El Comité descarta que Canarias se convierta en escenario de pruebas o experimentos en el proceso de desconfinamiento. Los asesores destacan que el aislamiento está dando muy buenos resultados, con indicadores de bajas tasas en cuanto a casos positivos registrados, a ingresos hospitalarios y a fallecimientos por Covid-19
El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha presidido esta tarde una nueva reunión del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria, en la que se estableció que en Canarias no se tomarán decisiones sin tener en cuenta las máximas garantías sanitarias, por lo que se descartó que el Archipiélago se convierta en escenario de pruebas o experimentos con respecto al proceso de desconfinamiento. En ese sentido, el Comité ha aclarado que el desconfinamiento en las Islas nunca se hará antes del 26 de abril y que se efectuará sólo cuando se reúnan las condiciones adecuadas y atendiendo a las disposiciones del Gobierno Central.
Los miembros del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria analizaron en la reunión de hoy las fórmulas más idóneas para efectuar la desescalada, y estudian un protocolo para aplicar una vez se permita el desconfinamiento. Desde el comité han insistido en la idea de que “acelerar el desconfinamiento se haría solo si existe previo acuerdo entre las administraciones central y autonómica y nunca por imposición unilateral”, apuntó el portavoz del equipo científico Lluís Serra.
En esta línea, señalaron que el ritmo del desconfinamiento dependerá de la respuesta de la población (distanciamiento social, protección facial, higiene de manos) y de la capacidad de respuesta sanitaria (vigilancia epidemiológica, detección de casos sintomáticos y de contactos asintomáticos, protección de personas vulnerables,…).Asimismo, tras presentar su informe, los expertos que asesoran al Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria señalaron que los datos de la tendencia semanal de la Covid-19 en Canarias ofrecen buenos indicadores en cuanto al número de casos, de ingresos en Hospitalización y en UCI, así como de fallecidos, con respecto al resto de comunidades autónomas.
Los expertos han destacado que la llegada frecuente, durante esta semana, de material sanitario ha mejorado de forma importante los stock de equipamiento de protección para los profesionales y de test e hisopos para continuar analizando la incidencia del virus tanto entre los profesionales sanitarios como en otros sectores de la población para los que esté indicado. De esta forma se plantea también la posibilidad de ampliar el espectro de personal sanitario y sociosanitario al que practicar las pruebas.
Protocolos para el día después
Los miembros del Comité han comenzado asimismo a trabajar en protocolos que garanticen la vuelta a la normalidad en el considerado “día después”, una vez superada la fase de alerta y de desconfinamiento. En este sentido, se ha considerado que el uso de mascarillas podría ser útil, al igual que la toma de temperatura a las personas que se trasladen en avión o en barco una vez se normalice el tráfico aéreo y marítimo.
Esta actuación complementa el estudio directo de casos y sus contactos directos y estrechos que se producen en el Archipiélago que ya está realizando
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias avanza en el estudio y seguimiento del coronavirus COVID-19 en las residencias de mayores del Archipiélago. De esta forma, al estudio de los casos positivos y contactos directos y estrechos se suma el inicio del cribaje en todos los centros de las Islas. Este cribado se ha iniciado en la mañana de este martes en dos de los centros con mayor número de usuarios: el Hogar Santa Rita, en Puerto de la Cruz, y el Centro Sociosanitario El Pino, en Las Palmas de Gran Canaria.
La diferencia entre el cribado y el estudio ante casos es que este segundo se hace en aquellas residencias donde se detectan positivos COVID-19. En estos casos, se sigue el protocolo de control y realización de test y aislamiento tanto de los positivos como de sus potenciales contactos directos y estrechos. Además, se estudia la causa raíz del contagio. En este momento, todos los testados por estudio de casos se ha hecho con pruebas PCR. Por su parte, el cribado tiene como primer objetivo la detección de posibles casos positivos asintomáticos que puedan darse en estas residencias. Como objetivo secundario, pero no menos importante, el cribado determinará la situación de inmunidad de los residentes y trabajadores de los centros ante el coronavirus COVID-19. Así se puede conocer la realidad de cada centro de una forma más exhaustiva, justo en un ámbito residencial donde se encuentran personas con una alta vulnerabilidad. Este estudio es determinante para la toma de decisiones tanto epidemiológicas, clínicas como sociales.
El cribado requiere un estudio epidemiológico previo, así como una infraestructura sanitaria para desarrollarlo. En el día de hoy se ha comenzado con dos grandes centros de las islas capitalinas: el Hogar Santa Rita, en Puerto de la Cruz, y la Residencia El Pino, en Las Palmas de Gran Canaria. Este cribado se realiza tanto con pruebas de PCR y de diagnóstico de anticuerpos.
Este cribado en centros de mayores se realizará de forma paulatina en todas las islas, aunque el criterio epidemiológico ha aconsejado iniciar este complejo trabajo en las residencias con más población debido a sus características y riesgo.
El trabajo tanto de cribaje como de control ha estado coordinado entre la Dirección General de Salud Pública del SCS y la Consejería de Derechos Sociales que, a su vez, se coordina con los cabildos insulares. Este abordaje cuenta con la participación de los centros hospitalarios de referencia, las gerencias de Atención Primaria y el Servicio de Urgencias de Canarias (SUC).
Incidencia en residencias
A día de hoy, la incidencia más relevante con respecto a las residencias de mayores en Canarias es el fallecimiento de ocho usuarios, todos ellos en Tenerife. Cinco de ellos tuvieron relación con la residencia Jardines de San Marcos, en Tegueste; dos de ellos con el Centro Sociosanitario de Fasnia y uno en el Hogar de Mayores Santa Rita, en Puerto de la Cruz.
Los residentes con diagnóstico de la enfermedad confirmado de COVID-19 suman un total de 98, de los que 8 han fallecido, 82 han sido derivados a centros hospitalarios y 8 están aislados en los propios centros.
Ángel Víctor Torres comparece a petición propia ante la Diputación Permanente del Parlamento de Canarias para informar de las gestiones de su Ejecutivo durante la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación global del coronavirus
El pacto de amplísimo consenso que plantea el presidente Torres, “con la participación de las administraciones públicas, los partidos políticos y los agentes sociales de Canarias”, debe centrarse
en la defensa de los intereses isleños ante el Gobierno español y la UE, siempre teniendo como eje central “la atención a los más vulnerables”
El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, compareció en la mañana de este martes, 14 de abril de 2020, ante la Diputación Permanente del Parlamento Autónomo para informar, a petición propia, de las gestiones que ha realizado su Ejecutivo durante la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación en las Islas de la enfermedad COVID-19.
Ángel Víctor Torres, que detalló las actuaciones del Gobierno de Canarias relacionadas con esa pandemia en una sesión especial de la Diputación Permanente por videoconferencia (la primera que se realiza de esta forma en las diez legislaturas autonómicas), planteó como eje central de su intervención dirigida a los portavoces de los siete grupos parlamentarios la necesidad de definir un “gran pacto de reconstrucción, sin que nadie se queda atrás, para salir de la crisis social y económica generada por la COVID-19”, una propuesta que tuvo buena aceptación general entre las formaciones políticas con representación en la Cámara canaria.
Tal y como indicó el presidente de Canarias, esa iniciativa política debe concebirse como un pacto de amplísimo consenso, “con la participación de las administraciones públicas, los partidos políticos y los agentes sociales de Canarias”, y debe centrarse en la defensa de los intereses isleños ante el Gobierno español y la UE, siempre teniendo como eje central “la atención a los más vulnerables”, recalcó Torres.
En su exposición parlamentaria de hoy, el jefe del Ejecutivo canario abordó los principales hitos de la COVID-19 en Canarias, desde el primer positivo confirmado en La Gomera el 31 de enero pasado, pasando por los siguientes que se sucedieron en un hotel del sur de Tenerife y con la posterior extensión de la hoy pandemia a escala global, también en las Islas Canarias, aunque con una de las afecciones más favorables dentro de España.
Torres se refirió en su alocución a todo el trabajo realizado por el Gobierno de Canarias y a la intensa agenda que se desplegó en el Archipiélago sobre todo tras la suspensión de las clases el 13 de marzo pasado y la posterior declaración del estado de alarma. Desde ese momento, subrayó el presidente de Canarias, la interlocución y la transparencia han sido constantes con los agentes sociales y económicos, sobre todo a través del Consejo Asesor del Presidente y del Comité de Gestión Económica; con los grupos parlamentarios, con los cabildos (Fecai) y con los ayuntamientos (Fecam), aparte de con los alcaldes de las cuatro ciudades más pobladas de Canarias. A esto se ha unido una relación directa y continua con ministros del Gobierno español y la presencia de Torres en las cinco conferencias de presidentes autonómicos junto al jefe del Ejecutivo nacional, Pedro Sánchez.
En su mensaje parlamentario, el presidente de Canarias insistió en la máxima de que, “aportando todos, mejoramos en Canarias”, algo que fue así, y puso algunos ejemplos, en decisiones adoptadas durante la crisis sanitaria, como ocurrió con la petición consensuada de restringir al máximo las conexiones aéreas con las Islas desde el exterior o las interinsulares, medidas que han sido muy útiles para el control de la propagación del virus. Estas actuaciones y otras se han visto impulsadas, recordó Torres, por la suma de apoyos, tanto de los agentes sociales y económicos como de las administraciones públicas canarias e incluso de partidos políticos que no apoyan al Gobierno autonómico.
Torres propone un gran pacto de reconstrucción, para salir de la crisis social y económica generada por la COVID19
El presidente de Canarias recordó que la destitución de la consejera de Sanidad fue “dura” y la atribuyó a la necesidad de “reforzar equipos y de relevar a personas, que era lo que había que hacer para estar todos unidos”. En esta parte de su intervención, Torres valoró el trabajo hecho por la anterior responsable de Sanidad en Canarias, Teresa Cruz.
Aparte de esas medidas adoptadas en medio de la crisis sanitaria, el jefe del Ejecutivo de Canarias se refirió a otras ejecutadas con el consenso de los integrantes del Consejo Asesor del Presidente y de otras administraciones públicas, como fueron, en el primero caso, la necesidad de los ERTE con causa de fuerza mayor y su aprobación en tiempo récord de cinco días, o en el segundo, la petición al Gobierno español de que los remanentes de los cabildos y los ayuntamientos de Canarias se liberen y sean gestionados directamente por estas administraciones públicas. Canarias “ha sido la única comunidad autónoma que ha hecho esa petición en la conferencia de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos”.
Junto a todas esas cuestiones, Ángel Víctor Torres garantizó que los fondos que Canarias debe recibir del Estado en cumplimiento del REF y del nuevo Estatuto de Autonomía “se defenderán con todas las fuerzas y tienen que llegar a las Islas”, de la misma manera que se deben mantener partidas como las del PIEC, el convenio de carreteras y otros tantos apoyos singulares del Estado ya reconocidos y necesarios para el desarrollo de Canarias.
Para defender todos esos asuntos, el presidente de Canarias señaló que “haremos lo que sea preciso”, principalmente porque son derechos consolidados por las Islas, a lo que se añade que “Canarias es la región de España más golpeada por las consecuencias socioeconómicas de la COVID-19” y, por lo tanto, la que requiere de una respuesta “con la máxima fortaleza” para atajar aquellos efectos negativos en el Archipiélago.
De ahí, concluyó Torres, que se proponga una “gran alianza para poder mitigar esos efectos: para diminuir el sufrimiento de la gente” que se verá afectada por la llamada segunda crisis: la social y económica. Primero, debemos “exigirnos nosotros alcanzar esa gran pacto”, para luego pedir a España y a la UE soluciones para las Islas “con el máximo consenso previo logrado en Canarias”, expuso el presidente autonómico.
Ángel Víctor Torres afirmó que “Canarias ha respondido bien a la crisis sanitaria” ocasionada por el coronavirus COVID-19: “Estamos en buenas manos”, dijo, y ahora toca “permanecer unidos en el día después”, en clara alusión a la articulación de ese gran pacto con soluciones para las Islas que cuente con la participación de todos los agentes: administraciones públicas de Canarias, partidos políticos y representantes económicos y sociales isleños.
En su respuesta tras las intervenciones de los portavoces parlamentarios, el presidente Torres subrayó que “siempre ha defendido las singularidades de Canarias y que los fondos de empleo se repongan a las Islas, algo en lo que seremos contundentes”. Además, indicó que los presidentes de las distintas comunidades autónomas “cada vez están más preocupados por la quiebra social” que generará la COVID-19.
Torres añadió a esa afirmación que “Canarias es en esa crisis distinta, la que provoca el virus fuera del ámbito sanitario, el territorio golpeado en el peor momento, en la temporada alta del turismo”, y recordó que la actual situación no solo afecta a las Islas, sino a Alemania, EEUU, al mundo globalizado; también, por lo tanto, a los principales países desde los que nos llega el turismo.
Al tratarse de una crisis global, sostuvo, “la respuesta debe ser global”. Por ello, en el Consejo Europeo del 23 de abril próximo “la UE debe dar una respuesta que complete las decisiones adoptadas por el Eurogrupo”, lo debe significar la posibilidad “de utilizar el superávit de las administraciones públicas y de acudir al endeudamiento”.
Torres dejó claro que los incentivos para atender la nueva crisis y salir de ella “tienen que venir de lo público, lo único que puede responder en estos momentos”. Canarias “dejará de ingresar de aquí al 31 de diciembre unos 1.300 millones de euros” y, por ello, en parte “necesitamos poder gastar el superávit de la Comunidad Autónoma y además hemos tenido que aprobar la formalización de una póliza de crédito de 1.700 millones de euros”, reconoció el presidente de Canarias.
Ante todas esas realidades, Canarias “necesita un plan acordado” por todos que “sea de posible” ejecución, para cubrir las exigencias sociales y económicas propiciadas por la COVID-19 en el Archipiélago. Se trata, expuso el presidente Torres, de “un gran pacto por la reconstrucción de Canarias que responda a las consecuencias de la emergencia sanitaria y que sume a las medidas económicas y fiscales ya adoptadas en beneficio de empresas, pymes y autónomos o a favor de las personas con alquileres sociales y de familias con escolares de cuota cero, entre otras ya definidas por Canarias. A esas aportaciones se sumará en breve la Renta de Emergencia Social, y ya han contribuido a mejorar otras acciones desarrolladas con éxito, como son la operación de retorno de turistas, previo cese de la actividad turística, o los apoyos activados por la empresa pública GMR con destino al sector primario local.
El presidente de Canarias valoró el resultado de la sesión parlamentaria de hoy y afirmó que el Gobierno autonómico cuenta con un “Parlamento que está a la altura” del momento crítico que se vive. Torres dijo que “vamos a vencer la quiebra social y económica evitando que se queden atrás los de siempre”, en referencia a las personas más vulnerables. El presidente terminó su segunda intervención con un mensaje lleno de optimismo: “Vamos a lograr superar esta crisis como hemos hecho con otras en el pasado”.
El consejero José Antonio Valbuena destaca el “trabajo coordinado” con todos los agentes insulares para alinear la estrategia de residuos de Canarias con la de la UE y así “obtener recursos y generar empleo verde”
La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias y los cabildos insulares han acordado el proceso de actualización del Plan Integral de Residuos de Canarias (PIRCAN) a las últimas directivas de la Unión Europea en esta materia, el ‘Green Deal’ y la Estrategia Europea de Economía Circular.
El proyecto de adaptación del PIRCAN se ha trazado en una reunión virtual presidida por el director general de Lucha contra el Cambio Climático y Medio Ambiente del Gobierno Canario, José Domingo Fernández, a la que asistieron representantes de todos los cabildos, del Observatorio de Cambio Climático, de las empresas agrupadas en el clúster de residuos y de la consultora que redacta el plan, así como de grupos ecologistas.
En concreto, se prevé que un primer borrador esté preparado a principios de mayo, de forma que sirva como base para desarrollar el PIRCAN y, a finales de ese mes, se lleve a cabo la presentación del proyecto a la ciudadanía, junto con el estudio ambiental estratégico.
En este sentido, el consejero del área, José Antonio Valbuena, destacó que desde el Ejecutivo Regional “se está trabajando de manera coordinada con todos los agentes insulares en materia de residuos y empresas del sector del reciclaje, para alinear nuestra estrategia en sintonía con las directrices europeas”. Además, señaló el objetivo de “obtener recursos a partir de los residuos y generar empleo verde en las Islas”.
Por su parte, José Domingo Fernández explicó que en la reunión también se acordó que los cabildos remitirán al Gobierno de Canarias un acuerdo por el que ceden competencias provisionalmente al Ejecutivo para desarrollar y aprobar los programas de gestión de residuos de cada isla, de acuerdo con el alcance que se establezca por cada corporación.
El director general señala que este acuerdo “permitirá acelerar y acompasar la participación regional e insular para tener cuanto antes toda la planificación de residuos alineada con las directivas europeas del ‘Green Deal’”.
Durante el encuentro, el Gobierno canario propuso la realización de un proyecto Life Integrado, que impulse la planificación que se está desarrollando a nivel regional e insular en materia de residuos para poner en marcha las medidas contempladas en el PIRCAN. La finalidad es que los objetivos se orienten hacia la generación de empleo en el sector y el fortalecimiento de la economía social, así como a la relación con el turismo, la industria y la agricultura.
Asimismo, el Ejecutivo regional informó de los resultados de sus reuniones con la Agencia Aduanera Estatal, Asinca y el Ministerio de Transición Ecológica, para desarrollar un modelo de declaración paralelo e integrado en el DUA, que controle todos los potenciales residuos que entran en las Islas. La idea es que sea la base de un modelo de datos que controle la totalidad de los residuos que puedan derivarse a los sectores industriales y sociales que generan empleo, a través de la futura Ley de Economía Circular, en la que se está trabajando.
Entre los asuntos que se trataron en la cita, destaca el proyecto de actualización de toda la información en una página web específica de residuos, donde se recoja toda la información a disposición de la ciudadanía. Por otro lado, distintas administraciones y operadores plantearon la urgencia de llevar a cabo una caracterización de los residuos, con el fin de avanzar en su control. A este respecto, José Domingo Fernández subrayó que ya está en marcha el procedimiento de contratación.
El total de fallecidos hasta el momento es de 102 y se han dado 589 altas
La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias constata un acumulado de 1.958 casos acumulados de coronavirus COVID-19 desde el inicio de esta crisis sanitaria.
De estas personas, 771 han necesitado hospitalización y 147 lo han hecho en un servicio de UCI. Con respecto a las altas hospitalarias con cierre epidemiológico ya suman 589, lo que supone un incremento de 131 con respecto al mismo informe del día anterior. En el registro de hoy se alcanzan los 102 fallecimientos.
El número de profesionales sanitarios contagiados por coronavirus COVID-19 es de 416. El Servicio Canario de la Salud cuenta con 30.000 trabajadores, lo que esta cifra supone el 1,38 por ciento del total.
Por islas, la más afectada sigue siendo es Tenerife que cuenta con 1245 casos; le sigue Gran Canaria con 503 casos; La Palma, 83 casos; Fuerteventura, 38 casos; Lanzarote, 76 casos; La Gomera, 10casos y El Hierro, 3 casos.
Los fallecidos por islas se reparten de la siguiente manera: 68 fallecidos en Tenerife; 4 en La Palma; 0 en La Gomera; 0 en El Hierro; 27 en Gran Canaria; 3 en Lanzarote y 0 en Fuerteventura**.
Fallecidos por grupo de edad
GRUPOS DE EDAD
MUJERES
HOMBRES
TOTAL
30-39 años
3
0
3
40-49 años
0
1
1
50-59 años
3
3
6
60-69 años
5
5
10
70-79 años
9
22
31
80-89 años
14
25
39
+90 años
8
4
12
TOTAL
42
60
102
La Consejería de Sanidad reitera la importancia de mantener al máximo el confinamiento para evitar que las personas más vulnerables puedan enfermar. Es el caso de pacientes inmunodeprimidos, diabéticos, personas con enfermedad cardiovascular crónica, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal crónica o neuromuscular o personas con cáncer.
En este informe se incluye a todas las personas diagnosticadas de COVID-19 (a partir de ahora, casos) mediante criterio microbiológico (detección de ARN de SARS-CoV-2 mediante rt-PCR) en la Comunidad Autónoma de Canarias hasta las 24:00 horas del 06/04/2020.
La ventana temporal comienza el 28 de enero, día antes de que la primera persona con COVID-19 diagnosticada en Canarias, iniciara síntomas. Se considera hospitalización a la asignación de cama en un centro hospitalario; así la atención en los servicios de urgencias sin ingreso y las hospitalizaciones a domicilio, no se consideran hospitalizaciones propiamente dichas.
*Estos datos son a cierre de estadística a las 20:00 horas del lunes y que se notifican al Ministerio de Sanidad.
**Estos datos reflejan un cribado sobre los datos estadísticos de la plataforma web que se basan en las tarjetas sanitarias y en las áreas de declaración. Por lo que no siempre coinciden exactamente con los vinculados en cada isla.
Cualquier ciudadano puede seguir la situación de COVID-19 en este enlace si se hace desde un ordenador o desde este otro enlace si se accede desde un dispositivo móvil.
Las consejerías de Transporte de cada isla se encargarán de su reparto entre los profesionales del sector con el fin de garantizar su seguridad a la hora de realizar la labor esencial de abastecimiento a la población y transporte de los empleados que deben trabajar en la calle
La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, que dirige Sebastián Franquis, ha coordinado hoy con los siete cabildos insulares la entrega del grueso de las 34.000 mascarillas para protegerse del COVID-19 solicitadas por el Ejecutivo regional al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana destinadas a todos los trabajadores del sector de transporte terrestre en el Archipiélago para garantizar su seguridad mientras desarrollan su labor esencial de abastecimiento a la población o de transporte de aquellos trabajadores deben desarrollar sus tareas fuera de sus hogares. Estas 34.000 mascarillas enviadas por el Estado se destinarán única y exclusivamente a los profesionales del sector, no forman parte del lote que se distribuye estos días entre los usuarios del transporte público.
Correos ha sido la encargada de transportar y entregar a cada cabildo las cajas con el número de mascarillas solicitadas por las instituciones insulares a la Consejería regional y que esta reclamó al Ministerio. El Gobierno Central confirmó el pasado fin de semana a la Dirección General de Transportes del Gobierno canario que el grueso de las 34.000 mascarillas sería enviado a través de Correos este martes a las islas capitalinas, y a partir del miércoles al resto de islas, ya que la limitación a la conectividad aérea no permite el reparto a los siete cabildos en el mismo día.
Serán ahora las consejerías de Transporte las que se encarguen de repartir estas mascarillas entre los trabajadores del sector, tanto conductores de camiones de mercancías, como furgones de reparto, como en los chóferes de guaguas, tranvías o taxis de las islas con la finalidad de garantizar la seguridad de estos profesionales en el Archipiélago que, al ser considerados un servicio esencial, se pueden ver más expuestos a un posible contagio del coronavirus o COVID-19. Este reparto se realizará a través de las autoridades únicas del transporte de cada isla, y las federaciones y asociaciones de transportistas. En el caso de los taxis, serán los ayuntamientos los encargados de repartir las mascarillas que previamente les haya asignado cada cabildo.
La entrega de mascarillas a profesionales del transporte comenzó la semana pasada con un primer lote que envió el Ministerio a los trabajadores del sector inscritos en el registro nacional de transportes. En ese primer lote se distribuyeron varios centenares de mascarillas a través de las distintas oficinas de Correos de las Islas, y a nombre de cada uno de los autónomos y profesionales inscritos en dicho registro. El reparto de este primer lote de mascarillas se mantendrá en las oficinas de Correos hasta el próximo viernes 17 de abril.
Con la distribución a partir de hoy del grueso de las 34.000 mascarillas solicitadas por el Gobierno canario se garantiza que todos los profesionales del transporte de las islas contarán con este sistema de protección a la hora de realizar su trabajo. Además, las mascarillas que ya se están repartiendo a los cabildos cumplen con las más altas medidas de calidad ya que están encuadradas en la categoría FFP2 y están indicadas por los expertos sanitarios para altos niveles de protección ya que filtran el aire que se inhala desde el exterior.
Esta iniciativa de la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, en colaboración con el Gobierno de España y los cabildos insulares, está destinada a dar respuesta con la mayor celeridad a la prevención ante el coronavirus o COVID-19, para cientos de trabajadores de empresas tanto públicas como privadas, que forman parte de un sector esencial durante la pandemia para garantizar la movilidad de otros trabajadores y el abastecimiento de mercancías a la población.
Según los datos facilitados por los cabildos a la Consejería, el sector que más mascarillas ha demandado es el de los transportistas de mercancías pesadas, con una petición de 14.094 mascarillas para todas las islas. Les siguen las peticiones para los transportistas de mercancías ligeras, con 7.128 mascarillas, y los taxistas, 7.090. Por su parte, para los conductores de guaguas de transporte público urbano e interurbano de toda Canarias, y para los del tranvía de Tenerife, se solicitan 3.078 mascarillas.
Durante el mes de marzo se realizaron más de 12.000 llamadas telefónicas a un total de 1.250 pacientes
La Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote del Servicio Canario de la Salud ha adaptado el funcionamiento de los centros de Atención Primaria a las nuevas condiciones derivadas del estado de alarma provocado por la pandemia de coronavirus COVID-19 para atender las demandas de la ciudadanía en este ámbito sanitario.
Así, y siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad de evitar las concentraciones de personas a fin de minimizar el riesgo de contagio y tratar de proteger al personal sanitario, la mayor parte de la actividad asistencial se desarrolla vía telefónica. Durante el pasado mes de marzo se incrementaron notablemente las consultas telefónicas en el Área de Salud de la Isla, alcanzando la cifra de 12.587 consultas, frente a las 940 que se produjeron en el mismo mes del año anterior.
Reorganización de la plantilla
En esta línea, desde que se iniciara esta situación, la dirección de Atención Primaria de Lanzarote ha reorganizado a su personal sanitario y reducido considerablemente la actividad de los centros de salud y consultorios locales. Para ello, se han creado varios equipos de trabajo que dan respuesta a las demandas asistenciales y realizan un seguimiento diario a los 1.250 pacientes registrados en el último mes.
Por un lado, se ha creado el denominado equipo Covid que atiende exclusivamente a las 42 personas que han dado positivo por coronavirus y que se mantienen en aislamiento domiciliario. Este grupo, formado por dos médicos y cuatro enfermeras, son los responsables de realizar la pruebas y atender a los pacientes a través dos llamadas telefónicas diarias hasta recibir el alta.
Además de a los pacientes positivos, también se está haciendo un seguimiento telefónico a sus contactos estrechos: alrededor de 75 personas, durante al menos 14 días, hasta descartar que hayan sido contagiados. Esta tarea la desarrolla parte del equipo de enfermeras de enlace, mientras que el resto del equipo sigue trabajando con los pacientes más frágiles y de cierta complejidad con una media de 60 llamadas diarias desde que se iniciara esta crisis, 440 desde el 1 de abril.
Por otro lado, los equipos de los centros de salud atienden la mayor parte de la demanda asistencial, tanto telefónica como presencialmente, si bien este tipo de consultas se ha tratado de reducir al mínimo imprescindible. De hecho, desde la Dirección de Atención Primaria señalan que más del 80 por ciento de la asistencia se desarrolla telemáticamente y apenas un 15 por ciento se hace de manera presencial. A estos casos se suma la atención domiciliaria que se sigue dando a pacientes crónicos y con necesidades de curas y otros tratamientos.
Cabe señalar que para reforzar estas visitas a domicilio la Gerencia de Servicios Sanitarios de Lanzarote ha alquilado un total de 10 vehículos que se han puesto a disposición de los equipos sanitarios de los centros de salud y consultorios locales.
Todos los juzgados y órganos en Canarias se encuentran abiertos, si bien solo se tramitan en los mismos las peticiones y procedimientos considerados esenciales
El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez, asegura que la Administración de Justicia sigue operativa durante el Estado de Alarma mediante la prestación de servicios esenciales, con lo que se garantiza que los derechos de la ciudadanía están protegidos y las cuestiones más urgentes se atienden y reciben respuesta.
“Todos los Juzgados y órganos de la Administración de Justicia en Canarias se encuentran abiertos, si bien solo se tramitan aquellas peticiones y procedimientos considerados esenciales”, indica Pérez, quien subraya que se están cumpliendo con los servicios esenciales decretados por el Consejo General del Poder Judicial.
Estos servicios, explica, comprenden las actuaciones del juzgado de guardia, resolver sobre órdenes de protección y procesos que se sigan en el ámbito de la violencia sobre la mujer, la adopción de medidas urgentes de protección de menores y personas con discapacidad, actuaciones en causas con preso, inscripción de nacimientos y defunciones en el Registro civil y cualesquiera otras medidas cautelares o procesos urgentes que se sigan en los órdenes civil, social y contencioso administrativo.
En cumplimiento de tales criterios y desde la declaración del Estado de Alarma decretada el 14 de marzo y hasta el pasado 12 de abril, los Juzgados de Canarias han registrado 5.786 procedimientos nuevos y 608 trámites incidentales en procesos ya existentes, detalla el consejero.
Servicios esenciales
Al respecto, la viceconsejera de Justicia, Carla Vallejo, afirma que la Justicia no se ha parado, y precisa que, si bien los juzgados y órganos de la Administración de Justicia no funcionan al nivel que lo hacen habitualmente, sí prestan los servicios esenciales con los que se garantiza que los derechos de la ciudadanía están protegidos.
Recalca que el funcionamiento del servicio público se asegura gracias al trabajo diario de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia, así como al colectivo de profesionales de los servicios de seguridad y limpieza que cada día acuden a los edificios judiciales y a la labor profesional del cuerpo de letrados y de los integrantes de las carreras judicial y fiscal.
Vallejo señala que por la parte que le corresponde como administración al Gobierno de Canarias, como responsable de medios personales y materiales, se han reforzado los servicios de seguridad de los edificios, el servicio de limpieza, los sistemas de transporte y dotado a las personas usuarias de Equipos de Protección Individual.
Relación de Procedimientos
Entre el 14 de marzo y el 12 de abril se han registrado los siguientes procedimientos:
Provincia de las Palmas
· Juzgados de Primera Instancia: 263 procedimientos nuevos y 52 incidentes
· Juzgados de Instrucción: 2.005 procedimientos nuevos, 96 incidentes y cuatro ejecuciones
· Juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer (no se incluyen los procedimientos de violencia de genero registrados en juzgados de instrucción y mixtos): 138 procedimientos nuevos y 30 incidentes
· Juzgados Mixtos: 606 asuntos nuevos, 41 incidentes y cinco ejecuciones
· Juzgados de lo Penal: 26 asuntos nuevos, un incidente y 33 ejecuciones
· Juzgados de lo Social: 172 asuntos nuevos y 10 incidentes
· Juzgados de lo Contencioso Administrativo: Nueve asuntos nuevos y ocho incidentes
· Juzgados de lo Mercantil: Un asunto principal y 26 incidentes
Provincia de Santa Cruz de Tenerife
· Juzgados de Primera Instancia: 135 asuntos principales, 10 incidentes y una ejecución
· Juzgados de Instrucción: 1.249 asuntos nuevos y 120 incidentes
· Juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer: 88 asuntos nuevos y 46 incidentes
· Juzgados Mixtos: 994 asuntos nuevos, 140 incidentes y cinco ejecuciones
· Juzgados de lo Penal: 37 asuntos nuevos, 10 incidentes y 83 ejecuciones
· Juzgados de lo Social: 19 asuntos principales
· Juzgado de lo Mercantil: 11 asuntos principales y 15 incidentes
· Juzgado de lo Contencioso: 33 asuntos principales y 3 incidentes.
De igual forma, para cumplir con las previsiones del RD 10/2020 de limitación de la movilidad y favorecer su reducción a niveles propios de un fin de semana, el Ministerio de Justicia, a través de una resolución de 29 de marzo de 2020, ha establecido un sistema de prestación de los servicios de los trabajadores y trabajadoras de la Administración de Justicia distinguiendo entre aquellos que deben ser prestados de manera presencial y los que pueden quedar en disponibilidad.
La relación a los funcionarios y funcionarias de la Administración de Justicia que se encuentran trabajando presencialmente (en porcentaje medio) es la siguiente:
· Un 25% de los facultativos de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses
· Un 20.9% de los funcionarios de los Juzgados de Instrucción
· Un 24.9 % de los funcionarios y funcionarias de los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
· Un 24.8 % de los funcionarios y funcionarias de los Juzgados de Violencia Sobre la Mujer
· Un 23.2 % de los funcionarios y funcionarias de las Fiscalías
· Un 9% de los funcionarios y funcionarias de las secciones penales de la Audiencia Provincial.
· Entre un 5% y un 6% de los Juzgados Penales, Decanato y Registros Civiles
En el resto de órganos se encuentran en régimen de disponibilidad
Por su parte, los integrantes de las carreras judicial y fiscal y los letrados y letradas de la Administración de Justicia se han organizado en turnos rotatorios presenciales por partido judicial y especialidad para atender los servicios esenciales, pudiendo trabajar desde su domicilio los que no acudan al juzgado al disponer de medios técnicos para la conexión en remoto al despacho profesional.
La consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, destaca la sintonía entre las medidas propuestas por Unicef y las que ya ha puesto en marcha el Ejecutivo para proteger a los y las menores que se encuentran bajo tutela del Gobierno de Canarias
“Nuestro objetivo es garantizar la protección, la atención y la salud de los menores bajo la tutela del Gobierno de Canarias, especialmente de aquellos que se encuentra en una situación de mayor vulnerabilidad”, aseguró la consejera de Derechos Sociales, Noemí Santana, que destacó la labor desarrollada desde la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia para dar respuesta a esta situación excepcional provocada por la pandemia del COVID-19.
En este sentido, destaca la enorme sintonía entre las medidas adoptadas hasta ahora por esta Consejería y las propuestas desde Unicef y que este organismo internacional considera prioritarias para dar una respuesta adecuada a las necesidades de la población infanto-juvenil en protección.
Entre estas medidas, se incluyen las de garantizar las condiciones adecuadas en los centros de primera acogida, así como contar con espacios alternativos de acogida donde poder trasladar a los niños y niñas en caso de sobreocupación. “Desde el minuto uno se han establecido los protocolos de seguridad sanitaria necesarios para garantizar la protección de los niños y niñas tutelados y de aquellos que estén cumpliendo alguna medida en los centros de internamiento educativos, así como del personal que trabaja en los diferentes recursos”, afirmó la directora general de Protección a la Infancia y la Familia, Iratxe Serrano.
Estas medidas contemplan la dotación de material de protección (mascarillas, batas, guantes a todos los centros) y la adopción de protocolos y planes de emergencia en caso de brotes de contagios dentro de los centros de acogida que incluyan la identificación de espacios de alojamiento alternativos para el traslado de las personas más vulnerables o de las personas contagiadas.
En relación a los menores extranjeros no acompañados, Serrano afirma que se están cumpliendo las medidas solicitadas por Unicef, que incluyen la paralización de las solicitudes a la Fiscalía de inicio de expediente de determinación de la edad, así como cualquier trámite que se desarrolle en aquellos expedientes ya iniciados.
“Asimismo, hemos asegurado que la gran mayoría de los chicas y chicos que cumplan 18 años vean prorrogada su salida del centro o residencia en la que viven hasta que finalice este período de emergencia sanitaria”, indicó la directora general.
Refuerzo de los servicios de protección
Desde que comenzó la situación de alarma sanitaria por el Covid-19, desde la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, a través de la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, se han reforzado los servicios de protección, especialmente en la detección, notificación y tratamiento de cualquier tipo de violencia, haciendo un especial seguimiento de todos los casos abiertos de familias con indicios de riesgo o desprotección, así como hemos establecido las vías para atender de manera prioritaria las denuncias o notificaciones relativas a situaciones de violencia en servicios sociales de atención primaria.
Igualmente, se han establecido protocolos para prevenir la violencia, especialmente en los centros de medidas judiciales, así como vías efectivas y accesibles de denuncia, ante cualquier tipo de violencia, especialmente en los centros de primera acogida.
Atención técnica y psicosocial para el personal del sistema de Protección y Reforma
Desde la Dirección general de Protección a la Infancia y la Familia, en colaboración de Unicef, se trabaja en la aplicación de un conjunto de medidas dirigidas a potenciar la atención técnica y psicosocial del personal que trabaja en la red de centros de protección y recursos para jóvenes que cumplen medidas judiciales.
Según explica Iratxe Serrano, el objetivo es velar por la salud mental de la infancia tutelada y de los profesionales que trabajan en este contexto, medida que redundará además en la prevención frente a situaciones de posible violencia que se puedan generar motivado, por ejemplo, por la imposibilidad de visitas por parte de las familias.
Con este objetivo, se adoptará un programa diseñado por Unicef en colaboración con la psicóloga, consultora y experta en infancia, Pepa Horno, dirigido a garantizar el acompañamiento emocional a los niños, niñas y adolescentes en un contexto de emergencia sanitaria. Para ello, se contará con una plataforma de referencia técnica en el dominio de unicef.es dirigido a los equipos técnicos de los centros de protección en España donde se ubicarán materiales a disposición de la administración pública y entidades que gestionan recursos residenciales para la infancia. Esta plataforma contará con vídeos sobre autocuidado para los profesionales y sobre pautas generales de actuación con los niños, niñas y adolescentes, así como guías de referencia con pautas concretas diferenciadas para menores de 6 a 12 años y adolescentes de 13 a 18 años.
