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El Gobierno pone en valor la Responsabilidad Social Corporativa en la Administración y las empresas públicas

El Gobierno pone en valor la Responsabilidad Social Corporativa en la Administración y las empresas públicas

El viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia inaugura una jornada sobre Empresa Pública y Sostenibilidad en la que se presenta la ‘Guía de Responsabilidad Social para las Empresas Públicas Mercantiles de Canarias’

El documento tiene como finalidad orientar a las empresas públicas canarias en la estrategia de la triple sostenibilidad: ambiental, social y buen gobierno

El viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia del Gobierno de Canarias, Manuel Martínez, ha aprovechado este miércoles la inauguración de la Jornada Empresa Pública y Sostenibilidad, organizada por la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, para poner en valor la Responsabilidad Social Corporativa en la Administración y las empresas públicas.

En dicha jornada, que ha servido para presentar la ‘Guía de Responsabilidad Social para las Empresas Públicas Mercantiles de Canarias’, editada por la Dirección General de Transparencia y Participación Ciudadana, centro adscrito a la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Manuel Martínez, ha abogado por lograr “un equilibrio entre la protección del medioambiente, el crecimiento económico y la justicia social”. En este sentido, ha destacado el papel fundamental que deben jugar las administraciones públicas a la hora liderar este modelo e implantar en las empresas públicas estos criterios.

Para el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, “algo sostenible es algo que perdura en el tiempo y estamos viendo que el modelo económico actual, con los criterios actuales, no se está sosteniendo”, pues consumimos cada vez más recursos naturales, contaminamos cada vez más y cada vez hay mayor desigualdad. “Debemos convertirnos -ha apuntado, en referencia a la administración y las empresas públicas- en un modelo a seguir y demostrar que, desde lo público, se puede impulsar el crecimiento económico, respetando el medioambiente y contribuyendo a que las condiciones laborales de nuestros empleados y empleadas públicas sean justas”.

En referencia a la guía, ha indicado que lo que pretende es “iniciar un diálogo entre todos los sectores de la Administración Pública para poner en valor la sostenibilidad”, no solo en lo relacionado con el medioambiente, sino también con el crecimiento económico y la justicia social.

La presentación de la guía se ha desarrollado tras la salutación del director general de Patrimonio y Contratación, José Julián Isturitz, y ha corrido a cargo de Raquel Sierra, socióloga y técnica del Área de Proyector de Innovaris SL, que ha expuesto la metodología aplicada en el estudio, Alexis Robles, socio director de Innovaris SL, que ha explicado el contexto y configuración del estudio, y la directora general de Transparencia y Participación Ciudadana, Marta Saavedra, que ha detallado el resultado y las conclusiones del trabajo.

Marta Saavedra, que ha hecho varias referencias al prólogo de la guía, escrito por el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad y que pone el acento en la ejemplaridad de lo público, ha manifestado que “las entidades públicas deben autoexigirse en la búsqueda de la eficacia y la eficiencia bajo un punto de partida: la evaluación del impacto que sus acciones tendrán en el entorno de actuación de sus actividades y en los actores que intervendrán en ellas, pero, sobre todo, cómo llega este impacto a los o las receptores finales”.

A su juicio, “todo lo que está vinculado a la Administración Pública está ligado a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), que es el pilar fundamental de la sostenibilidad del sector público”.

“Con esta guía consideramos importante no solo potenciar la responsabilidad social del sector público, sino también dar a conocer ejemplos de acciones que ya se están realizando en algunas de las empresas”, ha insistido Saavedra.

Una guía sostenible

La guía, que ha sido impresa en papel reciclado y con tintas ecológicas, y cuya versión digital estará disponible en próximas fechas en la página web de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, se divide en cuatro bloques. El inicial cuenta con el prólogo escrito por el consejero Julio Pérez. Tras él se explica la metodología empleada y el objetivo de la elaboración de esta publicación, que no es otro que el de orientar y aportar información de valor para que las empresas públicas mercantiles de Canarias puedan encaminar su estrategia de responsabilidad social organizando los recursos que les permitan impulsar proyectos vinculados a la Agenda Canaria 2030.

La tercera parte de la guía recoge el diagnóstico desde el punto de vista ambiental, social y de buen gobierno de las empresas públicas canarias partícipes en el estudio. En este sentido, el documento indica recomendaciones relacionadas con estos tres ámbitos de la sostenibilidad para que estas entidades avancen en la RSC.

Desde el punto de vista ambiental se recomienda que se tengan en cuenta criterios medioambientales, sociales y de innovación en la contratación pública, a través de la sensibilización y concienciación interna, la formación específica, o la colaboración y transferencia de conocimiento e intercambios de experiencias, entre otros.

Por su parte, desde el punto de vista social y de buen gobierno, los consejos son diversos, entre otros apostar por la integración en la plantilla de las empresas a personas procedentes de colectivos desfavorecidos, avanzar en el fomento del bienestar emocional de los empleados y empleadas, implantar un Plan de Igualdad en la empresa y difundirlo entre las personas empleadas mediante boletines o charlas informativas, o fomentar el consumo responsable y sostenible entre la plantilla de la empresa, entre otros valores.

En el cuarto y último apartado se presentan acciones o proyectos destacados relacionados con la RSC de las empresas que han participado en el estudio.

La guía ha sido elaborada por la consultora Innovaris S.L. a partir del estudio de las empresas públicas mercantiles del Gobierno de Canarias en relación con la experiencia, los proyectos y las acciones de Responsabilidad Social Corporativa que han desarrollado y que actualmente ejecutan.

Las empresas públicas que han participado en el estudio han sido el Instituto Canario de Desarrollo Cultural, S.A, Cartografía de Canarias (GRAFCAN), Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), Gestión del Medio Rural de Canarias, S.A.U. (GMR CANARIAS), Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental S.A. Unipersonal (GESPLAN), Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Promotur Turismo Canarias, Sociedad Canaria de Fomento Económico (PROEXCA), Sociedad para el Desarrollo Económico de Canarias (SODECAN), Gestión Recaudatoria de Canarias, S.A. (GRECASA) y Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias S.A. (VISOCAN). Así mismo, también ha sido partícipe del estudio la entidad pública Radio Televisión Canaria S.A, que, pese a ser independiente de la Administración y del Gobierno, aceptó la invitación a realizar la encuesta y entrevista.

Tras la presentación de la guía, ha tenido lugar una mesa redonda, bajo el título ‘RSC, buen gobierno y sostenibilidad en las empresas públicas’, en la que han participado el viceconsejero de Administraciones Públicas y Transparencia, Manuel Martínez, su homólogo de Empleo, Gustavo Santana, la responsable de Información no Financiera del Pacto Mundial de Naciones Unidas España, Elsa Castillo, la project manager de Sostenibilidad y RSC de Forética, María Ordovás, el director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible del Gobierno de Canarias, David Padrón, y la directora de Programas de Normalización y Grupos de Interés de la Asociación Española de Normalización-UNE, Paloma García.

La clausura de la jornada ha correspondido al viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera.

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Canarias solicita la creación este año de dos juzgados en materia social para afrontar la crisis del Covid-19

La DG de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, durante la videoconferencia

Así lo trasladaron la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, en la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas al abordar los trabajos de preparación del borrador de un plan de choque para hacer frente a la crisis que presentó el Ministerio de Justicia y que contemplará, previsiblemente, un conjunto amplio de medidas

La postura de Canarias frente al Ministerio es que la asignación de una sola unidad sería insuficiente para atender con un mínimo de garantías el incremento de los procesos derivados de la crisis sanitaria que se dará en ambas provincias, contando, por lo demás, la Comunidad Autónoma con instalaciones judiciales aptas para la creación de dos juzgados

La Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que dirige Julio Pérez, trasladó la semana pasada a la Comisión de Coordinación entre el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencias cedidas en materia de justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y el Consejo Nacional de la Abogacía, la necesidad de que se creen en Canarias este mismo año dos juzgados en materia social para hacer frente a la crisis planteada con ocasión del Covid-19.

Así lo trasladaron en ese encuentro, celebrado a través de videoconferencia, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, y la directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, Marta Bonnet, al abordar los trabajos de preparación del borrador de un plan de choque que presentó el Ministerio de Justicia y que contemplará, previsiblemente, un conjunto amplio de medidas en función de la situación en la que se encuentren los órganos judiciales, que van desde los planes de seguimiento, la prolongación de jornadas, el nombramiento de los equipos de refuerzo o unidades específicas y la creación de nuevos órganos judiciales.

En concreto, la petición de Canarias se traduciría en la creación del Juzgado de lo Social nº 11 de Las Palmas y el Juzgado de lo Social nº 9 de Santa Cruz de Tenerife. Vallejo y Bonnet defendieron en nombre del consejero que la asignación de una sola unidad sería insuficiente para atender con un mínimo de garantías el incremento de los procesos derivados de la crisis sanitaria que se dará en ambas provincias, contando, por lo demás, la Comunidad Autónoma con instalaciones judiciales aptas para la creación de dos juzgados.

Pérez y su equipo valoran el plan de choque y lo consideran muy positivo, y recuerdan que su implantación está condicionada a un seguimiento y la imposición de objetivos concretos que garanticen su efectividad.

En este marco de medidas de refuerzo es en el que Canarias ha solicitado la creación para este año de dos unidades judiciales con carácter permanente que atenderán, principalmente, las necesidades surgidas en los juzgados de lo social con ocasión de la crisis originada por la pandemia del Covid-19.

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