasa por la defensa incuestionable del REF canario y de sus transferencias vinculadas a programas de gasto e inversión contenidos en los Presupuestos Generales del Estado. Estas acciones deben respetar y tener en cuenta la consideración de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea.

A las medidas descritas, se une otra batería muy relevante contenida en el llamado programa de apoyo específico al sector turístico de las Islas, con una política fiscal que garantice una base sólida de ingresos, con capacidad de revisión normativa, y con inversión y compra públicas estratégicas.

La economía se debe activar con la inversión privada, para lo que hace falta liquidez a bajo coste del sistema financiero, la movilización de los recursos dotados por las empresas y la agilización de los plazos administrativos para la concesión de licencias, entre otras intervenciones.

Documento base del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias

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