A esa cantidad se añadirán partidas adicionales que pueden estar por encima de los 400 millones en este mismo ejercicio

El presidente de Canarias avanza las primeras 247 medidas con ficha financiera que forman parte del Plan en su fase A, entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre, a las que se seguirán sumando otras

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha convocado en la tarde de este lunes, 13 de julio, una mesa de diálogo institucional con todos los firmantes del Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias. En esta mesa de seguimiento se ha analizado la ejecución de las medidas contempladas en el Pacto suscrito el pasado 30 de mayo por la mayoría de los grupos parlamentarios canarios (PSOE, CC, Nueva Canarias, ASG y Sí Podemos), los cabildos (Fecai), los municipios (Fecam), las principales centrales sindicales (UGT y CCOO), la patronal (CEOE y CCE), las cámaras de comercio, el Tercer Sector y los colegios profesionales de Trabajo Social.

En el encuentro, celebrado en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, se ha planteado la dinámica para el seguimiento del Pacto y de las medidas contempladas en el Plan que está resultando de ese compromiso. “Un Plan para la Reactivación Social y Económica”, explicó el presidente de Canarias, “que ya comenzó a aplicarse desde el 14 de marzo, día en que se decretó el estado de alarma por la COVID-19”.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha propuesto que el Plan se desarrolle por fases. La primera, la fase A, es la que engloba todas las acciones que se efectuarán este año, subdividida, a su vez, en dos tramos temporales: las medidas que se han tomado desde el 14 de marzo hasta el 14 de julio y las que se van a llevar a cabo desde el 14 de julio hasta el 31 de diciembre. La fase B del Plan comenzará en 2021 y tendrá vigencia hasta el final de la legislatura, en 2023.

Desde el Gobierno de Canarias se han analizado las líneas de trabajo que cuentan ya con ficha financiera y que han sido impulsadas en la fase A.

En un primer balance se han contabilizado 247 medidas que giran en torno a 106 ejes de actuación y que están cuantificadas en 914.459.441 euros con fondos generados por el Gobierno de Canarias.

Todas esas medidas, a las que se irán sumando otras, están encuadradas en las siete prioridades estratégicas que establece el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias:

1)    Conservar los servicios públicos fundamentales:

10 ejes / 49 medidas / 29,8 millones de euros

2)    Reforzar las capacidades sanitarias y sociosanitarias:

16 ejes / 52 medidas / 18,1 millones de euros

3)    Atender a los más vulnerables:

3 ejes / 8 medidas / 45 millones de euros

4)    Mantener y recuperar el empleo:

17 ejes / 25 medidas / 75,8 millones de euros

5)    Impulso de la actividad económica:

45 ejes / 82 medidas / 545,21 millones de euros

6)    Agilizar, simplificar, cooperar y coordinar los trámites administrativos:

8 ejes / 15 medidas / 200,3 millones de euros

7)    Impulsar la Agenda 2030 en Canarias con sus objetivos de desarrollo sostenible:

7 ejes / 16 medidas

Agilización administrativa y ejecución presupuestaria

En la reunión de seguimiento, el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, dio detalles del estado de ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 y destacó que, “a pesar de haber vivido un parón total de la actividad con el estado de alarma por la pandemia, estamos por encima de los niveles de ejecución presupuestaria que había el año pasado por estas fechas”.

Antonio Olivera recalcó que hasta el mes de junio los gastos en servicios esenciales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) se han incrementado el 7,1 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior (193,4 millones más). En cuanto a las inversiones reales, el incremento con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior ha sido del 29,4 por ciento en su ejecución (14,2 millones más). Ha habido un mayor grado de gasto registrado a mitad de año que “también corrobora el cumplimiento de uno de los compromisos que se adquirieron en el Pacto firmado el 30 de mayo: el de agilizar los procedimientos administrativos”, añadió Ángel Víctor Torres.

Certidumbres económicas

Desde que se firmara el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias el Día de Canarias, se han producido acuerdos, reuniones y anuncios por parte de la administraciones autonómica y estatal, que han contribuido a generar más certidumbre económica. Uno de esos anuncios fue la creación de un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros por parte del Gobierno de España, a distribuir entre las comunidades autónomas. De los cálculos realizados según los criterios establecidos de reparto, se concluye que Canarias recibirá una cuantía global de 549,6 millones de euros, de los que 373 millones son recursos adicionales que se destinarán a la adopción de medidas vinculadas al Plan para la Reactivación Económica y Social de Canarias.

Otra de las certidumbres con las que cuenta Canarias es que podrá hacer uso del superávit y la administración autonómica no estará obligada a aumentar las cantidades destinadas a amortización de deuda.

A esto hay que sumar, dentro del superávit, la posibilidad de usar los 500 millones de euros de la sentencia de carreteras. Además, la información procedente de las diferentes consejerías del Gobierno de Canarias indica que los reajustes presupuestarios pueden permitir disponer de una cantidad que estaría entre los 100 y los 150 millones de euros adicionales para este ejercicio.

El presidente de Canarias aseguró que este es “un plan vivo, cambiante, sujeto a ingresos adicionales que puedan darse, pero también a imprevistos presupuestarios a los que haya que hacer frente por un brote o rebrote”. Ángel Víctor Torres también apuntó que se trata de “un documento abierto y participativo en el que, además de dar cuenta de las cifras del Gobierno, también se da la oportunidad de que los firmantes hagan sus aportaciones y trasladen qué contribuciones están haciendo para el cumplimiento del Pacto”.

La voluntad del Ejecutivo es que el documento que resulte de estas reuniones de trabajo pueda ser aprobado en septiembre en el Consejo de Gobierno y que, posteriormente, sea sometido a la consideración de todos los partidos representados en el Parlamento.

Una nueva reunión el 6 de agosto

La próxima reunión de seguimiento del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias se celebrará el 6 de agosto en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife. En ese segundo encuentro se hará un nuevo balance de las medidas aplicadas en la fase A, se recogerán las aportaciones que hagan los firmantes según el documento presentado hoy y se analizarán los efectos de las medidas adoptadas hasta el momento.

Asimismo, en la próxima cita se estudiarán los acuerdos que se adopten en el Consejo Europeo próximo en torno al plan de reconstrucción europeo 2021/2023.

Participantes:

PRESIDENTE DE CANARIAS

• Ángel Víctor Torres Pérez

VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS

• Román Rodríguez Rodríguez

CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD

•  Noemí Santana Perera

CONSEJERA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

• Yaiza Castilla Herrera (por videoconferencia)

VICECONSEJERO DE LA PRESIDENCIA

• Antonio Olivera Herrera

CEOE

• José Carlos Francisco Díaz

CCE

• Agustín Manrique de Lara

CC.OO

• Inocencio González

UGT

• Francisco Bautista Yánez

FECAI

• María Dolores Corujo. Presidenta

FECAM

• Mari Brito. Presidenta Fecam

TERCER SECTOR

• Antonio Rico. Representante del tercer sector. Presidente Cruz Roja

TRABAJO SOCIAL

• Laura Monroy (Colegio Trabajo Social de Las Palmas). Representa a los colegios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

PORTAVOCES GRUPOS PARLAMENTARIOS

•  PSOE: Nira Fierro.
• SÍ PODEMOS CANARIAS: Manuel Marrero
• NC: Luis Campos
• ASG: Melody Mendoza
• CC: José Miguel Barragán

CÁMARAS DE COMERCIO

• José Sánchez Tinoco. Presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas.
• Santiago Sesé (por videoconferencia) Presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

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El presidente del Gobierno autonómico, Ángel Víctor Torres, anuncia que esa actuación especial como región RUP se prevé costear con parte de los 750.000 millones de euros que llegarán a España del plan de reconstrucción de la UE por la COVID-19

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, presidió este lunes en Las Palmas de Gran Canaria la primera reunión de la Conferencia de Presidentes de Cabildos, que se creó tras la reforma del Estatuto de Autonomía aprobada en octubre de 2018. Al término de esa reunión, que tuvo lugar en la sede de Presidencia del Gobierno, Torres trasladó que había informado a los titulares de los siete cabildos, de los que cinco estuvieron de forma presencial en la cita y dos participaron a través de videoconferencia (el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y la presidenta de la Corporación lanzaroteña, María Dolores Corujo), que el Archipiélago sumará a los apoyos del plan nacional para la reactivación del turismo que presentará este jueves el Ejecutivo central otro programa singular de ayudas, propio de Canarias como región ultraperiférica (RUP), que se financiará con parte de la cantidad que llegue a España (se prevé que reciba unos 140.000 millones) de los 750.000 millones de euros del fondo para la reconstrucción de la Unión Europea (UE).

El titular del Gobierno de Canarias hizo este anuncio en la rueda de prensa posterior a esa Conferencia, en la que también intervino el presidente de la Federación Canaria de Cabildos (Fecai) y de la Corporación insular gomera, Casimiro Curbelo.

Torres subrayó una serie de acuerdos alcanzados en el seno de esa convocatoria, entre ellos la creación de una comisión técnica entre los cabildos y el Gobierno de Canarias, con inicio en fecha inmediata, para “arbitrar un mecanismo que genere la mayor transparencia posible en el capítulo del Bloque de Financiación Canario”. A ese pacto se unió la configuración de otra comisión, también integrada por las dos partes, para el estudio de las competencias transferidas desde la Comunidad Autónoma a los cabildos insulares y las necesidades de financiación de éstas.

A esos dos elementos, el presidente de Canarias añadió otros consensos, como el hecho de que todos los cabildos apoyen las medidas y los mecanismos desplegados por el Gobierno de Canarias para el control de la actual crisis sanitaria, a lo que además se ha unido la necesidad de diseñar un plan por islas para atajar la sequía, con mayor afección en unas que en otras, como es sabido. Esta cuestión ya se abordará en una reunión próxima de los Consejos Insulares de Aguas.

Junto a todas esas cuestiones, Ángel Víctor Torres expuso otras como los acuerdos alcanzados en torno al Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) y a un mecanismo para el aplazamiento y fraccionamiento de la liquidación negativa que los cabildos deben devolver a la Comunidad Autónoma con cargo al ejercicio fiscal cerrado de 2019, cifrada en unos 49 millones de euros.

El presidente de Canarias además trasladó la seguridad y el compromiso de que todos los fondos públicos que lleguen a las Islas en el actual periodo, caracterizado por la pandemia de la COVID-19 y sus efectos, serán compartidos con los cabildos y los ayuntamientos atendiendo a las competencias que gestionen ambas corporaciones. También avanzó que el viernes de esta semana se reunirá con los representantes de las corporaciones municipales del Archipiélago, integradas en la Fecam, con el mismo objetivo: consensuar y alcanzar acuerdos que sean de utilidad para el desarrollo de Canarias.

Contacto con la ministra de Turismo, Reyes Maroto

El titular del Ejecutivo autonómico se refirió además esta tarde al contenido de una charla telefónica mantenida con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en la que Torres se felicitó por la presentación del plan nacional para la reactivación del turismo y confirmó la existencia de uno específico para Canarias como región ultraperiférica de la UE, lo que permitirá a las Islas completar los apoyos públicos concebidos por el primero con los recursos que llegarán con cargo al segundo. Estos provendrán del plan de reconstrucción de la UE por la COVID-19, cifrado en su totalidad en 750.000 millones de euros y de los que España espera captar en torno a 140.000 millones.

En esa misma conversación, el presidente Torres se volvió a mostrar partidario de la realización de test en origen para detectar la COVID-19 a los turistas, aunque reconoció que eso “ya no será posible” por decisión de la UE, y ello pese a que Canarias entienda que es la “fórmula más adecuada para garantizar la seguridad sanitaria ante la amenaza del coronavirus”.

El presidente de Canarias indicó que la Comunidad Autónoma no tiene competencias para implantar los test en destino a los turistas y además confirmó que el nuevo Estatuto de Autonomía solo fija la posibilidad de colaborar con Sanidad Exterior, un organismo que depende del Estado, en ese tipo de actuaciones.

Torres enumeró las condiciones en que, según ha establecido la UE, los turistas comunitarios, los más importantes para Canarias, pueden entrar en las Islas: con una declaración responsable sobre la COVID-19 y con controles de temperatura. Pese a ello, Canarias “va a intentar”, indicó Ángel Víctor Torres, que “las pruebas para detectar la COVID-19 se puedan realizar en destino”. “Lo vamos a intentar hasta el último momento porque ello aporta seguridad al turista y a todos los canarios”, remarcó.

El presidente canario dijo que, como ya habían señalado responsables de Madeira en una reunión bilateral reciente, “preferimos invertir en test antes que en paro, a lo que yo añado: ‘Preferimos invertir en test antes que en paro y en tener hospitales con problemas gravísimos y fallecidos como consecuencia de la COVID-19”.

Ángel Víctor Torres también confirmó la visita de los Reyes a Canarias el 23 de junio, la primera comunidad autónoma en que estarán don Felipe y doña Letizia tras concluir el estado de alarma el 21 de junio próximo en toda España.

Algunas valoraciones de la Fecai

En su intervención ante los medios de comunicación, el presidente de la Fecai, Casimiro Curbelo, afirmó que la reunión de la Conferencia había servido para analizar cuestiones de gran calado, como la migración, la renovación de los ERTE, la situación del turismo, el superávit, los remanentes y el endeudamiento…

Curbelo, en representación de los siete cabildos, aplaudió el logro de Canarias de conseguir que en la partida de los 16.000 millones de euros no reembolsables que repartirá el Estado entre las comunidades autónomas, distribución que está previsto aprobar mañana, martes, en el Consejo de Ministros a través de un real decreto-ley, se incluyan 800 millones destinados al transporte en toda España, de los que la parte canaria llegará a los cabildos insulares sobre todo para atender cuestiones relacionadas con el transporte por carretera por ser ésta una competencia de las corporaciones insulares.

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La propuesta del Ejecutivo se conoció y explicó esta tarde por Ángel Víctor Torres en una reunión por videoconferencia; el documento inicial prevé una batería amplia de medidas para reforzar el sistema sanitario, proteger a los ciudadanos y empresas más vulnerables y reactivar la actividad económica, de manera especial el turismo

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, presentó y explicó esta tarde, viernes Primero de Mayo, el documento que el Gobierno autonómico ha redactado como punto de partida y con múltiples aportaciones para la posterior aprobación por consenso del Pacto para la Reactivación Social y Económica de las Islas. Esa propuesta contempla una batería amplia de medidas dirigidas a reforzar el sistema sanitario y sociosanitario público ante la amenaza de la COVID-19, a proteger a los ciudadanos y empresas más vulnerables ante la crisis socioeconómica derivada de esta emergencia sanitaria y a reactivar de forma integral la economía isleña, con especial atención a la actividad productiva principal en Canarias, que sin duda es el turismo.

El documento base ya ha sido entregado a todos los agentes que intervendrán en el proceso de participación, análisis y discusión que se prevé conduzca a la definición final del Pacto para la Reactivación, entre los que se encuentran los grupos parlamentarios (PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera, estos apoyando al Gobierno, junto a Coalición Canaria-PNC, Partido Popular y Ciudadanos); las administraciones locales, representadas por la Fecai y la Fecam; los municipios más poblados del Archipiélago (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde); las organizaciones empresariales y sindicales más representativas; y los colegios profesionales y entidades del llamado Tercer Sector.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se refirió hoy a esta iniciativa y afirmó que se trata de un proceso con “responsabilidad compartida” que “ojalá” culmine con la aprobación del Pacto a finales de mayo, en torno al 30 de este mes. Ello supondrá tener un documento que refleje “cuál es la situación que nos afecta y cómo debemos afrontarla”, indicó Torres”. También subrayó que la propuesta del Gobierno está concebida para “evitar recortes” en los servicios públicos que garantizan el mejor Estado del bienestar; para activar los mecanismos que potencien la atención sanitaria óptima contra la COVID-19; para tener en cuenta la atención a las familias más vulnerables, y para que haya la menor pérdida posible de empleo. Para cubrir estos objetivos centrales, se tiene que actuar con fondos públicos y privados, advirtió el presidente de Canarias. También previó que, a partir de junio próximo, ya se pueda avanzar en un plan integral de actuación con la ficha financiera definitiva, que, como el Pacto, debe ser consensuado con todos los participantes en esta iniciativa abierta y luego ratificado por el Parlamento Autónomo.

La propuesta redactada por el Gobierno de Canarias se estructura en cinco grandes pilares y detalla las medidas según los focos de actuación principales y teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que ya prepara el Ejecutivo. También se realiza una previsión para atender presupuestariamente las actuaciones que inicialmente se desglosan en el documento base. La cifra estimada de recursos, que solo es una aproximación, se sitúa 14.249 millones de euros para 2020, con 8.712 millones procedentes de Canarias y 5.537 del Estado. En estas cantidades se recogen ya las partidas previstas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, “y habrá que hacer un esfuerzo porque con la caída de los ingresos, los presupuestos canarios apenas superarán los 7.000 millones, y habrá que buscar los 1.500 millones restantes con la implicación de las admnistraciones públicas y privadas”, apuntó el presidente. Esa cuantía presupuestaria solo representa una previsión realizada a partir de las medidas que se contemplan en la propuesta de partida y por ello no puede ser considerada en ningún caso como el objetivo financiero preciso del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, que solo se conocerá tras alcanzarse el consenso entre los participantes en su redacción. Una vez esto ocurra, el Gobierno de Canarias se compromete a desarrollar un plan con esas acciones, sistema integral de recuperación que se elevará a la Cámara regional para que sea ratificado.

La iniciativa institucional que se somete a discusión

El documento base del Gobierno de Canarias emana de propuestas y reflexiones, además del Ejecutivo autonómico, de los grupos parlamentarios canarios, de los agentes económicos y sociales (CCE, CEOE-Tenerife, UGT y CCOO), de las administraciones locales, de los cuatro municipios canarios de más de 100.000 habitantes, de quienes han sido presidentes autonómicos, de los colegios profesionales y de entidades del llamado Tercer Sector.

Esa redacción ha sido posible tras mantener más de 30 reuniones de trabajo desde el 16 de marzo pasado, todas ellas con el objetivo de llegar, tras la presentación de este primer documento, al Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Una vez aprobado el Pacto, este ha de ser plasmado y desarrollado en un plan, que aprobaría el Gobierno de Canarias y luego elevaría al Parlamento para su ratificación.

La propuesta de Pacto incorpora compromisos en firme sobre los principios y las líneas estratégicas a contemplar en el posterior plan de acción. También incluye la tarea imprescindible de negociar un marco presupuestario adecuado, con ficha financiera disponible, para que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda desplegar el paquete de medidas y así atender las necesidades sociales más urgentes y a la vez reactivar la economía regional, junto al refuerzo del sistema sanitario público.

El posible Pacto comprometerá a sus firmantes en la defensa de cinco prioridades estratégicas:

1) El mantenimiento de los servicios públicos fundamentales; esto es, la sanidad, la educación y los derechos sociales, incluyendo la atención a la dependencia y la política de vivienda. Son los pilares básicos, junto a las pensiones, del Estado del bienestar y la principal red de apoyo a la ciudadanía frente a una crisis como la que ya se ha activado tras la pandemia de la COVID-19.

2) El refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias al ser conscientes de la relevancia que adquieren en la recuperación de la confianza y en el paso con garantías a la nueva realidad.

3) La atención y el apoyo a las personas vulnerables, que serán las principales víctimas de estas crisis y las que requieren mayor dedicación por parte de las autoridades públicas para garantizar que nadie se quede por el camino.

4) El mantenimiento y la recuperación del empleo, siempre buscando limitar que los efectos coyunturales de esta crisis se manifiesten en consecuencias permanentes y ampliando el colectivo de personas vulnerables.

5) El impulso de la actividad económica para devolver cuanto antes a Canarias a la dinámica de prosperidad compartida a la que esta comunidad autónoma aspira.

Tal y como se refleja en el documento base, el futuro Pacto se justifica ante el hecho contrastado de que Canarias figura siempre entre las comunidades autónomas de España más gravemente afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los ámbitos social y económico. Dentro de las actividades con mayor presencia en la economía isleña, los efectos más graves se producen, según estimaciones de Ceprede, en la hostelería, con un intervalo de impacto en la actividad para el conjunto del año de entre el -14,3% y el -21,4%. El comercio local también se ve muy dañado con descensos de entre el -4,9% y el -7,4%.

Considerando los efectos directos e indirectos estimados por Exceltur para el sector turístico de las Islas, la contracción del PIB canario en el acumulado del año 2020 puede oscilar entre el 14% y el 19%, con una reducción en la ocupación de entre el 16% (138.000 personas) y el 22% (182.000 puestos de trabajo perdidos).

El ISTAC, en cambio, ha analizado en algunas simulaciones hasta tres escenarios diferentes, en función del confinamiento y su posterior desescalada, así como la fecha de apertura de las actividades afectadas por el estado de alarma, el restablecimiento de las conexiones aéreas y el funcionamiento de los establecimientos turísticos y de ocio. Según ese Instituto canario, la caída del PIB regional para 2020 oscilará entre el 20,4% y el 32,3%.

Aparte de tales impactos macroeconómicos, la actuación del Gobierno de Canarias se justifica en las mayores tasas de pobreza relativa existente en las Islas y en la fuerte caída de la recaudación tributaria. Se prevé que los ingresos fiscales de Canarias se reduzcan al término de 2020 en 955,6 millones de euros. La gravedad de este escenario económico, como es lógico, también se vislumbra en la recaudación tributaria.

Todos esos efectos y parámetros negativos justifican que se pase a la acción y la necesidad de articular medidas de reactivación en los planos sociales y económico, aparte del reforzamiento de los ámbitos sanitario y sociosanitario. Con estos fines, se plantean como prioridades estratégicas el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales y la potenciación de las capacidades sanitarias y sociosanitarias en todas las Islas. Para ello se prevé impulsar los mecanismos y recursos presupuestarios necesarios con el fin de incrementar la capacidad de los laboratorios canarios en la realización de pruebas diarias de PCR y su procesamiento para poder confirmar o descartar lo antes posible casos sospechosos y sus contactos estrechos.

Además, se ampliará el alcance de la red de Atención Primaria, sin obviarse que la reducción de riesgos sanitarios debe incluir la adecuada protección colectiva de la población. Del mismo modo, se acometerán las inversiones necesarias para garantizar que se cuenta en los centros hospitalarios con un incremento adicional de camas para pacientes agudos y críticos.

En el ámbito sanitario y de Atención Primaria, se establecerán mecanismos de vigilancia activa para garantizar la adecuada atención a todas las personas, especialmente las más vulnerables. A todo ello se unirá el impulso de las prestaciones y los servicios de la Ley de Dependencia en Canarias y los instrumentos de apoyo a las familias más vulnerables que culminen con la puesta en marcha de la renta de ciudadanía, aparte de la agilización en la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y el apoyo y el complemento de las medidas estatales en ese mismo campo. Habrá un estímulo con iniciativas propias que contribuyan a compensar periodos sin prestaciones sociales adecuadas.

Otras de las medidas que plantea el documento base presentado hoy, que se adjunta en esta nota, tienen que ver con la recuperación del empleo, con adaptar la formación a distancia para dar cobertura al conjunto de los alumnos de las Islas, con la definición de un Plan Específico de Formación Profesional y con impulsos variados a la actividad económica.

La propuesta también presta mucha atención a las empresas y autónomos, a la actividad industrial y comercial, a la construcción, a la vivienda pública, a la eliminación de los trámites burocráticos, al transporte y la movilidad sostenible, al sector primario y a la tramitación de emergencia de distintas actuaciones. A su vez, se pone la atención en el pago más rápido a proveedores, en la transferencia de créditos entre secciones presupuestarias, en la ampliación de los plazos de justificación de las ayudas y subvenciones, y en la agilización de las licencias de rehabilitación y reformas de establecimientos alojativos. Todo ello se hará con el máximo respeto medioambiental, con la búsqueda de una sociedad más equitativa, con la apuesta por una economía más sólida y resiliente, y con el impulso de las nuevas tecnologías y el teletrabajo, aparte de la mejora de las capacidades financieras y presupuestarias.

Para alcanzar ese último objetivo, el de la financiación pública, el documento recoge la necesidad de acceder al superávit de 2019, por encima de 300 millones de euros en la Comunidad Autónoma de Canarias; la disposición de recurrir al endeudamiento para hacer frente a las necesidades de gasto coyuntural, y la solicitud al Estado de que permita acceder a las condiciones de déficit y endeudamiento necesarias.

Además, se debe permitir que los superávit de las administraciones públicas de Canarias puedan utilizarse en la lucha contra los efectos directos e indirectos de la COVID-19. Sin duda, todo esto también pasa por la defensa incuestionable del REF canario y de sus transferencias vinculadas a programas de gasto e inversión contenidos en los Presupuestos Generales del Estado. Estas acciones deben respetar y tener en cuenta la consideración de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea.

A las medidas descritas, se une otra batería muy relevante contenida en el llamado programa de apoyo específico al sector turístico de las Islas, con una política fiscal que garantice una base sólida de ingresos, con capacidad de revisión normativa, y con inversión y compra públicas estratégicas.

La economía se debe activar con la inversión privada, para lo que hace falta liquidez a bajo coste del sistema financiero, la movilización de los recursos dotados por las empresas y la agilización de los plazos administrativos para la concesión de licencias, entre otras intervenciones.

Documento base del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias

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El presidente de Canarias prevé que el programa final con las medidas singulares pueda ser aprobado por consenso en el mes de mayo, tras la participación previa de los grupos parlamentarios y de otras organizaciones y colectivos

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, analizó este viernes 24 de abril, en distintas reuniones con los portavoces de los grupos parlamentarios y con los representantes de la Fecam (ayuntamientos) y la Fecai (cabildos), la guía de trabajo que servirá para definir y luego aprobar el Plan para la Reconstrucción Social y Económica de Canarias, una iniciativa que propuso el propio Torres en el Parlamento de Canarias el 14 de abril pasado. La concreción de ese proceso de diálogo se debatió en esas tres citas, a las que también asistió el vicepresidente del Ejecutivo autonómico y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.

Torres además aseguró en esas convocatorias que el Gobierno tiene previsto presentar la semana próxima el documento base sobre el futuro Pacto para la Reconstrucción Social y Económica de las Islas tras los embates en esos mismos ámbitos por la pandemia de la COVID-19. Ese será el punto de partida de otra fase en el proceso de participación, análisis y búsqueda de amplio consenso que se espera concluir, ya con el documento final de ese pacto avalado por todos los intervinientes, en el mes de mayo próximo.

También relacionado con los procesos de participación activados tras la emergencia sanitaria por la COVID-19, el titular del Ejecutivo autonómico recordó que, justo dos días después del inicio del estado de alarma (14 de marzo), el Gobierno de Canarias ha llegado a activar hasta una treintena de reuniones con grupos parlamentarios, administraciones públicas locales (ayuntamientos y cabildos) y agentes sociales y económicos de las Islas, con el objeto de evaluar la situación generada por la pandemia y de adoptar medidas de interés que pudieran contribuir a aminorar los efectos de esa crisis sanitaria en su propio ámbito y en otros, con especial incidencia en los colectivos más vulnerables.

De todas esas citas han salido numerosas medidas, “algunas ya elevadas al Gobierno español y aprobadas por este, y otras asumidas y aprobadas por el Ejecutivo de Canarias”, subrayó el presidente Torres. A esa relación de acciones ya puestas en marcha, “ahora se sumarán otras” incluidas en el mencionado Pacto para la Reconstrucción, que se espera tener en mayo y que será el fruto de un amplio proceso de participación.

Un mecanismo planteado el 14 de abril pasado

En la sesión del 14 de abril de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias, en la que compareció del presidente del Gobierno autonómico, se planteó por primera vez la necesidad de impulsar un amplio acuerdo político, social y económico a favor de la reconstrucción de las Islas como consecuencia de la COVID-19 y sobre todo por su impacto muy negativo en la principal actividad productiva de las Islas: el turismo. Ese pacto, subrayó entonces Ángel Víctor Torres, debía concebirse como “un proceso de consenso vinculado a todos los partidos políticos, a las administraciones públicas canarias, a los agentes sociales y económicos locales, y a la sociedad civil en general”.

La idea central que esbozó el presidente de Canarias se justifica en la situación actual de las Islas, con una coyuntura de quiebra económica y social que precisa de un acuerdo global dirigido a desarrollar una estrategia común para afrontar y salir del momento ocasionado por la mayor amenaza mundial de salud pública que jamás antes se haya vivido.

Para conseguirlo, plantea Ángel Víctor Torres, se requiere de un pacto amplio que coordine las políticas entre las distintas administraciones públicas “para promover la resistencia, la reconstrucción y la recuperación de nuestra región desde la unidad de acción y con representantes de toda la sociedad”. El presidente de Canarias calificó este proceso como un “desafío extraordinario que exige una respuesta unida, única y ambiciosa para salvaguardar nuestro modelo económico y social, y para proteger a nuestros ciudadanos. Para que nadie se quede atrás” por esta crisis socio-económica, observó Torres.

Así, el objetivo del Pacto para la Reconstrucción Social y Económica de Canarias no es otro que dar forma, con la participación de todos los agentes políticos, sociales y económicos de Canarias, a un acuerdo “excepcional y extraordinario” ante la mayor adversidad que ha tenido Canarias por la emergencia sanitaria de la COVID-19, cuyos efectos no tienen precedentes en la economía y la estructura social del Archipiélago.

Ese futuro pacto, que nace como una iniciativa del Gobierno de Canarias, debe comprometer a todos sus firmantes y luego tiene que ser defendido ante instancias superiores en el plano administrativo: el Gobierno de España y la Unión Europea. Se trata pues de “una alianza o acuerdo de la sociedad de las ocho islas, que sin duda demanda todos los esfuerzos para aportar propuestas individuales que mejoren el bien común”. “Canarias se juega mucho; quizá como nunca antes”, y lo hace “en un momento trascendental para nuestro presente y futuro”, ha indicado el presidente de Canarias.

Con la participación más amplia posible

El espíritu de consenso y la voluntad de cooperación que el Gobierno de Canarias ha mostrado desde el inicio del estado de alarma, el 14 de marzo pasado, están en la base del futuro Pacto para la Reconstrucción; es la materia prima sobre la que se asienta este nuevo gran acuerdo, que debe desarrollarse con la máxima participación y la mayor transparencia y en cuyo proceso la sociedad canaria no sólo debe ser la beneficiaria final, sino también protagonista activa y plenamente implicada. El pacto no será solo político y económico, sino también social. Su valor y eficacia dependerán de que, junto a los agentes sociales, se sumen amplias organizaciones del tercer sector e incluso los colegios profesionales, entre otras instituciones.

Ahora, tras todas las reuniones previas realizadas en Canarias y las medidas ya aplicadas, y una vez refrendado el acuerdo del Eurogrupo y encaminado otro más amplio por el Consejo Europeo para atender las exigencias que deja la pandemia COVID-19 en la UE, se procede a culminar un pacto amplio en Canarias que remate el trabajo ya iniciado y que esto se consiga con el compromiso de todos en el mes de mayo.

El proceso a seguir en busca del objetivo final

Tras la entrega la semana próxima del documento base del Pacto para la Reconstrucción, se propondrá una reunión de los grupos acerca de esta iniciativa en el Parlamento de Canarias. Además, para conseguir el objetivo final de cerrar ese plan, en ese momento se establecería un periodo de presentación de correcciones, alegaciones o enmiendas por parte de los agentes intervinieres y además se concretaría un mecanismo de trabajo directo y permanente entre los distintos agentes políticos, sociales y económicos para dar con la redacción del documento aceptado por la partes.

Luego, ese documento, fruto del consenso, se sometería a la consideración última de los potenciales firmantes del Pacto para la Reconstrucción, para su ratificación definitiva. Todo ese proceso se prevé desarrollar en un lapso de varias semanas, y se ha establecido como límite para su definitiva concreción el mes de mayo.

Una vez cerrado el Pacto para la Reconstrucción Social y Económica de Canarias, este debe ser plasmado y desarrollado en un programa que aprobaría el Gobierno de Canarias antes de ser elevado al Parlamento Autónomo para su ratificación final. Cuando eso se produzca, podrá ser remitido de forma oficial al Gobierno de España y a las instituciones pertinentes de la Unión Europea.

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Ángel Víctor Torres les trasladó las medidas que solicitó ayer al Gobierno de España para frenar la expansión del Covid-19

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha mantenido este lunes 30 de marzo sendos encuentros por videoconferencia con representantes de las federaciones canarias de Islas y de Municipios, Fecai y Fecam, respectivamente, a quienes ha informado de las acciones que se están realizando para minimizar los efectos del Covid-19 y con quienes ha evaluado la situación tras cumplirse la segunda semana de aislamiento.

En el que es el tercer encuentro con los representantes insulares y municipales, el jefe del Ejecutivo regional les trasladó las medidas que solicitó ayer al presidente Pedro Sánchez en la reunión con las presidentas y presidentes regionales, y que se centraron en la reclamación de más material sanitario y de test rápidos para frenar la expansión del virus en las Islas.

Asimismo, analizaron los detalles del nuevo decreto estatal que suspende toda actividad que no sea de carácter básico o esencial, una medida que apoya el Gobierno de Canarias y que será fundamental para avanzar en la contención del virus.

 

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Ángel Víctor Torres les transmitió las acciones que solicitó ayer al Gobierno de España para paliar los efectos de la expansión del virus, entre ellas restringir las actividades que no sean básicas y esenciales

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha reunido este lunes, de forma presencial y simultáneamente por videoconferencia, primero con su Consejo Asesor y posteriormente con los portavoces parlamentarios con el objeto de trasladarles las acciones debatidas ayer durante la reunión de los presidentes de las comunidades autónomas con el presidente Pedro Sánchez.

Al término de ambas reuniones, el jefe de Ejecutivo canario mantuvo sendos encuentros con los representantes de las federaciones canarias de Islas y de Municipios, Fecai y Fecam, respectivamente; a quienes ha informado de las acciones que se están realizando para minimizar los efectos del Covid-19 y con quienes ha evaluado la situación tras cumplirse la primera semana de aislamiento.

El presidente avanzó que reclamó a Pedro Sánchez de forma urgente y prioritaria todo el material necesario para dar una asistencia sanitaria con garantías para los trabajadores y para los pacientes y que solicitó al Estado que se apliquen medidas más restrictivas sobre las actividades que se mantienen activas y no son de carácter básico y esencial, porque según dijo, las medidas de aislamiento han demostrado su eficacia para frenar el nivel de transmisión del virus.

Torres explicó también que Canarias continúa exigiendo todos los recursos para evitar la quiebra económica y que se arbitren de forma urgente los mecanismos que agilicen la tramitación de los ERTES y las ayudas para los autónomos y pymes, entre otras medidas.

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El equipo de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes se reunirá también con representantes de la FEHT, Ascav, Ashotel, Asofuer, Asolan, Excelfuer, administradores de fincas y otros agentes del sector

La Consejería de Turismo, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha entregado el nuevo decreto del alquiler vacacional a los siete cabildos y los 88 ayuntamientos, representados por la Fecam y la Fecai, con el objetivo de que estas administraciones puedan estudiar la normativa y hacer llegar sus propuestas.

El consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Isaac Castellano, el viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa, y la directora general de Ordenación Turística, Candelaria Umpiérrez, lideraron estas reuniones, que se celebrarán también con representantes del sector como la FEHT, Ascav, Ashotel, Asofuer, Asolan y Excelfuer, entre otros, así como administradores de fincas y otros agentes implicados.

“El objetivo de la norma es proporcionar las herramientas necesarias para que las administraciones locales puedan evitar distorsiones en el mercado del alquiler en sus respectivas islas y municipios”, explicó Isaac Castellano, quien añadió: “La voluntad del Gobierno de Canarias es garantizar el derecho a la vivienda de todos los ciudadanos y ciudadanas de las Islas, sin por ello demonizar el alquiler vacacional, que se ha comprobado que es un sector que, cuando cumple los requisitos legales y de calidad, impulsa la recaudación de impuestos y la contratación laboral”.

En la misma línea se manifestó el viceconsejero de Turismo, Cristóbal de la Rosa, quien explicó que “corresponde al Gobierno de Canarias mejorar la ordenación de la actividad turística, en este caso del alquiler de viviendas para uso turístico, fijar las condiciones que se consideren imprescindibles para que se realice con calidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos del turista, de quien alquila la vivienda, de los residentes de la zona y de la sociedad en su conjunto”. De la Rosa añadió que “es preciso enfatizar que la ordenación turística no puede comprenderse al margen de la planificación del territorio y del urbanismo, competencias estas últimas de cabildos y ayuntamientos, respectivamente”

Por su parte, la directora general de Ordenación Turística, Candelaria Umpiérrez, aseguró que otro de los objetivo irrenunciables es que no se fomente la competencia desleal: “Queremos que las plataformas digitales se hagan responsables de la veracidad de la información que ofrecen y que no cedan su espacio a viviendas que no cumplan los requisitos legales y de calidad”.

La modificación del decreto, que se adapta a las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo en diciembre de 2018 y enero de 2019, recoge que hasta que no se adapten los instrumentos de ordenación territorial y urbanística, se podrán aprobar ordenanzas insulares y municipales que regulen los aspectos territoriales y urbanísticos de implantación de esta modalidad de alojamiento turístico.

Asimismo, la norma establece principios rectores básicos para los instrumentos de planeación que se basan en cuatro pilares: desarrollar nuevas tipologías de alojamiento turístico para incrementar la calidad y competitividad del destino y el crecimiento de la economía local y del Archipiélago; armonizar la expansión de esta oferta turística con el desarrollo del resto de los sectores económicos, con la consecución de un equilibrio social que satisfaga las necesidades de residentes y turistas, así como con las infraestructuras, servicios y equipamientos existentes; compatibilizar el uso de vivienda vacacional con la finalidad de proteger el medio ambiente, el desarrollo sostenible y el uso eficiente del suelo y demás recursos naturales; y, finalmente, respetar la proporcionalidad y el carácter no absoluto en la implantación del uso de vivienda vacacional para que contribuya a asegurar la calidad de vida de la población residente, su bienestar social y la conservación de los signos de identidad cultural, favoreciendo la integración de la actividad en el entorno económico, cultural, social y ambiental de cada isla, municipio y núcleo.

La modificación del decreto propone además determinados parámetros que pueden ser utilizados en la planificación insular para fijar estándares territoriales en la implantación de la vivienda vacacional, como la superficie relativa de suelo destinado a uso turístico y a uso residencial, la suficiencia de las infraestructuras, la distribución equilibrada de los usos, el impacto en los equipamientos, los impactos en la sostenibilidad ambiental, social, económica y referidos al territorio, las densidades de población y los ratios de viviendas públicas.

Entre otras novedades, se prohíbe alquilar las viviendas protegidas, se refuerzan los requisitos generales para poder destinar una residencia a vivienda vacacional, se exige a las plataformas digitales la publicación del número de inscripción en el Registro General Turístico de la Comunidad Autónoma de Canarias que se haya asignado y se establece la necesidad de que las personas explotadoras de viviendas vacacionales integradas en edificaciones sometidas a régimen de propiedad horizontal pongan a disposición de la comunidad de propietarios un número de teléfono de atención, en horario 24 horas, a fin de poder comunicar incidencias que se puedan producir y que les afecten. Se plantea asimismo la necesidad de que, en caso de contratarse personal, se deberán cumplir las normas laborales, de seguridad social y de prevención de riesgos laborales aplicables a los trabajadores, así como el convenio colectivo que sea de aplicación.

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