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El Gobierno habilita 1,1 millón de euros para obras en el centro de visitantes de Garajonay

Las actuaciones tienen como objeto mejorar la seguridad y eficiencia energética del inmueble a través de un mayor ahorro energético y un aislamiento térmico óptimo

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, jueves 15 de octubre, a propuesta de la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, una transferencia de crédito de 1.131.126 euros para incrementar la dotación presupuestaria con destino a las obras de mejora y dotación del Centro de Visitantes de Juego de Bolas en el Parque Nacional de Garajonay, en La Gomera.

Esa autorización, que se enmarca en las políticas de lucha contra el cambio climático del Ejecutivo regional, se justifica por la función que cumplen esas instalaciones en materia de difusión y concienciación ambiental entre la población en general.

Del mismo modo, se mejorará la seguridad y el estado de conservación del recinto, con el objetivo de evitar futuros proyectos que impliquen cualquier tipo de afección medioambiental sobre el entorno más cercano, como consecuencia de las características del proyecto, construcción, uso y mantenimiento.

A su vez, se potenciará la eficiencia energética de ese inmueble, propiciando que parte del consumo de energía provenga de fuentes de energía renovables y que exista un aislamiento térmico óptimo.

El Gobierno destina a Promotur 310.000 euros para el Plan de Dinamización Turística del Norte de La Gomera

El proyecto de la Consejería de Turismo tendrá este primer año un presupuesto de 500.000 euros y desarrollará iniciativas de valor socioeconómico y de turismo sostenible en torno al silbo gomero, los bancales, el enoturismo y la uva forastera

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves, 15 de octubre de 2020, la transferencia de crédito de 310.000 euros desde la Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias a su empresa pública Promotur Turismo de Canarias para dotar el Plan de Dinamización del Norte de La Gomera.

El proyecto, realizado en colaboración con el Cabildo de La Gomera, pretende valorar los recursos naturales y los valores culturales y patrimoniales de los municipios de Agulo, Hermigua y Vallehermoso, para convertir la isla en un ejemplo de turismo de calidad, responsable, sostenible y socialmente beneficioso que sirva de modelo a seguir en otros ámbitos territoriales.

El Plan de Dinamización del Norte de La Gomera, para lo que ya hay grupos de trabajo constituidos de cara a su desarrollo en la comarca, recoge en torno al silbo gomero, los bancales y la uva forastera distintas iniciativas de conservación, de formación y de empleo, aparte de difusión e integración socioeconómica de esos elementos identitarios.

La realización de ese plan estratégico dispone en su primer año de 500.000 euros. Este plan es una de las primeras iniciativas estratégicas que surge del proyecto Canarias Fortaleza, creado por Turismo para dar respuesta a los retos a que se enfrentan las Islas por los efectos de la crisis del coronavirus.

El Gobierno aprueba la transferencia de dos millones de euros a las universidades públicas

La partida es para la compensación derivada de la aplicación de los decretos de precios públicos correspondientes a los cursos 2019/20 y 2020/21

El Gobierno de Canarias transferirá dos millones de euros a las universidades de La Laguna (ULL) y de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para contrarrestar la merma en sus ingresos producida por la disminución progresiva de precios públicos relativa a los cursos 2019/2020 y 2020/2021, la correspondiente al coste de los créditos de matrículas, principalmente.

El Consejo de Gobierno celebrado hoy, jueves 15 de octubre, ha autorizado la transferencia de ese crédito, una medida prevista en los decretos reguladores de los precios públicos por la prestación de servicios académicos y administrativos de las universidades públicas canarias como compensación económica derivada de su aplicación.

El decreto correspondiente al actual curso académico se aprobó en el Consejo del pasado 8 de octubre. El texto regula la forma de pago, los plazos y las tarifas universitarias (que se mantienen invariables respecto al curso pasado), bonificaciones, condiciones de becas y exenciones del pago de matrículas, entre otras cuestiones, tras haberse consensuado con las dos instituciones de enseñanza superior y públicas del Archipiélago.

Como novedad para este curso 2020-21, el documento incorpora la exención del pago de los precios públicos por servicios académicos universitarios para los beneficiarios de la prestación del Ingreso Mínimo Vital. Asimismo, quedarán exentas del pago de los precios públicos las personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. También las víctimas de violencia de género y de terrorismo. El alumnado procedente de familias numerosas disfrutará, asimismo, de distintos grados de bonificación.

 

Canarias destina 4,3 millones a financiar obras en alojamientos turísticos para dar seguridad por la COVID

El Consejo de Gobierno autoriza el gasto de la Consejería de Turismo para la convocatoria de subvenciones de adaptación de infraestructuras alojativas con el objeto de garantizar la imagen de Canarias como destino turístico seguro

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves, 15 de octubre, el gasto de 4.344.444 euros a la Consejería de Turismo, Industria y Comercio para dotar económicamente una línea de subvenciones destinada a financiar los gastos ocasionados en los establecimientos alojativos turísticos de las Islas con motivo de las obras de adaptación necesarias para garantizar la seguridad frente a la COVID-19.

Con esa convocatoria de ayudas, recogida dentro del proyecto Canarias Fortaleza, se pretende contribuir a los esfuerzos asumidos por las empresas de establecimientos alojativos ante los nuevos requerimientos que exige la situación provocada por la pandemia de la COVID-19, estableciendo una línea de subvenciones que, en régimen de concurrencia competitiva, ayude al sector a la adaptación de infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad y trasladar la imagen de Canarias como destino turístico seguro.

Las acciones a financiar están orientadas a apoyar la adaptación de las empresas turísticas al nuevo marco de seguridad sanitaria provocado por la COVID-19 y recogido en los protocolos turísticos del proyecto Canarias Fortaleza, como son incrementar los equipamientos que garanticen los servicios preventivos y mejoren las prestaciones de las infraestructuras orientadas a dar seguridad y salud en los espacios públicos, y renovar los espacios e instalaciones de las empresas que forman parte de la cadena de valor y de la oferta turística, a través de la rehabilitación y reforma de construcciones que mejoren los aspectos de accesibilidad, sostenibilidad y digitalización.

A esta convocatoria de subvenciones, cuyas bases serán publicadas en breve, podrán acogerse las pequeñas y medianas empresas (personas física o jurídica) de la Comunidad Autónoma de Canarias cuya actividad sea establecimiento hotelero o extrahotelero con zonas comunes. Las empresas han de contar con uno o más empleados por cuenta ajena. Los beneficiarios podrán acceder hasta el 75% de la financiación del proyecto presentado, para lo que se prevé que este pueda haber sido realizado a partir del 14 de marzo. Los gastos subvencionables han de ascender como mínimo a 3.000 euros y como máximo a 100.000 euros.

Derechos Sociales concede ayudas para proyectos de interés social por más de dos millones de euros

Las subvenciones, concedidas durante el segundo trimestre de este año, se destinan a financiar proyectos de interés social como los desarrollados, entre otras entidades, por la Fundación Yrichen, Banco de Alimentos y Cruz Roja

El Consejo de Gobierno recibió hoy, jueves 15 de octubre, la dación de cuentas de las 62 subvenciones concedidas de forma directa por la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud durante el segundo trimestre del año 2020, que suman un importe total de 2.079.857,56 euros.

Entre las ayudas concedidas destacan la otorgada a la Fundación Canaria Yrichen, por un importe global que ascendió a 215.342,56 euros y que está dirigida a cubrir la totalidad de los gastos derivados del programa Proyecto mejora: reducción de daños para personas sin hogar con problemas de adicción con perspectiva de género.

Igualmente, se concedió durante ese trimestre apoyos a la Asociación de Ayudas a Personas con Dependencia en Canarias (Apedeca), por importe de 103.000 euros y para cubrir la totalidad de los gastos derivados de la realización del programa Gestión de un piso tutelado para personas tuteladas con enfermedad mental y en riesgo de exclusión social, así como otra ayuda a la Obra Social de Acogida y Desarrollo, para financiar el programa Apoyo e intervención con personas desfavorecidas, esta por importe de 100.000 euros.

Además, se aprobó la concesión de 100.000 euros a Cruz Roja Española para cubrir la financiación del programa Atención a la cobertura social básica y la misma cantidad a la Asociación Banco de Alimentos de Las Palmas, para sufragar la realización del programa Atención alimentaria básica y útiles de aseo.

Esa dación de cuentas se realiza en aplicación de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre de Presupuestos Generales de Canarias, que indica que se dará cuenta, al vencimiento de cada trimestre, de las subvenciones concedidas de forma directa por el titular del departamento respectivo, siempre que se acrediten razones de interés social, económico o humanitario u otras debidamente justificadas cuyo importe no exceda de 150.000 euros.

La mayor parte de los ayuntamientos cumplen con los indicadores del Fondo Canario de Financiación Municipal

Para distribuir el Fondo, la ley obliga a la realización de auditorías de gestión para comprobar el grado de cumplimiento de los indicadores de saneamiento económico-financiero y de los criterios condicionantes de la cuantía de libre disposición

El Consejo de Gobierno recibió hoy, jueves 15 de octubre de 2020, de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, la dación de cuenta por la ejecución de las auditorías de gestión realizadas al amparo de la Ley 3/1999, de 4 de febrero, del Fondo Canario de Financiación Municipal, estas para conocer la situación económica-financiera municipal a 31 de diciembre de 2018, la correspondiente al Fondo del año 2019. De dichas auditorías se desprende que la mayor parte de los ayuntamientos cumplen con los indicadores del Fondo Canario de Financiación Municipal.

El Gobierno explica que la Ley 3/1999 obliga a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, antes de proceder a la distribución del Fondo cada año, a la realización de auditorías de gestión a los ayuntamientos para comprobar el grado de cumplimiento de los indicadores de saneamiento económico-financiero y de los criterios condicionantes de la cuantía de libre disposición.

Se han realizado auditorías en 86 ayuntamientos -todos excepto los de Granadilla de Abona y Telde por falta de la documentación necesaria- y 85 de ellos cumplen con los indicadores de remanente de tesorería y de endeudamiento a largo plazo, 81 corporaciones locales cumplen con la valoración de la gestión recaudatoria y 79 con la valoración del esfuerzo fiscal. Entretanto, el indicador de ahorro neto lo cumplen 44 ayuntamientos.

El Fondo Canario de Financiación Municipal es importante como instrumento de coordinación interadministrativa en materia de financiación local y pretende contribuir a la necesaria dotación de recursos a las haciendas municipales, a la vez que articular, sin menoscabar su autonomía, una acción coordinadora a escala autonómica a través de una transferencia niveladora que da cumplimiento al principio constitucional de suficiencia financiera.

La citada ley establece que los recursos económicos deben ser en el 50% con destino a gastos de libre disposición y el otro 50% a saneamiento económico-financiero o, si se cumplen los indicadores previstos en la citada norma, a inversión. Los indicadores que muestran la situación de saneamiento financiero son referidos al remanente de tesorería, al ahorro neto y al endeudamiento a largo plazo. El otro 50% son para gastos de libre disposición, si bien su cuantía puede verse reducida por los condicionante de la Gestión recaudatoria y el esfuerzo fiscal.

El Fondo se adecua atendiendo a los indicadores de saneamiento económico-financiero y los condicionantes de la cuantía de libre disposición a la situación económica general en cada momento, con el fin de que ese instrumento sea de ayuda a los municipios en momentos de crisis económica general y social, suavizando el umbral necesario para su cumplimiento por los ayuntamientos.

A ello atiende, para el Fondo Canario de Financiación Municipal 2019, la disposición adicional trigésima sexta de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2019, actuando sobre el ahorro neto, la gestión recaudatoria y el esfuerzo fiscal, para flexibilizar el destino del Fondo a inversión y ayudas de emergencia social y no reducir el importe de libre disposición del Fondo a percibir por los ayuntamientos.

Rodríguez asegura que Canarias “peleará” hasta el final para restituir la ficha del Posei   

El vicepresidente se reunió hoy con los productores planteros, a quienes dijo que el Gobierno no da nada por perdido y que aún queda tiempo para que la Comisión Europea dé marcha atrás

El vicepresidente canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, trasladó hoy a los productores plataneros la determinación del Ejecutivo autónomo de “pelear y presionar allá donde haga falta” para revertir el recorte que la Comisión Europea quiere aplicar a la ficha financiera del Posei, el programa que permite las ayudas al sector agrícola de Canarias y del resto de Regiones Ultraperiféricas.

Rodríguez, junto al viceconsejero de Hacienda, Planificación y Asuntos Europeos, Fermín Delgado, se reunió con el presidente y con el gerente de la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátano de Canarias (Asprocan), Domingo Martín y Sergio Cáceres, con quienes analizó la realidad del sector y sus perspectivas de futuro ante la reducción del programa. También estuvieron presentes el director general del gabinete de la Vicepresidencia, Martín Marrero, y el director general de Asuntos Europeos, Julián Zafra.

Al término del encuentro, el vicepresidente aseguró que “vamos a ejercer toda la influencia ante el Gobierno de España y ante las instituciones europeas para que finalmente no se produzca el recorte anunciado del 3,9 por ciento”, que se traduciría en unas pérdidas anuales de diez millones de euros para el sector agrícola canario durante los próximos siete años.

“Nosotros -añadió- no damos nada por perdido porque tenemos claro que la ficha del Posei debe mantenerse en sus términos actuales, algo que también tiene claro el Parlamento Europeo”.

El vicepresidente consideró que las cantidades en cuestión son realmente insignificantes dentro de la política agrícola europea, pero que, en cambio, son determinantes para la supervivencia del sector primario en el Archipiélago.

En cualquier caso, Rodríguez reiteró que si la Comisión Europea mantiene el recorte, el Gobierno de España podría asumir la diferencia, “aunque esa no es nuestra opción preferida”.

Por su parte, Martín agradeció la receptividad del Gobierno de Canarias a las propuestas de la Asociación y señaló que “ahora hace falta que el Gobierno de España no se contente con planes b, sino que consiga los apoyos necesarios para mantener el Posei como en la actualidad. La Comisión Europea -añadió- debería hacer algo, además de esperar a que el Consejo le dé instrucciones”.

El Gobierno inicia las consultas previas para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias

Es la primera de las cuatro leyes que conformarán un cambio organizativo y de gestión en las administraciones públicas de Canarias

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, que dirige Julio Pérez, inicia este jueves, 15 de octubre, la fase de consulta pública previa para una nueva Ley de Empleo Público de Canarias con el fin de recabar la opinión de la ciudadanía y de las organizaciones interesadas y potencialmente afectadas por la futura disposición normativa. Las aportaciones podrán realizarse durante los próximos 29 días naturales a través del acceso web para la Participación Ciudadana en el procedimiento de elaboración normativa. Una vez concluya este periodo de consulta, la Consejería seguirá con la tramitación del proyecto normativo que se espera que llegue al Parlamento a lo largo de 2021.

La nueva Ley de Empleo Público de Canarias es una de las que cuatro leyes, junto a la de Gobierno y Administración Pública, Régimen Jurídico del Sector Público y la de Gobierno Abierto, con las que el Ejecutivo autonómico pretende establecer una nueva arquitectura institucional que propicie un cambio en la estructura organizativa y en la gestión de las administraciones públicas de las Islas para dar un más transparente y eficiente servicio a la ciudadanía.

La directora general de Función Pública del Gobierno de Canarias, Laura Martín, recuerda que esta futura nueva ley sustituirá a la Ley de la Función Pública Canaria, Ley 2/1987, de 30 de marzo que, a pesar de que ha tenido modificaciones puntuales, tiene una vigencia que supera los 30 años, por lo que a lo largo de todo este tiempo la propia estructura organizativa de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias y la gestión y tratamiento del empleo público “no solo han ido creciendo sino han evolucionado, habiendo alcanzado un nivel de madurez que obliga, por seguridad jurídica, a asentar los principios sobre los que articularlo”.

Martín insiste en que, aunque se pudiera aprobar un Decreto-Legislativo que unificase y consolidase el régimen legal en materia de empleo público autonómico, a la vista de la entidad de los cambios que se estiman necesarios introducir, es necesario aprobar un nuevo texto legal, más teniendo en cuenta que el Estatuto de Autonomía de Canarias, aprobado por Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, atribuye a la Comunidad Autónoma de Canarias la competencia en materia de organización y régimen de su propia Administración pública, así como la competencia de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de función pública y personal al servicio de las administraciones públicas canaria.

Así mismo, otra muestra de la necesidad de la creación de esta nueva Ley de Empleo Público es que desde la aprobación y entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007, posteriormente actualizado con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, al menos, más de una treintena de los artículos y siete de las disposiciones de la actual Ley de Función Pública de Canarias se han visto afectadas por leyes estatales posteriores.

Otros elementos clave que hay que atender con esta nueva ley son los pronunciamientos y criterios homogéneos asentados por la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, al igual que la jurisprudencia pacífica asentada paulatinamente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y trasladada al ámbito nacional, en particular, la dictada por las Salas de lo Contencioso Administrativo y de lo Social del Tribunal Supremo a lo largo de los últimos años.

Tres objetivos para ofrecer el mejor servicio público

La directora general resalta que son tres los objetivos que aspira a lograr con la futura Ley de Empleo Público de Canarias. El primero de ellos consistirá en actualizar el ordenamiento jurídico autonómico en materia de empleo público asentando jurídicamente las bases, los principios y procedimientos sobre el que estructurar una administración pública moderna y tecnológicamente adaptada.

También se busca conseguir una evolución del modelo organizativo y de gestión del empleo público. Desde esta perspectiva se pretenden definir los elementos necesarios que faciliten disponer de una estructura del empleo público flexible y adecuada, tanto en número de recursos como en su capacitación, que permita ajustar su organización a situaciones de necesidad, garantizando la accesibilidad plena a los servicios públicos a los que tiene derecho la ciudadanía y tendiendo a eliminar cualquier tipo de brecha que en cualquier orden preexista a nivel social (educativa, tecnológica, sanitaria,…). No cabe olvidar que en el actual contexto de crisis económica y sanitaria constituye una necesidad de primer orden el disponer de una administración pública moderna, flexible y capacitada que permita, con los recursos de los que dispone, responder en tiempo a las necesidades de la sociedad.

En cuanto al tercer objetivo, este es fomentar la disposición de un empleo público motivado, formado y capacitado, tanto desde su selección como en el desarrollo de su carrera profesional, mediante, -entre otros instrumentos-, el fomento de la carrera profesional, la evaluación objetiva y continuada de su desempeño adecuado a las tareas encomendadas y la aportación de cada empleado y empleada público, todo ello sin perder en perspectiva que la principal finalidad es ofrecer el mejor servicio público de calidad a la ciudadanía.

Perspectiva de género

Adicionalmente, se estima preciso incluir un apartado específico relativo a la incorporación de la perspectiva de género en la fase de consulta pública previa al objeto de incorporar el principio de igualdad entre mujeres y hombres y la perspectiva de género en la redacción y elaboración de disposiciones de carácter normativo.

El futuro texto legislativo autonómico, dentro del marco normativo básico, no solo ha de potenciar los instrumentos de protección a los que se puedan acoger las empleadas públicas que padezcan una situación de acoso laboral por razón de sexo en el ámbito profesional o de violencia de género en el familiar, sino también en la disposición de instrumentos y herramientas que equilibren de forma efectiva desde la perspectiva de género la asunción de cargas familiares, como el acceso en condiciones de igualdad a los puestos directivos de responsabilidad dentro del empleo público, entre otros aspectos.

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Transición Ecológica presenta el proyecto ‘Life Garachico’ de protección de áreas ante inundaciones costeras

Imagen de Garachico

José Antonio Valbuena destaca que este programa incluye “un enfoque novedoso en el área de adaptación al cambio climático en regiones costeras urbanas de la Macaronesia que incrementa simultáneamente la resiliencia frente a inundaciones”

La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias presentó recientemente el proyecto Life Garachico al programa Life 2020 de la Unión Europea (UE), enmarcado en el subprograma de Acción por el Clima y el área prioritaria de Adaptación al Cambio Climático. El departamento autonómico, con el apoyo técnico-administrativo de Empresa de Transformación Agraria (TRAGSA), es el responsable de este proyecto ante la UE y el ejecutor de la propuesta. Además, en este programa también participan el Ayuntamiento de Garachico, Ayuntamiento de Puerto de La Cruz y Cabildo de Tenerife.

Life Garachico, que cuenta con un presupuesto de ejecución de 2.638.132 euros, financiado un 55% por la UE, tiene como objetivo poner en práctica, probar, evaluar y difundir metodologías y enfoques nuevos e innovadores en la UE, en el contexto de la protección de áreas urbanas frente al riesgo de inundaciones costeras y en el desarrollo de una estrategia de adaptación flexible de estas áreas frente al cambio climático.

El responsable del departamento autonómico, José Antonio Valbuena, destacó que “este proyecto propone un cambio de perspectiva implementando una estrategia de adaptación para la reducción del riesgo de inundación costera basada en la combinación de una caracterización holística del riesgo de inundación y la evaluación de niveles aceptables de este riesgo, en un marco de adaptación flexible frente a la utilización de técnicas estáticas convencionales para la adaptación frente al cambio climático en las zonas urbanas costeras de la Macaronesia, que suponen un elevado coste social y ambiental”.

“Se trata de un enfoque novedoso en el área de adaptación al cambio climático en regiones costeras urbanas de la Macaronesia, que incrementa simultáneamente la resiliencia frente a inundaciones y reduce la afección del cambio climático frente a impactos de inundación costera”, subrayó el consejero.

El sistema operacional de este proyecto, que es pionero en la implementación de un marco estratégico de adaptación flexible, está basado en la participación social dinámica, dejando a un lado aquellas medidas basadas en un análisis estático utilizadas hasta ahora en Europa para combatir los efectos del aumento del nivel del mar debido al cambio climático, se implementará en Garachico y se replicará en los municipios de Puerto de La Cruz y Praia da Vitória (Azores). Las medidas implementadas para Garachico serán, entre otras, bloques para evitar impactos, sistema de drenaje, asistencia en el refuerzo del mobiliario privado y eliminación de los aparcamientos. Además, para las tres localidades, el programa establece, entre otras, medidas como protocolos para el acceso y la circulación del tráfico, así como para el acceso peatonal.

La redacción técnica de este proyecto ha sido ejecutada por IH Cantabria, referencia en el desarrollo, caracterización y análisis de datos climáticos (marino e hidro-meteorológico). IH Cantabria, que además participa como socio del proyecto, cuenta con un grupo de clima marino y cambio climático liderado por Iñigo Losada, especialista en el desarrollo de metodologías para el estudio de los impactos del cambio climático en la costa, desde su modelado y análisis del riesgo, hasta el planteamiento de estrategias y medidas de adaptación.

En la ejecución de este proyecto también participan la empresa Cartográfica de Canarias (Grafcan) encargada, entre otras, de la cartografía generada y del análisis de la información geográfica, la Universidad de la Laguna (ULL), que estará involucrada en el estudio socioeconómico y la participación ciudadana, y el Laboratorio Nacional de Ingeniería Civil de Lisboa (LNEC), responsable de las labores de replicación y divulgación en Terceira (Azores). Asimismo, se ha necesitado la contribución de otras entidades privadas, como EVM, que gestionará la divulgación del proyecto, y la empresa consultora Elittoral, que participará en las campañas de campo necesarias para validar y calibrar los sistemas.

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El Insular presenta el primer implante vestibular para la recuperación del desequilibrio incapacitante crónico

El Complejo Hospitalario es pionero a nivel mundial en el uso de esta nueva tecnología de estimulación eléctrica

El jefe de Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil, dependiente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, Ángel Ramos, el responsable de Audiología del Servicio, Juan Carlos Falcón y el primer paciente implantado con esta nueva tecnología, Sergio Santana han presentado, esta mañana, en rueda de prensa, el resultado de las tres cirugías realizadas con el primer sistema de estimulación del órgano otolítico (implante vestibular otolítico) , dentro del proyecto de investigación sufragado por la Comisión Europea, “European development of Bionic Vestibular Implant for bilateral vestibular dysfunction” (BIONICVEST) realizado por un consorcio, liderado por el Servicio Canario de Salud y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria(ULPGC).

El objetivo de este proyecto es, a través de un sistema de tecnología eléctrica, estimular el órgano del equilibrio mediante estímulos eléctricos nerviosos, sobre el oído interno y la región vestibular, para evitar que la disminución de su función ocasione desequilibrios crónicos y caídas, que padecen y sufren, sobre todo, los pacientes de mayor edad.

El vértigo por problemas del oído interno, tiene una prevalencia aproximada del 5% de la población mundial, pero en personas de edad avanzada esta cifra se eleva por encima del 38%, siendo la primera causa de caídas en las personas. Afecta a la autonomía, calidad de vida y la independencia funcional

Proyecto Investigación

En el año 2015 se desarrolla la patente del primer sistema de estimulación del órgano otolítico (control de la gravedad y en gran parte del equilibrio) por parte de ingenieros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, principalmente investigadores del Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI).

Tras la creación de un consorcio europeo liderado por el Servicio Canario de la Salud y la ULPGC, se consiguió a través del programa Horizonte 2020 de la Unión Europea la financiación para el desarrollo y ensayo de un nuevo sistema que permitiera recuperar el equilibrio.

Tras tres años de experimentación básica (2015-2018) , en el año 2018 se comenzó la fase 1 y se hizo la primera cirugía, realizada en el Servicio de Otorrinolaringología del Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno Infantil, en una persona que tras una meningitis perdió totalmente la audición y el equilibrio, teniendo que usar bastón para su movilidad. Tras la intervención el paciente recuperó tanto la audición como el equilibrio gracias al implante de este nuevo dispositivo.

Durante el pasado mes, la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) aprobó el uso para investigación de una nueva versión del dispositivo, tras los excelentes resultados preliminares obtenidos , en un estudio controlado multicéntrico europeo, en personas con desequilibrio crónico, autorizando al Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil como centro investigador principal y a la Clínica Universitaria de Navarra.

El Consorcio Investigador Europeo asociado a este desarrollo lo forma también la Universidad de Roma, Universidad de Amberes y otros centros de investigación públicos y privados, así como como colaboradores externos en la Universidad de Melbourne o Toronto.

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