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Canarias y Estado estudian de forma conjunta el control sanitario de los viajeros

fachada sanidad LPGC

La reunión técnica entre ambas administraciones concluye con un compromiso de análisis exhaustivo por parte del Ministerio de Sanidad

La reunión técnica bilateral Canarias-Estado para tratar el control sanitario de los viajeros que lleguen al territorio canario culmina con un compromiso del Ministerio de Sanidad de estudio de la propuesta canaria para un control complementario al que realizará Sanidad Exterior en los aeropuertos españoles. Este compromiso se adquirió esta tarde en la reunión realizada con miembros del Ministerio de Sanidad y de las consejerías de Turismo, Obras Públicas y Transportes y Sanidad del Gobierno de Canarias.

En el encuentro se analizó la posibilidad de que los turistas que provengan de zonas con un alto índice de COVID-19 o con sospecha de padecer esta enfermedad tengan un control específico con test tanto serológicos o PCR en función de los criterios epidemiológicos marcados. Estos test serían un complemento a las medidas ya aprobadas por el Ministerio y que desarrollará Sanidad Exterior con la toma de temperatura a todos los viajeros, la realización de una encuesta epidemiológica y el paso a un control médico para los casos sospechosos.

Los portavoces del Ministerio de Sanidad recalaron la importante labor que han realizado las autoridades sanitarias canarias para la contención del virus y pusieron en valor el trabajo realizado en el ámbito turístico previo al estado de alarma.

En la reunión, los técnicos de las tres consejerías canarias plantearon que la propuesta canaria podría ayudar a protocolizar los viajes turísticos en esta nueva normalidad.

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El Consejo General de Empleo aprueba ayudas por 7,5 millones para formar y contratar a personas jóvenes

El Servicio Canario de Empleo agiliza las subvenciones al trabajo autónomo en cumplimiento del Pacto de Reactivación Social y Económica tras la COVID-19

El Consejo General de Empleo del Servicio Canario de Empleo (SCE), organismo adscrito a la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, aprobó este miércoles el Programa de Formación en Alternancia con el Empleo-Garantía Juvenil para 2020 por un importe de 7,5 millones de euros (7.519.703,98), cofinanciado al 91,89% por el Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo.

Presidido por la consejera autonómica de Economía, Elena Máñez, el Consejo General de Empleo avaló la propuesta de resolución con las bases reguladoras y la convocatoria de subvenciones, en régimen de concurrencia competitiva, para financiar los proyectos destinados a incrementar la cualificación profesional y la inserción laboral de personas desempleadas de 16 a 30 años en el Archipiélago.

Como novedad, la duración de las actuaciones en la convocatoria de 2020 se reduce de once a nueve meses y la excepcionalidad se debe a la finalización del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020 del Fondo Social Europeo, según argumenta el documento aprobado por el órgano colegiado del SCE, integrado por responsables de la administración autonómica junto a dirigentes de los sindicatos y patronales con mayor representatividad.

Además de Elena Máñez, la sesión ordinaria del Consejo General de Empleo contó con la participación del viceconsejero de Empleo, Gustavo Santana; la directora del SCE, Dunnia Rodríguez; y el director general de Ordenación y Promoción Turística, Ciprián Rivas; entre otros responsables de la administración autonómica, junto a representantes de las confederaciones empresariales provinciales (CCE Las Palmas y CEOE-Tenerife) y las principales organizaciones sindicales (CCOO y UGT).

Más plazo y menos trámite

También emitió un informe favorable a la modificación del procedimiento de subvenciones directas para la promoción del empleo autónomo en cumplimiento con el compromiso para “el impulso decidido de la agilidad y la simplificación administrativa” adquirido en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, firmado por iniciativa del Gobierno autonómico el pasado 30 de mayo por una mayoritaria representación de la sociedad isleña ante la pandemia de COVID-19.

Entre otras cuestiones, la orden elimina para las personas beneficiarias el requisito de inscripción en el servicio de promoción del empleo autónomo de las oficinas del SCE y amplía el plazo de solicitud de ocho meses a un año desde su alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA).

Igualmente, el Consejo General de Empleo informó a favor del convenio de cooperación entre el SCE y el Cabildo de Fuerteventura para para la puesta en marcha de los proyectos de apoyo a la empleabilidad en la isla majorera derivados de la situación sobrevenida de la declaración del estado de alarma por el COVID-19.

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El gasto farmacéutico del SCS se situó en el mes de mayo en 46,6 millones de euros

La Consejería de Sanidad da cuenta en el Consejo de Gobierno del gasto en medicamentos y productos dietoterápicos del pasado mes

Las áreas de Salud de Tenerife y Gran Canaria facturaron 40.423.759,41 euros, el 86,59% del total

La Consejería de Sanidad dio cuenta hoy en Consejo de Gobierno del gasto farmacéutico del Servicio Canario de la Salud (SCS) correspondiente al mes de mayo, que se situó en 46.682.298,24 euros e incluye la facturación de los medicamentos y los productos dietoterápicos adquiridos con receta médica, así como el importe destinado a financiar la gratuidad de los tratamientos para los pensionistas con rentas inferiores a 18.000 euros y residentes en Canarias.

Las áreas de Salud de Tenerife y Gran Canaria facturaron el 86,59% del gasto farmacéutico total en esa mensualidad, con 20.258.940,92 euros y 20.164.818,49, respectivamente. Les siguen las áreas de Salud de Lanzarote, con 2.146.900,68; La Palma, con 2.032.239,07; Fuerteventura, con 1.354.134,08; La Gomera, con 500.232,15, y El Hierro, con 225.032,85.

El gasto de farmacia del SCS que se comunica al Ministerio de Sanidad no incluye la facturación de los productos dietoterápicos ni el importe resultante de la aplicación del Decreto-ley 1/2020, de medidas urgentes, por el que se regula la ayuda para la adquisición de medicamentos financiados por el Sistema Nacional de Salud a las personas que tengan la condición de pensionistas de la Seguridad Social y sus beneficiarios, cuya renta anual sea inferior a 18.000 euros, tal y como solicita la Administración General del Estado para uniformar los criterios de información de todas las Comunidades Autónomas.

Según esos criterios, el importe del gasto farmacéutico del SCS para el mes de mayo que se comunicará al Ministerio será de 43.838.473,75 euros.

Derechos Sociales destina más de 2,2 millones de euros a financiar los centros de día para personas mayores

La ‘Memoria violeta’ del Gobierno recordará a todas las mujeres asesinadas por violencia machista desde 2003

Los centros de día para personas mayores tienen como objetivo, entre otros, promover la salud de los mayores y prevenir la dependencia de este colectivo

El Consejo del Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, jueves 18 de junio, la suscripción de convenios plurianuales de cooperación con un total de 15 ayuntamientos canarios para la gestión de los centros de día para personas mayores, con una inversión total que asciende a 2.266.327,11 euros para los años 2020, 2021 y 2022.

El objeto de esos acuerdos es mejorar la eficiencia en la gestión pública y facilitar la utilización conjunta de medios y servicios públicos, contando con la cooperación de los citados ayuntamientos en el ámbito de mejorar las políticas sociales a favor del colectivo de personas mayores.

En virtud de esos convenios, la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud se compromete a la financiación de los citados acuerdos así como a realizar a su cargo obras mayores de conservación y mejora de los centros, si fuesen necesarias, mientras que los ayuntamientos se comprometen, entre otras funciones, a organizar actividades que se lleven a cabo por iniciativa de los propios centros, referidas al fomento de la cultura, desarrollo personal y promoción de la salud de las personas mayores para propiciar unas condiciones de vida saludables que les permita estar activos y saludables física y emocionalmente, previniendo futuras situaciones de dependencia y vulnerabilidad.

Por municipios, los convenios suscritos contemplan una financiación global, para el trienio 2020-2022, de 2.266.327,11 euros, distribuida por municipios de la siguiente forma: 100.618,61 euros para Agaete, 221.189,47 euros para Arucas, 99.022,09 euros para Guía de Isora; 177.075,52 euros para Güímar; 112.117,88 euros para Ingenio; 143.947,85 euros para La Aldea; 172.836,21 euros para Puerto de la Cruz; 250.283,77 euros para Puerto del Rosario; 103.055,69 euros para San Bartolomé de Tirajana; 87.763,39 euros para San Miguel de Abona; 129.518,81 euros para Santa Cruz de La Palma; 180.031,05 euros para Santa Lucía; 134.335,09 euros para Guía; 227.371,92 para Telde y 127.159,76 euros para Tuineje.

La Dirección General de Modernización da cuenta al Gobierno de las inversiones realizadas en mamparas y ordenadores

Ambas son medidas adoptadas para hacer frente a las necesidades surgidas por la crisis de la COVID-19; en el caso de las mamparas, para completar las ya instaladas en las oficinas de Registro, y en el de los ordenadores, para facilitar la modalidad del teletrabajo a la Inspección Médica del Gobierno de Canarias

La Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios (DGMCS), dependiente de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dio cuenta hoy al Gobierno de Canarias de la Resolución 2681/2020, de 4 de junio de 2020, por la que se aprobó el gasto y se adjudicó el contrato de emergencia consistente en el suministro de mamparas de protección para Oficinas Canarias de Información y Atención Ciudadana (OCIAC) en las sedes de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria por 10.558,47 euros, así como de la Resolución 2482/2020, de 1 de junio de 2020, por la que se aprueba el gasto y se adjudica el contrato de emergencia, consistente en el suministro de dos ordenadores, licencias Windows 10 Pro, y cuatro monitores, por el procedimiento de emergencia destinados al Servicio de Inspección Médica por importe de 1.893,90 euros.

En ambos casos, se trata de la adopción de medidas para hacer frente a la COVID-19, por lo que se ha justificado la necesidad de actuar de manera inmediata, y se solicitó al Gobierno de Canarias que se incluyan esos expedientes dentro de la relación pormenorizada de los expedientes tramitados al amparo del procedimiento de emergencia, que deben ser remitidos al Parlamento de Canarias, de conformidad con lo previsto en la disposición adicional primera, apartado 1.a), de la Ley 19/2019, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020.

Por una parte, la DGMCS justificó que en las OCIAC, que deben continuar prestando sus servicios al conjunto de la población, se han instalado mamparas de protección tanto para el personal que presta sus servicios en las oficinas como para la ciudadanía que acude a estas dependencias y que, para completar las medidas de protección, se ha constatado la necesidad de instalar con carácter de emergencia nuevas mamparas para garantizar las medidas de seguridad y prevención de contagios.

Por otra parte, también justificó que precisaba adquirir con urgencia dos ordenadores con licencias Windows 10 Pro y cuatro monitores para el Servicio de Inspección Médica, en sus sedes de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, dado que los que dispone en la actualidad dan problemas y errores de conectividad con la VPN, por lo que no se podía garantizar la modalidad de teletrabajo de una manera efectiva, tal y como se fomenta desde el Gobierno de Canarias.

El Gobierno de Canarias destina 252.819 euros al nuevo personal que ingresa como técnicos de grado medio

Los puestos a dotar, del grupo A2, incluyen tres técnicos, un inspector de Calidad, un técnico de Producción Integrada, tres jefes de Sección y un director adjunto; irán a las consejerías de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, y al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, a instancias de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, una distribución de crédito por 252.819,21 euros destinada a atender los costes salariales (tanto las retribuciones como los correspondientes a la Seguridad Social) del personal de nuevo ingreso en el Cuerpo Facultativo de Técnicos de Grado Medio, Escala de Arquitectos e Ingenieros Técnicos (Grupo A, Subgrupo A2), Especialidad Ingenieros Técnicos Agrícolas.

Los puestos a dotar incluyen tres técnicos, un inspector de Calidad, un técnico de Producción Integrada, tres jefes de Sección, y un director adjunto, que irán a las consejerías de Agricultura, Ganadería y Pesca; de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial, y al Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria.

La Dirección General de Función Pública señala que, tras la adjudicación de plazas a las personas aspirantes seleccionadas en las pruebas selectivas convocadas al efecto mediante Resolución del 11 de abril de 2018, se hace necesario dotar de recursos a esos puestos.

El Gobierno ya había tenido en cuenta esta situación, por lo que reservó recursos a ese fin al elaborar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 dentro de una sección común (la 19) al tratarse de personal de nuevo ingreso sin fecha cierta de incorporación, por lo que ahora acuerda tramitar las modificaciones oportunas.

La ‘Memoria violeta’ del Gobierno recordará a todas las mujeres asesinadas por violencia machista desde 2003

El Consejo de Gobierno aprueba un nuevo protocolo de actuación institucional en caso de asesinatos de mujeres por violencia de género

El Consejo de Gobierno ha aprobado en su sesión de hoy, jueves 11 de junio, a propuesta del Instituto Canario de Igualdad (ICI), el nuevo protocolo de actuación institucional que se llevará a cabo tras cada caso de feminicidio por violencia de género en las Islas. Además de definir cómo deberá ser el acto de repulsa frente a los edificios de la Administración autonómica, se propone crear la Memoria violeta para recordar el nombre de todas las víctimas desde el año 2003, en el que se iniciara el cómputo de manera oficial, tras la aprobación de la Ley de Prevención y Protección Integral de las Mujeres contra la Violencia de Género.

Como expresa el mismo texto del protocolo, “el objetivo es no condenar a las víctimas al olvido ni a ser sólo un número, y tener presente el motivo de la lucha diaria contra la violencia machista”.

El nuevo protocolo contempla que, en primer lugar, y tras la confirmación de que se trata de un caso de violencia de género o de que existen indicios razonables para considerarlo por la Delegación del Gobierno o por la dirección del ICI, en caso de tratarse de violencia fuera de la pareja o expareja y en el marco de la ley canaria, desde Presidencia del Gobierno se convocará para las 12.00 horas del día siguiente una concentración de repulsa a las puertas de la sede de Presidencia y de todos los edificios múltiples dependientes del Gobierno de Canarias. A esa concentración se invitará a quienes designen las fuerzas políticas con representación parlamentaria, al personal de los edificios, plataformas feministas y a todo la ciudadanía en general.

En la concentración se exhibirá una pancarta con un crespón violeta de grandes dimensiones con el siguiente lema: “Ningún feminicidio sin respuesta: ni una más, ni una menos”, que tras el acto permanecerá colgada en los edificios en señal de duelo durante tres días. Tanto en este acto como en el pleno parlamentario más cercano a la fecha del feminicidio se leerá un manifiesto.

De manera unánime, todas las redes sociales del Gobierno de Canarias mostrarán durante 24 horas una imagen de condena con el fin de expresar públicamente la repulsa institucional ante las violencias machistas y para empatizar con el dolor de amistades y familiares de la víctima.

Además de ofrecer a la familia atención profesional de los recursos del Gobierno desde la Sala de las Técnicas de Atención a la Mujer del Cecoes 1-1-2, desde Presidencia del Gobierno, a través de la directora del Instituto Canario de Igualdad, se contactará con la familia de la víctima para mostrarles su apoyo y solidaridad, así como para anunciarles la convocatoria del acto de repulsa.

Se solicitará también la colaboración de los medios de comunicación de mayor tirada en las Islas, para que incluyan en la portada de los diarios, en papel y los diarios digitales, el crespón negro con el texto “Ningún feminicidio sin respuesta: ni una más, ni una menos”.

Como recuerdo en el tiempo, en la página web del ICI y en las dos sedes de Presidencia del Gobierno, se creará la Memoria violeta, que contendrá información sobre todas las mujeres asesinadas en Canarias desde el año 2003.

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Sanidad da cuenta del gasto de 4,3 millones de euros destinados a contratos por procedimiento de emergencia

Los contratos se han adjudicado durante el estado de alarma para realizar de forma inmediata obras en varios hospitales y para mejorar la accesibilidad a los servicios digitales de la salud

La Consejería de Sanidad dio cuenta hoy, jueves 18 de junio, en Consejo de Gobierno de diez contratos adjudicados mediante el procedimiento de emergencia durante el estado de alarma. Estos contratos tienen como objeto la ejecución urgente de obras en determinados centros sanitarios y la adquisición de servicios y suministros que permitieran hacer frente a las necesidades asistenciales sobrevenidas y mejorar la interoperatibilidad de los sistemas de información y el acceso a los servicios digitales de salud por los usuarios y los profesionales sanitarios.

Nueve de los diez contratos fueron adjudicados por resolución de la Secretaría General del SCS, con cargo al ejercicio 2020, y el restante consistió en un encargo a medio propio adjudicado por orden de la Consejería de Sanidad. En total suman un importe de 4.356.092 euros.

Tal y como establece la Ley de Contratos del Sector Público en su artículo 120.1, los órganos de contratación deben dar cuenta al Gobierno de los contratos acordados por el procedimiento de emergencia que, por parte de la Consejería de Sanidad, son los siguientes:

-Encargo a la empresa Tragsa, mediante Orden de la Consejería de Sanidad de 24 de marzo, para la realización de obras en los hospitales universitarios de Tenerife (HUC y HUNSC), para hacer frente a las necesidades asistenciales derivadas de la infección por coronavirus.

Las obras del HUC consisten en la creación de tres unidades de hospitalización provisionales, con 95 camas en total, para las que es necesario la reforma y adecuación de 680 metros cuadrados de la planta baja del edificio M (antiguo mortuorio) y de otros 1.200 metros cuadrados en las plantas primera y segunda del edificio D. El presupuesto estimado de carácter provisional de ese encargo asciende a 2.787.500 euros.

Las obras del Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Orden de la Consejería de Sanidad de 3 de mayo de 2020) consisten en la modificación de un área previamente destinada a hospitalización convencional para destinarla a pacientes críticos, con seis camas de cuidados intensivos para pacientes con enfermedad coronaria, que actualmente son atendidos en la unidad de Medicina Intensiva Adultos, lo que permitirá destinarlas a pacientes de la COVID-19. El presupuesto definitivo de esta actuación ascendió a 397.431,96 euros.

Asimismo, se encargó la modificación de espacios sin uso en el edificio del Servicio de Urgencias para crear un área de descanso con vestuarios, baños y duchas. Esta obra permite liberar habitaciones en planta para dedicarlas a la atención de pacientes COVID-19 y tuvo un presupuesto definitivo de 361.266,50 euros.

-Contrato de servicios con la empresa DESIC, SL, adjudicado el 13 de abril, para el desarrollo de evolutivos que permutan dar respuesta a la necesidad de adaptar los sistemas de información y cuadros de mando del SCS. El coste del servicio contratado ascendió a 207.200 euros (IGIC incluido).

-Contrato de servicio con la empresa Everis Spain, SL, adjudicado el 13 de abril, para la coordinación, diseño e integración de los sistemas de información del SCS en la plataforma de interoperabilidad corporativa para todas las materias de control y seguimiento de la COVID-19. El coste del servicio contratado ascendió a 72.225 euros (IGIC incluido).

-Contrato de servicios con la empresa Everis Spain, SL, adjudicado el 21 de abril, para la elaboración de una guía de componentes para las aplicaciones móviles y los portales web sobre COVID-19 del SCS, con la finalidad de dar respuesta a la necesidad de ampliación de los servicios digitales dirigidos a la ciudadanía (miSCS) y mejorar la accesibilidad. El coste de servicio contratado ascendió a 39.590 euros, IGIC incluido.

-Contrato de servicio con la empresa Técnica Competitivas, SA, adjudicado el 21 de abril, para de desarrollo de evolutivos en los sistemas de información de la Historia Clínica Electrónica en Atención Primaria (DRAGO AP) debido a la pandemia por el coronavirus. El coste del servicio contratado ascendió a 155.043 euros (IGIC incluido).

-Contrato de servicio con la empresa Desic, SL, adjudicado el 22 de abril, para ampliar los servicios digitales de salud dirigidos a la ciudadanía a través de aplicaciones móviles para reducir la asistencia de los pacientes a los centros sanitarios y que determinados trámites se puedan resolver a través de los canales digitales del SCS (miSCS). El importe del servicio contratado ascendió a 84.000 euros.

-Contrato de servicio con la empresa Técnica Competitivas, SA, adjudicado el 4 de mayo, para el desarrollo de evolutivos que adapten los sistemas de información de gestión de la incapacidad temporal (DRAGO IT) del Servicio Canario de la Salud. El coste del servicio contratado ascendió a 69.485,80 euros.

-Contrato de servicio de asistencia técnica con la empresa Desic, SL, adjudicado el 15 de mayo, para dar soporte a la Dirección General de Salud Pública en las tareas de evoluciones y correcciones del aplicativo SIMCA, el tratamiento de ficheros normalizados, explotación de información sobre la COVID-19, diseño y publicación de contenidos multimedia, tareas necesarias para aportar la información requerida por el Ministerio de Sanidad en el proceso de desescalada. El servicio contratado tuvo un coste de 66.340 euros (IGIC incluido).

-Contrato de servicio con la empresa Tecnologías Plexus, SL, adjudicado el 25 de mayo, para el de despliegue y puesta en marcha de una herramienta de sala de espera virtual integrada con la Historia Clínica Electrónica para realizar videollamadas entre profesionales sanitarios y pacientes con el fin de evitar, en la medida de lo posible, la asistencia a los centros sanitarios. El coste del servicio contratado ascendió a 63.151,40 € (IGIC incluido).

-Contrato de suministro de la infraestructura de escritorios virtuales con la empresa Redes System Consulting & Solution, SL, adjudicado el 9 de junio, para que el Centro de Soporte de Drago AE-Selene utilizara a la mayor brevedad el servicio de acceso por VPN. Para poder utilizar este servicio era preciso dotar a la empresa de escritorios virtuales en lainfraestructura de la Gerencia de Atención Primaria de Gran Canaria. El coste del suministro contratado ascendió a 52.858 euros (IGIC incluido).

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Aprobado el decreto que modifica la categoría de protección del guincho y lo declara en peligro de extinción

Se garantiza el amparo de esta especie por parte la normativa ambiental, acorde al estado actual de los efectivos de su población en el Archipiélago

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que modifica la categoría de protección del guincho (Pandion haliaetus) dentro del Catálogo Canario de Especies Protegidas, con el objeto de incluirlo como especie en peligro de extinción.

Ese decreto, aprobado tras el perceptivo informe del Consejo Consultivo de Canarias, viene motivado por el declive de la población de esa ave que, en la última década, se ha visto reducida hasta el 50% en el Archipiélago.

En la actualidad, tan solo se registran siete parejas territoriales observadas entre Tenerife, La Gomera e islotes del norte de Lanzarote. A este bajo número de ejemplares, se une la alta tasa de mortalidad de los más jóvenes.

La normativa, cuyo ámbito de aplicación es la Comunidad Autónoma de Canarias, persigue la recatalogación del guincho, adecuando su categoría de protección, en el marco del citado Catálogo Canario de Especies Protegidas, con el fin de propiciar un amparo por la normativa ambiental acorde al estado actual de los efectivos de su población en el Archipiélago. Así, el decreto dispone el cambio de categoría de esta especie que pasa de vulnerable a en peligro de extinción.

La aprobación de esta modificación de categoría implica la adopción, en un plazo máximo de tres años, de un plan de recuperación de la especie, que incluirá las medidas más adecuadas para el cumplimiento de los objetivos buscados y la designación de áreas críticas.

En las áreas críticas y en las áreas de potencial reintroducción o expansión de estos taxones o poblaciones, se fijarán medidas de conservación e instrumentos de gestión específicos para estas áreas o integrados en otros planes que eviten las afecciones negativas para las especies que hayan motivado la designación de esas áreas.

Los principales factores que han propiciado esa merma poblacional del guincho son, entre otros, las molestias en las zonas de cría producidas por embarcaciones de recreo y motos acuáticas, así como la pesca desde la orilla en enclaves próximos a los nidos.

El Gobierno aprueba la incorporación del grado en Ciencia e Ingeniería de Datos a la oferta educativa de la ULPGC

El Gobierno de Canarias ha aprobado hoy, jueves 18 de junio, el decreto por el que se acuerda la implantación del grado en Ciencia e Ingeniería de Datos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). El Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la incorporación de este título oficial en la oferta de esta institución educativa.

La Ley Orgánica de Universidades establece que para impartir enseñanzas oficiales y expedir los correspondientes títulos, con validez en todo el territorio nacional, las universidades deben poseer la autorización pertinente de la comunidad autónoma y obtener la verificación del Consejo de Universidades estatal de que el plan de estudios se ajusta a las directrices y condiciones establecidas por el Gobierno.

La Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (Accuee) ha informado de que ese título oficial cumple con los requisitos y criterios de evaluación para la autorización de esas enseñanzas universitarias en el Archipiélago. La propuesta fue informada por el Consejo de Universidades de Canarias.

El alumnado que haya comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrá acceder a esta nueva enseñanza, que se implanta previa admisión de dicha universidad.

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