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Economía analiza con organizaciones sectoriales ayudas directas para pymes y autónomos dentro del plan de rescate

Elena Máñez

Estas subvenciones se destinarán a compensar los gastos de funcionamiento de las empresas de aquellos sectores que se han visto abocados al cierre o a una reducción drástica de la actividad debido a las restricciones sanitarias para frenar la COVID-19

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, el director general de Promoción Económica, Laureano Pérez, y la directora del Servicio Canario de Empleo, Dunnia Rodríguez, mantuvieron este miércoles un encuentro con las organizaciones representativas de los sectores más afectados por las restricciones sanitarias aplicadas para plantar cara a la tercera ola de la pandemia de la COVID-19. En la reunión, las organizaciones les dieron traslado de su situación y la consejera informó a los representantes empresariales de la nueva línea de ayudas directas de la Consejería dirigida a autónomos y pymes de los sectores más afectados por las restricciones, en el marco del plan de rescate anunciado por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, el pasado 30 de diciembre. Estas ayudas, que se suman a las medidas dadas a conocer esta semana por el vicepresidente del Gobierno, Román Rodríguez, se destinarán a compensar los gastos de funcionamiento (suministros corrientes, arrendamientos, créditos hipotecarios, primas de seguros, gastos de auditoría, etcétera) derivados del cierre o reducción drástica de la actividad por la pandemia.

Las ayudas están dirigidas a empresas de los sectores de hostelería, restauración y terrazas, bares y cafeterías; actividades de juegos de azar y apuestas; instalaciones y centros deportivos y ocio nocturno, si bien se contempla la posibilidad de que se puedan incorporar otros sectores en función de la evolución de la situación económica, de las medidas sanitarias y de la disponibilidad presupuestaria.

En el encuentro, convocado a petición de las organizaciones sectoriales, Máñez destacó “la situación límite” en que se encuentran muchas empresas, tras un año 2020 en que el producto interior bruto (PIB) registró una caída interanual del 19,8% en el tercer trimestre y que ha estado marcado “por una crisis sin precedentes en nuestra tierra”. Ahora, la tercera ola de la pandemia “ha venido a dificultar más su situación”, señaló. La consejera señaló que, según las estimaciones de la Dirección General de Promoción Económica, más de 17.000 empresas canarias pertenecientes a estos sectores podrían beneficiarse de las ayudas, al tiempo que explicó que se establecerá una horquilla amplia en su cuantía para poder llegar “al mayor número posible de pymes, autónomos y autónomas”. Según detalló, se trata de una convocatoria abierta, que además de poder extenderse a otros sectores, podrá ver ampliada su dotación en función también de la evolución económica y la disponibilidad de los fondos europeos de reconstrucción REACT-EU.

Apoyo a las pymes y autónomos en 2020

Como recordó Elena Máñez, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo ha puesto en marcha durante 2020 varias líneas de apoyo directo e indirecto dirigidas a pymes y autónomos, entre ellas la anunciada el pasado 24 de noviembre en un encuentro de las patronales con la consejera y el presidente de Canarias para el sector del ocio nocturno, dotada con 3 millones de euros. En total, la Consejería destinó durante el año pasado más de 87 millones de euros a medidas orientadas a pymes y autónomos, muchas de ellas creadas de manera concreta para hacer frente a la pandemia.

Desde el Gobierno de Canarias, indicó, “seguiremos impulsando las políticas necesarias para proteger a nuestras pymes, autónomos y autónomas”, algo que ha quedado reflejado en unos presupuestos para 2021 que recogen más de 65 millones de euros en ayudas directas e indirectas para estos colectivos.

La consejera aprovechó la reunión para volver a trasladar a las patronales el reconocimiento del Gobierno de Canarias “al enorme esfuerzo realizado y a la colaboración prestada por el tejido productivo de Canarias, que ha mantenido la actividad económica siempre que ha sido posible, haciendo frente a las grandes dificultades que plantea la pandemia”. Máñez subrayó “el alto grado de incertidumbre en el que nos movemos de manera permanente en esta crisis”, algo que complica mucho las cosas a unas empresas que, pese a todo, “siguen luchando por estar ahí, trabajando para mantener el empleo y la actividad económica”.

En el encuentro participaron representantes de CEOE Tenerife; la Confederación Canaria de Empresarios; la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas; la Federación Empresarial de Ocio y Servicios de Canarias; la Asociación de Ocio y Restauración de Tenerife; la Federación Canaria de Empresas Portuarias; la Asociación Vegueta de Ocio y Restauración; la Asociación de Ocio de Canarias; la Asociación de Bares, Cafeterías, Restaurantes y Ocio Nocturno de Las Palmas; la Plataforma de Hostelería; de la Asociación de Empresarios del Norte de Gran Canaria; la Asociación de Jóvenes Agricultores de Canarias; la Asociación de Casinos; la Asociación Canaria de Empresarios de Juegos y Apuestas; la Asociación Profesional de Máquinas y Salones Recreativos; la Asociación Canaria de Empresarios de Salones Recreativos; la Asociación Canaria de Profesionales de la Gestión del Deporte; del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física de Canarias, además de representantes de empresas pertenecientes a los sectores económicos beneficiarios potenciales de esta línea de ayudas.

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Empresarios, sindicatos y cabildos respaldan el decreto ley que permitirá el control antiCOVID de los turistas

Gobierno de Canarias - Consejo Asesor del Presidente

Los integrantes del Consejo Asesor del Presidente ven satisfactorios los cambios legales proyectados para conseguir que los visitantes se alojen con la máxima seguridad sanitaria y previa presentación de un certificado en el establecimiento que demuestre que no están contagiados

Los agentes sociales y económicos representativos en Canarias (sindicatos -UGT y CCOO- y patronales -CEOE y CCE-) y los cabildos insulares respaldaron en la tarde de este lunes el  decreto ley del Gobierno de Canarias que posibilitará el control antiCOVID de los turistas que lleguen a las Islas, ya sean extranjeros o nacionales. Esta valoración fue trasladada hoy por los integrantes del Consejo Asesor del Presidente, que vieron satisfactorios los cambios legales proyectados por el Ejecutivo autonómico que preside Ángel Víctor Torres para así conseguir que los turistas se alojen en las Islas con la máxima seguridad sanitaria y previa presentación de un certificado en el establecimiento turístico que demuestre que no están contagiados por el virus que produce la COVID-19.

El presidente de Canarias informó este lunes a su Consejo Asesor de que el Gobierno autonómico prepara una regulación propia que minimice los riesgos de incidencia y propagación de la COVID-19 por posibles casos importados. Esto se pretende conseguir con la obligación de que se cumpla con el requisito de que todas las personas que se alojen en un establecimiento turístico reglado se sometan, previamente a su viaje, a una prueba que acredite no ser transmisor de la enfermedad o que bien ésta se realice nada más llegar al Archipiélago.

“Es un decreto ley muy importante que se viene preparando antes de que Alemania y Gran Bretaña levantaran las restricciones para viajar a Canarias”, apuntó el presidente al mismo tiempo que reconoció el trabajo realizado en las últimas semanas. Para Ángel Víctor Torres, “la propuesta es bastante profesional y adecuada; es el primer documento de este tipo que aprobará una comunidad autónoma”.

A través de un decreto ley de medidas extraordinarias, desarrollado por la Consejería de Turismo para afrontar los efectos de la crisis sanitaria y económica producida por la COVID-19, el Gobierno de Canarias va a dar una respuesta propia a la lucha contra la pandemia y sus efectos sobre la economía, una reclamación de las Islas sobre la que ya existe un amplio consenso social, empresarial y político de cara a la protección de la salud pública, tanto para la población residente como para los visitantes, además de beneficiar al principal sector económico de las Islas: el turismo. Esto también se logra dando confianza y seguridad en los viajes para reactivar la demanda.

Gobierno de Canarias - Consejo Asesor del Presidente
Un momento de la comparecencia conjunta del presidente y la consejera de Turismo.

Los detalles de la propuesta fueron hoy presentados por el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y por la consejera de Turismo, Industria y Comercio, Yaiza Castilla, al Consejo Asesor del Presidente, que, dada la trascendencia de los asuntos tratados, tuvo una convocatoria más amplia, pues a la reunión además se unieron representantes de las patronales turísticas insulares y presidentes de los cabildos.

La consejera de Turismo explicó que la fórmula para implantar esos controles “se basa en tres preceptos básicos; seguridad sanitaria, seguridad comercial para los agentes que intervienen en el sector y transparencia en la información a la que tiene derecho el cliente”, apuntó Yaiza Castilla.

El texto legal planteado por el Gobierno, que se prevé aprobar como decreto ley en Consejo de Gobierno esta semana, supone la modificación de aspectos básicos y la ampliación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación Turística de Canarias, y de la Ley 7/2011, de Actividades Clasificadas y Espectáculos Públicos.

A través de esos cambios, y vía derecho de acceso a los establecimientos turísticos alojativos, por un lado, y vía derecho de los usuarios a la información veraz previa sobre las condiciones de acceso a éstos, por otro, se busca la garantía de que, por motivos sanitarios y con la finalidad de limitar el impacto en la salud de las personas, el cliente deba demostrar con un resultado negativo de una prueba de COVID-19 estar libre del virus, ya sea tras hacérsela en origen o, si no hubiera lugar, en destino, nada más llegar.

La propuesta legal se basa en intentar dar las máximas garantías disponibles para que el turista cuando viaje a las Islas esté libre de COVID-19, lo cual puede acreditar con una prueba y para lo que se admitiría el test de antígenos, más rápido y económico, u otros que considere o se pudieran acreditar como válidos por las autoridades sanitarias.

El decreto ley cumple con los límites fijados por las competencias autonómicas para acometer una regulación legal en esa materia y “se ha configurado para dar respuesta a una situación que requiere de una actuación inmediata”, aseguró la consejera.

Si fuera preciso, el Gobierno canario incluso contemplaría, en garantía de la reciprocidad sanitaria que defiende que debe existir, ofrecer al turista una prueba antes de su vuelta al país de origen. Además, la Comunidad Autónoma de Canarias ya tiene establecida la atención a los turistas en destino si ésta fuera precisa al dar positivo un visitante en COVID (a través de su atención sanitaria, alojamiento por cuarentena y repatriación), gracias a la póliza de asistencia en viaje complementaria que tiene suscrita la Consejería de Turismo.

La regulación de esta obligación de aportar un test negativo para acceder a los establecimientos alojativos, lleva aparejada el diseño de las diferentes medidas para garantizar el adecuado circuito y procedimiento para su aplicación.

Se pretende con ello evitar frenos y minimizar molestias en la operatoria turística, a la vez que se salvaguarde que, de cara al cliente y con carácter previo a la formalización de la reserva o contratación de los servicios de alojamiento turístico en cualquiera de los establecimientos alojativos reglados ubicados en Canarias, se informará de que entre las condiciones de acceso al establecimiento se incluye la de acreditar la realización de la prueba, con resultado negativo, en un plazo no superior a entre 48 o 72 horas previas a su llegada al destino.

 

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Canarias logra garantías del Estado para que los ERTE se extiendan tras el 31 de enero si así lo exige la pandemia

Ángel Victor Torres se reúne con el ministro Escrivá

El presidente Torres se reúne con el ministro de Seguridad Social y con agentes económicos y sociales, cita en la que José Luis Escrivá elogia el diálogo y consenso demostrado en las Islas ante la COVID por ser “un ejemplo y referencia para todos”

El jefe del Ejecutivo autonómico subraya que en el real decreto-ley vigente se incluyen todas las peticiones del Consejo de Relaciones Laborales de Canarias

El ministro Escrivá espera que 6.000 hogares isleños reciban desde este octubre el Ingreso Mínimo Vital

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha reunido esta mañana (jueves 8 de octubre de 2020) con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la sede de Presidencia de Santa Cruz de Tenerife. En el encuentro también participaron el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; el vicepresidente regional, Román Rodríguez; la consejera de Economía, Elena Máñez; la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, y representantes de la CEOE-Tenerife (José Carlos Francisco), CCE (José Cristóbal García), Ashotel (Jorge Marichal), FEHT (José María Mañaricúa), Asolan (Susana Pérez), Asofuer (Antonio Hormiga), UGT (Francisco Bautista) y CCOO (Inocencio López).

Esta reunión se ha centrado en la aprobada prolongación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 31 de enero, que Ángel Víctor Torres considera “clave para Canarias”. El presidente elogió la capacidad de consenso que ha demostrado la mesa tripartita (Gobierno central, patronal y sindicatos) “en estas horas difíciles” y considera esa herramienta “un colchón fundamental para mantener el Estado de bienestar y garantizarle su puesto “a miles de trabajadores”.

El jefe del Ejecutivo autonómico recibió el respaldo del ministro para que los ERTE se extiendan más allá del próximo 31 de enero, si la situación económica por la pandemia así lo exige. José Luis Escrivá insistió en que el Gobierno central “siempre ha sido consciente” de las singularidades de las Islas por el peso del turismo. “Por eso -dijo-, los ERTE son un instrumento flexible y adaptable a la evolución de la COVID-19”.

Según los datos del Ministerio, Canarias tuvo a 230.000 personas en ERTE durante la peor etapa del confinamiento y aún mantiene a unos 83.000. Esto significa que el 13% de la población ocupada sigue bajo la protección de este mecanismo, mientras que el 65% sí ha vuelto a su actividad, porcentaje “muy inferior” al del resto del país. De hecho, las Islas son, junto a Baleares, la comunidad autónomo que presenta un mayor peso de los ERTE.

Por ese motivo, Escrivá aseguró que se requiere una actuación pública firme y “le he trasladado a los agentes sociales que, aunque se hayan prorrogado los ERTE hasta el 31 de enero, en ningún caso se prejuzga que no se podrán prolongar más, sino que son adaptables a los elementos de una pandemia de la que hemos aprendido que es cambiante”, indicó.

Ángel Victor Torres se reúne con el ministro Escrivá
Un momento del encuentro de trabajo celebrado en Presidencia del Gobierno.

El presidente Ángel Víctor Torres resaltó, asimismo, que el real decreto-ley de junio pasado sobre los ERTE incluyó una disposición adicional expresa sobre Canarias y que, en esta renovación hasta el 31 de enero, se han atendido todas las peticiones del Consejo Canario de Relaciones Laborales. Entre otras, que se mantuviera como prestación el 70% de la base reguladora, que entraran los inactivos de sectores afectados y los empleados temporales, que todo se hiciera a través de los centros de trabajo o que las afecciones por rebrotes de casos tuvieran una cobertura del 100%” en el primer mes. “Lo ideal es que no hiciera falta renovarlos, pero, si es necesario, que se prorroguen”, remarcó.

Para el ministro, la cita de esta mañana ha sido “extraordinariamente fructífera” y le ha servido para constatar “el gran clima de diálogo social existente en Canarias, que es ejemplar y una referencia para todos”.

Seis mil hogares canarios beneficiados por el Ingreso Mínimo desde este octubre

José Luis Escrivá también remarcó la relevancia de la colaboración con el Gobierno canario respecto al Ingreso Mínimo Vital, “sobre todo cuando, hace unos días, el Ejecutivo isleño ha aprobado las modificaciones de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) para que pueda ser temporalmente compatible con ese Ingreso Mínimo”. A su juicio, esto ayudará a la tranquilidad de los ciudadanos en una situación vulnerable, eleva las cuantías de beneficiarios del IMV mediante complementos y demuestra que Canarias “ha sido de las regiones que mejor han entendido” esta ayuda. Según anunció, unos 6.000 hogares canarios percibirán este Ingreso Mínimo desde este octubre, “y queremos ir más allá en los próximos meses. El IMV es un instrumento que viene para quedarse y conviene que esté diseñado lo mejor posible para que llegue de forma plena a todos los hogares que lo necesitan”, aclaró.

La de hoy ha sido la primera de las reuniones que mantendrá el ministro con representantes de las administraciones canarias durante su visita oficial al Archipiélago. Mañana, el presidente de Canarias volverá a reunirse con el ministro para abordar más en profundidad la situación migratoria. El ministro subrayó, eso sí, el “enorme esfuerzo que está haciendo este Gobierno para afrontar la excepcional situación que vive Canarias en estos momentos”. No obstante, es consciente de que se necesitarán más recursos y se comprometió a trabajar en una red de acogida más estable.

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El Gobierno culmina el Plan para la Reactivación con una inversión de 5.725 millones en el periodo 2020-23

Consejo de Gobierno de Canarias

El documento borrador que se ha ido consensuando con las administraciones públicas, los agentes sociales y económicos, el Tercer Sector y la mayoría de partidos incluye medidas por valor de 1.425 millones para 2020 en sus siete prioridades estratégicas

El texto aboga por la unidad de acción ante la Unión Europea y el Ejecutivo central para mantener el Estado de bienestar y los logros conseguidos por Canarias en los nuevos REF y Estatuto de Autonomía

El Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias (Plan Reactiva Canarias), concebido para combatir los efectos de la pandemia COVID-19, prevé una inversión inicial de 5.725,7 millones de euros en las Islas desde este año hasta 2023; de ellos, 1.425 millones se reservan al ejercicio 2020, estos con ficha ya cerrada. Así se contempla en el borrador casi definitivo visto hoy por el Consejo de Gobierno y ya entregado a los firmantes del Pacto del mismo nombre, del que emana esta iniciativa, rubricada el pasado 30 de mayo (Día de Canarias) y negociada desde entonces con numerosas reuniones celebradas entre los integrantes de ese foro.

El objetivo central de ese proyecto integral pasa por mantener y fortalecer los servicios básicos, como la sanidad, la educación, los derechos sociales y la vivienda, de manera que nadie se quede atrás por esta crisis imprevista y mundial, especialmente los colectivos más vulnerables. Además, el Plan para la Reactivación aspira a que el Archipiélago salga de esta situación con sus distintos sectores reforzados, con el empleo recuperado, con mayor sostenibilidad integral gracias a la aplicación de la Agenda 2030, con un turismo más competitivo, con más acceso a la vivienda pública, con una administración más moderna y con el máximo desarrollo posible de textos legales clave para Canarias, como son los nuevos Estatuto de Autonomía y Régimen Económico y Fiscal (REF), cuyas reformas se aprobaron en octubre de 2018, así como el refuerzo de la condición de Canarias como región ultraperiférica (RUP) en la Unión Europea (UE).

El documento, también denominado Plan Reactiva Canarias, aún puede ser modificado estos días durante la última revisión de los participantes en su redacción: los cabildos, a través de la Fecai; los 88 municipios canarios (con la Fecam), las organizaciones empresariales CEOE y CCE; las cámaras de comercio; los sindicatos UGT y CCOO; los colegios profesionales de Trabajo Social; los agentes del Tercer Sector, y los partidos signatarios, que representan el 80% de los diputados del Parlamento regional, al ser apoyado ese Pacto por PSOE, CC-PNC, NC, Sí Podemos y ASG. El planteamiento inicial es que sea aprobado por el Consejo de Gobierno el próximo 1 de octubre, para luego ser debatido en la Cámara autonómica, en principio en el pleno del 27 de ese mismo mes.

La intención es desarrollarlo al completo (este año hay muchas medidas que ya se están aplicando o se han implantado desde la declaración del estado de alarma el 14 de marzo pasado) hasta el año 2023. De hecho, el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, abogó desde el día siguiente a aquel sábado 14 de marzo por la elaboración de un plan específico para la recuperación de las Islas ante una situación de amplia crisis, con especial afección en Canarias dentro de España y de la UE debido al elevado peso del turismo en las Islas (35% del PIB regional y 40% del empleo). Se busca un Plan que sea lo más consensuado posible y además urgente, realista, eficaz, adaptable, fiscalizable y con fichas financieras concretas para todos sus ejes, actuaciones y medidas. Para su control y seguimiento, de hecho, el proyecto incluye mecanismos pormenorizados de fiscalización de su cumplimiento por parte de los firmantes.

La búsqueda de esa unidad y del acuerdo masivo derivó en el Pacto del 30 de mayo pasado, en el que se definió un total de siete prioridades estratégicas o bloques que, en el caso del presente ejercicio de 2020, incluyen una ficha financiera de 1.425 millones de euros (financiación ya cerrada).

De los 1.425 millones de euros para 2020 (como se puede comprobar en el cuadro incluido al final de esta nota), el mantenimiento de los servicios básicos y el refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias contarán con la suma de 440,4 millones.

547 millones para actividad económica y 190 para empleo en 2020

Otros bloques estratégicos, como la atención a los sectores poblaciones más vulnerables (los mayores, las mujeres, la pobreza infantil, las víctimas de malos tratos, los discapacitados, dependientes, migrantes, colectivos LGTBI…), dispondrán de 45 millones en este 2020. Sin embargo, los esfuerzos principales se dirigirán a la actividad económica, el empleo y la agilización administrativa. Así, solo al impulso económico y empresarial se reservan 547,38 millones, mientras que para la recuperación y el mantenimiento del empleo son 190,84. La simplificación y coordinación administrativa, por su parte, acapara 200,5 millones, con los que se pretende facilitar los proyectos y licencias, ahorrar pasos burocráticos y dinamizar así la economía y el empleo. La inversión se completa con 500.000 euros para la Agenda 2030 de Canarias.

Aquellos 1.425 millones de euros para 2020 suponen un considerable esfuerzo por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias y de la Administración General del Estado debido a la merma de ingresos tributarios por la pandemia en este ejercicio, sobre todo teniendo en cuenta el sistema fiscal singular con que se cuenta en las Islas. Para alcanzar esa cifra, se han incluido 373 millones no reembolsables que corresponden al Archipiélago del Fondo COVID aprobado por el Gobierno central mediante el Real Decreto Ley 22/2020, del 16 de junio. Con ellos, se pretende compensar los aumentos de los gastos en sanidad, educación y transporte. Asimismo, se introducen 176 millones para cubrir la reducción de la recaudación tributaria en las Islas y hasta 389 millones por autorizarse el uso de superávit de ejercicios anteriores de la Comunidad Autónoma. Esa cifra se aplica por la merma de ingresos por impuestos propios o derivados del Bloque de Financiación Canario en este 2020.

Para este ejercicio, el Gobierno central también aporta 14 millones con el fin de reforzar los servicios sociales, en función del Real Decreto 8/2020, del 17 de marzo. Por su parte, el Ejecutivo canario ha reajustado 100 millones del Presupuesto regional vigente, cantidad que se añade a otros 373 obtenidos de partidas contempladas en esas cuentas que se consideran útiles ante lo sucedido por la pandemia de la COVID-19.

La financiación prevista en el trienio 2021-23

Aunque se trata de una cifra potencialmente modificable porque aún deben confirmarse presupuestos a distintas escalas, pues existen incertidumbres sobre los ingresos tributarios y porque el Plan seguirá estando abierto y adaptable a la evolución socioeconómica y de la pandemia, para el periodo 2021-2023 se ha calculado inicialmente un total de 3.400,7 millones de euros.

Igualmente, para el citado periodo de tres años se establece un refuerzo financiero total de 900 millones en servicios esenciales (sanidad, educación, derechos sociales y vivienda), lo que da un resultado global de gasto para 2021-2023 de 4.300,7 millones de euros.

Las cifras más relevantes, de nuevo, atienden en 2021-2023 a la reactivación económica y la generación de empleo. En este sentido, se proyecta, de momento, un desembolso de hasta 2.028 millones para el reimpulso empresarial y económico y de 741 millones para el empleo. En los casos de la Agenda 2030 y de la agilización administrativa, lo más relevante son las medidas relacionadas con la progresiva implantación e incorporación de esas acciones a los procesos de gestión pública; por ello, la ficha financiera tiene un papel secundario en tales prioridades estratégicas.

Los presupuestos del Estado para 2021 y el Fondo Europeo de Recuperación

Desde 2021, los siete bloques prioritarios y los ejes de actuación del Plan Reactiva Canarias dependerán en gran medida de que el Gobierno central logre aprobar unos nuevos presupuestos estatales. De esta manera, se dejarán atrás las cuentas prorrogadas desde 2018, que, entre otras cosas, han impedido desarrollar documentos clave para las Islas como los nuevos REF y Estatuto de Autonomía, a pesar de contar con 1.399 millones para aspectos económicos dentro de ese régimen especial y de 750 adicionales para gastos corrientes y de capital.

Además, resulta esencial que Canarias haga valer sus singularidades por la lejanía y la insularidad ante la UE, su actual condición de región RUP, a la hora de obtener ayudas o financiación pública para proyectos que a incluir en el Fondo Europeo de Recuperación, dada la mayor afección de la pandemia en las Islas por su modelo económico. Unos efectos que se suman a las debilidades estructurales que ya presentaba el Archipiélago en cuanto a diversificación económica, empleo, salarios y otros parámetros.

El Plan Reactiva Canarias también podrá costearse con recursos del proyecto de la UE Next Generation (se aspira a un global de hasta 3.750 millones), con los Fondos Estructurales europeos de los periodos 2014-20 y 2021-27 y con las cuentas estatales hasta 2023 y además las regionales, que se espera que dispongan de forma creciente de más ingresos tributarios a medida que se reduzcan los efectos de la pandemia.

Con el fin de que los efectos de la COVID-19 fueran los mínimos posibles manteniéndose los gastos públicos, el Gobierno regional ha inyectado hasta ahora, en 2020, unos 8.067 millones en la economía isleña, mientras que los cabildos han aportado 1.652 y los consistorios, 2.106. Junto al Ejecutivo central, el esfuerzo global en el Archipiélago asciende a 16.800 millones.

Como se ha indicado hasta ahora, el Plan Reactiva Canarias da especial prioridad al mantenimiento de la capacidad asistencial en la sanidad pública canaria y a la estabilidad laboral de sus trabajadores. Se hace no solo por mejorar este pilar fundamental del Estado de bienestar para los residentes y ante la evolución de la pandemia, sino como atractivo y garantía de presente y futuro para el turismo. Así, se pretende mejorar los hospitales, garantizar corredores seguros del coronavirus, potenciar la atención primaria, las urgencias, la detección precoz, la vigilancia epidemiológica, la investigación (en coordinación con las universidades canarias) y las nuevas tecnologías, entre otras medidas.

En el ámbito social, además se prevé desarrollar la Ley de Servicios Sociales aprobada en 2019 y fortalecer al máximo los servicios sociosanitarios con más y mejores conciertos con el Tercer Sector y una mayor coordinación interadministrativa. Así, se quiere aligerar los hospitales en el capítulo de enfermos crónicos mediante una red potenciada de centros para mayores y con una mejor teleasistencia o atención en el hogar. Además, lejos de debilitarse, se atiende mejor la dependencia y la discapacidad.

Otro de los objetivos clave pasa por mejorar la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que ahora queda reforzada con el Ingreso Mínimo Vital aprobado por el Gobierno central y que se completa con la Renta Canaria de Ciudadanía. Se calcula que ese Ingreso Mínimo que aporta el Estado supondrá unos 180 millones anuales en las Islas.

En educación, con la seguridad de los alumnos y del personal docente ante la COVID como prioridad máxima, también se quiere estrechar la brecha digital que el confinamiento evidenció, aparte de reforzar todo lo posible la educación a distancia, mejorar el apoyo a las familias con menos recursos y la educación de 0 a 3 años en beneficio de la conciliación familiar y del acceso al mercado laboral en condiciones igualitarias.

Con el objetivo doble de reimpulsar el subsector de la construcción, y en aras a cumplir un derecho básico de la ciudadanía, se busca ampliar el parque de vivienda de alquiler social, con más ayudas para las familias con pocos recursos y el pago de los suministros básicos.

Recuperar y adaptar la economía, con un subsector turístico más moderno

En cuanto al ámbito económico y el empleo, se defiende el mantenimiento de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) por causa de fuerza mayor durante el tiempo necesario, adaptados a la recuperación de la actividad productiva y sin merma de ingresos para los trabajadores, beneficiándose no solo el subsector turístico (el principal en Canarias), sino además el resto de actividades vinculadas y otras afectadas por el virus. El documento, eso sí, recuerda que, entre abril y agosto, esta medida tomada desde el principio de la pandemia por el Gobierno central ha supuesto un desembolso en las Islas de 1.188 millones para ayudar a empresas y trabajadores. A esa cifra hay que añadir otros 80 millones en apoyo de los autónomos por el cese de actividad.

Además, el Plan apuesta por garantizar cada año los 42 millones del Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC) y diversas medidas de modernización del Servicio Canario de Empleo, de formación de sectores poblacionales con más dificultades de reincorporación laboral y de apoyo a los autónomos, empresas de economía social, cooperativas o compañías de integración social. Para todos ellos, aparte de las líneas de crédito ICO (que han aportado a empresas de Canarias 3.600 millones hasta agosto) y del Banco Europeo de Inversiones, se reforzarán mecanismos regionales como la Sociedad de Garantía Recíproca de Canarias (AvalCanarias) o la Sociedad de Desarrollo de Canarias (Sodecan). En este ejercicio de 2020, se incluyen 180 millones para ayudas a empresas y 66 a autónomos.

El esfuerzo por la formación se orientará, en especial, al ámbito turístico (idiomas…), así como a las nuevas tecnologías y el I+D+i. Además, el Plan pretende una lucha más activa contra la economía sumergida y ayudas a las empresas, reduciendo la morosidad con el reordenamiento de pagos o mayores garantías de deuda. Para esto, en este 2020 se reservan 20 millones.

El desarrollo del REF incluye la adaptación de los instrumentos fiscales a la nueva realidad generada por el coronavirus, así como el mejor aprovechamiento de la Reserva para Inversiones de Canarias (RIC), la Deducción por Inversiones, la Zona Especial Canaria (ZEC) o los incentivos económicos regionales, de manera que se impulse la inversión y la creación de empresas y empleos.

Por supuesto, el turismo, su recuperación y modernización resultan esenciales en este Plan. Para ello, siguiendo el proyecto Canarias Fortaleza, se apuesta por promocionar nuevos productos en ese ámbito clave, por apoyar al máximo las inversiones, adaptar los espacios públicos y privados a las nuevas tecnologías y energías limpias, reforzar la conectividad y garantizar la máxima seguridad sanitaria.

También se prevé apostar por los eventos culturales y deportivos como atractivos añadidos y por el consumo de productos canarios (de cercanía o kilómetro cero, con mucho menor huella de carbono), en cumplimiento también de la Agenda 2030 y reforzando así la marca Elaborado en Canarias y la soberanía alimentaria. En esta misma línea, ahora ligándola al ámbito sanitario, se contempla impulsar la producción de material sanitario en las Islas.

Sin salir de la economía, el impulso a la construcción no solo se busca con nueva vivienda social y con reformas de éstas, sino vinculándolo a la modernización turística y hotelera, así como a la obra pública (carreteras, centros docentes, sanitarios…), siempre atendiendo a los criterios de sostenibilidad.

En cuanto al transporte, se compensará a las empresas del subsector por las consecuencias de la pandemia (175 millones en ayudas globales en 2020), se tomarán todas las medidas para que se cumpla con la bonificación del 75% de los billetes de avión y barco para los residentes, se impulsará la movilidad sostenible y se modernizarán puertos y aeropuertos.

El Plan Reactiva Canarias apoya al sector primario con la búsqueda del adelanto de las ayudas del Posei comunitario y del Posei adicional, con especial atención a cultivos como el tomate y el plátano, entre otros, reduciendo los costes de los insumos de la ganadería (REA), reforzando las subvenciones a las explotaciones agrícolas, ganaderas y acuícola, y exigiendo las ayudas al agua de riego contempladas en los Presupuestos estatales (ocho millones de euros).

Mecanismos de control y cumplimiento de lo previsto

En busca del mayor rigor, fiscalización y cumplimiento de este Plan, la iniciativa contempla un punto final, el 10, denominado Cuadro de mando. Ello permitirá una continua y adecuada evaluación de su desarrollo, de sus resultados y de su contribución a alcanzar las metas fijadas. Para ello, habrá una comisión de seguimiento del Plan, con reuniones trimestrales y una sesión de control monográfica de periodicidad anual.

 

  • ANEXOS CON TABLAS FINANCIERAS PARA 2020 y 2021-23

I) Ficha financiera para las medidas impulsadas en el año 2020

PRIORIDAD ESTRATÉGICA Presupuesto
1. Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales 424.746.983,58 €
2. Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias 15.689.776,00 €
3. Atención y apoyo a las personas vulnerables 45.069.883,39 €
4. El mantenimiento y recuperación del empleo 190.848.804,00 €
5. Impulso de la actividad económica 547.389.223,30 €
6. Agilidad, simplificación, cooperación y coordinación administrativa 200.834.161,85 €
7. Impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS) 500.000,00 €
TOTAL 1.425.018.831,20 €

II) Ficha financiera para los instrumentos de planificación previstos en el periodo 2021-2023

PRIORIDAD ESTRATÉGICA Presupuesto
1. Mantenimiento de los servicios públicos fundamentales 429.700.000,00 €
2. Refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias 93.000.000,00 €
3. Atención y apoyo a las personas vulnerables 75.500.000,00 €
4. El mantenimiento y recuperación del empleo 741.030.000,00 €
5. Impulso de la actividad económica 2.012.265.496,78 €
6. Agilidad, simplificación, cooperación y coordinación administrativa 310.000,00 €
7. Impulso de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS) 0,00 €
TOTAL 3.384.805.496,78 €

 

Se debe tener en cuenta que la aportación total del Plan Reactiva Canarias para el periodo de ejecución 2020-23 (cuatro años), la de 5.725,7 millones, incluye los 900 millones de refuerzo en servicios esenciales (sanidad, educación, derechos sociales y vivienda) durante el trienio 2021-23, lo que da el resultado global de gasto ya indicado: 5.725,7 millones. Esta cifra resulta de sumar la ficha cerrada para 2020, 1.425 millones; la prevista para el periodo 2021-23, 3.400,7, y los 900 millones reseñados.

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Canarias propone una extensión de los ERTE indefinida, sin recortar prestaciones y para todos los sectores

Consejo de Relaciones Laborales

El presidente, Ángel Víctor Torres, y los agentes económicos y sociales firman la propuesta del Consejo Canario de Relaciones Laborales en materia de ERTE para elevarla a la Comisión Tripartita Laboral

“Ojalá lo que hoy hacemos en Canarias se tome como ejemplo y permita que esta misma semana podamos tener un acuerdo con respecto a los ERTE para el conjunto del Estado”,  señaló el jefe del Ejecutivo

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, y representantes de los agentes económicos y sociales más representativos, firmaron este lunes en la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria la propuesta del Consejo Canario de Relaciones Laborales en materia de expedientes temporales de regulación de empleo (ERTE) que será remitida a la Comisión Tripartita Laboral, órgano competente en materia de empleo en el ámbito estatal. El documento recoge las principales reivindicaciones canarias en este sentido, como la extensión de los ERTE con carácter indefinido para todos los sectores de actividad y que las personas trabajadoras sujetas a un expediente no vean mermadas sus prestaciones una vez superados los 180 días.

Torres, que valoró el acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Canario de Relaciones Laborales y subrayó la importancia del diálogo social en el proceso de reactivación social y económica de Canarias, afirmó que “siempre que se firma un acuerdo se da un paso en el consenso y en la búsqueda de soluciones, y lo hacemos hoy que se vuelve a reunir la mesa tripartita con el objetivo de conseguir, ojalá que sea antes del 15 de septiembre, un acuerdo que sea justo, que sea por el tiempo necesario, que sea abierto a que si es preciso tener nuevas prórrogas, estas estén en el texto regulado, y que dé respuesta a las situación que vivimos especialmente en Canarias.”

El jefe del Ejecutivo recordó que ya hubo un acuerdo anterior del Consejo Canario de Relaciones Laborales en el que se recogían aspectos que luego fueron parte del acuerdo del conjunto del país, cómo hacer que los ERTE fueran flexibles en los centros de trabajo. “Ahora, de nuevo, – añadió- y en el marco del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, los agentes sociales y económicos, junto al Gobierno de Canarias, rubrican un acuerdo que queremos elevar a Madrid con el objetivo de conseguir todo lo que en esos enunciados se recoge. Ojalá lo que hoy hacemos en Canarias haga que esta misma semana podamos tener un acuerdo con respecto a los ERTE para el conjunto del Estado”.

Foto de familia.
Foto de familia.

En el acto de firma de la propuesta participaron, además del presidente, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez; el secretario general de CCOO Canarias, Inocencio González; el secretario de Política Institucional de la Comisión Gestora de UGT Canarias, Pedro Martínez; el secretario general de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García; y el secretario general de CEOE Tenerife y vicepresidente del Consejo Canario de Relaciones Laborales, Eduardo Bezares.

Claves del documento

La propuesta canaria contempla también que en los casos en los que persistan las causas de fuerza mayor y dada la afectación de todos los sectores económicos, las empresas puedan acogerse a las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social establecidas en el Real Decreto-ley 8/2020 indistintamente del sector al que pertenezcan; o que aquellas empresas o centros de trabajo que hayan estado afectadas por un ERTE de fuerza mayor parcial y hayan tenido alguna actividad en el último trimestre, pero se encuentren en riesgo de quiebra y pérdida de empleo, se les permita recuperar la fuerza mayor total.

En cuanto a las personas trabajadoras afectadas por un ERTE, el órgano canario reclama que no sufran merma en las prestaciones por desempleo una vez superados los 180 días y que las sigan percibiendo al 70% de la base reguladora. Por otra parte, solicita la aplicación de un nuevo sistema según el cual las empresas no coticen por trabajadores y trabajadoras con contratos suspendidos, sino solo por los ya reincorporados a la actividad, para lo que se activará un mecanismo de bonificación.

Para terminar, la propuesta recoge otros acuerdos como la necesidad de elaborar un texto normativo en el que se especifique que los ERTE deben ser determinados por centro de trabajo y no por empresa; de aumentar las bonificaciones de las cuotas a la seguridad social de los ERTE-ETOP derivados de la crisis sanitaria; o de clarificar y flexibilizar los mecanismos para afectar y desafectar trabajadores en ERTE.

Papel de la autoridad laboral en Canarias

A través de este documento, el Consejo Canario de Relaciones Laborales reivindica también la competencia de la autoridad laboral en Canarias, la Dirección General de Trabajo, a la hora de autorizar los distintos ERTE, algo que contribuiría a dotar de seguridad jurídica a las empresas y de protección a las personas trabajadoras. Además, insta a la Comisión Tripartita a cerrar un acuerdo sobre los ERTE antes del 22 de septiembre, a fin de ofrecer “certidumbre” con celeridad a las personas trabajadoras y a las empresas.

El Consejo Canario de Relaciones Laborales aboga por mantener las competencias de la Comisión Tripartita Laboral y que el acuerdo emanado de esta durante el mes de septiembre tenga un carácter indefinido mientras dure la situación de restricciones sanitaria, al tiempo que emplaza a someterlo a revisión y análisis en diciembre próximo.

 

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El Gobierno ultima el documento final del Plan para la Reactivación Social y Económica por la crisis de la COVID-19

Plan de Reactivación - Canarias

Ese trabajo, que se someterá en dos semanas al análisis de los participantes en el Pacto en busca del consenso final, luego se elevará a la aprobación del Consejo de Gobierno y de ahí pasará al Parlamento de Canarias

El viceconsejero de la Presidencia recalca que se incluirán todas las aportaciones de los firmantes del Pacto y habrá un control exhaustivo de las medidas y ejes incluidos

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, participó esta tarde en otra reunión de la comisión de preparación del Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias por la crisis desatada debido a la pandemia de la COVID-19. Tras el Consejo de Gobierno celebrado en Santa Cruz de Tenerife, que tendrá continuidad en la tarde de mañana, viernes 4 de septiembre, precisamente por solaparse con esa reunión de trabajo, la cita sirvió para que el Ejecutivo regional anunciara que el último borrador del Plan estará cerrado, con partidas concretas, en dos semanas. Entonces, se someterá al análisis de los integrantes en busca del consenso final, lo que se hará en una nueva reunión, y el documento resultante se elevará al Consejo de Gobierno y de ahí saldrá hacia el Parlamento de Canarias.

El Ejecutivo autonómico trasladó esa fecha a los grupos parlamentarios (PSOE, CC, NC, Sí Podemos y ASG), a representantes de los cabildos (Fecai), municipios isleños (Fecam), entidades empresariales (CEOE y CCE), sindicatos (UGT y CCOO), cámaras de comercio, Tercer Sector y los colegios profesionales de Trabajo Social, que fueron los que firmaron el pasado 30 de mayo dicho Pacto.

Según explicó el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, tras la reunión, se trata de la “penúltima” cita de trabajo de este Plan, que también sirvió para abordar el enfoque en el periodo 2021-23, centrándose en las prioridades y las líneas con continuidad a partir de este 2020 “tan duro”.

Olivera recalcó que el documento a presentar en dos semanas incluirá las aportaciones que hagan todos los participantes en el Pacto, con el fin de elevarlo cuanto antes al Consejo de Gobierno para su aprobación inicial, pasando luego por el Parlamento canario para su debate y volviendo al Ejecutivo regional para su respaldo definitivo. Ese último borrador, según indicó Olivera, incluirá las medidas urgentes que ya se están desarrollando “y el resto de elementos de planificación para los próximos años”.

El proyecto contará también con un modelo de gobernanza, control y seguimiento de sus iniciativas con el fin de que se pueda hacer una fiscalización “pormenorizada y en tiempo real” de todo lo contemplado. El viceconsejero anunció dos próximas semanas “muy activas” para cerrar el borrador definitivo.

Ante los medios de comunicación, Olivera añadió que en la reunión se analizó la difícil situación que está atravesando el turismo y sus subsectores vinculados en Canarias. Según dijo, se trata de una caída generalizada en todo el mundo “porque la gente no quiere viajar. Se está reservando para más adelante y, por tanto, hay un problema de demanda”. Por eso, consideró que, para la recuperación turística, resulta clave “poner bajo control los parámetros sanitarios. Seguramente ya no importa única y exclusivamente lo que haga Canarias, que haremos todo lo que esté en nuestra mano -subrayó- para que las idas y venidas de turistas sean lo más seguras posibles, sino que vamos a necesitar que en el conjunto de la economía global, al menos en la europea, se recobre la confianza y la gente quiera volver a viajar y disfrutar de las ventajas de nuestro clima”.

Aparte del presidente Torres y Olivera, a la cita de hoy acudió por parte del Gobierno su vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez; la responsable de Turismo, Yaiza Castilla, la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, y el viceconsejero de Comunicación, Ricardo Pérez.

 

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El Plan de Reactivación Social y Económica contempla hasta la fecha 914 millones en acciones concretas para 2020

Mesa de seguimiento del Pacto de Canarias

A esa cantidad se añadirán partidas adicionales que pueden estar por encima de los 400 millones en este mismo ejercicio

El presidente de Canarias avanza las primeras 247 medidas con ficha financiera que forman parte del Plan en su fase A, entre el 14 de marzo y el 31 de diciembre, a las que se seguirán sumando otras

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha convocado en la tarde de este lunes, 13 de julio, una mesa de diálogo institucional con todos los firmantes del Pacto para la Reactivación Económica y Social de Canarias. En esta mesa de seguimiento se ha analizado la ejecución de las medidas contempladas en el Pacto suscrito el pasado 30 de mayo por la mayoría de los grupos parlamentarios canarios (PSOE, CC, Nueva Canarias, ASG y Sí Podemos), los cabildos (Fecai), los municipios (Fecam), las principales centrales sindicales (UGT y CCOO), la patronal (CEOE y CCE), las cámaras de comercio, el Tercer Sector y los colegios profesionales de Trabajo Social.

En el encuentro, celebrado en la sede de Presidencia en Las Palmas de Gran Canaria, se ha planteado la dinámica para el seguimiento del Pacto y de las medidas contempladas en el Plan que está resultando de ese compromiso. “Un Plan para la Reactivación Social y Económica”, explicó el presidente de Canarias, “que ya comenzó a aplicarse desde el 14 de marzo, día en que se decretó el estado de alarma por la COVID-19”.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha propuesto que el Plan se desarrolle por fases. La primera, la fase A, es la que engloba todas las acciones que se efectuarán este año, subdividida, a su vez, en dos tramos temporales: las medidas que se han tomado desde el 14 de marzo hasta el 14 de julio y las que se van a llevar a cabo desde el 14 de julio hasta el 31 de diciembre. La fase B del Plan comenzará en 2021 y tendrá vigencia hasta el final de la legislatura, en 2023.

Desde el Gobierno de Canarias se han analizado las líneas de trabajo que cuentan ya con ficha financiera y que han sido impulsadas en la fase A.

En un primer balance se han contabilizado 247 medidas que giran en torno a 106 ejes de actuación y que están cuantificadas en 914.459.441 euros con fondos generados por el Gobierno de Canarias.

Todas esas medidas, a las que se irán sumando otras, están encuadradas en las siete prioridades estratégicas que establece el Pacto de Reactivación Social y Económica de Canarias:

1)    Conservar los servicios públicos fundamentales:

10 ejes / 49 medidas / 29,8 millones de euros

2)    Reforzar las capacidades sanitarias y sociosanitarias:

16 ejes / 52 medidas / 18,1 millones de euros

3)    Atender a los más vulnerables:

3 ejes / 8 medidas / 45 millones de euros

4)    Mantener y recuperar el empleo:

17 ejes / 25 medidas / 75,8 millones de euros

5)    Impulso de la actividad económica:

45 ejes / 82 medidas / 545,21 millones de euros

6)    Agilizar, simplificar, cooperar y coordinar los trámites administrativos:

8 ejes / 15 medidas / 200,3 millones de euros

7)    Impulsar la Agenda 2030 en Canarias con sus objetivos de desarrollo sostenible:

7 ejes / 16 medidas

Agilización administrativa y ejecución presupuestaria

En la reunión de seguimiento, el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, dio detalles del estado de ejecución de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 y destacó que, “a pesar de haber vivido un parón total de la actividad con el estado de alarma por la pandemia, estamos por encima de los niveles de ejecución presupuestaria que había el año pasado por estas fechas”.

Antonio Olivera recalcó que hasta el mes de junio los gastos en servicios esenciales (Sanidad, Educación y Servicios Sociales) se han incrementado el 7,1 por ciento con respecto al mismo periodo del año anterior (193,4 millones más). En cuanto a las inversiones reales, el incremento con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior ha sido del 29,4 por ciento en su ejecución (14,2 millones más). Ha habido un mayor grado de gasto registrado a mitad de año que “también corrobora el cumplimiento de uno de los compromisos que se adquirieron en el Pacto firmado el 30 de mayo: el de agilizar los procedimientos administrativos”, añadió Ángel Víctor Torres.

Certidumbres económicas

Desde que se firmara el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias el Día de Canarias, se han producido acuerdos, reuniones y anuncios por parte de la administraciones autonómica y estatal, que han contribuido a generar más certidumbre económica. Uno de esos anuncios fue la creación de un fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros por parte del Gobierno de España, a distribuir entre las comunidades autónomas. De los cálculos realizados según los criterios establecidos de reparto, se concluye que Canarias recibirá una cuantía global de 549,6 millones de euros, de los que 373 millones son recursos adicionales que se destinarán a la adopción de medidas vinculadas al Plan para la Reactivación Económica y Social de Canarias.

Otra de las certidumbres con las que cuenta Canarias es que podrá hacer uso del superávit y la administración autonómica no estará obligada a aumentar las cantidades destinadas a amortización de deuda.

A esto hay que sumar, dentro del superávit, la posibilidad de usar los 500 millones de euros de la sentencia de carreteras. Además, la información procedente de las diferentes consejerías del Gobierno de Canarias indica que los reajustes presupuestarios pueden permitir disponer de una cantidad que estaría entre los 100 y los 150 millones de euros adicionales para este ejercicio.

El presidente de Canarias aseguró que este es “un plan vivo, cambiante, sujeto a ingresos adicionales que puedan darse, pero también a imprevistos presupuestarios a los que haya que hacer frente por un brote o rebrote”. Ángel Víctor Torres también apuntó que se trata de “un documento abierto y participativo en el que, además de dar cuenta de las cifras del Gobierno, también se da la oportunidad de que los firmantes hagan sus aportaciones y trasladen qué contribuciones están haciendo para el cumplimiento del Pacto”.

La voluntad del Ejecutivo es que el documento que resulte de estas reuniones de trabajo pueda ser aprobado en septiembre en el Consejo de Gobierno y que, posteriormente, sea sometido a la consideración de todos los partidos representados en el Parlamento.

Una nueva reunión el 6 de agosto

La próxima reunión de seguimiento del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias se celebrará el 6 de agosto en la sede de Presidencia en Santa Cruz de Tenerife. En ese segundo encuentro se hará un nuevo balance de las medidas aplicadas en la fase A, se recogerán las aportaciones que hagan los firmantes según el documento presentado hoy y se analizarán los efectos de las medidas adoptadas hasta el momento.

Asimismo, en la próxima cita se estudiarán los acuerdos que se adopten en el Consejo Europeo próximo en torno al plan de reconstrucción europeo 2021/2023.

Participantes:

PRESIDENTE DE CANARIAS

  • Ángel Víctor Torres Pérez

VICEPRESIDENTE Y CONSEJERO DE HACIENDA, PRESUPUESTOS Y ASUNTOS EUROPEOS

  • Román Rodríguez Rodríguez

CONSEJERA DE DERECHOS SOCIALES, IGUALDAD, DIVERSIDAD Y JUVENTUD

  •  Noemí Santana Perera

CONSEJERA DE TURISMO, INDUSTRIA Y COMERCIO

  • Yaiza Castilla Herrera (por videoconferencia)

VICECONSEJERO DE LA PRESIDENCIA

  • Antonio Olivera Herrera

CEOE

  • José Carlos Francisco Díaz

CCE

  • Agustín Manrique de Lara

CC.OO

  • Inocencio González

UGT

  • Francisco Bautista Yánez

FECAI

  • María Dolores Corujo. Presidenta

FECAM

  • Mari Brito. Presidenta Fecam

TERCER SECTOR

  • Antonio Rico. Representante del tercer sector. Presidente Cruz Roja

TRABAJO SOCIAL

  • Laura Monroy (Colegio Trabajo Social de Las Palmas). Representa a los colegios de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife

PORTAVOCES GRUPOS PARLAMENTARIOS

  •  PSOE: Nira Fierro.
  • SÍ PODEMOS CANARIAS: Manuel Marrero
  • NC: Luis Campos
  • ASG: Melody Mendoza
  • CC: José Miguel Barragán

CÁMARAS DE COMERCIO

  • José Sánchez Tinoco. Presidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas.
  • Santiago Sesé (por videoconferencia) Presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife.

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El presidente de Canarias entrega el documento base del Pacto para la Reactivación Social y Económica

El presidente de Canarias entrega el documento base del Pacto para la Reactivación Social y Económica

La propuesta del Ejecutivo se conoció y explicó esta tarde por Ángel Víctor Torres en una reunión por videoconferencia; el documento inicial prevé una batería amplia de medidas para reforzar el sistema sanitario, proteger a los ciudadanos y empresas más vulnerables y reactivar la actividad económica, de manera especial el turismo

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, presentó y explicó esta tarde, viernes Primero de Mayo, el documento que el Gobierno autonómico ha redactado como punto de partida y con múltiples aportaciones para la posterior aprobación por consenso del Pacto para la Reactivación Social y Económica de las Islas. Esa propuesta contempla una batería amplia de medidas dirigidas a reforzar el sistema sanitario y sociosanitario público ante la amenaza de la COVID-19, a proteger a los ciudadanos y empresas más vulnerables ante la crisis socioeconómica derivada de esta emergencia sanitaria y a reactivar de forma integral la economía isleña, con especial atención a la actividad productiva principal en Canarias, que sin duda es el turismo.

El documento base ya ha sido entregado a todos los agentes que intervendrán en el proceso de participación, análisis y discusión que se prevé conduzca a la definición final del Pacto para la Reactivación, entre los que se encuentran los grupos parlamentarios (PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y Agrupación Socialista Gomera, estos apoyando al Gobierno, junto a Coalición Canaria-PNC, Partido Popular y Ciudadanos); las administraciones locales, representadas por la Fecai y la Fecam; los municipios más poblados del Archipiélago (Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna y Telde); las organizaciones empresariales y sindicales más representativas; y los colegios profesionales y entidades del llamado Tercer Sector.

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se refirió hoy a esta iniciativa y afirmó que se trata de un proceso con “responsabilidad compartida” que “ojalá” culmine con la aprobación del Pacto a finales de mayo, en torno al 30 de este mes. Ello supondrá tener un documento que refleje “cuál es la situación que nos afecta y cómo debemos afrontarla”, indicó Torres”. También subrayó que la propuesta del Gobierno está concebida para “evitar recortes” en los servicios públicos que garantizan el mejor Estado del bienestar; para activar los mecanismos que potencien la atención sanitaria óptima contra la COVID-19; para tener en cuenta la atención a las familias más vulnerables, y para que haya la menor pérdida posible de empleo. Para cubrir estos objetivos centrales, se tiene que actuar con fondos públicos y privados, advirtió el presidente de Canarias. También previó que, a partir de junio próximo, ya se pueda avanzar en un plan integral de actuación con la ficha financiera definitiva, que, como el Pacto, debe ser consensuado con todos los participantes en esta iniciativa abierta y luego ratificado por el Parlamento Autónomo.

La propuesta redactada por el Gobierno de Canarias se estructura en cinco grandes pilares y detalla las medidas según los focos de actuación principales y teniendo en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la Agenda 2030 que ya prepara el Ejecutivo. También se realiza una previsión para atender presupuestariamente las actuaciones que inicialmente se desglosan en el documento base. La cifra estimada de recursos, que solo es una aproximación, se sitúa 14.249 millones de euros para 2020, con 8.712 millones procedentes de Canarias y 5.537 del Estado. En estas cantidades se recogen ya las partidas previstas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma, “y habrá que hacer un esfuerzo porque con la caída de los ingresos, los presupuestos canarios apenas superarán los 7.000 millones, y habrá que buscar los 1.500 millones restantes con la implicación de las admnistraciones públicas y privadas”, apuntó el presidente. Esa cuantía presupuestaria solo representa una previsión realizada a partir de las medidas que se contemplan en la propuesta de partida y por ello no puede ser considerada en ningún caso como el objetivo financiero preciso del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, que solo se conocerá tras alcanzarse el consenso entre los participantes en su redacción. Una vez esto ocurra, el Gobierno de Canarias se compromete a desarrollar un plan con esas acciones, sistema integral de recuperación que se elevará a la Cámara regional para que sea ratificado.

La iniciativa institucional que se somete a discusión

El documento base del Gobierno de Canarias emana de propuestas y reflexiones, además del Ejecutivo autonómico, de los grupos parlamentarios canarios, de los agentes económicos y sociales (CCE, CEOE-Tenerife, UGT y CCOO), de las administraciones locales, de los cuatro municipios canarios de más de 100.000 habitantes, de quienes han sido presidentes autonómicos, de los colegios profesionales y de entidades del llamado Tercer Sector.

Esa redacción ha sido posible tras mantener más de 30 reuniones de trabajo desde el 16 de marzo pasado, todas ellas con el objetivo de llegar, tras la presentación de este primer documento, al Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias. Una vez aprobado el Pacto, este ha de ser plasmado y desarrollado en un plan, que aprobaría el Gobierno de Canarias y luego elevaría al Parlamento para su ratificación.

La propuesta de Pacto incorpora compromisos en firme sobre los principios y las líneas estratégicas a contemplar en el posterior plan de acción. También incluye la tarea imprescindible de negociar un marco presupuestario adecuado, con ficha financiera disponible, para que la Comunidad Autónoma de Canarias pueda desplegar el paquete de medidas y así atender las necesidades sociales más urgentes y a la vez reactivar la economía regional, junto al refuerzo del sistema sanitario público.

El posible Pacto comprometerá a sus firmantes en la defensa de cinco prioridades estratégicas:

1) El mantenimiento de los servicios públicos fundamentales; esto es, la sanidad, la educación y los derechos sociales, incluyendo la atención a la dependencia y la política de vivienda. Son los pilares básicos, junto a las pensiones, del Estado del bienestar y la principal red de apoyo a la ciudadanía frente a una crisis como la que ya se ha activado tras la pandemia de la COVID-19.

2) El refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias al ser conscientes de la relevancia que adquieren en la recuperación de la confianza y en el paso con garantías a la nueva realidad.

3) La atención y el apoyo a las personas vulnerables, que serán las principales víctimas de estas crisis y las que requieren mayor dedicación por parte de las autoridades públicas para garantizar que nadie se quede por el camino.

4) El mantenimiento y la recuperación del empleo, siempre buscando limitar que los efectos coyunturales de esta crisis se manifiesten en consecuencias permanentes y ampliando el colectivo de personas vulnerables.

5) El impulso de la actividad económica para devolver cuanto antes a Canarias a la dinámica de prosperidad compartida a la que esta comunidad autónoma aspira.

Tal y como se refleja en el documento base, el futuro Pacto se justifica ante el hecho contrastado de que Canarias figura siempre entre las comunidades autónomas de España más gravemente afectadas por la crisis sanitaria de la COVID-19 en los ámbitos social y económico. Dentro de las actividades con mayor presencia en la economía isleña, los efectos más graves se producen, según estimaciones de Ceprede, en la hostelería, con un intervalo de impacto en la actividad para el conjunto del año de entre el -14,3% y el -21,4%. El comercio local también se ve muy dañado con descensos de entre el -4,9% y el -7,4%.

Considerando los efectos directos e indirectos estimados por Exceltur para el sector turístico de las Islas, la contracción del PIB canario en el acumulado del año 2020 puede oscilar entre el 14% y el 19%, con una reducción en la ocupación de entre el 16% (138.000 personas) y el 22% (182.000 puestos de trabajo perdidos).

El ISTAC, en cambio, ha analizado en algunas simulaciones hasta tres escenarios diferentes, en función del confinamiento y su posterior desescalada, así como la fecha de apertura de las actividades afectadas por el estado de alarma, el restablecimiento de las conexiones aéreas y el funcionamiento de los establecimientos turísticos y de ocio. Según ese Instituto canario, la caída del PIB regional para 2020 oscilará entre el 20,4% y el 32,3%.

Aparte de tales impactos macroeconómicos, la actuación del Gobierno de Canarias se justifica en las mayores tasas de pobreza relativa existente en las Islas y en la fuerte caída de la recaudación tributaria. Se prevé que los ingresos fiscales de Canarias se reduzcan al término de 2020 en 955,6 millones de euros. La gravedad de este escenario económico, como es lógico, también se vislumbra en la recaudación tributaria.

Todos esos efectos y parámetros negativos justifican que se pase a la acción y la necesidad de articular medidas de reactivación en los planos sociales y económico, aparte del reforzamiento de los ámbitos sanitario y sociosanitario. Con estos fines, se plantean como prioridades estratégicas el mantenimiento de los servicios públicos fundamentales y la potenciación de las capacidades sanitarias y sociosanitarias en todas las Islas. Para ello se prevé impulsar los mecanismos y recursos presupuestarios necesarios con el fin de incrementar la capacidad de los laboratorios canarios en la realización de pruebas diarias de PCR y su procesamiento para poder confirmar o descartar lo antes posible casos sospechosos y sus contactos estrechos.

Además, se ampliará el alcance de la red de Atención Primaria, sin obviarse que la reducción de riesgos sanitarios debe incluir la adecuada protección colectiva de la población. Del mismo modo, se acometerán las inversiones necesarias para garantizar que se cuenta en los centros hospitalarios con un incremento adicional de camas para pacientes agudos y críticos.

En el ámbito sanitario y de Atención Primaria, se establecerán mecanismos de vigilancia activa para garantizar la adecuada atención a todas las personas, especialmente las más vulnerables. A todo ello se unirá el impulso de las prestaciones y los servicios de la Ley de Dependencia en Canarias y los instrumentos de apoyo a las familias más vulnerables que culminen con la puesta en marcha de la renta de ciudadanía, aparte de la agilización en la tramitación de la Prestación Canaria de Inserción (PCI) y el apoyo y el complemento de las medidas estatales en ese mismo campo. Habrá un estímulo con iniciativas propias que contribuyan a compensar periodos sin prestaciones sociales adecuadas.

Otras de las medidas que plantea el documento base presentado hoy, que se adjunta en esta nota, tienen que ver con la recuperación del empleo, con adaptar la formación a distancia para dar cobertura al conjunto de los alumnos de las Islas, con la definición de un Plan Específico de Formación Profesional y con impulsos variados a la actividad económica.

La propuesta también presta mucha atención a las empresas y autónomos, a la actividad industrial y comercial, a la construcción, a la vivienda pública, a la eliminación de los trámites burocráticos, al transporte y la movilidad sostenible, al sector primario y a la tramitación de emergencia de distintas actuaciones. A su vez, se pone la atención en el pago más rápido a proveedores, en la transferencia de créditos entre secciones presupuestarias, en la ampliación de los plazos de justificación de las ayudas y subvenciones, y en la agilización de las licencias de rehabilitación y reformas de establecimientos alojativos. Todo ello se hará con el máximo respeto medioambiental, con la búsqueda de una sociedad más equitativa, con la apuesta por una economía más sólida y resiliente, y con el impulso de las nuevas tecnologías y el teletrabajo, aparte de la mejora de las capacidades financieras y presupuestarias.

Para alcanzar ese último objetivo, el de la financiación pública, el documento recoge la necesidad de acceder al superávit de 2019, por encima de 300 millones de euros en la Comunidad Autónoma de Canarias; la disposición de recurrir al endeudamiento para hacer frente a las necesidades de gasto coyuntural, y la solicitud al Estado de que permita acceder a las condiciones de déficit y endeudamiento necesarias.

Además, se debe permitir que los superávit de las administraciones públicas de Canarias puedan utilizarse en la lucha contra los efectos directos e indirectos de la COVID-19. Sin duda, todo esto también pasa por la defensa incuestionable del REF canario y de sus transferencias vinculadas a programas de gasto e inversión contenidos en los Presupuestos Generales del Estado. Estas acciones deben respetar y tener en cuenta la consideración de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea.

A las medidas descritas, se une otra batería muy relevante contenida en el llamado programa de apoyo específico al sector turístico de las Islas, con una política fiscal que garantice una base sólida de ingresos, con capacidad de revisión normativa, y con inversión y compra públicas estratégicas.

La economía se debe activar con la inversión privada, para lo que hace falta liquidez a bajo coste del sistema financiero, la movilización de los recursos dotados por las empresas y la agilización de los plazos administrativos para la concesión de licencias, entre otras intervenciones.

Documento base del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias

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Los agentes sociales y económicos respaldan la hoja de ruta del Pacto para la Reconstrucción propuesto por Torres

Comité de Gestión Económica

En la reunión del Comité de Gestión Económica celebrado este lunes abordaron las líneas maestras del documento base sobre el futuro acuerdo

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha presidido este lunes una nueva reunión del Comité de Gestión Económica en el que participa una representación de los agentes sociales y económicos de las Islas, quienes han mostrado su respaldo a la hoja de ruta del Pacto para la Reconstrucción Social y Económica de Canarias, una alianza que el jefe del Ejecutivo planteó por primera vez en la sesión del 14 de abril de la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias.

En la reunión de hoy, en la que también participan el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, la consejera de Turismo, Industria y Comerio, Yaiza Castilla, el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, José Antonio Valbuena, la consejera de Agricultura, Ganadería y Pesca, Alicia Vanoostende, y el viceconsejero de Presidencia, Antonio Olivera, abordaron las líneas maestras del documento base sobre el futuro Pacto para afrontar la crisis socioeconómica generada por la emergencia sanitaria de la Covid-19.

El acuerdo, que incluye un programa con medidas específicas, persigue articular una estrategia común con las iniciativas aportadas desde todas las áreas del Gobierno y desde todos los sectores económicos y sociales del Archipiélago, con la finalidad de minimizar en lo posible el impacto sobre nuestra economía, una de las más golpeadas por el freno del sector turístico y los servicios, y que en esa salida de la crisis nadie se quede atrás.

Según ha manifestado el presidente en varias ocasiones, la idea es que pueda ser elevado al Parlamento de Canarias y aprobado por consenso en el mes de mayo, tras la participación y análisis de los grupos parlamentarios, organizaciones y colectivos. En ese sentido, el presidente ya ha presentado las líneas generales del acuerdo a los grupos parlamentarios, los representantes de la Fecam y la Fecai y en esta ocasión también a los agentes sociales y económicos para su análisis y para recoger sus aportaciones.

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Industrias canarias mantienen cerca de 50 encuentros empresariales en Senegal

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento en funciones destaca la tendencia al alza que existe en la venta de alimentos a Senegal, aunque asegura que hay un amplio margen de mejora

Las industrias canarias que participan estos días en el viaje comercial a Senegal, encabezado por el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento en funciones, Pedro Ortega, han mantenido cerca de medio centenar de reuniones B2B con empresas senegalesas con el fin de detectar posibles vías de colaboración que permitan ampliar la promoción y venta de productos canarios en el país africano.

En total, la delegación canaria incluye a representantes de 11 industrias, que cuentan con una reconocida trayectoria en el mercado regional y que están vinculadas, principalmente, con el sector agroalimentario, aunque también hay empresas relacionadas con el transporte de mercancías, la agricultura y la producción de papel y cartón.

Todas ellas están integradas en la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), que colabora con la empresa pública PROEXCA en la organización de este viaje y cuyo presidente, Gonzalo Medina, se encuentra también en Senegal, junto al vicepresidente de la Asociación, Raúl García.

Entre la lista de las más de 35 compañías senegalesas con las que se han reunido, se encuentran empresas de importación hasta distribuidores y representantes de cadenas de comercialización de bienes de consumo.

El consejero Pedro Ortega explicó que el objetivo de estas reuniones “es establecer alianzas con socios locales que permitan abrir nuevos mercados de comercialización para una parte importante de la industria canaria. En este sentido, aseguró que “las ventas de alimentos a Senegal procedentes de las islas mantienen una tendencia al alza en los últimos años, aunque la presencia en el país de productos canarios, especialmente agroalimentarios, es aún poco representativa y el margen de crecimiento es muy amplio”.

En este contexto, apuntó que el sector primario en Senegal solo representa el 15% del PIB del país, mientras que en el sector de la industria apenas hay presencia de empresas de transformación agroalimentaria lo que hace que el consumidor senegalés esté acostumbrado a productos importados.

Por su parte, el presidente de Asinca, Gonzalo Medina, señaló que “Dakar es un mercado muy interesante para nuestros productos, ya que crece a un ritmo muy acelerado y que está desarrollando puntos de venta de alimentación, de supermercados e hipermercados, de una manera muy importante”.

Además, el programa de hoy incluyó el desplazamiento de las empresas canarias a varios centros de comercialización, incluido Carrefour Market, Auchan  y uno de los centros Hypermarché Exclusive, que está interesado en trabajar con el Gobierno canario para promocionar los productos de las islas.

El desarrollo de esta misión industrial se enmarca en el conjunto de acciones que el Gobierno ha venido desarrollando en los últimos dos años para ayudar a la industria canaria a expandirse en Senegal. En este contexto, el consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento ha realizado dos viajes de prospección anteriores, en 2017 y 2018, junto a Asinca.

Además, el Gobierno encargo un estudio sobre las Oportunidades de Negocio para los Productos Canarios en Senegal, en el que se hace un análisis detallado de las posibilidades que hay de vender productos agroalimentarios de las islas en el país africano y se detecta un importante potencial para la comercialización de determinados productos.

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