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Canarias registra hasta el 10 de abril 26.267 solicitudes de ERTE por fuerza mayor, con 195.183 personas afectadas

Gráficas ERTE

Las pymes de hasta 50 personas empleadas siguen concentrando la mayor parte de las solicitudes, con un 98,1% del total: solo las de entre 1 y 5 trabajadores y trabajadoras han registrado 19.448 expedientes, el 74,98% de todos los presentados

Máñez destaca la efectividad de los ERTE de fuerza mayor a la hora de proteger el empleo y a las empresas, pero destaca la importancia de que se mantengan para el sector turístico cuando deje de estar vigente el estado de alarma

“El sector turístico no se va a reactivar de un día para otro, por lo que es necesario poner en marcha medidas de acompañamiento específicas mientras dure su recuperación”, afirma

La Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias ha registrado hasta el pasado 10 de abril 26.267 solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor, con un total de 195.183 trabajadores y trabajadoras afectadas. El 98,1% de las solicitudes, que son presentadas por centro de trabajo, corresponde a empresas de entre 1 y 50 personas trabajadoras, con 25.458 expedientes. Solo las empresas de entre 1 y 5 personas empleadas acumulan 19.448 solicitudes, el 74,98% del total. Este volumen de solicitudes en menos de un mes demuestra, según explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, “la efectividad de la flexibilización y agilización de los ERTE de fuerza mayor a la hora de proteger el empleo y a las empresas”, pues de no haberse aplicado “ahora podríamos estar hablando de más de 190.000 puestos de trabajo destruidos, no suspendidos temporalmente”. Sin embargo, considera que ahora “hay que dar un paso más y prolongar en el tiempo los ERTE por causa de fuerza mayor vinculados al sector turístico”. “Canarias seguirá trabajando para que el Estado mantenga esta medida más allá del estado de alarma”, afirma.

La Dirección General de Trabajo se encarga de autorizar las solicitudes de ERTE presentadas, un trámite que dura un máximo de 5 días, ya que al término de ese plazo opera el silencio administrativo, aunque incluso cuando se da este caso la Dirección General sigue gestionando las autorizaciones a fin de dar todas las garantías jurídicas a las empresas. Por su parte, de manera paralela, las empresas que presentan un ERTE deben gestionar directamente con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la solicitud colectiva de prestaciones para sus trabajadores y trabajadoras.

Por actividad económica, hostelería y comercio acogen el mayor número de expedientes, con el 32,15% y el 25,94% del total, respectivamente, seguidos por otros servicios (7,81%); transporte y almacenamiento (6,76%); actividades artísticas recreativas y de entretenimiento (4,02%); actividades administrativas y servicios auxiliares (4%); actividades sanitarias y de servicios sociales (3,97%); construcción (3,58%); industria manufacturera (3,25%) y educación (3,13%). Por sectores económicos, los de hostelería (32,1%), comercio (25,9%) y resto de servicios (34,6%) aglutinan la mayor parte de los expedientes.

En cuanto a la forma jurídica de la empresa, un 44,92% de las que han presentado ERTE son sociedades de responsabilidad limitada; un 38,08% personas físicas; un 6,22% empresas de ámbito de la Unión Europea; un 3,57% personas físicas extranjeras residentes y un 2,44% sociedades anónimas.

Medidas específicas para el sector turístico

Como detalla Máñez, las actividades directa e indirectamente relacionadas con el sector turístico “concentran en Canarias la mayor parte de los ERTE por causa de fuerza mayor”, un sector que supone el 35% del PIB y un 40,4% del empleo del Archipiélago, lo que da cuenta “del especial impacto que tendrá la crisis de la COVID-19 en las Islas”. Además, recuerda que el turismo “no se va a recuperar de un día para otro” y necesitará “medidas de acompañamiento específicas mientras dure su recuperación”.

La consejera recordó que el Gobierno de Canarias ha liderado en el ámbito de la Conferencia de Presidentes la propuesta, “respaldada por un informe detallado, para extender la flexibilización y agilización de los ERTE por fuerza mayor en el sector turístico más allá de la finalización del estado de alarma”. “Es una cuestión clave y una reivindicación estratégica del Archipiélago para mitigar el impacto económico y social de esta emergencia en nuestro territorio”, concluye.

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Las empresas tramitarán con el SEPE la inscripción y las prestaciones de las personas afectadas por un ERTE

Elena Máñez

Elena Máñez recuerda que los trabajadores y trabajadoras no tienen que hacer ninguna gestión ante los servicios de empleo en los casos de ERTE

Explica que las prestaciones están garantizadas aunque se carezca del periodo de cotización necesario

“Gobierno de Canarias, patronales y sindicatos estamos comprometidos a superar esta situación de emergencia sin destruir empleo”, afirma

Los trabajadores y trabajadoras sometidas a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) motivado por la emergencia del COVID-19 no tendrán que hacer ninguna gestión para su inscripción como demandantes de empleo y para el cobro de la prestación por desempleo, ya que las empresas tramitarán las solicitudes y estas serán reconocidas por el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) sin mediación de los afectados y afectadas. Así lo reitera la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, que asegura que la ciudadanía “puede estar tranquila” y afirma que Gobierno de Canarias, patronales y sindicatos “estamos comprometidos a superar esta situación de emergencia sin destruir empleo”.

Dado que son presentados por las empresas y que los trabajadores y trabajadoras afectadas no tienen que hacer ningún trámite ni solicitud, los servicios de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo solicitan que no se contacte con el SEPE para hacer consultas en relación a los ERTE, dado el volumen actual de datos con el que se está trabajando y la posibilidad de colapsos del sistema, afectando a otros usuarios y usuarias que sí necesitan atención.

Como explica Máñez, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 recoge una serie de medidas en materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la jornada entre las que se establece que las pérdidas de actividad consecuencia de esta emergencia tendrán la consideración de fuerza mayor, al tiempo que se agiliza la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo tanto por fuerza mayor como por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Así se persigue, apunta la consejera, evitar que “una situación coyuntural como la que vivimos estos días tenga un impacto estructural en el empleo”. En este sentido, señala que flexibilizar la tramitación de los ERTE permite evitar la destrucción de puestos de trabajo, “ya que se trata de regulaciones temporales que priorizan el mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos”. Se trata, en definitiva, de “poner en pausa” contratos mientras dure la emergencia, en vez de suprimirlos.

Prestaciones garantizadas

Elena Máñez recuerda que el Real Decreto-ley garantiza y refuerza la cobertura a los trabajadores afectados por un ERTE, “dando acceso a la prestación por desempleo aunque se carezca del periodo de cotización necesario”. Además, el periodo de suspensión del contrato o reducción de la jornada durante el que estén recibiendo la prestación no computará a efectos de consumir los plazos máximos de percepción establecidos.

Más información

Nota informativa ERTE

Guía práctica ERTE

Guía inscripción demandas de empleo

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El Centro de FP Ocupacional de Jardinería de Los Realejos se incorpora a la Red Nacional de Centros de Referencia

Vista aérea del centro.

El Boletín Oficial del Estado publica el real decreto con la nueva calificación del centro tinerfeño, primero de Canarias en sumarse a un grupo de excelencia integrado por 33 centros públicos de innovación y experimentación en FP de toda España.

El Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Jardinería de Los Realejos  (Tenerife), dependiente de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, se incorpora a la Red de Centros de Referencia Nacional tras publicarse el pasado sábado su nueva calificación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Mediante el Real Decreto 507/2019, el centro tinerfeño del Servicio Canario de Empleo (SCE) se convierte en el primero de la comunidad autónoma en sumarse a un grupo considerado de excelencia e integrado por 33 centros públicos de innovación y experimentación en materia de Formación Profesional (FP) en España.

Como explica la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Carolina Darias San Sebastián, “los centros de referencia nacional llevan a cabo su actividad en colaboración con agentes sociales, centros educativos y de investigación de su entorno, así como en cooperación con una amplia red de actores públicos y privados relacionados con las correspondientes áreas o familias profesionales, de ahí la importancia de un reconocimiento de este tipo”. “Para el nuevo Gobierno de progreso es prioritario impulsar la excelencia y, sobre todo, promover su transferencia a la sociedad”, afirma la consejera, que recuerda que la innovación “es fundamental para impulsar el desarrollo económico y social”.

Deliberada en el Consejo de Ministros a finales de agosto, la disposición legal desarrolla el convenio firmado entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Comunidad Autónoma de Canarias el pasado junio para la calificación de Los Realejos como Centro de Referencia Nacional en el área profesional de Jardinería de la familia profesional Agraria en el ámbito de la FP.

Con una superficie de 54.420 metros cuadrados, el Centro Nacional de Formación Profesional Ocupacional de Jardinería de Los Realejos (calle Los Cuartos, 42) dispone de  dos edificios con 14 aulas (dos específicas para medios audiovisuales, otras tantas de informática y un laboratorio, entre otros recursos), además de dos fincas con parcelas para cultivos y jardines, invernaderos, estanques, umbráculo, almacén y ruta agro-turística.

Entre su oferta de cursos para personas sin empleo, preferentemente, destacan los certificados de profesionalidad de la familia Agraria, pero también incluyen el certificado de Docencia de la formación profesional para el empleo, los programas Formador de teleformadores (en línea) y Competencias digitales para formadores y tutores (marco común de competencia digital docente-DIGCMP) junto a dos idiomas (inglés A1, A2 y B1 junto al alemán A1 y A2).

Otros siete centros de referencia nacional

Además del centro canario, otros siete del conjunto estatal se constituyen de referencia nacional mediante real decreto esta semana: la Escuela de Formación en Artesanía, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural Albayzín (Granada); la Escuela del Mármol de Fines, Almería; la Escuela de Joyería de Córdoba, en el área profesional de Joyería y Orfebrería, de la familia profesional Artes y Artesanías; la Escuela de Madera de Encinas Reales en Córdoba; el Centro Integrado de Formación Profesional Son Llebre en Islas Baleares; el Centro de Innovación y Formación Ocupacional de L’Hospitalet, Barcelona; y el Centro de Innovación y Formación Profesional Ocupacional de Sant Feliu de Llobregat, Barcelona.

Además, el Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes la creación de tres entidades  más hasta contabilizarse, una vez publicados en el BOE, un total de 36 Centros de Referencia Nacional, según informaron desde el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social antes de recordar el impulso renovado a la red desde septiembre de 2018 por parte de la administración estatal y las comunidades autónomas en el seno del Consejo General de la Formación Profesional.

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El Gobierno, satisfecho por la aprobación del PIEC en el Consejo de Ministros “gracias a la presión ejercida”

Como subvenciones nominadas, no obstante, quedan aún pendientes los 18 millones para pobreza de 2018 y los 30 millones de 2019

El SCE se pondrá a disposición del SEPE para la firma del convenio, sin el cual, la transferencia de los fondos no será posible

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, se ha felicitado hoy por el anuncio de la aprobación de los fondos para el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) 2019 en el último Consejo de Ministros. “Estamos muy satisfechos porque, por fin, se haya atendido esta demanda y que los 42 millones tan necesarios para financiar los planes de empleo para las personas más vulnerables de nuestro Archipiélago parece que van a llegar”. No obstante, la consejera ha lamentado que se haya tenido que hacer tanta presión para conseguir una aprobación “in extremis” y “el aprovechamiento electoralista que con toda probabilidad hará el PSOE de una demanda que no hubiese sido atendida de no ser por la presión ejercida por el Gobierno de Canarias y la cercanía de la cita electoral, justo este domingo”.

“Ahora, no obstante”, continuó la consejera, “el Servicio Canario de Empleo se pondrá a disposición del SEPE para iniciar contrarreloj la redacción y firma del convenio, ya que sin él no es posible la transferencia”.

Valido recordó que, si el PIEC es prorrogable, “también lo debe ser el dinero para pobreza, que igualmente es una subvención nominada y sobre la que argumentaron exactamente lo mismo que para denegarnos hasta ahora los fondos de empleo”. El Estado aún le debe a Canarias 18 millones para pobreza de 2018 y los 30 millones de 2019. “Claro que si corrieron para aprobar a última hora el PIEC y no lo han hecho con este dinero que aún nos deben, ahora ya no sabemos muy bien qué va a pasar”.

El lunes de esta misma semana la Consejería de Hacienda elevaba al Consejo de Gobierno un informe sobre la situación de los convenios Canarias-Estado, así como, de las partidas sobre las que los ministerios no han confirmado su disponibilidad para su incorporación al 2019. En total, 954,3 millones de euros que no habían llegado a las islas, y que incluye los 42 millones del PIEC aprobado hoy y la partida de 8 millones de euros para el agua agrícola. El citado informe recogía, además, el programa para la lucha contra la pobreza (30 millones de euros); parte de la anualidad de carreteras no transferida a la CA (247.992.000 €); el convenio de medio ambiente en materia de aguas (40 millones de euros); el plan de inversión en tratamiento y depuración de aguas (10 millones de euros); el convenio en materia de costas (4 millones de euros); el acondicionamiento de la playa de Valleseco en Santa Cruz de Tenerife (2 millones de euros); el convenio de renovación de las Rehoyas en Las Palmas de Gran Canaria y de reposición de las Chumberas en La Laguna (4 y 3 millones de euros, respectivamente); el plan de empleo ligado a las infraestructuras educativas (42 millones de €); el plan para el establecimiento de la banda ancha en Canarias (5 millones de euros); las partidas para la estrategia para la internacionalización de la economía canaria (500.000 €); la subvención para las plantas potabilizadoras de aguas (500.000 €); y el importe parcial de la sentencia de carreteras, imputado al superávit (500.340.000 €).

Los programas que se han financiado a través del PIEC 2018 son el Plan Extraordinario de Empleo Social, que con una inversión de casi 20 millones de euros -más la aportación de 10 millones de euros de la Conferencia Sectorial y otros 12 de los ayuntamientos- ha permitido en su última convocatoria beneficiar a 4363 familias. Los trabajadores son seleccionados por los servicios sociales municipales entre aquellos con mayor vulnerabilidad social para desarrollar proyectos de interés general y social.

También tienen financiación PIEC los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo, PFAE, que aportan 250.000€ a cada proyecto, un total de 14 millones de euros que en esta última edición sirvieron para contratar y ofrecer formación a 849 alumnos en acciones desarrolladas mayoritariamente por los ayuntamientos de Canarias.

Las ayudas a los autónomos también reciben financiación desde el PIEC. En 2018, se financiaron, por un importe de 2.400.000 euros, 381 autónomos; así como los contratos en prácticas de los 150 recién titulados universitarios, titulados de FP y certificados profesionalidad Nivel 3, para cuyo programa se destinan algo más de cuatro millones de euros.

Los proyectos de modernización, como Epareg que, en colaboración con el ISTAC, desarrolla una pionera estadística de población activa, integrando los datos de distintas administraciones para conocer la distribución del desempleo en las Islas; y el perfilado estadístico a través de Perficán y Sofcan, se financian con casi un millón de euros. Y, por último, las obras de mejora en Gáldar, Los Realejos, Lomo Apolinario y Ofra que cuentan con un presupuesto superior a los 600.000 euros.

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