Los 308.284.352 euros con que contará la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad para 2021 suponen una subida del 6,86% (8,15% si se compara sin las partidas relativas a las elecciones de 2019)

Julio Pérez señala que se trata de unas cuentas “no continuistas” que contribuirán a modernizar la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias

El consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, explicó la semana pasada en sede parlamentaria que las cuentas de su Departamento para 2021 (308.284.352 euros) crecen el 6,86% que, en realidad, supone un 8,15% si se excluyen las partidas relacionadas con las elecciones de 2019. Dos de las áreas que más crecen en términos porcentuales en relación a 2020 son la dirección General de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías -DGTNT- (23,59%), que el próximo año alcanzará los 72.220.363 euros, y la Dirección General de Seguridad y Emergencias -DGSE- (19,68%), hasta los 37.483.668 euros. Pérez califica estas cuentas de no continuistas y afirma que contribuirán a modernizar la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias (CCAA).

El consejero indicó que se trata de unos presupuestos que servirán para reducir el impacto de la pandemia de la Covid-19 y para preparar las administraciones públicas canarias para el nuevo escenario en el que deberán actuar, que les permitirán abordar las exigencias de esa nueva situación, como el teletrabajo o la atención no presencial a las que deberán habituarse las administraciones públicas en general.

Remarcó que tanto el incremento del 23,59% de la DG de Telecomunicaciones como la subida del 8,19% de la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios para 2021 reflejan la intención de su Departamento de extender las comunicaciones no presenciales y la telematización en la Administración de la CCAA.

En este sentido, insistió en que las cuentas del próximo año contienen elementos para ser optimistas en cuanto a la modernización de la Administración Pública, y recordó que este mismo año ya se ha gestionado la Prestación Canaria de Inserción (PCI) de forma íntegra por vía telefónica. Se ha teletrabajado y se sigue haciendo, enfatizó.

En el caso de la DGTNT, los esfuerzos de esta área estarán orientados a avanzar en la consolidación del nuevo modelo de Administración Pública a través del impulso de la aplicación de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la actividad administrativa y en la relación del Gobierno de Canarias con la ciudadanía, indicó el consejero.

Entre otros incrementos relevantes de este centro para 2021 caben destacar la subida del 223% de la Red de Emergencias y Seguridad de Canarias -RESCAN- (hasta alcanzar los 1.032.000 euros); la subida del 210,21% de las Redes de nueva generación y red corporativa para soporte (2.560.000 euros); el 64,86% de crecimiento para las infraestructuras TIC (8.910.290 euros); el 36,95% en que sube la partida para Soporte de la Administración Electrónica (3.864.531 euros), o el 20,12% de incremento de la de Infraestructura y servicios de seguridad (2.832.302 euros).

En cuanto a la DG de Modernización, destacó la importancia de dos programas que muestran importantes incrementos: la Mejora de las Oficias de Información, que sube un 325,61%, hasta los 273.500 euros, y el Fomento de los Espacios Colaborativos, que aumenta un 123,39%, hasta los 189.880 euros, de los que 100.000 euros estarán destinados para la Dirección por Objetivos.

Seguridad y Emergencias

El consejero destacó también el incremento del 19,68% del área de Seguridad y Emergencia, en la que se consolida la aportación a los consorcios insulares de bomberos con una subida del 12% (hasta los 3.696105 euros), y se más que duplica la aportación a Cruz Roja, en 185,71% (hasta los 200.000 euros).

Enfatizó el refuerzo de las actuaciones destinados a Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A. (GSC); el apoyo a los consorcios de bomberos, salvamento marítimo, rescates y protección civil en general, y el desarrollo de las medidas de autoprotección y planificación ante las emergencias, entre las cuales se contempla la adaptación de muchas de estas medidas a la situación de emergencia sanitaria que ha provocado la Covid-19.

Asimismo, Pérez remarcó la subida del 11,66%, hasta los 9.304.179 euros, para Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), empresa pública del Gobierno de Canarias adscrita a esta Consejería, y a la de Sanidad, que incluye el Servicio de Urgencias Canario (SUC) y el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2. Entre sus funciones se incluyen las urgencias y el transporte sanitario, la coordinación de las emergencias, la formación para la salud y la seguridad pública o la gestión económica y la recaudación sanitaria.

En este sentido, se han incluido dos proyectos nuevos: el de Prevención y gestión de riesgos específicos de contaminación y salvamento ligados al espacio de cooperación y la zona costera macrorregional Madeira Azores Canarias (Mawadipol), dotado con 298.588 euros, para la adquisición del material necesario para la asistencia y respuesta en caso de accidente de cruceros y la elaboración de un estudio de riesgos, así como el proyecto de la Unidad Modular de atención a Emergencias en la Macaronesia  (Umemac), que contará con 381.480 euros destinados a la creación de una unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) en la Macaronesia, adquirir el material necesario y llevar a cabo la formación a sus integrantes.

En relación al Cuerpo General de la Policía Canaria (CGPC), la formación y las Policías Locales contarán con 714.302 euros en 2021; la adecuación instalaciones dispondrá de 323.162 euros; el equipamiento del CGPC, 289.200 euros, y la Galería de tiro en la sede de Las Palmas de Gran Canaria, 282.642 euros.

Otras áreas

De los 308,3 millones de euros con que contará la Consejería para 2021, el 55,10% corresponden a Justicia (169.868.259 euros), por delante del área de Administraciones Públicas y Transparencia, con el 30,25% (93.252061 euros). El resto se reparte entre Seguridad y Emergencias (12,16%, 37.483.668 euros); Servicios centrales (1,67%, 5.136.119 euros); Servicios Jurídicos (0,72%, 2.231.866), y Relaciones con el Parlamento (0,10%, 312.379 euros).

Dentro del área de Justicia destaca el incremento del 45% de los fondos destinados a los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), que suben de 600.000 a 870.000 euros, mientras que el programa de Tribunales de Justicia, el de mayor peso, contará con 158.271.439 euros, lo que supone un incremento del 1,57%.

En cuanto a Transparencia y Participación Ciudadana, el proyecto de instrumentalización, simplificación y fomento de la participación ciudadana en las políticas de Gobierno de la Comunidad Autónoma (ECOCIV) contará con 65.000 euros, mientras que Participación y Ciudadana y Datos Abiertos tendrán 180.000 euros en 2021.

Las OPE de Consolidación y Estabilización pretenden que puedan ser superadas por interinos

El consejero también se refirió al empleo público para 2021. Al respecto, señaló que a lo largo del próximo año se realizará, previsiblemente, la convocatoria de la Oferta Pública de Empleo (OPE) 2017 (225 plazas), a lo que hay que sumar las de la OPE de 2019 (216).

En total, 441 plazas. Además, explicó que la OPE Extraordinaria de Estabilización ofertará 1.522 plazas de personal laboral y 39 de personal funcionario, además de la OPE Extraordinaria de Consolidación, que ofertará 1.303 plazas de personal laboral y 57 de personal funcionario, señaló que, en la actualidad, se está terminando de ejecutar las OPE 2015 y 2016 (suspendidas por la COVID). A su término, supondrá la incorporación de 195 funcionarios de carrera.

Al respecto, calificó de “importantísimo problema y uno de los más serios que debe afrontar el Gobierno de Canarias” la estabilización y consolidación del personal que está en situación precaria. Explicó que entre las OPE de Estabilización y la de Consolidación está previsto alcanzar cerca de unas 3.000 plazas que serán ofertadas en este régimen especial que pretende favorecer, “lo digo con claridad”, la permanencia en esas plazas de las personas que están en esa situación, dentro del marco legal, aseveró.

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El jefe del Ejecutivo insistió en el pleno del Parlamento regional en que no se haga política con la migración, resaltó haber impulsado el primer decreto ley de una comunidad para dar seguridad en los viajes ante la COVID y anunció que se crearán 5.971 viviendas hasta 2025

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, afirmó esta mañana, durante el pleno del Parlamento regional, que el camino que ha comenzado hoy el Consejo de Ministros, con la aprobación del anteproyecto de Presupuestos del Estado para 2021, es una excelente noticia para España y, en concreto, para Canarias, porque está convencido de que habrá nuevas cuentas que no solo cumplan por primera vez con el Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas y el Estatuto de Autonomía, renovados en octubre de 2018, sino que mejorarán las inversiones y los convenios con el Archipiélago.

A diferencia de lo que ocurrió en 2019, cuando las cuentas estatales para 2020 del Gobierno de Pedro Sánchez “se truncaron por tacticismo político y ello derivó en elecciones”, Torres considera que ahora “debe estar por encima la responsabilidad” y “normalidad institucional”, sobre todo porque de que haya nuevo presupuesto estatal depende, entre otras cosas, el aprovechamiento de los 140.000 millones de euros para España de los fondos de la UE para la reactivación por la COVID.

El presidente autonómico cree imprescindible que haya “certidumbre presupuestaria” y se mostró seguro de que, una vez decaigan las enmiendas a la totalidad y las cuentas se enriquezcan con la negociación de los grupos en el Congreso, se dispondrá al final de un documento mucho mejor para el país y las regiones, en una situación tan especial como la de esta pandemia. Como lleva reiterando desde hace meses, se trata de unos presupuestos clave para Canarias, “la región que más los necesita” por su situación socioeconómica y para comenzar a cumplir con el REF y el Estatuto; también con convenios como el de infraestructuras hidráulicas, entre otros. Además, recalcó que se cumplirá con la sentencia del Convenio de Carreteras y que, por lo tanto, se podrán utilizar los 500 millones de euros que fueron a superávit en 2018 y los otros 500, que pasarán a formar parte de las anualidades del convenio en vigor.

Torres reiteró que el proyecto de los Presupuestos de Canarias para 2021 se prevé aprobar en el Consejo de Gobierno de esta semana, y será expansivo, pese a la crisis. Se enriquecerá precisamente desde que haya cuentas estatales. En este sentido, subrayó que su Ejecutivo le da importancia a la negociación de los grupos, pero sin dejar de reivindicar y luchar por el cumplimiento máximo de la agenda y las inversiones para Canarias.

El presidente de Canarias insistió en que lo relevante es solucionar los problemas y, aunque Canarias sigue exigiendo una comisión bilateral con el Estado, en estos meses se ha logrado sin esa reunión que las Islas queden fuera del toque de queda del nuevo estado de alarma, que se pueda usar el superávit o que hubiese una disposición adicional en el real decreto ley sobre los ERTE relacionada con el Archipiélago.

Competencias y responsabilidad ante la migración

Sobre migración, y en línea con lo que le dijo este lunes a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en la Conferencia de Presidentes Autonómicos, remarcó que su Gobierno ha sido escrupuloso en el cumplimiento de sus competencias, limitadas a la atención a los menores no acompañados, aunque esto no ha impedido que extreme su “responsabilidad” sobre un fenómeno “global e histórico” que requiere de una política integral de la UE y España.

El presidente volvió a criticar que se haga política con el “drama de la migración” y recordó que las Islas atienden, según los datos de hoy, a 1.355 menores no acompañados gracias al Gobierno, cabildos y ayuntamientos, con un coste mensual superior a un millón de euros. Se han abierto hasta ahora 15 centros para esas atenciones.

Además, recalcó que en el muelle de Arguineguín ha habido más de un millar de personas, que ahora quedan unas 800 y que lo que se les exige a los distintos ministerios es que no haya nadie, “pero no voy a hacer política con esto. Hagamos solidaridad con la UE, arrimemos el hombro, como hicimos nosotros cuando gobernaban otros. El propio presidente Sánchez ha dicho que su Gobierno debe hacer más”, indicó. En esta línea, recordó que, con el confinamiento, se cerraron espacios aéreos como el de Marruecos y ahora espera que su pronta reapertura sirva para paliar, en parte, la situación actual.

El presidente también subrayó que, ante una crisis que está afectando a la economía y el empleo en todo el planeta, con la excepción ahora de China, Canarias (donde más bajó el paro en febrero pasado) es la primera región que ha puesto sobre la mesa un decreto ley (con el apoyo de las patronales, sindicatos y cabildos) para el control antiCOVID de los viajeros, “con lo que no se puede hablar precisamente de autocomplacencia”. Según remarcó, la realización de test COVID en los aeropuertos y puertos no es una competencia regional y, por eso, no lo han podido hacer comunidades como Madrid y Andalucía, aunque Canarias seguirá reivindicándolo y buscando más soluciones en pro de la seguridad sanitaria y el reimpulso socioeconómico.

Sobre vivienda pública, y ante el aumento previsto del 367% en los fondos para este capítulo en el anteproyecto de Presupuestos estatales para 2021, Torres resaltó de nuevo el plan regional 2020-25, “que pretende corregir un déficit importante en un derecho constitucional. Queremos entregar más de 5.900 viviendas y ya se prevé adquirir 62 casas este 2020 y otras 55 unidades en las áreas metropolitanas de las Islas más pobladas en los primeros seis meses de 2021. Habrá ayudas para unas 71.000 personas, 334 viviendas para colectivos vulnerables, como las personas sin hogar o las mujeres que sufren la violencia machista. Además, podremos crear unos 28.000 empleos”, explicó.

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El presidente de Canarias se reúne con Ciudadanos y espera que, una vez disipadas las dudas financieras, se sumen a la mayoría social, económica, política e institucional que apoya el Plan Reactiva

El presidente de Canarias se ha reunido este martes, 6 de octubre, con la portavoz parlamentaria del Grupo Mixto (Ciudadanos), Vidina Espino. En ese encuentro, celebrado en la sede de Presidencia del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres ha explicado a Espino los detalles del Plan Reactiva y espera que tanto Ciudadanos como el Partido Popular, que son las únicas formaciones que no han respaldado el Plan para la Reactivación Social y Económica, se adhieran al consenso y el apoyo que ya ha otorgado al documento la mayoría social, económica, política e institucional del Archipiélago. Sobre todo, después de que el Gobierno de España haya dado certidumbres económicas de cara al año 2021 tras la celebración del Consejo de Política Fiscal y Financiera de ayer.

Ángel Víctor Torres remarcó que la propuesta anunciada por la ministra de Hacienda deja claro que “el Gobierno de España responde a las necesidades de Canarias y de las administraciones locales de las Islas, como son los ayuntamientos y los cabildos, al dar garantía financiera para el próximo ejercicio”.

El jefe del Ejecutivo canario resaltó la importancia del acuerdo de ayer porque “tendremos las entregas a cuenta aseguradas -que habrá que devolverlas posteriormente-, y eso significa que, aunque tengamos menos ingresos tributarios, podremos mantener el nivel de gasto”, explicó. El presidente enumeró otros conceptos logrados como el uso del superávit y de remanentes, poder recurrir al endeudamiento y disponer de unos ingresos extraordinarios de fondos europeos “que calculamos se traduzcan en unos 400 millones de euros para Canarias”.

Con todas estas certidumbres, Ángel Víctor Torres espera que, una vez despejadas las dudas que planteaban algunos partidos sobre la estabilidad financiera en el próximo ejercicio, se adhieran al Plan los que aún no lo han hecho. Para Torres, el Plan es un documento vivo, que puede recibir aportaciones en la Cámara autonómica por medio de propuestas de resolución y que es la mejor fórmula para reactivar las Islas y revindicar los derechos de Canarias ante otras administraciones”, aseguró.

El presidente anunció que esta semana mantendrá otra reunión con la portavoz del Partido Popular, para abordar este mismo asunto, y que la voluntad es que este mismo mes se apruebe el documento en el Parlamento.

Por último, Ángel Víctor Torres también destacó la necesidad de que haya unos Presupuestos Generales del Estado en 2021, en los que, “por primera vez, se recogerán herramientas tan importantes como el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y el Régimen Económico y Fiscal”, concluyó.

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El mantenimiento de los servicios públicos, el refuerzo de la sanidad y las políticas sociales, el apoyo a las personas vulnerables y el impulso a la actividad económica vinculado a la recuperación del empleo, objetivos prioritarios de las cuentas

El Estado ha de aclarar los objetivos de estabilidad, deuda y regla de gasto; el sistema de financiación, y la distribución de fondos europeos y del Fondo No Reembolsable Covid-19

La política presupuestaria deberá reorientarse a paliar primero los efectos de la crisis y abordar, al mismo tiempo, un plan de recuperación económica y social, para lo que se precisan mecanismos de compensación

El mantenimiento de los servicios públicos fundamentales, el refuerzo de las capacidades sanitarias y sociosanitarias, la atención y apoyo a las personas vulnerables, la reactivación la actividad económica y la recuperación del empleo serán las principales prioridades que el Gobierno de Canarias reflejará en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 2021, cuyas directrices y criterios de elaboración aprobó este lunes el Consejo de Gobierno aun a pesar de las múltiples incógnitas en cuanto a los recursos procedentes del Estado y la Unión Europea, que determinan la capacidad de gasto, y los efectos de la crisis por el Covid-19. “Hemos decidido iniciar el proceso de elaboración de los presupuestos del próximo año por responsabilidad, aunque nos falta concretar datos relevantes”, explicó el vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez.

El Gobierno canario desconoce a día de hoy, por parte del Gobierno de España, cuáles serán los objetivos de estabilidad, deuda y regla de gasto; a cuánto ascenderán las entregas a cuenta del Sistema de Financiación Autonómica (SFA) para 2021, ni cuál será el criterio de distribución de los fondos aprobados por el Consejo Europeo hace dos semanas. A estas incertidumbres se añade una previsión de ingresos fiscales que aún no está concretada a la vista de la evolución de la crisis desatada por la pandemia.

Con ese contexto, Rodríguez precisa que “los mimbres actuales no son suficientes porque tenemos para el próximo año unos 900 millones menos que en el presupuesto inicial del año en curso. Septiembre y octubre serán decisivos para despejar las incógnitas y confiamos en mejorar las expectativas con la disponibilidad de los 500 millones que el Estado nos adeuda por carreteras tras la sentencia del Tribunal Supremo; con la actualización del SFA o la dotación de un fondo no reembolsable; con una distribución justa de los fondos europeos como Comunidad con una mayor afectación de la crisis y, si fuese necesario, con la autorización de Madrid para poder endeudarnos. Vamos a pelear por que estas incertidumbres se resuelvan satisfactoriamente para Canarias”, advirtió.

Los objetivos generales del Gobierno para la legislatura 2019-2020, recogidos en el Pacto de Gobierno suscrito en 2019 y en el discurso de investidura del presidente, se mantienen, aunque están condicionados en su aplicación y periodificación por los efectos de la crisis sanitaria generada por la Covid-19 y sus consecuencias económicas y sociales en Canarias.

Por lo tanto, la política presupuestaria deberá reorientarse preferentemente a paliar primero los efectos de la crisis y abordar, al mismo tiempo, un plan de recuperación económica y social de la mano del conjunto de la sociedad.

En este sentido, y de cara a la elaboración de los presupuestos para 2021, el Gobierno se guiará por las directrices generales recogidas en el Plan de Reactivación Social y Económica de Canarias suscrito el pasado 30 de mayo por la mayor parte de las fuerzas parlamentarias, agentes económicos, Fecai y Fecam, universidades y numerosas entidades de la sociedad canaria.

Condicionantes

El último acuerdo existente sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública es el del Consejo de Ministros celebrado el 11 de febrero de 2020. Para el ejercicio 2021 se establecía un objetivo de déficit del -0,1% del PIB estatal para el conjunto de las comunidades autónomas, y de deuda del 22,8% del PIB, con una tasa de referencia nominal del 3,0%. Sin embargo, no se llegaron a fijar tales objetivos para cada una de las comunidades autónomas.

Como consecuencia del impacto de la pandemia causada por el coronavirus, los objetivos establecidos para las comunidades autónomas han sido ampliamente superados y siguen sin fijarse los objetivos individuales del presente ejercicio. Por tanto, hay que constatar que se carece del escenario individualizado fijado por el Ministerio de Hacienda para esta Comunidad Autónoma que permita orientar la elaboración del marco presupuestario para el ejercicio 2021.

La falta de información sobre las entregas a cuenta del Sistema de Financiación de las comunidades autónomas (SFA) para 2021 es otro condicionante que tendrá que afrontar el Gobierno para elaborar las cuentas del próximo año. Estos recursos constituyen una parte muy significativa de los ingresos presupuestarios no financieros de la Comunidad Autónoma.

Sin embargo, hasta la fecha, no se ha comunicado por el Ministerio de Hacienda los importes de las entregas a cuenta de los recursos del SFA del ejercicio 2021 y de la previsión de la liquidación definitiva de dicho sistema para el año 2019 que resultarían de las previsiones del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, en el caso de que estos salgan adelante.

A esta dificultad se une el hecho asociado de no poder realizar proyecciones fiables de los ingresos tributarios en un escenario de crisis económica cuya magnitud y efectos en 2021, como consecuencia de la pandemia, se desconocen.

En el caso de Canarias, con las previsiones de crecimiento económico contempladas por el Gobierno, la recaudación previsible en 2021 sería muy inferior a la inicial que para estos ingresos fiscales recogían los Presupuestos Generales de la CAC para este año 2020.

Hay que señalar que la última previsión de recaudación, realizada por la Agencia Tributaria Canaria el pasado 20 de julio, concluye que Canarias podría cerrar 2020 con una pérdida de los ingresos fiscales de su competencia de unos 556 millones de euros.

Asimismo, los presupuestos canarios de 2021 deberán también estar alineados con las prioridades establecidas por la Unión Europea en su respuesta a la crisis de la Covid-19 en el último Consejo Europeo, en particular a las transiciones verde y digital. Especialmente con el fondo extraordinario de 750.000 millones de euros que se adicionarán a los 1,07 billones de euros del Marco Financiero Plurianual 2021-2007. Pero, a fecha de hoy, el Gobierno canario desconoce el uso concreto y los criterios de distribución de estos fondos entre las distintas comunidades autónomas y, por consiguiente, es imposible estimar las dotaciones financieras que podría recibir Canarias en 2021 y en los dos años siguientes.

Los criterios de distribución entre las CCAA deben estar inspirados en los mismos criterios de distribución usados por el Consejo Europeo para la distribución de los Fondos entre los Estados. A saber: le debe corresponder más ayudas a los territorios más afectados por la caída del PIB real y con mayores incrementos de sus tasas de desempleo y de pobreza que ha provocado la crisis.

Para Canarias, la última actualización de las previsiones económicas (15 de julio de 2020) estiman una caída del PIB canario en 2020 de entre un 12,9% y un 18,3%, para luego recuperarse parcialmente a lo largo de 2021 (entre un 9,1% y un 10,3%). La razón de estas estimaciones negativas radica en que se prevé para el turismo una recuperación más lenta que para el resto de los sectores económicos, lo cual implica un impacto de la crisis más profundo en el Archipiélago que para el conjunto del Estado.

En cuanto al empleo, se espera un descenso de la ocupación y un incremento en el desempleo en 2020 que no se revertiría totalmente a lo largo de 2021. Así, se estima que el número de ocupados descienda un 7,5% en 2020, para recuperarse en 2021, aunque sin alcanzar los niveles de empleo anteriores a la crisis. En cuanto al desempleo, el número de parados ascendería en 2020 en cerca de 50.000 personas y la tasa de paro subiría cerca de 5 puntos porcentuales hasta el 25,4%. En 2021 se revertiría, si bien parcialmente, el número de parados, de manera que la tasa de paro bajaría 3 puntos porcentuales, quedando aún cerca de 2 puntos por encima de su nivel de 2019.

Mecanismos de compensación

Esta situación haría imprescindible que el Gobierno de España estableciera los mecanismos de compensación a la Comunidad Autónoma de Canarias, pues los graves problemas económicos y sociales que van a existir en el año 2021 no se podrán afrontar con una reducción de gasto público.

En primer lugar, sería preciso articular un acuerdo con el Gobierno de España de transferir a la CAC para aplicación a gasto no financiero los 500,3 millones de la sentencia del Tribunal Supremo por el incumplimiento por parte del Estado del Convenio de carreteras 2006-2018, y que se encuentra registrado como superávit excepcional del año 2018.

En segundo lugar, el Gobierno de España ha de actualizar el SFA en función de la evolución del ciclo económico facilitando la información sobre las entregas a cuenta para 2021, a la vez que la previsión de la liquidación definitiva de ese sistema para el año 2019.

En tercer lugar y si no se actualiza el SFA, el Estado debería compensar mediante Fondos No Reembolsables (como los definidos en el Real Decreto-ley 22/2020) u otros mecanismos que se establecieran para que la Comunidad Autónoma de Canarias (y el resto de CCAA) pudiera financiar los servicios públicos fundamentales en el año 2021, que, lejos de reducirse, van a aumentar.

Por último, si el Gobierno de España no entendiera la necesidad de estos instrumentos compensatorios, deberá permitir endeudar a la CAC, como ha hecho con la Comunidad Autónoma Vasca. Recordemos que Canarias es la comunidad autónoma menos endeudada por habitante y la segunda (tras el País vasco) con menor deuda sobre el PIB al cierre de 2019.

Calendario

Aprobadas las directrices para la elaboración de los presupuestos de 2021, Román Rodríguez firmará mañana la Orden de la Consejería de Hacienda por la que se dictan normas sobre la elaboración y estructura del proyecto. También se distribuirán los recursos de los Fondos de Compensación Interterritorial para 2021.

En septiembre, se confeccionarán y remitirán a la Consejería de Hacienda las propuestas de los departamentos, que se debatirán en reuniones bilaterales con las distintas consejerías.

Y en octubre se elaborará la propuesta de créditos para políticas sectoriales con los criterios contemplados en este Acuerdo y se cumplirá con el calendario de reuniones de la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, la Comisión de Impacto de Género en los presupuestos, el Consejo para la Dirección y Coordinación de los tributos integrantes del bloque de financiación canario y el Consejo Asesor del Presidente, antes de la aprobación del proyecto de ley por el Gobierno y su entrega al Parlamento de Canarias.

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La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo explica que “nada va a cambiar en el modelo de relación con ese país hasta que finalice 2020”, por lo que este será un año “de adaptación”

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Máñez, lanzó este viernes un mensaje de tranquilidad ante la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), un hecho que la consejera lamentó, aunque entiende que se trata “de una decisión legítima y democrática de un país soberano”. Así, Máñez explicó que “nada va a cambiar en el modelo de relación con ese país hasta que finalice 2020”, con lo que el presente ejercicio “será de adaptación a lo que ocurra a partir del 1 de enero de 2021”.

De este modo, subrayó que las relaciones de Canarias y España con el Reino Unido “son muy buenas y lo seguirán siendo en el futuro”; es más, el Gobierno de Canarias “tiene la determinación de impulsarlas” y las empresas canarias que tradicionalmente comercian con ese país, así como los nuevos vínculos económicos y comerciales que puedan surgir, “van a contar con el apoyo decidido de este Gobierno”.

En este sentido, Máñez señaló que Canarias contará con una representación permanente en Londres, a través de la Red Exterior de Proexca, que estará ubicada en la sede de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España. “Esta oficina permitirá también dar soporte, impulsar y facilitar la internacionalización de las empresas canarias”, añadió.

El menor impacto posible

Canarias, España y la UE trabajan para que el impacto económico y social de la decisión del Reino Unido “sea el mínimo posible”, manifestó la consejera, que incidió en concreto en dos sectores económicos: el turismo, por ahora no afectado, y las exportaciones e importaciones entre Reino Unido y Canarias.

Sobre las exportaciones hortofrutícolas desde Canarias, el Ejecutivo regional se ha marcado el objetivo de “mantener el nivel de ayudas a las mismas” una vez el Reino Unido se convierta en un país tercero. “La defensa de los intereses canarios está garantizada y en eso se trabaja en las distintas comisiones de estudio y seguimiento creadas con tal fin; Canarias y Reino Unido mantendrán sus buenas relaciones actuales”.

Así, Máñez apuntó el hecho de que Canarias “es la única región RUP española”, por lo que “debe tener un tratamiento singular, algo que queda recogido en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE) y que supone una garantía y un reconocimiento de las singularidades de aquellas regiones que, siendo europeas, están alejadas del continente”. “El Gobierno de España es plenamente consciente de estas singularidades y tenemos el convencimiento de que el estatus de RUP nos permitirá afrontar con mayores garantías el gran desafío del ‘brexit”, concluyó.

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